Theodore Roosevelt

El hombre antes del canal

Nacido en una familia neoyorquina acomodada, Roosevelt fue un niño asmático que se hizo a sí mismo un cuerpo mediante disciplina física, una biografía de superación corporal que él mismo cultivaría después como leyenda pública. Estudió en Harvard, se interesó por la historia naval, escribió a los veinticuatro años un tratado sobre la guerra de 1812 que aún se consulta y entró en la política del Partido Republicano de Nueva York cuando la política estadounidense todavía se hacía en clubes de hombres blancos y decisiones de trastienda. Fue asambleísta estatal, comisionado del servicio civil, comisionado de policía de Nueva York, subsecretario de la Marina.

En 1898, cuando estalló la guerra hispano-estadounidense por Cuba, renunció a su cargo civil, organizó un regimiento voluntario de caballería —los Rough Riders, mezcla de vaqueros del Oeste y aristócratas del Este— y protagonizó la carga de San Juan Hill que lo convirtió en héroe nacional. Volvió con una popularidad que lo llevó primero a la gobernación de Nueva York y luego, en 1900, a la vicepresidencia del ticket de William McKinley, un puesto que los jefes republicanos le ofrecieron precisamente para neutralizarlo: la vicepresidencia era entonces un cementerio de ambiciones. Menos de un año después, el 6 de septiembre de 1901, un anarquista disparó contra McKinley en Búfalo. El presidente murió ocho días más tarde. Roosevelt, a los cuarenta y dos años, se convirtió en el mandatario más joven de la historia estadounidense.

Llevaba a la Casa Blanca una convicción que ordenaría toda su política exterior: Estados Unidos era ya una potencia mundial y debía comportarse como tal. Su lema —"habla suavemente y lleva un gran garrote"— no era retórica: era un programa. Y ese programa tenía una prioridad geográfica clara. El istmo centroamericano.

Lo que el canal ya era antes de Roosevelt

Cuando Roosevelt asumió el poder, la idea de un canal interoceánico por Panamá no era una novedad estadounidense: era una ruina francesa. En 1879, Ferdinand de Lesseps —el ingeniero-empresario que había culminado el Canal de Suez en 1869 y era entonces la mayor celebridad tecnológica del planeta— obtuvo de Colombia una concesión exclusiva por 99 años para construir un canal a través del istmo. Los términos eran generosos para Colombia: un depósito inicial en efectivo y pagos del 5% de los ingresos brutos durante los primeros veinticinco años, 6% en los siguientes veinticinco y 8% en los cuarenta y nueve restantes, con soberanía plena colombiana sobre el territorio. La concesión obligaba, además, a un acuerdo con la Panama Railroad Company, dueña de la vía férrea que atravesaba el istmo desde mediados de siglo.

Las obras comenzaron en 1881. El gobierno de Bogotá había firmado ya, en ese mismo horizonte de expectativas atlánticas, el marco jurídico que amparaba la presencia estadounidense en el istmo: el Tratado Mallarino-Bidlack, del 12 de diciembre de 1846, entre la Nueva Granada y Estados Unidos. Ese tratado garantizaba a Washington el derecho de tránsito libre por Panamá y, en contrapartida, comprometía a Estados Unidos a garantizar la neutralidad del istmo y a respetar la soberanía y la propiedad neogranadinas sobre él. Cuando Lesseps empezó a excavar, Washington reactivó su misión diplomática en Bogotá para vigilar de cerca un territorio que consideraba de interés estratégico propio.

El proyecto francés se hundió con la lentitud espectacular de las grandes catástrofes. El terreno era imposible, la fiebre amarilla y la malaria diezmaban a los trabajadores, los costos se disparaban: hacia diciembre de 1884 se habían gastado cerca de cien millones de dólares y las estimaciones para completar la obra ascendían a quinientos cuarenta millones, muy por encima de lo previsto y probablemente subestimadas todavía. Lesseps intentó reconvertir el diseño original —un canal a nivel del mar— en un canal de esclusas, cuya construcción encomendó al ingeniero Gustave Eiffel. Pero el dinero no llegaba, aparecieron malos manejos y extorsiones, y las obras se suspendieron durante año y medio. La compañía terminó disuelta tras un escándalo financiero que sacudió a la Tercera República francesa.

Sus accionistas, con el instinto de supervivencia de quien ya ha perdido demasiado, constituyeron entonces la Nueva Compañía del Canal de Panamá. Su objetivo real no era terminar la obra: era ganar tiempo para vender la concesión a alguien con capital para retomarla. Ese alguien solo podía ser Estados Unidos, que en ese momento estudiaba muy en serio una ruta alternativa por Nicaragua. La pugna en Washington entre los partidarios de Nicaragua y los de Panamá tendría en Philippe Bunau-Varilla —ingeniero francés, ex funcionario de la compañía disuelta y de la nueva— a su lobista más obstinado. Y en Theodore Roosevelt, a su decisor final.

El Tratado Herrán-Hay y la debilidad de una república en guerra

El 13 de enero de 1903, tras años de negociaciones intermitentes, Tomás Herrán, encargado de negocios de Colombia en Washington, firmó con el secretario de Estado John Hay el tratado que llevaría sus nombres. El acuerdo autorizaba a Estados Unidos a construir el canal por Panamá tras adquirir los derechos de la Nueva Compañía Francesa. Herrán había recibido de Bogotá instrucciones ambiguas hasta la contradicción: exigir mayores ventajas pecuniarias, reducir el plazo de la renta, pero —si no era posible obtener eso y se arriesgaba perderlo todo— firmar. Herrán firmó.

El contexto en que negoció es inseparable del resultado. Colombia venía de la Guerra de los Mil Días, el conflicto entre liberales y conservadores extendido desde finales de 1899 hasta comienzos de 1902, que había dejado al país arruinado, dividido y con las instituciones apenas en pie. El gobierno de José Manuel Marroquín, conservador nacionalista, estaba absorbido por la reconstrucción y por la aún tensa situación militar en las regiones. Las comunicaciones con sus ministros en Washington eran deficientes. La atención que Bogotá pudo dedicar a las negociaciones del canal fue, en consecuencia, limitada e intermitente.

A esa distracción estructural se sumó una gestión desastrosa. En el momento más crítico de las tratativas con Hay, Marroquín reemplazó al negociador Carlos Martínez Silva —a quien reprochaba haberse extralimitado al establecer contactos con el general liberal Rafael Uribe Uribe— por José Vicente Concha, que no conocía el estado de las negociaciones y no hablaba inglés. Cuando finalmente Herrán quedó al frente y firmó, lo hizo bajo instrucciones que le pedían todo y le permitían todo. Un negociador con ese margen no es un negociador: es un correo.

La Guerra de los Mil Días había hecho, además, otra cosa: alimentar el separatismo panameño. El istmo era esencialmente liberal, y los ataques liberales de finales de la guerra desde la costa y desde Panamá habían agudizado el resentimiento entre el departamento y el gobierno conservador de Bogotá. Cuando en el istmo empezó a hablarse en serio de independencia, los conspiradores usarían la guerra civil como justificación principal de sus actos: Bogotá, dirían, había dejado de gobernar Panamá para defenderse a sí misma.

El Senado colombiano recibió el Tratado Herrán-Hay y lo rechazó por unanimidad en agosto de 1903. El argumento central fue simple y jurídicamente sólido: el tratado violaba la soberanía nacional sobre el territorio del istmo. Concedía a una potencia extranjera derechos que Colombia no estaba dispuesta a ceder sin definir con claridad los límites de esa cesión. El ministro estadounidense en Bogotá, Beaupré, había presionado durante todo el debate con advertencias sobre las consecuencias del rechazo y sobre la importancia de mantener relaciones amistosas. El Senado, aun así, votó en contra.

Contemptible little creatures

La reacción de Roosevelt fue de una irritación teatral. En su correspondencia con John Hay se refirió a los colombianos como contemptible little creatures —"despreciables criaturillas de Bogotá"— y le exigió a su secretario que Beaupré les hiciera ver "hasta dónde estaban comprometiendo las cosas". La frase, filtrada después, cristalizaría en la memoria colombiana como la expresión pura del desdén imperial: no era solo que Estados Unidos hubiera perdido una votación; era que Colombia se hubiera atrevido a votar.

Roosevelt consideró entonces dos alternativas. La primera, construir el canal por Nicaragua. La segunda, intervenir de algún modo para asegurar la ruta de Panamá sin necesidad de nuevas conversaciones con Bogotá. Fue la segunda la que se abrió camino, empujada por Bunau-Varilla, cuyos intereses eran nítidos: la Nueva Compañía necesitaba vender su concesión antes de que caducara, y solo la vendería si el canal se hacía por Panamá. Nicaragua era, para él, el fin.

Lo que ocurrió entre agosto y noviembre de 1903 no fue una casualidad histórica. Fue una operación. Bunau-Varilla viajó, coordinó y financió desde Estados Unidos una conspiración que en el istmo tenía como protagonistas a Manuel Amador Guerrero y a un pequeño grupo de dirigentes locales. Roosevelt, por su parte, hizo lo único que realmente hacía falta hacer desde Washington: garantizar que las fuerzas colombianas no pudieran sofocar la rebelión.

3 de noviembre de 1903

El destructor USS Nashville fue desplegado, de manera conspicua, en las aguas frente a Colón antes de que estallara la revuelta. Su presencia era el mensaje militar entero. Cuando el 3 de noviembre los conspiradores actuaron, las tropas colombianas que intentaron cruzar el istmo para sofocar la rebelión fueron bloqueadas por fuerzas navales estadounidenses que les impidieron el acceso tanto a Colón como a la Ciudad de Panamá. Sin ese bloqueo, el levantamiento probablemente habría fracasado en cuarenta y ocho horas. Con él, fracasó Colombia.

Los detalles del golpe local añaden un cierto realismo sórdido a la solemnidad de la fecha. El general Esteban Huertas, jefe militar en el istmo, arrestó a los generales colombianos llegados a supervisar la situación y recibió por esa entrega veinticinco mil dólares. Estallaron motines callejeros —dirigidos más que espontáneos—, se izó la bandera de la nueva República y al día siguiente, el 4 de noviembre, se firmó el acta de Independencia y se constituyó una Junta provisional de gobierno. El acta formal fue firmada el 6 de noviembre.

Ese mismo 4 de noviembre, la nueva República nombró a Philippe Bunau-Varilla —un francés, no un panameño— como su primer ministro plenipotenciario ante Washington. Estados Unidos reconoció a Panamá con una rapidez que resultaría escandalosa incluso para quienes en el propio Senado estadounidense pedirían después una investigación sobre los procedimientos. El aviso desde Washington a Colombia fue explícito: no era oportuno que se desembarcaran tropas para sofocar el levantamiento.

Catorce días después de la independencia, el 18 de noviembre de 1903, Bunau-Varilla firmó con John Hay el tratado que llevaría sus nombres. Panamá tenía menos de dos semanas de vida y ya había cedido, mediante un francés que hablaba en su nombre, más soberanía sobre su territorio de la que Colombia se había negado a ceder en agosto. El propio Bunau-Varilla describiría después su innovación jurídica con orgullo casi técnico: identificó la debilidad del Tratado Herrán-Hay en la ambigüedad sobre la participación de soberanía en la zona del canal y decidió resolverla concediendo a Estados Unidos "todos los derechos, poderes y autoridad" como si fueran el país soberano, con exclusión total del ejercicio de esos derechos por parte de la República de Panamá. Panamá, en su propia zona canalera, no ejercería soberanía. La ejercería Estados Unidos.

El gobierno panameño aprobó el tratado el 2 de diciembre de 1903. El Senado estadounidense lo ratificó a comienzos de 1904, pese a las voces que pidieron investigar los procedimientos de Bunau-Varilla. La investigación no se hizo.

El Corolario y el Gran Garrote

La operación panameña fue el episodio más brutal de la política exterior de Roosevelt hacia el hemisferio, pero no fue una anomalía: fue su expresión más nítida. En 1904, ante el temor de que las potencias europeas usaran la fuerza para cobrar deudas a Estados latinoamericanos —como había ocurrido en Venezuela dos años antes—, Roosevelt formuló lo que se conocería como el Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe. Si la Doctrina Monroe de 1823 prohibía a Europa intervenir en América, el Corolario añadía que, cuando un Estado americano cayera en "mala conducta crónica", Estados Unidos podría ejercer un poder de policía internacional en su propio hemisferio. Era, en la práctica, la autorización unilateral que Washington se concedía a sí mismo para intervenir en el patio trasero.

Esa doctrina se acompañaba de una imagen y un método. La imagen fue el Gran Garrote, la caricatura del propio Roosevelt como policía musculoso paseándose por el Caribe con un garrote descomunal. El método fue, en Panamá, el desembarco; en otros escenarios, la amenaza. Su sucesor, William Howard Taft, matizaría el estilo con lo que llamó "diplomacia del dólar" —sustituir "el obús por los dólares" en las relaciones comerciales—, pero en la práctica los marines siguieron actuando ante cualquier riesgo, y el Congreso estadounidense autorizó a Taft a vender armas a los gobiernos latinoamericanos, delegando en ellos la vigilancia de los intereses norteamericanos. En 1912, Taft llegaría a declarar que todo el hemisferio americano sería de Estados Unidos "de hecho", justificando esa pretensión en la "superioridad de raza" estadounidense.

La ideología estaba en el tejido de la época. Una caricatura publicada en Harper's Weekly en 1903 representaba a Roosevelt como figura fuerte y autoritaria confrontando a una Colombia descalza y desaliñada. Esa iconografía —el gigante rubio frente al mestizo harapiento— era la versión ilustrada de la carta privada donde el presidente hablaba de contemptible little creatures. Intelectuales latinoamericanos denunciaron el episodio panameño como una violación del derecho internacional y una regresión a la barbarie, que sustituía el "Estado caballero" por el "Estado pirata". Roosevelt, mientras tanto, recibía honores y, en 1906, el Nobel de la Paz por su mediación en la guerra ruso-japonesa.

Colombia después de Panamá

Para Colombia, la pérdida del istmo fue mucho más que una amputación territorial. Fue una crisis de identidad diplomática que dominó dos décadas de política exterior. El primer efecto interno, casi inmediato, fue político: la ola de solidaridad bipartidista alrededor de la herida nacional fue aprovechada por las fuerzas reformistas para desacreditar el exclusivismo del régimen nacionalista de Marroquín. En 1904 asumió Rafael Reyes, general costeño, con un programa de centralización política, recomposición fiscal y reposicionamiento internacional.

Reyes entendió, con lucidez incómoda, que Colombia no podía permanecer indefinidamente enemistada con la potencia hemisférica. El 28 de febrero de 1905 nombró a Diego Mendoza Pérez como ministro plenipotenciario en Washington con el objetivo explícito de fortalecer las relaciones deterioradas por la pérdida del canal. El gesto le costó caro. En 1909 abandonó el poder en un contexto donde su intento de normalización con Estados Unidos había producido una reacción adversa de amplios sectores del país: cualquier acercamiento con Washington era percibido como una traición al honor nacional. La regla, más allá de Reyes, se volvió estructural: la mera mención de normalizar relaciones diplomáticas con Estados Unidos fue suficiente, en la política colombiana de los años posteriores, para forzar la salida del poder de al menos dos presidentes.

La herida no cerraba porque no se le permitía cerrar. La sensibilidad ofendida por Roosevelt había producido un consenso emocional bipartidista que ningún dirigente podía atravesar sin costos. Fue una particularidad colombiana: mientras otros países del continente aprendían a convivir con el intervencionismo estadounidense negociando sus términos, Colombia se atrincheró en el resentimiento como política.

El desbloqueo llegó en 1914. En abril de ese año se firmó en Bogotá el Tratado Urrutia-Thompson entre Colombia y Estados Unidos. El acuerdo tenía dos piezas centrales: Colombia reconocía la soberanía de Panamá como república independiente, y Estados Unidos se comprometía a entregar veinticinco millones de dólares como indemnización. No hubo, en los términos finales, disculpa formal por lo ocurrido en 1903, aunque el gesto material intentaba compensar lo que la palabra no diría.

El tratado, sin embargo, tampoco produjo el alivio esperado. El Senado de Estados Unidos lo demoró durante años, perpetuando la indignación colombiana. En julio de 1916, el presidente José Vicente Concha —el mismo que en 1903 había sido diplomático de Marroquín— tuvo que aludir públicamente a esa demora, prolongando la sensación colombiana de estar siendo humillada dos veces por el mismo país. El presidente Marco Fidel Suárez formuló entonces la doctrina que ordenaría durante décadas la política exterior colombiana: Réspice polum, mirar al polo, mirar al norte. Reconocer que Estados Unidos era el principal mercado y el principal inversor extranjero, y actuar en consecuencia. La doctrina era realista y, para muchos colombianos de la época, insoportable. Suárez, presionado por acusaciones diversas, dejó el poder en 1921 en un ambiente donde su cercanía con Washington había pesado en su desgaste.

La ratificación definitiva del Urrutia-Thompson llegó por fin, y los veinticinco millones de dólares entraron en Colombia en un momento que coincidió con la mayor afluencia de empréstitos extranjeros de la primera mitad del siglo XX, la llamada Danza de los Millones. El dinero de la reparación por Panamá se sumó al capital externo que financió la primera oleada modernizadora colombiana: obras públicas, ferrocarriles, la temprana urbanización de las ciudades. La herida no se cerró con las palabras; se cerró, entre otras cosas, con concreto y rieles pagados en parte con el dinero de la pérdida.

La red y la huella

En torno a Roosevelt y al episodio panameño se organiza una red de figuras que definen el momento por sus posiciones. John Hay, el secretario de Estado, fue el ejecutor diplomático de una política que él mismo había ayudado a diseñar y que negoció con dos interlocutores muy distintos: Tomás Herrán, disciplinado y sin margen; y Bunau-Varilla, ingeniero de sus propios intereses. José Manuel Marroquín, presidente colombiano durante los años decisivos, encarna la disfunción de un Estado que pierde su territorio mientras despacha instrucciones contradictorias. Miguel Antonio Caro y el sector nacionalista habían fijado el marco político conservador desde el que se manejó la negociación. Manuel Amador Guerrero, primer presidente panameño, fue el ejecutor local de una conspiración cuyo verdadero motor estaba en Nueva York y en París, no en Ciudad de Panamá.

Rafael Reyes es la contrafigura colombiana: quien intentó, demasiado pronto, hacer las paces con la potencia que había mutilado el país. Marco Fidel Suárez es quien terminó de formular la aceptación pragmática del hecho consumado. William Howard Taft y Woodrow Wilson, los sucesores de Roosevelt, heredarían el problema Colombia: Taft prolongándolo por la vía del dólar; Wilson comenzando a resolverlo con el Urrutia-Thompson.

Roosevelt murió el 6 de enero de 1919 en Sagamore Hill, su casa en Oyster Bay, Nueva York, sin ver ratificado el tratado que cerraría formalmente el episodio colombiano. Su presidencia había transformado a Estados Unidos: fortaleció la agencia federal, enfrentó a los grandes monopolios, creó parques nacionales, medió en conflictos internacionales. Pero para Colombia, y para buena parte de América Latina, quedó como algo más específico y más duro: el hombre que probó que la Doctrina Monroe podía leerse como una licencia de propiedad, y que la soberanía de las repúblicas hispanoamericanas era, cuando convenía a Washington, negociable con o sin sus gobiernos.

La zona del canal permanecería bajo control estadounidense hasta los tratados Torrijos-Carter de 1977, que iniciaron la reversión completada el 31 de diciembre de 1999. Pero eso ya no es historia de Roosevelt. Es la historia lenta de una decisión suya que tardó casi un siglo en revertirse. En Colombia, mientras tanto, la frase "I took the Canal Zone" siguió circulando como cita didáctica en libros escolares y como recordatorio de una lección incómoda: la asimetría hemisférica no es una fatalidad geográfica, es una decisión política tomada, por lo menos una vez, con nombre y apellido. Y ese nombre, para Colombia, seguirá siendo Theodore Roosevelt.