Campo literario

En la Colombia del siglo XIX no existió, en sentido estricto, un campo literario autónomo como el que Pierre Bourdieu describió para la Francia de Flaubert: un espacio de fuerzas y luchas con reglas propias, capaz de otorgar consagración al margen del poder político. Lo que sí operó, sobre todo durante los Estados Unidos de Colombia (1863-1886), fue un proto-campo tensionado, poblado de tertulias, revistas, imprentas, academias y disputas por la legitimidad, cuya infraestructura material y simbólica dependía estructuralmente del mismo nodo político que pretendía diferenciar. La libertad absoluta de prensa consagrada por la Constitución de Rionegro habilitó una proliferación editorial sin precedentes; los partidos, la burocracia federal y las redes clientelares se encargaron de que esa proliferación no cuajara nunca en autonomía. Entender el campo literario colombiano decimonónico es entender un dispositivo doble: una máquina que produjo instituciones, jerarquías y géneros con lógica propia —el costumbrismo, la Academia, el proyecto de biblioteca nacional— y, a la vez, una malla dependiente del salario público, del contrato de imprenta y de la militancia partidista.

La semblanza: qué se disputa cuando se disputa el campo

Hablar de campo literario en Colombia es traducir a un léxico sociológico moderno una realidad más compleja: la de una república recién salida de las guerras civiles, con una población lectora escasa, un mercado del libro prácticamente inexistente y una élite letrada que ejercía a la vez de poetas, ministros, diplomáticos, redactores de constituciones y jefes militares. La categoría bourdieusiana sirve para nombrar lo que ocurría, no para calcarlo: un campo de fuerzas que actúa sobre sus miembros según la posición que ocupan, y un campo de luchas que busca conservar o transformar esa distribución. En la Colombia decimonónica, la posición de un escritor no se medía solo por su obra publicada, sino por su cercanía a un ministerio, su acceso a una imprenta oficial, su capacidad de sostener una tertulia y su ubicación en el mapa partidista.

Ángel Rama vio con claridad esa condición al describir a los letrados latinoamericanos —sacerdotes, educadores, administradores, profesionales— como una clase especializada en la misión civilizadora dentro de las ciudades letradas. En Bogotá, esa clase existió con nitidez, aunque su fuerza fue simultáneamente dominante en lo simbólico y frágil en lo estructural: podía imponer un canon, un gusto, un vocabulario cívico, pero no podía sostenerse económicamente al margen del Estado. De ahí que la palabra "campo" haya que usarla con reserva. Lo que hubo fueron dinámicas análogas: instituciones de consagración, jerarquías internas, posiciones subalternas y una lucha permanente por definir qué era la literatura nacional y quién tenía derecho a escribirla.

Los orígenes: imprentas coloniales, tertulias ilustradas y prensa fundacional

La materia prima del campo llegó tarde. La primera publicación impresa en el territorio la realizaron los jesuitas en 1738, casi tres siglos después de las ediciones de Gutenberg. Ese retraso condicionó todo lo que vino. El primer periódico bogotano, la Gaceta de Santa Fe, apareció en 1785 y no pasó de tres números. La empresa fundacional fue el Papel Periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá (1791-1797), semanario de 270 números dirigido por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez, quien se propuso enseñar y estimular el trabajo intelectual de los jóvenes criollos. En sus páginas convivieron ensayos de botánica, física, medicina y filosofía con escritos literarios producidos en la Tertulia Eutropélica, y por ellas pasaron José Celestino Mutis, Francisco Antonio Zea, Francisco Javier Matiz, Francisco José de Caldas y Pedro Fermín de Vargas Ulloa. Allí quedó establecido un modelo que se repetiría durante más de un siglo: la publicación periódica como espacio simultáneo de instrucción, sociabilidad letrada y política.

En 1793, la Imprenta Patriótica de Antonio Nariño imprimió, el 13 de diciembre, el folleto de los Derechos del hombre y del ciudadano proclamados por la Asamblea Constituyente de Francia. La imprenta era, desde el principio, un artefacto político. El Correo curioso, erudito, económico y mercantil (1801), fundado por Jorge Tadeo Lozano y su primo el presbítero José Luis de Azuola, fue el primer periódico particular de importancia y alcanzó 46 números. El Semanario de Caldas (1808-1810) apareció ya en los albores de la Independencia, y con él quedó dibujado el arco que llegaría hasta el siglo XIX: prensa erudita, particular, ligada a la ilustración criolla y, cada vez más, al proyecto emancipador. Las sociedades de amigos del país, activas en el período colonial tardío, fueron una primera etapa de ese patriotismo letrado que precedió al discurso independentista.

Tras la Independencia, la infraestructura mejoró en calidad técnica pero no en autonomía. El Constitucional, fundado el 27 de mayo de 1824 por Leandro Miranda en Bogotá, fue la publicación particular de mejor factura técnica del período, con cuatro columnas, textos en español e inglés, maquinaria e impresor traídos de Inglaterra. Esa sofisticación material no desató la producción del patronazgo político; solo la hizo más eficiente.

La trayectoria: 1863 y la explosión editorial de los EUC

El punto de inflexión llegó con la Constitución de Rionegro de 1863, que consagró la libertad absoluta de prensa y abolió el delito de libelo. Fue una decisión ideológica del liberalismo radical, pero produjo consecuencias materiales inmediatas. Para comienzos de la década de 1880 circulaban en Colombia más de cien periódicos, además de libros, panfletos y hojas sueltas, entre una población lectora de aproximadamente un cuarto de millón. Ese boom editorial es la condición sin la cual no puede hablarse de un proto-campo literario colombiano: por primera vez había suficiente producción impresa, suficiente circulación y suficiente diversidad de publicaciones para que se dibujaran posiciones, se librasen disputas de estilo y se generaran jerarquías internas.

El Decreto Orgánico del régimen federal autorizó fondos para financiar una docena de periódicos dedicados a la instrucción pública, vinculando así el aparato estatal directamente a la infraestructura periodística. El periodismo del período federal fue militante, combativo y extremadamente politizado: los periódicos funcionaron como arma fundamental de las luchas partidistas y contribuyeron a radicalizar posiciones que desembocaron en guerras civiles. Escritores políticamente conectados y con acceso a imprentas, como Medardo Rivas, recibían contratos gubernamentales para producir publicaciones oficiales, lo que generó una ventaja estructural para quienes tenían vínculos con el poder. El campo emergente creció, entonces, montado sobre una contradicción: la libertad absoluta multiplicó los actores, pero la dependencia del contrato público concentró las ventajas.

En ese marco, dos hechos definieron la fisonomía del proto-campo. El primero fue la aparición, el 24 de diciembre de 1858, de la revista El Mosaico, que se prolongó hasta 1872. El segundo fue la fundación, en el ocaso de la revista, de la Academia Colombiana de la Lengua, con la que El Mosaico compartió colaboradores y orientaciones en su última época. Entre esos dos hitos se organizó buena parte de la vida literaria bogotana del período.

Las instituciones de consagración: El Mosaico, la tertulia y la Academia

El Mosaico fue mucho más que una revista. Fue un proyecto cultural de la élite bogotana, integrado por publicistas afines tanto al Partido Liberal como al Conservador, cuyos objetivos declarados incluían las discusiones literarias, la conformación de una biblioteca nacional y la publicación de obras contemporáneas y coloniales del territorio neogranadino. Su alma editorial fue José María Vergara y Vergara (1831-1872), quien también fundaría la Academia Colombiana de la Lengua y sostuvo la tertulia homónima que articulaba la producción costumbrista de la época. La tertulia de Vergara y Vergara funcionó como espacio de sociabilidad literaria donde se gestó, entre otras cosas, la publicación de Manuela de Eugenio Díaz Castro, novela considerada un hito del costumbrismo colombiano.

El primer número de El Mosaico, aparecido en diciembre de 1858, publicó un texto que lamentaba el desconocimiento del territorio, la memoria borrada de los pueblos originarios y las hazañas olvidadas de los héroes de la Independencia. Ha sido leído como un acto de fe en los valores de la tierra colombiana, y funciona como declaración fundacional del proto-campo: la literatura como reconocimiento del país. La revista impulsó, en esa línea, un proyecto de biblioteca nacional que reuniera obras contemporáneas y otras producidas en el territorio neogranadino desde la Colonia hasta la primera mitad del siglo XIX. Fue una tentativa de consagración interna: decidir qué libros integraban el canon nacional y, por lo tanto, quién quedaba dentro y quién fuera.

Esa autonomía tuvo límites nítidos. En julio de 1865, el liberal Felipe Pérez asumió la dirección de El Mosaico al frente de una "asociación progresista", en sintonía con el renovado radicalismo liberal de la época, y la revista adoptó un carácter progresista-liberal. El giro es revelador: la publicación literaria más ambiciosa del país cambió de orientación ideológica en cuestión de meses, siguiendo la coyuntura política. Mantuvo su identidad elitista, pero la subordinación de sus jerarquías simbólicas a las del campo político quedó a la vista. Su etapa final, entre 1871 y 1872, coincidió con la creación de la Academia Colombiana de la Lengua, institución con la que compartió colaboradores y con la que se prolongó, ya en otra clave, la ambición de consagración del proto-campo.

La Academia trasladó la disputa por la legitimidad literaria a un terreno más estable y menos expuesto a los vaivenes de la prensa: el de la norma, el diccionario, la filiación con la Real Academia Española. En manos de figuras como Miguel Antonio Caro, esa orientación derivaría en un hispanismo gramatical y latinista que contribuyó a borrar de las instituciones a indios, negros, selvas y valles, y a construir el armazón institucional de la Constitución de 1886 desde una perspectiva encerrada en el altiplano.

La red: Bogotá, sus tertulias y los policentros regionales

Bogotá funcionó como la ciudad letrada por excelencia del período, en el sentido riguroso que dio Rama al término: espacio donde una clase especializada en la misión civilizadora concentraba las funciones simbólicas del Estado. El apodo con que se la conocía —"la Atenas de Sudamérica"— resultaba pretencioso para los visitantes extranjeros y era objeto frecuente de burla. Un cónsul británico, en 1906, reconocía con condescendencia cierta cultura entre las élites letradas bogotanas, aunque subrayaba sus limitaciones y su posición periférica. Esa mezcla de pretensión y provincialismo es constitutiva del proto-campo: se afirmaba como centro justamente porque su centralidad era frágil.

Los letrados colombianos del siglo XIX ejercieron simultáneamente cargos públicos, tribunas parlamentarias, roles en ejércitos, finanzas e ideología partidista, y fueron a la vez descubridores del paisaje nacional y forjadores de la identidad colectiva. Manuel Ancízar sembró desde El Neogranadino las semillas del costumbrismo al advertir que la novela y el cuento eran el mejor análisis psicológico para comprender las sociedades. José Eusebio Caro, poeta romántico y uno de los fundadores del Partido Conservador, encarnó el patrón que se repetiría durante generaciones: la fusión de aspiraciones literarias y políticas, la trayectoria en la que poesía, ensayo, periodismo y militancia se sostenían mutuamente. Jorge Isaacs es el caso más nítido: diputado conservador, luego liberal radical, fundador del semanario La República, funcionario público a lo largo de su vida, y autor de María. La literatura no era una profesión; era una dimensión del ejercicio del poder.

En Bogotá, la sociabilidad literaria se organizó en tertulias sucesivas. Al final del siglo, la Gruta Simbólica reunió a poetas, músicos y bohemios como Julio Flórez, Clímaco Soto Borda, Jorge Pombo, Diego Uribe y Carlos Villafañe, que se juntaban para compartir versos, música y vida social. Fue el último eslabón de una tradición que había pasado por la Tertulia Eutropélica de fines del XVIII y por la tertulia de El Mosaico a mediados del XIX.

El federalismo hizo, además, algo que la historiografía centralista tiende a subestimar: habilitó una vida letrada policéntrica. A partir de 1880 surgieron diversas revistas literarias regionales, entre ellas La Floresta en Cartagena (1881), junto a publicaciones bogotanas como El Liceo Granadino, La Guirnalda, La Lira, La Abeja y La Familia. En Medellín funcionaron el Casino Literario y la Tertulia Literaria; algunos de sus miembros participaron después en publicaciones periódicas regionales, entre ellas la revista de la Sociedad de la Bohemia Alegre. A comienzos del siglo XX, en la misma ciudad, las tertulias que presidían el Negro Cano en su librería y Tomás Carrasquilla en el café La Bastilla mantendrían la tradición. En la costa, publicaciones dirigidas al "bello sexo" como El Iris de Barranquilla (1874) y El Aficionado de Yarumal (1874) mostraron que la circulación letrada excedía al altiplano. El proto-campo colombiano fue, en la práctica, más disperso geográficamente de lo que la mitología bogotana sugiere. La Regeneración concentraría por la fuerza lo que el federalismo había esparcido.

El costumbrismo como género fundacional

Si el proto-campo tuvo un género propio, ese fue el costumbrismo. Aunque como constante literaria era anterior a la Independencia, como corriente histórica se afirmó después de ella, y encontró en los EUC su momento de máxima productividad. El cuadro de costumbres y la novela costumbrista funcionaron como el dispositivo mediante el cual la élite letrada nombraba el país: sus tipos sociales, sus paisajes, sus tensiones entre lo colonial heredado y lo republicano por construir.

Los artículos de costumbres fueron usados con orientaciones opuestas por los dos partidos. Los liberales los emplearon para desdeñar el pasado colonial; los conservadores, para criticar las reformas modernas. Ambos coincidieron, sin embargo, en un doble propósito: contraponer lo nacional a la influencia francesa e inglesa, y dar a conocer el país en el extranjero con el fin de atraer inmigrantes. Los cuadros modelaron los ideales de la élite letrada y quedaron como fuente privilegiada para entender el período. Los escritores costumbristas adumbraron tipos sociales para representar a Colombia —el artesano empobrecido, el indio aculturado, el contrabandista— y los bogas del río Magdalena se convirtieron durante décadas en el sine qua non de la literatura nacionalista.

Manuela (1858-1859), de Eugenio Díaz Castro, publicada en El Mosaico, y los Cuadros de la vida privada de algunos granadinos de Josefa Acevedo de Gómez (1803-1861), que circularon en el entorno del grupo de la revista durante la década de 1860, ejemplifican el modo en que la producción costumbrista se enredaba con las instituciones del proto-campo: la novela nace en la tertulia, se publica en la revista, discute las tensiones entre las costumbres heredadas y el proyecto republicano, y contribuye a definir qué es y qué no es literatura colombiana. La convivencia de superstición y fe con el espíritu racionalista, la dificultad de sustituir costumbres por leyes, la representación del subalterno sin darle la palabra: todo eso quedó cifrado en el género, y todo eso remite a un campo que se estaba dando reglas propias mientras seguía atado al aparato político que lo financiaba.

Las posiciones subalternas: mujeres escritoras en el proto-campo

Ningún campo se define solo por quienes participan plenamente en él, sino también por quienes negocian su acceso desde una posición marginal. Las mujeres escritoras colombianas del siglo XIX no participaron plena ni abiertamente en las dinámicas del proto-campo, pero tampoco estuvieron completamente al margen: configuraron una comunidad discursiva incipiente que compartía ideologías y visiones de mundo, y desarrollaron estrategias propias para inscribirse en un espacio que no las autorizaba. Esa condición ambigua —dentro y fuera al mismo tiempo— es teóricamente productiva: obliga a pensar el proto-campo no como un conjunto delimitado de agentes plenos, sino como un sistema con umbrales, con zonas de admisión condicionada, con licencias revocables.

Los prólogos de esas escritoras son documentos reveladores. En ellos aparece una marcada inseguridad sobre la recepción de la obra, la anticipación del rechazo tanto masculino como femenino, y una posición defensiva ante la expectativa de la burla. Pero también hay negociación activa, búsqueda de voz propia y, a veces, rechazo explícito de las justificaciones patrióticas o morales convencionales. Las estrategias fueron variadas y no siempre consistieron en pedir aval a una autoridad masculina: hubo quienes se ampararon en la tradición devocional, quienes reivindicaron la experiencia doméstica como saber legítimo, quienes tomaron distancia irónica del propio gesto de excusarse. Cada prólogo es, en ese sentido, un mapa en miniatura de las tensiones del campo: qué se puede decir, desde qué lugar, con qué precauciones, esperando qué sanciones.

El caso más notable es el de Soledad Acosta de Samper. Educada en Halifax y París, con dominio del inglés y el francés, su acceso a la cultura letrada la ubicaba en una posición ventajosa respecto al hombre letrado promedio. Al mismo tiempo, su condición de mujer la excluía del proceso de construcción nacional. Su voz se situó en una frontera peculiar: entre los letrados criollos, las mujeres no criollas y los hombres subalternos. Desde esa posición ambigua defendió públicamente la capacidad intelectual femenina y la apertura de todas las profesiones a las mujeres, como quedó consignado en su monografía Aptitud de la mujer para ejercer todas las profesiones y el periodismo en Hispanoamérica. Su trayectoria muestra que el capital cultural elevado —lenguas, viajes, formación— podía compensar parcialmente la exclusión de género, pero no cancelarla: Acosta escribió mucho más que la mayoría de sus contemporáneos varones, y aun así su lugar en el canon consagrado por la Academia y por la crítica posterior fue durante décadas marginal.

Las publicaciones dirigidas al "bello sexo", como El Iris y El Aficionado, ambas de 1874, mostraron que existía una circulación mínima de espacios femeninos, aunque su función fluctuara entre lo expresivo y lo normativo: enseñaban a las mujeres a leer y a escribir de un cierto modo tanto como les daban un espacio de aparición pública. Esa doble faz —habilitación y disciplinamiento— es característica de las posiciones subalternas dentro de un campo: se recibe un lugar a condición de ocuparlo de una manera específica. Durante la hegemonía conservadora posterior a 1886, el estatus político de la mujer no experimentaría cambios sustanciales, y el marco de habilitación restringida se estrechó todavía más bajo el amparo de la moral católica institucionalizada.

Las fronteras del proto-campo se definieron, en suma, tanto por exclusión activa como por inclusión subordinada. Las escritoras fueron autorizadas a escribir bajo condiciones estrictas —temas domésticos, tonos moderados, prólogos disculpatorios— y las que salieron de ese marco pagaron el precio en reconocimiento. Que hayan salido igualmente es lo que permite hablar de un proto-campo con dinámicas propias y no de un mero apéndice de la política masculina.

La ruptura: la Regeneración y el cierre del proto-campo

La llegada de los conservadores al poder y la promulgación de la Constitución de 1886 reconfiguraron violentamente el campo. El período 1886-1903 —marcado por tres guerras civiles: la de 1885, la de 1895 y la Guerra de los Mil Días— ha sido caracterizado como uno de los momentos de mayor intransigencia y oscurantismo de la historia colombiana. El Artículo 41 de la Constitución estableció que la educación pública sería organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica, y entregó a la Iglesia el control de la educación por los siguientes cincuenta años. El Concordato con la Santa Sede, aprobado en 1888, extendió a la Iglesia autonomía de gobierno, fuero eclesiástico, ventajas fiscales y protección frente a la competencia de otras confesiones. Una cláusula transitoria de la Constitución autorizaba al gobierno a regular la prensa y castigar sus abusos hasta que el Congreso promulgara una ley del ramo, y esa cláusula resultó especialmente odiosa para los disidentes en los años siguientes. Se abolió el derecho a poseer y traficar armas, se limitó el sufragio con requisitos de alfabetización y propiedad, y muchas elecciones directas se convirtieron en indirectas.

La Universidad Nacional fue cerrada. La obra de ilustrados y librepensadores al margen del poder fue censurada u olvidada, hasta el punto de que buena parte del corpus literario de los liberales radicales que habían incursionado en la poesía y la novela se transformaría después en materia de arqueología literaria. Los conservadores basaron sus políticas en el pensamiento católico e hispánico, y consideraron a la Iglesia como fuente del cemento social y espiritual de una sociedad jerárquica. Miguel Antonio Caro, que nunca salió del altiplano, construyó desde una perspectiva encerrada en la gramática y el latinismo el armazón institucional del nuevo orden.

Sería erróneo leer la Regeneración como la clausura de un campo literario previamente autónomo. Lo que ocurrió fue una reconfiguración de los términos de dependencia: el patronazgo liberal-radical, que había financiado periódicos de instrucción y otorgado contratos a impresores conectados con el partido en el poder, cedió el lugar al control clerical-conservador, que censuraba, cerraba universidades y regulaba la prensa por decreto. El campo nunca había sido autónomo; simplemente cambió el nodo del que dependía. Y ese cambio no fue solo político: fue también geográfico y simbólico. El policentrismo del federalismo —Bogotá, Medellín, Cartagena, las publicaciones costeñas, las revistas antioqueñas— se contrajo hacia una centralización creciente en la que la Bogotá gramatical de Caro se erigió como norma y filtro.

La estructura económica reforzó ese cierre. El auge y colapso de la economía exportadora —tabaco, quina— entre 1850 y 1885 había estructurado directamente la hegemonía liberal y su posterior derrota conservadora, y condicionó el marco material dentro del cual operaba la producción literaria. Sin recursos exportadores en manos de la élite liberal, sin libertad de prensa, sin universidad pública, sin patronazgo alternativo al eclesiástico, el proto-campo se replegó.

Su huella: qué queda del proto-campo de los EUC

Lo que se sedimentó del período no fue una tradición literaria estable, sino una serie de dispositivos que la posteridad heredaría en versiones sucesivas. La Academia Colombiana de la Lengua sobrevivió a El Mosaico y se consolidó como institución de consagración durante el siglo XX. El costumbrismo dejó los tipos sociales —el boga, el artesano, el indio aculturado— con los que la literatura colombiana siguió pensando la nación durante décadas, y dejó también la sospecha, incómoda, de que ese repertorio había sido menos un reconocimiento del país que un mecanismo de silenciamiento de sus voces no letradas. La prensa literaria estableció el patrón, largamente vigente, del escritor colombiano como funcionario, diplomático, editorialista y político simultáneo: una superposición legible desde José Eusebio Caro y Jorge Isaacs hasta bien entrado el siglo XX.

El enfrentamiento entre liberalismo y catolicismo que había estructurado el campo se prolongó al menos hasta mediados del siglo XX, y generó los períodos de intransigencia y conflicto civil que marcaron la vida intelectual del país. La Regeneración no solo cerró la Universidad Nacional y silenció a los librepensadores; también fijó, por décadas, los términos en que se podía escribir y publicar. La categoría misma de "campo literario" es útil precisamente porque permite ver lo que se perdió: la posibilidad, entrevista fugazmente en los EUC, de que en Colombia se consolidara un espacio de producción simbólica con reglas parcialmente autónomas. Esa posibilidad no cuajó. Lo que hubo fue un proto-campo real, denso, poblado de instituciones y disputas, pero sostenido sobre una infraestructura material que no podía separarse del poder político sin colapsar.

Ver hoy el campo literario colombiano en sus condiciones actuales —con premios estatales, ferias del libro, academias, editoriales trasnacionales y sistemas universitarios de crítica— exige recordar que ese sistema no nació con el siglo XXI ni con las reformas culturales del XX. Su forma embrionaria se gestó entre 1858 y 1886, en el arco que va del primer número de El Mosaico al Concordato con la Santa Sede, y quedó marcada por una paradoja que ninguna reforma posterior ha disuelto del todo: la de un espacio simbólico que reclama autonomía frente al poder político sin haberla tenido nunca en sus condiciones de origen. El campo literario colombiano tiene, como casi todo lo colombiano, una fecha inaugural provisional y una serie de clausuras sucesivas. La de 1886 sigue siendo, en muchos sentidos, la más decisiva.