Capital cultural

El capital cultural en los Estados Unidos de Colombia

En Colombia, entre 1863 y 1886, un grupo reducido de letrados liberales convirtió la ilustración, la ciencia y las letras en instrumento de gobierno. Bajo la Constitución de Rionegro, el proyecto radical entendió que una república federal, laica y anticlerical necesitaba algo más que ejércitos y leyes: requería una autoridad simbólica propia, capaz de disputarle a la Iglesia el monopolio del saber. De ese impulso nacieron la Comisión Corográfica, el Decreto Orgánico de 1870, las escuelas normales con maestros alemanes, una prensa laica militante y un mapa por fin dibujado del territorio nacional. Todo ese acervo institucional —escuelas, credenciales, obras, sociabilidades letradas— funcionó como divisa política de una élite en el poder: capital cultural entendido como conjunto de bienes simbólicos administrados por el Estado para producir autoridad. Sobrevivió a la caída del régimen en 1886 y siguió operando, durante buena parte del siglo XX, como marca de distinción de una minoría letrada que nunca logró —ni necesitó del todo— extenderlo a las mayorías analfabetas.

No se trata de una categoría flotante. Los libros, mapas, periódicos, gramáticas y escuelas normales del período radical son objetos concretos, con presupuestos, decretos de fundación y nombres propios. La singularidad del momento consiste en que los radicales no se limitaron a heredar el prestigio ilustrado de fines de la Colonia: lo estatizaron. Lo pusieron a producir gacetas oficiales, sistemas de instrucción, cartografía y observatorios. Convertir la cultura en política y la política en pedagogía dio al período su fisonomía, y explica por qué su derrota, hacia 1886, se dirimió no solo en el terreno militar sino en el de la Iglesia, la escuela y el idioma.

Detrás de la operación había una premisa: la legitimidad del régimen federal se apoyaba en la formación de ciudadanos ilustrados capaces de sostener la vida pública. La instrucción, la geografía nacional y la prensa eran las tres columnas de esa arquitectura. La contradicción fue estructural. Con más del 80% de la población analfabeta todavía en 1912, con matrículas que apenas rozaban el 3% del total nacional en 1873 y un país mayoritariamente rural, disperso y monolingüe católico, aquel acervo fue siempre patrimonio de círculos urbanos delgados: Bogotá, Medellín, Popayán, algunos núcleos santandereanos. Un proyecto de Estado sin base social; un programa nacional sostenido por unos pocos.

De Mutis al Papel Periódico

El acervo que los radicales heredaron y reordenaron se venía formando desde fines del siglo XVIII. La Expedición Botánica de José Celestino Mutis, instalado en la Nueva Granada desde 1761, había reunido en torno a un proyecto científico patrocinado por las reformas borbónicas a una generación de criollos —Francisco José de Caldas, Francisco Antonio Zea, Salvador Rizo, Sinforoso Mutis, Pedro Fermín de Vargas— cuyo trabajo, concebido para explotar racionalmente los recursos coloniales, terminó nutriendo, casi contra su voluntad, una conciencia territorial criolla. Los ilustrados aprendieron a mirar el país como objeto científico y, al hacerlo, empezaron a pensarlo como patria.

El otro pilar de esa protoesfera pública fue la prensa. El Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá, dirigido entre 1791 y 1797 por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez, publicó 270 números y reunió en sus páginas a lo más selecto del mundo intelectual neogranadino: Mutis, Zea, Matiz, Caldas, Ulloa. Sus ensayos sobre botánica, física, medicina y filosofía, alimentados por los escritos de la Tertulia Eutropélica, mostraron que la palabra impresa podía articular una comunidad de lectores dispersa por un territorio inmenso. Le seguirían el Correo curioso, erudito, económico y mercantil (1801), fundado por Jorge Tadeo Lozano y el presbítero José Luis de Azuola como primer periódico particular de Santafé, y el gesto emblemático de Antonio Nariño, quien el 13 de diciembre de 1793 imprimió en su Imprenta Patriótica los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Constituyente francesa.

De ese doble linaje —expedición científica y prensa ilustrada— salió el molde. El territorio se pensaba con instrumentos, la nación se convocaba con imprenta, y ambos gestos eran obra de una minoría letrada que se reconocía a sí misma en el trabajo intelectual. La República heredaría ese modelo. Los radicales lo llevarían al extremo.

La Comisión Corográfica y el mapa como acto de Estado

El primer gran acto republicano de institucionalización de ese capital fue la Comisión Corográfica, establecida por la Ley 29 de 1849 durante la administración de José Hilario López y encabezada por el coronel-ingeniero italiano Agustín Codazzi (1792–1859). Entre 1850 y 1859, la Comisión recorrió buena parte del territorio nacional con un propósito ambicioso: levantar el mapa general de la República, describir sus provincias, inventariar sus recursos naturales, precisar sus límites. Fue el primer intento científico institucional de alcance global sobre el territorio colombiano.

Codazzi murió en 1859, en plena tarea, sin haber alcanzado a explorar con intensidad la zona del Caquetá y los territorios amazónicos —una extensión, se dijo entonces, casi equivalente al resto de la República—. Pero lo que dejó fue mucho más que un mapa. La Comisión articuló ciencia territorial, administración estatal y literatura. Manuel Ancízar, su secretario durante tres años, publicó a partir del 11 de enero de 1850 sus crónicas en El Neogranadino bajo el título de Peregrinación de Alpha: un texto que combinaba geografía física, estampa costumbrista y sensibilidad literaria, y que fijaría el modelo de mirada culta sobre el país. Santiago Pérez Manosalbas, otro miembro de la Comisión, dejó en sus Apuntes de Viaje (1853), poco después de la abolición de la esclavitud en 1851, un registro sombrío de la situación de la población negra: su pobreza, su falta de escolarización, la ausencia de caminos, la indiferencia de los blancos. La Comisión no solo cartografiaba: producía diagnóstico social.

Su marco institucional también importa. La Comisión se creó junto con el Instituto de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas, bajo cuya tutela quedaron el Observatorio Astronómico, el Jardín Botánico, el Laboratorio Químico Nacional y el Museo de Historia Natural de Bogotá. Era un aparato estatal de producción de conocimiento, todavía frágil, pero ya inconfundiblemente moderno. Cuando llegaron los radicales al poder, esta era la infraestructura que encontraron y prolongaron: el saber territorial como responsabilidad del Estado, no de la Iglesia ni de mecenas privados.

El Decreto Orgánico de 1870 y la reforma escolar

El acto de mayor ambición del proyecto radical en materia educativa fue la reforma impulsada en 1870 por el presidente Eustorgio Salgar. El Decreto Orgánico de la Instrucción Pública Primaria estableció tres principios que juntos constituían una revolución: la enseñanza primaria laica, es decir, la neutralidad religiosa del aula; la obligatoriedad de la instrucción elemental; y un sistema nacional de educación organizado, dirigido e inspeccionado por el gobierno central. En un país federal cuya Constitución de Rionegro había reducido drásticamente el poder del Ejecutivo, la instrucción pública se pensó como una de las pocas materias en las que el centro debía imponer coherencia.

Para dirigir el proceso, el gobierno contrató una misión pedagógica de maestros alemanes protestantes que fundaron escuelas normales en los estados de la Federación. Sus métodos —pestalozzianos, apoyados en la actividad del alumno, la inducción y la disciplina del amor reflexivo, con enseñanza de corte prusiano— introdujeron por primera vez en Colombia una pedagogía sistemática, actualizada según los últimos adelantos europeos. Se pretendía escolarizar al país con maestros extranjeros, protestantes, formados por un Estado laico: una audacia que multiplicaba la del programa mismo.

Los resultados iniciales fueron considerables. La matrícula en escuelas primarias creció de 60.155 alumnos en 1870 a 83.626 en 1873–1874. Los estados con mayor escolarización eran Antioquia (5,4%), Cundinamarca (4,6%) y Santander (3,1%); Bolívar y Boyacá apenas alcanzaban el 2,9%. Detrás de las cifras se lee ya la desigualdad regional que marcaría todo el siglo. Pero el impulso era real, y por primera vez el Estado colombiano intentaba, con recursos y método, construir una ciudadanía instruida.

Fue entonces cuando el proyecto tropezó con su límite político. La reforma se convirtió en una de las causas de la guerra civil de 1876–1877. El Partido Conservador y la Iglesia católica no aceptaron la enseñanza laica, la intervención estatal en materia educativa, ni menos aún la presencia de maestros alemanes protestantes en las normales. El debate ideológico enfrentó a liberales como Aníbal Galindo —que defendía sin ambages enseñar doctrinas liberales mientras el partido estuviera en el poder— con conservadores como Miguel Antonio Caro, para quien el Estado invadía con violencia los derechos de la religión y de la ciencia. La guerra la ganaron los radicales militarmente, pero la perdieron en todo lo demás. Se suspendieron clases, se destruyeron libros de texto, las aulas sirvieron de cuarteles. En 1881 la matrícula había caído a 71.070 alumnos, excluyendo Santander. El sistema quedó descoyuntado.

Prensa, tertulia y esfera pública

El tercer pilar del proyecto fue la palabra impresa. Los letrados colombianos del siglo XIX consideraban la prensa la forma preeminente de acción pública. Los debates sobre educación, libre comercio, federalismo y religión se libraban en periódicos que proliferaban con cada coyuntura. El Neogranadino, dirigido inicialmente por Manuel Ancízar, difundió el costumbrismo literario y despertó entre los jóvenes el interés por retratar el paisaje y las costumbres locales. La Gaceta Mercantil de Santa Marta, dirigida en 1847 por Manuel Murillo Toro —futuro presidente radical y figura tutelar del régimen—, se pronunció por la absoluta libertad de imprenta y denunció los intentos de restringirla. La prensa era, para el radicalismo, un artículo de fe.

La sociabilidad letrada la alimentaba. La tertulia de José María Vergara y Vergara reunió a escritores costumbristas de distintas filiaciones —entre ellos Eugenio Díaz—, mostrando que el costumbrismo fue terreno compartido por liberales y conservadores, aunque cada quien lo usara con propósitos distintos. Los artículos de costumbres, publicados en tertulias, libros y periódicos, servían para contraponer lo nacional a la influencia extranjera y para dar a conocer el país en el exterior. Contribuían a modelar imaginarios de identidad, siempre desde una minoría letrada urbana que se pensaba a sí misma como intérprete legítima de la nación.

Esa esfera pública tuvo sus contradicciones. Alberto Urdaneta fue encarcelado por razones políticas atribuidas a su periódico satírico El Mochuelo: el número 3 fue destruido y la prensa confiscada, un gesto incomprensible bajo el régimen de libertades proclamado por los radicales, y que revela hasta qué punto la teoría de la libertad de imprenta convivía con prácticas represivas cuando el poder se sentía tocado. La expansión del sufragio tuvo efectos ambivalentes: dio a artesanos y sectores urbanos oportunidades de participación, pero también promovió prácticas clientelares en las zonas rurales.

Hacia 1879, Carlos Martínez Silva denunció en un discurso pronunciado en la clausura de estudios del Colegio del Espíritu Santo la esterilidad intelectual del período: en veinte años, dijo, apenas se habían producido tres o cuatro libros de valor, y difícilmente podía Colombia seguir afirmando que iba a la cabeza del movimiento intelectual sudamericano. El diagnóstico, viniendo de un conservador, tenía carga polémica; pero indicaba también la sensación creciente de que el proyecto radical, tan brillante en sus formas, no había cuajado en obra duradera.

Los hombres del proyecto

El radicalismo tuvo la fisonomía de una generación, y conviene detenerse en sus figuras porque el proyecto se sostuvo menos en doctrinas escritas que en trayectorias personales cruzadas. La figura tutelar fue Manuel Murillo Toro (Chaparral, 1816 – Bogotá, 1880), dos veces presidente de la Unión, periodista, diplomático, ideólogo del federalismo: cuando murió en 1880 se enterró con él una manera de entender la política como continuación de la prensa, y esa muerte marcaría el comienzo real del fin del Olimpo. Aquileo Parra condujo el gobierno durante la guerra civil de 1876–1877 que hirió de muerte a la reforma educativa, y su nombre quedaría asociado para siempre a esa derrota; Santiago Pérez, cronista de la Comisión Corográfica antes de ser presidente, encarnó como pocos la continuidad entre ciencia territorial y política radical: los Apuntes de Viaje de 1853 preparaban al hombre público de los años setenta.

Alrededor de ellos, Salvador Camacho Roldán —economista, publicista, ministro— sostuvo con su pluma el liberalismo doctrinario y traducía en artículos y en cátedras la fe en el libre comercio que era también fe pedagógica. Felipe y Dámaso Zapata, hermanos y funcionarios, dedicaron años a armar desde la administración el sistema escolar salido del Decreto Orgánico: Dámaso, sobre todo, ejerció como director de Instrucción Pública y viajó a los estados para instalar las normales alemanas, y su nombre es inseparable del ensayo pedagógico de la década. José María Samper, con trayectoria más zigzagueante, pasó del radicalismo al conservatismo católico sin cambiar de mundo social; su itinerario da la medida de la porosidad ideológica de una generación cuyos miembros se leían mutuamente antes de combatirse.

Ese mundo estaba unido por la Comisión Corográfica y la esfera ilustrada tanto como por el partido. Ancízar como cronista, Codazzi como cartógrafo, habían fijado el modelo del hombre público que era a la vez científico y escritor. Un modelo que el adversario también practicaba: Ezequiel Uricoechea, filólogo y americanista, y sobre todo Rufino José Cuervo, gramático de renombre internacional, pertenecían por familia al mundo conservador que combatiría al radicalismo, pero trabajaban en las mismas canchas —filología, geografía, historia, prensa— con las mismas reglas. Filólogos católicos y cartógrafos liberales compartían academias, imprentas y bibliotecas mientras se disputaban el sentido de la nación.

Del otro lado, Miguel Antonio Caro (1843–1909), católico ultramontano e hispanófilo tradicionalista, elaboró desde muy temprano la matriz retórica del argumento conservador: aquella acusación de 1870 según la cual el Estado invadía con violencia los derechos de la religión y de la ciencia. Rafael Núñez (1825–1894), político liberal de origen pero escéptico y positivista, terminaría convergiendo con Caro en la Regeneración. Y detrás de todos ellos gravitaba la sombra de Tomás Cipriano de Mosquera, cuyas leyes de 1861 —expropiación de tierras, casas y edificios de comunidades religiosas— habían sentado las bases materiales del anticlericalismo estatal que la Constitución de Rionegro consagraría.

Geografías y lenguas del proyecto

Los lugares también hablan. Rionegro, en el oriente antioqueño, dio nombre a la Constitución de 1863: instalada el 4 de febrero de ese año, la Convención produjo la primera carta colombiana que no comenzaba con la invocación En nombre de Dios sino En nombre y por autorización del pueblo y de los Estados Unidos Colombianos. El poder emanaba del pueblo, no de Dios. Bogotá siguió siendo la capital letrada, con sus colegios, su Biblioteca, su Universidad Nacional (fundada en 1867) y su enjambre de periódicos. Medellín, Popayán, Mompox y las ciudades santandereanas —Bucaramanga, Socorro— aportaron sus propias tertulias, imprentas y colegios.

La división en nueve estados soberanos que consagró la Constitución de 1863 fue, para el proyecto cultural, un dato ambiguo. Permitió experimentaciones regionales —Santander, por ejemplo, se distinguió por su empuje escolar—, pero dificultó la coherencia nacional del sistema educativo, que en la práctica dependía más de los gobiernos regionales y locales que del Ejecutivo central. Hacia 1867, José María Vergara y Vergara reconocía esa fragmentación como hecho político duradero y la adoptaba como marco para clasificar los caracteres regionales del país, sin renunciar al horizonte de una futura reunificación.

Las influencias extranjeras llegaban por vías cruzadas y se instalaban en la trama cotidiana del debate intelectual. La revolución francesa de febrero de 1848 repercutió de inmediato en la juventud universitaria y la clase artesanal bogotana: durante las dos décadas siguientes alimentó una frondosa literatura política de tono radical, romántico y utópico, y formó a los primeros líderes republicanos que rompieron con el monopolio español y el mercantilismo colonial. De ahí saldría la adhesión al laissez-faire que atravesó a ambos partidos —el debate ya no era si adoptar el libre comercio, sino con qué alcance—, adhesión que se enseñaba en las cátedras con manuales traducidos: en la Universidad Católica, el Tratado del liberal español Colmeiro reemplazaba a los Éléments del francés Garnier, y esa sustitución era ya, en sí misma, una declaración de linaje intelectual. Antes que ellos, José Eusebio Caro había combinado romanticismo, sansimonismo tecnocrático y admiración por los Estados Unidos, debilitando el apego a la tradición hispánica en la propia familia que después la reivindicaría con Miguel Antonio. Este era el humus del radicalismo. Décadas más tarde, ya bajo la hegemonía regeneracionista, la Generación del Centenario de 1910 respiraría otro aire: el de la cultura francesa de fin de siglo, con Rodó llegando desde Montevideo, Taine desde la crítica positivista, Anatole France y D'Annunzio como lecturas obligadas, y la generación española de 1898 como espejo cercano. Desde esa formación releerían con distancia crítica al radicalismo derrotado.

La Iglesia como adversario estructural

El proyecto cultural radical no puede entenderse fuera de su conflicto con la Iglesia católica. Desde las leyes de desamortización de Mosquera en 1861 y la Constitución de Rionegro en 1863, el liberalismo había avanzado en el desmonte del poder material y jurídico de la Iglesia. La reforma educativa de 1870 llevó el pulso al terreno del alma: si el Estado organizaba la instrucción primaria de manera laica y obligatoria, la Iglesia perdía su condición histórica de tutora del saber.

El choque fue frontal. La Iglesia era, en el momento del enfrentamiento, la única institución colombiana con aparato burocrático centralizado, doctrinal y organizativamente coherente, con ascendencia y respeto social a escala nacional. En el país fragmentado del federalismo, ese hecho pesaba enormemente. Sectores de la clase dirigente empezaron a ver en la Iglesia la única fuerza capaz de proveer la cohesión ético-religiosa que el Estado federal no había logrado. Esa lectura estratégica —más que la mera piedad— explicaría, en la década siguiente, la Regeneración. La guerra civil de 1876–1877 sería interpretada por más de un autor como la máxima expresión del enfrentamiento entre laicismo anticlerical e Iglesia en el siglo XIX colombiano. Los radicales ganaron el campo de batalla y perdieron la iniciativa histórica.

Regeneración y desmontaje del acervo radical

La fractura interna del Partido Liberal entre radicales e independientes —estos aliados con conservadores para apoyar a Rafael Núñez frente al candidato radical Aquileo Parra— y la muerte de Manuel Murillo Toro en 1880 sellaron el fin del Olimpo Radical. Núñez llegó por segunda vez a la presidencia en 1884 y lideró la elaboración de la Constitución de 1886, texto conservador, centralista y católico que se mantendría en esencia hasta 1991.

El desmontaje fue metódico. El artículo 41 de la nueva Constitución estableció que la educación pública sería organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica: el laicismo escolar quedaba enterrado. El Concordato de 1887, firmado por Núñez con la Santa Sede, hizo del catolicismo la religión oficial de Colombia, devolvió las propiedades eclesiásticas confiscadas por los gobiernos anticlericales, ató la educación pública a los preceptos de la Iglesia y abolió el divorcio. La Iglesia hizo concesiones sobre derechos económicos a cambio del monopolio del aparato educativo, en un movimiento que la devolvía a su posición colonial en materia de instrucción, aunque con mayor autonomía frente al Estado.

La Regeneración no se conformó con desmontar: construyó su propio acervo. El hispanismo tradicionalista de Caro reemplazó al francofilismo radical. José Manuel Groot y otros historiadores conservadores idealizaron el esfuerzo educativo de España en la Colonia, la promoción de las ciencias, el impulso al arte y la literatura, en contraste con los desórdenes de la república liberal. Hacia 1910, con motivo del centenario de la Independencia, el manual de historia patria de Jesús María Henao y Gerardo Arrubla trazó una línea de continuidad con el proyecto regeneracionista: no repudió a España ni su accionar en la Conquista y la Colonia, y cohesionó momentos históricos que podían parecer opuestos bajo un mismo hilo narrativo. Los relatos escolares se organizaron en torno a la linealidad heroica, con cortes temporales que se mantendrían durante todo el siglo XX.

La represión política acompañó el proceso simbólico. La oposición liberal tropezó con la represión oficial: desde 1887 se adoptaron medidas restrictivas contra la prensa opositora, en franco contraste con las libertades proclamadas por Rionegro. El período 1885–1930 sería después caracterizado como uno de ultraintolerancia, marcado por el nexo formal entre Estado e Iglesia. La hegemonía conservadora perduró en el poder hasta 1930, y la Guerra de los Mil Días (1899–1902), aunque desestructuró parcialmente la relación de fuerzas entre los partidos, no modificó los fundamentos del orden político dominante ni las condiciones de producción y reproducción cultural instauradas por la Regeneración.

Los límites materiales

En 1912, más del 80% de la población colombiana seguía siendo analfabeta. La proporción de escolares sobre el total había pasado del 1,2% en 1835 al 3,0% en 1873; el número de estudiantes en escuelas elementales había crecido de 29.118 en 1847 a 137.482 en 1897 y a 165.062 en 1905. Y sin embargo, el sistema escolar seguía siendo incapaz de ofrecer a la población la escolaridad mínima. Los gobiernos regionales y locales pagaban y gestionaban la mayor parte del sistema: la instrucción pública era, en la práctica, más responsabilidad de los departamentos que del gobierno central. Las guerras civiles, la inestabilidad política y las asignaciones presupuestales exiguas —en algunos años el presupuesto nacional no incluyó partida alguna para educación— impidieron sistemáticamente que el sistema escolar alcanzara cobertura mínima.

Esa realidad material relativiza el drama simbólico entre radicales y conservadores. Ni el laicismo triunfó verdaderamente en las aulas antes de 1886 ni el control eclesiástico posterior alcanzó a la mayoría rural analfabeta. El capital cultural del siglo XIX colombiano —radical o regeneracionista— fue divisa de una franja urbana muy delgada, que se disputaba entre sí las claves de una nacionalidad cuyos supuestos destinatarios apenas sabían firmar. Miguel Ángel Urrego lo formuló con nitidez para las primeras décadas del siglo XX: el país seguía siendo eminentemente rural, disperso, mayoritariamente analfabeto, y las guerras civiles habían alterado las relaciones de fuerza entre los partidos sin modificar las condiciones estructurales de producción y reproducción cultural.

Qué sobrevivió

Y sin embargo, algo sobrevivió, y su inventario importa porque explica la larga sombra que el radicalismo proyectó sobre el siglo XX. La Comisión Corográfica dejó un archivo, un método y un ideal de conocimiento territorial que siguió operando en la administración pública mucho después de que sus promotores hubieran muerto: sus mapas, itinerarios y descripciones provinciales alimentaron durante décadas la enseñanza de la geografía patria y sirvieron de base a las delimitaciones departamentales que la Constitución de 1886 heredó sin poder reemplazar. Las escuelas normales, castigadas por la guerra y por la nueva carta, transmitieron una tradición pedagógica que la enseñanza católica no logró borrar del todo: en Santander sobre todo, pero también en pequeños núcleos antioqueños y cundinamarqueses, la huella pestalozziana de los maestros alemanes se dejó sentir en generaciones de institutores que ya no serían protestantes pero conservarían el gusto por el método. La prensa laica del período nutrió por décadas la sociabilidad liberal, y el modelo del letrado —científico, periodista, profesor y político a la vez— pervivió como ideal generacional hasta bien entrado el siglo XX, sostenido por los esqueletos institucionales de bibliotecas, observatorios, museos y el Instituto de Ciencias Naturales, sobre los que las generaciones posteriores volverían a construir.

Menos visible, pero acaso más decisiva, fue la persistencia de ciertos hábitos: el costumbrismo, la caricatura política, la retórica del progreso, la valoración de la geografía como saber patriótico. Todo eso quedó como sedimento cultural común, más allá de las banderas partidistas. La obra de Rufino José Cuervo sobre la lengua española americana no podía ser reclamada en exclusiva ni por el laicismo radical ni por el catolicismo regeneracionista; Ezequiel Uricoechea abrió el americanismo filológico desde una posición igualmente ambigua. Sus figuras muestran hasta qué punto el capital del período fue patrimonio compartido de una élite letrada, aunque cada facción intentara apropiárselo bajo bandera propia. En las academias fundadas al calor de la Regeneración —la de la Lengua en 1871, la de Historia en 1902— los descendientes intelectuales del radicalismo y los del hispanismo católico convivieron en sillones vecinos, disputándose la administración de una tradición común.

Al reemplazar el capital cultural laico por uno confesional igualmente elitista, la Regeneración no destruyó un edificio sólido: reocupó un espacio que el radicalismo, pese a su brillantez programática, nunca había logrado democratizar. Prolongó, bajo signo opuesto, la misma condición estructural. Lo que pasó de Rionegro a la Regeneración, y de allí al siglo XX, no fue una doctrina, sino una forma social: la de un país cuya voz pública seguía pronunciándose por encima de la cabeza de sus habitantes, y cuyos administradores del sentido —fueran gramáticos católicos o cartógrafos liberales— compartían biblioteca, apellido y clase antes de disputarse el color de la bandera.