Sociabilidad letrada

La sociabilidad letrada en el Nuevo Reino de Granada

Entre la década de 1760 y el estallido de 1810, un conjunto reducido pero intenso de criollos neogranadinos aprendió a reunirse alrededor de libros, gacetas y pizarras botánicas para hacer algo que las Indias no habían visto antes: pensar en voz alta sobre su propio territorio. A ese entramado de tertulias en casas particulares, colegios reformados, expediciones científicas, imprentas domésticas y periódicos que se leían de Cartagena a Popayán se le llama sociabilidad letrada. No fue una vanguardia clandestina ni una filial americana de los salones parisinos: fue un dispositivo criollo que tradujo la crisis de legitimidad del imperio español en un lenguaje político propio. Sus efectos se leen en el acta del 20 de julio de 1810 y siguen resonando en la manera en que Colombia se ha imaginado a sí misma como república de letrados.

Qué se entiende por sociabilidad letrada

La expresión nombra las prácticas de reunión, lectura, escritura y conversación mediante las cuales una minoría culta del virreinato de la Nueva Granada construyó, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, un espacio propio de discusión al margen —aunque nunca del todo fuera— de las instituciones oficiales. Cuatro escenarios la sostienen: las tertulias privadas en casas de Santafé y otras capitales de provincia; los colegios mayores (Rosario, San Bartolomé, Popayán), donde la reforma de los planes de estudio abrió grietas en la escolástica; las expediciones científicas, con la Real Expedición Botánica como núcleo articulador; y la prensa periódica, que emerge en 1785 y madura entre 1791 y 1810.

Esos escenarios comparten una gramática: la primacía del texto escrito e impreso, la circulación de un canon europeo cuidadosamente escogido, el francés como marca de distinción, la conversación cara a cara como método de validación y una red epistolar que unía provincias distantes. Pesa en la historia colombiana por una razón concreta: sin esa acumulación de prácticas letradas, la generación que declaró la independencia no habría tenido ni el vocabulario, ni las redes, ni las biografías intelectuales que le permitieron convertir un vacío dinástico —el que dejó Napoleón al secuestrar a Fernando VII en 1808— en un proyecto de autogobierno.

Los orígenes borbónicos: la Corona que formó a sus adversarios

La sociabilidad letrada neogranadina no nació contra la Corona; nació dentro de un proyecto de la Corona. Las reformas borbónicas, impulsadas desde Madrid con el propósito declarado de recuperar el control efectivo del territorio y aumentar la extracción fiscal de las colonias, requerían un conocimiento que el imperio no tenía. La Nueva Granada era, para los ojos ilustrados de Carlos III, una geografía casi desconocida en sus recursos aprovechables. Para gobernarla había que conocerla; para conocerla había que formar hombres capaces de medirla, describirla y catalogarla. Ese fue el cálculo. Los mismos monarcas que endurecieron el control fiscal y militar, que designaron peninsulares en los cargos codiciados por los criollos y que expulsaron a la Compañía de Jesús por díscola —temerosos de sus reducciones y de su doctrina jurídica— financiaron las expediciones, protegieron a los reformadores educativos y toleraron, cuando no auspiciaron, la introducción de la nueva filosofía natural en los colegios.

La paradoja se resume rápido: la Corona necesitaba criollos ilustrados para gobernar mejor, y al formarlos les dio los instrumentos con los que después la impugnaron. Los reformadores españoles del reinado de Carlos III —Feijóo, Jovellanos y su generación— eran los interlocutores naturales de esta intelligentsia americana. Compartían el rechazo a la escolástica, la confianza en la ciencia moderna como herramienta de progreso social y la convicción de que España y sus colonias podían recuperarse mediante educación útil. Hasta finales del siglo XVIII, los criollos ilustrados neogranadinos hablaban ese lenguaje reformista, no uno emancipador. Fue el impacto lento y contrabandeado de la Ilustración francesa, sumado al malestar fiscal y al desplazamiento social por parte de peninsulares, lo que en la generación siguiente empujó las lecturas hacia otro registro.

Al fondo de la paradoja hay una decisión estratégica: la Corona quería debilitar los cuerpos intermedios que le habían disputado autoridad durante los siglos anteriores. Las audiencias, los cabildos, las órdenes religiosas heredadas de los Austrias eran, para el ojo borbónico, excesivamente autónomos. La expulsión de los jesuitas —vistos como los más peligrosos de todos— y el impulso a un saber controlado por la Corona buscaban esa concentración del poder. El costo colateral fue crear, en las capitales americanas, una minoría letrada con instrumentos, vocabulario y conciencia de territorio que la propia Corona ya no supo contener.

La Expedición Botánica: el núcleo articulador

La figura sobre la que se organiza esta primera generación es José Celestino Mutis, sacerdote y botánico autodidacta llegado a la Nueva Granada en 1761. Durante veintidós años trabajó como médico, mineralogista y profesor, tejiendo vínculos con estudiantes de los colegios y con protectores en el poder virreinal. En 1783 obtuvo lo que había perseguido: la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada quedó inaugurada oficialmente el 27 de abril de ese año, con Mutis como director y con la Mesa de Juan Díaz, en la actual Cundinamarca, como primera sede. Hasta su muerte en 1808, la Expedición operó con apoyo económico sostenido de la Corona; sería cerrada definitivamente en 1816, durante la Reconquista española.

Su función explícita era catalogar la flora del virreinato al servicio del interés fiscal y económico del imperio. Su función efectiva fue otra: convertirse en la escuela informal de una élite científica criolla y en el eje de una red intelectual que se reprodujo por generaciones. Mutis enseñó a Felipe Vergara y Caycedo en los años 1760 y a Eloy Valenzuela en los 1770; ambos llevaron matemáticas y filosofía natural al Colegio del Rosario. José Félix Restrepo, formado en San Bartolomé, se hizo devoto de la filosofía moderna, dictó filosofía de orientación científica en su alma mater entre 1778 y 1781 y luego trasladó esa enseñanza al Colegio-Seminario de Popayán. Francisco Javier Matís, pintor de la Expedición —un hombre de formación limitada que llegó a la botánica por su oficio de imagen—, continuó como docente de botánica entre la juventud bogotana tras la cancelación de la empresa mutisiana, y funcionó como uno de los pocos puentes vivos entre la generación de Mutis y la que enfrentaría la Reconquista.

Esa cadena docente hizo dos cosas simultáneamente. Formó una comunidad de hombres capaces de leer el territorio en clave moderna —recursos, mediciones, clasificaciones, mapas— y produjo una imagen nueva de la Nueva Granada: la de un país rico, cuyos bienes solo esperaban al conocimiento científico para ser aprovechados. Esta imagen, pensada como argumento fiscal por la Corona, se convirtió en argumento patriótico para los criollos. Habitar un territorio distinto de la metrópoli, y saberlo distinto por sus propios inventarios, fue una de las condiciones silenciosas de la separación política que vendría después.

El proyecto no fue tolerado sin fricción. Los dominicos se opusieron a la enseñanza del heliocentrismo copernicano, y Mutis solo pudo sostener sus posiciones gracias a la protección del arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora. Esa alianza —entre un botánico ilustrado y un prelado con poder político— retrata bien el régimen intelectual del período: la ciencia moderna avanzaba en la Nueva Granada por concesión de las autoridades, no por conquista pública.

Tertulias y saraos en Santafé

Mientras la Expedición operaba, en las casas de Santafé se consolidaba una vida de tertulia que se distingue de las asociaciones formales —clubes, casinos, academias— que llegarían con la República. Eran reuniones informales, sostenidas por hospitalidad privada, con documentación escasa y contornos flexibles. Las más señaladas fueron la de Antonio Nariño y la que giraba alrededor de Manuel del Socorro Rodríguez, el cubano nacido en La Habana que dirigió el Papel Periódico. También la Tertulia Eutropélica y la Tertulia del Buen Gusto, cuyos perfiles la memoria histórica ha conservado con más nitidez.

El Buen Gusto tenía un carácter mundano y social. Su fin declarado era la diversión: se componían discursos, se propiciaban certámenes literarios, los jóvenes ejercitaban el ingenio con adivinanzas, chistes e improvisaciones de versos, y se comentaban los mejores libros llegados de Francia. En sus veladas se recitaban versos en francés —marca de distinción cultural que separaba a los patricios criollos del resto de la sociedad santafereña— y se ensayaba una forma de sociabilidad que copiaba, con adaptaciones, los salones europeos. A esa tertulia concurrieron jóvenes que después serían actores centrales del proceso independentista, entre ellos Camilo Torres Tenorio y Francisco Antonio Ulloa. Varios morirían durante la Reconquista.

La Eutropélica tenía un perfil más productivo. Los escritos literarios que allí se generaban encontraban salida en el Papel Periódico dirigido por Rodríguez entre 1791 y 1797. Esa articulación entre tertulia y prensa es una de las claves del período: lo que se pensaba en voz alta en las casas se imprimía y circulaba luego por el virreinato, ampliando el alcance de conversaciones que de otro modo se habrían quedado en salas de doce personas.

Hay algo que estas tertulias fueron y algo que no fueron. Fueron espacios de circulación de ideas ilustradas —Locke, Montesquieu, Rousseau, la Enciclopedia— en una élite criolla que compartía referentes de lectura. No fueron sociedades secretas ni conspiraciones organizadas. Las obras filosóficas francesas llegaban a menudo por contrabando, y algunas circulaban con cautela por la peligrosidad percibida de sus contenidos; pero las tertulias mismas no operaban en la clandestinidad. Su carácter privado era el de la sociabilidad de élite, no el de la conjura política. Eso explica un rasgo del proceso neogranadino que suele pasar desapercibido: la generación ilustrada del período 1760-1800 no se pensó a sí misma como opositora al imperio hasta muy tarde. Su radicalización política es efecto de la crisis de 1808, no causa de ella.

La prensa como comunidad imaginada

La primera imprenta bogotana la establecieron los jesuitas en 1738. El primer periódico, la efímera Gaceta de Santafé, apareció en 1785 y no pasó de tres números. La prensa regular y de peso nace con el Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá, fundado y dirigido por Manuel del Socorro Rodríguez, que apareció el 9 de febrero de 1791 y salió con constancia hasta el 6 de enero de 1797, a lo largo de casi seis años y más de doscientos sesenta números. Su nómina de colaboradores define, por sí sola, el perímetro de la ilustración neogranadina: José Celestino Mutis, Francisco Antonio Zea, Francisco Javier Matís, Francisco José de Caldas, Francisco Antonio Ulloa. Publicaba ensayos de botánica, física, medicina y filosofía, junto con los frutos literarios de la Tertulia Eutropélica. Su propósito declarado era enseñar y estimular el trabajo intelectual de los jóvenes ingenios criollos.

Diez años después llegó el Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil de la ciudad de Santafé de Bogotá, fundado en 1801 por Jorge Tadeo Lozano y el presbítero José Luis de Azuola. Fue el primer periódico impulsado por particulares en el virreinato, con 46 números publicados. Y en 1808 apareció el Semanario del Nuevo Reino de Granada, editado por Francisco José de Caldas, que salió hasta 1810 y estuvo orientado al conocimiento del territorio y sus recursos: la traducción periodística, casi directa, del programa iniciado por Mutis en 1783.

El alcance de esta prensa no debe exagerarse en cifras de lectores, pero sí en efectos culturales. Los periódicos neogranadinos publicados entre 1791 y 1810 contribuyeron a formar una comunidad imaginada: un sentimiento de pertenencia compartida entre las élites criollas de provincias distantes que hasta entonces se conocían apenas. Un abogado en Popayán, un cura ilustrado en Tunja, un comerciante letrado en Mompox podían leer, con semanas de retraso, los mismos artículos y sentirse parte de una conversación única. A esa función pública se sumaban la correspondencia privada entre las élites y la circulación —lenta, pero real— de libros y gacetas europeos. El periódico no fue el único vínculo entre regiones, pero sí el más duradero y visible.

La biblioteca clandestina de Nariño y los Derechos del Hombre

En diciembre de 1793, Antonio Nariño usó la Imprenta Patriótica —que poseía en Santafé desde ese mismo año— para imprimir el folleto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La escena, tantas veces contada, merece ser recordada en sus detalles concretos, porque revela cómo circulaban realmente las ideas radicales en la Nueva Granada. El texto llegó a manos de Nariño a través de una hoja suelta contenida en un tomo de la Historia de la Asamblea Constituyente de Galart de Montjoie que había recibido el virrey José de Ezpeleta y que este facilitó al propio Nariño. Montjoie era, además, un autor realista, que había publicado un panegírico de Luis XVI y María Antonieta. Es decir: la Declaración —el manifiesto de la Revolución Francesa que las autoridades españolas temían más que ningún otro texto— entró al virreinato dentro de un libro escrito por un monárquico y a través del despacho del virrey en persona.

Nariño la tradujo, la imprimió y la difundió el 13 de diciembre de 1793. La consecuencia fue inmediata y desmesurada: diez años de presidio, extrañamiento perpetuo de América y confiscación de todos sus bienes. Cuando las autoridades inventariaron la biblioteca confiscada, encontraron el mapa de las lecturas de un criollo ilustrado avanzado: clásicos griegos y latinos, historia, filosofía, teología, matemáticas, medicina, ciencias naturales, tratados de leyes y escritos de los enciclopedistas franceses del siglo XVIII. Buena parte de ese material había entrado clandestinamente. La represión no se detuvo en Nariño. Comprometió por sedición a varios ciudadanos, entre ellos el propio Zea —catedrático de ciencias naturales en San Bartolomé y miembro de la Expedición Botánica— y el doctor Manuel Ignacio Fróes de Carvalho.

El episodio se lee en dos direcciones. Por un lado, muestra la porosidad real del sistema imperial: las ideas circulaban a pesar del control, y a menudo con la complicidad involuntaria de las propias autoridades. Por otro, revela la magnitud del pánico colonial. El virrey alertó a los gobernadores de Nueva Granada, Quito, Caracas y otras ciudades sobre el impreso; las autoridades asociaron la publicación con pasquines sediciosos que empezaban a aparecer en distintas plazas y percibieron una conspiración anti-hispánica en marcha. Estaban equivocados en el detalle —no había tal conspiración— y acertados en el fondo: la última década del siglo XVIII, con la Revolución Francesa desbordada y la joven república estadounidense en pie, había vuelto imposible sostener el orden monárquico colonial con los instrumentos habituales. El mensaje roussoniano ya había impactado a toda Europa, incluida España; llegar a la Nueva Granada era cuestión de tiempo, y de qué tomo prestado el virrey.

Colegios reformados: la infraestructura del pensamiento

Detrás de las tertulias, los periódicos y las bibliotecas privadas está la infraestructura menos visible pero más decisiva: los colegios de Santafé —el del Rosario y el de San Bartolomé— y el Colegio-Seminario de Popayán. Allí se reunieron, durante décadas, estudiantes procedentes de todas las provincias del virreinato. Esa concentración geográfica de jóvenes que después regresaban a Cartagena, Tunja, Popayán o Mompox creó, sin proponérselo, la primera red intelectual verdaderamente virreinal de la Nueva Granada, sostenida en las décadas siguientes por una correspondencia privada que hizo las veces de conversación permanente.

Dentro de los colegios se libró la batalla por la reforma de los planes de estudio. Los críticos de la escolástica argumentaban que la física escolástica, al sustituir el estudio de la naturaleza por cuestiones abstractas, resultaba inútil para los teólogos y perjudicial para quienes seguían otras carreras; reclamaban la incorporación de ciencias naturales, geografía e historia natural. La cadena docente que arrancaba en Mutis —Vergara y Caycedo, Valenzuela, Restrepo, Matís— fue la que llevó, en la práctica, ese programa a las aulas.

Los avances fueron reales pero limitados. En 1768, el doctor Juan B. de Vargas abrió el curso de Prima de Medicina en el Colegio del Rosario, y tuvo que abandonarlo por falta de conocimientos científicos suficientes: un episodio menor que dice mucho sobre las limitaciones del cuerpo docente colegial en ciencias naturales. El método pedagógico dominante seguía siendo el dictado y la copia manuscrita; los intentos por introducir libros impresos para cada estudiante fracasaron una y otra vez, perpetuando una enseñanza basada en la transmisión oral de autoridades establecidas. La reforma ilustrada de los colegios fue, en la Nueva Granada, un proyecto inacabado. Bastó, sin embargo, para formar una generación capaz de leer a Rousseau cuando el momento lo exigió.

De la tertulia a la junta: 1808-1810

En mayo de 1808, Napoleón forzó las abdicaciones de Bayona y Fernando VII quedó preso en Francia. La noticia llegó a la Nueva Granada como un vértigo. Sin monarca legítimo, la teoría política clásica —incluida la que se enseñaba en los colegios— ofrecía una salida: en ausencia del rey, la soberanía retornaba al pueblo. Ese principio, discutido en abstracto durante décadas en tertulias y aulas, se volvió de pronto un problema jurídico urgente. Los cabildos americanos empezaron a pensar como sujetos políticos.

La Junta Central de Sevilla convocó representantes americanos, y los cabildos neogranadinos redactaron instrucciones para el diputado Antonio Narváez y La Torre. Entre ellas destacaron el Memorial de Agravios de Santafé —redactado por Camilo Torres— y documentos análogos de Popayán, Socorro, Tunja y Loja. No eran ya quejas dispersas sobre la representación americana: eran programas de gobierno con contenido ilustrado. El 1 de septiembre de 1809, Ignacio de Herrera y Vergara redactó en Santafé las Reflexiones de un americano imparcial, donde afirmaba sin rodeos que "el pueblo es la fuente de la autoridad absoluta". El 20 de octubre de ese mismo año, el cabildo de Socorro firmó un documento que pedía, entre otras cosas, la supresión de clases improductivas. La teoría de la soberanía popular había pasado del salón al oficio jurídico.

Los letrados criollos —Torres a la cabeza— cuestionaron además el mecanismo mismo de representación diseñado por las Cortes de Cádiz. El sistema electoral prolongaba prácticas del Antiguo Régimen, y la representación por reinos no coincidía con la idea de una nación de dos hemisferios con iguales derechos. La discusión era técnica y política a la vez: exactamente el terreno donde los abogados criollos, formados en los colegios y ejercitados en las tertulias, se movían con soltura.

En Santafé, el Cabildo se convirtió en el bastión del accionar político criollo frente al virrey Antonio Amar y Borbón. El virrey respondió designando regidores españoles para contrarrestar la influencia criolla y militarizando la ciudad con tropas venidas de Cartagena. El clima se tensó durante meses. La noche del 20 de julio de 1810, tras una agitación popular en la plaza —el conocido incidente del florero de Llorente fue solo su pretexto—, se organizó una junta y al amanecer del 21 se firmó el acta redactada por José Acevedo y Gómez. El virrey se había negado a convocar el cabildo. La junta asumió la autoridad provisional del reino, estableció que toda autoridad residiría en ella hasta que se formulara una constitución y que el gobierno se organizaría en sistema federal con representación de las provincias.

Fue un acto radical y contingente a la vez. Radical porque materializó, en un documento de gobierno, principios largamente ensayados en la sociabilidad letrada. Contingente porque, sin la invasión napoleónica —sin ese vacío externo de soberanía—, es dudoso que la generación ilustrada hubiera roto con la Corona: hasta 1808, su horizonte era reformista, no separatista. La sociabilidad letrada proporcionó el vocabulario, las redes y las biografías; la crisis imperial proporcionó la oportunidad. Ninguna de las dos cosas, por sí sola, habría bastado.

Detrás del acta resonaban además tensiones más antiguas: la rebelión de los Comuneros de 1781 —desatada por los gravámenes fiscales borbónicos— y la represión de 1794 contra Nariño habían marcado ya la fractura entre la Corona y las élites locales. La experiencia de discriminación de los criollos bajo las reformas borbónicas, que favorecían a peninsulares en los cargos codiciados, se sumó como estímulo directo a las ideas ilustradas y a la teoría de la soberanía popular.

La ciudad letrada y sus exclusiones

Hay que nombrar lo que la sociabilidad letrada dejó afuera. Bogotá funcionó, como otras capitales latinoamericanas, como una ciudad letrada: un espacio donde los criollos con acceso a la escritura fundamentaban sus visiones y ejercían lo que ellos mismos llamaban una misión civilizadora. Los letrados criollos masculinos monopolizaron la producción de discursos legítimos sobre civilización y actuaron como dueños de esa civilización en una sociedad que ellos describían como bárbara. Su poder se sustentaba en la posesión del conocimiento europeo, posición accesible por su origen y su clase, que les permitía diferenciarse tanto de los sectores subalternos americanos —"el espíritu salvaje", "la ignorancia de las masas", en su propia terminología— como de los peninsulares.

Ese monopolio era, sin embargo, más frágil de lo que la mitología patria ha querido reconocer. La debilidad geográfica y demográfica de Bogotá como centro de poder relativizaba desde el inicio su capacidad hegemónica; la posición de los letrados bogotanos en la producción de discursos era, en rigor, débil y fragmentaria, condicionada por la existencia de otros polos regionales. Pero fue suficiente para excluir sistemáticamente a otros actores. Los saraos donde se recitaban versos en francés, las tertulias de patricios criollos, la nómina cerrada de colaboradores del Papel Periódico, la biblioteca confiscada a Nariño con sus miles de volúmenes: todo eso trazaba una frontera cultural que separaba a la élite letrada del resto de la sociedad neogranadina. La expresión escrita afrodescendiente, por citar el caso más elocuente, encontraría en Candelario Obeso, ya en el último cuarto del siglo XIX, una voz excepcional y prácticamente aislada: un gigante solitario en una muchedumbre sin oídos.

La cultura republicana letrada que nació de esta sociabilidad heredó, junto con el vocabulario de la soberanía popular, esa marca de origen: un proyecto de emancipación colonial que fue, al mismo tiempo, un proyecto de dominación interna.

Proyecciones: la República letrada

Después de 1810, y sobre todo después de la restauración republicana tras la Reconquista, las prácticas de sociabilidad letrada no desaparecieron: se transformaron. Las asociaciones informales del período colonial dieron paso a formas más estructuradas. En 1823, Francisco de Paula Santander solicitó al Congreso reglamentar las sociedades patrióticas, reconociendo tanto su utilidad como su peligro si caían bajo el control de demagogos. Con el paso de las décadas emergieron sociedades masónicas, populares, religiosas, democráticas y de artesanos que ensancharon el campo asociativo hacia una visión más populista del quehacer político y sirvieron como base de apoyo a los dirigentes liberales.

En la vertiente propiamente letrada, El Mosaico —a mediados del siglo XIX— reunió a publicistas y literatos de la élite bogotana identificados tanto con el liberalismo como con el conservatismo nacientes. Entre sus objetivos estuvieron la conformación de una biblioteca nacional y la publicación de biografías de neogranadinos ilustres y documentos históricos destinados a construir un pasado común. Fue, en muchos sentidos, la continuación adulta de las tertulias coloniales, ahora al servicio de la construcción del Estado. La escritura de la historia se hizo entonces de la mano de la política: los mismos hombres que redactaban semblanzas de los héroes epónimos de la Independencia organizaban bibliotecas públicas, dirigían archivos y ocupaban carteras ministeriales. Las Sociedades Democráticas fueron, en ese mismo movimiento, el mecanismo asociativo más innovador de la aguda transición política de mediados del siglo XIX.

Ese linaje —de la tertulia colonial al club republicano, de la gaceta ilustrada al periódico partidista, del sarao en francés al ateneo decimonónico— es la larga sombra de lo que empezó en las casas de Santafé hacia 1780. Colombia se pensó a sí misma, durante más de un siglo, como una república de letrados. Esa identidad, con sus virtudes y sus exclusiones, tiene fecha de origen y lugar. Empezó en las noches en que un grupo pequeño de criollos aprendió a discutir sobre botánica, filosofía y derecho en salas prestadas, con libros que a veces habían entrado de contrabando y a veces por la puerta principal del despacho virreinal.