José de Ezpeleta

La semblanza: un funcionario ilustrado en el filo del siglo

Ezpeleta llegó a la Nueva Granada precedido por una hoja de servicios sólida en el imperio de Carlos III. Había sido colaborador de Bernardo de Gálvez en las campañas del Caribe durante la guerra contra Inglaterra, gobernador de la Luisiana y de Cuba, y hombre de confianza de las redes gubernativas que administraban el arco americano de la monarquía. Se casaría con María Josefa de Enrile, dama del entorno colonial cuya presencia en Santafé sería recordada por los cronistas con afecto singular. No fue un burócrata improvisado: llegó al virreinato como pieza probada de la maquinaria borbónica, entrenado en el manejo simultáneo de plazas fuertes, hacienda y política de fronteras.

Su gobierno se inscribe en la fase madura de las reformas borbónicas, cuando los virreyes actuaban bajo la doble consigna de fortalecer la autoridad de la Corona y poner la ciencia y la administración al servicio del recaudo. Sucedía al arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora, figura de enorme peso, protector de José Celestino Mutis y negociador con los Comuneros de 1781, y entregaría el mando el 2 de enero de 1797 a Pedro Mendinueta. Entre esas dos fechas transcurre el episodio que marcaría su lugar en la historia colombiana: la publicación clandestina de los Derechos del Hombre por Nariño, la conspiración de los pasquines de 1794 y el desmontaje represivo de la esfera pública ilustrada que hasta entonces él mismo había auspiciado.

Los santafereños lo estimaron sinceramente. La virreina se distinguió por su belleza y virtudes, y el propio virrey se ganó fama de hombre bondadoso e ilustrado. Admiró la Sabana de Bogotá, deseó conocer el Salto de Tequendama y organizó, para ese efecto, un paseo al que invitó a las familias más distinguidas de la capital, tomando medidas para facilitarles la asistencia. La escena parece un detalle mundano, pero condensa algo del estilo del personaje: un funcionario que gobernaba con sociabilidad, que integraba la administración con la cortesía, que tejía relación con la élite local a través de gestos concretos. La represión posterior no borraría del todo esa memoria amable.

Los orígenes de un despotismo ilustrado tardío

Para entender qué gobernaba Ezpeleta hay que retroceder al terreno que recibió. La Nueva Granada de finales del siglo XVIII era territorio de reformas fiscales agresivas y de descontento acumulado. La carga tributaria se había triplicado bajo la política borbónica: de cerca del 2,9% del producto en el período anterior a las reformas, había pasado a rondar el 10,4% en los quinquenios de mayor presión. Los ingresos de la Corona en la última década de su dominación alcanzaron un promedio de 2,4 millones de pesos anuales, de los cuales unos 770.000 —el 32%— provenían de los estancos de tabaco y aguardiente. La administración real había reducido los precios de compra del tabaco a los campesinos, subido los de venta y reprimido las siembras ilegales, activando el resentimiento que en 1781 estalló como rebelión de los Comuneros.

Aquel movimiento, precipitado por las medidas del regente Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, había sido negociado por Caballero y Góngora en las Capitulaciones de Zipaquirá con Juan Francisco Berbeo, después anuladas una vez reforzada militarmente la capital. José Antonio Galán, que rechazó las condiciones y quiso continuar la lucha, fue apresado cerca de Onzaga, conducido a Santafé y ejecutado junto a otros cabecillas. La rebelión no fue un grito de independencia —distaba mucho de serlo—, pero expresó el deseo de un gobierno con cara más criolla y dejó en la memoria pública una huella que resonaría durante décadas. Cuando Ezpeleta tomó posesión, ese recuerdo estaba fresco tanto en el pueblo neogranadino como en las autoridades españolas, y condicionaba cualquier lectura oficial de la disidencia.

Al mismo tiempo, la Corona borbónica había puesto en marcha, con Caballero y Góngora como impulsor local, la Real Expedición Botánica dirigida por Mutis. La empresa respondía al programa ilustrado de Carlos III: poner la ciencia natural al servicio del conocimiento y aprovechamiento de las riquezas del reino, con la mira puesta en mejorar la economía imperial. Mutis, sacerdote, médico y botánico autodidacta llegado en 1761 como médico del virrey Pedro Messía de la Cerda, había sido el agente más importante de la ilustración científica del virreinato. Su enseñanza de la cosmología copernicana le costó un conflicto con los dominicos que intentaron expulsarlo, y solo la protección de Caballero y Góngora le permitió continuar. A Ezpeleta le tocó heredar y sostener ese aparato científico, con sus tertulias, sus corresponsales, sus discípulos criollos —Francisco Antonio Zea entre ellos— y su capacidad silenciosa de gestar una conciencia local diferenciada.

Sobre ese doble suelo —tensión fiscal comunera y ebullición científica ilustrada— se levantaba el virreinato al que llegó Ezpeleta. El otro elemento del cuadro, decisivo, sería exterior: en el mismo verano de su recepción en Santafé, agosto de 1789, estallaba en París la Revolución francesa. Al otro lado del Atlántico, apenas trece años antes, se había fundado la república de los Estados Unidos. La combinación de fiscalidad exigente, memoria comunera, elite letrada ilustrada y noticias revolucionarias circulando por el Atlántico produciría, en menos de un lustro, la primera crisis política moderna del virreinato.

La trayectoria: gobernar entre reformas, tertulias y sospechas

El estilo de gobierno de Ezpeleta quedó registrado con precisión en su relación de mando de 1796, uno de los documentos más valiosos que dejó el gobierno colonial para el estudio de la situación social, económica y política del virreinato en la última centuria de la dominación española. En él aparece un administrador de temple moderado, sin dramatismo, capaz de reconocer los límites de la acción gubernamental sin caer en la desesperación. Sobre la cuestión de la reforma de la población no imitó el tono alarmista de Caballero y Góngora: admitió que no era posible modificar sustancialmente la distribución poblacional del reino y propuso solo mejoras graduales —reducir a cierto orden las poblaciones existentes, evitar mayor desarreglo, corregir defectos en las nuevas fundaciones—. Es el tono de un realismo administrativo que se sabe operando sobre inercias más grandes que él.

En materia de enseñanza informó, con orgullo mesurado, que se estaban estableciendo escuelas públicas en los barrios de la capital donde hacían falta, gracias a la dotación de maestros financiada por la piedad del arzobispo Caballero y Góngora. En los lugares de afuera con suficiente población, las escuelas de primeras letras se costeaban con las rentas de propios, método que —sugería— podía extenderse a otras localidades. Sobre la reforma de los límites y jurisdicción de los corregimientos, reconoció que reportaría grandes utilidades pero también inconvenientes considerables, y prefirió no forzarla. Sobre la administración de la hacienda en lugares retirados, dejó constancia de un problema estructural: los alcaldes ordinarios servían un año, sin sueldo, entre sus compatriotas, en tierras donde vecinos eclesiásticos y seculares estaban acostumbrados a vivir con fraude de los derechos reales. Su sucesor Mendinueta ampliaría el diagnóstico: elegir corregidores, recaudadores y escribanos era difícil por los bajos salarios, y eso propiciaba abuso de autoridad y corrupción a expensas del público.

Su obra material más recordada fue el mejoramiento del camino entre Bogotá y Zipaquirá, con la apertura de planos laterales y la construcción de puentes sobre los caños que facilitaron el comercio y la comunicación. Detalle pequeño pero significativo: la ilustración borbónica encontraba en la infraestructura de tránsito uno de sus lenguajes más concretos, y Ezpeleta lo hablaba con soltura.

En el terreno militar, gobernó una plaza de mando delicada. El regimiento auxiliar de Santa Fe de Bogotá realizaba ejercicios de fuego con cuatrocientos hombres, sin contar los reclutas recién llegados, bajo la comandancia del sargento mayor Juan Josef Cavallero, y tanto los oficiales como la tropa demostraban buena instrucción. Pero la geografía militar del virreinato mostraba fisuras: en Popayán y Santafé eran claras las tensiones entre el Ejército y el cuerpo civil, mientras que en Cartagena de Indias y Venezuela reinaba una armonía relativa. La razón era social: en los puertos, el número de oficiales criollos superaba desde antes de 1800 al de los peninsulares, y en Venezuela, aunque el 80% de los oficiales superiores fueran españoles, su base económica era débil y los llevaba a estrategias de alianza matrimonial con las familias principales de sus destinos. Después de 1800, los criollos ya constituían la mayoría de los cuadros medios del ejército, un 56% del total. Ezpeleta gobernó una milicia que se criollizaba silenciosamente por la base mientras la Corona seguía pensándola como brazo peninsular.

La red: Mutis, Rodríguez, Nariño y los circuitos que patrocinó

Aquí se juega la pieza central del retrato. Ezpeleta no fue un carcelero de la Ilustración: fue, durante años, uno de sus patronos institucionales. La prueba mayor es el Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá, primera publicación regular del virreinato, aparecida el 9 de febrero de 1791 y sostenida durante seis años —los mismos que duró el mando de Ezpeleta— hasta su número 265, publicado el 6 de enero de 1797, tres días después del relevo del virrey. La coincidencia temporal no es casual: fue el propio Ezpeleta quien había traído a Santafé, hacia 1789, a Manuel del Socorro Rodríguez, letrado cubano nacido en La Habana, como amigo personal y asistente suyo, y quien lo nombraría bibliotecario real del Nuevo Reino de Granada. Rodríguez fundó y dirigió el Papel Periódico bajo el amparo del virrey. Cuando este dejó el mando, la publicación se apagó.

El vínculo con la Expedición Botánica y sus discípulos fue igualmente estrecho. Francisco Antonio Zea, catedrático de ciencias naturales en el Colegio Mayor de San Bartolomé y miembro de la Expedición, orbitaba en el círculo científico de Mutis. Los criollos dedicados al estudio de las ciencias naturales tendían también a interesarse por los tópicos económicos, sociales y políticos de la Ilustración; casi todos ellos participarían más tarde en el movimiento de independencia. Ezpeleta sostuvo institucionalmente ese medio: la biblioteca pública, la enseñanza de primeras letras, la publicación regular, la ciencia patrocinada. Es el retrato del despotismo ilustrado en su fase de plenitud: la autoridad borbónica creyendo, con sinceridad administrativa, que podía cultivar la razón sin cosechar la subversión.

El punto de quiebre fue Nariño. Antonio Nariño, hombre de fortuna y cabeza brillante, había sido recaudador de diezmos y era propietario de la Imprenta Patriótica, taller establecido en la Plazuela de la Iglesia de San Carlos donde trabajaba el impresor Diego Espinosa. En algún momento previo a 1794, Ezpeleta le facilitó personalmente un libro que había llegado a sus manos: una obra de Galart de Montjoie —Christophe Félix de la Touloubre—, autor francés poco entusiasta de la Revolución, que sin embargo incluía, en una hoja suelta contenida en uno de sus tomos, la transcripción íntegra de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Nariño leyó, tradujo y editó ese texto. Lo imprimió en su propia Imprenta Patriótica —la misma donde saldrían los últimos seis números del Papel Periódico—. El virrey, sin proponérselo, había puesto en circulación en Santafé el documento fundacional del constitucionalismo revolucionario europeo.

La reacción de la propia administración de Ezpeleta ante la publicación fue inmediata y aguda. El texto fue calificado de sedicioso; el virrey alertó no solo a Nueva Granada sino a los gobernadores de Quito, Caracas y otras ciudades de Su Majestad sobre la circulación del impreso, atribuyéndole un potencial sedicioso de gran magnitud. La causa por sedición comprometió, además de a Nariño, a Zea y al doctor Manuel Ignacio Fróes de Carvalho, visitador de boticas, entre otros distinguidos ciudadanos. Nariño fue condenado a diez años de cárcel, extrañamiento perpetuo de América y confiscación de todos sus bienes. Comenzó a pagar la pena en 1796, en los calabozos de Cádiz, de donde se fugaría al año siguiente para viajar a Inglaterra y Francia en busca de apoyo para la causa independentista. Los demás presos fueron remitidos a España, donde acabaron siendo absueltos.

La confiscación de los bienes de Nariño reveló algo que ninguna autoridad quería ver escrito: una extensa biblioteca introducida clandestinamente, con clásicos griegos y latinos, historia, filosofía, teología, matemáticas, medicina, ciencias naturales, tratados de leyes y —sobre todo— escritos de los enciclopedistas franceses del siglo XVIII. Esa biblioteca era el mapa material de la conciencia criolla ilustrada. Y estaba, literalmente, en la casa del hombre a quien el virrey le había prestado el libro de Montjoie.

Hay un detalle adicional que complica la lectura simple del caso. Nariño, como recaudador de diezmos, había sido acusado de desfalco al no poder presentar los fondos en el momento exigido. El episodio de los Derechos del Hombre fue utilizado para acusarlo políticamente y forzarlo a restituir esos fondos antes del vencimiento de su cargo, lo que lo dejó en quiebra pese a que sus créditos superaban la deuda. La represión política se entrelazó con la persecución fiscal, y esa mezcla —tan típica del período— muestra que la maquinaria virreinal no operaba con la pureza doctrinaria del anti-jacobinismo, sino con la lógica pragmática de un aparato que aprovechaba las coyunturas.

La crisis de 1794: pasquines, sedición y el reflejo del miedo

El caso Nariño no fue el único frente de tensión. En 1794 aparecieron pasquines en diversas ciudades del virreinato, que las autoridades coloniales asociaron a una conspiración anti-hispánica en marcha. El episodio se ha conocido como la conspiración de los pasquines, y funcionó como uno de los detonantes de la respuesta represiva del gobierno virreinal, aunque el principal fue la publicación del impreso de Nariño. La sensibilidad oficial estaba en máxima alerta: los sucesos de 1781 seguían presentes en la memoria administrativa, la Revolución francesa acababa de entrar en su fase jacobina, y cualquier señal de disidencia se leía en clave de conspiración inminente.

La crisis se desarrolló en un contexto internacional que la sobredeterminaba. El establecimiento del gobierno republicano en Estados Unidos y los dramáticos sucesos de París ofrecían a los criollos letrados un repertorio de ideas y a las autoridades una razón para temerlas. La influencia ideológica de la Revolución francesa sobre la generación criolla neogranadina fue reconocible; la del ejemplo norteamericano resultó más limitada, porque las noticias sobre él eran menos conocidas y su efecto sobre los criollos suramericanos, menor. Pero el efecto combinado bastó para que un virrey pragmático como Ezpeleta —que había facilitado él mismo el libro de Montjoie— viera de pronto sedición donde antes había visto lectura.

La respuesta represiva evidenció una creciente tensión entre criollos y autoridades españolas, en un contexto donde el enfrentamiento por el acceso a cargos se hacía cada vez más agudo. Conviene medir el peso relativo de las causas. La crisis de los años 1790 no la produjo Ezpeleta. Tampoco la habría evitado otro virrey más severo o más laxo. Respondía a fuerzas estructurales que ningún funcionario individual podía contener: triplicación de la carga fiscal, exclusión criolla de los cargos de decisión, memoria comunera viva, circulación transatlántica de ideas revolucionarias. Lo que sí hizo el virreinato de Ezpeleta fue concentrar en un mismo espacio y tiempo el patrocinio del Papel Periódico, la circulación del texto que detonaría el caso Nariño y la represión subsiguiente, haciendo visible con inusual claridad que las reformas borbónicas generaban los instrumentos de su propia impugnación.

La paradoja central de la élite criolla de finales del siglo XVIII consistía precisamente en eso: la misma formación intelectual promovida por la Corona —expediciones científicas, tertulias, sociedades económicas, bibliotecas públicas, periódicos patrocinados— gestaba una conciencia diferenciada y empujaba a algunos grupos hacia ideas que pretendían cambios más profundos al sistema colonial. La circulación de esas ideas entre la minoría letrada criolla tenía carácter reservado, dado el peligro que representaba apoyarlas públicamente; pero coexistía con la naturaleza abierta de actividades como la Expedición Botánica, y esa asimetría —lo público científico, lo privado político— definió el tono de la esfera pública ilustrada neogranadina. El imperio quiso concentrar el control sobre recursos económicos, sociales y culturales, y produjo, sin buscarlo, una élite criolla capaz de apropiarse selectivamente de los espacios que el régimen toleraba y de convertirlos en cimiento de su propia diferencia.

Los virreyes borbónicos han sido caracterizados como déspotas ilustrados que aplicaron en el territorio los conceptos de la Ilustración española; su motivación principal, sin embargo, era fortalecer la autoridad de la Corona, no necesariamente mejorar la situación socioeconómica del territorio como fin en sí mismo. Ezpeleta encaja limpiamente en ese perfil. Fomentó el progreso económico, sostuvo la introducción de la ciencia moderna, apoyó la publicación regular; pero su preocupación central, como la de todo el sistema borbónico, era el incremento del recaudo fiscal y el orden político. Cuando esos dos objetivos entraron en conflicto con los efectos culturales de las mismas reformas, no dudó: el orden y el recaudo tenían prioridad, y la Ilustración patrocinada podía ser recortada sin ceremonia.

La huella: salida, epílogo y lectura larga

Ezpeleta fue reemplazado el 2 de enero de 1797, tras casi ocho años de mando. La coincidencia entre el fin de su gobierno y el cierre del Papel Periódico —el último número, el 265, terminado en la página 1620, apareció el 6 de enero de 1797— dice todo lo que hay que decir sobre la dependencia institucional de aquella esfera pública ilustrada respecto de su patrón virreinal. Sin Ezpeleta protegiendo a Manuel del Socorro Rodríguez desde el cargo de bibliotecario real, el periódico se apagó. La represión post-Nariño ya había disciplinado a los letrados y clausurado el margen dentro del cual la publicación había prosperado.

Tras su virreinato en Nueva Granada, Ezpeleta fue promovido al Virreinato de Navarra, en la propia península, cerrando así el arco de una carrera que lo había llevado del Caribe militar al gobierno civil americano y de allí al escalón superior de la administración peninsular. Vivió aún largos años —moriría en 1823—, atravesando desde el poder, o desde su cercanía, la crisis de 1808, la invasión napoleónica y la definitiva desmembración del imperio americano que él había gobernado. No le tocó ver directamente la culminación del proceso que su virreinato había ayudado a incubar; pero le tocó ver, con la lucidez del veterano, cómo las piezas que se habían agitado bajo su mando —Nariño escapado en Europa, la elite criolla ilustrada, la memoria de los pasquines y de los Comuneros— se recomponían en el escenario nuevo de la crisis imperial.

La lectura larga de su virreinato exige una precisión doble. Por un lado, el desarrollo científico ilustrado, la conciencia de habitar un territorio distinto de la metrópoli y la apropiación de una ideología diferente al absolutismo monárquico crearon las condiciones para el proceso de Independencia, convirtiéndolo en un resultado indirecto e inesperado de las reformas borbónicas. La independencia neogranadina no fue el efecto directo de la Revolución francesa ni del ejemplo estadounidense, sino el destilado de una química interna en la que la propia Corona había vertido reactivos decisivos. Ezpeleta administró la fase en que esa química empezó a producir cambios visibles.

Por otro lado, sería un error hacerlo protagonista causal de un proceso mayor que él. La crisis de los 1790 fue ante todo estructural, hija de la fiscalidad borbónica, del bloqueo del ascenso criollo, de la memoria comunera y del temblor atlántico de la década revolucionaria. Ezpeleta fue un gestor competente, moderado, personalmente afable, atrapado en la contradicción de un sistema que le pedía simultáneamente cultivar la razón ilustrada y reprimir sus consecuencias políticas. Los sucesos de 1794-1797 resonaron con fuerza en la crisis imperial de 1808-1810 que precipitó la independencia, y en esa cadena —Comuneros de 1781, pasquines y Nariño de 1794, Junta Suprema de 1810— la etapa Ezpeleta ocupa el eslabón intermedio, el momento en que la esfera pública criolla se hizo visible por primera vez y fue disciplinada por primera vez.

Su huella en Colombia es, por eso, ambigua y por eso mismo indispensable. La historiografía nacional lo recuerda menos como represor que como el virrey del Papel Periódico y del episodio Nariño, como el gobernante bajo cuyo mando se articuló la primera crisis moderna del virreinato. La memoria santafereña conservó el afecto por el hombre —el paseo al Tequendama, la virreina hermosa y virtuosa, el camino a Zipaquirá— junto al recuerdo del gobierno que envió a Nariño a los calabozos de Cádiz. Ambas cosas son ciertas, y su convivencia es exactamente lo que hace de su virreinato una pieza tan difícil de reducir: en él se ve cómo un régimen puede querer, con sinceridad, ilustrar a sus súbditos, y verse forzado —por la lógica misma del proyecto— a castigarlos cuando la ilustración da su fruto político.

El Semanario del Nuevo Reino de Granada, que aparecería entre 1808 y 1811, ha sido leído como el escenario donde se expresó y consolidó una ideología criolla gestada hacia finales del siglo XVIII, en el mismo contexto de las reformas borbónicas. La línea que va del Papel Periódico al Semanario, y del caso Nariño a la Junta de 1810, pasa por el virreinato de Ezpeleta como por su nudo más apretado. Ese nudo —hecho de patrocinio ilustrado, contradicción interna y represión reactiva— es su verdadero legado. No fundó la conciencia criolla ni pudo impedir su desarrollo; le tocó ser el virrey durante el momento en que esa conciencia se hizo, por primera vez, texto impreso, causa judicial y expediente de sedición. Pocos funcionarios del imperio americano quedaron, sin quererlo, tan cerca del punto exacto donde la fábrica de la lealtad empezó a producir la materia prima de la ruptura.