José de Ezpeleta

La semblanza: un funcionario ilustrado en el filo del siglo

Ezpeleta llegó a la Nueva Granada precedido por una larga hoja de servicios militares y gubernativos. Había servido en campañas del Caribe vinculadas a Bernardo de Gálvez, gobernado La Mobila entre 1780 y 1781 y ejercido como gobernador y capitán general de Cuba entre 1785 y 1789. Estaba casado con María de la Paz Enrile y Alcedo —no María Josefa—, quien lo acompañó en Santafé y fue elogiada por cronistas posteriores. Llegó al virreinato como un funcionario experimentado de la monarquía, aunque esa trayectoria no permite atribuirle sin más dominio equivalente sobre hacienda, fronteras y todas las ramas del gobierno.

Su gobierno se inscribe en la fase madura de las reformas borbónicas. Recibió el mando de Francisco Gil y Lemos, quien había administrado interinamente después de Antonio Caballero y Góngora, y lo entregó a Pedro Mendinueta a comienzos de enero de 1797; las fuentes consultadas discrepan entre los días 2 y 3. En 1794 coincidieron en Santafé tres investigaciones relacionadas pero distintas: la de los pasquines, la de una tentativa de sublevación y la de la impresión de los Derechos del Hombre. Reunirlas en un único desmontaje de la esfera pública borra diferencias de autores, pruebas, cronología y desenlaces judiciales.

Cronistas y semblanzas posteriores recordaron favorablemente a Ezpeleta y a su esposa María de la Paz Enrile y Alcedo, elogiada por su belleza y virtudes. También le atribuyeron admiración por la Sabana y la organización de un paseo al Salto de Tequendama con familias distinguidas de la capital. Esos relatos documentan una memoria de sociabilidad virreinal, pero no prueban por sí solos un carácter bondadoso ni permiten medir cuánto afecto le profesó el conjunto de los santafereños. Conviene conservar la escena como tradición biográfica y no como retrato psicológico incontrovertible.

Los orígenes de un despotismo ilustrado tardío

La Nueva Granada de finales del siglo XVIII recibió el efecto acumulado de reformas fiscales y conflictos anteriores. Las estimaciones disponibles sitúan los ingresos ordinarios cerca del 2,95% del producto en 1761-1765 y del 10,39% en 1796-1800; son reconstrucciones económicas para quinquenios, no una tasa anual observada directamente. Otro cálculo de 2,4 millones de pesos anuales, con unos 770.000 procedentes de tabaco y aguardiente, corresponde a la última década del régimen colonial y rebasa ampliamente el gobierno de Ezpeleta. El alza de estancos, precios y controles contribuyó al descontento que estalló en 1781, junto con otros agravios políticos, locales y económicos.

Aquel movimiento, precipitado por las medidas del regente Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, había sido negociado por Caballero y Góngora en las Capitulaciones de Zipaquirá con Juan Francisco Berbeo, después anuladas una vez reforzada militarmente la capital. José Antonio Galán, que rechazó las condiciones y quiso continuar la lucha, fue apresado cerca de Onzaga, conducido a Santafé y ejecutado junto a otros cabecillas. La rebelión no fue un grito de independencia —distaba mucho de serlo—, pero expresó el deseo de un gobierno con cara más criolla y dejó en la memoria pública una huella que resonaría durante décadas. Cuando Ezpeleta tomó posesión, ese recuerdo estaba fresco tanto en el pueblo neogranadino como en las autoridades españolas, y condicionaba cualquier lectura oficial de la disidencia.

La Real Expedición Botánica había comenzado en 1783 por iniciativa virreinal de Caballero y Góngora y bajo la dirección de José Celestino Mutis. Ezpeleta heredó y sostuvo esa empresa científica, que articulaba conocimiento natural, utilidad económica y patronazgo imperial. Mutis había llegado en 1761 como médico del virrey Pedro Messía de la Cerda y enfrentó en 1774 una controversia sobre la enseñanza copernicana; Caballero, llegado como arzobispo en 1779, no pudo haber impedido una supuesta expulsión en la etapa inicial. Algunos integrantes de la Expedición participaron después en la Independencia, pero la historiografía reciente discute que el proyecto hubiera gestado de manera silenciosa y necesaria una conciencia nacional diferenciada.

Ezpeleta gobernó sobre una combinación de tensiones fiscales, memoria comunera, circulación ilustrada y noticias atlánticas. La Revolución francesa comenzó en 1789 y la experiencia estadounidense era anterior, pero su recepción en Nueva Granada fue desigual y mediada por impresos, rumores y redes letradas. Esos elementos contribuyeron al contexto de la crisis de 1794, sin demostrar que una fórmula de cuatro causas produjera necesariamente la primera crisis política moderna del virreinato ni que todos los actores interpretaran del mismo modo los acontecimientos externos.

La trayectoria: gobernar entre reformas, tertulias y sospechas

La relación de mando que Ezpeleta fechó en 1796 es una fuente central para estudiar cómo el gobierno describía la población, la enseñanza, la hacienda y la infraestructura del virreinato. Allí recomendó mejoras graduales y reconoció obstáculos para reorganizar asentamientos y jurisdicciones. Puede leerse como un ejemplo de prudencia administrativa, pero expresiones como temple moderado, ausencia de dramatismo o realismo interior son interpretaciones del tono documental, no rasgos psicológicos demostrados. La relación informa sobre prioridades y límites declarados por el gobierno saliente; no ofrece una ventana transparente a la personalidad del virrey.

En materia de enseñanza, Ezpeleta informó que se establecían escuelas públicas en barrios de la capital donde hacían falta, con maestros sostenidos por una dotación atribuida a Caballero y Góngora. Para poblaciones de fuera propuso financiar primeras letras con rentas de propios cuando las hubiera. También reconoció las dificultades de reformar corregimientos y de recaudar en lugares apartados mediante alcaldes anuales, sin salario y sujetos a redes locales. Su sucesor Mendinueta amplió después el diagnóstico sobre bajos sueldos, selección de funcionarios y abusos. El documento permite verificar esas observaciones; no el orgullo mesurado que el artículo atribuía a su autor.

Entre las obras públicas de su gobierno sobresalen el camino y los camellones hacia el norte de Santafé y el Puente del Común sobre el río Bogotá, pieza clave de la ruta a Zipaquirá. El puente de cinco arcos fue diseñado por el ingeniero Domingo Esquiaqui y quedó concluido el 31 de diciembre de 1792, según su inscripción. Estas intervenciones facilitaron el tránsito y el comercio, aunque su ejecución dependió de técnicos, trabajadores, financiamiento y autoridades locales y no debe reducirse a una destreza personal del virrey.

Ezpeleta gobernó una plaza militar delicada y en su relación informó sobre ejercicios e instrucción del regimiento auxiliar de Santafé. La composición social de las fuerzas, sin embargo, variaba por región, arma y período. El estudio de Allan J. Kuethe subraya que Santafé fue precisamente una guarnición donde los criollos no lograron dominar el cuerpo veterano debido a precauciones destinadas a conservar una fuerza leal. Por eso los porcentajes regionales o posteriores a 1800 no prueban que, durante el gobierno de Ezpeleta, la milicia santafereña se estuviera criollizando silenciosamente por la base.

La red: Mutis, Rodríguez, Nariño y los circuitos que patrocinó

Ezpeleta fue uno de los patronos institucionales de la cultura letrada. Por encargo suyo, Manuel del Socorro Rodríguez —nacido en Bayamo, no en La Habana— llegó a Santafé en 1790 y fue nombrado director de la Real Biblioteca. Rodríguez editó el Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá, cuyo primer número apareció el 9 de febrero de 1791 y cuya serie llegó al número 265 el 6 de enero de 1797. El periódico duró casi seis años, mientras el mando de Ezpeleta se extendió cerca de siete años y medio. Su salida y la pérdida de patronazgo pudieron influir en el cierre, pero las fuentes también mencionan penuria económica, críticas y dificultades de impresión; no permiten atribuirlo a una causa única ni probar una amistad personal previa entre ambos.

Ezpeleta sostuvo la Expedición Botánica, la Real Biblioteca, iniciativas de primeras letras y el Papel Periódico. Francisco Antonio Zea estuvo vinculado a la enseñanza y a la Expedición, pero su trayectoria política posterior no representa la de todos los naturalistas. Algunos científicos y letrados participaron después en la Independencia; otros siguieron rutas distintas, y sus posiciones cambiaron con la crisis monárquica. La imagen del despotismo ilustrado que cultivó la razón y cosechó necesariamente subversión es una interpretación retrospectiva. El patronazgo institucional está documentado; la intención íntima del virrey y una consecuencia política uniforme no lo están.

El punto de quiebre fue el proceso contra Antonio Nariño, antiguo tesorero de diezmos y propietario de la Imprenta Patriótica, donde trabajaba Diego Espinosa. En diciembre de 1793 tradujo e imprimió clandestinamente la declaración francesa a partir del tercer tomo de Historia de la Revolución de 1789 y del establecimiento de una Constitución en Francia, obra de François-Marie de Kerversau y G. Clavelin. El volumen pertenecía al capitán de caballería Cayetano Ramírez de Arellano, sobrino de Ezpeleta, quien se lo había prestado a Nariño. No era una obra de Galart de Montjoie ni un libro entregado personalmente por el virrey; por tanto, Ezpeleta no puso involuntariamente el texto en circulación mediante ese préstamo.

La impresión no provocó una reacción oficial inmediata: las autoridades la descubrieron durante las pesquisas abiertas después de los pasquines de agosto de 1794. Los expedientes sobre pasquines, tentativa de sublevación y Derechos del Hombre fueron tres causas distintas, aunque conectadas por la alarma oficial. Nariño fue encarcelado el 29 de agosto de 1794 y sentenciado el 28 de noviembre de 1795 a diez años de presidio en África, confiscación de bienes y destierro perpetuo de América. Escapó en Cádiz el 17 de marzo de 1796 y viajó por Francia e Inglaterra antes de regresar en 1797. Los demás acusados tuvieron procesos y resultados diversos; no cabe resumirlos como una sola causa de sedición seguida de absolución colectiva.

Los inventarios de la biblioteca de Nariño muestran una colección amplia y heterogénea de clásicos, historia, religión, derecho, medicina, ciencias y autores ilustrados. Las cifras varían según el momento y el inventario; una incautación registró 672 títulos en 1.803 volúmenes. Los libros circulaban por compra, préstamo y venta y no puede calificarse toda la colección como introducida clandestinamente. La biblioteca ayuda a reconstruir prácticas de lectura de una élite letrada, pero no es un mapa completo de una conciencia criolla única ni estaba ligada a un supuesto préstamo personal de Ezpeleta.

Nariño también enfrentaba un alcance en las cuentas de diezmos que administraba como tesorero. La confiscación de sus bienes y la actuación de fiadores entrelazaron el expediente fiscal con las consecuencias patrimoniales del proceso político. Nariño sostuvo después que había presentado finiquito y que no debía suma alguna; otras reconstrucciones discuten montos, plazos y responsabilidades. La evidencia consultada no permite afirmar como hecho cerrado que el caso de los Derechos del Hombre se hubiera fabricado para exigir fondos antes del vencimiento ni que sus créditos superaran inequívocamente la deuda. Son asuntos relacionados, pero jurídicamente distintos.

La crisis de 1794: pasquines, sedición y el reflejo del miedo

El 19 de agosto de 1794 aparecieron pasquines en Santafé, episodio investigado como posible desafío al orden colonial. Esa causa involucró a jóvenes como Luis Gómez, Pablo Uribe, José María Durán y José de Arellano y coincidió con pesquisas sobre una tentativa de sublevación. Durante esas averiguaciones salió a la luz la impresión hecha por Nariño meses antes. Las autoridades conectaron los episodios bajo una misma alarma frente a la sedición, pero los tramitaron en tres investigaciones distintas; por eso no corresponde presentar pasquines en diversas ciudades ni declarar que el impreso fue el detonante principal de todos los procesos.

La crisis tuvo un contexto atlántico: las experiencias francesa y estadounidense ofrecieron lenguajes políticos tanto a lectores como a autoridades. Su circulación en Nueva Granada fue selectiva y desigual, y no existe una medida única que permita ordenar cuál influencia fue mayor para toda la generación criolla. En el caso documentado, Ezpeleta no había facilitado el libro a Nariño; el volumen provenía de Cayetano Ramírez de Arellano. La reacción gubernativa puede estudiarse como parte del temor imperial a la sedición, sin convertirla en el súbito cambio de mirada provocado por un préstamo personal que nunca ocurrió.

La respuesta oficial ocurrió en un contexto de tensiones fiscales, competencia por cargos, memorias de 1781 y circulación atlántica de noticias e impresos. La historiografía pondera de manera distinta cada factor y no permite demostrar el contrafactual de que cualquier otro virrey habría actuado igual. Sí es verificable que bajo Ezpeleta coexistieron el patronazgo del Papel Periódico y de la Expedición con los procesos de 1794-1795. Leer esa coincidencia como prueba de que las reformas borbónicas generaron los instrumentos de su propia impugnación es una tesis interpretativa, no un hecho causal autosuficiente.

Expediciones, bibliotecas, periódicos y tertulias ampliaron espacios de lectura y sociabilidad dentro del orden monárquico. Algunos letrados usaron después esas competencias y redes en proyectos reformistas o republicanos, pero no todos compartieron una conciencia política homogénea ni la ciencia abierta funcionó como antesala necesaria de política clandestina. Los estudios sobre el Papel Periódico muestran además que difundió saberes ilustrados y propaganda de la monarquía, la Iglesia y el virrey. La relación entre esfera pública, identidad criolla e Independencia debe presentarse como debate historiográfico y no como una cadena ya resuelta.

La expresión despotismo ilustrado es una categoría analítica usada para describir gobiernos que promovieron conocimiento y reformas dentro de una monarquía autoritaria. Ezpeleta apoyó publicaciones, enseñanza, ciencia e infraestructura y, a la vez, defendió el orden real ante lo que las autoridades juzgaban sedición. La documentación fiscal confirma la importancia del recaudo, pero no demuestra que fuera su única preocupación ni permite afirmar qué pensó íntimamente cuando objetivos culturales y políticos entraron en tensión. Su gobierno combinó prioridades imperiales que a veces fueron compatibles y a veces conflictivas.

La huella: salida, epílogo y lectura larga

Ezpeleta entregó el mando a Pedro Mendinueta a comienzos de enero de 1797, tras cerca de siete años y medio de gobierno; las fuentes discrepan entre los días 2 y 3. El número 265 y final del Papel Periódico apareció el 6 de enero. La proximidad cronológica hace plausible que la salida de su patrono afectara la publicación, pero no prueba por sí sola una dependencia exclusiva. Las fuentes mencionan también penuria, críticas y dificultades de impresión. Tampoco permiten convertir el cierre en efecto directo de una disciplina general de los letrados después del proceso contra Nariño.

Ezpeleta no pasó directamente del gobierno de Nueva Granada al Virreinato de Navarra. En 1797 fue nombrado capitán general de Castilla la Nueva y gobernador del Consejo de Castilla y recibió el título de conde de Ezpeleta de Beire. Ejerció la Capitanía General de Cataluña desde 1807, atravesó la invasión napoleónica y sufrió cautiverio durante la guerra. Fue virrey de Navarra entre 1814 y 1820, cuando el inicio del Trienio Liberal puso fin al cargo. Murió en Pamplona el 23 de noviembre de 1823. Esa larga carrera está documentada; cualquier lucidez retrospectiva sobre la desmembración americana pertenece a la interpretación biográfica.

La relación entre Ilustración, conocimiento territorial e Independencia no es lineal. Una tradición historiográfica vio en la ciencia y la identidad criolla condiciones preparatorias de la ruptura; trabajos recientes advierten contra proyectar el desenlace republicano sobre instituciones creadas para servir al imperio. Las reformas proporcionaron recursos, lenguajes y espacios que distintos actores apropiaron de maneras cambiantes, junto con guerras, crisis de soberanía y conflictos locales posteriores. El gobierno de Ezpeleta forma parte de ese proceso, pero no puede identificarse como la fase en que una química interna empezó necesariamente a producir la Independencia.

La crisis de la década de 1790 admite explicaciones fiscales, corporativas, locales, imperiales y atlánticas, y Ezpeleta no fue su causa individual. También sería anacrónico describirlo simplemente como un funcionario atrapado por las consecuencias políticas inevitables de ilustrar a sus súbditos. Comuneros, pasquines, proceso contra Nariño y Junta de 1810 tuvieron actores, escalas y coyunturas distintas. La historiografía puede relacionarlos, pero no constituyen una cadena causal única ni prueban que bajo Ezpeleta la esfera pública criolla apareciera y fuera disciplinada por primera vez.

La memoria de Ezpeleta combina su patronazgo del Papel Periódico y de la Expedición con los procesos políticos desarrollados bajo su gobierno. Las escenas amables —el paseo al Tequendama y los elogios a María de la Paz Enrile y Alcedo— proceden de tradiciones biográficas que deben atribuirse. Nariño, por su parte, fue sentenciado por la Real Audiencia en 1795 y enviado hacia el presidio africano, aunque escapó en Cádiz en 1796. La coexistencia de patronazgo y represión es históricamente relevante, pero no demuestra que el proyecto ilustrado tuviera por lógica interna inevitable castigar el fruto político que él mismo había producido.

El Semanario del Nuevo Reino de Granada comenzó el 3 de enero de 1808, circuló semanalmente en 1808-1809 y tuvo una Continuación mensual desde 1810. Ha sido estudiado como un espacio de saber territorial e identidad criolla, pero su relación con el Papel Periódico, el caso Nariño y la Junta de 1810 no forma una línea recta. El legado de Ezpeleta reside en la coexistencia de patronazgo cultural, administración reformista y defensa del orden monárquico. No fundó una conciencia criolla ni fue el punto exacto en que la lealtad empezó a producir ruptura; esa fórmula pertenece a una lectura teleológica que la investigación debe matizar.