Pedro Mendinueta y Múzquiz

Un navarro en la carrera imperial

Mendinueta nació en Elizondo, en el valle de Baztán del reino de Navarra, en 1736. Provenía de esa hidalguía pirenaica que durante el siglo XVIII surtió a la monarquía española de oficiales, comerciantes de Cádiz, funcionarios de Indias y ministros; una red regional que operaba con eficacia dentro de la administración borbónica y que colocaba a sus hijos en cargos militares y de gobierno tanto en la península como en América. Los Mendinueta y los Múzquiz eran apellidos frecuentes en esa geografía de servicio al rey: Miguel de Múzquiz, contemporáneo y pariente, fue ministro de Hacienda de Carlos III.

Formado como oficial del ejército real, Mendinueta hizo la carrera clásica del militar de la segunda mitad del siglo: guarniciones peninsulares, ascensos por escalafón, servicios en campaña. Cuando fue designado virrey de la Nueva Granada y tomó el mando el 2 de enero de 1797, era ya un oficial maduro, de sesenta años, con la solidez profesional que la Corona buscaba para plazas expuestas. No era un cortesano ni un letrado; era un militar de administración, del tipo que Carlos IV y Manuel Godoy preferían para los virreinatos americanos en tiempos de guerra con Inglaterra.

Su nombramiento reemplazó a José de Ezpeleta, quien había gobernado desde 1789 y cuya gestión dejaba un balance ambiguo: obras públicas —entre ellas trabajos para facilitar el comercio entre Santafé y Zipaquirá—, buena relación con las familias distinguidas de la capital, paseos al Salto de Tequendama con la virreina, y también el escándalo de los Derechos del Hombre. Precisamente durante los últimos meses de Ezpeleta, Antonio Nariño había traducido e impreso, en su Imprenta Patriótica de la Plazuela de San Carlos, la Declaración francesa tomada de un tomo de la Historia de la Asamblea Constituyente de Galart de Montjoie que el propio virrey le había facilitado. La causa por sedición que siguió comprometió a Francisco Antonio Zea, catedrático de ciencias naturales en San Bartolomé y miembro de la Expedición Botánica, y al doctor Manuel Ignacio Fróes de Carvalho, Visitador de Boticas, entre otros; los presos fueron remitidos a España y allí absueltos. El último número del Papel Periódico, el 265, salió el 6 de enero de 1797, cuatro días después de que Ezpeleta entregara el mando. Mendinueta recibió, pues, un virreinato en el que la ilustración criolla había empezado a decir cosas peligrosas y la Corona ya había decidido perseguirlas.

Un virreinato sin intendencias

Para entender lo que Mendinueta podía y no podía hacer conviene detenerse en el aparato institucional que heredó. A diferencia de otros dominios americanos, en la Nueva Granada la Corona no implantó el régimen de intendencias que la Ordenanza del Río de la Plata había codificado. En su lugar, bajo Carlos III se creó la figura de la Regencia como sucedáneo administrativo. La Real Orden del 25 de marzo de 1783, dirigida a la Audiencia de Quito, adjuntaba esa Ordenanza rioplatense para que se adapte en lo que fuere adaptable: la fórmula misma revela la vacilación con que se aplicó el modelo. Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres había sido el primer regente designado, llegado a Santafé en 1778, y su gestión fiscal —restablecimiento del impuesto de barlovento, extensión de la alcabala, endurecimiento del estanco del tabaco— actuó como detonante de la insurrección de los Comuneros de 1781, aquel movimiento que a punto estuvo de tomar Santafé y que fue desmantelado con represión.

Esa historia, apenas dos décadas anterior, pesaba sobre el virreinato de Mendinueta. La estructura fiscal seguía siendo la que había provocado el estallido: los estancos de tabaco y aguardiente aportaban cerca de 770.000 pesos anuales, aproximadamente el 32% de los ingresos de la Corona, sobre un total que en la última década colonial promedió 2,4 millones de pesos al año. La renta del aguardiente, establecida por Real Cédula del 23 de septiembre de 1700 y administrada por arrendamiento en sus primeras décadas, había crecido continuamente entre 1760 y los años 1790 hasta convertirse, junto con el tabaco, en la columna del sistema; virreyes como Pedro Messía de la Zerda en 1772 y Manuel Guirior en 1776 la habían descrito como la renta más útil e importante del virreinato. La carga tributaria como porcentaje del producto, que antes de las reformas rondaba el 2,9%, había llegado a picos cercanos al 10,4% en algún quinquenio del período reformista y hacia 1810 se situaba en torno al 8,4%. La monarquía extraía mucho más que antes de un territorio que además arrastraba, a fines de siglo, una balanza comercial negativa cercana a 0,7 millones de pesos, corregida solo por el contrabando de oro no registrado —estimado en 0,36 millones y probablemente mayor.

Mendinueta era, dentro de esa maquinaria, la cabeza. Compartía autoridad con la Audiencia, con la Regencia, con los oficiales reales de las cajas, y estaba sujeto —como todos los funcionarios que manejaban caudales— a residencia, visita y fianza, mecanismos que la Corona nunca abandonó y que le permitían imponer sanciones. Podía nombrar corregidores, alcaldes ordinarios, escribanos; podía recomendar candidatos al rey; podía otorgar futuras, esos nombramientos anticipados que recompensaban servicios o gratificaban donaciones al tesoro. Pero no podía alterar la estructura fiscal, no podía suprimir estancos, no podía redistribuir tierras, no podía crear cuerpos militares sin autorización de Madrid. Su margen era el del diagnóstico, la ejecución y la gestión de crisis.

La lucidez del diagnóstico

Lo que hace a Mendinueta un virrey particular es la calidad de su mirada administrativa, condensada en la Relación de Mando que redactó al entregar el gobierno en 1803. Allí se lee un funcionario que ha entendido la maquinaria y sabe nombrar sus fallas.

Sobre la corrupción de la administración menor, su observación es punzante: nada es más difícil, escribió, que la elección de sujetos para los pequeños destinos —corregidores, recaudadores, escribanos—, porque al carecer de aliciente justo y permitido, se abre el recelo de que se abuse de la autoridad para existir a expensas del público. La fórmula, elegantemente eufemística, señalaba lo obvio: los cargos no pagaban lo suficiente para sostener honradamente a quienes los ocupaban, y el fraude era la salida. Los alcaldes ordinarios que manejaban la Hacienda en lugares apartados servían un año, sin sueldo, entre sus vecinos, y era ese arreglo, no la mala fe individual, lo que favorecía el desfalco de los derechos reales por parte de residentes, eclesiásticos y seculares acostumbrados a la práctica.

Sobre la estructura agraria, Mendinueta se atrevió a matizar a un antecesor. En 1803 declaró que Caballero y Góngora había exagerado la inactividad y vagancia de los pobres sin tierra, aquella imagen del vago itinerante que había justificado en los años 1780 el patrocinio de colonias agrícolas organizadas para asentar desposeídos sin tocar el latifundio. Reconoció, sin embargo, que el predominio de la gran propiedad traía consecuencias económicas y sociales indeseables y que los hacendados se quejaban de la pereza de los trabajadores. El diagnóstico tocaba un nervio: en el valle del Cauca, las grandes haciendas de Cali, Buga y Cartago abastecían las minas de Antioquia y del Chocó; en las tierras bajas del Pacífico, propietarios de Popayán explotaban con esclavos las minas de Barbacoas y del Chocó; hacendados poderosos habían cercado los pastos comunes en los caminos, obstaculizando el tráfico de las recuas de mulas del que dependía todo el comercio interior. El latifundio no era solo injusticia: era ineficiencia. Y sin embargo, Mendinueta no propuso reforma alguna. Registró la contradicción y siguió gobernando dentro de ella.

Sobre el fomento del comercio, trató en la Relación de la Sociedad Patriótica de Comercio que se estableció en Bogotá durante su gobierno; la institución, según su propio balance, se llevó a efecto sin mayores consecuencias. Era un reconocimiento honesto y un pequeño fracaso: en Mompox esas sociedades funcionaban desde 1784, promoviendo el cultivo del algodón, y en Cartagena desde 1787; en la capital, la iniciativa quedó en gesto.

La Relación de Mando de 1803 es, en conjunto, uno de los documentos más lúcidos sobre las contradicciones del virreinato tardío. Cartografía la fiscalidad extractiva, la burocracia mal pagada, el latifundio improductivo, el fomento comercial que no cuaja. Su autor, sin embargo, entregaba el mando sin haber alterado ninguna de esas realidades.

Las milicias y la costa amenazada

La dimensión donde Mendinueta pudo actuar con más decisión fue la militar, porque era su oficio y porque la coyuntura lo exigía. España había entrado en guerra con Inglaterra en 1796; su virreinato coincidió con años de amenaza sostenida sobre los puertos americanos, con Cartagena de Indias como pieza estratégica del sistema defensivo del Caribe hispánico.

El contraste que estructuraba la defensa neogranadina era brutal: la costa caribe contaba con milicias disciplinadas, entrenadas, integradas al fuero militar; el interior prácticamente carecía de estas fuerzas. Cartagena, Santa Marta y el litoral en general habían desarrollado desde décadas atrás una sólida cultura militar, con soldados bien vistos y admitidos en las ciudades, especialmente por matrimonio, que participaban en la vida social patricia —tertulias, bailes, recepciones—; una geografía comparable a la de Venezuela, donde las amenazas foráneas, la piratería, la vulnerabilidad costera y el contrabando habían definido una marcada vocación militar de la provincia. En el interior, en cambio, un regimiento auxiliar en Santafé hacía ejercicios de fuego con unos cuatrocientos hombres —excluyendo reclutas recién incorporados— y constituía casi toda la fuerza organizada de la capital. Oficiales y tropa fueron valorados positivamente por su instrucción, pero eran, en escala continental, muy poca cosa.

Mendinueta atendió la correspondencia militar con Álvarez, con Saavedra, con Zejudo, con Munive. Su gobierno se sostuvo sobre la premisa de que la defensa efectiva del virreinato se concentraba en la costa y que el interior quedaba, en términos militares, como un territorio administrado más que protegido. Esa asimetría —costa fortificada, interior desguarnecido— tendría consecuencias evidentes cuando en 1810 la ruptura política encontrara al virrey Amar y Borbón sin instrumentos coercitivos suficientes en Santafé.

Las reformas militares borbónicas habían incorporado a los pardos en las milicias y les habían extendido el fuero militar, otorgándoles privilegios legales y fomentando el orgullo corporativo de sectores que en Cartagena constituían una parte sustancial de los artesanos —zapateros, sastres, albañiles, plateros—, algunos con relativa prosperidad e incluso propietarios de esclavos. La militarización del Caribe neogranadino descansaba, en parte importante, sobre esa población parda armada e integrada al aparato defensivo. Era una de las tensiones más productivas y peligrosas del sistema.

La pureza de sangre en 1797

El mismo año de su llegada, Mendinueta tomó una decisión que ilumina los límites del reformismo borbónico mejor que muchas páginas de análisis. En 1797 impugnó la candidatura del doctor Alejandro Gastelbondo para una cátedra de anatomía y cirugía, argumentando que era de color pardo. La ley española exigía que los médicos latinos —los graduados universitarios— fueran hijos legítimos, y la legitimidad podía operar como mecanismo indirecto de diferenciación étnica; en el caso Gastelbondo, sin embargo, el argumento fue directamente racial. Los estatutos universitarios coloniales contemplaban requisitos de pureza de sangre que impedían el ingreso a los claustros, y el virrey los aplicó.

La decisión merece detenerse. Mendinueta gobernaba un virreinato donde los pardos sostenían buena parte de la vida artesanal urbana y una porción decisiva de las milicias que defendían Cartagena; su Corona los había incorporado formalmente al aparato militar y les había concedido fuero. Al mismo tiempo, ese mismo Estado —a través de su representante máximo en Nueva Granada— les cerraba las puertas de la enseñanza universitaria de la medicina invocando la mezcla de sangre. La contradicción no era solo del virrey: era del sistema. Pero fue Mendinueta quien firmó la impugnación, y la firmó pudiendo no hacerlo.

El caso Gastelbondo revela que las limitaciones del reformismo no eran solo estructurales sino también valorativas: cuando el margen de decisión existía, funcionarios ilustrados y competentes lo usaban para reforzar las jerarquías raciales. La ilustración administrativa borbónica podía diagnosticar el latifundio y proponer sociedades patrióticas de comercio, pero no discutía la pureza de sangre; podía calcular la balanza comercial y observar la vagancia, pero mantenía cerrada la cátedra de anatomía a un pardo cualificado.

Mutis, Humboldt, Caldas: la ilustración criolla

Mientras Mendinueta administraba, otra Nueva Granada trabajaba a su lado, con lógica propia. José Celestino Mutis, gaditano llegado décadas antes al virreinato, dirigía la Expedición Botánica y trabajaba en la Flora de Bogotá; había formado un herbario de veinte mil plantas e importantes colecciones de maderas y minerales. Su influencia era ya multigeneracional: había enseñado a Felipe Vergara y Caycedo en los años 1760, a Eloy Valenzuela en los 1770, y sus discípulos transmitían matemáticas y filosofía en el Colegio del Rosario. En el Colegio-Seminario de Popayán, José Félix Restrepo enseñaba filosofía de orientación científica desde los años 1780, y varios de sus estudiantes desarrollaron interés en las ciencias.

En julio de 1801, en pleno virreinato de Mendinueta, Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland llegaron a la Nueva Granada. Humboldt visitó a Mutis en Bogotá y la visita se prolongó dos meses, durante los cuales conversaron sobre botánica, biogeografía, geografía del Magdalena, propiedades medicinales de plantas y fenómenos naturales. Fue en esos años cuando Francisco José de Caldas, comisionado por Mutis, recorrió y estudió los bosques del Ecuador y luego regresó a hacerse cargo del Observatorio. Jorge Tadeo Lozano publicaba en el Correo Curioso un estudio sobre el fomento del comercio activo del Reino sin perjuicio del de España; era, entre líneas, un ejercicio de imaginación económica autónoma dentro de los marcos permitidos.

La Relación de Mendinueta mencionó la Botánica como parte del panorama que entregaba; su gobierno no la persiguió ni la obstaculizó. Pero tampoco la impulsó de manera transformadora. La ilustración criolla que operaba en Santafé, Popayán, Mompox y Cartagena durante su virreinato constituyó una dinámica intelectual que corría paralela a la administración colonial, tolerada más que fomentada, y que estaba tejiendo, sin saberlo del todo, la red de figuras que en 1810 encabezaría la ruptura. Caldas, Zea, Lozano, Nariño, Restrepo: la nómina de la Expedición Botánica y sus vecinos intelectuales es también, con dolorosa precisión, la de los patriotas de la Primera República y los mártires del régimen del terror pacificador de 1816.

Mendinueta no vio esa línea, o no quiso verla. Gobernó suponiendo que la ilustración administrativa borbónica y la ilustración criolla eran variantes compatibles de un mismo proyecto imperial. La escisión entre ambas —que Nariño ya había anticipado con los Derechos del Hombre y que estallaría con la invasión napoleónica— era precisamente lo que su virreinato no supo, no pudo o no quiso procesar.

La frontera y las castas

El territorio que Mendinueta administraba era heterogéneo hasta la incoherencia. La costa atlántica —Cartagena, Santa Marta— tenía función esencialmente comercial, con ricas comunidades de españoles y criollos y una población en gran parte de castas: mestizos de origen africano, negros libres, pardos, mulatos. Las tierras bajas del Pacífico —Chocó, Barbacoas— eran zonas de minería esclavista dependientes de propietarios de Popayán. El valle del Cauca abastecía con haciendas a las minas del norte y del occidente. En Socorro y Pamplona los habitantes se agrupaban en pequeñas parroquias rodeadas de una agricultura de grandes y medianos propietarios blancos, con numerosos artesanos. En Antioquia, donde la población libre se sentía blanca, la principal actividad era la minería de aluvión. La frontera de La Guajira permanecía indígena y contrabandista, escapando en buena medida al control colonial. Panamá y Portobelo languidecían tras el fin del sistema de flotas.

Este mosaico no era gobernable con un solo instrumento. Cada región tenía su economía, su composición étnica, su relación con el Estado, su historia de resistencia o de acomodación. Mendinueta gestionó ese archipiélago desde Santafé sin herramientas para transformar ninguna de sus piezas: los estancos apretaban parejo, la burocracia menor operaba fragmentada, la Iglesia mediaba en la vida local, los cabildos criollos ganaban autonomía práctica. El crecimiento demográfico del virreinato —especialmente de los criollos— generaba mayor participación en los problemas públicos y una actitud crítica más activa frente a la administración colonial; los sectores mestizos empujaban desde abajo. Mendinueta lo percibió lo suficiente como para consignar la tensión en su Relación, pero no dispuso de resortes para intervenir.

Su política respecto a la Guajira y las fronteras indígenas se enmarcó en la lógica defensiva heredada: mantener presencia mínima, negociar tolerancias, evitar guerras costosas, contener el contrabando en la medida de lo posible. Los indios de la península seguían siendo, al final de su mandato, una sociedad autónoma dentro del virreinato nominal.

El relevo y el epílogo

Antonio Amar y Borbón, nacido en 1742, llegó a Santafé en septiembre de 1803 para asumir el virreinato. Mendinueta le entregó el mando junto con la Relación en la que había volcado sus diagnósticos. Amar gobernaría hasta 1810, y bajo su mando —en un contexto radicalmente distinto, con la invasión napoleónica de España y la crisis de legitimidad monárquica— se desarrollarían los sucesos que desembocaron en el pronunciamiento del 20 de julio. Los contemporáneos y la historiografía posterior lo caracterizarían como personaje opaco y pusilánime, incapaz de dar la orden de reprimir militarmente los eventos por temor a hacerse responsable de la sangre derramada; su esposa mostró, según los testigos, mayor entereza y le reprochó su cobardía.

El contraste con Mendinueta es instructivo. El navarro había sido un funcionario firme, ilustrado en el sentido administrativo del término, capaz de escribir diagnósticos que aún hoy sirven para entender el virreinato. Y sin embargo, la maquinaria que dejó a Amar era la misma que entregaría el poder cuando la coyuntura atlántica lo exigiera: una fiscalidad dependiente de estancos, una burocracia sin salarios dignos, un interior sin milicias serias, un latifundio improductivo, una élite criolla ilustrada que había leído a Nariño y conversado con Humboldt. Las reformas borbónicas habían generado además una discriminación creciente hacia la élite criolla por parte de las autoridades peninsulares, que constituiría uno de los estímulos del 20 de julio.

Cuando en 1810 la masa del pueblo actuó por instigaciones —el plan y secreto de la revolución estaban entre unos pocos— dejando explotar sus antipatías y resentimientos contra algunos españoles, el andamiaje que Mendinueta había administrado se vino abajo con una rapidez que sugiere hasta qué punto había estado sostenido por inercia más que por adhesión. Un regimiento traído de Cartagena para proteger el dominio colonial, el arresto de Nariño y otros, el rechazo criollo a la designación de regidores españoles: todos los elementos de la ruptura habían estado ya presentes, en germen, durante el virreinato de Mendinueta.

De regreso en España, Mendinueta continuó su carrera en la administración militar y de gobierno. Sirvió en distintos cargos durante los años difíciles de la invasión francesa, la Constitución de Cádiz, la restauración fernandina, el Trienio Liberal y la segunda restauración absolutista. Murió en 1825, con casi noventa años. Vivió lo suficiente para saber que la Nueva Granada que él había gobernado ya no existía: Bolívar y Santander habían sellado la independencia con las campañas del Norte, Boyacá se había ganado en 1819, Colombia era una república. El virreinato que su Relación de 1803 describía con tal precisión había sido, en realidad, el último informe detallado de un mundo en vísperas.

Una figura y su marco

La historiografía colombiana tendió durante mucho tiempo a tratar a los virreyes borbónicos tardíos con una mezcla de indiferencia y condescendencia: administradores de un régimen agotado, figuras de tránsito hacia el drama independentista. Mendinueta escapó relativamente al olvido por la calidad de su Relación de Mando, texto que los historiadores económicos y sociales han utilizado con frecuencia por lo que dice sobre estancos, latifundio, comercio y burocracia. Su nombre aparece como fuente antes que como sujeto: se lo cita para entender el virreinato, no se lo estudia como problema.

Este ángulo tiene un costo. Mendinueta no fue un simple observador de las contradicciones que registró. Fue el funcionario que las administró, y en decisiones concretas —el caso Gastelbondo, la Sociedad Patriótica que no prosperó, la militarización asimétrica, la matización sin consecuencias del diagnóstico sobre la vagancia— reveló que la lucidez diagnóstica no bastaba y no siempre quería bastar. El reformismo borbónico tardío, en su encarnación neogranadina, produjo funcionarios capaces de nombrar los problemas del pacto colonial pero incapaces —por instrumentos, por valores, por coyuntura— de transformarlos.

Verlo así permite entender mejor el paso siguiente. Cuando en 1810 los criollos ilustrados —los mismos que habían crecido en la sombra intelectual de Mutis, los mismos que habían leído a Nariño, los mismos a los que las reformas borbónicas habían empezado a excluir— llenaron el vacío de poder abierto por la invasión napoleónica apoyándose en la teoría de que la soberanía retornaba al pueblo en ausencia del monarca, lo hicieron sobre un terreno preparado por administradores como Mendinueta: terreno diagnosticado, cartografiado, descrito y no reformado. Los mapas que él dejó en 1803 sirvieron después, aunque no como él hubiera querido, para orientar la ruptura.

Pedro Mendinueta y Múzquiz merece el lugar exacto que le corresponde en la historia colombiana: no el del gran virrey ni el del funcionario mediocre, sino el del testigo administrativo del reformismo borbónico en su fase de rendimientos decrecientes. Un hombre que hizo bien su oficio, que escribió con talento sobre un virreinato que se le fue configurando en las manos, y cuya honesta impotencia —diagnosticar sin transformar— pertenece más al régimen que él representaba que a su persona. La Nueva Granada que entregó en septiembre de 1803 era, en muchos aspectos, la misma que la Corona había recibido de los Comuneros veintidós años antes. Que en solo siete años más se hubiera perdido no era, en el fondo, un accidente.