Las reformas borbónicas en la Nueva Granada

¿Por qué fracasaron las reformas borbónicas en la Nueva Granada?

Entre 1750 y 1810, la monarquía española intentó rehacer su imperio americano desde la lógica de la razón fiscal, la utilidad de las ciencias y el mando peninsular. En la Nueva Granada, ese esfuerzo tomó forma de estancos ampliados, alcabalas endurecidas, gobernadores traídos de la península, cátedras reformadas, una Expedición Botánica y una visita general que en 1781 provocó el mayor levantamiento popular del imperio en el siglo XVIII. La paradoja es célebre: la misma Corona que estanca el tabaco financia a Mutis; el mismo virrey-arzobispo que negocia con los Comuneros patrocina la ciencia útil; el mismo régimen que forma a la élite criolla ilustrada es el que esa élite terminará impugnando. La pregunta que organiza esta ficha —por qué fracasaron las reformas y qué significa que fracasaran— es también la pregunta por cómo una modernización imperial fabricó, en un mismo movimiento, su instrumento y su fosa.

¿Qué está en juego al formular la pregunta?

Las reformas borbónicas en Nueva Granada admiten dos grandes lecturas, no del todo compatibles entre sí. La primera las presenta como un proyecto internamente contradictorio: al racionalizar el fisco, promover las ciencias útiles y formar una élite ilustrada, la Corona habría producido —involuntariamente— los sujetos, los saberes y el vocabulario político que harían inviable el orden colonial. La independencia sería, en esta lectura, un efecto no deseado pero lógico de la propia modernización imperial. La segunda lectura es más terca y menos hegeliana: el fracaso reformista no se explica por una dialéctica del espíritu ilustrado, sino por un hecho social muy concreto —la captura del aparato administrativo local por élites criollas terratenientes, mineras y comerciantes que convirtieron cada medida centralizadora en agravio, y la presión fiscal directa sobre campesinos, artesanos y pequeños cultivadores que aportó el combustible plebeyo. La independencia, entonces, no es fruto maduro de una contradicción filosófica, sino salida negociada de una fractura social que la propia élite criolla encauzó y traicionó.

Escoger entre ambas lecturas tiene consecuencias. Si las reformas fracasaron por su propia lógica contradictoria, la independencia neogranadina se inscribe en el ciclo ilustrado atlántico, hermana del norteamericano y del francés. Si fracasaron por captura terrateniente, se trata más bien de la consumación de un pacto interno de élites que preservó las jerarquías coloniales bajo bandera republicana —y así se explica por qué el siglo XIX colombiano fue tan conservador, tan lento en abolir la esclavitud, tan reticente al reparto de tierras. Ambos registros deben sostenerse a la vez, sin colapsar uno en el otro.

¿Qué defiende cada lado del debate?

La lectura de la contradicción performativa tiene apoyos sólidos. La Corona borbónica llegó al poder con la convicción, heredada de Campomanes y luego articulada por José de Gálvez, de que las colonias americanas debían gobernarse con lógica útil: recursos naturales explotados con criterio científico, fisco racional, administración meritocrática, iglesia sometida al patronato regio. En la Nueva Granada, esa convicción se tradujo en la creación efectiva del virreinato bajo los primeros Borbones, la expulsión de los jesuitas —vistos como cuerpo díscolo con sus reducciones autónomas y sus doctrinas jurídicas subversivas—, la prohibición de las obras de Suárez y de la enseñanza del derecho natural, y una insistencia programática en que audiencias y cabildos habían sido, bajo los Austrias, demasiado autónomos. La Real Expedición Botánica, fundada en 1783 con Mutis a la cabeza y patrocinada por el arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora, cristaliza esta ambición: la ciencia como herramienta del control metropolitano y de la explotación racional de los recursos.

El problema es que esta misma política formó, en las últimas décadas del siglo XVIII, a una generación de neogranadinos que se educó bajo el signo de la ciencia útil y terminó imaginando el territorio como propio. Mutis, llegado en 1761 como médico del virrey Pedro Messía de la Cerda, enseñó las tesis de Copérnico en Santafé pese a la oposición de los dominicos. En torno a su cátedra y su correspondencia se tejió, a lo largo de dos décadas, una red de discípulos: Felipe Vergara y Caycedo en los años sesenta, Eloy Valenzuela en los setenta, ambos luego transmisores de matemáticas y filosofía natural en el Colegio del Rosario. José Félix Restrepo enseñó filosofía orientada a la ciencia en San Bartolomé entre 1778 y 1781, y luego en Popayán. Francisco José de Caldas, formado en esa red, editó el Semanario del Nuevo Reino de Granada entre 1808 y 1810, donde se articuló una imagen del territorio como espacio abundante, distinto, propio. A este núcleo se sumaron las publicaciones y tertulias que dieron cuerpo público a la nueva sensibilidad: el Papel Periódico de Santa Fe, el Correo Curioso fundado en 1801 por Jorge Tadeo Lozano y José Luis de Azuola, los círculos donde circulaban Francisco Antonio Zea y Camilo Torres. Todo ese tejido intelectual fue posible por, y no a pesar de, la política borbónica.

La lectura contraria —la de la captura local— también tiene su fuerza. Los cabildos neogranadinos, con regidores que compraban sus puestos, permanecieron mayoritariamente en manos criollas durante todo el período, resistiendo los intentos virreinales de nombrar regidores adicionales. La élite payanesa, enriquecida con las minas esclavistas del Chocó y Barbacoas y con las haciendas del valle del Cauca que las abastecían, mantuvo su hegemonía regional intacta. Los comerciantes criollos que vivían del contrabando y del comercio intercolonial siguieron operando pese a las restricciones metropolitanas. Los productores textiles del Socorro y Pamplona —cuya producción de algodón se estimaba en un millón de pesos hacia la época de los Comuneros— controlaban una economía interior que la Corona nunca logró penetrar del todo. Fue este entramado el que absorbió, desvió y neutralizó cada medida borbónica; y fue también este entramado el que, cuando la presión metropolitana se volvió intolerable en 1781, se subió al descontento plebeyo, lo dirigió y lo desactivó.

¿Qué dicen las cifras y los estancos?

La transformación fiscal borbónica en Nueva Granada fue real y medible. La carga tributaria se triplicó con creces: de cerca del 2,9% del PIB antes de las reformas pasó a rondar el 10,4% a comienzos del siglo XIX. En la última década colonial, los estancos de tabaco y aguardiente aportaban unos 770.000 pesos, aproximadamente un tercio de los 2,4 millones que la Corona recaudaba en el virreinato. El aguardiente había sido estancado por real cédula del 23 de septiembre, tras el fracaso de prohibiciones previas que se remontaban al menos a 1697; su renta creció de manera sostenida entre 1760 y la década de 1790. El tabaco, junto con la sal, completaba el trípode de los monopolios estatales.

Este esfuerzo tuvo un nombre y una fecha: Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, nombrado regente visitador en 1778 en el marco de la política diseñada por Gálvez desde Madrid, con la finalidad expresa de financiar la guerra contra Inglaterra y la defensa del litoral caribe. Gutiérrez de Piñeres restableció el impuesto de la Armada de Barlovento, extendió la alcabala a nuevos productos y reorganizó el estanco del tabaco mediante minuciosas ordenanzas: cuatro zonas de cultivo autorizadas —Ambalema, Girón, Pore-Nunchía y Palmira— y seis administraciones y factorías para todo el virreinato. La consecuencia inmediata fue que numerosas regiones y pueblos que antes cultivaban tabaco libremente quedaron excluidos de la producción legal, sometidos a precios de compra reducidos por el estanco y a precios de venta al consumidor incrementados. La ejecución del impuesto incluía además la arbitrariedad ordinaria de los recaudadores, que Francisco Silvestre describiría más tarde en términos de vejaciones y fraudes cometidos con instrucciones secretas y facultades extraordinarias.

La distribución del agravio no fue homogénea, y esto importa. Sobre los pequeños cultivadores de tabaco del oriente neogranadino y sobre los artesanos textiles del Socorro, la reforma cayó como amenaza directa a la subsistencia. Sobre los grandes comerciantes criollos, como restricción a los circuitos de contrabando e intercolonial en los que se venían enriqueciendo. Sobre la élite política criolla, como desplazamiento: para 1794 los gobernadores militares eran casi todos españoles peninsulares, y aunque los cabildos seguían en manos criollas, el cursus honorum del gobierno virreinal se había cerrado. Cuando Manuela Beltrán rompió el edicto de nuevos impuestos en la oficina de Socorro el 16 de marzo de 1781, activó una coalición cuyos componentes tenían agravios distintos y expectativas distintas —y esa heterogeneidad determinaría el curso de la revuelta.

¿Cómo se articuló y se rompió la coalición comunera?

El levantamiento se extendió con rapidez inusual. En pocas semanas, Socorro, San Gil, Pamplona, Vélez y Cúcuta se sumaron; grupos armados se formaron en decenas de pueblos del oriente y los llanos; una columna marchó hacia Zipaquirá. El 8 de mayo de 1781 las tropas gubernamentales fueron derrotadas y Gutiérrez de Piñeres huyó a Cartagena, donde se hallaba el virrey Manuel Antonio Flórez supervisando las defensas frente a los ingleses. El 15 de mayo, la junta de tribunales de Santafé —tratando de contener el avance— acordó la rebaja de impuestos, la extinción de la Armada de Barlovento y la supresión de las guías y tornaguías establecidas por el regente. Era ya tarde: los comuneros exigían garantías, no promesas.

Las Capitulaciones de Zipaquirá fueron negociadas por Juan Francisco Berbeo en representación de los rebeldes y por el arzobispo Antonio Caballero y Góngora en representación de la Corona. Incluían la extinción del impuesto de la Armada de Barlovento, la reducción de alcabalas y estancos, la fijación de precios máximos para el aguardiente —seis pesos por jarro grande, dos reales por botella—, una contribución diferenciada para indígenas y mulatos, y la preferencia de los criollos americanos en los cargos del virreinato. Este último punto es decisivo: la élite criolla que dirigía la negociación entendía la crisis, además de fiscal, como un problema de acceso al poder. Los pequeños cultivadores del Socorro no marcharon a Zipaquirá reclamando cargos; marcharon reclamando precios y libertad de siembra. La coalición fue estratégica y transitoria, viable en un momento específico para actores que ocupaban posiciones distintas en la sociedad colonial.

José Antonio Galán entendió lo que estaba en juego. No creyó en las promesas del arzobispo, consideró que las Capitulaciones habían sido aprobadas demasiado pronto y trató de sostener el movimiento con una nueva marcha hacia Santafé prevista para el 15 de octubre de 1781. Fue aprehendido dos días antes cerca de Onzaga. El virrey Flórez, desde Cartagena, rechazó las Capitulaciones con un argumento que resume la posición borbónica: tenían "un defecto incorregible: que se habían negociado con amenaza de violencia". Galán fue ejecutado el 1 de febrero de 1782, ahorcado y descuartizado junto con Isidro Molina, Lorenzo Alcantuz y Manuel Ortiz; su cabeza fue expuesta en Guaduas, la mano derecha en el Socorro, la izquierda en San Gil, el pie derecho en Charalá, el pie izquierdo en Mogotes. La sentencia declaró la infamia de su descendencia, confiscó sus bienes, ordenó demoler su casa y sembrar sal en el solar. La orden fue explícita: borrar su memoria. Al menos parcialmente, se cumplió: el primer libro historiográfico importante sobre los Comuneros, el de Manuel Briceño, se publicó en Bogotá en 1880, casi un siglo después de los hechos.

La ejecución de Galán y el rechazo virreinal de las Capitulaciones muestran que la Corona reconocía dos amenazas distintas y las trataba distinto. Con la élite criolla se podía negociar, retroceder, prometer preferencias; con el descontento plebeyo radical no había pacto posible. La distinción es constitutiva del orden borbónico, y su desactivación en Zipaquirá prefigura, con precisión inquietante, la forma que tomará la independencia treinta años después: un proyecto de élite que se apropia del vocabulario popular para desactivar su radicalidad.

¿Por qué la Ilustración patrocinada terminó siendo perseguida?

Mientras el fisco endurecía y los pueblos ardían, la Corona invertía en una empresa que parecía —solo parecía— pertenecer a otro registro. La Real Expedición Botánica, fundada en 1783 y dirigida por Mutis desde su primera sede en la Mesa de Juan Díaz, fue concebida con fines pragmáticos: descubrir las propiedades comerciales de la quina y otras plantas, inventariar los recursos aprovechables del virreinato, fortalecer la economía española y consolidar el control metropolitano sobre el territorio. Caballero y Góngora, arzobispo y luego virrey, la patrocinó institucionalmente y en paralelo promovió una reforma del plan de estudios universitarios para sustituir las ciencias especulativas por las exactas y útiles —continuando en cierto modo el plan que el fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón había impulsado entre 1764 y 1780 sin llegar a aplicarlo plenamente.

El efecto de esta política sobre la conciencia criolla fue el que la Corona no había calculado, pero que retrospectivamente parece obvio. La Expedición produjo una nueva imagen del territorio: rico, singular, susceptible de conocimiento sistemático. Los pintores formados por Mutis en sus escuelas de ilustración botánica dibujaron una flora indisimuladamente americana. Mutis mantuvo correspondencia con Linneo —quien le dedicó la mutisia— y recibió la amistad de Humboldt y Bonpland en su visita al virreinato. La ciencia que la Corona financiaba para explotar mejor los recursos formaba, al mismo tiempo, un sentido de pertenencia territorial diferenciado. La intelligentsia criolla entre 1760 y 1800 compartió con los ilustrados españoles del reinado de Carlos III las mismas preocupaciones —rechazo al escolasticismo, entusiasmo por la ciencia moderna, fe en la utilidad social del conocimiento—, pero las aplicó a un territorio que iba dejando de ser una provincia lejana para volverse una patria posible.

Antonio Nariño lleva la paradoja al punto en que se vuelve política. Recaudador de la Tesorería de Diezmos, dueño de una biblioteca introducida clandestinamente que incluía clásicos griegos y latinos, filosofía, ciencias naturales y a los enciclopedistas franceses, Nariño imprimió en su Imprenta Patriótica de Santafé, hacia finales de 1793 o 1794, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El texto le llegó a través de un libro del autor realista Christophe Félix de la Touloubre, Montjoie, que transcribía la Declaración de 1789 con sus diecisiete artículos —Nariño la tradujo del francés al español antes de imprimirla. Las autoridades virreinales, que en la década de 1780 habían tolerado o incluso promovido la Ilustración científica, reaccionaron con alarma: calificaron el documento de sedicioso y alertaron a Quito, Caracas y otras ciudades del imperio. Nariño fue condenado a diez años de cárcel, extrañamiento perpetuo de América y confiscación de sus bienes. La acusación política fue acompañada de un desfalco fabricado —lo obligaron a restituir fondos antes del vencimiento de su cargo, cuando sus créditos superaban la suma adeudada, algo contrario a la práctica habitual.

El caso Nariño marca el giro de las propias autoridades. La Corona que había financiado a Mutis, patrocinado la Expedición y promovido las ciencias útiles se encontró en la década de 1790 —bajo el impacto de la Revolución francesa y del gobierno republicano estadounidense— reprimiendo las corrientes de pensamiento político que se habían formado en el mismo suelo que la ciencia útil. La Ilustración era divisible en teoría pero indivisible en la práctica; quienes leían a Linneo también leían, o querían leer, a Montesquieu y a Rousseau. Nariño mismo criticaba los estancos de tabaco y aguardiente como trabas feudales al desarrollo económico y proponía sustituir las alcabalas internas por un impuesto directo de capitación —aunque, con matiz revelador, defendía la conservación del monopolio de la sal. La élite ilustrada criolla no era antifiscal en general: era antifiscal en aquello que la afectaba, e ilustradamente selectiva en lo demás.

¿Entonces, por qué fracasaron?

Ambas tesis son verdaderas y ninguna basta por separado. Las reformas borbónicas fracasaron en la Nueva Granada porque operaron simultáneamente en dos registros que la propia Corona no supo mantener articulados.

En el registro fiscal-administrativo, el fracaso fue mediado por la captura local. La élite criolla —regidores de cabildos, hacendados del Cauca, comerciantes de contrabando, mineros esclavistas de Popayán y Antioquia, productores textiles del Socorro— absorbió el centralismo como agravio de privilegio herido, no como amenaza a la subsistencia. Cuando el descontento plebeyo se desbordó en 1781, esa misma élite lo capitaneó en la marcha a Zipaquirá, negoció una salida que preservó las jerarquías (los indígenas y mulatos quedaban con una contribución diferenciada, no abolida) y agregó a la lista fiscal una reivindicación estrictamente elitista: la preferencia de los criollos americanos en los cargos. Cuando Galán intentó sostener la radicalidad plebeya, la élite negociadora lo dejó caer. Este patrón —élite criolla que se sube al descontento popular para pactar arriba y desactivar abajo— es exactamente el que reaparecerá en 1810 y da cuenta del carácter conservador y elitista de la independencia neogranadina, su lentitud en abolir la esclavitud, su reticencia a redistribuir la tierra, su continuidad con las jerarquías coloniales bajo nombres republicanos.

En el registro cultural-epistémico, sin embargo, la captura local no basta como explicación. La Corona sí produjo, involuntariamente, un vocabulario y unos sujetos que ninguna maniobra terrateniente podría haber generado por sí sola. La Expedición Botánica, las cátedras reformadas, la circulación de prensa científica, las tertulias, la biblioteca clandestina de Nariño y la traducción de los Derechos del Hombre formaron una élite ilustrada que aprendió a leer el territorio como propio y las instituciones coloniales como reformables o suprimibles. Sin este segundo registro, el descontento fiscal habría sido una revuelta más —numerosas en el imperio, todas aplastadas o negociadas— y no la matriz de una independencia. Con este segundo registro, y con la crisis imperial de 1808-1810 detonada por la invasión napoleónica a España, el descontento fiscal encontró una teoría —la reversión de la soberanía al pueblo—, una geografía —el territorio propio— y unos sujetos —los criollos ilustrados formados por la propia Corona— que lo convirtieron en proyecto político.

La pregunta inicial admite entonces una respuesta que se niega a ser síntesis. El régimen borbónico quiso modernizar sin democratizar, centralizar sin negociar con las élites locales que sostenían el aparato colonial en el terreno, e ilustrar sin controlar las derivaciones políticas de la ciencia útil. Las tres apuestas se traicionaron entre sí en tiempos distintos: la fiscal se estrelló contra la coalición socorrana y su tutela criolla en 1781; la administrativa quedó desactivada en la negociación de Zipaquirá y confirmada en el patíbulo de Galán; la ilustrada se volvió contra la Corona en la imprenta de Nariño y en el Semanario de Caldas. La independencia neogranadina no resuelve estas tres derrotas: las hereda simultáneamente. De ahí que sea, a la vez, la revolución elitista que Berbeo hubiera reconocido y la república ilustrada que Nariño no alcanzó a fundar —dos proyectos incompatibles cohabitando bajo una misma bandera, y por eso mismo condenados a repetir, ya sin Corona, la fractura que los engendró.