Patricia Tobón Yagarí

Una jurista embera en la maquinaria del posacuerdo

En la fotografía institucional de los once comisionados y comisionadas que firmaron el Informe Final de la CEV —presidido por el jesuita Francisco José de Roux Rengifo y con Mauricio Katz García como secretario general— la figura de Patricia Tobón Yagarí condensa una particular densidad simbólica. Es mujer, es indígena, es abogada, y proviene de un pueblo, el embera chamí, cuya experiencia del conflicto armado la CEV documentó con especial detalle en el tomo étnico titulado Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia. Los créditos institucionales la ubican como parte del cuerpo colegiado que firma volúmenes tan distintos como el dedicado a los impactos y resistencias frente a la guerra y el que aborda las experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto: la misma lista, idéntica en cada tomo, la nombra siempre entre pares.

Ese lugar —el de comisionada— llegó tras dos décadas de trabajo en el movimiento indígena colombiano y en la asesoría jurídica de comunidades embera afectadas por megaproyectos, desplazamientos y despojos. La secuencia que la llevó de allí a la Dirección de la Unidad para las Víctimas, en agosto de 2022, no fue una carrera política convencional: fue el desplazamiento de una defensora hacia el corazón del aparato que reconoce, registra y repara a los ocho millones largos de colombianos inscritos en el Registro Único de Víctimas. Que una mujer embera chamí ocupe ese despacho no era imaginable en Colombia hasta hace muy pocos años.

Orígenes: Risaralda y el territorio embera chamí

Patricia Tobón Yagarí nació en el departamento de Risaralda, en el centro-occidente de Colombia, territorio histórico del pueblo embera chamí. Risaralda es un departamento de cordillera doble: se extiende desde las cumbres de la cordillera Central —donde los nevados de Santa Isabel y del Quindío superan los 4.500 metros— hasta las estribaciones de la cordillera Occidental que se descuelgan sobre la llanura del Pacífico, con el cerro de Tatamá coronando por encima de los 4.000. Limita al norte con Antioquia y Caldas, al oriente con Tolima, al sur con Quindío y Valle del Cauca, y al occidente con Chocó. Esa geografía —bisagra entre los Andes cafeteros y el Pacífico selvático— es también la geografía histórica del pueblo embera, que en Colombia se diferencia en varios subgrupos reconocidos como etnias distintas: embera chamí, embera katío y embera eperara, junto con la referencia lingüística del embera waunano.

El apellido Yagarí, materno según la costumbre embera de conservar la marca de linaje, la inscribe en una genealogía comunitaria concreta. En el municipio de Pueblo Rico, en el occidente de Risaralda, existe el resguardo indígena Gitó Dokabú —oficialmente reconocido como territorio embera katío—, y el corregimiento de San Antonio de Chamí concentra población mayoritariamente indígena en la misma zona. La distinción entre embera chamí y embera katío no siempre corresponde a fronteras territoriales netas: los resguardos y comunidades del occidente de Risaralda y del oriente de Chocó comparten tramas de parentesco, lengua y prácticas que rebasan las clasificaciones administrativas.

Crecer en ese territorio en las décadas de 1980 y 1990 significó formarse en el contacto directo con el proceso organizativo indígena en marcha. Fue la época en que las comunidades embera del Alto Sinú adoptaron formalmente el Cabildo como forma de gobierno —hacia 1995—, con la figura del Nokó o gobernador general, la Nokowera o gobernadora, el Consejo Territorial y el Jenené o alguacil general a cargo de la guardia indígena, sin que esa estructura sustituyera del todo la autoridad tradicional de los ancianos cabeza de las redes de parentesco. Fue también la época de la Constitución Política de 1991, que reconoció por primera vez que la nación colombiana era diversa y no homogénea, y que estableció la obligación estatal de proteger esa diversidad. Los delegados indígenas en la Asamblea Constituyente —entre ellos Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry— llevaron a la Carta propuestas aceptadas solo parcialmente, pero que abrieron un horizonte jurídico inédito: territorios colectivos, jurisdicción especial, consulta previa.

En esas coordenadas se formó una generación de líderes y profesionales indígenas que ya no debieron optar entre la comunidad y el mundo letrado, sino que buscaron habitarlos simultáneamente. Patricia Tobón Yagarí pertenece a esa generación bisagra: la primera que pudo estudiar derecho sin experimentar el título como una salida del propio pueblo, y la que aprendió a leer el castellano jurídico del Estado como una segunda lengua táctica, útil precisamente para litigar en nombre de la primera.

Formación jurídica y aprendizaje en el movimiento indígena

Su trayectoria profesional se cimentó en la abogacía y en el trabajo con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), tejida a su vez con las organizaciones regionales que habían venido articulándose desde los años setenta. El movimiento indígena colombiano —impulsado por reflexiones internas desde la Secretaría Indígena de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), con apoyo de sectores estudiantiles y de líderes campesinos— había construido en dos décadas un cuerpo doctrinario y práctico centrado en el autorreconocimiento cultural y la defensa de derechos colectivos. La ONIC, fundada en 1982, adoptaría progresivamente un lenguaje culturalista para nombrar una experiencia común más honda que la cultura misma: una historia compartida de explotación, despojo y victimización.

Los primeros años de Tobón Yagarí en ese ecosistema la pusieron en contacto con dos escalas simultáneas de trabajo. En la escala nacional, la ONIC discutía con el Estado los grandes marcos: el desarrollo reglamentario de la Constitución del 91, la aplicación del Convenio 169 de la OIT, la resistencia al Estatuto Rural, la denuncia del genocidio silencioso que padecían pueblos como los nukak, los awá o los embera katío del Alto Sinú. En la escala regional y local, las asesorías jurídicas se hacían con expedientes de resguardos concretos, con actas de asamblea traducidas del embera al castellano, con constancias de reuniones donde el saludo protocolar duraba tanto como la argumentación técnica. Aprender a moverse entre ambas escalas —el foro internacional y el patio de la casa comunal— fue el aprendizaje decisivo de esos años.

En el Chocó, departamento vecino y trenzado por parentesco con el embera chamí de Risaralda, la Orewa había nacido en 1979 sin que existiera todavía un solo resguardo constituido en el departamento. En las décadas siguientes, el proceso organizativo lograría 112 títulos de resguardos, 39 solicitudes de ampliación y 12 trámites de creación de nuevos resguardos para cubrir 252 comunidades indígenas. Ese trabajo territorial —titulación, delimitación, defensa jurídica— es el mundo profesional en el que se formó Tobón Yagarí: una abogacía enraizada en la reafirmación de la dignidad de los pueblos frente a siglos de negación.

Fue también el mundo donde el conflicto armado golpeó con particular saña. Los pueblos indígenas del Chocó, incluidos los embera, enfrentaron desplazamientos masivos, confinamiento, asesinato de líderes e imposición de restricciones de movilidad por parte de grupos armados. Comunidades embera eyábida y embera chamí del Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó, en Antioquia, sufrieron confinamiento con restricciones severas dentro y fuera del resguardo. Los actores armados —guerrillas, paramilitares y, en ocasiones, la propia fuerza pública— impidieron cosechar plátano, arroz y maíz, criar animales o desarrollar prácticas en los horarios propicios para las tradiciones. El asesinato de jaibanás, los líderes espirituales, implicó pérdidas culturales concretas: cantos, danzas, pinturas corporales, la conexión con los espíritus de los animales y con el territorio.

La abogacía indígena fue, entonces, un frente de batalla. Uno de los litigios estructurales que marcaron a la generación de Tobón Yagarí fue el incumplimiento sistemático del deber de consulta previa consagrado en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, sobre todo en proyectos que afectaron a comunidades embera katío. El Estado impuso, en lugar de consulta, indemnizaciones monetarias por familias que desconocieron el sistema cultural y organizacional colectivo. El efecto fue doblemente devastador: las indemnizaciones individuales erosionaron la cohesión política de las comunidades y llevaron a que las nuevas generaciones de embera katío desconocieran los sistemas de propiedad y producción colectivos, con la amenaza de una extinción cultural en marcha. Un hito parcial de reparación fue la sentencia de restitución de tierras a 1.718 familias embera katío en el resguardo del Río de Alto Andágueda, en Bagadó, Chocó, donde se habían otorgado concesiones mineras a Continental Gold Limited y a AngloGold Ashanti Colombia sin consulta previa.

Ese es el fondo del oficio de Tobón Yagarí: una abogacía que no discute abstracciones sino cosechas perdidas, jaibanás asesinados, resguardos confinados. La formulación pública que ella y otros harían más tarde —que la crisis humanitaria indígena en Colombia es una emergencia tan grave como invisible, mientras el Estado se precia de multicultural— tiene su origen en ese trabajo de terreno.

De La Habana a la Comisión de la Verdad

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, tras cuatro años de negociaciones en La Habana, abrió el marco de transición política más amplio y completo que Colombia ha conocido. Su punto quinto puso a las víctimas en el centro y creó, entre otras instancias, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, mecanismo extrajudicial de investigación y reconocimiento con vocación de esclarecer, en tres años prorrogables, patrones y causas del conflicto.

La selección de los once comisionados y comisionadas —encabezados por Francisco de Roux, con largo trabajo en el Magdalena Medio— buscó representar diversidades territoriales, étnicas, académicas y de género. Patricia Tobón Yagarí ingresó como una de las voces indígenas del cuerpo colegiado, junto a otras figuras del movimiento étnico con quienes había compartido trayectoria en la ONIC y en los espacios regionales: Luis Evelis Andrade Casama, exconsejero mayor de la ONIC, y Aída Quilcué Vivas, lideresa nasa del CRIC, entre otros liderazgos afines. Ese ecosistema de liderazgo indígena, formado en dos décadas de trabajo compartido, atravesaría la CEV y luego la Unidad para las Víctimas.

Su trabajo en la CEV no se limitó a lo étnico, pero encontró allí su centro de gravedad. El Informe Final, titulado Hay futuro si hay verdad, se estructuró en once tomos distribuidos en veinticuatro volúmenes, con ilustraciones, diagramas, fotografías, mapas a color y aparato bibliográfico completo. La primera edición impresa se publicó en Bogotá en 2022 por la Comisión de la Verdad. Cuatro de los tomos se dedicaron a grupos humanos que sufrieron de manera diferenciada el conflicto —mujeres y personas LGBTIQ+, niños y niñas, exilio, pueblos étnicos—, y uno específicamente, Resistir no es aguantar, aborda la verdad de los pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rrom.

Ese tomo étnico incorporó un enfoque metodológico deudor del trabajo previo del Centro Nacional de Memoria Histórica, guiado a su vez por los Decretos Ley de Víctimas para comunidades étnicas: la perspectiva de larga duración temporal, que reconoce que el conflicto armado interno es solo una expresión reciente de un repertorio de violencias desplegado durante siglos sobre los pueblos étnicos. La memoria de larga duración, en esta clave, no busca solo reconstruir contextos, actores y responsabilidades, sino fortalecer las autoridades espirituales y los dispositivos propios de transmisión de la memoria, con miras a la recuperación del territorio afectado y —el matiz importa— a su sanación espiritual. El tomo se completó con anexos diferenciados por pueblos y con un anexo metodológico específico —Memoria y metodología étnica de la Comisión de la Verdad— que documenta la propia arquitectura del enfoque: una metodología concebida contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.

La participación de Tobón Yagarí en la construcción de ese aparato metodológico fue sustantiva. Traducir el saber comunitario —la centralidad del territorio, la figura del jaibaná, la lógica del daño colectivo frente a la lógica de la víctima individual— al lenguaje de un informe estatal exigía un trabajo de mediación cultural que solo podía hacer quien conociera ambos idiomas. La Declaración de la Comisión, contenida en el Tomo 1 Convocatoria a la paz grande, cerró el ciclo con un llamado a asumir responsabilidades éticas y políticas ante la verdad del daño y a abrir el Acuerdo de Paz al ELN y a los grupos armados aún activos.

La Unidad para las Víctimas: la reparación como frente abierto

Con la posesión de Gustavo Petro Urrego como presidente de la República en agosto de 2022 —el primer gobierno de izquierda en la historia moderna del país—, se abrió un ciclo de designaciones que buscó, entre otras señales, dar continuidad institucional a los mandatos de la CEV. Patricia Tobón Yagarí asumió la dirección de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la agencia creada por la Ley 1448 de 2011 —la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del gobierno Santos— para administrar la política de asistencia, atención y reparación a los millones de colombianos afectados por el conflicto.

La Unidad administra el Registro Único de Víctimas, gestiona las medidas de reparación —indemnización, reparación colectiva, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición— y opera en articulación con la Unidad de Restitución de Tierras y con el aparato estatal más amplio del Sistema Nacional de Atención y Reparación. Es, en términos materiales, la agencia estatal más grande jamás dedicada específicamente a víctimas de un conflicto interno en América Latina.

Y es también, desde su origen, una agencia estructuralmente subfinanciada. La sostenibilidad fiscal proyectada para la Ley 1448 quedó muy por debajo de las necesidades reales: los recursos asignados en los primeros años de vigencia cubrieron apenas una fracción de lo estimado por el propio gobierno, y el número de víctimas registradas desbordó las proyecciones iniciales. La reparación integral, que en el papel comprende seis medidas, se ha volcado en la práctica hacia la indemnización administrativa; avanzar más allá de esa medida sigue siendo un reto pendiente.

A eso se suman problemas de gestión que van desde barreras burocráticas hasta corrupción documentada: casos como el reportado en Sucre de apropiación indebida de dineros de indemnización por parte de funcionarios locales evidencian formas de victimización secundaria que las propias víctimas denuncian como trato indigno. La brecha entre lo prometido y lo entregado ha sido, desde 2011, el problema estructural del sistema.

Ahí asume Tobón Yagarí. Su nombramiento fue leído por sectores del movimiento social y étnico como una señal de continuidad con el mandato de la CEV: la mujer que había ayudado a construir el diagnóstico oficial de la verdad pasaba ahora a gestionar el brazo estatal de la reparación. También como una señal política: por primera vez, una mujer indígena embera dirigía la agencia de víctimas del país. Los énfasis anunciados en su gestión —fortalecimiento del enfoque étnico, articulación con los sujetos de reparación colectiva, ajuste de la política a los mandatos de la CEV— dialogan directamente con la agenda que ella misma contribuyó a fijar como comisionada.

Pero el escenario material sigue siendo el de una institución con déficit fiscal crónico, con un registro que crece más rápido que su capacidad de respuesta, y operando en un país donde el Acuerdo de Paz de 2016 no logró eliminar el conflicto armado. En departamentos como Chocó, Cauca, Nariño y Norte de Santander persisten crímenes bajo el derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos; los asesinatos y amenazas contra personas defensoras, líderes sociales y exmiembros de las FARC-EP no cesaron con la firma. El asesinato de más de trescientos exmiembros de las FARC-EP en los cinco años posteriores al Acuerdo, sumado al exilio de excombatientes, muestra que las fuerzas opuestas a la paz siguen operando. Reparar en medio de un conflicto no terminado es la contradicción cotidiana con la que la Unidad —y su directora— trabajan.

Red: el ecosistema donde se teje su trabajo

La trayectoria de Patricia Tobón Yagarí no puede entenderse fuera de una red concreta de personas, organizaciones y territorios. En el plano indígena nacional, su carrera se entreteje con figuras como Luis Evelis Andrade, exconsejero mayor de la ONIC y también comisionado de la CEV, y con Aída Quilcué, lideresa nasa cuya trayectoria en el CRIC y en la ONIC dialoga con la suya desde el sur andino. En el plano regional, sus vínculos con las organizaciones embera del eje Risaralda-Chocó-Antioquia y con la Orewa marcan el sustrato territorial de su trabajo.

En la CEV compartió cuerpo colegiado con Francisco de Roux —presidente, jesuita, referencia moral del proceso—, con Alfredo Molano Bravo hasta la muerte de este en 2019, con María Ángela Salazar Murillo hasta su fallecimiento, y con figuras como Alejandro Valencia Villa, Marta Ruiz, Saúl Franco y Alejandro Castillejo. En el equipo directivo, la dirección de pueblos étnicos a cargo de Sonia Londoño Niño tuvo especial afinidad temática con su trabajo, mientras Mauricio Katz García, como secretario general, sostuvo el andamiaje operativo.

En el plano político, su designación por Gustavo Petro la sitúa en un gabinete que reúne a exguerrilleros, académicos, dirigentes sociales y cuadros técnicos, con el mandato explícito de implementar los acuerdos de La Habana e impulsar una "paz total" que dialogue con el ELN y con las estructuras armadas remanentes. En el plano histórico más amplio, su trabajo se inscribe en una larga línea de esfuerzos por saldar la deuda del Estado colombiano con sus víctimas: casi cuarenta años de intentos de procesos de paz —marcados por incumplimientos, asesinatos de firmantes, cierre de expectativas— precedieron al Acuerdo de 2016.

La huella: traducción cultural y sus límites

Medir la huella de una trayectoria en curso es un ejercicio incompleto. Algunos rasgos permanentes de la contribución de Patricia Tobón Yagarí, sin embargo, ya se dejan nombrar.

El primero es la institucionalización del enfoque étnico en los mecanismos oficiales de verdad y reparación. Que el Informe Final de la CEV incluya un tomo dedicado a los pueblos étnicos con metodología propia, y que la Unidad para las Víctimas sea dirigida por una mujer embera chamí, no son gestos simbólicos vacíos: son la cristalización institucional de tres décadas de lucha del movimiento indígena colombiano por el reconocimiento diferencial. La metodología étnica consignada en el anexo del tomo étnico es un documento que otros procesos —dentro y fuera de Colombia— consultarán como referente.

El segundo es la traducción cultural: llevar al lenguaje del Estado categorías que la comunidad ha construido y sostenido. La noción de que el asesinato de jaibanás es un daño no solo humano sino cosmológico, la comprensión del confinamiento como forma específica de violencia sobre pueblos indígenas, la denuncia de las indemnizaciones individuales como mecanismo erosivo de la cohesión colectiva embera katío, la lectura de la crisis humanitaria indígena como una emergencia invisibilizada por el propio discurso multicultural del Estado: son ideas que existían en las comunidades y en la literatura especializada, y que Tobón Yagarí ha contribuido a instalar en el vocabulario oficial.

El tercero es más incómodo, y no puede omitirse. La incorporación de voces indígenas al aparato transicional del Estado no ha resuelto los problemas estructurales que ellas mismas denunciaron. El Estado colombiano siguió sin garantizar consulta previa en múltiples proyectos extractivos. La Unidad para las Víctimas arrastra un déficit fiscal que ninguna dirección puede resolver por sí sola. Las comunidades embera continúan desplazándose y ocupando parques y esquinas en Bogotá y otras ciudades, denunciadas por la opinión pública urbana como problema estético antes que como síntoma. El conflicto armado persiste en el Pacífico, en el Catatumbo, en Cauca y Nariño. Que Tobón Yagarí ocupe un despacho de dirección no cierra ninguna de esas heridas: las administra desde adentro, con las limitaciones estructurales de la institución que dirige.

Esa es, quizás, la lectura más honesta de su trayectoria. Patricia Tobón Yagarí representa un desplazamiento real de poder simbólico —una voz indígena embera chamí que pasa de impugnar al Estado a construir sus instrumentos de verdad y reparación—, pero ese desplazamiento opera dentro de instituciones cuyas limitaciones acotan severamente lo que la traducción cultural puede transformar desde adentro. Su carrera es a la vez una conquista del movimiento indígena colombiano y una prueba de la resistencia estructural del Estado a ser transformado por las voces que incorpora.

Si el arco que va de Pueblo Rico a la dirección de la Unidad para las Víctimas dice algo sobre la Colombia del posacuerdo, es esto: el reconocimiento formal de la diversidad —la promesa de 1991, la promesa de 2016— cambia primero los nombres de quienes firman los informes, y solo mucho después, si es que llega, la vida de quienes esperan la reparación. Que una mujer embera chamí encabece hoy el aparato estatal no significa que la reparación esté hecha. Significa que quien la administra sabe, con precisión de oficio, lo que aún falta.