Reparación colectiva

En el vocabulario del posconflicto colombiano, pocas expresiones cargan tanto peso institucional y tanta ambigüedad política como la de reparación colectiva. Nombra un derecho —el que asiste a comunidades, organizaciones y grupos que sufrieron un daño en tanto colectivos durante el conflicto armado— y también un mecanismo administrativo del Estado, con siglas, rutas y planes numerados. Nombra, además, un campo de disputa: entre el gobierno que la diseña como cierre normalizador del ciclo de violencia y las comunidades étnicas, campesinas y organizaciones sociales que la resignifican como reconocimiento político de su existencia y como garantía territorial de no repetición. Bajo la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley Étnicos que la complementan, la reparación colectiva se convirtió, tras la firma del Acuerdo Final de La Habana en noviembre de 2016, en uno de los espacios donde se juega no solo la deuda con las víctimas, sino la propia definición del sujeto político colombiano en las regiones donde la guerra estuvo más presente.

Qué es la reparación colectiva

La reparación colectiva parte de un supuesto que no siempre resulta evidente: el daño causado a un grupo por la violencia armada no es la suma aritmética de los daños causados a cada uno de sus integrantes. Es un daño autónomo, con existencia propia. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación —creada bajo la Ley 975 de 2005 y luego integrada al andamiaje que trajo la Ley de Víctimas— fijó una fórmula que se volvería doctrina: el daño colectivo tiene una doble condición. Por un lado, el que se deriva de los hechos violentos mismos —masacres, desplazamientos, ocupaciones territoriales, asesinatos selectivos, estigmatización—; por otro, el que se configura con el desconocimiento y la desatención prolongada del Estado frente a ese daño. La reparación colectiva no puede reducirse, entonces, a una figura de economía procesal que apile indemnizaciones individuales bajo un mismo expediente. La Corte Constitucional lo estableció con claridad: las víctimas colectivas tienen derecho a medidas económicas y simbólicas de satisfacción, garantías de no repetición y acciones de reconstrucción psicosocial.

De ahí se sigue la definición operativa que consagró el artículo 151 de la Ley 1448 de 2011 al crear el Programa de Reparación Colectiva. La población objetivo son sujetos que hayan sufrido un daño colectivo por violación de derechos colectivos, o violación grave y manifiesta de derechos individuales de miembros de colectivos, o impacto colectivo por violación de derechos individuales. Tres puertas de entrada, pensadas para acoger realidades diversas: la comunidad étnica cuya autonomía territorial fue quebrada, la organización cuyos líderes fueron asesinados en serie, el municipio donde la violación reiterada de derechos individuales terminó destruyendo el tejido social. En la práctica, ese diseño abrió preguntas conceptuales que no cesan: ¿qué grupo puede reclamarse colectivo? ¿Basta compartir un daño para constituirse en sujeto?

Los orígenes: de Ralito a la Ley de Víctimas

El concepto de reparación colectiva no nació en Colombia. Llegó, como buena parte del vocabulario transicional, del derecho internacional de los derechos humanos y de experiencias latinoamericanas y africanas de posconflicto y posdictadura. Pero su ingreso al marco jurídico colombiano tuvo una fecha y una escena precisas: la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, que dio forma al proceso de desmovilización paramilitar concluido en San José de Ralito. El artículo 8 de esa ley definió la reparación como el conjunto de acciones de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

La Ley 975 fue, sin embargo, una ley pensada desde el desmovilizado, no desde la víctima. Su lógica central era ofrecer penas alternativas a los combatientes que colaboraran con la reconstrucción de la verdad jurídica sobre sus crímenes y con la reparación a través de sus bienes de origen ilegal o legal. El derecho a la reparación aparecía como contrapartida del beneficio penal, no como principio articulador. El giro llegó con la Ley 1448 de 2011, promulgada bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, que desplazó el énfasis: ahora el centro sería la víctima, y el Estado se comprometía a articular medidas de reparación integral y verdad con la flexibilización penal previa. La ley amplió el universo a quienes hubieran sufrido daño a partir del 1 de enero de 1985 por infracciones al derecho internacional humanitario o violaciones graves y manifiestas de derechos humanos con ocasión del conflicto armado interno.

Ese cambio de eje no fue una concesión espontánea del Ejecutivo. La incorporación de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación al marco normativo colombiano fue posible gracias al activismo persistente de organizaciones de víctimas y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que empujaron durante años para que estas medidas se integraran al modelo transicional que la Ley 975 había abierto de forma limitada. La reparación colectiva, como categoría diferenciada, entró al ordenamiento por esa presión combinada.

La Ley 1448 también trazó fronteras. Excluyó de su definición de víctimas a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, y estableció un régimen particular para miembros de la Policía y del Ejército, con implicaciones para sus familiares en calidad de víctimas directas. Limitó temporalmente su aplicación a hechos posteriores al 1 de enero de 1985, dejando a las víctimas de la violencia anterior —incluidos episodios como los del Frente Nacional o la primera oleada de las guerrillas— solo la vía judicial contencioso-administrativa o penal. Junto a la ley se expidieron los Decretos Ley Étnicos, dirigidos a pueblos indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y al pueblo Rrom, con la intención de reconocer una reparación diferenciada por la afectación específica de estos colectivos.

La arquitectura institucional: Unidad, PIRC y sujetos

El brazo ejecutor del Programa de Reparación Colectiva es la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Uariv, heredera de las funciones que había asumido inicialmente la CNRR. La Unidad registra a los sujetos colectivos, acompaña la formulación de los planes, coordina con los ministerios sectoriales y los entes territoriales y reporta cifras de avance. Ese lugar administrativo la convirtió, para bien y para mal, en la cara del Estado ante las comunidades que buscan ser reparadas.

El instrumento técnico central es el Plan Integral de Reparación Colectiva, conocido por su sigla, PIRC. Cada sujeto colectivo reconocido debe contar con uno, elaborado a partir de un diagnóstico del daño y de una identificación participativa de medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización cuando corresponda y garantías de no repetición. En la teoría del diseño, el PIRC es un documento vivo, negociado entre la comunidad y el Estado, que traduce el daño colectivo específico en una hoja de ruta de acciones concretas y responsables institucionales.

Un ejemplo permite ver el andamio funcionando. La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, la ATCC, es la organización campesina santandereana que en los años ochenta se declaró neutral frente a todos los actores armados y pagó con la vida de varios de sus líderes esa apuesta. Su PIRC estableció siete líneas de trabajo: un programa de construcción de cultura de paz y reparación simbólica; un proyecto de complejo educativo, histórico y cultural con sede propia y parque museo; el reconocimiento del patrimonio intangible de paz nacional que la ATCC representa; un programa de rehabilitación psicosocial comunitaria; un programa agroforestal de restitución del medio ambiente y del trabajo campesino; un programa de fortalecimiento organizativo y recuperación institucional; y un proyecto de restitución de bienes colectivos. Sobre esa arquitectura, la CNRR Regional Nororiente contrató tres profesionales que diseñaron proyectos específicos: mecanismos de Educación Para la Paz, la construcción del Complejo Educativo, Histórico y Cultural Parque Museo de la Vida, la Paz y la Reconciliación, y la implementación de una Finca Integral Campesina.

El caso muestra la ambición del modelo: no es solo obra física ni transferencia económica, sino un tejido de medidas que apuntan a rehacer, en la medida de lo posible, el proyecto colectivo que la violencia truncó. Muestra también, cuando se compara con la implementación real, la distancia entre el diseño y la ejecución.

Los sujetos: quién puede ser reparado colectivamente

Determinar quién constituye un sujeto colectivo de reparación fue —y continúa siendo— una de las operaciones más delicadas del programa. La Ley 1448 abrió tres puertas conceptuales, pero cada una plantea sus propias dificultades prácticas.

Los casos más consolidados corresponden a organizaciones con identidad previa y trayectoria documentada. La Universidad de Córdoba fue reconocida como sujeto de reparación colectiva en un proceso iniciado por la CNRR y continuado por la Unidad de Víctimas, tras años de ocupación paramilitar que se intensificó desde 1997 y se prolongó hasta 2009: el plan incluyó medidas orientadas a devolver el buen nombre, la memoria y el rol de la comunidad educativa como constructora de paz, y en un gesto de simbolismo institucional se realizó una consulta popular para la elección de rectora. En 2019, siguiendo un camino similar, la Universidad Popular del Cesar fue reconocida por la Unidad de Víctimas, tras un proceso impulsado por un Comité de Impulso inscrito formalmente el 20 de marzo de 2018. Las dos universidades públicas se convirtieron en referencias del caso de instituciones educativas paramilitarizadas que lograron transitar el proceso completo hasta la formulación de plan.

Los municipios, en cambio, ilustran las complicaciones. En 2013, la Unidad priorizó a El Castillo, en el Meta, como sujeto de reparación colectiva, y los primeros acercamientos se hicieron a través de los presidentes de las juntas de acción comunal. La microfocalización, sin embargo, se concentró en el casco urbano y no se extendió a la zona rural, donde la entidad no parecía tener conocimiento pleno de los graves hechos ocurridos en las veredas de la parte alta. Esa decisión técnica —focalizar por eficiencia administrativa— arriesgaba invisibilizar la violencia sufrida precisamente en los territorios donde había sido más intensa. El caso resume una tensión estructural: los criterios operativos del Estado no siempre coinciden con la geografía real del daño.

Las comunidades campesinas presentan una segunda dificultad. En el caso del campesinado del Atlántico, el sujeto colectivo de reparación se define como aquel que se ha constituido como un "nosotros" en trayectorias comunitarias y organizativas. Comprende tanto al campesinado que aún habita el territorio como al que fue desplazado pero desea regresar, así como a las organizaciones campesinas que perviven. Esa definición amplía el sujeto en el tiempo y en el espacio: obliga a pensar la reparación como una tarea que atiende, a la vez, los daños pasados y las condiciones presentes. El Comité de Integración del Macizo Colombiano, el CIMA, ha ido más lejos: en conversatorios regionales ha exigido que el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho sea la primera medida de reparación colectiva, y que el reconocimiento de una calidad de vida digna sea la segunda. La demanda desborda el marco administrativo: no pide solo obras o transferencias, pide reconocimiento político.

Otros sujetos han tenido más dificultades. Los periodistas son un caso especialmente complejo: por lo general las víctimas no pueden ser incluidas en un colectivo específico con elementos previos de cohesión e identidad, aunque la reparación colectiva se sigue considerando necesaria. La pregunta latente —qué sucede cuando el grupo solo puede ser identificado por haber compartido un daño, cuando carece de elementos de cohesión e identidad previos— queda abierta y afecta a categorías tan diversas como los defensores de derechos humanos, ciertos sectores sindicales o los servidores públicos amenazados.

El daño colectivo: qué se repara

Si delimitar al sujeto es difícil, nombrar el daño lo es todavía más. Detrás de cada PIRC hay un diagnóstico que, cuando se hace con cuidado, revela dimensiones que los procesos judiciales no siempre capturan. En el proceso de Justicia y Paz contra el Bloque Norte de las autodefensas, la CNRR señaló como insuficiente que la Fiscalía se refiriera únicamente a hechos individuales. De hechos individuales es imposible deducir daños colectivos. La observación identifica un problema técnico —la falta de criterios claros para caracterizar el daño colectivo— y también un problema de mirada: mientras el aparato penal descompone la violencia en episodios discretos con víctimas específicas, el daño colectivo exige verla como un patrón que destruye vínculos, proyectos y capacidades comunitarias.

En el caso del Bloque Mineros, se ha documentado que el daño colectivo abarca dimensiones socioculturales y socioeconómicas de carácter inmaterial, imposibles de cuantificar, que produjeron una herida profunda al truncar proyectos de vida colectivos. Esa frase —proyectos de vida colectivos— condensa la especificidad de la categoría: no se trata de contar muertos, desplazados o bienes despojados, sino de reconocer que hubo procesos comunitarios enteros —organizaciones, formas de trabajo, redes de intercambio, tradiciones culturales, liderazgos en formación— que la violencia interrumpió o destruyó. El desplazamiento forzado, en esta lectura, es un daño colectivo a la sociedad colombiana en tanto lesiona a las personas, a las estructuras y redes sociales, a los liderazgos, a las comunidades, al territorio, a la cultura y a la identidad nacional.

Para el caso del campesinado del Atlántico, la conclusión ha sido explícita: el daño causado durante el conflicto armado es de carácter colectivo, y por tanto su reparación debe ser también colectiva. No hay indemnizaciones individuales suficientes para reponer lo que se destruyó de manera colectiva. En el caso de los medios de comunicación y los periodistas, una adecuada construcción del daño colectivo puede favorecer, además, la transformación de las condiciones estructurales que hicieron posible la violencia contra ellos: hay una relación entre nombrar bien el daño y prevenir su repetición.

La Habana, los PDET y el punto 5

El Acuerdo Final entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, firmado el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, dedicó su punto 5 a las víctimas y reconoció explícitamente el gran número de víctimas que debieron abandonar el país como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. La agenda de La Habana había situado, desde el principio, el resarcimiento de las víctimas en el centro del acuerdo. Se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que articuló la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad —dirigida por el padre Francisco de Roux—, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, presidida en distintos momentos por juristas como Roberto Vidal.

En el terreno de la reparación colectiva, el Acuerdo tuvo dos efectos principales. Primero, reafirmó la vigencia de la Ley 1448 como instrumento central y planteó su compatibilidad con la justicia transicional derivada del propio Acuerdo. Segundo, introdujo los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, los PDET, como instrumento de transformación regional en los territorios más golpeados por el conflicto: Catatumbo, Montes de María, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, Pacífico y Frontera Nariñense, entre otras subregiones. En la promesa inicial, los PDET debían articularse con la reparación colectiva territorial: la provisión de bienes públicos, vías, salud, educación y condiciones de vida digna operaría como sustrato material para que las víctimas desplazadas pudieran retornar y para que la reparación no se agotara en gestos simbólicos ni en transferencias puntuales. Un funcionario del programa de restitución de tierras lo formuló con claridad: la no repetición depende de la implementación efectiva del punto 1 del Acuerdo, porque sin infraestructura y sin servicios el retorno no es viable.

Los resultados quedaron cortos. Los PDET se limitaron en la práctica a proyectos demostrativos validados por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, sin alcanzar la transformación participativa regional que se esperaba. Junto con la elección al Congreso de víctimas en las circunscripciones especiales de paz —dieciséis curules que ocuparon representantes de los territorios más afectados—, los PDET se cuentan entre los logros concretos del Acuerdo, aunque su alcance haya sido muy inferior al diseño original.

La contingencia política pesó. La administración de Iván Duque, que asumió en agosto de 2018, llegó al poder con un mandato explícito para modificar sustancialmente el Acuerdo de Paz negociado por el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC. Esa orientación aumentó el déficit de legitimidad del proceso y generó condiciones que socavaron la implementación en múltiples frentes, incluida la reparación colectiva. La Comisión de la Verdad, en su informe final, recomendaría al Estado colombiano —a través del Gobierno nacional, las autoridades territoriales y el Congreso— realizar bajo el principio de no regresividad los ajustes de política, normativos e institucionales necesarios a la Ley de Víctimas y a los Decretos Ley Étnicos, con garantías de participación para las víctimas y sus organizaciones.

El déficit: cifras, brechas y regresividad

El diagnóstico material del programa es incómodo. Tras más de diez años de implementación de la Ley de Víctimas, las políticas de reparación económica solo habían llegado aproximadamente al 12% de las víctimas registradas. La cifra, aunque referida principalmente a la indemnización individual, ilustra el tamaño del desajuste entre la promesa normativa y la capacidad real de ejecución. Los recursos efectivamente asignados entre 2012 y 2015 para implementar la Ley 1448 correspondieron solo al 47% de lo estimado por el Conpes 3712, el documento de política pública que había proyectado el costo del programa. Y el propio Conpes había subestimado el universo: calculó 3,7 millones de víctimas cuando el registro superaría, con el paso del tiempo, los 7 millones. Sobre una base subestimada, se asignó menos de la mitad de lo necesario. Lo que vino después no podía sorprender.

En el terreno específico de la reparación colectiva, los números son igual de elocuentes. El PIRC de la comunidad de Simacota Sector Bajo, en Santander, contemplaba 33 medidas de reparación traducidas en 76 acciones concretas de garantías de no repetición, rehabilitación, restitución y satisfacción. A 2018, según los datos de la propia Unidad, más de tres cuartas partes de esas acciones seguían atascadas en la fase de aprobación; apenas una de cada catorce se había implementado. Siete años después de la Ley y varios de haber formulado el plan, la mayor parte de lo prometido no había pasado del papel. Simacota no es un caso aislado, sino un termómetro.

Junto al subfinanciamiento aparece un patrón igualmente preocupante: la infraestructura sin capacidad operativa. Se han documentado casos de edificios escolares, centros de salud y baterías sanitarias construidos como parte de reparaciones colectivas sin docentes asignados, sin profesionales de salud, sin acueducto ni alcantarillado. La obra existe; el servicio, no. Esa disociación entre infraestructura entregada y funcionamiento real reproduce, en el terreno de la reparación, una de las patologías clásicas de la política pública colombiana: cortar la cinta y no operar el equipamiento. El problema es también institucional: la Ley 1448 y su decreto reglamentario imponen a los entes territoriales —departamentos y municipios— un conjunto amplio de obligaciones que muchos municipios pequeños, ubicados precisamente en las zonas más golpeadas por el conflicto, no están en condiciones de asumir. El diseño distribuye tareas, pero no las condiciones para cumplirlas.

Las políticas públicas de reparación a la población desplazada, en particular, han contravenido el principio de no regresividad o prohibición de retroceso, consagrado en el bloque de constitucionalidad y en los estándares internacionales de derechos económicos, sociales y culturales. Y existe un patrón histórico de falta de continuidad en la implementación de planes de rehabilitación posconflicto en Colombia, que se repitió con la Ley de Víctimas tras el impulso inicial del gobierno Santos.

Enfoque étnico: la ambigüedad del decreto

Los Decretos Ley Étnicos, expedidos junto a la Ley 1448 para reparar de manera diferenciada a pueblos indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y al pueblo Rrom, produjeron un marco normativo específico y, con él, una serie de tensiones propias. La Comisión de la Verdad recomendó ajustes normativos e institucionales bajo el principio de no regresividad para garantizar una reparación integral, diferenciada y transformadora en estos casos.

El Decreto Ley para pueblos indígenas contiene una ambigüedad que atraviesa toda su aplicación. Las reparaciones colectivas apuntan directamente al territorio, la autonomía y las organizaciones —dimensiones específicamente étnicas—. Las individuales, en cambio, se refieren a situaciones genéricas de cualquier víctima: gastos funerarios, compensaciones económicas puntuales, sin dimensión étnica particular. En el trámite, la víctima indígena individualizada pierde su condición étnica. El decreto también retoma el lenguaje de la "deuda sin pagar (e impagable)" con los pueblos indígenas, representándolos como víctimas permanentes: reconoce, en ese gesto, una deuda histórica preexistente que desborda el marco temporal del conflicto armado reciente.

Los casos concretos muestran las brechas. En Putumayo, a pesar de contar con 33 Resguardos Indígenas y 6 Consejos Comunitarios de Comunidades Afrodescendientes, hasta enero de 2014 no se había proferido ninguna sentencia de restitución de tierras sobre territorios colectivos étnicos. En la Minga de Condagua, durante el primer semestre de 2013, indígenas del departamento exigieron que la Unidad de Restitución de Tierras estudiara 31 casos de abandono forzado y despojo de territorios colectivos.

Bojayá, en el Chocó, ilustra otra dimensión del problema. Tras la masacre del 2 de mayo de 2002 en la iglesia de Bellavista, la respuesta estatal terminó equiparando la reubicación física del poblado y la indemnización con la reparación integral, sin procesos de seguimiento ni evaluación de impactos que atendieran los demás componentes. La reubicación, además, excluyó a víctimas desplazadas que residían en Quibdó, quienes no se sintieron cobijadas por las medidas. Las víctimas y pobladores cuestionaron abiertamente esa equiparación entre obra física y reparación integral, señalando que muchos grupos poblacionales se sentían excluidos y que las acciones no alcanzaban a toda la población afectada del Medio Atrato. En el Catatumbo, por su parte, comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras sufrieron desplazamiento forzado durante el conflicto y fueron objeto de estigmatización, en parte asociada a la presencia de integrantes de estructuras paramilitares provenientes de sus regiones de origen.

Participación y memoria: lo que las comunidades hacen con la reparación

En los territorios, la reparación colectiva rara vez se agota en lo que el Estado ofrece. Las comunidades la resignifican, la disputan y la complementan con iniciativas propias. Un dato del informe de la Comisión de la Verdad da la escala del desafío: el 37,3% de las mujeres que dieron testimonio manifestó no formar parte de ningún proceso de reparación —individual o colectiva— ante la Unidad. Buena parte del universo simplemente no está dentro del sistema.

Quienes sí participan lo hacen con propuestas propias, y en muchos casos con una lectura política más ambiciosa que la que ofrece el aparato administrativo. El CIMA, en el Macizo colombiano, ha articulado su demanda de reparación colectiva con el reclamo estructural del reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho, en un trabajo que dialoga con espacios como el Congreso de los Pueblos. Allí la reparación deja de ser un trámite cerrado sobre el pasado y se vuelve una palanca para inscribir al campesinado en el orden constitucional.

La memoria histórica funciona como herramienta paralela, y a veces como sustituto de una reparación estatal que no llega. El Tejido de Defensa a la Vida de la ACIN, en el Cauca, ha realizado mingas de memoria que recorren lugares emblemáticos como la finca El Nilo, escenario de la masacre de 1991, combinando la evocación de los muertos con la visibilización de logros territoriales y la transmisión intergeneracional de experiencias. En El Salado, en los Montes de María, la comunidad produjo en septiembre de 2010 el disco Las voces de El Salado, con apoyo del músico César López y presencia del maestro Adolfo Pacheco, recogiendo memorias de los actos de conmemoración de los diez años de la masacre y expresiones artísticas basadas en tradición oral. Estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre casos como Remedios y Segovia o Bahía Portete han buscado romper estigmas sobre las comunidades y deslegitimar interpretaciones que ocultan las condiciones de violencia estructural e histórica.

Esa producción comunitaria —mingas, discos, publicaciones, actos conmemorativos— hace un trabajo que la ruta administrativa no siempre alcanza: nombra el daño en el lenguaje de quien lo sufrió, restituye el buen nombre de comunidades estigmatizadas y ensancha el archivo público sobre lo ocurrido. Memoria Histórica ha recomendado, además, que la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales y la Contraloría General de la República emprendan programas de veeduría y seguimiento de los procesos de reparación colectiva, para acompañar a las víctimas y garantizar que sus voces sean tenidas en cuenta. Existen testimonios puntuales que ilustran por qué esa veeduría es necesaria: casos documentados en el Tolima de víctimas que no recibieron los recursos asignados, y episodios en Sucre donde funcionarios habrían apropiado dineros de indemnización. Entre la desconfianza hacia el trámite y la vitalidad de las iniciativas propias se juega, en buena parte, la legitimidad futura de la política.

La huella: un campo abierto

Casi dos décadas después de la Ley 975 y más de una tras la Ley 1448, la reparación colectiva en Colombia deja un balance ambivalente. Como categoría, ha permitido reconocer daños que ni la indemnización individual ni el proceso penal capturaban: la destrucción de organizaciones, la interrupción de proyectos comunitarios, el quiebre de la autonomía territorial de pueblos étnicos, la estigmatización de regiones enteras. Como programa, ha producido documentos de planeación sofisticados —los PIRC de la ATCC, de las universidades públicas paramilitarizadas, de comunidades campesinas y étnicas— que en algunos casos han logrado inaugurar procesos reales de reconstitución del tejido social.

Como política pública, sin embargo, arrastra un déficit estructural: financiamiento por debajo de la mitad de lo estimado, universo de víctimas subestimado en la línea de base, implementación estancada en la fase de aprobación, capacidad territorial insuficiente y una tendencia persistente a equiparar la obra física con la reparación integral. La contingencia política —el giro del gobierno de Iván Duque frente al Acuerdo, la falta de continuidad histórica de los planes de rehabilitación en el país— agravó lo que ya venía frágil. Bajo el gobierno de Gustavo Petro, que asumió en agosto de 2022, la reparación colectiva quedó formalmente enmarcada dentro de una agenda de "paz total" que reconoce las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y aspira a reactivar la implementación del Acuerdo de La Habana; la Uariv, dirigida por Ramón Rodríguez, retomó procesos priorizados, aunque las brechas heredadas son estructurales y difícilmente se reordenan en un solo periodo de gobierno.

La naturaleza del campo, en cualquier caso, sobrevive a los cambios de administración. Para el Estado, la reparación colectiva funciona como instrumento de cierre y normalización del conflicto, con una lógica administrativa que segmenta, focaliza y contabiliza. Para las comunidades étnicas y campesinas, para las organizaciones sociales y educativas afectadas, es un espacio donde disputan su reconocimiento como sujetos de derecho, la garantía territorial de que la violencia no volverá y una forma de justicia que la sola indemnización no puede sustituir. En el pliegue entre esas dos lógicas —la que administra el fin de la guerra y la que exige ser reconocida por haberla resistido— se decide una parte considerable de lo que el país todavía le debe a sus víctimas.