Paro Cívico de Buenaventura de 2017

El Paro Cívico de Buenaventura de 2017

Entre el 16 de mayo y el 6 de junio de 2017, la principal ciudad-puerto del Pacífico colombiano se paralizó durante veintidós días bajo la conducción de un Comité del Paro Cívico que agrupó organizaciones afrodescendientes, iglesias, sindicatos, juntas de acción comunal y colectivos juveniles. La consigna, condensada en un lema que recorrió el país —"vivir con dignidad y paz en el territorio"—, articulaba demandas de agua potable, salud, educación, empleo y autonomía étnico-territorial frente a un modelo de enclave portuario que movía cerca del 45% del comercio exterior colombiano en medio de una ciudad donde el 41% de la población vivía en pobreza multidimensional. El paro terminó con un acuerdo firmado con el gobierno de Juan Manuel Santos y la aprobación de la Ley 1872 de 2017, que creó un fondo autónomo con vigencia de una década para financiar las inversiones pactadas. Más allá de sus resultados legales, la movilización marcó el primer gran ciclo de protesta social del posacuerdo desde un territorio étnico, y anticipó, desde la periferia racializada del Pacífico, la gramática del estallido que dos y cuatro años después se generalizaría en las ciudades andinas.

Un puerto sin ciudad: la contradicción estructural

Buenaventura no es una ciudad cualquiera. Por su bahía pasa cerca del 45% de la carga internacional de Colombia —aproximadamente 70% de importaciones y 30% de exportaciones—, y en 2013 la Sociedad Portuaria Regional cifraba su comercio exterior en torno a los 1.670 millones de dólares. El puerto se consolidó como principal salida del café colombiano en 1932, tras la apertura del Canal de Panamá en 1914 y la construcción de la red ferroviaria que enlazó el occidente cafetero con el Pacífico; desde entonces, su lugar en la economía nacional no ha hecho sino agrandarse con la contenedorización, los tratados de libre comercio y la modernización de sus terminales.

Esa riqueza no se traduce en la ciudad que la produce. Los indicadores sociales describen una fractura brutal entre el enclave y su entorno humano: el 41% de la población se encontraba en situación de Pobreza Multidimensional, más del doble del promedio nacional del 19,6%, y a diciembre de 2020 el desempleo local llegó al 26%, unos diez puntos por encima de la media del país. La mano de obra portuaria, durante décadas principal fuente de trabajo popular, había sido progresivamente reemplazada por maquinaria, subcontratación y esquemas de tercerización que dejaron a miles de familias fuera de la cadena de valor del propio puerto. Los recursos generados por la actividad portuaria, denunciaban las organizaciones locales, no se quedaban ni se reinvertían en la población: se drenaban hacia las sociedades portuarias, la Nación y los circuitos globales del comercio.

A esa contradicción de fondo se sumó, desde finales de los años noventa, otra capa: la conversión de Buenaventura en escenario privilegiado del conflicto armado y del crimen organizado. La llegada del paramilitarismo hacia 1999 —justo cuando las comunidades afrocolombianas apenas empezaban a pensarse como dueñas de sus territorios y a dialogar con el Estado a través de la Comisión Consultiva de Alto Nivel creada por la Ley 70 de 1993— insertó a la ciudad en la geografía de la guerra por el control geoestratégico del puerto y de las rutas del narcotráfico. En 2013, el municipio operaba bajo un esquema de subcontratación criminal en el que grandes organizaciones cedían el control territorial a bandas locales y grupos juveniles que se disputaban metro a metro los expendios barriales de droga, mientras en el terminal portuario grupos conocidos como los rivioli se infiltraban entre los trabajadores oficiales, robaban mercancía en bandas armadas con cuchillos e intimidaban a los guardias del puerto. Las llamadas "casas de pique" —viviendas usadas para descuartizar personas— y el desplazamiento intraurbano dieron a la ciudad una fama macabra que la Corte Constitucional se vio obligada a atender mediante los Autos 119, 074 y 234 de 2013, en los que ordenó a la Unidad para las Víctimas priorizar la grave situación humanitaria del municipio.

Ese era el escenario en 2017: una ciudad-puerto donde el dinero de contenedores convivía a pocos metros con barrios sin agua potable veinticuatro horas, hospitales colapsados, escuelas sin cupos y un régimen difuso de violencia armada. Ninguna solución técnica y ninguna presencia estatal esporádica bastaba: lo que se había quebrado era el pacto mismo entre la ciudad y la Nación que se enriquecía a través de ella.

Medio siglo de sedimentación organizativa

El Paro Cívico de 2017 no brotó de esa fractura como un estallido espontáneo. Se apoyó —y a la vez rebasó— una infraestructura organizativa afropacífica construida durante medio siglo, cuyas capas es preciso reconocer para entender cómo veintidós días de bloqueo pudieron sostenerse frente al ESMAD y frente a la impaciencia del gobierno nacional.

La capa más antigua es la de la pastoral liberacionista encarnada por monseñor Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaventura entre 1953 y 1972. Valencia Cano combinó en su diócesis acción pastoral, alfabetización, teatro comunitario y organización gremial: los sábados subía a caseríos como Punta Soldado a celebrar misa, y quienes lo acompañaban se quedaban dictando clases y montando obras de teatro popular. Junto al líder comunitario Manuel Bedoya impulsó, en el Muro Yusti de Buenaventura, la creación de una cooperativa pesquera que sirvió de matriz para una red de asociaciones costeras. Firmante de la declaración del movimiento Golconda —esa corriente sacerdotal que recogió en clave colombiana el pensamiento de Camilo Torres y propugnó por un cambio profundo y urgente de las estructuras socioeconómicas, aunque Valencia Cano no compartió las vías violentas para la toma del poder que defendía un sector del grupo—, el obispo dejó tras de sí un tejido de organizaciones populares que se prolongaría, décadas después, en la Corporación para el Desarrollo de la Pesca Artesanal del Litoral Pacífico Colombiano (ANPAC), constituida en 1991.

La segunda capa es la del ciclo cívico y sindical nacional de los años setenta. El primer paro cívico rural del que se tiene noticia en Colombia ocurrió en febrero de 1972 en la región del Sarare, en Arauca, cuando un comité cívico bloqueó carreteras y municipios para exigir al INCORA el cumplimiento de créditos subsidiados y vías. Cinco años después, el 14 de septiembre de 1977, el Paro Cívico Nacional convocado por el Consejo Nacional Sindical —que unificó por primera vez a las principales confederaciones sindicales colombianas de líneas políticas dispares— llevó a la calle un pliego de ocho puntos: aumento salarial del 50%, levantamiento del estado de sitio, congelamiento de precios, derogatoria del Estatuto Docente, entrega de tierras, jornada de ocho horas, supresión de decretos sobre el Seguro Social y abolición de la reforma administrativa. El gobierno de Alfonso López Michelsen respondió con los decretos 2004 y 2066, que autorizaban arrestos de treinta a ciento ochenta días para organizadores de ceses y prohibían difundir información sobre paros en radio y televisión, y el M-19 aprovechó la jornada para liberar al empresario Hugo Ferreira Neira, gerente de Indupalma, en solidaridad con la huelga que sus trabajadores adelantaban desde agosto. El paro del 77 se conmemoró hasta entrados los años ochenta y consolidó el repertorio —comités locales, pliego unificado, bloqueo, negociación— del que Buenaventura sería heredera.

La tercera capa es la etnización de los años noventa. Antes de la Constitución de 1991, las organizaciones afropacíficas se articulaban en torno a ejes de clase, gremio y ciudadanía: movimientos cívicos, sindicatos portuarios, cooperativas pesqueras, asociaciones de pequeños productores, agrupaciones artístico-culturales. La Asamblea Nacional Constituyente cambió esa gramática al incorporar el Artículo Transitorio 55, que ordenó al Congreso expedir una ley reconociendo a las comunidades negras ribereñas de la cuenca del Pacífico el derecho a la propiedad colectiva sobre sus territorios. La Ley 70 de 1993 desarrolló ese mandato y creó las figuras del consejo comunitario y de la Comisión Consultiva de Alto Nivel, instancias que redefinieron a las comunidades negras como sujetos étnicos con territorio, autoridad y derecho a la consulta.

Ese giro no fue armónico. Tras la Ley 70 proliferaron organizaciones urbanas de reivindicación étnica cuyos activistas fueron cuestionados por las bases rurales por carecer de representatividad; las organizaciones de pescadores, cooperativas y consejos comunitarios se resistieron a ceder autonomía a coordinaciones nacionales sin arraigo, y las múltiples instancias de participación abiertas por la ley alimentaron tensiones sobre quién podía interlocutar con el Estado en nombre del pueblo negro. El Proceso de Comunidades Negras (PCN) emergió como uno de los referentes de esa articulación en clave étnico-territorial, y en Buenaventura convergieron con él las viejas redes cívicas, gremiales y eclesiales.

La cuarta capa, más reciente y decisiva, fue el Comité del Paro Cívico conformado en 2014, tras una primera movilización que dejó firmado un preacuerdo con el gobierno cuyos compromisos no se cumplieron. Ese comité —integrado por líderes como Víctor Hugo Vidal, Rosa Emilia Salamanca y una franja amplia de organizaciones locales, con figuras que después se harían nacionales como Francia Márquez circulando en su órbita— aprendió del incumplimiento previo, refinó su estructura interna, elaboró un diagnóstico técnico del abandono estatal y esperó una coyuntura para reactivarse. La coyuntura llegó en mayo de 2017.

La reconstrucción de los veintidós días

En la madrugada del martes 16 de mayo de 2017 arrancó el paro. Los bloqueos se concentraron en los puntos neurálgicos que conectan el puerto con el país: el Puente El Piñal —vía obligada para la entrada y salida de contenedores hacia la vía Simón Bolívar y el interior— y los principales corredores urbanos de la Comuna 12 y de la zona insular. Miles de personas, en una ciudad de aproximadamente 400.000 habitantes, se volcaron a las calles; el Comité del Paro y observadores externos hablarían, en el pico de la movilización, de hasta 200.000 personas involucradas de forma directa o indirecta en jornadas, ollas comunitarias, marchas y puntos de resistencia. La ciudad quedó, literalmente, detenida: el puerto dejó de operar con normalidad, el comercio cerró, el transporte se suspendió y las pérdidas económicas empezaron a contabilizarse en decenas de miles de millones de pesos por día.

El pliego que sostenía la movilización desbordaba las demandas puntuales de obra pública. Incluía la declaratoria de una emergencia social, económica y ecológica para el distrito; un sistema de salud propio, con reapertura del Hospital Luis Ablanque de la Plata; agua potable las veinticuatro horas del día, en una ciudad que recibía servicio racionado pese a estar rodeada de ríos; educación pública con universidad pública propia; empleo digno y no tercerizado en el puerto; vivienda, saneamiento, cultura, deporte, medidas contra la violencia armada; y, como marco, un modelo alternativo de desarrollo, el llamado Desarrollo con Soberanía Territorial, que reivindicaba a Buenaventura no como plataforma logística del capital global sino como territorio étnico con vocación propia.

El tercer día del paro, la delegación del gobierno nacional llegó a Buenaventura. La componían, entre otros, el ministro de Ambiente y el secretario general de la Presidencia, y su misión era discutir los términos de la negociación. Muy pronto se encalló en el primer punto: el gobierno se negó a declarar la emergencia, con el argumento de que el estatuto legal invocado por el Comité solo aplicaba a desastres naturales, no a situaciones de abandono estructural. El cuarto día, el alcalde Eliécer Arboleda Torres endureció la postura: condicionó cualquier diálogo al levantamiento previo de los bloqueos, criticó el daño económico que la movilización causaba y pronosticó que el paro no duraría. El Comité rechazó la condición —levantar el bloqueo sin garantías equivalía, en su lectura, a repetir el fracaso de 2014— y, en cuestión de horas, la delegación gubernamental se retiró de manera inesperada de las negociaciones.

Inmediatamente después de esa retirada apareció el ESMAD. Un miembro del Comité del Paro lo resumió con crudeza: "tan pronto como la delegación se retiró, el ESMAD llegó a reprimir a la gente". La represión sustituyó al diálogo. Durante los días siguientes se produjeron enfrentamientos sostenidos en el Puente El Piñal, en la Comuna 12 y en distintos barrios de la zona continental: gases lacrimógenos, aturdidoras, disparos de recalzada y persecuciones nocturnas. Hubo cientos de heridos, allanamientos, detenciones y denuncias de abuso; jóvenes fueron señalados y procesados bajo figuras penales severas, en línea con un patrón nacional en el que entre enero de 2000 y febrero de 2018 se abrieron más de 11.000 casos por rebelión o terrorismo contra jóvenes de 15 a 25 años, con un 95% de no culpabilidad final. La ciudad, sin embargo, no cedió. Ollas comunitarias en las esquinas, alabaos y arrullos en los puntos de resistencia, curas y pastores acompañando las marchas, mujeres al frente de las asambleas: la infraestructura organizativa acumulada durante décadas se manifestó en la capacidad —poco común en una movilización urbana— de sostener el bloqueo por semanas sin desintegrarse.

Bajo la presión del prolongado cierre portuario y del creciente costo político, el gobierno nacional recompuso su delegación. Regresaron a la mesa figuras de mayor peso, entre ellas el vicepresidente Óscar Naranjo, y las conversaciones se reanudaron en la Casa Municipal de Cultura. El Comité del Paro llegó con equipos técnicos, cifras, mapas y un archivo de incumplimientos anteriores; el gobierno, con la urgencia de reabrir el puerto. Se negoció punto por punto, en jornadas que se prolongaban hasta la madrugada, mientras en las calles el pulso con el ESMAD continuaba.

El 6 de junio de 2017, veintidós días después del inicio del paro, se firmó el acuerdo. Contenía compromisos en salud, educación, agua potable, vivienda, empleo, cultura, deporte, seguridad y justicia, y —clave institucional del pacto— la creación de un fondo específico para financiar las inversiones pactadas, con vigencia decenal y administración autónoma. Los bloqueos se levantaron. El puerto volvió a operar. Buenaventura, exhausta pero victoriosa en su capacidad de haber forzado al Estado a sentarse, entró en un nuevo ciclo: el de la implementación.

Causas estructurales y detonantes

Distinguir lo que hizo posible el paro de lo que lo desencadenó ayuda a entender por qué ocurrió cuando ocurrió, y por qué en Buenaventura y no en otra parte.

En el plano estructural, la contradicción es la más antigua y evidente: un modelo de enclave portuario que extrae valor de la ciudad sin devolverle infraestructura, empleo ni servicios. Esa contradicción se agravó a lo largo del siglo XX y se aceleró tras la firma de los tratados de libre comercio de la primera década del 2000, cuando la modernización de terminales y la contenedorización multiplicaron el volumen de carga y simultáneamente destruyeron los oficios tradicionales del puerto. La región Pacífico en su conjunto, al cierre de 2016, presentaba altos niveles de subempleo, desocupación y baja remuneración per cápita, y aportaba a la nación una riqueza que no se traducía en desarrollo regional.

A esa fractura económica se sumó, como segunda causa estructural, la exclusión étnica y racial. La Ley 70 de 1993 había reconocido derechos territoriales colectivos a las comunidades negras del Pacífico, pero su aplicación en zonas urbanas y portuarias fue mínima; la Comisión Consultiva de Alto Nivel funcionó de manera intermitente y las obras derivadas de la consulta previa rara vez se materializaron. La ciudad afrodescendiente más grande del país no tenía universidad pública propia, ni hospital de tercer nivel operativo, ni acueducto de veinticuatro horas.

La tercera causa estructural fue la instalación del conflicto armado y del crimen organizado. Desde la llegada del paramilitarismo hacia 1999, y luego bajo el esquema de subcontratación criminal consolidado hacia 2013, la ciudad vivió bajo un régimen difuso de terror en el que bandas locales controlaban expendios y territorios metro a metro, mientras grandes organizaciones se concentraban en el mercado global de la droga. La violencia intraurbana produjo desplazamientos masivos dentro del mismo municipio, un fenómeno que la Corte Constitucional debió reconocer mediante las Sentencias C-253A y C-781 de 2012, la Sentencia C-280 de 2013 y los Autos 119, 074 y 234 de 2013, ordenando a la Unidad para las Víctimas priorizar Buenaventura.

Los detonantes coyunturales, en cambio, se concentran en los meses previos a mayo de 2017. Primero, el incumplimiento del preacuerdo de 2014, que había generado expectativas y luego frustración. Segundo, la persistencia y agravamiento de la violencia armada, con episodios de desmembramiento y desaparición forzada que resonaban a nivel nacional. Tercero, el momento político: la firma del Acuerdo de Paz de La Habana en noviembre de 2016 había abierto una ventana de expectativas de "paz territorial" que en el Pacífico se traducía en la exigencia concreta de inversión y presencia estatal. Cuarto, la crisis específica de servicios básicos —cortes de agua sostenidos, colapso del hospital, cierre de vías internas por deterioro— que convirtió lo insoportable en insostenible. Finalmente, la maduración del Comité del Paro reactivado desde 2014, con capacidad técnica, política y organizativa para transformar el malestar difuso en un pliego concreto y en un bloqueo sostenido.

Un acuerdo, una ley y un fondo

La consecuencia inmediata del paro fue el acuerdo del 6 de junio de 2017 y la aprobación, en el segundo semestre del mismo año, de la Ley 1872 de 2017. La ley creó un fondo autónomo para Buenaventura con vigencia de diez años, dotado de recursos específicos del Presupuesto General de la Nación y destinado a financiar los compromisos pactados en salud, educación, agua potable, vivienda, empleo, cultura, deporte y seguridad. Se estableció una gobernanza mixta, con participación del Comité del Paro Cívico y de instancias del gobierno nacional y local, y un mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas.

La implementación fue desigual. Los primeros años del fondo mostraron avances parciales en infraestructura educativa y hospitalaria, retrasos considerables en el sistema de acueducto —el punto quizá más sensible para la vida cotidiana bonaverense— y tensiones recurrentes entre el Comité y el gobierno sobre la priorización, contratación y ejecución de las obras. El paso del gobierno de Santos al de Iván Duque en agosto de 2018 introdujo cambios de énfasis, y el Comité del Paro debió mantenerse activo, con nuevos ciclos de movilización y presión, para asegurar la continuidad de los compromisos. La ciudad no se transformó de la noche a la mañana; ninguna ley podía cerrar en una década una brecha construida durante un siglo.

En términos políticos, el paro proyectó a una nueva generación de liderazgos afrodescendientes al escenario nacional. Víctor Hugo Vidal, uno de los voceros más visibles del Comité, sería posteriormente alcalde de Buenaventura, elegido en 2019 y posesionado en 2020 tras una campaña que capitalizó el capital simbólico del paro. Figuras vinculadas al proceso —directa o indirectamente, en la constelación amplia de la lucha por la dignidad del Pacífico— alimentaron trayectorias que llegarían hasta la vicepresidencia de la República en 2022, con Francia Márquez, oriunda del norte del Cauca pero ligada por trayectoria y agenda al movimiento negro pacífico. El paro, en ese sentido, no solo abrió un fondo: abrió una puerta política.

Por qué este paro sigue importando

El Paro Cívico de Buenaventura de 2017 ocupa un lugar singular en la historia reciente de Colombia por al menos tres razones que se sostienen mutuamente.

Fue, primero, el primer gran ciclo de movilización social del posacuerdo, en un país que apenas terminaba de firmar en La Habana el fin de una guerra de más de medio siglo. Los estudios sobre posconflictos señalan que tras un acuerdo la violencia disminuye pero no desaparece, y que el conflicto deja de servir como "tapadera" de las disputas sociales, que ahora se expresan a cielo abierto. El paro bonaverense confirmó ese patrón: en ausencia de la coartada del conflicto armado como principal marco explicativo, la contradicción entre riqueza portuaria y pobreza urbana emergió con toda su crudeza y produjo una movilización de un tamaño y una duración excepcionales.

Fue, segundo, un paro con matriz étnico-territorial. A diferencia del ciclo urbano andino que estallaría en el 21N de 2019 y en el paro nacional del 28 de abril de 2021 —cuando las movilizaciones alcanzaron 862 municipios en los 32 departamentos, y Cali fue bautizada "capital de la resistencia" con puntos como Puerto Resistencia y Siloé—, Buenaventura movilizó desde una gramática distinta: la del pueblo negro que reivindica su territorio, su autoridad y su modelo de desarrollo propio. El pliego habló de Desarrollo con Soberanía Territorial antes que de reformas fiscales o de una lista de derechos individuales; los repertorios simbólicos —alabaos, arrullos, alabanzas en los puntos de bloqueo, presencia de consejos comunitarios y de organizaciones étnicas— provenían de una tradición cultural específica. El estallido social colombiano contemporáneo no se incubó primero en Bogotá o en Cali, sino en las periferias racializadas del Pacífico, y la Colombia andina llegó tarde a un ciclo que la Colombia negra ya había abierto.

Fue, tercero, la maduración pública de una infraestructura organizativa de medio siglo. Sin las cooperativas pesqueras impulsadas por Valencia Cano y Bedoya en los años sesenta, sin el repertorio cívico consolidado por el ciclo de paros del 72 y del 77, sin la etnización derivada de la Ley 70, sin el PCN, sin la memoria del preacuerdo incumplido de 2014, el bloqueo de veintidós días habría sido inconcebible. Esa infraestructura nunca fue homogénea: entre activistas urbanos y bases rurales, entre coordinaciones nacionales y consejos comunitarios, entre distintas iglesias, sindicatos y organizaciones juveniles hubo siempre tensiones, celos y disputas por la representatividad. Pero la coyuntura de 2017 —la combinación de violencia intraurbana insoportable, colapso de servicios, incumplimientos acumulados y ventana política del posacuerdo— fue lo suficientemente intensa como para desbordar las divisiones internas y forzar una convergencia. La organización acumulada hizo posible el paro; la crisis coyuntural lo hizo necesario. Ninguna de las dos condiciones habría bastado por sí sola.

De ahí que Buenaventura 2017 no pueda leerse como un episodio local ni como un antecedente menor. Fue, en sentido estricto, el primer capítulo del ciclo de protesta social colombiano del posacuerdo, y el que definió gran parte de su gramática: bloqueo sostenido de infraestructura crítica, comité amplio con pliego articulado, negociación pública con delegación gubernamental de alto nivel, aparición del ESMAD tras el retiro del diálogo, criminalización juvenil, y desenlace en acuerdo firmado con instrumento legal de largo plazo. Cuando dos años después el 21N pusiera a Bogotá en el mapa del estallido, y cuando en 2021 Cali se convirtiera en símbolo de la resistencia, muchos de los patrones observados en las calles andinas ya habían sido ensayados —a otra escala, en otra clave, con otros cantos— en las calles del Pacífico. La periferia racializada había mostrado el camino, y el país tardaría en reconocerlo.

Buenaventura sigue siendo hoy una ciudad tensa, con la Ley 1872 vigente pero con brechas sociales que persisten, con violencia armada que reaparece por ciclos y con un movimiento cívico que, veintidós días de mayo y junio de 2017 mediante, aprendió que el Estado no llega solo: hay que traerlo, con paciencia organizativa y con la ciudad detenida.