Disidencias de las FARC y reconfiguración del conflicto armado (2017–2022)

Disidencias de las FARC y reconfiguración del conflicto armado (2017–2022)

Entre la dejación de armas de las FARC-EP, certificada por la misión de la Organización de las Naciones Unidas en junio de 2017, y el final del gobierno de Iván Duque Márquez en agosto de 2022, Colombia asistió a una mutación del conflicto armado que ningún vocabulario heredado alcanzaba a nombrar. Lo que se anunció como posconflicto —el paso de una guerra guerrillera de más de medio siglo a una etapa de reincorporación, sustitución de cultivos y reforma rural— se convirtió, en decenas de municipios, en una reconfiguración violenta bajo nuevas siglas y con las mismas rentas de fondo. Las llamadas disidencias, un archipiélago de al menos treinta estructuras armadas para 2021, no fueron una anomalía marginal ni el retorno melancólico de una guerrilla derrotada: fueron la constatación de que el Estado colombiano, con la coca, el oro y la madera en disputa, nunca terminó de llegar a los territorios que las FARC dejaron. Este artículo reconstruye ese proceso —cifras, nombres, geografías, víctimas— y explica por qué lo que puso a prueba el Acuerdo de 2016 no fue si la paz había fracasado, sino en qué lugares no se le permitió empezar.

Los territorios que quedaron abiertos

Cuando el 26 de septiembre de 2016 se firmó en Cartagena el Acuerdo Final entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, el mapa del país no era una hoja en blanco. En amplias franjas del Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, el Pacífico nariñense, el Chocó, el norte del Cauca, el Guaviare, el Caquetá, el Putumayo y el piedemonte llanero convivían, junto a los frentes farianos, otros actores armados: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL o Los Pelusos en el Catatumbo), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia —conocidas como Clan del Golfo—, estructuras posparamilitares locales como Los Caparros y Los Pachely, y bandas ligadas al narcotráfico transnacional. En zonas donde llegaban a operar hasta tres actores criminales simultáneamente con las FARC-EP, la salida de la guerrilla más antigua del continente no dejó vacíos que el Estado pudiera ocupar con calma: dejó territorios en disputa inmediata.

La misión de la ONU certificó en junio de 2017 la desmovilización completa de más de siete mil combatientes de las FARC-EP y, durante ese mismo verano, vació los grandes depósitos de armas señalados por los mandos guerrilleros. Los excombatientes se concentraron en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), figuras nacidas del Acuerdo, en lugares como Mesetas e Icononzo. La operación logística fue impecable en su cara visible. El problema fue el después: la reincorporación se había pactado como algo distinto del desarme, desmovilización y reintegración clásico de inserciones individuales, y debía hacerse "de acuerdo con los intereses" políticos, económicos y sociales de las FARC-EP. Sin vías, escuelas, salud, titulación de tierras, mercados campesinos ni seguridad para los firmantes, ese diseño perdía su columna vertebral, y en la mayoría de los territorios esa presencia civil del Estado no se materializó al ritmo que la dejación de armas requería.

El corredor Bajo Cauca–sur de Córdoba–Urabá antioqueño–frontera con Panamá, ruta histórica del tráfico de cocaína y del oro ilegal; el Catatumbo, con su coca y su tránsito hacia Venezuela; los ríos San Juan y Mira en Nariño, arterias fluviales del narcotráfico hacia el Pacífico; el Baudó y el Atrato chocoanos; el norte del Cauca, con su encaje entre cordillera, minería y economías cocaleras: en todas esas geografías, la salida de las FARC-EP no interrumpió el negocio, sólo reordenó a sus operadores. Antioquia lo ilustra: los cultivos de coca en el departamento habían caído de unas 10.574 hectáreas en 2005 a 3.090 en 2013, en años de mayor confrontación armada, y volvieron a dispararse a 13.326 en 2016. Cuando el actor hegemónico se retira o pierde control, la mata vuelve, y con ella los actores que viven de ella.

De la dejación de armas al rearme: agosto de 2017–agosto de 2019

Los primeros signos de una disidencia armada aparecieron antes de que la tinta del Acuerdo se secara. En zonas del piedemonte llanero, del Guaviare y del sur del Meta, mandos medios de los antiguos bloques Oriental y Sur —encabezados por Miguel Botache Santillana, conocido como Gentil Duarte, y por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco— no se acogieron al proceso o lo abandonaron poco después. Para 2018, en la Orinoquía, excombatientes de esos bloques habían regresado a la clandestinidad, se reactivaban prácticas ligadas a los cultivos de coca y los pobladores volvían a sentir la incertidumbre de años anteriores. El reclutamiento se hacía por citaciones y mensajes amenazantes; a firmantes del Acuerdo se les ofrecía —bajo presión— regresar a filas.

El punto de inflexión política llegó el 29 de agosto de 2019. En un video difundido desde una zona selvática no precisada, Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez y jefe negociador de las FARC-EP en La Habana, apareció junto a Seuxis Hernández, alias Jesús Santrich, y a unos veinte excomandantes —entre ellos Hernán Darío Velásquez, El Paisa, y Juan de Jesús Monroy— anunciando el retorno a las armas. La lectura pública fue el nacimiento de una segunda disidencia, independiente de la de Gentil Duarte, y la denuncia de una traición al Acuerdo por parte del gobierno de Duque, que había asumido en agosto de 2018 con una plataforma que prometía modificar sustancialmente lo pactado.

El detonante inmediato del rearme de Márquez y Santrich estaba encadenado a un episodio judicial y político anterior. En abril de 2018, Santrich —exnegociador y congresista designado por el partido Comunes— había sido arrestado por presunto narcotráfico posterior al Acuerdo, tras una orden de Interpol tramitada por autoridades estadounidenses. Fue liberado por falta de pruebas concluyentes sobre la fecha del presunto delito, en un caso que se convirtió en frente de choque entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía General de la Nación. Paralelamente, el uribismo y el Centro Democrático desplegaron una campaña sostenida para excluir a la guerrilla desmovilizada de la competencia política: se les señaló como violadores de niños y se exigieron penas de cárcel antes de permitirles ocupar los escaños que el Acuerdo les había asignado en el Congreso. Cuando Márquez, Santrich y su grupo cruzaron a la clandestinidad, invocaron ese ambiente como prueba de que el Estado no cumpliría con lo pactado. Santrich fue asesinado en Venezuela en mayo de 2021.

La geografía del rearme y las cifras del crecimiento

Para 2021, el Ministerio de Defensa contabilizaba 5.187 integrantes de disidencias, de los cuales 2.570 estaban en armas, frente a los 2.972 iniciales de 2016 y los 4.879 de 2019. La cifra importa menos por su exactitud —siempre discutible— que por su tendencia: en cinco años, mientras el Acuerdo se implementaba, el pie de fuerza disidente casi se duplicó.

Ese crecimiento no se explica principalmente por la conquista de nuevas zonas del territorio nacional. Las disidencias se consolidaron en las áreas contiguas a sus antiguos dominios y en los espacios que las FARC-EP habían controlado: Antioquia, Chocó, Catatumbo, Arauca, sur de Bolívar y Cauca. La estructura liderada por Gentil Duarte se expandió desde el Cauca hacia Nariño con el propósito declarado de reintegrar el antiguo Bloque Occidental bajo el rótulo de Comando Coordinador de Occidente. En 2017, esa disidencia se alió con el Clan del Golfo para entrar al Pacífico norte de Nariño —la zona del Sanquianga—, donde el Clan controló puntos estratégicos de minería ilegal y de producción y procesamiento de pasta de coca. En el mismo litoral, la organización denominada Cordillera Sur operó como enlace entre el Clan del Golfo y grupos pos-FARC, con líderes capturados por la Fiscalía en 2021.

El Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba se convirtieron en un tablero de guerra abierta. Las disidencias de los frentes 18 y 36 disputaban territorios y rentas —legales e ilegales— con el ELN, el Clan del Golfo, Los Caparros y Los Pachely. El alza del precio del oro pudo hacer más rentable la minería que la coca; los grupos armados diversificaron su base económica hacia la extracción aurífera, la industria maderera, el control de la ganadería y la palma, y hacia la prestación de servicios de seguridad privada ilegal para terceros civiles con intereses en proyectos de desarrollo. En el Catatumbo, alias El Negro Eliécer coordinaba con la disidencia del EPL —el Frente Libardo Toro comandado por alias Megateo—, con el ELN, con estructuras neoparamilitares y con carteles internacionales el reparto del negocio de las drogas ilícitas.

En el norte del Cauca, la coca, la marihuana y la coacción sobre organizaciones indígenas y campesinas empujaron la violencia a niveles que hacía tiempo no se veían. Entre 2016 y 2020 se registraron oficialmente 59 casos de reclutamiento forzado en el departamento —cifra que la Defensoría del Pueblo y las organizaciones territoriales consideran gruesamente subestimada por el silencio de las víctimas—. Líderes indígenas fueron amenazados de muerte y declarados objetivos militares por disidencias, ELN y EPL empeñados en desarticular la organización comunitaria y los procesos de restitución de tierras y sustitución de cultivos. La coacción sobre estas organizaciones no era un daño colateral del negocio: era la condición para que el negocio funcionara, y anticipaba lo que ocurriría a mayor escala con las comunidades étnicas del Pacífico y del Chocó.

En la frontera colombo-venezolana, la porosidad del límite y la presencia previa de estructuras farianas configuraron corredores logísticos y refugios operativos. Arauca, con su frontera con Apure, y Norte de Santander, con su vecindad con el Zulia, se convirtieron en escenarios donde los mandos disidentes podían replegarse. La muerte de Santrich en territorio venezolano en mayo de 2021 dejó constancia pública de esos vínculos.

Comunidades étnicas: el peso desproporcionado del posacuerdo

Sobre las comunidades indígenas y afrocolombianas del Pacífico, del Chocó, de Nariño y del Cauca cayó una parte desproporcionada de esta reconfiguración, y por razones que se leen mejor en el mapa de las economías ilegales que en cualquier estadística agregada. En el Chocó, la guerra entre el ELN y el Clan del Golfo provocó confinamientos de comunidades wounaan y embera-katíos, y desplazamientos masivos de comunidades negras. La Personería local de Juradó denunció que en 2019 el ELN reclutó a nueve menores de edad, casi todas niñas desde los doce años; en todo el departamento, decenas de menores fueron obligados a ingresar a las filas.

El reclutamiento tenía una lógica operativa precisa. En los ríos del Baudó y del Atrato, en los caseríos donde los comandantes fijaban sus centros de mando, la reclutada de doce años servía a la vez de cocinera, de mensajera, de compañera forzada del mando, de guardia en los retenes fluviales. Su presencia sostenía la logística cotidiana de la tropa y sellaba, con el silencio del miedo, el sometimiento de la comunidad de la que había sido arrancada. Las madres que denunciaban perdían a las hijas dos veces: primero al reclutamiento, después a la represalia. Las autoridades tradicionales embera y wounaan, cuyas asambleas habían sostenido durante décadas la resistencia contra colonos, madereros y guerrilleros, se encontraron desarmadas frente a una economía de guerra que ya no negociaba con los mayores ni respetaba los resguardos. En Juradó, en Bojayá, en el bajo Baudó, la lista de niñas reclutadas era siempre parcial: el silencio la protegía como la protegía el monte.

En Nariño, los ríos San Juan y Mira funcionaron como corredores para transportar coca procesada hacia la costa Pacífica, y los sistemas fluviales sostuvieron cadenas de suministro que atravesaban puertos, esteros y manglares. La Defensoría del Pueblo documentó impactos diferenciados sobre los grupos étnicos de la zona: confinamiento, víctimas civiles por minas antipersona, restricciones a la movilidad. El resguardo Awá Inda Sabaleta ilustró el patrón. Comunidades del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, tras décadas de presión sobre sus tierras por la expansión de la palma desde los años noventa y de la coca desde 2002, siguieron enfrentando el asesinato de líderes, el desplazamiento forzado y el confinamiento por parte de grupos armados aliados por intereses económicos.

La presencia armada paralizó actividades agrícolas comunitarias, forzó al abandono de fincas y produjo dependencia económica. En el norte del Cauca, líderes indígenas describieron el escenario posterior a 2016 como una zozobra permanente: donde antes había un actor armado dominante había ahora varios, todos con vocación extractiva y ninguno con voluntad de reconocer las autoridades tradicionales. El capítulo étnico del Acuerdo —negociado con esfuerzo por delegaciones indígenas y afrodescendientes— quedó, en la práctica, como uno de los tramos más rezagados de la implementación, y su rezago no era un asunto de calendario: era la condición que permitía que los mismos corredores fluviales, mineros y cocaleros siguieran funcionando bajo nuevas siglas.

Las víctimas de un posacuerdo incompleto

La cifra más pesada de este período no es la del pie de fuerza disidente, sino la de sus muertos. Entre 2017 y 2021 fueron asesinados al menos 1.262 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia: 207 en 2017, 298 en 2018, 279 en 2019, 310 en 2020 y 168 en un tramo de 2021. En 2020, según el informe Análisis Global 2020 de Front Line Defenders, Colombia ocupó el primer lugar mundial en asesinatos de defensores de derechos humanos, con 177 de los 331 registrados globalmente —el 53% del total—; era un lugar que el país ocupaba desde 2016.

Esos asesinatos no se distribuyeron al azar sobre el mapa. Se concentraron en las mismas zonas donde las disidencias y otros grupos disputaban las rentas dejadas por las FARC-EP: Putumayo, Caquetá, Guaviare, norte del Cauca, Chocó, Nariño, Bajo Cauca. En los tres departamentos amazónicos, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), fueron asesinados 113 líderes sociales entre 2016 y 2020, entre ellos promotores y firmantes del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) e impulsores de procesos de sustitución voluntaria. El patrón se lee mejor cuando se cruza con la geografía del PNIS: la tasa de homicidios en municipios con poblaciones inscritas en el programa fue del 54,7%, frente al 39,5% en municipios con coca sin programa y al 21,7% en municipios sin coca. Firmar la sustitución voluntaria expuso a los liderazgos rurales a un riesgo mayor que el de vivir en zonas cocaleras sin programa alguno. La violencia contra los liderazgos no era colateral: era funcional. Los grupos armados eliminaban a quienes desafiaban la entrada del mercado ilícito.

Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, entre el 5 de marzo y el 31 de julio de 2020, fueron asesinados 73 líderes sociales y al menos 13 comuneros indígenas. El 93% de las víctimas eran hombres, el 7% mujeres; el 90% murió en zona rural. La cuarentena inmovilizó al país pero no a los asesinos, y confirmó lo que las periferias sabían de tiempo atrás: en ellas, el Estado no protege lo que no ve.

Los firmantes del Acuerdo tampoco quedaron a salvo. A octubre de 2021, casi 292 excombatientes de las FARC-EP habían sido asesinados tras dejar las armas, y las cifras acumuladas para los primeros cinco años del Acuerdo superan los 300. El expresidente César Gaviria Trujillo ofreció una lectura punzante: los conflictos agrarios quedaron intactos tras el Acuerdo y los llamados terceros civiles —empresarios, hacendados, financiadores— se negaron a entrar a la justicia transicional. La guerra contra quienes creyeron en la paz fue, en muchos casos, la continuación por otros medios de una disputa por la tierra que el proceso no alcanzó a tocar.

Esa desconexión tuvo rostros concretos, y ninguno fue tan revelador como el de María del Pilar Hurtado, lideresa asesinada en Tierralta, Córdoba, en junio de 2019. El video del crimen, grabado por su hijo pequeño, se viralizó y forzó al país a mirar lo que ocurría en los municipios donde el Estado había prometido presencia y no la había dado. La respuesta del presidente Duque tardó en llegar y fue leída, con razón, como muestra de la distancia entre el discurso oficial sobre la paz y el trato administrativo que recibía la sangría de los liderazgos rurales. El caso Hurtado sirvió, además, para volver visible un mecanismo que las cifras del PNIS ya sugerían: la mayor exposición no estaba en los combatientes ni en las autoridades, sino en las mujeres y hombres que ocupaban los cargos comunitarios más modestos —juntas de acción comunal, comités de sustitución, consejos comunitarios— y que se interponían, sin protección alguna, entre las economías ilícitas y las comunidades que las padecían.

Las causas: por qué se rehizo la guerra

La reconfiguración del conflicto entre 2017 y 2022 no tuvo una causa única. Se explica por tres capas encadenadas: una estructural, anterior al Acuerdo; una de implementación deficiente; y una política, atribuible al gobierno Duque.

La capa estructural es la más antigua. En los territorios donde las FARC-EP se retiraron, las economías ilegales —coca en el Catatumbo, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare y Cauca; oro en el Bajo Cauca y el Chocó; madera y minería en varios corredores— ya sostenían circuitos productivos, laborales y de tributación armada consolidados. La introducción de la coca en la Amazonia entre 1977 y 1987 había impulsado un ciclo de colonización que arrastraba cuatro décadas de arraigo campesino en el cultivo. Los grupos que ocuparon los espacios dejados por las FARC no llegaron a inaugurar economías: entraron a disputar rentas preexistentes que ningún proceso de paz podía desmontar en el corto plazo. En zonas donde operaban hasta tres actores criminales simultáneamente con la guerrilla desmovilizada, la ocupación por otros grupos fue casi inmediata a la dejación de armas.

Sobre esa base estructural cayó una implementación a medias. El PNIS, diseñado como columna vertebral de la sustitución voluntaria pactada en el punto cuatro del Acuerdo, funcionó con pagos tardíos, incompletos o simplemente inexistentes, y con una ausencia crónica de proyectos productivos que reemplazaran los ingresos del cultivo ilícito. El contraste con la erradicación forzada es elocuente: la resiembra en zonas de sustitución voluntaria fue del 0,8%, mientras que en zonas de erradicación forzada alcanzó el 50%, según Indepaz. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) —el otro gran instrumento del posacuerdo— tendieron a reducirse a construcción de vías y a proyectos demostrativos, sin que la idea de una transformación integral de los territorios lograra arraigarse. En municipios que habían sido territorios de presencia de las FARC-EP, la Fiscalía General de la Nación registró en 2018 unos 2.957 homicidios, un 30% más que en 2016, y las tasas de homicidio más altas del país.

La tercera capa fue política. La llegada al poder en agosto de 2018 de una coalición encabezada por el Centro Democrático, elegida con una plataforma que prometía modificar sustancialmente el Acuerdo, produjo un déficit de legitimidad. La administración Duque impulsó iniciativas para socavar componentes clave del Acuerdo desde el ejecutivo —incluida, en su momento, la oposición a las curules especiales en el Congreso para víctimas del conflicto, luego modificada— y algunas de esas iniciativas sufrieron reveses parciales atribuibles a la impopularidad del presidente. El enfoque de seguridad del gobierno tendió a explicar la violencia colombiana principalmente a través del narcotráfico, mantuvo trazas de la figura del enemigo interno y se alineó en varios frentes con los lineamientos de la administración de Donald Trump, particularmente en el tratamiento de Venezuela, Cuba y los cultivos ilícitos. La política de sustitución voluntaria pactada perdió centralidad, y la señal enviada a las comunidades campesinas fue inequívoca: el Estado que había firmado el Acuerdo no era el Estado que lo iba a cumplir.

Las tres capas se refuerzan. La estructura de economías ilegales habría producido rearmamiento incluso con una implementación diligente; la implementación deficiente habría erosionado el Acuerdo incluso sin cambio de gobierno; la política de Duque hizo posible que ambas fallas se profundizaran sin corrección. Ninguna es suficiente por sí sola, pero su combinación convirtió territorios con vocación de paz en laboratorios de rearmamiento.

Consecuencias: un país con más grupos, menos legitimidad y las mismas heridas

Al cierre del gobierno Duque, en agosto de 2022, el conflicto armado colombiano tenía más actores que en 2016. Al menos treinta grupos disidentes de las FARC-EP operaban con estructuras de poder altamente localizadas, integrados por miembros que nunca se desmovilizaron, por excombatientes que se rearmaron por frustración con la implementación y por nuevos reclutas —muchos de ellos jóvenes rurales, indígenas y afrocolombianos, incluidos menores de edad—. El ELN aprovechó el vacío para consolidar y expandir su presencia en zonas adyacentes a sus dominios, incluido el sur de Bolívar. El Clan del Golfo, las estructuras posparamilitares y los carteles transnacionales completaron el reparto.

La reincorporación de excombatientes, concebida como un pilar del Acuerdo, sufrió erosiones graves. Los asesinatos de firmantes, los incumplimientos y el deterioro de las condiciones de seguridad produjeron su correlato en el exilio de algunos líderes desmovilizados y en la desconfianza persistente de las bases. Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, quedó al frente del partido Comunes con una legitimidad interna erosionada por la escisión de Márquez y Santrich y por la sangría de firmantes en los territorios.

El campo agrario, corazón temático del punto uno del Acuerdo, siguió en gran medida sin ser tocado por la reforma rural integral. Los terceros civiles que se negaron a entrar a la justicia transicional preservaron su capital y su influencia. Los conflictos por la tierra —restitución, formalización, titulación colectiva a comunidades étnicas— avanzaron con lentitud, y los líderes que los impulsaban murieron en tasas altísimas.

En el terreno simbólico, la legitimidad del Acuerdo de 2016 —que había recibido el respaldo de la comunidad internacional y el premio Nobel de la Paz de ese año para el presidente Santos— salió deteriorada. Se instaló una narrativa pública, alimentada por sectores del uribismo, que asociaba paz con impunidad y sustitución con narcotráfico. Esa narrativa cerró, para amplios sectores de la opinión, la posibilidad de discutir con honestidad qué había fracasado y qué merecía ser preservado.

Pero también hubo, en ese mismo período, hechos que no cabían en la lectura del fracaso puro. La Jurisdicción Especial para la Paz avanzó en la macrocausa 01 sobre secuestro y en las investigaciones sobre falsos positivos, con reconocimientos públicos de responsabilidad de exjefes guerrilleros y de militares. La Comisión de la Verdad, encabezada por el padre Francisco de Roux, entregó su informe final en junio de 2022 tras cuatro años de trabajo territorial. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas empezó a exhumar cuerpos en escenarios largamente clausurados. Los ETCR sobrevivieron, con dificultades, en Icononzo, Miravalle, Mesetas y otros lugares, y algunos proyectos productivos —cafés, textiles, turismo comunitario— probaron que la reincorporación colectiva era posible cuando había continuidad estatal y acompañamiento internacional.

La paz no se decretó en La Habana ni en Cartagena: se jugó municipio a municipio. Donde el PNIS pagó a tiempo y acompañó con proyectos productivos, la coca no volvió y los liderazgos comunitarios pudieron disputar el sentido del territorio; en la mayoría de los municipios donde se jugaba, en cambio, la mata regresó, con ella los actores armados que viven de gravarla, y los líderes fueron asesinados por defender lo que el Estado no defendía. La diferencia, municipio a municipio, la marcaba la capacidad —o la falta de ella— de las instituciones civiles para llegar donde antes sólo llegaban la guerrilla o el ejército.

Las disidencias son la sigla; el fondo son los territorios donde el Estado colombiano no llegó a ejercer la ciudadanía que había prometido, y donde treinta grupos armados aprendieron en cinco años que la renta seguía intacta y el castigo era esquivo. Con ese balance entregó Colombia, en agosto de 2022, un Acuerdo herido pero vivo, y una guerra reconfigurada que ya llevaba nombres nuevos.