Diego Luis Córdoba

Un abogado negro en un país que se pensaba mestizo

Córdoba llegó a la política colombiana desde una doble frontera: la del Chocó, que hasta 1947 fue intendencia y no departamento, y la de una mayoría negra a la que el país oficial no reconocía como sujeto político. Su carrera se levanta contra los dos bordes a la vez. En un país donde, a lo largo del siglo XX, los colombianos negros que participaron en política lo hicieron predominantemente en clave de clase o de región —rara vez movilizándose como negros—, Córdoba nombró en voz alta la variable racial y la enlazó con la carencia territorial. No lo hizo desde la ruptura, sino desde adentro del Partido Liberal, en los años en que ese partido, tras las elecciones de 1933, ocupó por primera vez y sin disputas el andamiaje del Estado.

Su singularidad no está en haber sido el único chocoano ilustrado de su generación —el Chocó de los años treinta produjo una notable cohorte de abogados y letrados negros, entre ellos Manuel Mosquera Garcés, Ramón Lozano Garcés, Adán Arriaga Andrade y Vicente Barrios Ferrer, con quienes cruzó alianzas y disputas—, sino en haber construido con ellos, y sobre ellos, un movimiento con base social propia. El cordobismo fue un fenómeno inédito: un liderazgo negro con maquinaria territorial, capaz de disputar concejos, asambleas y curules, y de imponer al Estado central una agenda regional que ese Estado había preferido ignorar durante siglo y medio.

Quibdó, el derecho y la Bogotá de los años treinta

Diego Luis Córdoba nació en 1907 en Quibdó, capital de una intendencia que a comienzos del siglo XX prolongaba, con retoques republicanos, la geografía social heredada de la colonia. Casi siglo y medio antes de su nacimiento, hacia 1782, los negros representaban cerca del 75 % de la población del Chocó —unos 35.000 habitantes en total—, los blancos apenas el 2 % y el resto eran indígenas. Aquella composición demográfica, forjada por la importación masiva de esclavos africanos para las minas de oro del San Juan y el Atrato, no era un dato del pasado en el Quibdó donde Córdoba se formó: era el mapa vivo de la desigualdad local. La élite blanca —menos del 10 % de la población— controlaba la política intendencial y provincial y sostenía con la mayoría negra una relación que las descripciones de la época equiparan, sin metáfora, a la del amo con el sirviente.

El Chocó de la infancia de Córdoba era, además, un territorio construido para ser gobernado desde afuera. Ya en la colonia, los dueños de minas más ricos jamás residieron en la región: administraban sus haberes desde Buga, Cartago, Cali, Anserma, Popayán y Santa Fe de Bogotá. Ese patrón —control externo, extracción, absentismo— fue heredado por la república: el Estado central mantuvo con el Chocó una lógica a la vez ausente e intervencionista, incapaz de proveer los servicios y beneficios sociales que ofrecía a otras regiones, pero eficaz para retener la última palabra sobre el territorio. Los ríos, con su lógica de asentamiento disperso, habían servido durante siglos para evadir a los curas capuchinos, que se quejaban de que los ribereños huían a la sola vista del sacerdote. Esa misma dispersión heredaría Córdoba como problema y como oportunidad políticos: había que ir río por río, quebrada por quebrada, si se quería construir una base social.

Para un joven negro de Quibdó con vocación pública, el camino era uno y estaba lejos: el derecho, cursado en Bogotá. Esa era la ruta clásica por la que los criollos de provincia habían accedido, desde la colonia, a cargos gubernamentales y prestigio social; y en la Bogotá de finales de los años veinte y comienzos de los treinta, el título de abogado seguía siendo la credencial mínima para entrar en la política nacional. Córdoba la obtuvo. Regresó al Chocó con lo que ningún líder negro anterior había reunido a la vez: formación jurídica capitalina, redes bogotanas y un país que, por primera vez en medio siglo, empezaba a mirarse en clave reformista.

De las quebradas del Atrato al Congreso

El regreso de Córdoba al Chocó coincidió con la República Liberal. En 1934, Alfonso López Pumarejo asumió la presidencia con el programa que se llamaría la Revolución en Marcha; el Partido Liberal, tras su victoria de 1933, iba a mantener durante más de una década mayorías en las dos cámaras del Congreso, en casi todas las asambleas departamentales y en seis o siete de cada diez concejos municipales. Para 1936, el conservatismo se había replegado tácticamente y el liberalismo ocupaba, solo y sin disputa, el andamiaje del Estado. Esa hegemonía abría, en la periferia, oportunidades hasta entonces impensables: el partido asesoraba jurídicamente sindicatos y ligas campesinas, había reglamentado los sindicatos en 1931 y patrocinaba, desde el Estado, procesos de sindicalización y organización popular. Córdoba entendió, con precisión, que allí estaba su ventana.

Entre 1933 y 1935 realizó lo que puede considerarse el acto fundacional del cordobismo: una gira exhaustiva por la intendencia, río arriba y río abajo, hasta las quebradas más remotas. Se decía —y la cifra, aunque hiperbólica, mide el fenómeno— que prácticamente no había chocoano que no lo hubiera visto o escuchado. La campaña convirtió al abogado quibdoseño en algo que el Chocó no había tenido: un liderazgo negro con presencia física acumulada en cada pueblo del Atrato y el San Juan. Sobre esa base personal se levantó Acción Democrática, el movimiento con el que Córdoba articuló la reivindicación de la mayoría negra frente a la élite blanca local. La consigna era doble: justicia social para los negros del Chocó, dignidad para una región que el Estado central había tratado como territorio de segunda.

Con esa maquinaria en marcha, Córdoba entró al Congreso. Desde la Cámara de Representantes construyó, a lo largo de los años treinta y cuarenta, un discurso donde la denuncia del absentismo estatal, la crítica a la exclusión racial y la exigencia de infraestructura, educación y presencia institucional para el Chocó se enunciaban como una sola demanda. No era el discurso abstracto del reformismo bogotano; era la traducción parlamentaria de lo que había visto en las quebradas. Su interlocución con el lopismo fue estratégica: López Pumarejo, un reformista situado en la élite burguesa liberal más que un revolucionario, había desplazado con fuerza la presión hegemónica del partido hacia la ocupación material y burocrática del Estado. En ese desplazamiento cabía, como pieza útil, un caudillo regional que movilizara a una periferia hasta entonces inerte.

El gobierno de Eduardo Santos, entre 1938 y 1942, imprimió a la Revolución en Marcha un ritmo de "sin pausa ni prisa" —no derogó las reformas de López, pero tampoco las impulsó— y Córdoba supo maniobrar en esa pausa sin perder la iniciativa. La segunda administración de López, y los años inmediatamente posteriores, encontraron al cordobismo instalado como fuerza dominante en el Chocó y con capacidad para negociar en Bogotá su gran demanda pendiente: la conversión de la intendencia en departamento. Esa aspiración no era decorativa. Significaba, en términos concretos, asamblea propia, gobernador con estatus departamental, presupuesto autónomo, representación política plena y salida del régimen de territorios especiales que había mantenido al Chocó bajo tutela.

El proyecto se coronó con la Ley 13 de 1947, sancionada durante la administración de Mariano Ospina Pérez, que erigió al Chocó en departamento con efectos a partir de 1948. La paradoja histórica no puede pasarse por alto: el hito que corona al cordobismo se aprobó ya bajo un gobierno conservador, en el umbral de la violencia bipartidista que iba a arrasar el país. La creación del departamento fue, en la carrera de Córdoba, un techo y un principio: le dio a la región el estatus que había demandado durante quince años, pero lo hizo en un país que estaba a punto de romperse.

El cordobismo: raza, región y liberalismo

Conviene desmontar la imagen fácil. El cordobismo no fue un movimiento étnico en el sentido que esa palabra tendría tras la Constitución de 1991; ni pretendía derechos colectivos, ni reivindicaba territorios comunitarios, ni operaba fuera del bipartidismo. Fue, en rigor, un movimiento liberal con base social negra y agenda regional, capaz de nombrar la raza como factor político sin convertirla en programa de ruptura. Esa fue, a la vez, su fuerza y su límite.

Su fuerza estuvo en haber roto, dentro del canal institucional disponible, el monopolio blanco de la representación chocoana. Los negros del Chocó encontraron en el cordobismo una vía hacia la justicia social y la reivindicación de la región; hasta entonces, la política intendencial había sido asunto de una élite reducida, con vínculos externos, que gobernaba una mayoría a la que trataba como personal doméstico. Córdoba desbarató esa ecuación al construir una maquinaria alternativa desde abajo, río por río, y al llevar a esa mayoría a las urnas y al Congreso.

Su límite fue el precio del canal escogido. El Partido Liberal había cooptado, desde 1931, los movimientos populares mediante asesorías legales, reglamentación sindical y sindicalización agenciada por el Estado; el cordobismo entró en ese engranaje. No podía denunciar la exclusión racial sin denunciar a la vez el orden liberal que lo albergaba, y no lo hizo. La consecuencia fue que la reivindicación racial se subordinó a la lógica regional-clientelar, y que el movimiento, tras las victorias parlamentarias, empezó a funcionar como maquinaria territorial más que como proyecto emancipador. Ese era, por lo demás, el destino común de las periferias liberales del período: el propio López había desplazado la presión política hacia la ocupación material y burocrática del Estado, haciendo más vulnerable la República Liberal y estimulando lo que sus críticos llamaron las deformaciones absolutistas del Estado representativo.

El cordobismo tampoco fue una excentricidad ideológica: fue el ala regional de un liberalismo que, sin dejar de albergar una fuerte facción terrateniente, se había ido alineando con las aspiraciones de la clase media urbana y de la clase obrera. En esa coalición amplia, un caudillo negro del Pacífico cabía como pieza útil: aportaba curules, aportaba movilización, aportaba una periferia que el partido no tenía por qué disputarle al conservatismo. Córdoba lo entendió y lo usó. Lo que no pudo hacer —ni intentó— fue romper el molde: la política étnica como derecho colectivo llegaría cuatro décadas después, y llegaría fuera del liberalismo.

Alianzas, tensiones, contemporáneos

La generación de Córdoba en el Chocó fue notablemente densa. Manuel Mosquera Garcés, Ramón Lozano Garcés, Adán Arriaga Andrade y Vicente Barrios Ferrer, entre otros, forman con él una cohorte de intelectuales y políticos negros que atravesaron por la Bogotá letrada y regresaron a disputar la intendencia. No siempre coincidieron en filas: la política chocoana de los años treinta y cuarenta fue también una disputa interna entre facciones y liderazgos, con matices ideológicos que iban del liberalismo reformista al conservatismo católico. Mosquera Garcés, por ejemplo, militó en el conservatismo y llegó al ministerio, evidencia de que la generación negra del Chocó no era homogénea ni política ni doctrinalmente. Sobre ese tablero interno, Córdoba fue quien construyó base social más amplia y maquinaria más duradera.

Con el lopismo mantuvo una relación de utilidad recíproca. Córdoba necesitaba el canal parlamentario y la protección política del ala reformista; López necesitaba periferias movilizadas para sostener la hegemonía liberal. La coincidencia era estructural, no personal: no fue un cordobismo dependiente de López, sino un cordobismo que operó bajo el paraguas de la República Liberal y supo negociar con sus sucesores. Con Gaitán, el otro gran movilizador del período, la relación fue más compleja. El gaitanismo, que incluía sectores campesinos, obreros y pequeños propietarios, y que fue objeto de persecución implacable en varios municipios del centro del país, compartía con el cordobismo el trabajo con las bases populares, pero se enunciaba en clave de clase y no de raza-región. Córdoba se movió en paralelo, no en subordinación, a esa corriente.

El 9 de abril de 1948 alteró para siempre las coordenadas. El asesinato de Gaitán desencadenó la ola de disturbios que la memoria capitalina condensó en el Bogotazo, pero que algunos han preferido llamar el colombianazo, para subrayar que Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, El Carmen y muchas otras ciudades también vivieron levantamientos. Aquellos disturbios carecieron de orientación política organizada: lo que pudo ser una revolución quedó reducido a una explosión invertebrada de furia popular. En el mediano plazo, la muerte de Gaitán debilitó profundamente al ala progresista del liberalismo y permitió a los dirigentes centristas recuperar el control del partido. Para Córdoba, esto significó operar en un liberalismo cada vez menos disponible para agendas de fondo, y en un país que entraba en La Violencia —después calificada como la mayor movilización de civiles armados del siglo XX— con las zonas rurales y campesinas como escenario principal.

El Chocó no fue centro de La Violencia bipartidista al modo de Tolima, Cundinamarca o los Llanos, pero tampoco quedó al margen del reacomodo político nacional. Córdoba, ya como figura consolidada tras la creación del departamento, sobrevivió al huracán y siguió operando dentro del liberalismo hasta su muerte en 1964. Los años cincuenta y comienzos de los sesenta, con la dictadura de Rojas Pinilla primero y el Frente Nacional después, redujeron el margen de maniobra de los caudillos regionales; pero la maquinaria cordobista —heredada, disputada, fragmentada— siguió siendo la referencia dominante de la política chocoana durante toda la segunda mitad del siglo XX.

Del departamento del Chocó a la Ley 70

El legado de Córdoba se mide en dos escalas. La primera es institucional y directa: sin su porfía sostenida durante quince años, la Ley 13 de 1947 no habría existido o habría llegado mucho después. La conversión del Chocó en departamento fue, para su época, una anomalía. El resto de la reorganización territorial que hoy conocemos vendría después: el departamento de Córdoba —sin relación con el apellido del político chocoano— se desprendió de Bolívar en 1952; La Guajira se erigió en 1965 y el Cesar en 1967, ambos desde Magdalena; Sucre se separó de Bolívar en 1966; ese mismo año se crearon Quindío y Risaralda a partir de Caldas. Todos esos departamentos son hijos de la descentralización político-administrativa impulsada durante el Frente Nacional, que respondía tanto a criterios técnicos como al interés político de fragmentar viejas maquinarias regionales y crear nuevos feudos. El Chocó, en cambio, había sido departamento veinte años antes, en pleno arranque de la violencia bipartidista, y por razones distintas: la presión sostenida de un movimiento regional específico, con base social propia y agenda articulada. Esa precocidad es parte del monumento cordobista.

La segunda escala es simbólica y de más largo aliento. Córdoba fue el primer político colombiano de proyección nacional que hizo de la condición negra un componente explícito de su acción pública. Que lo haya hecho dentro del liberalismo, sin romper con el bipartidismo y sin formular una reivindicación étnica en el sentido contemporáneo, no anula la novedad: la nombró donde el país oficial prefería no verla. En un siglo en que la movilización étnico-racial fue en Colombia mucho más rara y tardía que en Brasil, el cordobismo instaló, al menos regionalmente, la evidencia de que la raza pesaba en política.

La ruta que Córdoba dejó a medio camino —la exclusión racial como problema estructural del Estado colombiano— fue retomada, cuatro décadas después, por vías que él no habría reconocido del todo. A mediados de los años ochenta surgieron en el Chocó organizaciones de campesinos negros que se convirtieron en antecedente clave del movimiento negro organizado en Colombia. Aquellas organizaciones hicieron un viraje decisivo: pasaron de reclamar inclusión y ciudadanía plena —que era, en el fondo, el idioma del cordobismo— a exigir reconocimiento de la diferencia étnica. Ese cambio de gramática desembocó institucionalmente en la Constitución de 1991, que reconoció a afrocolombianos e indígenas como sujetos colectivos con derecho a sus territorios, y en la Ley 70 de 1993, que le dio contenido operativo al artículo transitorio 55 de la Carta. La misma Constitución de 1991 transformó todos los territorios nacionales —intendencias y comisarías, gestionados durante décadas desde la oficina central llamada DAINCO— en departamentos, cerrando el régimen especial del que el Chocó había sido pionero en salir.

Hay, sin embargo, una sombra en el legado que no puede omitirse. El cordobismo, al anclar el poder en una figura personal y en la maquinaria liberal, contribuyó a instalar en el Chocó y en el Pacífico un patrón que las décadas siguientes convertirían en problema estructural: el control de gobiernos locales por facciones políticas, la asignación de contratos públicos a actores privados vinculados a esas facciones, el deterioro consecuente de la política pública local, y la invisibilización de los crímenes contra la administración pública, favorecida por las características del sistema de justicia regional. No es justo cargar a Córdoba con las culpas de todo lo que vino después; sí lo es reconocer que la política de caudillos regionales, que él ayudó a instaurar como forma dominante en el Chocó, cargaba en su diseño mismo los vicios que después la desfigurarían.

Diego Luis Córdoba murió en 1964, cuando el Frente Nacional entraba en su fase de consolidación y el Chocó llevaba ya dieciséis años como departamento. No alcanzó a ver la crisis de la política tradicional colombiana ni el reordenamiento étnico-territorial de los años noventa. Le tocó, en cambio, hacer lo más difícil: nombrar por primera vez, en el Congreso de un país que se pensaba mestizo, la coincidencia entre la geografía del olvido estatal y la geografía de la piel negra. En esa nominación —hecha desde adentro del liberalismo, con las herramientas que el liberalismo le prestó, y con los límites que el liberalismo le impuso— reside su lugar en la historia política de Colombia. Es el primer eslabón de una cadena que otros extenderían, con otros nombres y otras armas, hacia lo que él no llegó a decir pero volvió pensable: que la ciudadanía en Colombia también se juega, y se pierde, en clave de raza.