La trata negrera por Cartagena y el régimen esclavista neogranadino

La trata negrera por Cartagena y el régimen esclavista neogranadino

Entre 1580 y 1640, por el puerto de Cartagena de Indias entraron bajo registro no menos de 110.000 africanos esclavizados, más que por ningún otro puerto del Caribe o de Brasil en ese período. Si se suman los ingresos posteriores y las estimaciones que incorporan el contrabando, la cifra para los dos siglos largos de trata hacia la Nueva Granada asciende a cerca de 350.000 personas: el 22 por ciento de todos los africanos introducidos en la América española. Cartagena fue el principal puerto negrero del imperio hispánico y uno de los mayores del Atlántico. Y sin embargo, en el relato nacional colombiano —el que se enseña, el que se conmemora, el que organiza la memoria pública— esa centralidad aparece atenuada, decorativa, casi anecdótica. Cabe preguntarse dos cosas: qué tipo de sociedad produjo esa trata masiva por un puerto hispano y no por un archipiélago de plantaciones, y por qué su magnitud fue empujada al margen de la historia que Colombia cuenta sobre sí misma.

Lo que se juega en la respuesta

El régimen esclavista americano suele leerse a través del modelo que fijaron las Antillas inglesas, francesas y holandesas a partir del siglo XVII: la plantación azucarera, la hacienda como unidad autárquica, la mortalidad brutal compensada por importación continua, la sociedad bipolar de amo y esclavo sin apenas intersticios. Ese modelo, refinado en Barbados, Saint-Domingue y Jamaica, se convirtió en la plantilla implícita con la que la historiografía atlántica pensó todo lo demás. Cartagena y el Pacífico neogranadino no encajan en ese molde. No hubo economía de plantación dominante, no hubo mortalidad de tipo antillano en las primeras generaciones, no hubo una clase de plantadores residentes en el litoral. Hubo, en cambio, un puerto redistribuidor de escala imperial, un tejido urbano de castas dentro de las murallas y sus arrabales, y cuadrillas mineras dispersas en las selvas aluviales del occidente. La consecuencia teórica es incómoda: el concepto de esclavismo americano tal como se ha enseñado necesita desagregarse.

Lo que se juega al responder no es solo taxonómico. La forma en que se recuerda —o no se recuerda— la trata cartagenera condiciona la manera en que se explica la distribución actual de la riqueza y la pobreza en Colombia. Cuando el Pacífico aparece en el discurso público como una región rezagada, como un problema de desarrollo, como una geografía por integrar, se está omitiendo que esa marginalidad tiene una fecha de fundación y un régimen de producción que la generó. La invisibilización no es neutra: naturaliza.

Los términos del debate

La discusión sobre el esclavismo neogranadino se ha movido entre dos polos. En un extremo, una tradición que asimiló el caso colombiano al patrón atlántico general, tratando la trata cartagenera como una variante menor del mismo fenómeno estudiado en el Caribe insular, y leyendo las cuadrillas mineras del Chocó y Barbacoas como equivalentes funcionales de la plantación. En el otro, una lectura que insiste en la singularidad radical del régimen hispano-portuario y minero-aluvial.

La primera lectura tiene la ventaja de la economía teórica: los mecanismos jurídicos y comerciales de la esclavitud fueron atlánticos, no locales. El palmeo medía el cuerpo esclavizado para clasificarlo; la carimba lo marcaba al hierro con la coronilla real; la subasta pública lo vendía por lotes o "piezas de indias"; la clasificación registraba casta, edad, sexo y señales tribales inscritas en la piel; el examen de la dentadura replicaba el que se hacía con los caballos. Nada de esto era exclusivo de Cartagena. Los precios funcionaban con lógica atlántica, y los asientos portugueses —el de Baez Cutinho entre 1603 y 1611, que introdujo por Cartagena 12.000 esclavos; el de Antonio Fernández D'Elvas entre 1615 y 1621, con otros 5.000— operaban en la misma arquitectura contractual que abastecía a Veracruz o Buenos Aires. Un adulto vendido por la Compañía de Portugal costaba en promedio 270 pesos, con variaciones según casta, sexo, edad y forma de pago minuciosamente registradas en las patentes de venta. La rutinización administrativa alcanzó tal grado que la Corona llegó a imprimir formularios: la trata era, para el aparato imperial, un procedimiento burocrático estandarizado.

La segunda lectura acepta esa gramática común pero insiste en que la sintaxis fue otra. El puerto hispano no era un puerto de destino agrícola; era un nodo de redistribución. Los africanos desembarcados en Cartagena no se quedaban mayoritariamente en Cartagena: eran conducidos en pequeños grupos por los ríos Magdalena y Cauca hacia Santa Fe, Antioquia, Cali, Popayán y el Chocó, y desde el Pacífico se articulaban circuitos fluviales por el San Juan hasta el puerto de Charambirá y por el Atrato hacia Urrao y Santa Fe de Antioquia. La cuadrilla minera, no la hacienda, fue la unidad productiva dominante en el occidente, y tenía una economía distinta a la del ingenio azucarero. La ciudad portuaria produjo, además, un espacio social peculiar: el arrabal de Getsemaní, tolerado fuera de la muralla, poblado por descendientes libres de esclavos dedicados a oficios artesanales y domésticos, que prestaban servicios de milicia a la Corona en tiempos de peligro. Esta sociedad urbana de castas no tuvo equivalente pleno en la plantación antillana.

La tensión entre ambas lecturas es real y no se resuelve declarándolas complementarias. El régimen esclavista neogranadino fue una variante regional del sistema atlántico —comparte con él la gramática jurídica, comercial y coercitiva— pero una variante cuya combinación específica de elementos produjo una sociedad afrodescendiente cualitativamente distinta y una geografía de desigualdad que sobrevivió a la abolición.

La evidencia: puerto, cuadrilla, ciudad

La escala de Cartagena como puerto se aprecia en el detalle. Entre 1585 y 1595 llegaban en promedio setenta barcos por flota bianual; entre 1618 y 1624 fueron introducidos 29.574 esclavos. La ciudad funcionaba como el eslabón americano de la Carrera de Indias, y su posición estratégica facilitaba tanto la trata legal como el contrabando de holandeses, franceses e ingleses. Desde 1589 se documentan embarcaciones negreras sin registro o con licencias parciales, y el presidente González constató que las autoridades locales eran "más que complacientes" con este tráfico irregular. La complicidad institucional no era una desviación del sistema: era parte del sistema. El régimen esclavista neogranadino se sostuvo tanto en la legalidad imperial como en redes informales de poder local, un rasgo que anticipa la debilidad crónica del Estado central para imponer decisiones sobre los circuitos económicos del litoral.

Los africanos embarcados provenían del sector costero entre la boca del Senegal y Benguela en Angola, con factorías europeas de captación en Cacheu, Cabo Verde, Luanda y en el reino del Kongo. Las patentes de venta —conservadas de manera privilegiada en el archivo de Popayán— registraban una a una las características de los esclavizados: precio de adultos y muleques, embarcación, sexo, edad, casta y señales o marcas distintivas de los grupos tribales en distintas partes del cuerpo. La designación de casta, con todas sus limitaciones, refiere más al puerto de embarque que a la etnia precisa, pero permite reconstruir a grandes trazos la procedencia africana. Registros análogos existían en los centros mineros y en las ciudades por donde pasaban los mercaderes de la carrera. La trata dejó una huella documental extraordinariamente densa: testamentarías, cartas de libertad, registros de asiento, partidas de bautismo, defunción y matrimonio, expedientes judiciales. La memoria administrativa de la esclavitud fue meticulosa; la memoria pública, por contraste, ha sido selectivamente amnésica.

Desde Cartagena, la distribución interna organizaba el país. Popayán se consolidó como nodo relevante en la introducción de cuadrillas al Chocó, y familias como los Mosquera Figueroa controlaban cerca de doscientos esclavos en la región. Las cuadrillas mineras oscilaban típicamente entre cincuenta y doscientos esclavos, aunque podían llegar a varios cientos, y su lógica económica generaba una tensión particular: solo las más numerosas podían autoabastecerse mediante cultivos y pastoreo, destinando parte de la fuerza de trabajo a la agricultura. El costo anual por cabeza rondaba los dieciséis o diecisiete patacones de oro en las minas autosuficientes y llegaba a treinta en las que dependían de suministros externos. Los propietarios y supervisores no residían en las minas: vivían en Buga, Cartago, Cali, Anserma, Popayán y Santa Fe de Bogotá, en parte por la creencia de que el clima húmedo era letal para los blancos. Esta ausencia de clase propietaria residente en el litoral pacífico es un rasgo estructural del régimen: la explotación se organizaba a distancia, y los esclavizados quedaban en un aislamiento territorial que la plantación antillana, con sus amos residentes y sus mayorales in situ, no reproducía del mismo modo.

La consecuencia demográfica fue notable. Para 1782, la población negra representaba casi el 75 por ciento del total de habitantes del Chocó, y los blancos apenas el 2 por ciento, sobre unos 35.000 pobladores. La minería aluvial, a diferencia del ingenio azucarero antillano, permitió una reproducción demográfica sostenida: no reprodujo la mortalidad catastrófica que en Saint-Domingue o Jamaica obligaba a importar continuamente para mantener la fuerza de trabajo. Además, en el Pacífico se consolidó una práctica que definió la región: la automanumisión. Los esclavizados trabajaban para sí mismos un día a la semana —usualmente los sábados— y ahorraban para pagar su propia libertad. Este mecanismo produjo, a lo largo de generaciones, una población libre de color territorialmente arraigada, cuya presencia continua en las cuencas del San Juan y el Atrato explica la formación de una autonomía territorial que no tuvo equivalente en las Antillas.

La sociedad urbana de Cartagena completa el cuadro. Los censos muestran una composición diversa —blancos, libres de color, esclavos, eclesiásticos, indios—, y aunque los porcentajes exactos merecen cautela, la presencia masiva de los libres de color en la vida urbana está fuera de discusión. Getsemaní fue el arrabal donde se sedimentó ese estrato: artesanos, domésticos, milicianos. En su parroquia se registraron expósitos entre los niños de color bautizados, evidencia de las tensiones no resueltas de esa vida urbana. La evangelización, encarnada por Pedro Claver —el santo "esclavo de los esclavos", en la fórmula que consolidó la Compañía de Jesús tras su restauración en 1883— y por Alonso de Sandoval, operó dentro del sistema, no contra él: Claver evangelizó a los africanos sin denunciar la institución, y su gesto de sentar a sus traductores negros en lugares prominentes o entregarles regalos escandalizó a los españoles locales precisamente porque atenuaba las jerarquías sin abolirlas. Los jesuitas emplearon mano de obra africana en procesos cerámicos con técnicas europeas, produciendo objetos que fusionaban tradiciones europeas, americanas y africanas. La ciudad amurallada, el arrabal y la misión componían un dispositivo urbano donde la africanía era omnipresente y donde, sin embargo, la estructura racial se mantenía intacta.

La agencia esclavizada como motor del régimen

Un régimen basado en la coacción produce inevitablemente su contrario. En la Nueva Granada la resistencia adoptó formas que fueron más allá del gesto individual y llegaron a modificar las condiciones jurídicas del sistema. Benkos Biohó —también documentado como Domingo Bioho— es la figura emblemática. Lideró grupos de cimarrones y fundó el palenque de Matuna, que alcanzó tal envergadura que fue proclamado "rey del arcabuco" y su comunidad eligió en cabildo sus propias autoridades según mérito y servicio, modelo copiado por palenques posteriores en la zona de Loba y Mompox. La comunidad ejerció influencia regional al punto de atraer enfermos desde el fuerte de Tenerife. El testimonio de Francisco Angola en 1634 documenta también el Palenque del Limón cerca de Cartagena, con momentos de coexistencia pacífica con sus vecinos y momentos de confrontación abierta.

San Basilio de Palenque, el caso más conocido y el único que ha llegado hasta el presente con lengua y cultura propias identificables, capituló con las autoridades coloniales bajo condiciones mediadas por el Ilustrísimo Casiani, que permitieron a sus habitantes establecer su población en la falda de la montaña de María. La negociación dice mucho: el orden colonial no logró exterminar a los palenques y tuvo que reconocerlos como interlocutores. La resistencia forzó la concesión. En el interior de los palenques, el desequilibrio demográfico de género se resolvió mediante normas de convivencia sexual, complementadas por incursiones para capturar mujeres en haciendas vecinas.

La resistencia adoptó también formas íntimas y trágicas. En África, muchos se suicidaban al ser aprehendidos; en los barcos negreros se colgaban redes para impedir que se lanzaran al mar; en América, los expedientes judiciales registran casos de infanticidio y suicidio motivados por el deseo de librarse —o de librar a los hijos— de la esclavitud. Estos actos no son marginales al régimen: son testimonio de que los esclavizados nunca aceptaron su condición como natural, y su presión constante —fuga, palenque, negociación, ahorro sabatino, sublevación— fue el motor que arrancó las sucesivas concesiones del orden colonial y luego republicano.

Un régimen específico, invisibilizado por razones actuales

El régimen esclavista neogranadino fue una variante regional del sistema atlántico. Compartió con él la gramática jurídica de la trata, los mecanismos de mercadeo, las clasificaciones raciales, la coacción física. Pero su combinación específica de tres elementos —el puerto redistribuidor de escala imperial, la cuadrilla minera aluvial dispersa en selvas, y la ciudad de castas con arrabales tolerados y libres de color en función miliciana— produjo una sociedad afrodescendiente cualitativamente distinta de la que engendró la plantación antillana. Más urbana en un extremo (Cartagena, Mompox, Popayán), más rural y aislada en el otro (Chocó, Barbacoas, río San Juan), con reproducción demográfica sostenida en lugar de dependencia de reposición atlántica, con automanumisión como práctica extendida y con palenques que capitularon en lugar de ser exterminados. La dimensión afrodescendiente de Cartagena es, además, cronológicamente anterior al despegue de las plantaciones antillanas del siglo XVII, lo que obliga a reordenar la genealogía caribeña: el modelo hispano-portuario no fue una variante tardía del modelo plantador, sino su predecesor.

La invisibilización de esta centralidad en el relato nacional no es un descuido. Es una operación con función. El siglo XIX republicano heredó del orden colonial un problema irresuelto: qué hacer con las poblaciones libertas sin tierra ni herramientas. La ley de libertad de vientres del Congreso de Cúcuta fue una concesión mínima, tímida y costeada por el Estado, arrancada por la presión esclavista y por el compromiso con sectores del partido realista. Estableció el concierto forzoso de manumisos: los hijos de esclavas nacidos tras la ley serían libres al cumplir 18 o 21 años, pero debían permanecer bajo tutela de los amos de sus madres como indemnización por gastos de crianza. Una ley posterior extendió ese control sobre los libertos de entre 18 y 25 años. La abolición definitiva de mediados de siglo incluyó la compra estatal de esclavos a sus dueños como mecanismo de indemnización a los propietarios, pero no contempló la concesión de tierra ni herramientas a los liberados. El resultado no tardó en confirmarse: los libertos entraron al servicio de sus antiguos dueños en régimen de peonaje, y el terraje —pago de arrendamiento de tierra en especie o trabajo— se consolidó como mecanismo de captación de mano de obra negra.

La continuidad estructural entre esclavitud y postemancipación es más explicativa de la desigualdad contemporánea que la esclavitud misma. Cada transición jurídica reprodujo la expropiación fundamental: sin tierra ni herramientas, la libertad quedó anclada en la dependencia laboral. En el Valle del Cauca, los cimarrones asentados en el valle del río Cauca fueron despojados de sus tierras desde finales del siglo XIX y comienzos del XX. En el Pacífico, hasta muy avanzado el siglo XX, la noción de "tierras baldías" fue la que rigió la relación jurídica del Estado con la región, ignorando siglos de apropiación territorial afrodescendiente. Solo con la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993 se reconoció la titularidad colectiva de comunidades negras: un reconocimiento tardío que es la evidencia jurídica de una omisión de dos siglos.

Nombrar la centralidad de la trata cartagenera y del régimen minero-esclavista del Pacífico obliga a reconocer que las desigualdades actuales entre Andes y litorales no son fallas del desarrollo, ni resultado de geografías adversas, ni consecuencia de culturas menos productivas. Son la huella territorial de una economía esclavista que la república no desmontó. La asignación racializada del trabajo colonial —indígenas en el altiplano bajo régimen de resguardo, esclavizados africanos en el litoral y el Pacífico minero— sedimentó una geografía humana que aún hoy se lee en las identidades regionales colombianas. El giro espacial del poder económico hacia el occidente minero durante los siglos XVII y XVIII, impulsado por el oro neogranadino y por la mano de obra esclavizada, redefinió qué regiones lideraban la formación del país; ese liderazgo se reorganizó después con la abolición y con el ascenso del interior cafetero, dejando al Pacífico —cuyo trabajo había sostenido la economía colonial— en posición periférica. Es la misma región cuya cocina, cuyos cultivos introducidos, cuyos saberes sobre el medio tropical constituyen la infraestructura invisible de buena parte de la cultura material de los litorales colombianos, y cuyo linaje esclavista se ha borrado con el mismo gesto con que se borró el puerto que la hizo posible.

Cartagena fue, durante más de un siglo, uno de los mayores puertos negreros del Atlántico, y la sociedad colombiana se hizo, en buena parte, con las manos y en la ausencia forzada de quienes cruzaron sus muelles.