Memoria subalterna

La memoria subalterna nombra en Colombia menos una categoría académica que un proceso histórico: el conjunto de prácticas, archivos y relatos con los que las víctimas del conflicto armado —campesinas, afrodescendientes, indígenas, mujeres, exiliadas, familiares de desaparecidos— construyeron una versión propia del pasado violento, contra la versión oficial de los victimarios y del Estado. Ese proceso no nació con la Ley 975 de 2005 ni con el Grupo de Memoria Histórica, aunque allí se hizo visible: se venía cocinando desde los años ochenta en asociaciones de familiares, centros jesuitas, comunidades étnicas y talleres de investigación acción participativa. Entre 2002 y 2016 —del gobierno Uribe al Acuerdo de La Habana— esa memoria pasó de ser una práctica marginal, criminalizada por la Seguridad Democrática, a convertirse en política de Estado con el CNMH y, finalmente, con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. En el trayecto ganó un lugar en el archivo nacional y perdió, en parte, la autonomía de sus voces. Ese doble movimiento —la conquista y la captura, la dignificación y el encuadramiento— define lo que hoy llamamos memoria subalterna en Colombia.

Qué se nombra con memoria subalterna

La palabra es hija de una tradición intelectual: los Subaltern Studies de Ranajit Guha en la India de los años ochenta y la crítica de Gayatri Chakravorty Spivak a la posibilidad misma de que el subalterno hable sin ser traducido por otro. En Colombia, sin embargo, el término se aclimató para nombrar algo previo al préstamo teórico. Ya existía una práctica: la de comunidades y organizaciones que registraban sus muertos, guardaban objetos, hacían talleres, cantaban alabados, sembraban árboles, cuando el Estado no reconocía siquiera que hubiera una guerra. La categoría llegó tarde a nombrar lo que ya se estaba haciendo.

Lo subalterno, en el caso colombiano, se define por tres rasgos. Por la posición: son memorias de quienes fueron blanco de la violencia sin haber portado armas, o de quienes las portaron desde comunidades históricamente excluidas —indígenas, afrodescendientes— y fueron doblemente silenciados por el Estado y por los actores armados. Por el método: se construyen colectivamente, en talleres, asambleas, rituales, y no en el despacho de un investigador ni en la sentencia de un juez. Por la función: no buscan solamente recordar, sino resistir la imposición de significados y olvidos por parte de los victimarios, dignificar a las víctimas y disputar el sentido del pasado frente a las versiones oficiales. Las iniciativas de memoria, como las definió el propio Grupo de Memoria Histórica, se orientan a comunicar, hacer visible, reclamar y hacer colectivo el recuerdo de la victimización. Cuando cumplen esas funciones, dejan de ser prácticas y se vuelven política.

Antecedentes: violentología, IAP y el archivo de los familiares

La genealogía larga arranca en 1962, con la publicación de La violencia en Colombia, coescrita por el sacerdote Germán Guzmán Campos, el sociólogo Orlando Fals Borda y el penalista Eduardo Umaña Luna, como Monografía N° 12 de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Fue el primer intento sistemático de convertir la violencia bipartidista en objeto de conocimiento público, y fundó una tradición —la de los violentólogos— que a partir de los años setenta atrajo a economistas, historiadores, sociólogos y antropólogos defraudados por el Frente Nacional y el bipartidismo. En paralelo corría la Investigación Acción Participativa, de la que Fals Borda fue uno de los creadores más destacados en América Latina. La IAP propuso algo que la memoria subalterna heredaría casi al pie de la letra: que el conocimiento sobre las comunidades debe hacerse con ellas, que las víctimas no son objetos de investigación sino sujetos de saber, y que el archivo puede construirse desde abajo. Los tomos de la Historia doble de la Costa que Fals Borda publicó entre 1979 y 1984 —Mompox y Loba, Resistencia en el San Jorge— son el molde de esa apuesta epistémica: una historia narrada desde la voz de las comunidades ribereñas, sin cederle el monopolio al historiador profesional.

En 1982 se formó en Bogotá la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, ASFADDES, cuyos primeros miembros eran familiares de catorce estudiantes de la Universidad Nacional desaparecidos en una protesta. CINEP —el centro jesuita de investigación— fue instrumental en su creación y le prestó, en los primeros años, la infraestructura y los contactos internacionales necesarios para que la denuncia saliera del país. ASFADDES se independizó en 1984 y desde entonces se convirtió en la organización de referencia para documentar la desaparición forzada en Colombia. CINEP, por su parte, tejió lazos con las Madres de la Plaza de Mayo argentinas y con activistas del Cono Sur, aprovechando la red internacional que la Iglesia Católica ponía a disposición de las organizaciones de derechos humanos. Ese circuito —familiares que denuncian, jesuitas que documentan, académicos que investigan, redes internacionales que amplifican— fue la infraestructura material sobre la que se construiría, veinte años después, la política pública de memoria.

Hay un tercer hilo que suele omitirse: el de las comunidades negras del Pacífico. Desde los años setenta, en respuesta a la Ley 2 de 1959 que había declarado baldíos de la nación siete regiones del país —el Pacífico entre ellas— y había permitido la explotación forestal desconociendo la ocupación ancestral, esas comunidades iniciaron un proceso organizativo por el reconocimiento territorial. De ese proceso salieron conceptos político-territoriales propios, como palenque territorio negro y gran comarca, este último articulado transnacionalmente entre organizaciones del Pacífico sur colombiano y el norte de Esmeraldas, en Ecuador. Antes de que la memoria fuera categoría de política pública, estas comunidades ya practicaban una forma de recuerdo territorial que enlazaba pasado esclavista, ocupación ancestral y proyecto político. Cuando lleguen el GMH y el CNMH, encontrarán ahí un archivo hecho.

La Seguridad Democrática y el régimen del silencio

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) construyó su legitimidad sobre una operación semántica precisa: en Colombia no había un conflicto armado interno sino una amenaza terrorista contra un sistema democrático legítimo. La distinción no era menor. Reconocer conflicto armado implicaba admitir dos partes con estatus jurídico, aplicar el Derecho Internacional Humanitario, reconocer víctimas también del Estado y abrir el país al escrutinio de organismos internacionales de derechos humanos. Reducirlo a terrorismo alineaba a Colombia con la guerra contra el terror que Estados Unidos había lanzado después del 11 de septiembre de 2001, aseguraba el flujo de ayuda militar bajo el Plan Colombia y desactivaba la interlocución con organizaciones defensoras de víctimas.

Uribe fue el primer presidente colombiano en usar explícitamente el marco de guerra contra el terror. En septiembre de 2003 acusó a activistas de derechos humanos de ser selectivos en su defensa y de facilitar el terrorismo; en junio de 2004 acusó a Amnistía Internacional de legitimarlo internacionalmente. El gobierno no formuló una política general de derechos humanos ni una política de paz autónoma: ambas quedaron subsumidas en la política de defensa y seguridad democrática. Bajo ese marco discursivo se produjo el fenómeno de los falsos positivos —ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate— que según el registro del CINEP cobró más de mil quinientas víctimas. Y bajo ese marco se mantuvo el suministro de ayuda militar internacional a unidades del ejército implicadas en operaciones de contrainsurgencia, eludiendo las preocupaciones sobre derechos humanos que el propio marco había desactivado.

Las consecuencias sobre la memoria subalterna fueron directas. Víctimas colombianas en el exterior fueron miradas bajo sospecha de vínculos con terrorismo o narcotráfico, lo que restringió su derecho al refugio. Organizaciones de exiliados, sin embargo, pusieron en marcha procesos autónomos de reconstrucción de memorias individuales y colectivas, precisamente porque el Estado colombiano les negaba la condición de víctimas. En el país, el desplazamiento forzado no disminuyó de manera inequívoca durante el período, y otras formas de violencia contra la población civil aumentaron. La memoria de esas violencias no podía tramitarse por vía estatal porque el Estado había decidido, por definición, que no había violencias que reconocer: había, apenas, operaciones antiterroristas.

Justicia y Paz: la grieta jurídica

La grieta se abrió, paradójicamente, desde el mismo gobierno. La Ley 975 de 2005 —la Ley de Justicia y Paz— fue promulgada para facilitar la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia y la reinserción de combatientes de grupos armados ilegales a cambio de beneficios judiciales sustanciales. El diseño original centraba el proceso en el victimario desmovilizado, no en la víctima. Pero la Corte Constitucional intervino con pronunciamientos que ampliaron el papel de las víctimas, y el mecanismo terminó abriendo un espacio inesperado: los paramilitares, para acceder a los beneficios, debían confesar los crímenes; esas confesiones, versiones libres y actuaciones judiciales pusieron en el registro público violaciones que hasta entonces solo circulaban en los archivos de las organizaciones de derechos humanos.

El proceso fue lentísimo y desigual. Tras dieciséis años de aplicación, la Ley de Justicia y Paz había producido apenas 92 sentencias condenatorias, lo que forzó una reforma general mediante la Ley 1592 de 2012. Entre 2005 y julio de 2021 se encontraron 6.460 fosas en el marco del proceso. Y sin embargo, esa lentitud produjo un efecto lateral decisivo: obligó al Estado a crear una institucionalidad de reparación. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación —la CNRR— desarrolló una estrategia comunicativa que hoy suele olvidarse pero que fue pionera: las series radiales La Hora de las Víctimas y Las Víctimas Cuentan, la serie documental Nunca Más transmitida por el Canal Institucional, los canales regionales y Señal Colombia, y materiales web orientados a posicionar a las víctimas en la opinión pública. Encuestas realizadas en el marco del proceso indicaron que el 78% de la población general apoyaba que la Ley de Víctimas incluyera a quienes fueron afectados por agentes del Estado —un dato que revela cuánto se había movido el terreno cultural mientras el ejecutivo seguía negando el conflicto.

En 2007, dentro de esa institucionalidad, se consolidó el Grupo de Memoria Histórica bajo la coordinación del sociólogo Gonzalo Sánchez Gómez. El GMH operó en estrecha relación con la CNRR —sus informes iban firmados como CNRR-GMH— y adoptó desde su origen un principio orientador que sería su marca: la verdad y la memoria son construcciones sociales, y las víctimas deben ser parte activa del proceso de construirlas. No era retórica. El primer informe, Trujillo: Una tragedia que no cesa, publicado en 2008, se hizo con la Asociación de Familiares de las Víctimas de Trujillo, ASAVIT, y con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, CIJP. Le siguieron La masacre de El Salado (2009), Bojayá: la guerra sin límites (2010) y La Rochela (2010), entre otros. En cada caso, el equipo del GMH iba al terreno, trabajaba con organizaciones locales, hacía talleres colectivos y devolvía el informe a la comunidad antes de publicarlo. La memoria subalterna encontró, por primera vez, un dispositivo estatal dispuesto a escucharla y a firmarla con ella.

El giro de 2011 y la institucionalización

La Ley 1448 de 2011 —la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras— reordenó el campo. Reconoció formalmente la existencia del conflicto armado interno, un reconocimiento que no había tenido claridad en los gobiernos anteriores y que zanjó, desde la norma, la disputa semántica que Uribe había sostenido durante ocho años. Extendió la condición de víctimas a quienes sufrieron daños causados por guerrillas, paramilitares y bandas criminales. Y desplazó definitivamente el énfasis institucional del desmovilizado a la víctima: el Estado ya no reparaba como contrapartida de una desmovilización, sino porque las víctimas, en cuanto tales, tenían derecho a la reparación integral. La ley estableció mecanismos de restitución de tierras, atención, asistencia y reparación, y creó una arquitectura institucional dentro de la cual el CNMH heredó las funciones de memoria del GMH.

Gonzalo Sánchez Gómez continuó al frente como Director General, lo que garantizó continuidad metodológica y editorial. El Consejo Directivo incluyó a representantes ministeriales y estatales junto a figuras como Félix Tomás Bata Jiménez y Blanca Berta Rodríguez Peña. El CNMH declaró explícitamente que sus políticas editoriales respetaban los principios de pluralidad y controversia, sin condicionamientos ideológicos o políticos, con el fin de evitar versiones dogmáticas y verdades oficiales. En 2013 publicó ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, bajo la coordinación de Sánchez, el informe de más amplio alcance producido por la institución. ¡Basta Ya! funcionó como síntesis del conflicto armado, como archivo de casos y como narrativa nacional; su lanzamiento, en un país que apenas dos años antes había reconocido legalmente la existencia del conflicto, marcó el momento en que la memoria subalterna dejó de ser una práctica marginal y se volvió relato de Estado.

Ese giro tuvo dos caras. La de la conquista: nunca antes en la historia colombiana el aparato público había desplegado tantos recursos, tanta metodología y tanta legitimidad para escuchar a las víctimas y consignar su versión. Y la de la captura: al volverse relato de Estado, la memoria subalterna quedó sometida a los tiempos administrativos, a los mandatos institucionales, a las jerarquías editoriales y a la política mayor. Una investigación pactada con una comunidad debía cerrar en tal fecha; un informe debía pasar por comités; una publicación llevaba el sello oficial. Los métodos que el GMH desplegó —entrevistas, talleres, trabajo de campo prolongado— trataban de mitigar esa tensión, pero no la eliminaban.

La metodología: talleres, cuerpos, territorios

Lo distintivo de la memoria subalterna en su fase institucional colombiana fue la metodología. Los informes del GMH y del CNMH no se hicieron detrás del escritorio. En Trujillo, en Bojayá, en El Salado, en Bahía Portete, en San Carlos, en el Alto Nordeste Antioqueño, los equipos organizaron talleres colectivos donde cada familia narraba su historia frente a otras. Esa puesta en común permitió descubrir conexiones entre casos individuales y establecer patrones de responsabilidad: en varios talleres se identificó, por ejemplo, la participación del F-2 de la Policía Nacional en desapariciones forzadas, algo que ninguna entrevista aislada habría podido establecer.

En Bahía Portete, el trabajo con las comunidades Wayuu incluyó entrevistas, talleres de memoria y trabajo de campo prolongado, reconociendo que las memorias no son homogéneas: cambian según quién recuerda —niños, hombres, mujeres, ancianos— y en qué escenario. En San Carlos, el equipo se propuso comprender los daños desde múltiples dimensiones, incorporando los sentidos y significados que las propias víctimas atribuyen a sus experiencias, sin reducir la investigación a la descripción de pérdidas materiales o vulneraciones de derechos. En el Caribe, la investigación sobre mujeres víctimas contó con coordinadores regionales, académicos, periodistas, jueces y funcionarios que organizaron talleres y compartieron información, con el propósito explícito de dar voz a las mujeres como insumo para políticas de reparación.

Esa metodología no era decorativa. Correspondía a una tesis epistémica precisa: el conocimiento sobre el conflicto no se produce enteramente en la academia ni en los tribunales, sino en la interlocución con las comunidades victimizadas, que son las depositarias de un saber que ningún otro dispositivo puede sustituir. La cartilla Reconstrucción de la memoria histórica desde la perspectiva de género, publicada por el GMH en 2011, formalizó una parte de esa apuesta metodológica en clave feminista. Y la Ruta Pacífica de las Mujeres, con su informe de 2013 La verdad de las mujeres. Víctimas del conflicto armado en Colombia, mostró que la sociedad civil podía producir, en paralelo al Estado, archivos igualmente rigurosos y a veces más audaces.

Memorias étnicas: el desborde

Las memorias étnicas —afrocolombianas, indígenas, raizales— constituyeron el punto de mayor productividad y también de mayor tensión dentro del proceso. En Bojayá, la incorporación como gestores locales de memoria de representantes de organizaciones comunitarias como COCOMACIA y ADOM —con figuras como Leyner Palacios Asprilla, líder de COCOMACIA— fue emblemática: el informe del GMH sobre la masacre del 2 de mayo de 2002 se construyó con voces afrocolombianas locales que no eran objetos de investigación sino coautoras del relato. En el Medio Atrato, las comunidades afroatrateñas concibieron la memoria como algo que rebasa el recuerdo individual: una fuerza que activa potencias emancipadoras, que se aborda desde las materialidades, el olvido y las espiritualidades, y que vincula memoria, territorio y acción colectiva.

Con los pueblos indígenas la tensión fue análoga y a veces más aguda. La guerrilla prohibió prácticas culturales y espirituales —entre ellas el uso del yagé y del yopo—, asesinó a líderes de los pueblos Makabaju, Inga y Murui en Caquetá, del Jiw y Nukak en Guaviare, del Sikuani en Vichada y Meta, e instaló minas antipersona en territorios indígenas, forzando desplazamientos y afectando la integridad cultural de esos pueblos. Las minas afectaron desproporcionadamente a comunidades rurales, campesinas e indígenas: en promedio el 98% de las víctimas por minas antipersona y remanentes explosivos de guerra se produjeron en áreas rurales, y para el pueblo Awá la presencia de minas amenazó con borrar las huellas territoriales que dan sentido a la vida comunitaria y al proyecto de vida propio. El CNMH publicó en 2015 Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos, sobre el Movimiento Armado Quintín Lame, abordando la relación entre conflicto armado y reconstrucción identitaria indígena.

El pueblo raizal de San Andrés añadió otra capa. Familias raizales fueron despojadas de tierras por intendentes militares con apoyo del Ministerio de Turismo, y la economía de la marimba —el comercio de marihuana de los años setenta y ochenta— alteró el patrón de vida de la comunidad. Algunas comunidades andinas, por su parte, rechazan ser catalogadas como indígenas porque esa categoría les confiere un estatus de inferioridad y una ciudadanía de segunda clase, lo que problematiza el uso mismo de la clasificación étnica en las políticas de memoria. La institucionalidad transicional se construyó sobre una lógica víctima/victimario que, para estas comunidades, resulta insuficiente: sus experiencias de violencia son también de violencia cultural, territorial y espiritual, y su concepción de la memoria como fuerza territorial y emancipadora desborda el marco reparativo. La oficialización de la memoria subalterna fue selectiva y reprodujo, en un segundo orden, exclusiones étnicas que la propia CEV intentó luego corregir con su tomo específico Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia.

Iniciativas desde abajo: el archivo paralelo

Junto al aparato institucional floreció, y sigue floreciendo, un archivo paralelo. En El Placer, corregimiento del Valle del Guamuez en el Putumayo, el padre Nelson construyó un Museo de la Memoria recolectando objetos de guerra —armas, munición, utensilios de cocina baleados, uniformes, hamacas— y desplazándose él mismo a los lugares de los enfrentamientos para recoger pruebas de la tragedia que vivía la comunidad. En El Vergel, La Llanada, Nariño, el Grupo de Memoria de La Casita Vergeleña, Jardín del Recuerdo y de los Sueños, articuló una iniciativa comunitaria acompañada por el CNMH cuyos contenidos son responsabilidad de la propia comunidad. En el Macizo Colombiano, el CIMA solicitó al CNMH en marzo de 2014 acompañamiento para un trabajo de memoria orientado a visibilizar la lucha social del campesinado maciceño y a contribuir a una eventual reparación colectiva.

En octubre de 2014, en la Reserva Thomas Van der Hammen de Bogotá, se construyó un Bosque de Paz con 36 árboles sembrados como acto de reparación simbólica para víctimas de desaparición forzada en Caquetá, con la intención de entregar cada árbol —identificado con el nombre de una víctima— a sus respectivas familias. Cada uno de estos gestos es una unidad de memoria: pequeña, local, sin ambición nacional. Pero son ellos los que sostienen la política pública, no al revés. El Estado consignó lo que las comunidades habían empezado a hacer solas, y en el mejor de los casos —Bojayá, Trujillo, el Macizo— construyó un puente entre la iniciativa comunitaria y el archivo nacional.

Las tensiones: memorias en disputa

El propio CNMH documentó las tensiones internas al proceso. En El Castillo, Meta, apareció el conflicto sobre el abanico de víctimas a rememorar: víctimas de paramilitares y de las Fuerzas Armadas de un lado, víctimas de las FARC del otro, en desacuerdo sobre qué muertos entraban al relato común. En Bojayá se registró una tensión generacional entre jóvenes y los mayores junto a los claretianos, asociada a orientaciones distintas frente al duelo —no más duelo frente a sí duelos. En Bahía Portete apareció el desencuentro entre instituciones nacionales y medios de comunicación, por un lado, y las autoridades Wayuu, por otro, enmarcado en una diferencia de orientación entre la nación y la comunidad étnica. En Trujillo, la CIJP priorizaba la denuncia en derechos humanos y la confrontación al Estado en niveles nacional e internacional, mientras ASAVIT se orientaba hacia el dolor y el tejido social interno a la comunidad. En San Carlos, unas víctimas vinculadas a CARE eran favorables a actividades de reconciliación con desmovilizados; otras se negaban a compartir espacios con ellos.

Estas tensiones no son fallas del proceso: son su materia. La memoria no llega hecha desde la comunidad al informe: se produce en la disputa. Y las disputas se organizan en al menos tres planos —quiénes son las víctimas legítimas, hacia dónde orientar el trabajo de memoria, cómo relacionarse con los desmovilizados— que atraviesan cada caso. El CNMH declaró como principio editorial el respeto por la pluralidad y la controversia justamente porque el material con el que trabajaba lo obligaba a ello. Al mismo tiempo, la exposición académica de esos mecanismos de poder no constituye por sí misma un acto de emancipación de quienes están sujetos a ese poder: nombrar las tensiones no las resuelve, y la constitución del sujeto político de las víctimas como colectivo de memoria no está garantizada por el hecho de que un informe institucional lo enuncie.

Género y cuerpo: la verdad encarnada

La violación como arma de guerra en los genocidios de Bosnia y Ruanda en los años noventa llamó la atención internacional sobre la naturaleza de género del sistema bélico e impulsó a las científicas sociales feministas a incorporar el análisis de género en los estudios sobre conflictos armados. En Colombia esa incorporación tuvo su tiempo. La cartilla del GMH de 2011 fue un primer paso institucional; la Ruta Pacífica de las Mujeres, con su informe de 2013, aportó una síntesis feminista desde la sociedad civil. Y en julio de 2022, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad publicó, como parte de su Informe Final, el volumen Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado.

El título condensa una tesis fuerte: las experiencias corporales de mujeres y personas LGBTIQ+ son fuente de verdad histórica. La guerra profundiza el control y la dominación sobre los cuerpos de las mujeres, restringiendo su libertad y su autonomía no solo en escenarios del conflicto armado sino en todos los espacios donde viven, se relacionan y se movilizan, expresando la cultura patriarcal en su forma más violenta a través del militarismo. Al reconocer al cuerpo como archivo —como lugar donde se inscribe lo que las palabras del proceso judicial no siempre pueden decir— la CEV desplazó el centro de gravedad de la verdad transicional. Alejandra Miller Restrepo integró la Comisión, y el volumen forma parte del conjunto de once tomos en veinticuatro volúmenes que constituye el Informe Final Hay futuro si hay verdad, publicado en 2022.

De La Habana al Informe Final

El Acuerdo de La Habana, firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, cerró el ciclo. Creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dentro del cual la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad —presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux— asumió el mandato del esclarecimiento extrajudicial. La CEV heredó la infraestructura metodológica que el GMH y el CNMH habían construido durante casi una década, pero la desplegó con recursos, mandato constitucional y ambición mayores. Su Informe Final, Hay futuro si hay verdad, estructurado en once tomos y veinticuatro volúmenes, es el archivo más extenso jamás producido sobre el conflicto armado colombiano.

La CEV recogió lo que ya estaba y lo desbordó. Su volumen específico sobre pueblos étnicos, Resistir no es aguantar, reconoció la dimensión étnica de la violencia con un peso que el GMH no había alcanzado. Su volumen Mi cuerpo es la verdad llevó la perspectiva de género al centro. Y su gramática general —el título optimista, el énfasis en el futuro, la apuesta por la reconciliación— trató de proponer una narrativa nacional donde antes había solo casos regionales. Al terminar, el ciclo iniciado en 2005 con la Ley 975 se había cerrado: la memoria subalterna colombiana, que había vivido treinta años en la marginalidad, tenía ahora un archivo público con vocación de canon.

La huella: una memoria capturada, una memoria conquistada

El balance del proceso no admite simplificación. Entre 2005 y 2022, Colombia pasó de un régimen discursivo que negaba la existencia del conflicto armado a un archivo público que reconoce y documenta la victimización a una escala que pocos países han alcanzado. La institucionalidad de memoria —del GMH al CNMH y de allí a la CEV— amplió el espacio de enunciación subalterna en una medida que las organizaciones de víctimas de los años ochenta no habrían podido imaginar. Sin el marco jurídico de Justicia y Paz, sin la Ley 1448, sin los pronunciamientos de la Corte Constitucional que ampliaron el papel de las víctimas, las memorias comunitarias habrían permanecido en la marginalidad, tal como lo estuvieron durante el gobierno Uribe. La institucionalización no fue simple cooptación: fue condición de posibilidad.

Al mismo tiempo, ese espacio institucional introdujo jerarquías nuevas. Las metodologías participativas, por rigurosas que fueran, seguían siendo diseñadas por equipos profesionales; los informes, por plurales que se declararan, llevaban el sello del Estado; los tiempos de la memoria comunitaria —cíclicos, ritualizados, lentos— chocaban con los tiempos administrativos de la política pública. Comunidades como las afroatrateñas o las Wayuu producen memoria en registros que la lógica víctima/victimario no captura enteramente. La memoria subalterna colombiana, tras dos décadas de proceso, es a la vez una conquista y un archivo capturado: un logro histórico y una tarea inacabada.

La huella se mide en tres planos. Cultural: hoy es imposible hablar del conflicto armado colombiano sin apelar a las voces de las víctimas, algo que hace veinte años era excepcional. Institucional: el país cuenta con un archivo público, arquitecturas de reparación y un Informe Final que fijan un piso desde el cual ninguna versión negacionista puede ya operar sin costos. Político: el sujeto colectivo de las víctimas, aunque siga siendo internamente heterogéneo y esté atravesado por tensiones no resueltas, se consolidó como actor con voz propia en la escena pública. Las tres son ganancias reales. Ninguna cancela el hecho de que la voz subalterna, aun institucionalizada, sigue siendo una voz que negocia con quien la escucha y con quien la publica —y de que la memoria, en Colombia como en todas partes, es un campo de disputa que no se cierra con un informe, por extenso que sea.