San José de Apartadó

Un corregimiento de la frontera

El Urabá al que pertenece San José es una subregión que la geografía histórica colombiana caracterizó, durante siglos, más por su condición de frontera que por su integración. La zona centro —el eje bananero conformado por Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá— concentró desde la segunda mitad del siglo XX el dinamismo económico de la subregión, mientras el sur o Atrato Medio y el norte de Urabá quedaron como perímetros de menor densidad institucional. Sobre esa zona centro se proyectaron, además, iniciativas de infraestructura de gran escala: la vía panamericana y un puente interoceánico que conectaría el litoral Pacífico con el mar Caribe, proyectos que subrayan su valor estratégico continental.

El río Atrato, que desciende por un valle aluvial húmedo y cálido antes de desembocar en el golfo de Urabá tras formar un extenso pantano en su tramo final, marca la lógica larga del territorio. Desde el siglo XVII ese eje fluvial funcionó como corredor de contrabando —oro colombiano vendido a los británicos—, aprovechando la posición periférica de la región y sus vínculos con dos polos económicos externos: Cartagena en el Caribe y Antioquia con su centro en Medellín. Urabá permaneció como zona sin integración efectiva a la unidad administrativa de la Nueva Granada, moldeada desde afuera por esos dos polos y por una economía de tránsito antes que de asentamiento. La analogía histórica es directa: el mismo corredor que sirvió al oro de contrabando sirvió después a la cocaína hacia el extranjero. La geografía manda.

Sobre ese sustrato de frontera se desplegó, ya en el siglo XX, un modelo de agricultura de enclave —el banano concentrado en la zona centro— que entró en tensión con la apertura de la frontera agrícola por parte de campesinos que buscaban economía de subsistencia. El Estado no pudo, o no quiso, regular esa tensión. San José de Apartadó nació en ese pliegue: en la ladera de la Serranía de Abibe, arriba de las plantaciones, donde llegaban los colonos que no cabían abajo.

Colonización, cooperativa y liderazgo campesino

El poblamiento del corregimiento sigue el patrón de la colonización campesina colombiana, marcada por dinámicas de expulsión más que de proyecto. Desde mediados del siglo XIX y comienzos del XX, campesinos sin tierra escaparon de las haciendas hacia zonas periféricas; una segunda oleada, en el ciclo de La Violencia, movilizó a familias que huían de la persecución estatal y conservadora desde El Pato, Riochiquito y Marquetalia hacia Guaviare, Caquetá, Norte de Santander y otras zonas de refugio. El ritmo con que estos frentes se integraban al sistema capitalista global —y las relaciones de clase que se decantaban allí— determinó los niveles de conflicto interno: los primeros colonos trabajaban con mano de obra familiar, pero el crecimiento demográfico y la llegada de nuevos pobladores agotaban las tierras disponibles, forzando a los recién llegados a aceptar lotes menores y menos productivos o a vincularse como agregados. De esa aritmética salió, en Urabá como en tantas otras periferias, una población pobre sin tierra o con parcelas insuficientes.

Bartolo Cataño llegó a la zona de San José hacia 1970. Construyó su casa, trabajó su tierra y con el tiempo se convirtió en uno de los líderes comunitarios más destacados del corregimiento. La historia de su liderazgo se cuenta bien en un episodio: la construcción del camino que comunicaría al caserío con Apartadó, en el llano. Cataño y otros dirigentes organizaron trabajo colectivo movilizando a mujeres, niños, agricultores y pequeños comerciantes, compartiendo alimentos y jornadas. Cuando el alcalde militar de Apartadó incumplió la promesa de proveer los camiones que la obra requería, los líderes recurrieron a un defensor local, el dirigente del Partido Comunista Bernardo Jaramillo, que presionó a la alcaldía hasta hacerla cumplir. Jaramillo llegaría años después a ser líder nacional de la izquierda colombiana; fue asesinado en 1990 mientras hacía campaña a la presidencia. La escena condensa el mundo político en que crecía San José: gestión estatal errática, mediación partidista de izquierda y una capacidad campesina de organización que no dependía de ninguna de las dos.

En 1985 se fundó en el corregimiento la cooperativa Balsamar, productora y consumidora, liderada por Cataño. Llegó a articular veintidós asentamientos distintos de la región. Balsamar no es un dato menor: es la evidencia de que, doce años antes de la declaración de la Comunidad de Paz, el tejido social de San José ya funcionaba en clave de autogestión, con liderazgos consolidados, obra pública comunitaria y economía solidaria. Cuando en 1997 el corregimiento se declaró neutral, no lo hizo desde el vacío: lo hizo desde una tradición organizativa de al menos un cuarto de siglo.

El colapso humanitario del eje bananero

La violencia que se descargó sobre San José a mediados de los años noventa no fue un rayo en cielo despejado, sino el resultado de una reconfiguración armada que había estado incubándose desde comienzos de la década. La desmovilización del Ejército Popular de Liberación (EPL), lejos de significar el fin de la violencia en el eje bananero, abrió un vacío que otros actores llenaron con rapidez. Un grupo de desmovilizados se rearmó y entró en disputa con las FARC-EP; los paramilitares aprovecharon esa fractura para avanzar. En los tres primeros años de la década de 1990, la región de Urabá-Darién estuvo bajo control predominantemente guerrillero; después, tras un pacto directo con la fuerza pública, ese control fue ganado por los grupos paramilitares.

Las primeras grandes masacres de la región —en las fincas Honduras, La Negra y Punta Coquitos— quedaron inscritas como hitos tempranos de la violencia paramilitar en Urabá. Sobre ese piso se levantó el Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), con base en la zona y con una campaña de expansión que se desplazó hacia el sur a través de pueblos y aldeas dispersos entre las plantaciones, a lo largo de la orilla oriental del golfo de Urabá. Carlos Castaño, jefe de las ACCU, puso al Bloque Bananero bajo la dirección de un empresario del sector, articulando así el aparato armado con los intereses económicos de la zona.

La crisis humanitaria fue sin precedentes en la subregión. Masacres y retaliaciones se sucedieron con la participación de paramilitares, FARC-EP y disidencias del EPL, en un mapa de violencia cruzada donde la población civil quedó atrapada entre los tres frentes. El 18 de mayo de 1995, el Concejo municipal de San José de Apartadó pidió una tregua a las ACCU. Castaño respondió que no detendría su campaña mientras las FARC siguieran secuestrando, extorsionando y atacando a ciudadanos indefensos. Una semana después, los alcaldes de las principales poblaciones de Urabá se reunieron con el presidente Ernesto Samper para pedirle ayuda. Fue en vano. En julio de ese año, el ministro de Gobierno Horacio Serpa declaró que el Ejecutivo no autorizaría conversaciones entre la guerrilla y las ACCU. La salida negociada —en el sentido más elemental de reconocer al conjunto de actores armados en la región— quedó cerrada desde el nivel central.

Ese fue el escenario en que la desaparición previa de la Unión Patriótica cobró su significado más duro: instaló en el imaginario político de Urabá la percepción de que los movimientos y partidos políticos alternativos ya no eran viables, generando un clima de inseguridad que desincentivaba cualquier participación autónoma. La política, en el sentido convencional, había sido evacuada del territorio.

La declaración de neutralidad: marzo de 1997

En marzo de 1997, los habitantes de San José de Apartadó declararon la conformación de la Comunidad de Paz. Eran aproximadamente mil cuatrocientos miembros. La declaración establecía unos principios que, en el contexto de Urabá, tenían el peso de una refundación: ningún actor armado podría estar presente en la zona —ni las FARC ni el ejército—; ningún miembro podría portar armas; la actividad económica y los servicios públicos se organizarían de manera comunal; y la comunidad rechazaba explícitamente cualquier colaboración o convivencia con cualquier actor armado, incluyendo la fuerza pública.

La formulación no era ingenua. Recogía una figura política que se estaba decantando en Colombia durante esa década. Las comunidades de paz surgieron en los años noventa como mecanismos de autoprotección de la vida, la libertad y la integridad de las personas frente a las agresiones de los actores armados. Organizaciones sociales y religiosas nacionales, que acompañaban a comunidades campesinas amenazadas, sugirieron la conformación de zonas neutrales basándose en el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario y en el artículo 22 de la Constitución, que establece que la paz es un derecho. Monseñor Isaías Duarte, figura clave detrás del experimento Cuartas Consenso, fue una fuente de inspiración para la Comunidad de Paz de San José. En el Chocó, a partir de 1997, comunidades desplazadas que regresaban a sus territorios se organizaron declarándose neutrales frente a todos los actores del conflicto. San José se inscribía en esa corriente y, a la vez, la radicalizaba: por su tamaño, por la explicitud de sus reglas y por la naturaleza extrema de la violencia contra la que se levantaba.

Reducir la Comunidad de Paz a una estrategia de evasión sería empobrecerla. Su creación fue, ante todo, un acto político de autodeterminación, en el que los habitantes se reconocieron como sujetos sociales y políticos dispuestos a reclamar la soberanía de su territorio. La neutralidad activa —no apoyar ni colaborar con ningún actor armado, incluidas las fuerzas militares del Estado— no era un repliegue: era un reclamo. La comunidad se propuso además reconstruir el tejido social mediante iniciativas de solidaridad, cooperación y bien compartido, prolongando la tradición cooperativa que Balsamar había cimentado doce años antes.

Desde su fundación, San José contó con el respaldo de organizaciones de no violencia colombianas e internacionales y de numerosas organizaciones religiosas. Ese acompañamiento sería, en los años siguientes, no solo un soporte moral sino una capa concreta de protección: presencia observadora, documentación de agresiones, interlocución con instancias internacionales.

La hostilidad del Estado

El experimento chocó, casi desde su inicio, con la hostilidad de sectores decisivos del Estado. El general Harold Bedoya, entonces una de las voces más audibles del pensamiento castrense colombiano, sostuvo públicamente que la neutralidad civil no era posible frente a los guerrilleros. En entrevista con El Tiempo declaró que "con los delincuentes, nadie puede ser neutral" y que la población civil debía ser aliada de las autoridades. En esa lógica, quienes se negaban o dudaban quedaban asimilados a la guerrilla: la neutralidad equivalía a complicidad. Bedoya presentaba el Magdalena Medio —donde la cooperación cívico-militar era estrecha— como modelo ideal, dejando así, en negativo, una valoración adversa de las comunidades que rehusaban cooperar.

Álvaro Uribe Vélez, como gobernador de Antioquia y después como presidente, mantuvo una posición hostil hacia la Comunidad de Paz de San José. La tensión de fondo era estructural: un Estado que se define por el monopolio legítimo de la fuerza no acepta con facilidad que un colectivo civil le niegue la entrada a su territorio en nombre de una neutralidad que iguala a las fuerzas armadas con los actores irregulares. Para la Comunidad, aceptar la presencia militar era aceptar el ciclo de retaliaciones que ya conocía; para el Estado, aceptar la exclusión era admitir una excepción difícil de gobernar.

Frente a esa asimetría, la protección internacional se volvió indispensable. La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales a favor de la Comunidad, en un caso que marcó un avance jurídico significativo: siguiendo la línea propuesta por el juez Cançado Trindade, la Corte consolidó la posibilidad de extender medidas provisionales a personas no plenamente individualizadas pero identificables por su vínculo con una comunidad. Se corrigió así la doctrina anterior, que exigía identificar individualmente a cada beneficiario. San José de Apartadó no solo obtuvo protección: contribuyó a ampliar el alcance del derecho interamericano en materia de amparo colectivo.

El acompañamiento del padre Javier Giraldo Moreno, jesuita, director de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz —organización con sede en Bogotá dedicada a la defensa de derechos humanos—, fue central en la interlocución con instancias nacionales e internacionales. Giraldo trabajó a alto riesgo personal denunciando operaciones paramilitares y sus vínculos con fuerzas de seguridad del Estado, y encabezó la documentación de casos, la presentación de demandas contra el Estado y la proyección internacional de la situación de la comunidad.

El corregimiento como territorio: veredas y economía

La Comunidad de Paz no es un punto en un mapa sino una red de veredas dispersas en la falda de la Serranía de Abibe y en las áreas rurales que rodean el casco del corregimiento. Nombres como Mulatos, La Resbalosa y La Unión —enclaves campesinos ligados históricamente al eje comunitario— forman el tejido territorial concreto sobre el que la declaración de 1997 se sostiene. Cada vereda añade una capa: caminos, fincas familiares, escuelas rurales, sitios de encuentro. El corregimiento no se protege desde un solo lugar; se protege desde una geografía distribuida.

Esa dispersión importa por dos razones. Primero, porque hace visible el arraigo campesino: la Comunidad de Paz no se armó sobre desplazados recién llegados, sino sobre familias con décadas de trabajo agrícola en las mismas parcelas. Segundo, porque explica su vulnerabilidad: la línea entre lo protegido y lo desprotegido no es un muro sino una frontera porosa, cruzada por trochas y quebradas, imposible de vigilar. La violencia contra la comunidad, cuando llegó, se ejerció sobre esa periferia geográfica.

La economía comunitaria se articuló alrededor del legado de Balsamar y de las nuevas prácticas de trabajo compartido. La comunidad apostó por producción agrícola de subsistencia y comercialización colectiva, con énfasis en cultivos como el cacao, en un modelo que buscaba mantener autonomía frente a los circuitos económicos impuestos por los actores armados. Esa apuesta económica no era accesoria: era parte constitutiva del proyecto político. Sin autonomía material, la neutralidad se vuelve retórica.

Liderazgos y pérdidas

Los liderazgos de la Comunidad forman parte de su identidad tanto como sus reglas. Eduar Lanchero, laico comprometido con el acompañamiento espiritual y político del proceso, fue una de las figuras que articuló el discurso de la comunidad hacia afuera y sostuvo la vida interna del grupo en los años más difíciles. Luis Eduardo Guerra, uno de los líderes campesinos más visibles, encarnó la conducción cotidiana de la comunidad. Bertha Tuberquia representó una de las líneas de continuidad organizativa entre generaciones, con presencia sostenida en las veredas.

El acompañamiento externo tuvo también sus rostros. Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartadó entre 1995 y 1997 —justo el periodo de la escalada humanitaria—, ejerció un liderazgo que combinó denuncia internacional y respaldo a las comunidades bajo amenaza. Su gestión coincidió con los momentos más críticos del eje bananero y con la formación misma de la Comunidad de Paz, contexto en el que su figura quedó asociada a la defensa civil frente a la violencia paramilitar.

Frente a estos liderazgos, la hostilidad de sectores del Estado tuvo nombres institucionales. La oposición del general Bedoya y del entonces gobernador Uribe no fueron episodios sueltos: fueron expresión de una lectura del país según la cual la neutralidad civil era una anomalía inaceptable en zonas de operación militar. Esa lectura acompañó a la comunidad durante décadas.

Bajo asedio, sin desistir

La perdurabilidad de San José de Apartadó no puede entenderse sin el conjunto de agresiones a las que fue sometida, ni sin la red de apoyos que la sostuvo. Desde su fundación hasta bien entrada la primera década del siglo XXI, la comunidad enfrentó una violencia sostenida que combinaba operaciones de actores irregulares y episodios que involucraban a la fuerza pública, denunciados sistemáticamente por Justicia y Paz. La cifra de miembros asesinados a lo largo de los años se cuenta por decenas, y su geografía interior —Mulatos, La Resbalosa, La Unión— quedó marcada por esa memoria.

La comunidad respondió con una combinación de recursos que definen su singularidad: negativa a levantar armas, negativa a colaborar con ningún actor armado, denuncia pública sistemática, interlocución con la Corte Interamericana, presencia permanente de acompañantes internacionales y consolidación de su economía comunitaria. Ninguno de esos recursos por sí solo habría bastado; en conjunto, mantuvieron viva la experiencia.

El caso interpela un fenómeno mayor. Desde 1999, cuando se estableció el Premio Nacional de Paz, han sido postuladas más de ochocientas experiencias de resistencia local frente a los actores armados en Colombia. Ese número —comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que en cada rincón del país desplegaron formas propias de autoprotección— sitúa a San José no como una excepción exótica sino como la punta más visible de un fenómeno amplio. La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, la Declaración por la vida y por la paz elaborada en 1999 por pobladores y autoridades civiles de Bojayá tras años de confrontación entre guerrillas y paramilitares en el medio Atrato, las zonas humanitarias del Chocó: todas estas experiencias configuran un paisaje de resistencia civil que las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI depositaron sobre el mapa colombiano. Las resistencias civiles organizadas son una de las transformaciones más novedosas del conflicto armado colombiano en la última década del siglo XX.

Huella y disputa

Leer hoy San José de Apartadó exige sostener a la vez dos afirmaciones que no se cancelan. La primera: la Comunidad de Paz no fue una improvisación reactiva sino la culminación de una tradición organizativa campesina que llevaba décadas construyéndose. Bartolo Cataño y los líderes que abrieron el camino a Apartadó en los años setenta, la cooperativa Balsamar en 1985, la articulación con veintidós asentamientos regionales, la mediación con figuras políticas nacionales: cuando en marzo de 1997 mil cuatrocientos habitantes se declararon neutrales, activaban un capital social acumulado. El experimento fue radical, pero no partió de cero. La segunda afirmación: esa neutralidad fue estructuralmente asediada desde su origen. El general Bedoya la equiparó públicamente a complicidad guerrillera; el gobernador y luego presidente Uribe se opuso a ella; el Ejecutivo nacional cerró toda vía negociada con los actores armados de la región; los paramilitares avanzaron mediante pactos con la fuerza pública; las FARC no renunciaron a su pretensión de control territorial. La comunidad sobrevivió a pesar del Estado, no con él.

De ahí la paradoja irreducible que San José condensa. Una organización campesina con raíces profundas logró convertir la desesperación en proyecto político: la neutralidad activa como reclamo de soberanía civil, no como huida. Pero ese mismo proyecto fue hostigado por el Estado que debía protegerlo y acorralado por actores armados que no admitían terceros. Su perdurabilidad mide, entonces, dos cosas a la vez: la fortaleza del tejido comunitario y la profundidad de la violencia estructural que lo rodea. No es un modelo replicable de paz autónoma; es un testimonio de resistencia bajo asedio permanente. Es exactamente por eso que importa.

En el plano jurídico, el caso dejó un precedente concreto: la Corte Interamericana aceptó medidas provisionales para colectividades no individualizadas, avance que amplió el amparo internacional a comunidades enteras. En el plano político, dejó una gramática: la de la neutralidad activa como forma de soberanía civil, gramática que otras experiencias colombianas retomaron y adaptaron. En el plano moral, dejó una lista de nombres —los asesinados en Mulatos, La Resbalosa, La Unión— que la memoria del país no puede desprender de la palabra Apartadó.

El eje bananero cambió desde entonces. Los grupos armados se reconfiguraron, la economía siguió su curso, las proyecciones de infraestructura continental sobre Urabá volvieron a agitarse. Pero en la falda de la Serranía de Abibe, en el corregimiento arriba de las plantaciones, la Comunidad de Paz siguió en pie. Su historia obliga a leer Urabá de otra manera: no solo como corredor de contrabando y de conflicto, no solo como enclave bananero, no solo como frontera sin Estado. También como territorio donde un grupo de campesinos decidió, un día de marzo de 1997, que la neutralidad podía ser una forma de política y sostuvo esa decisión, contra todos los pronósticos, durante décadas. En un país donde la resistencia civil organizada ha sido tantas veces silenciada, esa persistencia es, por sí sola, una hipótesis sobre el futuro.