Ensayo · Transversal · —
Connivencia militar-paramilitar en Colombia: ¿doctrina de Estado o desviación individual?
Entre 1962 y 2010, unidades del Ejército, la Armada, el DAS y la Policía coordinaron operaciones con estructuras paramilitares que masacraron a más de 1.700 personas solo entre 1997 y 2000. El debate central es si esa connivencia fue la aplicación operativa de una doctrina contrainsurgente codificada desde los años sesenta o el producto de desviaciones individuales de oficiales corruptos.
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La respuesta en breve
La connivencia fue la expresión operativa de una doctrina contrainsurgente codificada desde el Decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968, que autorizó y promovió la delegación de la violencia sucia a civiles armados con cobertura institucional. Los patrones convergentes documentados en regiones distintas —traslados aéreos en Mapiripán, operaciones conjuntas en el Chocó, la Red 07 en el Magdalena Medio, la Brigada XX como Estado clandestino— bajo brigadas y comandantes diferentes son incompatibles con la hipótesis de la desviación individual. La Fuerza Pública subcontrató crímenes que no podía cometer directamente sin costo institucional, y el sistema de justicia penal militar proveyó la cobertura ex post que hizo el arreglo sostenible, como demostró la absolución del teniente coronel Quiñones en 1994 pese a pruebas de que la Red 07 planeó, ordenó y pagó asesinatos.
La tesis oficial de las 'manzanas podridas' —en su versión moderada, la más plausible— admite patrones regionales pero los explica como fenómenos de captura local: brigadas específicas corrompidas por élites regionales o narcotraficantes, sin política central, lo que preserva la legitimidad estatal fragmentando la responsabilidad. La tesis doctrinaria, respaldada por la sentencia de la Corte Interamericana sobre la Operación Génesis (2013) y la condena de Rito Alejo del Río por la Corte Suprema (2012), sostiene que el marco habilitante —Decreto 3398/1965, manuales de 1963 y 1979, recomendación Yarborough— fue condición necesaria para que la coordinación alcanzara escala nacional; su traducción operativa fue, sin embargo, heterogénea, con fuerte iniciativa de mandos medios y actores del narcotráfico que colonizaron ese marco para fines propios. La tensión irresuelta es si esa heterogeneidad exime al Estado de responsabilidad estructural o si la arquitectura doctrinaria y la impunidad sistemática —absoluciones en justicia penal militar, falsificación de documentos como el segundo fax de Uscátegui en Mapiripán— constituyen por sí mismas evidencia de un diseño institucional, no de una debilidad.
Ensayo completo
La lectura
¿Fue la connivencia militar-paramilitar en Colombia doctrina de Estado o desviación individual?
Entre 1962 y 2010, unidades del Ejército, la Armada, la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad coordinaron operaciones, compartieron inteligencia, trasladaron combatientes en aviones oficiales, entregaron listas de personas para asesinar y encubrieron a estructuras paramilitares que masacraron a más de 1.700 personas solo entre 1997 y 2000. La pregunta no es si estos hechos ocurrieron —hay sentencias de la Corte Interamericana, condenas de la Corte Suprema, versiones libres de Justicia y Paz e informes de la Comisión de la Verdad que los establecen—, sino qué revelan sobre el Estado colombiano: si fueron desviaciones individuales de oficiales corruptos —la tesis oficial durante décadas, la de las "manzanas podridas"— o la aplicación operativa de una doctrina contrainsurgente que subcontrató la guerra sucia a irregulares con cobertura institucional. De la respuesta depende el diagnóstico sobre la naturaleza del régimen que gobernó Colombia durante medio siglo y sobre la subordinación real del poder militar al poder civil.
Qué se juega en la pregunta
La tesis de las "manzanas podridas" —sostenida durante años por sucesivos gobiernos, altos mandos y una parte del establecimiento judicial— afirma que los vínculos entre agentes estatales y paramilitares fueron episodios aislados, producto de la codicia, la infiltración narco o la temeridad de oficiales que actuaron por cuenta propia. Bajo esa lectura, el Estado colombiano habría sido víctima de sus propios funcionarios díscolos, no cómplice estructural del paramilitarismo. La Fuerza Pública, en su conjunto, permanecería como institución legítima que enfrentó dos amenazas simétricas: guerrilla y autodefensas ilegales.
La tesis contraria, que este artículo sostiene, es que la connivencia fue la aplicación operativa de una doctrina contrainsurgente codificada desde los años sesenta —la del "enemigo interno"— que autorizaba, promovía y protegía la delegación de la violencia sucia a civiles armados. La coordinación entre brigadas territoriales y bloques paramilitares no fue un accidente sino un diseño: la Fuerza Pública subcontrató la ejecución de crímenes que no podía cometer directamente sin costo institucional, y el sistema de justicia penal militar y de inteligencia proveyó la cobertura ex post que hizo el arreglo sostenible.
Lo que se juega en la elección entre ambas lecturas es la responsabilidad estatal estructural, la interpretación del período 1997-2010 en la memoria histórica y el juicio sobre si Colombia tuvo, en rigor, un régimen democrático con subordinación civil plena de las Fuerzas Armadas o un sistema híbrido en el que sectores militares operaron con autonomía de hecho.
Los términos del debate
La lectura de las "manzanas podridas" tiene dos versiones. La versión fuerte —hoy prácticamente insostenible— niega la sistematicidad y atribuye los hechos a oficiales aislados. La versión moderada, más plausible, admite patrones regionales pero los explica como fenómenos de captura local: brigadas específicas fueron corrompidas por élites regionales, narcotraficantes o comandantes ambiciosos, sin que exista una política central. El Estado colombiano habría sido permeable, no cómplice; débil, no responsable.
La tesis doctrinaria también admite gradaciones. Su versión maximalista sostendría que el paramilitarismo fue creación directa del Estado, gestionado desde el centro, y que las AUC operaron como brazo delegado del alto mando. La versión más rigurosa afirma algo distinto: la doctrina contrainsurgente heredada de la Guerra Fría proveyó el marco habilitante, la cobertura jurídica y la arquitectura institucional sin los cuales el paramilitarismo no habría alcanzado escala nacional. Su traducción operativa, sin embargo, fue heterogénea, con fuerte iniciativa de mandos medios, élites regionales y actores del narcotráfico que colonizaron ese marco para fines propios.
El debate real, entonces, se juega entre una lectura que preserva la legitimidad estatal fragmentando la responsabilidad y otra que reconoce complicidad estructural aceptando que el sistema fue federado, no unitario.
La arquitectura doctrinaria: 1962-1968
El punto de partida es normativo. El Decreto Legislativo 3398 de 1965, expedido bajo estado de excepción, estableció en su artículo 25 que todos los colombianos no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio podían ser utilizados por el gobierno en actividades relacionadas con la defensa nacional. Tres años después, la Ley 48 de 1968 convirtió ese decreto —junto con el 1667 de 1966— en legislación permanente. Sobre esa base legal se construyó durante dos décadas la figura de las "juntas de autodefensa": grupos civiles armados por el Estado para tareas contrainsurgentes.
El marco doctrinario que dio contenido a esa arquitectura legal vino de afuera. La visita del general William P. Yarborough a Colombia dejó, en un anexo secreto de su informe, la recomendación de desarrollar una estructura civil-militar que ejecutara actividades paramilitares, de sabotaje y terrorismo contra comunistas conocidos, con respaldo estadounidense. La doctrina se nutrió también de la experiencia colonial francesa en Vietnam y Argelia, revisada por estrategas norteamericanos a partir de Filipinas, Malasia y Kenia. Los manuales contrainsurgentes colombianos de 1963 y 1979 ordenaron incluir a la población civil en la guerra y organizar militarmente a los habitantes en juntas de autodefensa para "protegerse de guerrillas y apoyar operaciones de combate".
Esta arquitectura no fue un accidente burocrático. Fue una política deliberada de delegación de la violencia contrainsurgente a civiles armados, con precedentes en los Llanos Orientales de 1952-1953 y continuidad ininterrumpida hasta que el Decreto 815 de 1989 y sentencias posteriores la declararon inconstitucional. Durante veintiún años, la ley colombiana autorizó explícitamente lo que después de 1989 pasó a ser ilegal pero no dejó de practicarse: la conformación de grupos civiles armados en coordinación con la Fuerza Pública. La reaparición de esa figura bajo el rótulo de las Convivir en los años noventa cierra el arco de continuidad.
El aparato de inteligencia como Estado clandestino
Si la doctrina proveyó el marco habilitante, los aparatos de inteligencia proveyeron la infraestructura operativa. Tres estructuras concentran el patrón: la Brigada XX de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, la Red de Inteligencia No. 07 de la Armada Nacional y el DAS bajo la dirección de Jorge Noguera Cotes.
La Brigada XX operaba con un doble registro de hojas de vida que permitía presentar a sus funcionarios como civiles ante investigaciones judiciales o disciplinarias, desviando así las pesquisas. Fue señalada por participar en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas en coordinación con grupos paramilitares. Tras el asesinato del abogado Eduardo Umaña Mendoza el 18 de abril de 1998, y ante las declaraciones del fiscal general Alfonso Gómez Méndez sobre implicaciones de la brigada, el Ejército ordenó su desmonte en mayo de ese año, reconociendo que estaba implicado un oficial superior en el crimen. El mayor Iván Ramírez Quintero, comandante de la Brigada XX y ex jefe de Operaciones de la Binci, había sido señalado como uno de los creadores de la Triple A; en 1992 ascendió a director nacional de Inteligencia. Su trayectoria muestra que la coordinación con estructuras paralelas no era obstáculo para la carrera.
La Red 07 de la Armada, creada en 1991 y dirigida por el capitán Juan Carlos Álvarez Gutiérrez, operó en el Magdalena Medio con base en Barrancabermeja. Sus miembros —el suboficial Carlos David López Maquillón, Ancizar Castaño Buitrago y agentes como Miguel Antonio Durán o Milton Martínez Plata— combinaron oficiales, suboficiales y sicarios contratados. Uno de ellos, Felipe Gómez, recibió instrucción militar de grupos paramilitares del Magdalena Medio y organizó estructuras paramilitares en varios municipios. En 1994, un tribunal militar absolvió al teniente coronel Rodrigo Quiñones y a otros siete militares de la Red, pese a que la Procuraduría demostró que Quiñones estaba al frente de la estructura y pese a la evidencia de que la Red planeó, ordenó y pagó a paramilitares para cometer asesinatos. La responsabilidad institucional recaía en el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, y de ese mismo Estado Mayor se desembolsaban los fondos.
El DAS, bajo Noguera Cotes, funcionó como un tercer nodo. Noguera fue condenado en 2011 por concierto para delinquir agravado con paramilitares y como autor mediato del homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, ordenado por una troika compuesta por políticos, funcionarios del DAS encabezados por Noguera y el paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Noguera designó directores seccionales que colaboraran con el paramilitarismo, al menos en Norte de Santander —a favor del Bloque Catatumbo— y en la Costa Atlántica —a favor del Bloque Norte—. El jefe de Informática, Rafael García, modificó las bases de datos de la entidad y borró órdenes de captura contra narcotraficantes. Junto con el secretario general, Gian Carlo Auque di Silvestre, borró expedientes de reconocidos narcoparamilitares. En Nariño, el DAS entregó a las autodefensas nombres, direcciones y fotografías de personas para ser asesinadas, y copias de procesos judiciales abiertos contra paramilitares.
Que estas tres estructuras hayan operado durante años con conocimiento del alto mando y sin desmonte oportuno permite hablar, con fundamento, de un Estado clandestino: un aparato de inteligencia con autonomía de hecho, coordinado con el paramilitarismo, protegido por el fuero penal militar y por el poder ejecutivo. No es una figura retórica. Es una descripción operativa de lo que ocurría dentro del Estado formal.
Mapiripán, Génesis y Cacarica: el caso de laboratorio
Ninguna operación revela mejor la coordinación logística entre Fuerza Pública y paramilitares que la masacre de Mapiripán, ejecutada entre el 15 y el 20 de julio de 1997 por miembros de las ACCU/AUC, que torturaron, desmembraron, desvisceraron y degollaron a aproximadamente 49 personas y arrojaron sus restos al río Guaviare. La operación exigió el traslado de combatientes desde Urabá hasta el Guaviare en aviones que aterrizaron en San José del Guaviare con coordinación de miembros de la Fuerza Pública. Salvatore Mancuso y alias El Cura declararon ante la justicia que el general Rito Alejo del Río, entonces comandante de la Brigada XVII, coordinó el despegue de los aviones desde Urabá, aunque la justicia no ha probado formalmente esas acusaciones específicas contra Del Río. El coronel Lino Hernando Sánchez, coordinador operativo de la Brigada Móvil 2, actuó como facilitador de suministros militares y garante de la entrada de los paramilitares a la región sin enfrentamiento con la Fuerza Pública. La Convivir de San Martín (Meta), dirigida por Pablo Trigos, participó en la planeación, según el testimonio de alias Carecuchillo.
Durante los días de la masacre, el mayor Hernán Orozco Castro, comandante de inteligencia del Batallón Joaquín París, envió un fax al general Jaime Uscátegui, comandante de la VII Brigada en Villavicencio, alertando sobre la presencia de hombres armados y calificando la información como confiable, confirmada y seria. Recomendó el envío inmediato de tropas. No se tomó ninguna acción. Dos meses después, Uscátegui ordenó a Orozco presentar un segundo fax fraudulento con la misma fecha y número de registro, minimizando la información y sustituyendo la identificación de los armados como paramilitares por "presuntos guerrilleros". Orozco declaró haber cumplido por miedo a represalias. La falsificación buscaba justificar la inacción y preservar la candidatura de Uscátegui a comandar una fuerza antidroga financiada por Estados Unidos.
Siete meses antes, entre el 24 y el 27 de febrero de 1997, la Décimo Séptima Brigada del Ejército ejecutó la Operación Génesis en el área de los ríos Salaquí y Truandó, formalmente dirigida contra el frente 57 de las FARC-EP. Simultáneamente, del 23 de febrero al 5 de marzo, grupos paramilitares de las ACCU —Bloque Chocó y grupo Pedro Ponte— ejecutaron la Operación Cacarica. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 20 de noviembre de 2013 estableció que la Operación Génesis fue ejecutada conjuntamente por el Ejército y los paramilitares, y declaró al Estado colombiano responsable de violaciones de derechos humanos, incluyendo el desplazamiento forzado de miles de personas y el asesinato del líder campesino Marino López Mena, ejecutado en el caserío Bijao y desmembrado con un machete. Rito Alejo del Río fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2012 por delitos relacionados con su auxilio a los paramilitares.
El patrón se repite en Urabá con las Convivir como canal de coordinación entre paramilitares —Bloques Élmer Cárdenas, Bananero y Tolová— y la Décimo Séptima Brigada: despeje de áreas, retardo deliberado en la llegada de tropas, operaciones militares conjuntas. En Riosucio, miembros de las ACCU usaron uniformes y fusiles de la Fuerza Pública durante la toma, planeada desde el comando de la Policía del Chocó en reunión entre alias el Alemán, Raúl Emilio Hasbún y el teniente coronel Rigoberto Ambrosio Ojeda Prieto. El Bloque Mineros coordinaba con la Policía el ingreso y permanencia de sus grupos urbanos en las cabeceras municipales para actividades sicariales.
Que estos hechos ocurrieran en regiones distintas —Chocó, Meta, Antioquia, Córdoba— bajo brigadas distintas y comandantes distintos, con patrones operativos convergentes (suministro logístico, despeje de áreas, coordinación por radioteléfono, cobertura ex post), es incompatible con la hipótesis de la desviación individual. Un accidente no se repite con esa geometría.
La impunidad como pegamento del sistema
Si la coordinación fue el ejecutor y la doctrina el marco, la impunidad fue el pegamento. La justicia penal militar operó durante décadas como el mecanismo institucional que protegía a los oficiales implicados: el general Faruk Yanine Díaz fue absuelto en su momento por la Justicia Penal Militar, y solo en junio de 2008 la Fiscalía reabrió el caso llamándolo a indagatoria. El teniente coronel Quiñones y los siete militares de la Red 07 fueron absueltos en 1994 pese a la evidencia.
Pero la protección no vino solo del fuero castrense. Vino también del poder ejecutivo y de la Fiscalía General. El fiscal general Luis Camilo Osorio, días después de posesionarse en 2001, liberó a Rito Alejo del Río de prisión, y tres años después cerró el caso en su contra. Varios fiscales y funcionarios de la Unidad Nacional de Derechos Humanos que habían tramitado medidas de aseguramiento contra Del Río fueron forzados al exilio, principalmente en 2001. En 2014, Semana denunció que Del Río, ya preso en prisión militar tras su condena de 2012, mantenía ascendencia sobre oficiales en servicio.
La impunidad sistemática, coordinada entre justicia militar, Fiscalía y presión política, sostuvo materialmente la coordinación operativa. El sistema protegía a los oficiales que delinquían, y esa protección atravesó tres gobiernos: Samper, Pastrana, Uribe. Un pacto institucional civil-militar que sobrevivió a los relevos presidenciales no puede describirse como accidente.
Los falsos positivos: la práctica protocolizada
La lectura de los falsos positivos como fenómeno aislado del período 2002-2008 se sostiene difícilmente cuando se los sitúa en la genealogía completa. El Bloque Norte de las AUC llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate con apoyo de la Fuerza Pública, y viceversa, en los departamentos del Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. La presión institucional por resultados medidos en "bajas" —comandantes exigiendo cifras, capturas convertidas en bajas por presión desde arriba, condecoraciones, primas y ascensos por resultados— fue documentada como factor significativo. Oficiales del Ejército se valieron de delincuentes e informantes para fraguar montajes presentados como "positivos".
El testimonio de un exguerrillero convertido en paramilitar, alias Danilo, señala que las ejecuciones y las listas de muerte funcionaban como pruebas de lealtad en la estructura paramilitar, dinámica paralela a la lógica de "resultados" del Ejército. El testimonio recogido por el CNMH en Villavicencio en 2014 sobre el caso de Eider Quiguanas documenta que tropas del FUDRA y de la Séptima Brigada actuaron conjuntamente, informando a la familia que la víctima había sido asesinada por ser "un terrorista".
Philip Alston, relator especial de la ONU, tras visitar Colombia en junio de 2009, declaró que las ejecuciones extrajudiciales eran cercanas a ser sistemáticas, aunque no encontró evidencia de que fueran política oficial ni ordenadas directamente por el presidente o los ministros de Defensa. Esa formulación —sistemáticas sin ser ordenadas desde el vértice— captura precisamente la naturaleza del arreglo: una práctica que se reproduce en múltiples unidades porque el sistema de incentivos, la impunidad y la doctrina compartida la vuelven racional a nivel operativo, sin necesidad de una orden central.
El veredicto
La connivencia militar-paramilitar en Colombia entre 1962 y 2010 no fue una suma de desviaciones individuales. Fue la aplicación operativa de una doctrina contrainsurgente heredada de la Guerra Fría —codificada en el Decreto 3398 de 1965, la Ley 48 de 1968 y los manuales de 1963 y 1979— que autorizó, promovió y protegió la delegación de la violencia contrainsurgente a civiles armados. Esa doctrina sobrevivió a su declaratoria de inconstitucionalidad en 1989 mediante mutaciones legales —las Convivir— y prácticas informales sostenidas por la Fuerza Pública, los aparatos de inteligencia, el fuero penal militar y presiones políticas concretas sobre la Fiscalía.
Los tres nodos de inteligencia —Brigada XX, Red 07, DAS— operaron como un Estado clandestino con autonomía de hecho. La coordinación en Mapiripán, Cacarica-Génesis, el Urabá bajo la Brigada XVII y el Magdalena Medio bajo la Red 07 revela patrones convergentes que no admiten explicación por casualidad. La impunidad sostenida a lo largo de tres gobiernos indica un pacto institucional, no episodios aislados. Los falsos positivos son la masificación de prácticas previamente protocolizadas en alianza con paramilitares.
La tesis maximalista, que reduce el paramilitarismo a instrumento centralizado del alto mando, tampoco se sostiene. La traducción operativa de la doctrina fue heterogénea y fragmentada. La agencia de las élites regionales —ganaderos del Magdalena Medio, bananeros del Urabá, políticos locales— fue tan determinante como la doctrina militar. El triángulo fundacional del Magdalena Medio —militares, ganaderos, narcotráfico— muestra que actores civiles con intereses económicos concretos fueron promotores activos. Desde mediados de los ochenta, el peso creciente del narcotráfico, con Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar invirtiendo masivamente en tierras y comprando estructuras paramilitares, desplazó progresivamente la lógica doctrinaria por lógicas de acumulación territorial. El testimonio de Ramón Isaza sobre militares que dispararon contra paramilitares para permitir la huida de Escobar, o que avisaban a paramilitares sobre operativos antinarcóticos, muestra que las relaciones no fueron uniformemente cooperativas: hubo ambivalencia, competencia y tensión.
El Estado colombiano fue cómplice estructural del paramilitarismo, pero no su director unificado. La doctrina contrainsurgente proveyó el marco habilitante y la cobertura institucional sin los cuales el paramilitarismo no habría alcanzado escala nacional; los mandos medios, las élites regionales y las estructuras del narcotráfico colonizaron ese marco para fines propios; la impunidad mantuvo coherente un sistema operativamente federado. La lectura de las "manzanas podridas" es insostenible: no explica la geometría de los patrones, ni la continuidad a través de tres gobiernos, ni la coordinación logística entre unidades distantes, ni la protección sistemática desde la Fiscalía. La lectura doctrinaria maximalista es demasiado gruesa: no captura la fragmentación real ni el papel autónomo de actores civiles y narcotraficantes. Entre ambas, la lectura correcta es la de complicidad estructural con ejecución federada.
La consecuencia es grave. Si la coordinación fue estructural y no accidental, la subordinación civil de las Fuerzas Armadas en Colombia estuvo, durante décadas, comprometida de facto. No en el sentido de un régimen militar abierto, sino en el sentido de que sectores del aparato militar y de inteligencia operaron con márgenes de autonomía incompatibles con la lógica democrática, y que el poder civil —ejecutivo, legislativo, judicial— toleró, encubrió o participó activamente en esa autonomía.
Lo que queda abierto
Cuatro flancos permanecen sin cerrar. El primero es la cadena de mando exacta en operaciones como Mapiripán: las declaraciones de Mancuso y alias El Cura contra Rito Alejo del Río por su papel en el despegue de los aviones desde Urabá no han sido probadas judicialmente en ese caso específico, y su condena de 2012 fue por otros hechos. Establecer si existió una decisión centralizada o si se trató de coordinaciones ad hoc entre comandantes regionales sigue siendo objeto de investigación.
El segundo es la responsabilidad presidencial directa en las prácticas más graves. Alston no encontró evidencia de que los falsos positivos fueran ordenados desde el vértice, aunque los describió como sistemáticos. La distancia entre práctica sistemática y orden presidencial permanece sin resolver.
El tercero es el peso relativo de la doctrina frente al narcotráfico en la fase 1994-2005 de expansión de las AUC. La consolidación paramilitar en esos años exhibe una hibridación de motivos —contrainsurgencia, acumulación territorial, control de rutas de coca— cuya proporción varía por región y por bloque.
El cuarto es la eficacia real de las Convivir como canal formal de la coordinación posterior a 1994. Hay testimonios claros de su uso en Urabá y el Meta, pero el mapa completo de su articulación con brigadas territoriales y bloques paramilitares aún no está trazado.
Que estas preguntas permanezcan abiertas no debilita el diagnóstico central. Lo matiza. La complicidad estructural del Estado colombiano con el paramilitarismo entre 1962 y 2010 está establecida por sentencias internacionales, condenas nacionales y evidencia documental convergente. Lo que sigue en discusión es el alcance de la cadena de mando y la proporción exacta entre doctrina, negocio y captura regional en cada bloque.
Archivo documental
Documentos usados en esta lectura
52 documentos · 76 fragmentos de referencia01Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 152, 2042 fragmentos
[1]con la tropa, para obligarlos a que se descubran; atemorizarlos haciéndoles creer que están comprometidos y que deben abandonar la región” (Colombia, Ejército Nacional, Ayudantía General del Comando del Ejército, 1979, p. 188). Como los habitantes se encuentran en el centro del con fl icto, es necesario incluirlos en…
p. 152
[47]Comisión Internacional de Juristas, Comisión Andina de Juristas Seccional Colombiana (1992). 2 Como lo sugiere, en un contexto muy diferente, Philippe Garraud (2002). 3 Las memorias de Jiménez Gómez (1999), cruzadas con los artículos de prensa de la época, permiten reconstruir esta situación. El exprocurador general…
p. 204
02El Bloque Mineros de las AUC. Violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexualJuan Esteban Jaramillo Giraldo, José Manuel Hernández, Dairo Correa Gutiérrez · 2022 · p. 65, 2072 fragmentos
[2]serie de normas que autorizaron al Ministerio de Guerra para la conformación de grupos de civiles armados para el desarrollo de actividades de con- trainsurgencia, vigilancia y protección, tanto rural como barrial. Así fue como se expidió el Decreto Legislativo No. 3398 de 1965, mediante el cual se reglamentó la…
p. 65
[24]tal se les voló a ustedes. Allá nos llevó un fusil. ¿Entiende? Entonces, eso es una vaina que uno no sabe ni por dónde meterse. (CNMH, MNJCV, 2016, 5 y 6 de diciembre) En las cabeceras municipales ocurrió lo mismo: con la Policía se coordinaba el ingreso y permanencia de los grupos urbanos del Bloque Mineros para que…
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03America's Other War: Terrorizing ColombiaDoug Stokes · 2005 · p. 922 fragmentos
[3]various armed groups in Colombia’s rural areas left over from the years of la violencia and was principally targeted at the peasant agriculturalists found in Colom- bia’s south. These areas were largely populated by peasants who had either fled the violence of the civil war or were dispossessed through …
p. 92
[4]various armed groups in Colombia’s rural areas left over from the years of la violencia and was principally targeted at the peasant agriculturalists found in Colom- bia’s south. These areas were largely populated by peasants who had either fled the violence of the civil war or were dispossessed through …
p. 92
04Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 521 fragmento
[5]de control directo de las élites políticas locales y regionales. El general Rojas Pinilla dio el primer paso para desestimular a los grupos armados civiles y despolitizar a la Policía y acabar con sus expresiones subnacionales (el Decreto 1814 del 13 de junio de 1953 la trasladó al Ministerio de Defensa y la convirtió…
p. 52
05Plan Colombia: U.S. Ally Atrocities and Community ActivismJohn Lindsay-Poland · 2018 · p. 461 fragmento
[6]provided by the United States. 16 The light aircraft that Yarborough recommended for the Colombian Air Force were “Helio Couriers,” a lightweight plane used extensively by the cia in operations at that time in Africa and Indochina. The U.S. State Depart - ment had already recommended in 1960 that the Colombian…
p. 46
06More Terrible Than Death: Drugs, Violence, and America's War in ColombiaRobin Kirk · 2003 · p. 76, 2892 fragmentos
[7]the doctores in charge were so impressed that they promoted him again, to the position of army commander and later war minister. Although General Ruiz downplays the link, it is clear that Plan Lazo also drew heavily on American ideas that emerged from a seis- mic shift in the way war was waged across the globe, most…
p. 76
[32]of the Seventh Brigade in Villavicen- cio. Major Orozco described the information as reliable, confirmed, and serious. In a fax, he recommended sending three battalions in three helicopters to Mapiripan immediately. Nothing was done. Two months after the massacre, General Uscategui called Orozco to insist that he file…
p. 289
07Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 65, 742 fragmentos
[8]el trasfondo de la guerrilla del e pl, pavimentaría el camino al paramilitarísmo (Romero, 2003, pp. 128-155). La cara antiliberal de la Alianza era la doctrina contrainsurgente elabor a da por diferentes agencias del gobierno estadounidense con el objetivo de for talecer la legitimidad política y la capacidad militar…
p. 65
[9]la invasión a Cuba en 1960. Reelaborar la doctrina fue todavía más apremiante después de aquel fiasco. La doctrina de la contrainsurgencia quitaba todo énfasis a la guerra re- gular interestatal poniéndolo en la guerra irregular interna. En esta direc- ción, había que fortalecer unidades operativas orientadas por una…
p. 74
08El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 157, 3144 fragmentos
[10]A inicios de 1991, El Padrino es asesinado y Henry Pérez retira el personal de Barrancabermeja para reestructurarlo y envía a Jaime Eduardo Rueda Rocha Siete Cinco, con otros cinco hombres y apoyados por Prada. (Fiscalía No. 34, s.f.) Ante la muerte de los Pérez, el grupo en Barrancabermeja queda bajo la orientación…
p. 314
[11]A inicios de 1991, El Padrino es asesinado y Henry Pérez retira el personal de Barrancabermeja para reestructurarlo y envía a Jaime Eduardo Rueda Rocha Siete Cinco, con otros cinco hombres y apoyados por Prada. (Fiscalía No. 34, s.f.) Ante la muerte de los Pérez, el grupo en Barrancabermeja queda bajo la orientación…
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[63]con dineros del narcotráfico aportados principalmente por Gonzalo Rodríguez Gacha y el cartel de Medellín. “Los pensamientos de Gon- zalo Pérez y Henry Pérez era ganarle la guerra a la guerrilla, y ganar terreno. Y con ese aliado que tenían en la época, con esa plata, pues era estar en todo el país, atacando a la…
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[64]con dineros del narcotráfico aportados principalmente por Gonzalo Rodríguez Gacha y el cartel de Medellín. “Los pensamientos de Gon- zalo Pérez y Henry Pérez era ganarle la guerra a la guerrilla, y ganar terreno. Y con ese aliado que tenían en la época, con esa plata, pues era estar en todo el país, atacando a la…
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09Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo I. Bloque Central Bolívar: origen y consolidaciónCentro Nacional de Memoria Histórica, Alberto Santos Peñuela · 2021 · p. 80, 862 fragmentos
[12]todos los lí- deres de la movilización campesina. Se denunciaron las amenazas contra líderes del éxodo y defensores de derechos humanos que participaron en las negociaciones con el gobierno, toda vez que los paramilitares reiteraron su consideración de “objetivos militares” a las personas y organizaciones…
p. 80
[13]fueron asesinados por orden de Pablo Escobar en abril 1993. (Barón, 2011, p. 67). 86 ARRASAMIENTO Y CONTROL PARAMILITAR EN EL SUR DE BOLÍVAR Y SANTANDER Al igual que Julio Ernesto Prada, otros militares de la Armada que fueron integrantes de La Red 07 estuvieron relacionados con el paramilitarismo de Puerto Boyacá.…
p. 86
10Lucho Arango, el defensor de la pesca artesanalMelba Patricia Quijano Triana, Ledis Bohórquez Farfán, Clemencia Rodríguez · 2014 · p. 551 fragmento
[14]red son desembolsados por el Estado Mayor” p. 226. 56 Lucho Arango, el defensor de la pesca artesanal La responsabilidad de esta Red recaía en el Jefe del Estado Ma - yor de las Fuerzas Armadas, y a pesar de las diversas pruebas exis - tentes no ha habido hasta el momento condenas a los responsables y principales…
p. 55
11Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 288, 4102 fragmentos
[15]organizaciones sociales, cívicas y culturales. También la impunidad y la opacidad total en la rendición de cuentas ha sido un factor de persistencia de las responsa - bilidades de organismos de inteligencia en violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, la Brigada XX contó con un doble registro de hojas de vida que,…
p. 410
[51]si no, no se hacía nada. Cuando iba a suceder algo, ahí ellos sí decían “bueno, nosotros vamos a estar pa tal parte y nosotros hacemos eso”» 426. Este entramado incluyó también a las agencias de inteligencia del Estado colom - biano, como el entonces DAS. Según otro exparamilitar, «el DAS lo manejábamos nosotros al…
p. 288
12Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)Federico Andreu-Guzmán (relator); Carlos Miguel Ortiz (coordinador); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2014 · p. 114, 1742 fragmentos
[16]la XX Brigada en mayo de 1998 308 y dado que estaba implicado un o fi cial superior en el crimen, asumió como Juez de la Causa el Comandante General del Ejército Nacional, en su condición de Juez Único de Primera Instancia Penal Militar. Inicialmente tal función le correspondió al mayor general Mario Hugo Galán y, a…
p. 174
[61]Bogotá: Biblioteca de la Paz, O fi cina del Alto Comisionado para la Paz, p. 511 - 514). 193 Revista Semana, No. 207, edición de abril 28 de 1986, p. 22. 194 El Mundo, 25 de julio de 1987, p. 8. 195 Ibíd. 116 Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010) salvoconductos otorgados por las unidades militares.…
p. 114
13El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 168, 1952 fragmentos
[17]acuerdo a las declaraciones rendidas ante la Procuraduría de la Nación por el suboficial de Inteligencia Militar Alfonso Garzón Garzón, en enero de 1991, el rostro de los respon- sables era nítido. El principal de ellos fue el mayor Iván Ramírez Quintero, ex Jefe de Operaciones de la Binci, y comandante de la XX…
p. 168
[45]halagos a Yanine Díaz fue más allá que el presi- dente Betancur Cuartas cuando su discurso en Puerto Boyacá: ¡lo comparó con Simón Bolívar! En 2001, ya retirado, Bedoya Pizarro se presentó como candidato presidencial, luego de algunas vanas tentativas de enjuiciamiento 3 Cambio16, Bogotá, 2 de diciembre de 1996. 4…
p. 195
14Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002Vladimir Melo Moreno (Relator); Andrés Fernando Suárez, Carmen Andrea Becerra (Correlatores); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2018 · p. 2821 fragmento
[18]lado del río Magdalena, que luego se congregaron en las autodefensas de Puerto Boyacá y del Mag- dalena Medio. Esto fue, en parte, producto del escalamiento del conflicto derivado del desdoblamiento de las FARC del Frente 4 en el 11, con una agresiva exacción de recursos y des- pliegue de violencia hacia propietarios…
p. 282
15A las puertas de El UbérrimoIván Cepeda, Jorge Rojas · 2008 · p. 431 fragmento
[19]sicarios que opera en el Magdalena Medio" del 10 de mayo de 1988, "Declaraciones de Die.~o Vi~fara Salinas" del 10 de mayo de 1988, "Orgallización de sicarios y lIarcotrajicalltes en el Magdalena Medio" del 20 de julio dc 1988, "Balallce de la gestión oficial contra los grupos de sicarios y el narcotr4fico" del r de…
p. 43
16Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 294, 3292 fragmentos
[20]en evidencia la justicia, “Raúl” hizo la tarea y hubo coordinación de los movimientos entre miembros de la fuerza pública y los paramilitares por radioteléfono. Además de la logística local, otros militares, presumiblemente en Urabá, habían dado un visto bueno anterior a la sangrienta operación. Tanto Mancuso como…
p. 294
[42]Urabá». Sostuvo además que «desde el 18 de Diciembre (de 1995), fecha en que recibió el cargo el general Del Río, no existe ninguna anotación en el sentido de acciones o principios de operación contra la delincuencia organizada o paramilitares». Citado en VerdadAbierta.com, Rito Alejo del Río, de pacificador a…
p. 329
17Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 114, 1262 fragmentos
[21]impuesto que pagaban los cocaleros. (Tribunal Superior de Bogotá, Audiencia, marzo 23 de 2012, [3:17:15 a 3:20:40]) Además de sus acciones en los Llanos, a comienzos de 1997 Victoria ges- tiona una serie de reuniones en Bogotá con Jesús Emiro Pereira alias Alonso o Huevoepisca, 58 Byron Alfredo Jiménez alias Gordo…
p. 126
[72]suroccidente colombiano (2018a); Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (2018); y el informe El Estado suplantado. Las autodefensas de Puerto Boyacá (2019a), sobre los grupos para- militares del Magdalena Medio. 40- Este tema será abordado en el apartado 2.5 del presente…
p. 114
18Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. PacíficoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1171 fragmento
[22]que registra cómo miembros de las ACCU usaron uniformes y fusiles de la fuerza pública durante esta toma. Además, registra que la toma fue planeada desde el comando de la Policía del Chocó, cuando alias el Alemán –comandante de las ACCU en la región– y Raúl Emilio Hasbún –alias Pedro Bonito– se reunieron en Quibdó con…
p. 117
19Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 26, 362 fragmentos
[23]toda clase de crímenes contra las poblaciones de las regiones de Urabá. Dicha relación, según Raúl Hasbún, comandante del Frente Árlex Hurtado, fue conocida por generales de la Dé- cima Séptima Brigada (Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, 2012, p. 89). Por medio de las Convivir se coordinó con la Unidad…
p. 36
[29]desarrollo del capítulo, las primeras incluyen acciones de suministro (in- tendencia, alimentos e información), patrullajes conjuntos, coordinación de operaciones, apoyo en combates e incursiones; y las segundas responden al favorecimiento o no interferencia en el accionar de los grupos paramilitares. El análisis de…
p. 26
20Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte (Editores) · 2009 · p. 2641 fragmento
[25]ha habido un aumento sustancial del número de municipios disputados entre estos grupos: para 1997, la disputa entre paramilitares y fuerzas estatales era prácticamente nula (mapa 3), pues, aunque se observan algunos municipios con simultánea presencia de los dos, lo más probable es que ambos grupos hayan asumido un…
p. 264
21Nos matan y no es noticia. Parapolítica de Estado en ColombiaRicardo Ferrer Espinosa, Nelson J. Restrepo A. · 2010 · p. 771 fragmento
[26]al resto del país. Se reproducía en cada localidad, con la disciplina militar de verdaderos psicópatas organizados. Hecho el ensayo y vistos sus resultados, el modelo de arrasamiento se aplicó luego a otras regiones y goza del silen- cio de la prensa oficial en Colombia. Y del silencio de la prensa en los países con…
p. 77
22Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1361 fragmento
[27]Los testimonios recogidos por la Comisión a pobladores de Charras reconstruyen los hechos: «Era un domingo. Llegó don Felipe, que vendía joyas, y dijo: “mire que allí viene el Ejército”. Como dijo que era el Ejército nadie dijo nada; cuando llegaron los camiones se bajó esa gente y rodearon el caserío. […] Ahí en el…
p. 136
23La Rochela: Memorias de un crimen contra la justiciaGrupo de Memoria Histórica, Iván Orozco Abad (Relator), Gonzalo Sánchez G. (Coordinador) · 2010 · p. 293, 2972 fragmentos
[28]del Magdalena Medio por asesinarlo. Hubo ocasiones en que los paramilitares acorralaron a Escobar pero logró salvarse porque patrullas militares se enfrentaron con ellos para permitir 86 «Luego que se voló de la cárcel, Escobar se corrió para el Río Claro, cruzando Río Claro era de Escobar y del otro lado era mío, él…
p. 293
[65]Eduardo Ramírez, 95 Hacia 1987 el paramilitarismo del Magdalena Medio comenzó a perturbar re- giones de Córdoba y Urabá. La expansión del grupo paramilitar comandado por Gonzalo y Henry Pérez a territorios que transcendían al Magdalena Medio tuvo cierta semejanza con el proceso de enquistamiento que años atrás…
p. 297
24Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo II. El Frente Capital y el declive del Bloque Centauros de las AUCDaniel Ricardo Martínez Bernal (coordinador), Lorena Camacho Muete, Esteban Caviedes Alfonso, Laura Bibiana Escobar García, José María Gutiérrez Sierra, Daniela Moreno Arriola, Daniel Augusto Serrano Corredor, Juan Manuel Villarraga Beltrán · 2021 · p. 27, 322 fragmentos
[30]Maldonado Gutiérrez Fuerza de Tarea Quirón 1. Brigada Móvil n.°5 2. Brigada Móvil n.°31 3. Brigada Móvil n.°34 Fuente: elaboración propia CNMH-DAV, a partir de información tomada de: Herrera Ospina et al. Fuerzas Militares de Colombia. Ejército Nacional VIII División: El conflicto armado en las regiones. Bogotá:…
p. 32
[75]con los relatos de los exparamilitares firmantes de los Acuer- dos de la Verdad, contribuciones voluntarias de víctimas y otros actores sociales, y con las versiones libres de exparamilitares acogidos a Justicia y Paz, el Bloque Centauros trabajó de la mano con instituciones, agentes del Estado pertenecientes al poder…
p. 27
25No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 3281 fragmento
[31]orden es quemar, desaparecer del mapa a Mapiripán, Meta”» 988. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), los paramilita- res permanecieron en Mapiripán desde el 15 hasta el 20 de julio de 1997. Durante este periodo, «impidieron la circulación a los habitantes de dicho municipio, y torturaron,…
p. 328
26The Colombia Reader: History, Culture, PoliticsAnn Farnsworth-Alvear, Marco Palacios, Ana María Gómez López · 2017 · p. 5901 fragmento
[33]to Leahy’s position. This week, discussions over Plan Colombia will reach the Appropriations Committee of the United States Senate. Committee member Senator Pat- rick Leahy, author of an amendment that prohibits the U.S. military from training human rights violators. Together with Senator Edward Kennedy, Leahy…
p. 590
27Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 1691 fragmento
[34]las personas incluidas en la lista, como supuestos guerrilleros o sus colaboradores, se encontraran allí. Otro hecho de la masacre de Mapiripán que permaneció inédi- to hasta las versiones libres fue la participación de las Convivir en la planeación de la masacre. De acuerdo con el testimonio de Dúmar de)&, En las…
p. 169
28Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo ILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · 2022 · p. 3511 fragmento
[35]no acostumbrados a eso se van a despegar por el mismo temor. Entr.: ¿El mismo caso del río Atrato, Bojayá, Vigía del Fuerte? Edo.: Todos esos casos. Hubo una... un sinnúmero de desplazamientos for- zados. Más de mil trescientas denuncias iniciando Justicia y Paz. Denun- cias de muchísimas familias; de familias…
p. 351
29La economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y políticaMauricio Romero Vidal (coordinador y editor), Ariel Fernando Ávila Martínez, Vilma Liliana Franco R., Ángela Olaya, Hernán Pedraza Saravia, Bernardo Pérez Salazar, Juan Diego Restrepo E., Diana Torres · 2011 · p. 1381 fragmento
[36]desarrollo del proyecto rebelde. La masacre de 13. Uribe, M. T., Urabá: ¿región o territorio? op. cit. Garda, C. 1,. Urabá. Región, actores y conflicto, op. cit. 14. Uribe de Hincapié, María Teresa, Nación, ciudadanoy soberano, Corporación Región, Medellin, 2001. 277 LA ECONOMÍA DE LOS PARAMILITARES Brisas" dio inicio…
p. 138
30Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 2791 fragmento
[37]el 24 y el 27 de febrero y la Operación Cacarica, entre el 23 de febrero y el 5 de marzo. La primera fue perpetrada por la Décim o Séptima Brigada del Ejército, y dejó como resultado más de 15.000 campesinos desplazados luego de que sus tierras fueran bombardeadas. Adicionalmente, también ejecutaron a Marino López…
p. 279
31La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 378, 3992 fragmentos
[38]hace dos años me diagnosticaron –mi psiquiatra– un trastorno disociativo atípico… cuando uno sufre –me lo explicó el psiquiatra– situaciones traumáticas, sobre todo de niño, uno crea como alter egos. Y, entonces, a veces se superan o se le olvidan a uno, pero otras veces persisten ahí y habitan con uno. Yo fui abusado…
p. 399
[43]entre las fuerzas militares y los paramilitares en la comisión de violaciones de derechos humanos. En el siguiente cuadro se pueden ver las decisiones judiciales que estaban adelantando los funcionarios que fueron exiliados. Tabla. Decisiones judiciales desencadenantes de exilio Fuente: Comisión de la Verdad, a partir…
p. 378
32Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 152, 1772 fragmentos
[39]de crímenes, desapariciones forzadas, torturas y el desplazamiento de miles de familias campesinas. En 1985 este general, siendo teniente coronel, colaboró con los escuadrones de la muerte del Magdalena Medio, brindándoles protección y apoyo logístico, también participo desde Medellín en el desplazamiento de un…
p. 177
[56]señalados de terroristas por parte del mismo presidente, lo que ocasionaba inmediatamente una condena a muerte de parte de los escuadrones de la extrema derecha. Muchos líderes no nos acompañan hoy en día. En ese espiral de confusión y oscurantismo, las Fuerzas Armadas y en especial oficiales del ejército se idearon…
p. 152
33The Para-State: An Ethnography of Colombia's Death SquadsAldo Civico · 2016 · p. 1761 fragmento
[40]Collection (EBSCOhost) printed on 4/29/2025 8:30:29 PM UTC via UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use. 152 • T H E I N T E R T W I N E M E N T at the brigade to coordinate operations in the rural area of Urabá” (Inter- American Commission on Human Rights 2011, 28). During the…
p. 176
34Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, CatatumboYamile Salinas Abdala, María Fernanda Pérez Trujillo, Juan Pablo Luque, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 851 fragmento
[41]reclama gestionar acuerdos de paz con los Frentes Libardo Mora Toro y Ramón Gilberto Barbosa Zambrano, disidentes del proceso de paz con el EPL, en 1991 67. 67 Ver: Bluradio.com, 2015, Iniciar diálogos con disidencia del EPL, piden personeros del Catatumbo y Verdad Abierta.com, 2014, En Catatumbo reclaman mesa con…
p. 85
35¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 1651 fragmento
[44]al sistema de justicia. Las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por agentes estatales —también en el marco del conflicto armado, e incluso a través de méto- dos similares a los que utilizan los grupos armados al margen de la ley—, junto con el aprovechamiento estratégico de la mayor favorabilidad del…
p. 165
36En medio del Magdalena MedioAlfredo Molano Bravo · 2009 · p. 501 fragmento
[46]convertiría en el principal acu- sador del general F aruk Yanine Díaz, absuelto en su momento por la Justicia Penal Militar y llamado, en junio de 2008, a inda- gatoria al reabrir la Fiscalía el caso. Hay que anotar dos hechos 52 EN MEDIO DEL MAGDALENA MEDIO significativos en esta historia. El primero es el nombre…
p. 50
37Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1321 fragmento
[48]juez ordenara la detención de Correa por el delito de rebelión 298. Correa estuvo detenido entre junio y julio de 2004. Su detención era insólita. Recuperó la libertad al demos- trar su inocencia. Sin embargo, su muerte fue ordenada por una troika de políticos, funcionarios del DAS encabezados por su director, Jorge…
p. 132
38Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 9091 fragmento
[49]los grupos paramilitares en diferentes zonas del país y obstruyó la justicia a su favor. Así, en 2004 se conoció por fuentes periodísticas que el jefe de Informática del DAS, Rafael García, había modificado las bases de datos de la entidad y había borrado las órdenes de captura en contra de un grupo de…
p. 909
39Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 150, 1522 fragmentos
[50]Inteligencia, DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), Uribe nombro a su amigo Jorge Noguera Cote, amigo este mismo del sanguinario cabecilla narcoparamilitar Rodrigo Tovar Pupo alias 'Jorge 40', y a quien Noguera entregaba datos secretos y daba listas de sindicalistas y opositores del gobierno para ser…
p. 150
[55]señalados de terroristas por parte del mismo presidente, lo que ocasionaba inmediatamente una condena a muerte de parte de los escuadrones de la extrema derecha. Muchos líderes no nos acompañan hoy en día. En ese espiral de confusión y oscurantismo, las Fuerzas Armadas y en especial oficiales del ejército se idearon…
p. 152
40Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Nariño y sur de CaucaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1341 fragmento
[52]nivel municipal y departamental y la incidencia política en las alcaldías se articulaba con el apoyo de la Policía, el Ejército y las instituciones de inteligencia del Estado, como el DAS. Un exparamilitar afirmó ante la Comisión que: «El DAS en Nariño fue realmente un aliado de las autodefensas. [...] El DAS pasó…
p. 134
41La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo IICentro Nacional de Memoria Histórica · 2022 · p. 249, 2752 fragmentos
[53]quienes incluso fungieron roles de comandantes dentro de ella. En último lugar se caracterizan y describen al- gunas prácticas asociadas con ejecuciones extrajudiciales (los llamados falsos positivos) 29 llevadas a cabo por la organización con apoyo de la fuerza pública y viceversa. Aunque el tema de las ejecuciones…
p. 275
[71]el que se afianzan las alianzas con las élites políticas y económicas, el Bloque Norte logra infiltrarse en la administración de instituciones públicas tales como hospitales, entidades prestadoras de servicios públicos y universidades. Esta cooptación, que tuvo su mayor expresión a partir del año 2001 en el depar-…
p. 249
42Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1831 fragmento
[54]en zonas urbanas, con personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, trabajadores informales, habitantes de calle y en condi- ción de discapacidad 595. El departamento con más registro de estos hechos fue Antioquia. Un exintegrante del Ejército, que en ese momento operaba en Medellín, se refirió a la presión…
p. 183
43Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 11, 6052 fragmentos
[57]era el que hacía las vuel- tas acá. ¿En Guaduas? Sí, era el que sacaba la gente, y asesinaba, y la lanzaba al río, de los bares…” (CNMH, MNJCV, 2013, 27 de septiembre). Cuando lo capturaron, Danilo facilitó listas de muerte. Si realmente estas víctimas eran guerrilleros o simplemente relacionó nombres para congraciar-…
p. 605
[66]de San Juan. La tercera parte Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio da cuenta de los orígenes del grupo paramilitar de Ramón María Isaza Arango desde 1977, su cooptación por Henry Pérez a partir de 1983, su particular guerra con Pablo Escobar desde 1991 y su recomposición a partir…
p. 11
44Fighting Monsters in the Abyss: The Second Administration of Colombian President Álvaro Uribe Vélez, 2006–2010Harvey F. Kline · 2015 · p. 1752 fragmentos
[58]on measureable results—body counts in this case —surely might have encouraged false positives by the Colombian armed forces, there was no evidence that the president personally ordered them. Philip Alston, United Nations special rapporteur on extrajudicial, summary, or arbitrary executions visited Colombia for ten…
p. 175
[59]on measureable results—body counts in this case —surely might have encouraged false positives by the Colombian armed forces, there was no evidence that the president personally ordered them. Philip Alston, United Nations special rapporteur on extrajudicial, summary, or arbitrary executions visited Colombia for ten…
p. 175
45Pueblos arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión · 2015 · p. 1061 fragmento
[60]intentando ahorcarlo, al tiempo que lo pateaban. Después de varios minutos, aprove- chando que los militares se habían detenido, Eider salió corriendo para intentar salvar su vida; alcanzó a correr cerca de ochenta me- tros antes que le dispararan en las piernas, cayendo herido. (…) A la familia le dijeron que lo…
p. 106
46Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 1641 fragmento
[62]armas, uniformes y alimentos), y las inversiones para consolidar una base social (droguerías, clínicas, escuelas y brigadas de salud). Los aportes de los ganaderos y las armas proveídas por el Ejército no bastaban para cubrir este esfuerzo de expansión. Poniéndolo en términos simples, había más necesidades que dinero.…
p. 164
47Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Liz Yasmit Arévalo Naranjo, Andrés Prieto Ruiz · 2017 · p. 3531 fragmento
[67](Santander), y parte del área rural de Yondó, San José de Nus en San Roque, Maceo, Yondó y Puerto Berrío (todos municipios de Antioquia). La base principal del grupo estaba en la vereda La Corcovada de Cimita- rra, y contaban con otra base importante en Puerto Acuña. Este grupo que había tenido su origen en Puerto…
p. 353
48Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 2381 fragmento
[68]paramilitar en los alrededores de Puerto Boyacá, Henry Pérez desempeñó un papel cada vez más importante en la coordinación e institucionalización del esfuerzo militar en esa región. Pensó que no bastaba sencillamente con dotar de armas a las milicias ciudadanas, in- cluso a milicias capaces de coordinar sus…
p. 238
49Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 184, 1972 fragmentos
[69]aproximadamente el 11 por ciento de la población víctima de desplazamiento registrada en el RUV en estos años. A partir de 1997, la disputa territorial por el control de esta estratégica región continuó la tendencia evidenciada en los periodos anteriores y las distintas formas de violencia siguieron afectando…
p. 184
[74]no tenían títulos de propiedad, lo que hace más compleja su restitución. Entre las masacres más emblemáticas se destaca la per- petrada en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta, en julio de 1997. Carlos Castaño después de celebrar su éxito sentenció que “habría más mapiripa- nes”. Véase: Corte IDH, 2005.…
p. 197
50Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1311 fragmento
[70]coordinación opera- tiva de estructuras paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 347 Entrevista 077-VI-00002. Hombre, víctima, Consejo Comunitario, región del Urabá antioqueño. 348 Informe 119-CI-00686, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz et al, «Van por nuestras tierras a sangre y fuego».…
p. 131
51Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y VichadaÁlvaro Villarraga Sarmiento (Director general); Centro Nacional de Memoria Histórica · p. 1041 fragmento
[73]grupos armados bien constituidos 24. Sin embargo, el alcance de estas acciones se limitaba a sus zonas de influencia. Esta característica cambió con la aparición de las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) en la región de los Llanos Orientales. En 1996 las ACCU, surgidas en 1994, emprendieron la ins-…
p. 104
52Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 1982-1997Centro Nacional de Memoria Histórica; Ronald Edward Villamil Carvajal, Vladimir Melo Moreno (relatores); Tatiana Rincón Covelli, Andrés Fernando Suárez (correlatores) · 2014 · p. 3521 fragmento
[76]organización” y que, de acuerdo con el plan, la fuerza pública “ jamás aparecería” en auxilio de la población. Después de la reconstrucción judicial de lo ocurrido en abril de 1996 se podría sugerir la existencia también de un plan pre- vio que contemplaba, cuando menos, esos mismos aspectos. Este hecho no fue (y no…
p. 352