Feminismo colombiano post-1991: territorialización, ONGización y violencia contra lideresas

Territorialización y ONGización del feminismo colombiano post-1991

¿Se despolitizó el feminismo colombiano al institucionalizarse entre 1991 y 2016, o fueron las periferias en guerra las que sostuvieron su filo más agudo? La pregunta parece binaria y no lo es. Entre la promulgación de la Constitución de 1991 y la firma del Acuerdo Final en 2016, el feminismo colombiano hizo las dos cosas: se enraizó en periferias en guerra —Barrancabermeja, Puerto Caicedo, los Montes de María, el Pacífico afrodescendiente, el Cauca indígena— y se profesionalizó bajo el nuevo lenguaje de los derechos humanos, la cooperación internacional y las políticas de focalización de vulnerables. Territorialización y ONGización no fueron caminos alternativos sino procesos superpuestos. En medio de ambas, una tercera realidad se impuso con violencia calibrada: la persecución sistemática de lideresas —amenazas, exilio, asesinato, agresión sexual, destrucción de sedes— que no puede leerse como daño colateral, porque su selectividad delata intención.

¿Por qué importa responder esto con precisión? Por tres razones concretas. La primera fija responsabilidades. Si las lideresas asesinadas o exiliadas —Martha Cecilia Obando en Buenaventura; Yolanda Becerra, presidenta de la Organización Femenina Popular, amenazada en su apartamento por dos hombres encapuchados en Barrancabermeja; la presidenta departamental de Anmucic-Cesar exiliada; la lideresa indígena de Anmucic-La Guajira secuestrada— fueron blanco elegido y no víctima accidental, entonces el patrón de violencia contra mujeres con voz pública debe leerse como política, no como estadística. La segunda reordena la historia del feminismo colombiano: si el filo político venía de las periferias en conflicto y no de la academia metropolitana, se invierte el mapa habitual de la vanguardia. La tercera obliga a mirar de frente la ambivalencia de la Constitución de 1991 y de la cooperación internacional posterior a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995: marcos que abrieron espacio y, al mismo tiempo, encauzaron ese espacio hacia formas domesticables de existencia política.

¿Es cierto que el feminismo colombiano se despolitizó al ONGizarse?

Conviene descartar de entrada esa tesis fácil. La ONGización recorrió los noventa y produjo efectos reales sobre el tono, los formatos y las alianzas del activismo por derechos humanos —el paso a un lenguaje desapasionado y a estándares jurídicos internacionales, el desplazamiento de la alianza explícita con programas de izquierda—, pero coexistió con la aparición o consolidación de organizaciones territoriales que hicieron exactamente lo contrario: politizar el cuerpo, el territorio y la guerra desde abajo. La respuesta correcta no elige entre las dos tendencias: reconoce que operaron en paralelo y en tensión, y que la violencia armada contra las lideresas es la evidencia de que la segunda —la territorial— fue percibida como amenaza estructural precisamente por no dejarse capturar del todo.

¿Cuáles son las posiciones en disputa?

Están en juego cuatro. La primera sostiene que la inclusión formal de las mujeres en el Estado colombiano —lograda vía la Asamblea Nacional Constituyente de 1990-1991, donde la Red Nacional de Mujeres coordinó el cabildeo— coincidió con una pérdida del filo radical. La Constitución de 1991 incorporó una carta amplia de derechos, creó la Corte Constitucional, universalizó la ciudadanía y añadió reconocimientos específicos para mujeres, indígenas y afrocolombianos; la tutela convenció a los colombianos de que sus derechos eran exigibles. El precio, según esta lectura, fue una profesionalización posterior de las organizaciones que las volvió gestoras de proyectos, dependientes de agendas internacionales, más eficaces jurídicamente y menos peligrosas políticamente.

La segunda posición invierte el argumento. El feminismo colombiano contemporáneo se construyó desde las periferias en conflicto y no desde el centro académico. La Ruta Pacífica de las Mujeres —nacida en 1995 como escisión de la Red Nacional de Mujeres en un encuentro celebrado en Mutatá, Urabá— fue el vehículo de esa reorientación: donde la Red apostaba por la igualdad política y legal, la Ruta apostó por denunciar el impacto de la guerra sobre las mujeres bajo la consigna "No parimos hijos e hijas para la guerra". Las organizaciones locales no eran filiales de una central bogotana. ASMUM en Puerto Caicedo mantuvo agenda propia. La Organización Femenina Popular en Barrancabermeja también. Los procesos de mujeres articulados al CIMA en el Cauca resistieron incluso la cooptación ideológica del feminismo externo. La Ruta funcionó como red descentralizada, con directiva en Bogotá pero decisiones colectivas de coordinadoras regionales.

La tercera posición se centra en la violencia. La agresión contra lideresas fue estrategia política específica de desactivación, no exceso ni daño colateral. La cuarta, complementaria, insiste en que el liderazgo femenino agrario del Caribe emergió en buena medida como respuesta contingente al asesinato de líderes varones —de la toma de tierras a la toma de decisiones—, lo que le da un origen distinto al de una difusión "natural" del feminismo urbano. Las cuatro posiciones tienen fundamento en el registro histórico. Ninguna lo agota.

¿Fue Beijing lo que instaló el feminismo en las periferias?

La Asamblea Nacional Constituyente fue el resultado de una convergencia extraordinaria: la desmovilización en 1991 del M-19, el Quintín Lame, el PRT y el EPL; la presión de sectores sociales por apertura democrática; y el cabildeo específico de organizaciones de mujeres, que perdieron algunas batallas frente a los constituyentes pero incorporaron protecciones que después servirían de base jurídica. La Red Nacional de Mujeres se formó justamente en ese proceso. Lo decisivo, sin embargo, es lo que pasó cuatro años después: en 1995, mujeres del Putumayo asistieron a la Conferencia de Beijing y, al regresar, se sumaron a las marchas cocaleras de 1996 y participaron en la fundación de la Ruta Pacífica en Mutatá.

El itinerario es significativo. No fue Beijing el que instaló el feminismo en Puerto Caicedo: fueron mujeres de Puerto Caicedo las que usaron Beijing —y Mutatá, y los encuentros posteriores en Medellín, Bogotá y La Habana— para traer a su región un vocabulario (no violencia, feminismo, pacifismo, antimilitarismo) que ellas politizaron localmente en medio de la marcha cocalera y de la llegada paramilitar a fines de los noventa. La dirección de la flecha importa. El lenguaje internacional no bajó a los territorios; los territorios subieron a buscarlo y lo devolvieron a casa con otra carga.

¿Cómo se resiste dos décadas de paramilitarismo desde una casa de tabla?

La Organización Femenina Popular nació en Barrancabermeja en 1972, impulsada por la Diócesis bajo el influjo de la Teología de la Liberación, como respuesta a la prostitución y la falta de oportunidades en los barrios nororientales. Cuando el paramilitarismo llegó al Magdalena Medio, la OFP tenía tras de sí más de dos décadas de trabajo barrial. Esa acumulación —no el marco constitucional, no la cooperación internacional— explica su capacidad de resistir. La organización denunció por radio y prensa las acciones paramilitares, ayudó a familias amenazadas a salir de la ciudad, buscó hijos desaparecidos y se negó a entregar sus sedes. Convirtió ollas comunitarias, llaves y casas en símbolos de resistencia.

Hombres identificados como miembros de las Autodefensas intentaron apropiarse de la Casa de la Mujer, exigieron las llaves y fijaron un ultimátum a las cuatro de la tarde con "el Comandante Freddy". En otro momento, un grupo armado llegó en un camión a la sede norte, cortó la luz, arrasó la casa —que era de tabla— y se llevó todo, dejando solo el piso descubierto. Una integrante de la OFP resumió lo que estaba en juego: la organización era, en su percepción, la única voz en el Magdalena Medio que expresaba públicamente por radio y prensa su rechazo a los grupos armados. La consigna paramilitar era silenciarla. Una tarde de noviembre de 2007, Yolanda Becerra abrió la puerta de su apartamento y se encontró con dos hombres armados y encapuchados.

¿Por qué el Caribe produjo un liderazgo femenino agrario propio?

Si en Barrancabermeja la resistencia se sostuvo sobre décadas de trabajo barrial urbano, en el Caribe la ecuación fue otra. Allí el vínculo entre violencia contra líderes varones y emergencia de liderazgos femeninos aparece con nitidez. Las lideresas de Anmucic sufrieron un patrón sistemático que recorrió el mapa completo de la organización: en el Atlántico la tesorera departamental fue amenazada y desplazada; en La Guajira una lideresa indígena fue amenazada, hostigada, desplazada y finalmente secuestrada; en el Cesar la presidenta departamental terminó exiliada. Los cargos atacados no eran subalternos ni intercambiables: eran nodos de coordinación regional.

En paralelo, las mujeres campesinas de la costa organizaron Amars —agregándole la "S" de Sucre—, con cultivos de plantas medicinales, cría de especies menores, huertas caseras y, después, tiendas comunitarias, con constitución consolidada en La Pelona, San Onofre. El asesinato de hombres en el conflicto propició que mujeres campesinas pasaran a ocupar lugares de liderazgo en el espacio público como reclamantes de derechos, en calidad de ciudadanas y de víctimas. Ciénaga, en el Magdalena, aparece como el municipio con mayor número de masacres registradas en años recientes y con el mayor número de violaciones sexuales entre 1997 y 2005. El Magdalena registró la cifra más alta de delitos contra la integridad y libertad sexual entre Atlántico, Cesar, Magdalena y La Guajira, con picos en 2000-2005 que correlacionan con la expansión paramilitar y disminuciones asociadas al proceso de desmovilización.

¿Qué revela el subregistro?

El subregistro de la violencia sexual alcanza el 95% de los casos reales. La cifra no es abstracta: significa que veinte de cada veintiuna violaciones no dejan huella en el archivo estatal. La violencia sexual contra mujeres campesinas tenía antecedentes en la Violencia de los años cincuenta, cuando las violaciones, torturas y mutilaciones cumplieron una función simbólica ligada al odio partidista, con víctimas elegidas de forma deliberada. En el conflicto reciente, el orden normativo paramilitar actuó como catalizador: desplazó los mecanismos de control social informal, desestructuró la autoridad comunitaria y familiar, y permitió a sus integrantes actuar sin límites contra las mujeres incluso cuando había normas internas que prohibían esos comportamientos.

La Fuerza Pública perpetró violencia sexual, especialmente contra mujeres indígenas en la Amazonía y el Putumayo, como mecanismo de castigo o señalamiento, y contra mujeres detenidas bajo el Estatuto de Seguridad en contextos de tortura. Desde la Octava Conferencia Nacional de las FARC-EP en 1993, niveles jerárquicos implementaron una política de control reproductivo sobre las mujeres de sus filas que no fue ni ocasional ni aislada. Los grupos armados posdesmovilización usaron la amenaza sexual como instrumento para despojar a mujeres campesinas de sus tierras y silenciar su liderazgo en procesos de restitución.

¿Cómo reconfiguró la cooperación internacional el terreno?

Si la violencia armada operó por eliminación, la ONGización operó por absorción. Menos brutal, más eficaz en el largo plazo. Las organizaciones de solidaridad que protestaban bajo la bandera de derechos humanos se transformaron en ONG bajo presiones y oportunidades de financiamiento internacional, con nuevos mandatos y reglas centradas en reportes objetivos y estándares legales. El tono desapasionado desplazó la alianza explícita con programas de izquierda; algunos activistas leyeron el proceso como despolitización del conocimiento sobre derechos humanos. Las políticas de focalización de grupos vulnerables visibilizaron a las mujeres campesinas y simultáneamente las relegaron a un papel doméstico, desconociendo su participación activa en luchas campesinas.

El Plan Colombia, aprobado en 2000, gastó millones de dólares en proyectos de desarrollo alternativo abandonados o intrascendentes; los programas de USAID socavaron la legitimidad del Estado y erosionaron la confianza pública en él. La investigación sobre la masacre de Bahía Portete —mujeres Wayuu— se produjo con respaldo del Instituto de Paz de Estados Unidos, asistencia técnica de la OIM, apoyo de UNIFEM y de British Columbia de Canadá: la cooperación no fue neutra, moldeó qué se investigaba y en qué términos.

¿Cómo se ordena entonces la respuesta?

El feminismo colombiano contemporáneo no se territorializó ni se ONGizó: hizo las dos cosas en paralelo, y la relación entre ambos procesos fue disputada, no complementaria. Los dos frentes de captura —el civil, mediante la profesionalización; el armado, mediante la eliminación selectiva— operaron sobre el mismo campo con lógicas distintas y grados variables de éxito.

La territorialización fue real y produjo la parte más políticamente aguda del período. La OFP en Barrancabermeja politizó el cuerpo en lo rural y en lo barrial. ASMUM articuló lo cocalero con lo antimilitarista en Puerto Caicedo. Los procesos del Cauca unieron género y guerra sin subordinarse al centro. Anmucic y Amars construyeron liderazgo agrario en el Caribe. La Ruta Pacífica funcionó como red que las conectaba manteniendo la identidad de cada nodo. Ninguna era filial de un centro; todas construyeron identidad propia y, cuando fue necesario, resistieron la cooptación ideológica del feminismo externo con la misma firmeza con que enfrentaron a los actores armados. La escisión de 1995 que dio origen a la Ruta no fue un accidente burocrático: fue una fractura estructural entre un eje metropolitano-institucional orientado a la igualdad legal y un eje territorial-antibelicista orientado al conflicto, y esa fractura recorre todo el período sin resolverse.

La ONGización también fue real y sí produjo efectos de captura. El tono profesionalizado, la dependencia de financiamiento, el vocabulario de vulnerables y beneficiarias, el desplazamiento de la alianza con la izquierda, la focalización que reducía a las campesinas a su papel doméstico: todo eso ocurrió y limitó los márgenes de lo decible. Pero llamar a este proceso "despolitización" es impreciso. Tradujo a formatos jurídicos y técnicos una parte del trabajo político —la parte más traducible—, mientras la otra parte, la irreductible, siguió operando en los territorios y pagó por ello el precio armado.

¿Por qué llamar política a la violencia contra lideresas?

Porque la selectividad es la prueba. No fueron atacadas mujeres cualesquiera: fueron atacadas presidentas departamentales, tesoreras, coordinadoras, voceras en radio y prensa, defensoras en procesos de restitución. La amenaza fue calibrada al rol público. La destrucción de la sede de la OFP no buscaba daño material sino desmontaje simbólico; el ultimátum de las cuatro de la tarde con el Comandante Freddy no era intimidación difusa sino demanda de rendición territorial; el patrón de amenaza sexual contra reclamantes de tierra en el posacuerdo no es exceso sino tecnología de despojo. Los actores armados —paramilitares principalmente, guerrillas, Fuerza Pública, grupos posdesmovilización— reconocieron en las voces femeninas públicas una amenaza al control territorial y simbólico, y respondieron en consecuencia. Que lo hicieran confirma, por reacción, que estas actoras eran percibidas como amenaza estructural y no como beneficiarias de programas.

¿Qué hicieron entonces la Constitución y Beijing?

Ni crearon el feminismo territorial colombiano ni lo domesticaron por completo. Le entregaron un lenguaje de derechos y una red de circulación que organizaciones periféricas usaron para politizar agendas propias que desbordaban los marcos institucionales. El Estado y la cooperación internacional capturaron parte de esa agenda por vías no violentas: la profesionalizaron, la volvieron gestionable, la relegaron al lugar de vulnerable. Los actores armados capturaron —o intentaron capturar— la otra parte por vía violenta: la que no se dejaba profesionalizar. Ambos procesos coexistieron durante todo el período y no se anularon mutuamente.

¿Es el liderazgo agrario del Caribe difusión o continuidad?

Ninguna de las dos cosas por separado. Es a la vez continuación de una tradición larga —el feminismo popular tiene raíces que se remontan a figuras como María Cano en los años veinte y a los procesos barriales de los setenta como la OFP— y respuesta contingente al vacío dejado por el asesinato de líderes varones. La sustitución forzada activó una capacidad organizativa que estaba latente, no ausente; la tradición popular preexistente hizo posible que esa sustitución no fuera meramente reactiva sino políticamente productiva. Por eso las organizaciones que mejor resistieron la violencia armada fueron las de acumulación territorial larga, no las de creación reciente al calor de la cooperación: lo que estaba en juego no era el acceso a un lenguaje internacional sino la densidad de un tejido local capaz de sostener a sus lideresas cuando la casa de tabla quedó reducida al piso descubierto.

¿Qué queda, entonces, cuando se leen juntos los tres frentes?

Queda una lectura acertada del adversario. Los actores armados leyeron correctamente lo que tenían enfrente: una capacidad de politización local que no cabía en los formatos de la cooperación ni en la retórica de la vulnerabilidad, y que por eso mismo constituía una amenaza al orden territorial que ellos pretendían imponer. La violencia fue la respuesta a esa lectura acertada. La medida del filo político de las lideresas colombianas no está en su reconocimiento constitucional ni en su presencia en congresos internacionales: está en la precisión con que fueron identificadas como blanco, y en la densidad del tejido que, aun así, mantuvo el piso —aunque fuera solo el piso descubierto— sobre el que volver a construir.