Ensayo · Transversal · —
Violencia selectiva contra el liderazgo social rural en Colombia (1970–2024)
Durante más de medio siglo, Colombia ha producido una secuencia ininterrumpida de asesinatos dirigidos contra líderes campesinos, sindicalistas, reclamantes de tierra y defensores ambientales. La pregunta central es si esa continuidad —de la ANUC a la UP, de los reclamantes de la Ley 1448 a los firmantes del Acuerdo de La Habana— constituye un patrón estructural de gobierno del territorio rural o ciclos discretos de violencia que se parecen por accidente.
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La respuesta en breve
La evidencia de medio siglo apunta a un patrón estructural, no a ciclos discretos: el perfil de la víctima —líder rural organizado en un proyecto colectivo—, la geografía —Urabá, Meta, Caquetá, Magdalena Medio, Montes de María— y la función política —neutralizar la representación de quienes disputan el orden de tenencia— se repiten desde la persecución de la ANUC en los años setenta hasta los más de 700 líderes y excombatientes asesinados entre 2016 y 2018. No existe un Estado central que diseñe el exterminio, sino un régimen agrario incapaz de procesar la demanda organizada de tierra que ha convivido, con grados variables de tolerancia y complicidad, con actores privados que eliminan físicamente a quienes esa demanda encarnan. La violencia delegada opera como sustituto funcional de la política agraria, y la impunidad —menos del 60 % de los casos investigados en el posacuerdo tienen autoría establecida— reproduce el repertorio de generación en generación.
Cuatro lecturas compiten sin cancelarse. La primera sostiene la continuidad estructural entre la UP y el posacuerdo: misma víctima, misma geografía, misma función política, lo que convierte el asesinato de firmantes del Acuerdo en reedición y no en coyuntura. La segunda entiende la violencia como acumulación por despojo —los casos de Chivolo y Remolino en el Magdalena, donde el Bloque Norte de las AUC obligó a 150 campesinos a firmar la sucesión de más de 74 predios con complicidad de funcionarios del INCORA/INCODER, ilustran una lógica primariamente económica, no contrainsurgente—. La tercera pone el peso en la impunidad como condición reproductora: sin costo judicial, cada generación de actores armados hereda una tecnología probada. La cuarta enfatiza la fragmentación organizativa interna como cofactor: la ANUC se escindió entre línea Sincelejo y línea Armenia, su Cuarto Congreso en Tómala en febrero de 1977 derivó en un partido campesino de efímera figuración, y el ministro Dajer Chadid cooptó sus comités veredales vía DRI; sin esa erosión endógena, la violencia externa habría encontrado sujetos más resistentes. El nudo historiográfico central es si el reconocimiento del genocidio de la UP —formalizado en el proceso de Justicia y Paz contra Éver Veloza en diciembre de 2012 y admitido por el presidente Santos en septiembre de 2016— obliga a leer el posacuerdo como continuación del mismo crimen o si la reconfiguración armada post-FARC produce una lógica nueva, donde el vacío de poder amazónico y el jornal cocalero —que duplica el legal— generan incentivos propios para eliminar a quienes promueven la sustitución.
Ensayo completo
La lectura
La violencia selectiva contra el liderazgo social rural en Colombia (1970-2024)
Entre 1970 y 2024, Colombia produjo una secuencia ininterrumpida de asesinatos dirigidos contra quienes organizaban al campesinado, disputaban la tenencia de la tierra o encarnaban una alternativa política en el territorio rural. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos fue perseguida en los años setenta; la Unión Patriótica fue exterminada entre 1984 y 2002 con al menos 4.153 víctimas letales; los reclamantes de la Ley 1448 fueron intimidados o asesinados desde 2011; y tras el Acuerdo de La Habana, firmado en 2016, más de 300 excombatientes de las FARC-EP y cientos de líderes sociales fueron asesinados antes de cerrar la década.
¿Constituye esa continuidad de medio siglo un patrón estructural de gobierno del territorio rural —una tecnología de administración de la disidencia agraria mediante violencia delegada— o son ciclos discretos que comparten víctimas sin compartir arquitectura? ¿Y por qué importa distinguirlos? La pregunta no es semántica: del diagnóstico se sigue la política del posacuerdo, la interpretación del genocidio de la UP y el sentido mismo del Acuerdo de La Habana como oferta de integración política. Si el asesinato de líderes es epifenómeno de la reconfiguración armada tras la dejación de armas de las FARC-EP, la respuesta correcta es securitaria: recuperar control territorial, capturar cabecillas de disidencias, del ELN y del Clan del Golfo, cerrar el vacío. Pero si es un mecanismo estructural —una forma de gobernar el campo mediante la eliminación de sus voceros—, ninguna operación militar lo resolverá, porque el problema no está en los pistoleros sino en el orden agrario que los contrata, tolera o hereda.
Por qué la pregunta pesa
El plebiscito de 2016 y la ejecución accidentada del Acuerdo pusieron a Colombia frente a un test: ¿podía integrar a un actor armado como fuerza política legal, o repetiría el ciclo abierto en 1984 con la Unión Patriótica? Cinco años después del Acuerdo, con más de trescientos firmantes asesinados y los territorios de sustitución convertidos en cementerios de líderes cocaleros, el test tiene resultado. Queda entender por qué. Y para entenderlo hay que decidir primero si lo que se observa es un patrón único con distintas máscaras o una sucesión de patrones distintos que se parecen por accidente.
Los términos del debate
Hay cuatro lecturas en tensión, todas con sustento empírico.
La primera sostiene que existe una continuidad estructural entre la UP y el posacuerdo: mismo tipo de víctima —líder rural organizado en un proyecto colectivo—, mismos territorios —Urabá, Meta, Caquetá, Magdalena Medio, Montes de María—, misma función política —neutralizar la representación electoral o gremial de quienes disputan el orden de tenencia—. El asesinato de firmantes del Acuerdo no sería coyuntura sino reedición.
La segunda entiende la violencia selectiva como acumulación por despojo: su lógica primaria no sería contrainsurgente sino económica. La eliminación de líderes despeja territorios para la ganadería extensiva, la palma, el oro, los hidrocarburos y la coca. Los casos de Chivolo y Remolino en el Magdalena, donde el Bloque Norte de las AUC dirigido por Jorge 40 desplazó a 150 campesinos y les obligó a firmar la sucesión de más de 74 predios con complicidad de funcionarios del INCORA/INCODER, encajan aquí. También el asesinato de representantes legales de consejos comunitarios afrocolombianos, como el de Ana María Moreno, del Consejo Comunitario de Asti en Chocó, el 11 de octubre de 2010, en zonas de expansión de la palma, la minería y la madera.
La tercera pone el peso en la impunidad como condición reproductora. La Fiscalía abrió 302 procesos por asesinato de líderes sociales en el posacuerdo, esclareció 117 y estableció autoría en 103: menos del 60% de los casos investigados, y no todos son investigados. Sin costo judicial, el repertorio se hereda: cada generación de actores armados recibe una tecnología probada. El proyecto Colombia Nunca Más, iniciado en 1996, se articuló precisamente contra esa impunidad; funcionarios públicos negaron sistemáticamente las ejecuciones extrajudiciales de la fuerza pública como casos aislados e intentaron sustraer a los responsables mediante reformas al fuero penal militar.
La cuarta enfatiza la fragmentación organizativa interna como cofactor: la ANUC no fue solo reprimida, se escindió entre línea Sincelejo y línea Armenia; su Cuarto Congreso en Tómala (Córdoba) en febrero de 1977 se agotó en consignas vacías y derivó en un partido campesino de efímera figuración electoral en 1978. El ministro de Agricultura Dajer Chadid transformó los comités veredales en bastiones del Desarrollo Rural Integrado, cooptando la organización desde arriba. La UP también experimentó divisiones internas. Sin esa erosión endógena, la violencia externa habría encontrado sujetos políticos más resistentes.
Las cuatro lecturas no son excluyentes. La pregunta operativa es cómo se articulan.
Lo que muestran los casos
La ANUC como primer ensayo. Puesta en marcha en agosto de 1969 bajo Carlos Lleras Restrepo, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos desafió el orden de la hacienda que expulsaba terrajeros, arrendatarios y colonos. Su radicalización quedó fijada en el Encuentro Nacional de Villa del Rosario de Cúcuta a mediados de 1971 y en el Mandato Campesino aprobado en Fúquene en agosto del mismo año, que exigían el rechazo a la colonización como sustituto de la reforma agraria y la expropiación de latifundios sin indemnización. La reacción del gobierno conservador de Misael Pastrana Borrero (1970-1974) revirtió la reforma llerista, persiguió y encarceló a dirigentes, y reanudó la desposesión de minifundistas y colonos. La ANUC no fue exterminada físicamente al modo de la UP, pero fue desmantelada mediante una combinación de represión selectiva, cooptación organizativa vía DRI y explotación de sus divisiones internas y su burocratismo. Los Montes de María, escenario de sus principales invasiones de tierra, serían décadas después escenario de masacres paramilitares: la geografía de la protesta agraria se convirtió en geografía del exterminio.
La UP como caso paradigmático. Nacida de los acuerdos de La Uribe de 1984 entre el gobierno y las FARC-EP como plataforma amplia para sectores alternativos —campesinos, sindicalistas, independientes y disidentes liberales y conservadores—, la Unión Patriótica sufrió entre 1984 y 2000 al menos 4.153 asesinatos y desapariciones. La violencia fue geográficamente selectiva: Urabá, Tolima, Meta, Caquetá y Magdalena Medio concentraron los homicidios, y el 41% de las víctimas con ocupación registrada eran campesinos, trabajadores o administradores de finca. Existieron planes documentados o denunciados —Cóndor en 1985, Baile Rojo en 1986, Esmeralda en 1988, Golpe de Gracia en 1992, Retorno en 1993— dirigidos a desaparecer seccionales regionales y a asesinar dirigentes elegidos a corporaciones públicas. Puerto Boyacá funcionó como epicentro coordinador desde el que el exterminio se propagó a Urabá, los Llanos Orientales y el Nordeste Antioqueño, una vez eliminada o desterrada la dirigencia de izquierda de Cimitarra, Puerto Boyacá y Puerto Berrío. En diciembre de 2012, en el proceso de Justicia y Paz contra Éver Veloza alias HH, los jueces reconocieron que el exterminio de la UP constituye un genocidio político. En septiembre de 2016, en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos reconoció que jamás debió haber ocurrido y que el Estado no tomó medidas suficientes para impedirlo.
El paramilitarismo como industrialización del método. Los registros de violencia selectiva paramilitar dibujan un mapa preciso del orden social bajo ataque. Los sindicalistas encabezan la nómina con 158 víctimas; siguen 96 poseedores de tierra y 32 militantes de izquierda; luego 27 docentes y 23 miembros de Juntas de Acción Comunal; y detrás la larga cola de dirigentes comunitarios, ganaderos, personas LGBTI, indígenas, personal de sanidad y concejales. Cada categoría corresponde a una figura territorial concreta: el que negocia salarios, el que reclama predio, el que educa, el que preside la vereda. En Córdoba y Urabá, desde los años ochenta, la violencia contra organizaciones sociales, dirigentes políticos, sindicalistas, maestros, movimiento campesino, comunidades indígenas y afrodescendientes se desplegó bajo el amparo discursivo de la lucha antisubversiva. El repertorio incluía intimidación directa a docentes: en zonas de influencia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, los maestros eran reunidos y obligados a desistir de demandas laborales ganadas contra municipios bajo amenaza explícita. El asesinato de los dirigentes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare y de la periodista Silvia Duzán, el 26 de febrero de 1990, ilustra el rechazo paramilitar al surgimiento de organizaciones campesinas independientes.
La restitución bajo fuego. La Ley 1448, impulsada por el gobierno Santos, buscó restituir tierras a campesinos desplazados. Su arquitectura operativa —focalización y microfocalización coordinada con el Ministerio de Defensa, condicionadas a la existencia de condiciones de seguridad— reconoce implícitamente que la restitución opera en territorio en disputa. Más de la mitad de las solicitudes son rechazadas en fase administrativa, por despojos anteriores a 1991 o por conflictos de tenencia sin intervención de violencia. Las reclamantes mujeres, según testimonios recogidos por la Corporación Jurídica Yira Castro en Antioquia, enfrentan amenazas, persecución y falta de representación jurídica que ralentiza sus procesos. La complicidad institucional que hizo posible el despojo —funcionarios del INCORA e INCODER vinculados a políticos y a estructuras paramilitares— explica que la restitución sea combatida no solo por los perpetradores originales sino por las redes que se beneficiaron de la apropiación.
El posacuerdo como reedición. Entre 2016 y 2020, en Putumayo, Caquetá y Guaviare fueron asesinados 113 líderes, entre ellos promotores y firmantes del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito e impulsores de sustitución por fuera del programa. Desde la desmovilización de las FARC en 2016 hasta finales de 2018 fueron asesinados aproximadamente 702 activistas y líderes sociales, incluyendo 135 excombatientes. Colombia ocupó el primer lugar mundial en asesinatos de defensores de derechos humanos, con 177 de los 331 registrados en el mundo en 2020. Durante el confinamiento por Covid-19, entre marzo y julio de 2020, fueron asesinados 73 líderes sociales y al menos 13 comuneros indígenas: 93% hombres, 7% mujeres, 90% en zona rural. Los asesinatos de líderes afrocolombianos pasaron de aproximadamente 10 en 2013 a aproximadamente 33 en 2018.
El vacío amazónico y la reconfiguración armada. La desmovilización de las FARC-EP generó un vacío de poder que grupos armados ilegales, actores privados y funcionarios corruptos aprovecharon para ampliar actividades económicas ilegales. En los 281 municipios donde las FARC operaban junto a otros actores criminales, la ocupación fue casi inmediata. Grupos pos-FARC, ELN, Clan del Golfo, Los Caparros y Águilas Negras disputaron el usufructo de la ganadería extensiva, el narcotráfico, la minería y los hidrocarburos, remozando redes con políticos y empresarios vinculadas a la contratación estatal local. En la Amazonía, la presencia de las FARC había contenido el avance de la frontera agrícola; su desarme aceleró la deforestación y la violencia. La política antidrogas centrada en erradicar el cultivo sin combatir toda la cadena generó resistencia campesina, y la tasa de resiembra de coca en sustitución voluntaria es del 0,8%, frente al 50% en erradicación forzada. El jornal cocalero —50.000 a 60.000 pesos hasta el mediodía— duplica el legal —20.000 por jornada completa—: el líder que promueve la sustitución sin sustento estatal alternativo se convierte en obstáculo económico para todos los eslabones de la cadena.
Los territorios afrocolombianos e indígenas. La lucha por títulos colectivos en la Costa Pacífica desde los años noventa conflictuó con intereses del capital local y transnacional en oro, tagua, madera y palma. Los líderes afrocolombianos enfrentaron actores estatales con incentivos para no reconocer sus derechos constitucionales, en un entorno de asesinatos, desplazamiento forzado y confinamiento. Entre 1989 y 1994, en Putumayo, Caquetá y Guaviare, 1.115 personas fueron asesinadas por motivos políticos, siendo la mayoría colonos, pequeños campesinos e indígenas desplazados o eliminados por la revalorización especulativa de sus tierras. En el norte del Cauca, la presencia paramilitar se articuló a la expansión de la minería ilegal a gran escala. En el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, en el Pacífico nariñense, la presión se intensificó desde 2002 con la expansión de cultivos de coca impulsada por la columna Daniel Aldana de las FARC-EP, sumándose a la presión previa de la palma.
¿Es entonces un patrón estructural?
Sí, pero no del modo que sugiere la lectura conspirativa. No hay un Estado central que diseñe y ejecute el exterminio a lo largo de medio siglo. Hay algo más persistente y, por eso mismo, más difícil de desmantelar: un régimen agrario cuya arquitectura institucional es incapaz de procesar la demanda organizada de tierra y autonomía campesina, y que ha convivido —con grados variables de tolerancia, complicidad, negación y ocasional patrocinio— con actores privados que sí disponen de la capacidad y los incentivos para eliminar físicamente a quienes esa demanda encarnan. La violencia delegada opera como sustituto funcional de la política agraria.
Las cuatro lecturas convergen sin cancelarse. La continuidad estructural identifica el patrón: el perfil de la víctima, la geografía y la función política son reconociblemente los mismos de la UP a los firmantes del Acuerdo. La lectura del despojo económico identifica el motor primario contemporáneo: en el Pacífico afrocolombiano, en los Montes de María, en la Altillanura y en la frontera amazónica, la violencia selectiva sirve a la apropiación territorial y al usufructo de economías extractivas legales e ilegales. La impunidad estructural identifica la condición de reproducción: sin costo judicial, con subregistro sistemático y negación institucional de las ejecuciones extrajudiciales, cada actor armado hereda un repertorio probado. La fragmentación interna identifica el cofactor endógeno: la debilidad del sujeto político campesino, escindido en la ANUC entre Sincelejo y Armenia, cooptado por el DRI, dividido en la UP, atomizado tras Tómala en 1977, facilitó la violencia externa tanto como la violencia externa la produjo.
Bajo las cuatro late una ausencia común: el Estado colombiano no construyó, en cincuenta años, una institucionalidad agraria capaz de procesar la reforma. El INCORA e INCODER fueron erosionados, capturados o disueltos; el Acuerdo de Chicoral revirtió las expectativas del Frente Nacional; la Ley 1448 opera con más de la mitad de solicitudes rechazadas en filtro administrativo y con seguridad delegada al Ministerio de Defensa. En ese vacío, la eliminación selectiva del liderazgo funciona como política agraria por otros medios: resuelve el conflicto que las instituciones no procesan.
¿Y por qué el posacuerdo no rompió el ciclo?
El caso confirma la hipótesis. El desarme de las FARC-EP fue una decisión del Estado; el vacío que dejó era previsible; los planes de sustitución voluntaria y de reincorporación existieron sobre el papel. Y sin embargo, en los territorios donde la sustitución habría exigido presencia estatal masiva y sostenida —Putumayo, Caquetá, Guaviare, Catatumbo, Tumaco—, esa presencia no llegó, o llegó militarizada y sin oferta institucional. Los líderes que asumieron la promoción del PNIS fueron asesinados con la regularidad de un pronóstico. No hubo conspiración: hubo incapacidad institucional crónica, tolerancia frente a economías extractivas que se benefician del silencio del campo, e impunidad heredada. Es más grave que una conspiración, porque no requiere autores centralizados para reproducirse.
La violencia selectiva contra el liderazgo social rural es, entonces, reedición del patrón UP en cuanto al perfil de la víctima y a la función política; es una tecnología estructural de gobierno del territorio rural en cuanto sustituye a una política agraria inexistente; y pone en duda la capacidad del régimen para integrar opositores y desmovilizados sin violencia porque no ha construido los dispositivos —institucionales, judiciales, agrarios— que harían esa integración posible. El asesinato de más de 300 excombatientes de las FARC-EP hasta 2021 no es incumplimiento del Acuerdo por parte del Estado central: es demostración de que el Estado central no controla las condiciones que hacen viable el Acuerdo en el territorio.
¿Qué queda abierto?
Tres flancos resisten al cierre.
El primero: ¿cuánto pesa el daño cívico paramilitar de larga duración? La expansión paramilitar desde los años ochenta no solo mató líderes: reorganizó la política local, capturó administraciones municipales, reconfiguró el clientelismo, colonizó gremios, prensa y magisterio en regiones enteras. Ese daño cultural y político supera el horizonte temporal de cualquier programa de posacuerdo. La reparación exige una temporalidad de generaciones, y ninguna institución colombiana está diseñada para operar en ese plazo. ¿Es posible reconstruir tejido cívico rural sin desmontar antes las redes que se consolidaron bajo el amparo paramilitar y que hoy operan con etiquetas nuevas?
El segundo: ¿cómo pesa la dimensión de género en el trabajo de memoria y denuncia? El genocidio de la UP eliminó predominantemente a hombres —los datos del confinamiento por Covid arrojan 93% hombres y 7% mujeres, consistente con el sesgo del liderazgo rural—; la memoria activa quedó en manos de viudas, madres y hermanas. Aida Avella e Iván Cepeda representan un trabajo político sostenido durante décadas en condiciones de amenaza permanente. Las reclamantes de restitución en Antioquia, según testimonios de la Corporación Jurídica Yira Castro, enfrentan una carga adicional de vulnerabilidad. ¿De qué modo esa feminización por defecto demográfico produjo formas específicas de denuncia y archivo? ¿Y cómo fueron esas formas, a su vez, blanco de una violencia diferenciada?
El tercero: ¿qué relación existe entre el asesinato de líderes y el reclutamiento forzado de niños y adolescentes? La Defensoría del Pueblo ha documentado que grupos armados en el posacuerdo utilizan citaciones y mensajes para cobros extorsivos y para reclutamiento forzado bajo amenaza, y que intimidan a la población civil mediante ofrecimientos de "seguridad" a cambio de "apoyo". Los líderes comunitarios —promotores del PNIS, dirigentes de Juntas de Acción Comunal, autoridades indígenas y afrocolombianas— son con frecuencia el primer obstáculo local al reclutamiento. Su eliminación no solo despeja el territorio para la coca, la minería o la palma: despeja también el acceso demográfico a la próxima generación de combatientes. Los patrones geográficos y la selectividad ocupacional de las víctimas sugieren esa conexión, aún poco explorada.
Lo cierto en 2024 es que Colombia entró al posacuerdo sin desarmar la tecnología que mata a sus líderes rurales. El Acuerdo de La Habana, firmado por Juan Manuel Santos y ratificado tras el revés del plebiscito, ofrecía la oportunidad de romper el ciclo abierto en 1984 con la UP. La oportunidad no se tomó, o no se pudo tomar, porque la ruptura exigía transformaciones institucionales —reforma agraria efectiva, justicia con capacidad de esclarecimiento, presencia estatal integral en la frontera— que ningún gobierno ha estado dispuesto o capacitado para emprender a la escala requerida. Y cuando la pregunta se detiene en los nombres, deja de ser abstracta.
Jaime Pardo Leal fue asesinado en 1987, Bernardo Jaramillo Ossa en 1990, Manuel Cepeda Vargas en 1994, José Antequera en 1989. Yolanda Izquierdo fue asesinada en 2007 tras reclamar predios despojados por las AUC en Córdoba; Temístocles Machado en 2018 en Buenaventura, defendiendo tierras colectivas frente a la expansión portuaria; María Mercedes Castro en 2020 en Nariño, promotora del PNIS; Jesús Adán Quinto en 2021 en Chocó, autoridad de consejo comunitario. Entre unos y otros median décadas, cambian los perpetradores nominales, cambian las siglas de los grupos armados, cambian los ministros y los presidentes. La función de sus muertes, en cambio, no cambia: organizaron a los suyos, defendieron un territorio, disputaron un orden. ¿Puede llamarse coyuntura a lo que se repite durante cincuenta años sobre el mismo perfil de víctima y en las mismas geografías? La pregunta responde sola.
Archivo documental
Documentos usados en esta lectura
58 documentos · 71 fragmentos de referencia01Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 69, 742 fragmentos
[1]pequeño paso para la organización campesina, pero un gran salto para reformar con equidad la estructura agraria del país. La dureza del discurso del presidente Lleras no era nueva. Tampoco gratuita. En 1968, durante la entrega de títulos de propiedad a antiguos terrajeros y aparceros del bajo Sinú, dejaba un vehemente…
p. 69
[10]grado por aquello de quién impone una línea» 143. A todas estas, el campesinado era el sector más apreciado por las insurgencias para avanzar en sus objetivos políticos, como lo recuerda en su testimonio José Aristizábal, antiguo líder guerrillero del MIR-Patria Libre y luego miembro de la Dirección del ELN: «La…
p. 74
02La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestraGrupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez G. (Coordinador), Andrés Fernando Suárez (Relator) · 2009 · p. 1021 fragmento
[2]el corazón de los Montes de María, ade- más de permitir el acceso y la disposición de agua en una región seca y caliente. Sin embargo, es importante aclarar que no se trata de una geografía como la que habitualmente se asocia con una 62 Ibíd. Grupo de Memoria Histórica 102 zona de retaguardia estratégica desde el…
p. 102
03Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistasRocío Londoño (coord.), Carolina Castro, Álvaro Delgado, Jaime Landinez · 2016 · p. 5381 fragmento
[3]los programas de colonización del INCORA (como sustituto de la reforma agraria redistributiva) y pidieron la reducción del plazo exigido para que la tierra inculta en manos privadas volviera al dominio del Estado para su entrega a los cam- pesinos sin tierra. Adicionalmente, aprobaron estas peticiones: que los…
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04Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 401 fragmento
[4]la ANUC. En ellos la Asociación rechazaba la colonización como substituto de la reforma agraria, exigía la extinción del domi- nio de tierras privadas incultas y la expropiación del latifundio, ade- más de los apoyos estatales para elevar el nivel de vida campesino. El Mandato Campesino de la ANUC, aprobado por la…
p. 40
05Historia doble de la Costa. Tomo 4: Retorno a la tierraOrlando Fals Borda · 2002 · p. 2501 fragmento
[5]la rutina teórica que ha surgido de los estudios generales de la Violencia y se adelanta en la comprensión de sus factores y condiciones reales. Puede ser que continúe esta saludable tenden- cia de regionalizar el estudio de tan importante proceso. Cf. Russell W. Ramsey, "Critical bibliography on La Violencia in…
p. 250
06Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and BeyondJasmin Hristov · 2014 · p. 951 fragmento
[6]pacifying existing militant peasant and guerrilla groups (Rudqvist 1983). The same law also created the Colombian Institute for Agrarian Reform (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, or INCORA). Mostly in the early 1970s, INCORA bought up farms totalling 472,470 hectares and distributed land to 30,000 families…
p. 95
07The Agrarian Question and the Peasant Movement in Colombia: Struggles of the National Peasant Association, 1967-1981Leon Zamosc · 1986 · p. 2901 fragmento
[7]207- 8; agrarian reform central issue raised by, 66-9; archive on, 6, 228n; in areas of agrarian capitalism, 61, 91-3, 140-1, 143-5, 203, 204-7; in areas of coloniza- tion, 61, 93-4, 102, 106, 174, 179-80, 273 274 Index ANUC (cont.) 192, 204-7, 231n; in areas of latifundia, 61, 91-3, 107, 204-7, 231n; in areas of…
p. 290
08Historia de Colombia. Colombia Contemporánea IArturo Alape, Antonio Caballero, Gonzalo Hernández de Alba, Mauricio Archila, Germán Arciniegas, Enrique Sánchez y otros (obra colectiva) · 1988 · p. 1101 fragmento
[8]se aisl6 practicamente de los sec- tores campesinos al crear la Organizacién Revolu- cionaria del Pueblo (ORP), un grupo mas del es- pectro politico de la Nueva Izquierda. A partir de aqui, el movimiento campesino se atomiza y la mo- vilizaci6n popular més importante de este siglo se desmorona, victima de sus propias…
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09La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 2261 fragmento
[9]misma línea se quiso implementar a nivel nacional en su Pri- mer Congreso Nacional de Terratenientes a celebrarse en Neiva del 1 al 2 de septiembre de 1977. Desde el Congreso José Guerra Tulena en calidad de senador hizo un documento «“El negocio de las invasiones”; él trató de desconocer que la necesidad de tierras…
p. 226
10Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Región CentroComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1301 fragmento
[11]estos por Cundinamarca; en convergencia, fueron elegidos otros seis, entre estos, Julio Enrique Ortiz Cuenca por el Huila (Movimiento de Convergencia Liberal y UP) y Alfonso Gómez Méndez por el Tolima (Movimiento Político Tolima Libre, Liberal Oficial-U, Nuevo Liberalismo, Movimiento Amplio y Democrático-Rescatemos el…
p. 130
11La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 197, 2002 fragmentos
[12]militantes y simpatizantes, que no eran miembros de las FARC-EP –antes del Acuerdo de La Uribe, Meta, en 1984–, agraviados, desesperados e indignados por el exterminio que estaba sufriendo este partido y la falta de garantías para hacer política de oposición y 350 La Unión Patriótica fue concebida inicialmente como…
p. 197
[45]poder proteger sus vidas. El Acuerdo de Paz más reciente fue negociado en La Habana, Cuba, en 2012, y firmado finalmente en el Teatro Colón en Bogotá, en noviembre de 2016, entre las FARC-EP y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (dos periodos, 2010-2018), y constituye el marco de transición política más…
p. 200
12No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 2141 fragmento
[13]jeep del Ejército sin esconderse, ya no 630 Entrevista 001-VI-00007. Mujer, Líder de la Unión Patriótica, víctima. 631 Centro Nacional de Memoria Histórica, «Todo pasó». 632 Centro Nacional de Memoria Histórica, 58. la búsqueda de la democracia y la guerra sucia (1978-1990) 215 se escondían, y desde allí los vecinos…
p. 214
13Pueblos arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión · 2015 · p. 791 fragmento
[14]y el PC, a la UP se unieron liberales, conservadores, campe- sinos, estudiantes, organizaciones sindicales, sociales y populares y muchas otras personas sin adhesiones partidistas, que se sintieron identificados con su apuesta programática. Los esfuerzos políticos de este movimiento se volcaron sobre las regiones…
p. 79
14De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC). Informe No. 1Centro Nacional de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga Sarmiento, Anascas Del Río Moncada, Mauricio Barón Villa, Andrea García Hernández, José Alirio Duque Orrego, Edith Garzón Quintero · 2017 · p. 801 fragmento
[15]contribución voluntaria, Ibagué, 2016, 3 de febrero). 33- “La Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reini- ciar es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, con status consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la…
p. 80
151989María Elvira Samper · 2019 · p. 481 fragmento
[16]y desmoralizar a comunidades enteras. Entre 1984 y 2000, la campaña exterminio adelantada por narcoparamilitares con la complicidad de agentes del Estado, deja por lo menos 4.153 personas asesinadas o desaparecidas, sin contar a las víctimas de tipos de violencia no letal. En diciembre de 2012, dentro del proceso de…
p. 48
16Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002Vladimir Melo Moreno (Relator); Andrés Fernando Suárez, Carmen Andrea Becerra (Correlatores); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2018 · p. 1641 fragmento
[17]a la plaza principal, llamada Parque Los Delfines. Hacia las dos de la tarde los asesinaron delante de la comu- nidad. Las víctimas fueron: Luis Fernando Hidalgo Hidalgo, Heriberto León Cadena, José Manuel Padilla Guerrero, Miguel Enrique Canchila Aparicio, Alfonso Castro León, Oscar Emilio Ardilla Lemus y Félix María…
p. 164
17Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1341 fragmento
[18]los planes de exterminio: los planes Esmeralda (1988) y Retorno (1993) que habrían tenido como objetivo desaparecer las seccionales de la UP en los departamentos del Meta, Caquetá y en la región de Urabá. La operación Cóndor (1985) y los planes Baile Rojo (1986) y Golpe de Gracia (1992) probablemente se dirigieron a…
p. 134
18Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 111, 1912 fragmentos
[19]del Estado como su patrimonio natural» 373. El llamado «Baile Rojo» 374 y el «Plan Esmeralda» –este último desarrollado en la región–, tuvieron «la finalidad de perseguir y dar muerte a los miembros de la UP en los llanos orientales y Caquetá» 375, como lo denunció el asesinado congresista Henry Millán. La lucha…
p. 111
[54]territorio haciendo cobros injustos y violentos a través de citaciones y mensajes, que sirven también para reclutamiento forzado bajo amenazas y que se reportaron ofrecimientos a firmantes del Acuerdo de volver a las filas. A la población civil la intimidan a través de advertencias y mensajes amenazantes en los que se…
p. 191
19Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 941 fragmento
[20]municipios predominantemente campesinos. El campesinado fue una parte importante de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica. Como se puede evidenciar en el mapa 5, los asesinatos de militantes de este partido se cometieron en zonas alejadas de las grandes ciudades capitales y en los límites de la…
p. 94
20Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 100, 7082 fragmentos
[21]y el encarcelamiento judicial de los 2423 Prensa Cajar, «Masacre de Caño Sibao». 2424 Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Reiniciar), «Base de datos, Víctimas identificadas UP 1984-2006». 2425 Testimonio de Carlos Alfonso Velázquez, coronel (r) del Ejército y catedrático universitario…
p. 708
[34]por lo menos, hasta 2016, con el 38 % de los registros 187. Grupos posdesmovilización o grupos herederos del paramilitarismo han sido señalados de atentar contra comunidades vulnerables y contra sectores que ejer- cen liderazgo social o defensa de los derechos humanos, como en el asesinato del médico tradicional…
p. 100
21El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 1892 fragmentos
[22]lo que fuera UP, fuuu. Había que golpearlos. (CNMH, CV, Sepúlveda, 2016, 21 de junio) Exterminada o desterrada la dirigencia de la izquierda en Cimitarra, Puerto Boyacá y Puerto Berrío, el genocidio de la UP se coordina desde Puerto Boyacá hacia las zonas en los que ese partido adquirió alguna presencia y fuerza…
p. 189
[23]lo que fuera UP, fuuu. Había que golpearlos. (CNMH, CV, Sepúlveda, 2016, 21 de junio) Exterminada o desterrada la dirigencia de la izquierda en Cimitarra, Puerto Boyacá y Puerto Berrío, el genocidio de la UP se coordina desde Puerto Boyacá hacia las zonas en los que ese partido adquirió alguna presencia y fuerza…
p. 189
22Análisis cuantitativo del paramilitarismo en Colombia. Hallazgos del Mecanismo no Judicial de Contribución a la VerdadÁlvaro Villarraga Sarmiento, Alberto Santos Peñuela, Lukas Rodríguez Lizcano, Bruce David Ochoa Ochoa, Gustavo Adolfo Narváez Rodríguez, Jonathan Peter Stucky Rodríguez, Anascas del Río Moncada · 2019 · p. 1511 fragmento
[24]so los cuerpos y las relaciones interpersonales en los territorios: personas consumidoras de sustancias psicoactivas, trabajadoras sexuales, personas transgresoras del orden impuesto (que no 158 96 74 32 27 24 23 19 19 15 14 14 8 6 5 5 4 0 50 100 150 Sindicalistas Posedores de tierra Por fuera del orden Sector de…
p. 151
23Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 861 fragmento
[25](Acdegam) en 1982 187 y las autodefensas de la Casa Castaño en Córdoba y Urabá a mediados de la década de 1980. Otros grupos de seguridad privada ilegal se armaron en el suroeste, norte, nordeste, Bajo Cauca y Oriente antioqueño. La primera generación paramilitar del norte de Antioquia y el sur de Córdoba siguió el…
p. 86
24Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 84, 1402 fragmentos
[26]esos hechos, le argumentaban a los miembros de la guerrilla que, pues, no tenían cómo pagar, pues ellos no generaban, pues, unas acciones en contra [específicamente] de esas familias. Al parecer, les hacían como un estudio socioeconómico a dichas familias y otras sí se iban desplazadas» 228. El exterminio de la Unión…
p. 84
[56]de falsos positivos». presentación 141 Posacuerdo: transición y riesgos de una paz inestable (2017—2022) 142 fiflćflff fl. fifl E l 2 de octubre del 2016, tras una semana de haberse firmado el Acuerdo de Paz con las FARC-EP en Cartagena, el plebiscito en el que se le preguntó a la ciudadanía «¿apoya usted el Acuerdo…
p. 140
25Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y VichadaÁlvaro Villarraga Sarmiento (Director general); Centro Nacional de Memoria Histórica · p. 811 fragmento
[27]una gente de Boyacá y una gente de la región 82 VIOLENCIA PARAMILITAR EN LA ALTILLANURA: AUTODEFENSAS CAMPESINAS DE META Y VICHADA INFORME N.° 3 (CNMH, persona desmovilizada, entrevista realizada en el marco del Mecanismo de Contribución a la Verdad, Villavi- cencio, 2016, 16 de mayo). Esta relación entre la…
p. 81
26Sujetos victimizados y daños causados: Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoLina Rondón Daza, Liliana Cortés Gamba · 2018 · p. 1701 fragmento
[28]producir a las comunidades, y el crecimiento de las oportunidades de organización social podían poner en riesgo la economía y las intenciones de apropiación de tierras en lo local. La violencia buscó prohibir las luchas campesinas y desmejorar las relaciones afectivas que las sustentaban. Para el Carare y los Montes…
p. 170
27Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 2411 fragmento
[29]y era triste cuando uno se quedaba ha- ciendo la protesta: “¡Que van a pagar!”, y llegaba una camioneta, entraba, sacaba unas bolsas negras y… y decía el alcalde… después decía: “Nos sa- caron… ajá, la plata se la acaban de llevar”. (...) Otra anotación era que cuando habían demandas… demandas grandes a estos…
p. 241
28El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC)Gonzalo Sánchez Gómez, Mario Aguilera Peña · 2011 · p. 1251 fragmento
[30]consultados en la muestra, sólo en 1 caso existieron fuertes indicios para asegurar que el homicidio de un campesino fue obra de los paramilitares bajo el supuesto argumento de haber tenido dé- cadas atrás una relación con la guerrilla. En otra más en que había muerto un soldado se sospechaba con razón de la guerri-…
p. 125
29Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 671 fragmento
[31]de Tierralta. Allí fue tilda- da de populista y, al igual que su esposo, de “dividir al pueblo”. Sin embargo, el discurso de ‘la tierra para el campesino’, que Germán y Magola habían construido, logró que la presión disminuyera y que Magola y el comisionado salieran ilesos de dicha entrevista. Magola: la pasión por la…
p. 67
30Doble discurso, múltiples crímenes. Análisis temático de las ACMM y las ACPBCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández (coordinador) · 2021 · p. 4022 fragmentos
[32]comandantes de las diferentes estructuras logran cierta auto- nomía frente a la ejecución y desaparición de personas. En un tiempo recuerdo que Botalón dijo: yo les voy a dar plena autonomía a ustedes para que ustedes decidan en Puerto Boyacá con las diferentes partes donde estén de esas situaciones, porque yo no…
p. 402
[33]comandantes de las diferentes estructuras logran cierta auto- nomía frente a la ejecución y desaparición de personas. En un tiempo recuerdo que Botalón dijo: yo les voy a dar plena autonomía a ustedes para que ustedes decidan en Puerto Boyacá con las diferentes partes donde estén de esas situaciones, porque yo no…
p. 402
31Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 325, 3302 fragmentos
[35]las reclamaciones en el Registro de tierras despojadas, y la tarea judicial, que termina con el fallo de los jueces de restitución de tierras. La ley 1448 previó que el estudio de las reclamaciones procediera gradualmente, según fuera la densidad de despojos, las condiciones de seguridad para el proceso y las…
p. 330
[39]o despojo, pues si se comprueban las presiones violentas, existen los indicios que permiten invertir la carga de la prueba en contra de los opositores, que son los actuales tenedores del predio reclamado. Es tan riguroso este trabajo de comprobación —que se cumple dentro de los cuatro meses a partir de la inscripción…
p. 325
32"Patrones" y campesinos: tierra, poder y violencia en el Valle del Cauca (1960 – 2012)Absalón Machado Cartagena, John Jairo Rincón García · 2014 · p. 4081 fragmento
[36]mi casa y quedé sin nada 264. ¿Y la restitución? El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha tratado de revertir el proceso de despojo y concentración de la tierra, no sólo 263 Entrevista_ 006 _ 33 _abril_ 05 _ 08 _Despojo de Tierras_Procesos Organizativos 264 Entrevista_ 007 _+- 55 _abril_ 6 _ 08 _Proceso Social…
p. 408
33La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Esbozo de una memoria institucionalAbsalón Machado Cartagena · 2013 · p. 1291 fragmento
[37]o de formalización de predios abandonados en nombre de los titulares de la acción, en los casos previstos en esta ley. 6. Pagar en nombre del Estado las sumas ordenadas en las senten- cias de los procesos de restitución a favor de los terceros de buena fe exenta de culpa. 7. Pagar a los despojados y desplazados las…
p. 129
34Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoFrancisco Barbosa Delgado · 2018 · p. 421 fragmento
[38]legitima- ción para iniciar la acción de restitución. En segundo lugar, se evidenciará la pertinencia de los documentos menciona- dos para entender las dinámicas del paramilitarismo, especí- ficamente con respecto al despojo y al abandono forzado. En tercer lugar, se explicará por qué los informes del CNMH re- visados…
p. 42
35Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 5222 fragmentos
[40]INCODER no había revocado los títulos de los testaferros para devolverlos a sus dueños, ni los jueces habían aten - dido la orden de protección legal de las parcelas. El abogado defen - sor de los campesinos y campesinas, Rafael Barros, explicó: “No entendemos por qué nadie ha tomado medidas, más aún, sabiendo que,…
p. 522
[41]INCODER no había revocado los títulos de los testaferros para devolverlos a sus dueños, ni los jueces habían aten - dido la orden de protección legal de las parcelas. El abogado defen - sor de los campesinos y campesinas, Rafael Barros, explicó: “No entendemos por qué nadie ha tomado medidas, más aún, sabiendo que,…
p. 522
36La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica, Lukas Rodríguez Lizcano · 2022 · p. 4421 fragmento
[42]el ecosistema. De acuerdo con una investigación realizada por la Unidad de Restitución de Tierras, seccional Atlántico, en el sector de Los Patos que forma parte de la Ciénaga, 150 campesinos fueron desplazados por el Bloque Norte de las AUC a finales de la década de los noventa. Los campesinos de Remolino, Magdalena,…
p. 442
37Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armadoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 411 fragmento
[43]Corporación Jurídica Yira Castro, «La tierra también es nuestra», 20. 90 Entrevista 036 - VI - 00042. Mujer, campesina, Antioquia. 42 El primero, el más difícil, es el de superar el daño moral anclado en la memoria de la masacre, pues el daño que no ha sido atendido ni reparado causa una profunda sensación de…
p. 41
38Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 168, 1752 fragmentos
[44]sus- titución de cultivos, pactada en el Acuerdo, la resiembra llega solamente al 0.8%» 455 y, en los casos de erradicación forzada, la resiembra se incrementa al 50%, según cifras de Indepaz. Respecto a las víctimas del conflicto, la violencia en contra de líderes y lideresas que trabajaron en el propósito de la paz…
p. 168
[51]acuerdos de paz en 2016, pues la presencia de las FARC-EP en algunas zonas contenía el avance de la deforestación. De modo que «el desarme parcial de las FARC, en un contexto de baja capacidad de regulación del Estado y débil gobernanza ambiental, ha exacerbado y dinamizado las causas de la deforestación» 483. El…
p. 175
39At the Margins of the Global Market: Making Commodities, Workers, and Crisis in Rural ColombiaPhillip A. Hough · 2022 · p. 2251 fragmento
[46]they are not opposed to its substitution for another livelihood strategy, including other agricultural crops, whatever replaces coca must at least provide enough income to meet their house- hold survival needs as coca did in the past. Otherwise, they may be forced to go back to producing it, which would then create…
p. 225
40Diez propuestas para el estudio de la historia reciente de Colombia con énfasis en el conflicto armadoFrancisco Acevedo, Mauricio Bello, Blanca Cepeda, Wencith Guzmán, Jacqueline Mendoza, Nixon Mora, Roque Moreno, William Peña, Jorge Ramírez, Maira Soto, María Cristina Téllez · 2022 · p. 2401 fragmento
[47]según la entidad, una reducción de 37,7 % en comparación al mismo periodo del año anterior. Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió recientemente una resolución en la que alerta de la peligrosidad de la zona dada la presencia de grupos armados ilegales y el “fortale- cimiento de las disidencias”. Además de los…
p. 240
41Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 2021 fragmento
[48]el primer lugar del mundo en asesinatos de defensores y defensoras de d erechos h umanos con el 53 % del total de casos. En todo el mundo, fueron asesinados 331 defensores, y de estos, 177 casos ocurrieron en Colombia (le siguen en su orden Filipinas con 25 y Honduras con 20), según el informe Análisis Global 2020,…
p. 202
42Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 157, 4212 fragmentos
[49]de El Tambo, Buenos Aires y López de Micay 984. Por su parte, el proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG, encontró que entre 2016 y 2019, tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, aumentaron los asesinatos a líderes afrocolombianos, pasando de alrededor de 10 asesinatos en 2013 a alrededor de…
p. 421
[62]de prestar seguridad o apoyar la instaura- ción de estas economías. Otras devienen de la economía del narcotráfico, cuando los grupos armados controlan la siembra de marihuana y hoja de coca, y el procesamiento, la compra y la comercialización de pasta de coca. Otra renta con la que se financian los grupos armados es…
p. 157
43Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 891 fragmento
[50]sicarios que ni siquiera saben quién los contrató y el 30% son disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo, etcétera.” La Vanguardia, «¿Quién está detrás de los asesinatos de líderes sociales?». 148 En ese periodo la Fiscalía abrió procesos investigativos a 302 casos de asesinato de liderazgos sociales. De ellos,…
p. 89
44Detrás de la guerra en ColombiaAriel Ávila · 2019 · p. 2741 fragmento
[52]materia de seguridad seguirán siendo altos. De ahí que los modelos de seguridad planteados por la institución estatal son centrales para contener nuevas olas de violencia. El mapa 51 muestra estos 242 municipios donde hacían presencia las Farc-EP, cruzados con aquellos que tienen presencia de economías ilegales.…
p. 274
45Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Magdalena MedioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1601 fragmento
[53]Golfo, Los Caparros, las Águilas Negras y la incursión de grupos pos FARC o disidencias. Estos grupos pelean también por el usufructo de actividades económicas legales e ilega- les, entre las cuales destacan la ganadería extensiva, el cultivo de palma, el narcotráfico, la minería y la industria de hidrocarburos, esta…
p. 160
46Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 6551 fragmento
[55]2018, las continuas de- nuncias por cobros ilegales a contratistas, transportadores y el sector hotelero en la región, que volvieron a poner en la mira de las autoridades a Terror (re- sidente en San Miguel, Sonsón) y a Roque (detenido en la cárcel de Cómbita, Boyacá): Investigadores buscan establecer si ‘Roque’,…
p. 655
47Becoming Black Political Subjects: Movements and Ethno-Racial Rights in Colombia and BrazilTianna S. Paschel · 2016 · p. 2061 fragmento
[57](interview, Nicolasa Machado, March 2009). Throughout Colombia, the struggle for collective land titles for black com- munities conflicted directly with the interests of local and transnational capital. As a result, leaders often confronted state actors who were not sim- ply inefficient, but rather, who had many…
p. 206
48Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Valle y norte del CaucaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1601 fragmento
[58]ríos como en los socavones 383. Esta economía fue estable hasta comienzos de la década del 2000, cuando irrumpieron el paramilitarismo y las pretensiones de minería a gran escala, como lo relató a la Comisión una lideresa afrodescendiente del norte del Cauca: «En el tema minero, esto fue apoyado más que todo por la…
p. 160
49Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Nariño y sur de CaucaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 165, 1682 fragmentos
[59]La presión sobre el territorio del Consejo Comunitario por parte de colonos que llegaron impulsados por la expansión de los cultivos de coca sucede a partir del 2002, año que coincide con el fortalecimiento de la presencia de las FARC-EP a partir de la entrada de la columna Daniel Aldana. Desde la década de los…
p. 165
[68]ocurrencia 22.075 35.937 51.792 56.793 54.169 49.085 diálogos de paz en medio del conflicto, retos y persistencias (2010-2021) 169 Aún hoy, para la población campesina el jornal que se paga en la economía cocalera representa ingresos superiores a los de la economía agraria legal: «Vea, hay personas de la juventud,…
p. 168
50Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUC. Región Caribe, Departamento de Antioquia, Departamento de ChocóÁlvaro Villarraga Sarmiento, Alberto Santos Peñuela, Priscila Zúñiga Jiménez, Margarita Jaimes Velásquez, Lukas Rodríguez Lizcano, Gisela Andrea Aguirre García, Camilo Villamizar Hernández · 2014 · p. 1781 fragmento
[60]cri - men se dio como represalia por el asesinato de los líderes Manuel Moya y Graciano Blandón por parte de las FARC y quienes eran afines a los empresarios de palma aceitera. El 11 de octubre de 2010 Los Urabeños habrían asesinado a Ana María Moreno, representante legal del Consejo Comunitario de Asti, y amenazaron…
p. 178
51Grupos Armados Posdesmovilización (2006 - 2015). Trayectorias, rupturas y continuidadesTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera Ramírez, Carlos Andrés Hoyos, Javier Benavides Torres, Jefferson Corredor Uyaban, Mateo Morales · 2016 · p. 2861 fragmento
[61]mayoritariamente por pobladores negros que ocupan la región desde los siglos XVII y XVIII y solo hasta hace poco ha sido afectada por el con fl icto ar- mado y la coca. Sus pobladores han visto disputados sus territorios por la presencia sucesiva de economías extractivas, tales como la explotación del oro, la tagua y…
p. 286
52Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica; Germán Lozano Villegas; Luz Janeth Forero M. · 2014 · p. 2521 fragmento
[63]datos disponibles Para el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), en palabras del padre Javier Giraldo, el objetivo del banco de datos de esa organización es “salvar la memoria, no la estadística”. Más que producir cifras, el banco de datos se propone hacer seguimien- to al fenómeno de la violencia…
p. 252
53Hacer la guerra y matar la política. Líderes políticos asesinados en Norte de SantanderCarlos Andrés Pallares Rincón · 2014 · p. 201 fragmento
[64]al sistema político colombiano y a sus instituciones un estatus de ex- cepcional estabilidad en el contexto regional, bajo cuya égida se desenvuelve a su vez un conflicto armado interno, que atiza los antagonismos desde hace más de 50 años. Es así como guerra y democracia se entrecruzan, se suceden pa- ralelamente…
p. 20
54El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 1332 fragmentos
[65]funcionarios públicos frente a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuer- za pública presentadas como muertes de guerrilleros en combate, en el sentido de negar los hechos (que fueran ejecuciones extrajudiciales), que su magnitud fuera la denunciada (alegando que eran casos aislados), e…
p. 133
[66]funcionarios públicos frente a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuer- za pública presentadas como muertes de guerrilleros en combate, en el sentido de negar los hechos (que fueran ejecuciones extrajudiciales), que su magnitud fuera la denunciada (alegando que eran casos aislados), e…
p. 133
55Histories of Perplexity: Colombia, 1970s–2010sLina Britto, A. Ricardo López-Pedreros · 2024 · p. 4271 fragmento
[67]1980s related to the armed conflict and its victims. However, unlike other Latin American countries that undertook memory struggles and campaigns once dictator - ships had already ended or when negotiated solutions to armed conflict had been reached, memory agents in Colombia began their struggle in the midst of an…
p. 427
56Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en PutumayoEdinso Culma Vargas, Juliana Guerra Rudas, Rocío Londoño Botero · 2015 · p. 191 fragmento
[69]cultivos ilícitos y “desarrollo alternativo” contemplados en el “componente so- cial” del Plan Colombia, debido a la incoherencia, improvisa- ción e ineficiencia de los mismos. Sin establecer una relación directa entre una cosa y otra, es posible afirmar que la militarización de Putumayo que sobrevi- no con el Plan…
p. 19
57La masacre de El Tigre. Un silencio que encontró su vozGonzalo Sánchez G., Martha Nubia Bello Albarracín, Andrés Cancimance López · 2011 · p. 161 fragmento
[70]en una de las obligaciones funda- 16 La masacre de El Tigre, Putumayo mentales del Estado colombiano, cuando por acción u omisión ha contribuido al sufrimiento de los ciudadanos y ciudadanas (GMH, 2009a). En la cuarta parte, proponemos unas recomendaciones en tor- no a la Verdad, la Justicia y la Reparación, con el…
p. 16
58Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 611 fragmento
[71]la renta que cobraban por concepto de protec- ción a las multinacionales e impedir su influencia política entre el cam- pesinado. Entre 1989 y 1994, 1.115 personas fueron asesinadas por motivos políticos (los índices más altos de la región). La mayoría de las víctimas eran colonos, pequeños campesinos e indígenas,…
p. 61