Violencia selectiva contra el liderazgo social rural en Colombia (1970–2024)

La violencia selectiva contra el liderazgo social rural en Colombia (1970-2024)

Entre 1970 y 2024, Colombia produjo una secuencia ininterrumpida de asesinatos dirigidos contra quienes organizaban al campesinado, disputaban la tenencia de la tierra o encarnaban una alternativa política en el territorio rural. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos fue perseguida en los años setenta; la Unión Patriótica fue exterminada entre 1984 y 2002 con al menos 4.153 víctimas letales; los reclamantes de la Ley 1448 fueron intimidados o asesinados desde 2011; y tras el Acuerdo de La Habana, firmado en 2016, más de 300 excombatientes de las FARC-EP y cientos de líderes sociales fueron asesinados antes de cerrar la década.

¿Constituye esa continuidad de medio siglo un patrón estructural de gobierno del territorio rural —una tecnología de administración de la disidencia agraria mediante violencia delegada— o son ciclos discretos que comparten víctimas sin compartir arquitectura? ¿Y por qué importa distinguirlos? La pregunta no es semántica: del diagnóstico se sigue la política del posacuerdo, la interpretación del genocidio de la UP y el sentido mismo del Acuerdo de La Habana como oferta de integración política. Si el asesinato de líderes es epifenómeno de la reconfiguración armada tras la dejación de armas de las FARC-EP, la respuesta correcta es securitaria: recuperar control territorial, capturar cabecillas de disidencias, del ELN y del Clan del Golfo, cerrar el vacío. Pero si es un mecanismo estructural —una forma de gobernar el campo mediante la eliminación de sus voceros—, ninguna operación militar lo resolverá, porque el problema no está en los pistoleros sino en el orden agrario que los contrata, tolera o hereda.

Por qué la pregunta pesa

El plebiscito de 2016 y la ejecución accidentada del Acuerdo pusieron a Colombia frente a un test: ¿podía integrar a un actor armado como fuerza política legal, o repetiría el ciclo abierto en 1984 con la Unión Patriótica? Cinco años después del Acuerdo, con más de trescientos firmantes asesinados y los territorios de sustitución convertidos en cementerios de líderes cocaleros, el test tiene resultado. Queda entender por qué. Y para entenderlo hay que decidir primero si lo que se observa es un patrón único con distintas máscaras o una sucesión de patrones distintos que se parecen por accidente.

Los términos del debate

Hay cuatro lecturas en tensión, todas con sustento empírico.

La primera sostiene que existe una continuidad estructural entre la UP y el posacuerdo: mismo tipo de víctima —líder rural organizado en un proyecto colectivo—, mismos territorios —Urabá, Meta, Caquetá, Magdalena Medio, Montes de María—, misma función política —neutralizar la representación electoral o gremial de quienes disputan el orden de tenencia—. El asesinato de firmantes del Acuerdo no sería coyuntura sino reedición.

La segunda entiende la violencia selectiva como acumulación por despojo: su lógica primaria no sería contrainsurgente sino económica. La eliminación de líderes despeja territorios para la ganadería extensiva, la palma, el oro, los hidrocarburos y la coca. Los casos de Chivolo y Remolino en el Magdalena, donde el Bloque Norte de las AUC dirigido por Jorge 40 desplazó a 150 campesinos y les obligó a firmar la sucesión de más de 74 predios con complicidad de funcionarios del INCORA/INCODER, encajan aquí. También el asesinato de representantes legales de consejos comunitarios afrocolombianos, como el de Ana María Moreno, del Consejo Comunitario de Asti en Chocó, el 11 de octubre de 2010, en zonas de expansión de la palma, la minería y la madera.

La tercera pone el peso en la impunidad como condición reproductora. La Fiscalía abrió 302 procesos por asesinato de líderes sociales en el posacuerdo, esclareció 117 y estableció autoría en 103: menos del 60% de los casos investigados, y no todos son investigados. Sin costo judicial, el repertorio se hereda: cada generación de actores armados recibe una tecnología probada. El proyecto Colombia Nunca Más, iniciado en 1996, se articuló precisamente contra esa impunidad; funcionarios públicos negaron sistemáticamente las ejecuciones extrajudiciales de la fuerza pública como casos aislados e intentaron sustraer a los responsables mediante reformas al fuero penal militar.

La cuarta enfatiza la fragmentación organizativa interna como cofactor: la ANUC no fue solo reprimida, se escindió entre línea Sincelejo y línea Armenia; su Cuarto Congreso en Tómala (Córdoba) en febrero de 1977 se agotó en consignas vacías y derivó en un partido campesino de efímera figuración electoral en 1978. El ministro de Agricultura Dajer Chadid transformó los comités veredales en bastiones del Desarrollo Rural Integrado, cooptando la organización desde arriba. La UP también experimentó divisiones internas. Sin esa erosión endógena, la violencia externa habría encontrado sujetos políticos más resistentes.

Las cuatro lecturas no son excluyentes. La pregunta operativa es cómo se articulan.

Lo que muestran los casos

La ANUC como primer ensayo. Puesta en marcha en agosto de 1969 bajo Carlos Lleras Restrepo, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos desafió el orden de la hacienda que expulsaba terrajeros, arrendatarios y colonos. Su radicalización quedó fijada en el Encuentro Nacional de Villa del Rosario de Cúcuta a mediados de 1971 y en el Mandato Campesino aprobado en Fúquene en agosto del mismo año, que exigían el rechazo a la colonización como sustituto de la reforma agraria y la expropiación de latifundios sin indemnización. La reacción del gobierno conservador de Misael Pastrana Borrero (1970-1974) revirtió la reforma llerista, persiguió y encarceló a dirigentes, y reanudó la desposesión de minifundistas y colonos. La ANUC no fue exterminada físicamente al modo de la UP, pero fue desmantelada mediante una combinación de represión selectiva, cooptación organizativa vía DRI y explotación de sus divisiones internas y su burocratismo. Los Montes de María, escenario de sus principales invasiones de tierra, serían décadas después escenario de masacres paramilitares: la geografía de la protesta agraria se convirtió en geografía del exterminio.

La UP como caso paradigmático. Nacida de los acuerdos de La Uribe de 1984 entre el gobierno y las FARC-EP como plataforma amplia para sectores alternativos —campesinos, sindicalistas, independientes y disidentes liberales y conservadores—, la Unión Patriótica sufrió entre 1984 y 2000 al menos 4.153 asesinatos y desapariciones. La violencia fue geográficamente selectiva: Urabá, Tolima, Meta, Caquetá y Magdalena Medio concentraron los homicidios, y el 41% de las víctimas con ocupación registrada eran campesinos, trabajadores o administradores de finca. Existieron planes documentados o denunciados —Cóndor en 1985, Baile Rojo en 1986, Esmeralda en 1988, Golpe de Gracia en 1992, Retorno en 1993— dirigidos a desaparecer seccionales regionales y a asesinar dirigentes elegidos a corporaciones públicas. Puerto Boyacá funcionó como epicentro coordinador desde el que el exterminio se propagó a Urabá, los Llanos Orientales y el Nordeste Antioqueño, una vez eliminada o desterrada la dirigencia de izquierda de Cimitarra, Puerto Boyacá y Puerto Berrío. En diciembre de 2012, en el proceso de Justicia y Paz contra Éver Veloza alias HH, los jueces reconocieron que el exterminio de la UP constituye un genocidio político. En septiembre de 2016, en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos reconoció que jamás debió haber ocurrido y que el Estado no tomó medidas suficientes para impedirlo.

El paramilitarismo como industrialización del método. Los registros de violencia selectiva paramilitar dibujan un mapa preciso del orden social bajo ataque. Los sindicalistas encabezan la nómina con 158 víctimas; siguen 96 poseedores de tierra y 32 militantes de izquierda; luego 27 docentes y 23 miembros de Juntas de Acción Comunal; y detrás la larga cola de dirigentes comunitarios, ganaderos, personas LGBTI, indígenas, personal de sanidad y concejales. Cada categoría corresponde a una figura territorial concreta: el que negocia salarios, el que reclama predio, el que educa, el que preside la vereda. En Córdoba y Urabá, desde los años ochenta, la violencia contra organizaciones sociales, dirigentes políticos, sindicalistas, maestros, movimiento campesino, comunidades indígenas y afrodescendientes se desplegó bajo el amparo discursivo de la lucha antisubversiva. El repertorio incluía intimidación directa a docentes: en zonas de influencia de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, los maestros eran reunidos y obligados a desistir de demandas laborales ganadas contra municipios bajo amenaza explícita. El asesinato de los dirigentes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare y de la periodista Silvia Duzán, el 26 de febrero de 1990, ilustra el rechazo paramilitar al surgimiento de organizaciones campesinas independientes.

La restitución bajo fuego. La Ley 1448, impulsada por el gobierno Santos, buscó restituir tierras a campesinos desplazados. Su arquitectura operativa —focalización y microfocalización coordinada con el Ministerio de Defensa, condicionadas a la existencia de condiciones de seguridad— reconoce implícitamente que la restitución opera en territorio en disputa. Más de la mitad de las solicitudes son rechazadas en fase administrativa, por despojos anteriores a 1991 o por conflictos de tenencia sin intervención de violencia. Las reclamantes mujeres, según testimonios recogidos por la Corporación Jurídica Yira Castro en Antioquia, enfrentan amenazas, persecución y falta de representación jurídica que ralentiza sus procesos. La complicidad institucional que hizo posible el despojo —funcionarios del INCORA e INCODER vinculados a políticos y a estructuras paramilitares— explica que la restitución sea combatida no solo por los perpetradores originales sino por las redes que se beneficiaron de la apropiación.

El posacuerdo como reedición. Entre 2016 y 2020, en Putumayo, Caquetá y Guaviare fueron asesinados 113 líderes, entre ellos promotores y firmantes del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito e impulsores de sustitución por fuera del programa. Desde la desmovilización de las FARC en 2016 hasta finales de 2018 fueron asesinados aproximadamente 702 activistas y líderes sociales, incluyendo 135 excombatientes. Colombia ocupó el primer lugar mundial en asesinatos de defensores de derechos humanos, con 177 de los 331 registrados en el mundo en 2020. Durante el confinamiento por Covid-19, entre marzo y julio de 2020, fueron asesinados 73 líderes sociales y al menos 13 comuneros indígenas: 93% hombres, 7% mujeres, 90% en zona rural. Los asesinatos de líderes afrocolombianos pasaron de aproximadamente 10 en 2013 a aproximadamente 33 en 2018.

El vacío amazónico y la reconfiguración armada. La desmovilización de las FARC-EP generó un vacío de poder que grupos armados ilegales, actores privados y funcionarios corruptos aprovecharon para ampliar actividades económicas ilegales. En los 281 municipios donde las FARC operaban junto a otros actores criminales, la ocupación fue casi inmediata. Grupos pos-FARC, ELN, Clan del Golfo, Los Caparros y Águilas Negras disputaron el usufructo de la ganadería extensiva, el narcotráfico, la minería y los hidrocarburos, remozando redes con políticos y empresarios vinculadas a la contratación estatal local. En la Amazonía, la presencia de las FARC había contenido el avance de la frontera agrícola; su desarme aceleró la deforestación y la violencia. La política antidrogas centrada en erradicar el cultivo sin combatir toda la cadena generó resistencia campesina, y la tasa de resiembra de coca en sustitución voluntaria es del 0,8%, frente al 50% en erradicación forzada. El jornal cocalero —50.000 a 60.000 pesos hasta el mediodía— duplica el legal —20.000 por jornada completa—: el líder que promueve la sustitución sin sustento estatal alternativo se convierte en obstáculo económico para todos los eslabones de la cadena.

Los territorios afrocolombianos e indígenas. La lucha por títulos colectivos en la Costa Pacífica desde los años noventa conflictuó con intereses del capital local y transnacional en oro, tagua, madera y palma. Los líderes afrocolombianos enfrentaron actores estatales con incentivos para no reconocer sus derechos constitucionales, en un entorno de asesinatos, desplazamiento forzado y confinamiento. Entre 1989 y 1994, en Putumayo, Caquetá y Guaviare, 1.115 personas fueron asesinadas por motivos políticos, siendo la mayoría colonos, pequeños campesinos e indígenas desplazados o eliminados por la revalorización especulativa de sus tierras. En el norte del Cauca, la presencia paramilitar se articuló a la expansión de la minería ilegal a gran escala. En el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, en el Pacífico nariñense, la presión se intensificó desde 2002 con la expansión de cultivos de coca impulsada por la columna Daniel Aldana de las FARC-EP, sumándose a la presión previa de la palma.

¿Es entonces un patrón estructural?

Sí, pero no del modo que sugiere la lectura conspirativa. No hay un Estado central que diseñe y ejecute el exterminio a lo largo de medio siglo. Hay algo más persistente y, por eso mismo, más difícil de desmantelar: un régimen agrario cuya arquitectura institucional es incapaz de procesar la demanda organizada de tierra y autonomía campesina, y que ha convivido —con grados variables de tolerancia, complicidad, negación y ocasional patrocinio— con actores privados que sí disponen de la capacidad y los incentivos para eliminar físicamente a quienes esa demanda encarnan. La violencia delegada opera como sustituto funcional de la política agraria.

Las cuatro lecturas convergen sin cancelarse. La continuidad estructural identifica el patrón: el perfil de la víctima, la geografía y la función política son reconociblemente los mismos de la UP a los firmantes del Acuerdo. La lectura del despojo económico identifica el motor primario contemporáneo: en el Pacífico afrocolombiano, en los Montes de María, en la Altillanura y en la frontera amazónica, la violencia selectiva sirve a la apropiación territorial y al usufructo de economías extractivas legales e ilegales. La impunidad estructural identifica la condición de reproducción: sin costo judicial, con subregistro sistemático y negación institucional de las ejecuciones extrajudiciales, cada actor armado hereda un repertorio probado. La fragmentación interna identifica el cofactor endógeno: la debilidad del sujeto político campesino, escindido en la ANUC entre Sincelejo y Armenia, cooptado por el DRI, dividido en la UP, atomizado tras Tómala en 1977, facilitó la violencia externa tanto como la violencia externa la produjo.

Bajo las cuatro late una ausencia común: el Estado colombiano no construyó, en cincuenta años, una institucionalidad agraria capaz de procesar la reforma. El INCORA e INCODER fueron erosionados, capturados o disueltos; el Acuerdo de Chicoral revirtió las expectativas del Frente Nacional; la Ley 1448 opera con más de la mitad de solicitudes rechazadas en filtro administrativo y con seguridad delegada al Ministerio de Defensa. En ese vacío, la eliminación selectiva del liderazgo funciona como política agraria por otros medios: resuelve el conflicto que las instituciones no procesan.

¿Y por qué el posacuerdo no rompió el ciclo?

El caso confirma la hipótesis. El desarme de las FARC-EP fue una decisión del Estado; el vacío que dejó era previsible; los planes de sustitución voluntaria y de reincorporación existieron sobre el papel. Y sin embargo, en los territorios donde la sustitución habría exigido presencia estatal masiva y sostenida —Putumayo, Caquetá, Guaviare, Catatumbo, Tumaco—, esa presencia no llegó, o llegó militarizada y sin oferta institucional. Los líderes que asumieron la promoción del PNIS fueron asesinados con la regularidad de un pronóstico. No hubo conspiración: hubo incapacidad institucional crónica, tolerancia frente a economías extractivas que se benefician del silencio del campo, e impunidad heredada. Es más grave que una conspiración, porque no requiere autores centralizados para reproducirse.

La violencia selectiva contra el liderazgo social rural es, entonces, reedición del patrón UP en cuanto al perfil de la víctima y a la función política; es una tecnología estructural de gobierno del territorio rural en cuanto sustituye a una política agraria inexistente; y pone en duda la capacidad del régimen para integrar opositores y desmovilizados sin violencia porque no ha construido los dispositivos —institucionales, judiciales, agrarios— que harían esa integración posible. El asesinato de más de 300 excombatientes de las FARC-EP hasta 2021 no es incumplimiento del Acuerdo por parte del Estado central: es demostración de que el Estado central no controla las condiciones que hacen viable el Acuerdo en el territorio.

¿Qué queda abierto?

Tres flancos resisten al cierre.

El primero: ¿cuánto pesa el daño cívico paramilitar de larga duración? La expansión paramilitar desde los años ochenta no solo mató líderes: reorganizó la política local, capturó administraciones municipales, reconfiguró el clientelismo, colonizó gremios, prensa y magisterio en regiones enteras. Ese daño cultural y político supera el horizonte temporal de cualquier programa de posacuerdo. La reparación exige una temporalidad de generaciones, y ninguna institución colombiana está diseñada para operar en ese plazo. ¿Es posible reconstruir tejido cívico rural sin desmontar antes las redes que se consolidaron bajo el amparo paramilitar y que hoy operan con etiquetas nuevas?

El segundo: ¿cómo pesa la dimensión de género en el trabajo de memoria y denuncia? El genocidio de la UP eliminó predominantemente a hombres —los datos del confinamiento por Covid arrojan 93% hombres y 7% mujeres, consistente con el sesgo del liderazgo rural—; la memoria activa quedó en manos de viudas, madres y hermanas. Aida Avella e Iván Cepeda representan un trabajo político sostenido durante décadas en condiciones de amenaza permanente. Las reclamantes de restitución en Antioquia, según testimonios de la Corporación Jurídica Yira Castro, enfrentan una carga adicional de vulnerabilidad. ¿De qué modo esa feminización por defecto demográfico produjo formas específicas de denuncia y archivo? ¿Y cómo fueron esas formas, a su vez, blanco de una violencia diferenciada?

El tercero: ¿qué relación existe entre el asesinato de líderes y el reclutamiento forzado de niños y adolescentes? La Defensoría del Pueblo ha documentado que grupos armados en el posacuerdo utilizan citaciones y mensajes para cobros extorsivos y para reclutamiento forzado bajo amenaza, y que intimidan a la población civil mediante ofrecimientos de "seguridad" a cambio de "apoyo". Los líderes comunitarios —promotores del PNIS, dirigentes de Juntas de Acción Comunal, autoridades indígenas y afrocolombianas— son con frecuencia el primer obstáculo local al reclutamiento. Su eliminación no solo despeja el territorio para la coca, la minería o la palma: despeja también el acceso demográfico a la próxima generación de combatientes. Los patrones geográficos y la selectividad ocupacional de las víctimas sugieren esa conexión, aún poco explorada.

Lo cierto en 2024 es que Colombia entró al posacuerdo sin desarmar la tecnología que mata a sus líderes rurales. El Acuerdo de La Habana, firmado por Juan Manuel Santos y ratificado tras el revés del plebiscito, ofrecía la oportunidad de romper el ciclo abierto en 1984 con la UP. La oportunidad no se tomó, o no se pudo tomar, porque la ruptura exigía transformaciones institucionales —reforma agraria efectiva, justicia con capacidad de esclarecimiento, presencia estatal integral en la frontera— que ningún gobierno ha estado dispuesto o capacitado para emprender a la escala requerida. Y cuando la pregunta se detiene en los nombres, deja de ser abstracta.

Jaime Pardo Leal fue asesinado en 1987, Bernardo Jaramillo Ossa en 1990, Manuel Cepeda Vargas en 1994, José Antequera en 1989. Yolanda Izquierdo fue asesinada en 2007 tras reclamar predios despojados por las AUC en Córdoba; Temístocles Machado en 2018 en Buenaventura, defendiendo tierras colectivas frente a la expansión portuaria; María Mercedes Castro en 2020 en Nariño, promotora del PNIS; Jesús Adán Quinto en 2021 en Chocó, autoridad de consejo comunitario. Entre unos y otros median décadas, cambian los perpetradores nominales, cambian las siglas de los grupos armados, cambian los ministros y los presidentes. La función de sus muertes, en cambio, no cambia: organizaron a los suyos, defendieron un territorio, disputaron un orden. ¿Puede llamarse coyuntura a lo que se repite durante cincuenta años sobre el mismo perfil de víctima y en las mismas geografías? La pregunta responde sola.