Las FARC y la economía cocalera, 1982-2016

El acoplamiento guerrillero con la economía ilegal, 1982-2016

En mayo de 1982, en las estribaciones de La Uribe (Meta), poco más de un centenar de delegados de las FARC clausuraron su VII Conferencia con dos decisiones que reordenarían el mapa de la guerra colombiana. La primera fue nominal: añadieron a sus siglas la partícula "EP" —Ejército del Pueblo— y con ella el mandato de dejar de ser guerrilla campesina defensiva para convertirse en fuerza ofensiva. La segunda fue estratégica: aprobaron el Plan Estratégico Político Militar, un cálculo de ocho años que proyectaba llegar a 28.000 combatientes distribuidos en frentes nuevos, tenaza sobre Bogotá y ofensiva final. Nada de aquello podía pagarse con los repertorios financieros existentes. Y justamente entonces, en las mismas selvas del piedemonte donde las FARC crecerían, empezaba a estabilizarse el cultivo de coca.

La pregunta que este artículo responde es si el matrimonio subsiguiente entre insurgencia y economía cocalera fue una alianza de conveniencia entre actores ideológicamente antagónicos, sujeta en principio a divorcio, o una mutación estructural que reescribió el proyecto guerrillero hasta hacerlo irreconocible respecto de su origen. La respuesta, matizada, es la segunda: el vínculo empezó siendo funcional y terminó siendo constitutivo, y esa diferencia de grado se volvió, con los años, diferencia de naturaleza. El caso paralelo del ELN —anclado en la extorsión petrolera del nororiente y no en el gramaje cocalero— confirma la tesis por contraste y explica por qué La Habana no es un molde replicable.

Por qué la pregunta pesa

La pregunta no es de contabilidad. Interrogar la relación entre insurgencia y renta ilegal es interrogar qué clase de actor se sienta a negociar cuando llega el momento, y qué clase de paz puede firmarse con él. Si las FARC solo se financiaron con coca —modo instrumental, adjetivo, reversible—, el Acuerdo del Teatro Colón de noviembre de 2016 clausuró un ciclo político. Si en cambio la coca las transformó hasta volverlas dependientes de una economía rentista, con efectos sobre su geografía, sus decisiones militares y su horizonte político, entonces el acuerdo negoció con un actor que ya no era el de 1982, y los más de trescientos excombatientes asesinados en los cinco años siguientes a la firma sugieren que las estructuras económicas que la insurgencia dejó tras de sí no se desmontan con la entrega de fusiles.

De la respuesta depende, además, la lectura de la trayectoria divergente del ELN. La organización de Fabio Vásquez Castaño, más tarde de Manuel Pérez Martínez y luego de Nicolás Rodríguez Bautista (Gabino) —que en 1989 se deslindó formalmente del narcotráfico y que hasta bien entrado el siglo XXI habría movido en drogas sumas marginales, del orden de un millón de dólares— ilustra que la trayectoria FARC no era la única posible para una guerrilla marxista colombiana. Que las conversaciones con el ELN no hayan podido replicar el formato La Habana no es un accidente diplomático: es la consecuencia lógica de una economía de guerra distinta y de una estructura federada que dispersa la decisión.

Los términos del debate

Dos grandes lecturas se disputan el sujeto. La primera, más benigna con la autonarrativa insurgente, sostiene que el vínculo fue territorial-funcional: donde el Estado no llegaba y donde el campesinado colonizador cultivaba coca por falta de alternativas, las FARC hicieron lo que cualquier autoridad de facto haría —cobrar tributo, regular el mercado, arbitrar disputas—. La coca habría sido una fuente entre otras, un "mal necesario" —así lo reconocieron excombatientes ante la Comisión de la Verdad— para sostener una guerra que no habían escogido librar en ese lenguaje. En esta lectura, el proyecto revolucionario permaneció intacto en su núcleo doctrinario; la creación de la Unión Patriótica en 1985, tras los Acuerdos de La Uribe con Belisario Betancur, sería la prueba de que la organización buscaba articular lo armado y lo político dentro del marco de la "combinación de todas las formas de lucha".

La segunda lectura, más severa, sostiene que el acoplamiento con la coca —y con el secuestro masivo, y con la extorsión sistemática— produjo una mutación cualitativa. No solo alteró el tamaño y la geografía de las FARC: reorientó su lógica interna. Un ejército que depende de la renta territorial extrae de esa dependencia consecuencias en su forma de reclutar, de controlar población y de negociar. La renta exige territorio; el territorio exige frentes; los frentes exigen más renta. El bucle, una vez cerrado, no se abre por decreto ideológico. En esta lectura, la Ley 002 del año 2000 —que impuso un tributo del diez por ciento a personas con activos superiores a un millón de dólares— y la modalidad de "pesca milagrosa" —retenes carreteros donde se secuestraba a treinta o cuarenta personas a la espera de encontrar entre ellas a alguien adinerado— no son excesos de guerra sino síntomas de una organización que había interiorizado la lógica del rentismo criminal aunque siguiera nombrándose con el vocabulario del Ejército del Pueblo.

Entre las dos lecturas, la pregunta de fondo es si la "combinación de formas de lucha" —fórmula clásica del comunismo colombiano de los años sesenta, que legitimaba el uso simultáneo de la política legal y la insurgencia armada— podía sostenerse en guerra prolongada sin que la forma económica de la insurgencia terminara devorando a la forma política. La respuesta que aquí se defiende es que no podía, y que ese fue el problema principal del proyecto FARC como proyecto revolucionario.

La evidencia del salto: de mil a treinta frentes

Al momento de la VII Conferencia, las FARC contaban con aproximadamente mil combatientes distribuidos en unos diecisiete frentes. Para 1986, al final del gobierno Betancur, habían llegado a unos 3.600 combatientes en treinta frentes; en 1987 los frentes eran ya treinta y tres. La organización se triplicó en cuatro años, y lo hizo en el mismo período en que Betancur ensayaba su iniciativa de paz —cese al fuego, tregua, apertura política— y la presión militar sobre las FARC era prácticamente nula. Los ministros de defensa Fernando Landazábal, que renunció en 1984 en abierta oposición al proceso, y su sucesor Rafael Samudio Matamoros, protestaron sin éxito. Las FARC aprovecharon la tregua para hacer lo que Jacobo Arenas y el propio Manuel Marulanda Vélez habían decidido en La Uribe: ejecutar el Plan Estratégico.

Ese crecimiento no se financió con las viejas prácticas —extorsión a hacendados, secuestros esporádicos, contribuciones de simpatizantes—. La base material del salto vino de los nuevos ingresos por secuestro sistemático y gramaje cocalero. El propio Arenas, ideólogo del Secretariado, diseñó junto con la dirigencia el plan de ocho años sobre la base explícita de que esos ingresos permitían proyectar un ejército de 28.000 hombres. La estrategia centrífuga —crear continuamente frentes nuevos en puntos clave del país— exigía capital de instalación; la coca lo proveía.

Un detalle documenta el paso del gramaje espontáneo al gramaje institucional. Antes de la VII Conferencia, un mando vinculado a Javier Delgado había empezado a cobrar tributo a campesinos cocaleros sin autorización del Estado Mayor. La práctica contribuyó a su descrédito ante la dirigencia. Lo que la VII Conferencia hizo no fue inventar el gramaje: fue asumirlo, ordenarlo y colocarlo bajo mando central. Ese matiz es decisivo. El gramaje preexistía como iniciativa desordenada; a partir de 1982 se volvió política. Y las políticas, en las organizaciones armadas, tienen consecuencias estructurales que las iniciativas dispersas no tienen.

La geografía como prueba

La segunda evidencia es geográfica. Entre 1977 y 1987, el piedemonte amazónico —Caquetá, Putumayo, Guaviare— vivió una ola de colonización campesina impulsada por el auge cocalero, y los cultivos pasaron de 2.500 hectáreas en 1981 a 17.600 en 1985. El Putumayo, que desde 1974 había funcionado como zona de tránsito para la cocaína peruana del Alto Huallaga, empezó a albergar laboratorios de los carteles de Medellín y Cali en el Valle del Guamuez y en San Miguel. En esas zonas de débil presencia estatal, economía extractiva y colonos vulnerables a la fluctuación de los precios agrarios, las FARC crecieron. En los Llanos Orientales, la organización se consolidó tras la VII Conferencia con una estructura territorial sin precedentes. En 1991, la creación del Frente 48 en el Bajo Putumayo formalizó la presencia FARC en el corazón de la economía cocalera, con tributos diferenciados según el eslabón —cultivador, procesador, comprador—.

La geografía del acoplamiento se reveló con más nitidez cuando, a comienzos de los años dos mil, el centro de operaciones del Plan Colombia —fumigaciones aéreas de glifosato— se instaló en Putumayo y Caquetá. Los cultivos, junto con el andamiaje humano y logístico del narcotráfico, se desplazaron hacia el Pacífico nariñense, alrededor de Tumaco, aprovechando ríos, esteros, proximidad al mar y frontera con Ecuador. Las FARC —a través de sus estructuras en Nariño, Cauca y Valle del Cauca— siguieron ese desplazamiento. La expansión del suroccidente no puede explicarse en clave ideológica: los territorios de colonización afrodescendiente e indígena del Pacífico nariñense no eran, en 1990, escenarios de tejido político comunista. Fueron escenarios de corredor estratégico. La lógica no era la de extender un proyecto, sino la de seguir la renta hacia donde el mercado la había empujado, disputando a los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur —que llegó a la zona en 1999— el control de las salidas al mar.

Ese desplazamiento tuvo consecuencias sobre poblaciones que no habían sido parte de la historia clásica de las FARC. Comunidades negras del Pacífico nariñense y comunidades indígenas como los Embera enfrentaron el control armado de un actor que las percibía funcionalmente —como habitantes de un corredor cocalero—, y no políticamente. Los homicidios contra quienes se resistieron al pago de "vacunas" o fueron sospechados de colaboración con la fuerza pública son coherentes con una lógica de administración territorial extractiva; no lo son con la de una guerrilla que se enunciaba como vanguardia de esos mismos sectores subalternos. Donde había habido trabajo político previo —zonas históricas de La Uribe, el sur del Tolima, el Magdalena Medio—, el vínculo entre las FARC y su base social respondía a códigos compartidos. Donde no lo había, el control se impuso por terror. Esa asimetría interna cuestiona cualquier narrativa homogénea sobre la organización.

El ELN como contraste

La divergencia del ELN confirma la tesis por contraste. El primer secuestro atribuido al ELN se registró en 1970 y durante casi dos décadas su ritmo fue de apenas tres secuestros anuales, hasta que en el período de Escalamiento —1990 a 1995— la organización cometió 781, con episodios masivos como la retención de 143 feligreses en una iglesia de Cali en mayo de 1999. Pero su economía de guerra no descansó sobre la coca: hacia comienzos de los dos mil, cerca del sesenta por ciento de sus ingresos provenía de la extorsión y un veintiocho por ciento del secuestro, mientras el narcotráfico apenas rondaba el seis por ciento. Las cifras son debatibles en su exactitud; no lo es la asimetría estructural que revelan.

El motor de la extorsión eleena fue el petróleo. En julio de 1983 —el mismo año de la resaca de la VII Conferencia FARC—, Occidental Petroleum descubrió petróleo en Caño Limón, en Arauca, tras una inversión de setenta millones de dólares; en noviembre las pruebas confirmaron reservas de hasta mil millones de barriles. El oleoducto Caño Limón-Coveñas, de ochocientos kilómetros, se construyó en tiempo récord de dos años y permitió que Colombia volviera a exportar petróleo hacia 1986. Sobre esa infraestructura, el ELN construyó un rol de intermediación política: extorsionaba a contratistas, gobiernos locales y multinacionales, y canalizaba una parte de esos recursos hacia colonos, trabajadores y comunidades locales. En 1990, la organización operaba en toda la frontera nororiental con Venezuela, desde Arauca hasta La Guajira, pasando por Norte de Santander y Cesar. El propio Gabino admitió públicamente, en una entrevista televisiva del año 2000, que la organización se financiaba con extorsión y secuestro.

Que el ELN se haya deslindado formalmente del narcotráfico en 1989 —una postura sostenida durante casi dos décadas, hasta que a partir de 2007 su presencia en actividades relacionadas con la coca creció, sobre todo en el Catatumbo y en el corredor nariñense— no es un dato menor. Prueba que una guerrilla marxista colombiana podía elegir no acoplarse con la coca y sostener el conflicto sobre otras bases: renta petrolera, secuestro sistemático, extorsión a economías legales. Esa elección tuvo costos —el ELN nunca alcanzó el tamaño ni la capacidad ofensiva de las FARC— y explica su estructura organizativa. La federación de frentes con autonomía relativa, propia del ELN, encaja con una economía de guerra descentralizada por enclaves; la centralización FARC bajo el Secretariado encaja con una economía de guerra que exige coordinación de precios, corredores y compras. Estructura y renta se coprodujeron.

Esa divergencia es la razón principal por la cual el modelo La Habana no ha podido replicarse con el ELN. No es un problema de voluntad negociadora ni de agenda: es un problema de sujeto. El ELN federado, con una economía de guerra dispersa y una tradición de deslinde nominal del narcotráfico, negocia distinto porque es distinto.

Mutación por acumulación, no por diseño

El acoplamiento FARC-coca no empezó como diseño doctrinario: empezó como respuesta pragmática de una organización que necesitaba financiar un plan estratégico ambicioso y encontró en la coca la única fuente capaz de proveer capital a esa escala. La lectura funcional tiene razón en el origen. Pero la lectura estructuralista tiene razón en el efecto. Una vez ejecutado el Plan Estratégico —pasar de mil a más de veinte mil combatientes en las estimaciones altas de finales de los noventa, con rentas ilegales que el Departamento Nacional de Planeación calculó en cerca de seiscientos millones de dólares conjuntos con el ELN en 1996—, el proyecto FARC se había vuelto inseparable de la economía territorial que lo sostenía.

Esa mutación es visible en tres dimensiones. La primera, política: en 1991, cuando la Constitución abrió la puerta a la izquierda armada —el M-19 la había cruzado el año anterior—, las FARC y el ELN renovaron su declaración de guerra al Estado. La opción de la política legal, formalmente posible, era materialmente incompatible con una organización cuya reproducción dependía del control territorial. La segunda, negociadora: durante las conversaciones de El Caguán con Andrés Pastrana entre 1998 y 2002, dirigentes de las FARC reconocieron que no concebían la mesa como una negociación sino como un diálogo, porque se creían cerca del "golpe final". Esa autopercepción se sostenía en la acumulación material que la renta ilegal había hecho posible. La tercera, geográfica: la organización que en 1982 estaba anclada en el sur del Tolima, La Uribe y el Magdalena Medio, hacia 2005 tenía sus retaguardias en Putumayo, Guaviare, Vaupés, Catatumbo y Pacífico nariñense —la misma geografía de la coca—.

La formalización de la extorsión mediante la Ley 002 del año 2000 marca simbólicamente el punto en que la mutación se hizo explícita en el lenguaje interno de las FARC. Un ejército revolucionario no legisla tributos sobre el patrimonio privado en el idioma técnico de un sistema fiscal; una organización que ha internalizado la lógica de la administración territorial rentista, sí.

Que la mutación fuera acumulada y no diseñada no la vuelve reversible. La ofensiva de Álvaro Uribe Vélez a partir de 2002 —posibilitada políticamente por el desprestigio que las FARC habían acumulado en El Caguán, con episodios como el secuestro del alcalde de La Sierra, Rigo Alberto Calvo, por la Columna Jacobo Arenas en 2002— replegó a la organización sobre sus retaguardias cocaleras y fronterizas. Ese repliegue fue la condición material que hizo posible, una década después, la negociación de La Habana bajo Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez. Pero negoció con un actor que ya había mutado, y las estructuras económicas heredadas —zonas de cultivo, corredores, redes de compra-venta, alianzas con narcotraficantes a los que a partir de 2007 las FARC empezaron a comprar cautivos secuestrados por delincuencia común— no se desmontaron con la firma. La violencia contra excombatientes tras 2016 se alimenta, entre otras cosas, de ese residuo estructural.

Frontera vaciada, no borrada

La lectura que reduce las FARC a un cartel más pierde tanto como la que las mantiene en el registro de la insurgencia clásica. El acoplamiento con la coca vació la frontera con el crimen organizado sin borrarla. Las FARC nunca controlaron los eslabones altos de la cadena —transformación fina, exportación, distribución internacional—; esos eslabones fueron dominio del modelo paisa centralizado de Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, del modelo de articulación periférica de Alberto Orlández Gamboa (alias Caracol) y el llamado Cartel de la Costa —basado en el contrabando previo y en alianzas étnicas con redes de la Sierra Nevada y La Guajira—, y más tarde de los paramilitares de la casa Castaño y de estructuras como el Bloque Héroes de Tolová o "La Empresa" de Jorge 40 en la Costa Caribe.

Las FARC ocuparon los eslabones competitivos iniciales: cultivo, pasta, base. Actuaron como reguladoras de derechos de propiedad y de transacciones entre campesinos y compradores, cobrando gramaje diferenciado. Esa división funcional del trabajo criminal explica dos hechos simultáneos: la coexistencia relativa entre guerrillas y narcotraficantes durante largos períodos —cada uno en su eslabón— y la guerra frontal con los paramilitares cuando estos, siguiendo la lógica de la casa Castaño, decidieron arrebatar los eslabones bajos y consolidar el control vertical de la cadena, desde el cultivo hasta el corredor de exportación.

Ese diseño no equivale al de un cartel. Un cartel no busca gobernar población; las FARC sí. Un cartel no negocia la paz con el Estado en un marco de justicia transicional; las FARC lo hicieron. Un cartel no tiene un programa agrario; las FARC lo tuvieron, incluso en versiones cada vez más desdibujadas por el correr de los años. Pero un movimiento revolucionario que administra tributos cocaleros durante tres décadas, que impone la Ley 002, que practica pesca milagrosa y que se convierte, en las estimaciones más altas, en el principal actor colombiano en el eslabón cultivador, tampoco es ya, sin más, un movimiento revolucionario en el sentido en que lo fueron los frentes centroamericanos.

Es en ese punto donde la comparación con Centroamérica se rompe. El FMLN salvadoreño y el URNG guatemalteco negociaron sin dependencia estructural de renta territorial ilegal. Colombia no tuvo el mismo sujeto sentado a la mesa. Que Perú y Bolivia —países con producción cocalera pero sin acoplamiento insurgente equivalente— no derivaran hacia el patrón colombiano muestra que la fusión narco-conflicto no se explica por la coca en sí: se explica por la coincidencia colombiana de una insurgencia preexistente, una debilidad estatal territorial pronunciada y una geografía —piedemonte amazónico, Pacífico, cordilleras fronterizas— que favoreció el control rentista.

El ingreso más pronunciado del ELN en actividades relacionadas con el narcotráfico a partir de 2007 —en Catatumbo, en el corredor Nariño-Pacífico, en enclaves fronterizos— sugiere que la trayectoria divergente que mantuvo durante casi dos décadas puede estar cerrándose. Si el ELN sigue el camino que las FARC recorrieron entre 1982 y 2000, la posibilidad de una negociación política sostenible con esa organización se estrechará por las mismas razones estructurales que hicieron de La Habana un proceso técnicamente exitoso y socialmente frágil. Cuarenta años después de La Uribe, el problema que allí se abrió sigue produciendo territorio armado, y sigue enterrando a los que creyeron que la firma bastaba para clausurarlo.