Construcción estatal de la categoría 'cocalero' y criminalización campesina (1977–1990)

Construcción estatal de la categoría 'cocalero' y criminalización campesina (1977–1990)

Entre finales de los años setenta y el umbral de los noventa, en las zonas de colonización del Bajo Putumayo y el Caquetá, una palabra empezó a hacer trabajo pesado en el vocabulario del Estado colombiano, de los medios y de las Fuerzas Militares: cocalero. No era, en principio, un término de censo ni de padrón agrario, sino una etiqueta que se fue endureciendo hasta funcionar como marcador de sospecha. Aplicada sobre poblaciones campesinas que habían llegado a la Amazonia occidental empujadas por el fracaso agrario andino y por el desmantelamiento silencioso de la reforma agraria, la categoría condensó en un solo cuerpo al colono, al cultivador, al presunto auxiliar de la guerrilla y al eslabón inicial del narcotráfico. En esa condensación se jugó buena parte del tratamiento que el Estado daría, primero, a las movilizaciones cocaleras de 1996 y, después, a las masacres del Bajo Putumayo y a la fumigación aérea del Plan Colombia. La categoría precedió y preparó el desastre.

Este artículo reconstruye cómo se formó ese dispositivo en el periodo 1977–1990: no por decisión de un solo decreto o campaña, sino por la convergencia de tres procesos paralelos —la Doctrina de Seguridad Nacional expresada en el Estatuto de Seguridad de 1978, la retórica narco-guerrilla consolidada tras el hallazgo de Tranquilandia en 1984 y el vacío ciudadano estructural del colono amazónico— sobre un territorio donde las FARC ejercían de hecho funciones de autoridad y regulación económica. La convergencia dio a la etiqueta una eficacia criminalizadora que descansaba en algo más que en el discurso: en la imbricación funcional real, producto del propio abandono estatal, entre cultivadores y guerrilla.

La frontera antes de la coca: colonos, fundos y una ciudadanía a medias

La Amazonia occidental colombiana no era, en 1977, un vacío. Desde mediados del siglo XX, oleadas de campesinos andinos habían bajado al piedemonte de Caquetá y Putumayo empujadas por la violencia bipartidista, por la concentración de la tierra en las cordilleras y por la sustitución silenciosa de la reforma agraria por programas de colonización dirigida. En el vocabulario oficial y en el propio uso de los pobladores, la figura central era el colono: un hombre —la narrativa era explícitamente patriarcal hasta bien entrados los años noventa— que talaba selva, "se fundaba" y abría fundo, es decir, expandía por su cuenta la frontera agrícola donde el Estado no había querido o no había podido llegar.

Ese modelo llegó pronto a su límite. Los programas de colonización dirigida del Incora fracasaron en el Caquetá: sin titulación firme, sin vías, sin salud, sin educación, con créditos que se convirtieron en cadenas de endeudamiento, cientos de colonos quebraron. En 1972, más de diez mil campesinos y colonos se trasladaron a la capital del departamento en un paro que exigía respuestas al Instituto. La ausencia del Estado no era metáfora: los funcionarios no salían de las cabeceras municipales y los habitantes de la Amazonia se describían a sí mismos como invisibles. El acceso al crédito agrario era percibido como inalcanzable para la mayoría.

Sobre ese cuadro se montó, entre 1977 y 1987, la introducción del cultivo de coca. Conviene precisar la geografía. En el Bajo Putumayo —el Valle del Guamuéz, San Miguel, Orito, La Hormiga, Puerto Asís— el cultivo entró después de una fase en la que la región había servido, desde 1974 aproximadamente, como zona de tránsito de hoja peruana hacia los laboratorios del interior. Los carteles de Medellín y Cali instalaron allí cristalizaderos que procesaban base traída del Perú antes de que la coca se sembrara localmente. El paso de tránsito a siembra se aceleró a comienzos de los ochenta, cuando los propios narcotraficantes promovieron el cultivo en la zona para asegurar materia prima local, un desplazamiento que se profundizó cuando la política peruana de Alberto Fujimori empezó a derribar los aviones que llevaban pasta base hacia los cristalizaderos del Caquetá.

En el Caquetá la sustitución fue más doméstica: la coca desplazó al maíz y al arroz, que habían sostenido la economía del sur del departamento en los años sesenta y setenta. Alrededor del 80% de los campesinos del sur del Caquetá adoptó el cultivo. En el Guaviare, la colonización propiamente cocalera se aceleró a inicios de los años ochenta; en Nariño y el sur del Cauca, la conexión con la economía cocalera del Putumayo se dio por migración de jornaleros y minifundistas sin tierra, y por reacomodo posterior cuando esas economías fueron golpeadas en el piedemonte. La Orinoquia —Casanare, norte del Meta— siguió otra lógica: allí, controlada por ejércitos privados de narcotraficantes, predominaron los laboratorios de procesamiento y la infraestructura de exportación, no la colonización campesina cocalera. Esta diferenciación territorial va a importar: no todo lo que tocaba la cadena de la cocaína iba a ser tratado como cocalero.

Entre 1981 y 1985, el área cultivada de coca en Colombia pasó de 2.500 a 17.600 hectáreas. En 1984, el país ocupaba el tercer lugar mundial en área cultivada, detrás de Bolivia y Perú, pero el primero en exportaciones de cocaína. La cifra revela la asimetría de la cadena: Colombia concentraba el procesamiento y la exportación —los eslabones caros y peligrosos— mientras el cultivo, con menor riesgo económico-legal, era el segmento que menos participaba del precio final. En el mismo periodo, la ganadería del Caquetá vivía un crecimiento notable, y no era casual: colonos que hacían caja con la coca reinvertían en ganado para capitalizar sus fundos. La bonanza dejaba huella en el paisaje.

El Estatuto de Seguridad: el enemigo interno antes que la coca

Para entender cómo el Estado leyó lo que estaba pasando en el piedemonte hay que retroceder a un decreto anterior al pico cocalero. El Estatuto de Seguridad se expidió mediante el Decreto Legislativo 1923 del 6 de septiembre de 1978, durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, al amparo del estado de sitio declarado por el Decreto 2131 de 1976. Su marco ideológico era la Doctrina de Seguridad Nacional, que dividía a la población entre quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de la nación, sin posición neutral posible. Bajo esa lógica, huelgas, manifestaciones y ciertas formas de organización social pasaron a ser leídas como focos de conflicto susceptibles de control estatal, y la protesta social fue trasladada, en la práctica, a la órbita de la justicia penal militar.

Antes incluso del Estatuto, el Decreto 0070 de enero de 1978 había concedido a policías y militares una inmunidad criminal especial por homicidios cometidos en operaciones relacionadas con secuestros, extorsiones o tráfico de drogas. La conexión entre la lógica contrainsurgente y el combate al narcotráfico quedaba, así, anudada desde el arranque del gobierno Turbay, meses antes de que existiera formalmente el Estatuto. Este último endureció las penas del delito de rebelión —de cinco a nueve años para participantes, de ocho a doce años para líderes—, amplió las prerrogativas de los organismos de seguridad para detener sin orden judicial e institucionalizó de facto la tortura, convirtiendo el delito político en delito común. Bajo su vigencia se registraron, de forma sistemática, detenciones indiscriminadas, allanamientos, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales contra líderes sindicales, estudiantiles, campesinos e intelectuales de izquierda.

El punto crítico para la formación del cocalero no es que el Estatuto lo nombrara —no lo nombraba—, sino que dejó montada una gramática. La Doctrina de Seguridad Nacional había construido la figura del enemigo interno con contornos suficientemente elásticos como para incluir a cualquier campesino en zona de conflicto: la sospecha de simpatías comunistas bastaba para ser tratado como enemigo. Cuando, pocos años después, empezaron a llegar al piedemonte amazónico dinámicas de coca, guerrilla y narcotráfico, esa gramática ya estaba disponible para absorberlas. La categoría cocalero, en su acepción criminalizadora, no fue inventada por el Estatuto, pero se hizo posible en el suelo que el Estatuto había preparado.

Tranquilandia y la ecuación narco-guerrilla: 1984 como bisagra

Marzo de 1984. En los llanos del Yarí, en la selva entre Caquetá y Meta, la Policía Antinarcóticos, con apoyo estadounidense, destruye el complejo de laboratorios de Tranquilandia. El operativo se convierte en el episodio fundacional de una nueva narrativa. Semanas después, en abril, es asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, y el gobierno de Belisario Betancur decreta estado de sitio contra el narcotráfico. El embajador estadounidense Lewis Tambs, siguiendo la línea del gobierno Reagan, promueve una campaña deliberada para vincular a las guerrillas colombianas —y en particular a las FARC— con el negocio de la cocaína, hilando la operación de Tranquilandia con una supuesta alianza narcoterrorista. Después se probaría que las guerrillas no eran dueñas del complejo; la corrección, sin embargo, nunca alcanzó el peso de la acusación original.

De ese momento en adelante, el discurso oficial ya no distinguirá con claridad —cuando le convenga políticamente— entre cultivador campesino, guerrillero y narcotraficante en las regiones amazónicas de presencia de las FARC. La ecuación narco-guerrilla fue reconfigurando la arquitectura de seguridad colombiana: orientó recursos, tensiones institucionales y expectativas de eficacia hacia quienes lograran reprimir esa presunta fusión, y expandió las demandas de mayor poder bélico. Sobre el terreno, la fusión dio un blanco: los territorios de colonización cocalera donde había frentes guerrilleros. No las sabanas del Meta ni el Casanare de los laboratorios narcos sin colonización campesina; no la costa Caribe de la bonanza marimbera anterior. La etiqueta cocalero se aplicó selectivamente sobre las zonas donde la fusión resultaba políticamente rentable de sostener.

Hay que decirlo sin rodeos: la ecuación no era enteramente falsa en lo funcional, aunque fuera profundamente engañosa en lo político. Desde mediados de los años ochenta, las FARC se habían vinculado a las zonas de expansión cocalera cobrando gramaje —un impuesto por kilo comprado— a los mafiosos, protegiendo pistas de aterrizaje y laboratorios clandestinos, y fijando reglas de mercado que trasladaban la carga tributaria de los campesinos a los patrones. La guerrilla intervenía también para contrarrestar el fraude en el pesaje que los compradores hacían con grameras adulteradas. En zonas donde el Estado no llegaba, las FARC ejercían funciones de autoridad de facto: resolvían disputas cotidianas, sancionaban delitos comunes, imponían orden público. La población acomodó pragmáticamente su relación con quien ejercía el control por la fuerza. Entre 1983 y 1991, las FARC pasaron de 1.500 integrantes a 5.800, repartidos en 48 frentes.

La imbricación era real. Lo que la narrativa oficial invisibilizó fue que se trataba de una imbricación funcional producida por el propio vacío estatal, y no de una identidad ideológica ni de una empresa criminal compartida. El campesino cocalero no era un guerrillero, aunque conviviera con la guerrilla; no era un narcotraficante, aunque le vendiera pasta a los intermediarios de los carteles. Pero al Estado le resultaba más cómodo tratarlo como ambas cosas.

El colono sin ciudadano: la posición del cultivador en la cadena

Para calibrar la injusticia de la fusión, importa entender la posición económica del cultivador. En la cadena de la cocaína, el campesino productor es el eslabón inicial y el que recibe la menor proporción del precio final. Su riesgo económico-legal es, en términos relativos, bajo comparado con el del procesamiento, el mercadeo y, sobre todo, la distribución en Estados Unidos y otros países consumidores, donde ocurre la mayor parte del incremento de precio en la cadena. Aun así, el jornal cocalero era, para el trabajador rural, incomparablemente mejor que el agrario legal: en la coca podían ganarse 50.000 o 60.000 pesos hasta el mediodía; en cultivos legales, 20.000 pesos por una jornada de siete de la mañana a cuatro de la tarde.

La coca fue, para miles de campesinos del piedemonte, la única alternativa económica viable, y no por vocación ilícita sino por bloqueo estructural. Desde 1986, las exportaciones agrícolas colombianas se deterioraron; los cultivos transitorios cayeron; la infraestructura de comercialización para productos legales era inexistente en la Amazonia; el crédito, inaccesible; los precios, castigados por la lejanía. La reforma agraria había sido reemplazada por colonizaciones dirigidas fallidas que arrojaron a colonos a territorios marginales sin bienes públicos. Sobre ese suelo germinó la coca como opción, no como elección.

La política antidrogas leyó el problema al revés. Se concentró en erradicar el cultivo —el eslabón más débil, más disperso, más visible y menos rentable de la cadena— en lugar de perseguir el conjunto del negocio. Y lo hizo sobre poblaciones a las que el discurso oficial ya no reconocía como campesinas ni como ciudadanas. Cuando en 1990 apareció en el Putumayo una plaga que exterminó la variedad caucana de coca, los cultivadores respondieron introduciendo variedades boliviana y peruana —la Tingo María— consideradas más resistentes, y adoptaron el uso masivo de agroquímicos. La consolidación del monocultivo fue también una respuesta a la presión: el campesino ya sabía que tenía que apostar todo a ese único recurso.

Las FARC como reguladores y la geografía diferencial del estigma

Hasta 1986, el arreglo entre FARC y narcotraficantes en el piedemonte funcionó como una suerte de convenio pragmático: gramaje a cambio de protección, tributos a cambio de regulación. Ese año se resquebrajó. Gonzalo Rodríguez Gacha, cuyos laboratorios en el Yarí y el sur del país dependían de esa protección, organizó estructuras paramilitares en el Ariari para enfrentar a los frentes de las FARC que operaban en San José del Guaviare y el Yarí. La confrontación gestó en Rodríguez Gacha un anticomunismo profundo, que impulsó el crecimiento del paramilitarismo en la región. Desde el Magdalena Medio, autodefensas hicieron presencia en los llanos del Yarí —Caquetá, Meta, Guaviare— y en el Putumayo, orientadas primordialmente a proteger los laboratorios del capo.

Es aquí donde la geografía diferencial se vuelve decisiva. En el Bajo Putumayo y el sur del Caquetá, la fusión discursiva cocalero–guerrillero–narco se aplicaba sobre poblaciones campesinas de colonización. En las sabanas del Meta y el Casanare, los mismos laboratorios que dieron origen a la etiqueta operaban bajo control de ejércitos privados del narcotráfico, sin que el discurso los tratara con la misma vara. El estigma se distribuía asimétricamente: donde había campesinos con presencia guerrillera, la etiqueta se pegaba; donde había narcos con ejércitos propios y sin colonización campesina, el problema se abordaba de otro modo. La categoría cocalero no fue, en rigor, una descripción del fenómeno cocalero: fue una descripción de un tipo específico de territorio y de un tipo específico de población, marcada por la superposición entre colonización, cultivo y presencia insurgente.

En el interior del propio Putumayo, la diferenciación se reproducía a escala departamental. Los pobladores del Piedemonte o el Medio Putumayo construían su identidad regional distinguiéndose de quienes eran identificados como "cocaleros, violentos y bárbaros" en el Bajo Putumayo —el Valle del Guamuéz, San Miguel, La Hormiga, El Tigre, Puerto Asís—, donde la coca y el conflicto armado marcaban la vida cotidiana. La estigmatización no venía solo desde Bogotá o desde Washington: se reproducía en el propio departamento, entre sus subregiones, señalando al Bajo Putumayo como zona sacrificable.

El colono invisible: silencio estatal y palabra ausente

Uno de los rasgos más silenciosos —y por eso más determinantes— del periodo es que el Estado colombiano nunca elaboró, en el lapso 1977–1990, un vocabulario positivo para nombrar al campesino cultivador de coca como ciudadano. No hubo, en el discurso oficial, una categoría intermedia entre el guerrillero y el narcotraficante que reconociera al colono con derechos plenos y con demandas legítimas. La ausencia no fue neutral: fue productiva. Habilitó una excepción.

Los funcionarios del Estado, en el Putumayo y La Macarena, seguían concentrados en las cabeceras municipales sin llegar a los territorios de colonización. La Comisión de Superación de la Violencia describió en 1992 el caso del Putumayo como resultado de una "ineficiencia absoluta del Estado" combinada con una colonización amazónica fuera de control, en la que los vacíos de poder fueron llenados por contrapoderes paramilitares y guerrilleros. El diagnóstico revela lo que la política contemporánea negaba: que la presencia del Estado en esas regiones había sido, ante todo, militar, y que había enmarcado el problema de los cultivos dentro de la lógica de seguridad nacional vinculada a la insurgencia, no como cuestión social o económica.

Cuando los cultivadores del Putumayo empezaron, entrados los noventa, a movilizarse políticamente y a asumir colectivamente la identidad de cocaleros o pequeños campesinos cultivadores de coca, lo hicieron precisamente para resignificar el rótulo. La palabra que el Estado había convertido en marcador de sospecha fue tomada por sus destinatarios y devuelta como identidad reivindicativa: no somos narcotraficantes, no somos guerrilleros, somos campesinos que cultivan coca porque no tenemos otra alternativa, y exigimos reconocimiento como interlocutores. Esa apropiación pertenece ya al ciclo de las marchas de 1996, fuera de este periodo, pero se entiende solo por el trabajo previo que la categoría había hecho contra ellos entre 1977 y 1990.

Violencia sobre el terreno: 1984–1990

Los años finales del periodo estuvieron marcados por una violencia creciente y focalizada. Entre 1989 y 1994, en la región del piedemonte amazónico, 1.115 personas fueron asesinadas por motivos políticos, los índices más altos del área. La mayoría de las víctimas eran colonos, pequeños campesinos e indígenas, sometidos a desplazamiento forzado o eliminados en un contexto marcado por la creciente importancia económica de la región y la revalorización especulativa de sus tierras. El despojo territorial no fue un daño colateral: fue una consecuencia sistemática del rediseño de la estructura agraria bajo presión combinada de coca, guerrilla, paramilitares y ausencia estatal.

Bombardeos estatales sobre El Pato, en el Caquetá, a comienzos de los años ochenta, ya habían generado éxodos masivos de colonos. Líderes de organizaciones campesinas fueron estigmatizados, amenazados y asesinados en zonas de disputa entre paramilitares y guerrillas. La bonanza cocalera, que había impulsado una colonización descontrolada, tuvo como reverso el despojo de territorios indígenas y la afectación profunda de las organizaciones campesinas que intentaban sostener alguna capacidad de interlocución. La acción represiva del Estado, desplegada bajo cobertura de guerra contrainsurgente y con apoyo norteamericano desde mediados de los años sesenta, había venido debilitando esas capacidades organizativas; la política antidrogas de los ochenta les asestó otra vuelta de tuerca al criminalizar a los campesinos en regiones de presencia de las FARC.

La política antidrogas fue, en ese sentido, condición de posibilidad para la victimización de la Unión Patriótica. Militantes de la UP participaron en dinámicas de organización cocalera; el discurso oficial no distinguía entre movimientos políticos de izquierda y grupos guerrilleros; los paramilitares en expansión encontraron blancos preseñalados por el propio Estado. La ecuación cocalero–guerrillero–UP funcionó, en los territorios, como sentencia previa.

Causas: convergencia, no proyecto

Conviene distinguir los planos. La categoría cocalero como dispositivo de exclusión no fue resultado de un proyecto único, sino de la convergencia de procesos diferentes.

Estructural: el fracaso de la reforma agraria y su sustitución por colonización dirigida, que arrojó a la Amazonia a poblaciones campesinas sin tierra ni bienes públicos, en condiciones que hacían de la coca —cuando llegó— la única alternativa económica viable. La alta concentración de la propiedad rural en el país; la falta de infraestructura, crédito y mercados para productos legales; el deterioro exportador de la agricultura desde 1986. Sobre ese suelo, cualquier auge extractivo iba a generar bonanzas efímeras, atracción migratoria y economía monetaria acelerada; la coca lo hizo con particular fuerza.

Doctrinal: la Doctrina de Seguridad Nacional y su concreción en el Estatuto de Seguridad de 1978. La construcción del enemigo interno como figura elástica, la equiparación de protesta social y subversión, la ampliación de la justicia penal militar sobre civiles, la inmunidad criminal a fuerza pública en operaciones de secuestro, extorsión y drogas. Cuando la coca irrumpió en el piedemonte, ya existía una gramática institucional que sabía tratarla como un problema de enemigo interno.

Coyuntural: Tranquilandia en marzo de 1984, el asesinato de Lara Bonilla en abril, el estado de sitio contra el narcotráfico, la campaña del embajador Tambs. La ecuación narco-guerrilla no nació aquí, pero aquí se cristalizó, y desde aquí empezó a operar como marco interpretativo dominante.

Funcional: la imbricación real entre FARC y economía cocalera en los territorios de colonización —gramaje, protección, regulación de mercado, autoridad de facto— dio al discurso oficial una apariencia de verosimilitud. La fusión discursiva se apoyaba en una fusión funcional que el propio Estado había producido con su ausencia.

Económico-político: el cultivador era el eslabón más accesible y menos costoso políticamente para la represión. Concentrar la política antidrogas en el cultivo, y no en el procesamiento, la exportación o la distribución, respondía a una lógica de menor resistencia: los campesinos no tenían ejércitos privados, no controlaban ciudades, no eran electores decisivos, no tenían abogados.

Consecuencias

Inmediatas (1984–1990): violencia paramilitar focalizada sobre poblaciones cocaleras del piedemonte, con protección para laboratorios de Rodríguez Gacha en el Yarí y el Bajo Putumayo; desplazamientos masivos de colonos; asesinatos de líderes de organizaciones campesinas; despojo de tierras revalorizadas; debilitamiento de la interlocución campesina con el Estado; expansión de las FARC como estructura de facto en zonas cocaleras.

De mediano plazo (años noventa): el Putumayo, que en 1991 aportaba el 5,87% de las hectáreas nacionales de coca, alcanzó el 40,43% en 2000, convertido en principal epicentro cocalero del país. Las marchas cocaleras de 1996 emergieron precisamente contra la categoría que este periodo había fabricado, y buscaron resignificar el rótulo estigmatizante desde adentro. El respaldo táctico de las FARC a esas marchas les dio dimensión, pero también reforzó la lectura estatal que las asimilaba a la guerrilla.

De largo plazo: la masacre de El Tigre en el Valle del Guamuéz —enero de 1999— y otras del Bajo Putumayo en el cambio de siglo, así como la fumigación aérea masiva del Plan Colombia, actuaron sobre poblaciones que llevaban dos décadas construidas como cuerpos sacrificables. Cuando llegó el helicóptero y llegó el paramilitar, el discurso que justificaba tratar al campesino como enemigo estaba montado desde los años ochenta. La categoría había hecho su trabajo.

Por qué sigue importando

La formación de la categoría cocalero entre 1977 y 1990 es un caso pedagógico de cómo el lenguaje estatal puede preparar cuerpos para la violencia sin necesidad de nombrarla. No hubo un decreto único que declarara enemigo al colono amazónico; hubo un decreto —el 1923 de 1978— que dejó lista la gramática, una operación —Tranquilandia, 1984— que instaló la ecuación, y un silencio estatal sostenido sobre la ciudadanía colona que dejó a la etiqueta funcionar sin contrapeso. La violencia posterior no fue una desviación: fue la aplicación coherente de una categoría que había despojado, con paciencia, a poblaciones enteras de su estatuto ciudadano.

Importa también porque la lógica no ha desaparecido. Las políticas de sustitución y erradicación de las últimas dos décadas se han apoyado, todavía, en variantes de la misma fusión. Cada vez que el Estado habla de erradicar "la coca" sin distinguir con precisión al cultivador del procesador y al procesador del exportador, reproduce la operación categórica de los años ochenta. Cada vez que la seguridad se plantea sobre poblaciones marcadas por décadas de abandono, la ecuación cocalero–guerrillero–narco vuelve a ofrecer su servicio.

Entender cómo se hizo esa palabra es, por eso, algo más que arqueología del lenguaje: es una manera de reconocer que los cuerpos sacrificables no aparecen de repente. Se fabrican, con lentitud, en la distancia entre lo que el Estado dice y lo que el Estado calla.