Cierre del programa de Sociología de la Universidad Javeriana

Cierre del programa de Sociología de la Universidad Javeriana

Entre 1972 y 1975, la Pontificia Universidad Javeriana clausuró su programa de Sociología y lo mantuvo cerrado por más de tres décadas. La decisión, adoptada por las directivas de la universidad de la Compañía de Jesús en Bogotá, respondió a las demandas y formas de protesta del Movimiento Cataluña —una coalición de estudiantes y profesores del propio programa— y se inscribió en una ola más amplia: durante los años setenta se discontinuaron en Colombia ocho programas de sociología, la mayoría en universidades privadas dirigidas por comunidades religiosas. La Javeriana fue el caso de mayor notoriedad. Que una carrera fundada apenas años antes al amparo de un acuerdo con Cáritas Colombia terminara suprimida por sus propias directivas, en el mismo momento en que el Estado desplegaba toques de queda y detenciones masivas contra el movimiento estudiantil, define el sujeto: el flanco confesional y privado de un proceso más amplio de contención del pensamiento crítico, cuya cara pública operaba por vía militar y policial.

Antecedentes: sociología, radicalización y expansión confesional

La sociología colombiana como carrera universitaria nació en 1959, cuando la Universidad Nacional creó su programa, uno de los primeros de América Latina. Orlando Fals Borda encabezó la fundación; Camilo Torres Restrepo, recién regresado de sus estudios en Europa y nombrado capellán de la Universidad Nacional ese mismo año, participó en el diseño del programa. El 5 de agosto de 1960, en una sesión de cuatro horas, un grupo de trabajo integrado por Fals Borda, Torres, Aníbal Quijano (por economía) y Andrew Pearce aprobó un currículo de tres años; ese mismo año la sociología se desprendió de la Facultad de Economía y se erigió en facultad autónoma.

La marca del programa fue, desde el inicio, la investigación empírica de la realidad colombiana antes que la repetición de teorías foráneas. La violencia en Colombia, publicada como Monografía No. 12 de la facultad (su segunda edición es de 1963), fijó el rumbo: la sociología como saber que interroga al país concreto. En ese ambiente, Camilo Torres transitó entre 1961 y 1964 de la investigación empírica a la síntesis teórica, y desde comienzos de 1964 hasta mediados de 1965 fue abandonando la actividad académica para prepararse para la acción política directa. Antes, hacia mediados de 1962, un sermón suyo —en el que sugirió que los estudiantes revolucionarios caídos en combate iban al cielo— provocó el fin de su capellanía en la Nacional. La radicalización del sacerdote sociólogo, que culminaría en su muerte en combate con el ELN en febrero de 1966, quedó grabada en la sociología colombiana como memoria fundacional: cuando Fals Borda publicó La subversión en Colombia en 1967, dedicó el libro a Torres, "fundador del Socialismo Raizal e impulsor de los primeros esfuerzos para alcanzarlo en Colombia".

Sobre ese trasfondo se produjo la segunda ola. Entre 1965 y 1968 se abrieron cinco nuevos programas de sociología, dos en Bogotá y tres en Medellín. Tres surgieron en universidades católicas —Santo Tomás en 1965, dirigida por la Orden de Predicadores; La Salle en 1966; San Buenaventura en 1967—; uno en la Autónoma Latinoamericana (privada laica, 1967) y otro en la Universidad de Antioquia (1968). El programa de la Universidad Bolivariana en Medellín había sido promovido por la curia arquidiocesana; el de la Javeriana nació al amparo de un acuerdo con Cáritas Colombia.

Estos programas confesionales compartían con el de la Nacional un tronco común —sociología general, sociologías especializadas (sobre todo urbana y rural), metodología y técnicas, formación interdisciplinar— pero añadían capas específicas: doctrina social católica, estudio de encíclicas, dogma, moral familiar. El de la Santo Tomás, por ejemplo, fue concebido con énfasis técnico y tono humanista del "espiritualismo cristiano", influenciado por el grupo Economía y Humanismo del dominico francés Louis-Joseph Lebret. La sociología confesional colombiana se pensaba, en su diseño original, como una prolongación académica de la doctrina social de la Iglesia: un saber comprometido con la cuestión social, pero contenido dentro del marco doctrinal.

Ese marco se resquebrajaba desde adentro. El Concilio Vaticano II (1962-1965) abrió una crisis en la Iglesia colombiana: muchos sacerdotes formados bajo esquemas anteriores encontraron que su formación respondía a "una sociedad obsoleta", y entre 1962 y 1970 la Iglesia vivió deserciones masivas del sacerdocio y una crisis de vocaciones. Enfrentaba, a la vez, los problemas no resueltos del siglo XIX —el diálogo con la modernidad— y los del siglo XX —subdesarrollo, pobreza, injusticia—, para los cuales la Doctrina Social ofrecía orientaciones demasiado generales y el Vaticano II no daba directivas claras. El pensamiento del filósofo personalista francés Emmanuel Mounier, que concebía una sola historia humana como espacio de construcción del Reino de Dios, había marcado a la juventud católica latinoamericana de los años cincuenta y sesenta, legitimando el compromiso social y político como exigencia de fe. Cuando esa juventud llegó a las aulas de sociología de las universidades jesuitas, dominicas, lasallistas y franciscanas, el sistema no pudo darle una respuesta interna coherente.

La radicalización marxista y el ciclo estudiantil de 1971

Entre 1968 y 1970 se produjo el punto de ruptura en el desarrollo del análisis marxista en Colombia. Se formaron núcleos de investigadores marxistas ligados a la gran discusión política y social del momento: florecieron grupos políticos y revistas cuyo eje era el debate sobre las características de la formación social colombiana. En la fase inicial predominaba un uso dogmático de los textos —se creía que con una cita de El Capital o del 18 de Brumario los problemas de investigación quedaban resueltos, sin desarrollar análisis concreto—; a partir del cambio de década surgieron intentos más rigurosos de aplicar el marxismo a la realidad colombiana. Desde enero de 1970 circulaba ya en círculos intelectuales bogotanos un texto sobre la obra de Louis Althusser.

Esa radicalización teórica tuvo su correlato en la calle. El movimiento estudiantil colombiano de 1971 reivindicaba autonomía universitaria, libertad de cátedra e investigación científica, y participación activa del estudiantado en el gobierno de las instituciones —el cogobierno—. Su documento articulador, el Programa Mínimo, incluyó demandas puntuales y estructurales: revisión de la ley orgánica de la Universidad Nacional y del Icfes, ruptura con la Fundación para la Educación Superior (FES), legalización de organizaciones gremiales estudiantiles autónomas y, entre las exigencias específicas, la reapertura de la Facultad de Sociología de la Javeriana —aunque en 1971 el cierre aún no se había consumado formalmente, la carrera vivía ya una crisis abierta que anticipaba su clausura—.

El adversario intelectual era el Plan Básico, elaborado entre 1966 y 1967 por la Misión de la Universidad de California, financiada por la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) del gobierno estadounidense e invitada por la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y el Fondo Universitario Nacional (FUN). Los estudiantes lo rechazaron por extranjerizante, atado a entidades económicas internacionales, profesionalizante y despolitizador. El Programa Mínimo se leyó, en la práctica, como su contramodelo.

La respuesta estatal fue dura. El gobierno de Misael Pastrana Borrero decretó toque de queda en Cali el 3 de marzo, en Medellín y Popayán el 4 de marzo, y en Bucaramanga el 16 de abril, con penas de arresto de 30 a 180 días para quienes desobedecieran la orden o promovieran el cese de actividades académicas. Solo en Medellín la intervención militar dejó 800 estudiantes detenidos y numerosos muertos; el 24 de octubre, las facultades de Derecho y Economía de la Universidad de Antioquia fueron clausuradas.

El ciclo colombiano dialogaba con el mayo francés de 1968, las protestas contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos y las movilizaciones estudiantiles latinoamericanas de finales de los sesenta; las banderas de autonomía y libertad de cátedra remitían, sin necesidad de citarla, a la tradición inaugurada por la Reforma de Córdoba de 1918. Detrás de la agitación pesaba una realidad presupuestal: entre 1970 y 1975 el número de universidades privadas en Colombia pasó de 24 a 35, mientras que solo se crearon dos establecimientos oficiales —la Universidad Tecnológica de los Llanos (1974), cerrada por falta de presupuesto en 1977, y el Instituto Tecnológico Universitario Surcolombiano en el Huila—. La capacidad de absorción de la universidad pública cayó del 54,4% al 48% del total de matriculados en educación superior. La política del período 1970-1974 asignó a la primaria el 60% del presupuesto de educación. La universidad pública se estrangulaba mientras la privada se multiplicaba —y una parte importante de esa multiplicación tenía patronato eclesiástico—.

El desarrollo: el Movimiento Cataluña y el cierre

En la Javeriana, todos esos vectores confluyeron. Estudiantes y profesores del programa de Sociología se reunieron en el Movimiento Cataluña. Sus demandas y formas de protesta —las mismas del ciclo mayor: cogobierno, autonomía, actualización curricular, formación orientada a los problemas del país— se estrellaron contra las directivas de una universidad de la Compañía de Jesús que había sido reabierta en 1931-1932 como parte del retorno de la universidad privada confesional al escenario colombiano.

La reacción fue el cierre. Las directivas de la Javeriana clausuraron el programa de Sociología, y la clausura se prolongó por más de treinta años. El acto administrativo puso fin a una carrera que apenas había cumplido su primer ciclo institucional. No hubo reforma, ni intervención, ni cambio de decano: hubo supresión.

La lógica del cierre se lee en dos planos simultáneos que no se anulan. En el primero, la decisión fue una reacción defensiva de una institución eclesial-empresarial ante un cuerpo estudiantil y docente que había desbordado los límites de la Compañía de Jesús y de la doctrina social católica. La sociología que se enseñaba e investigaba en Cataluña ya no era la de las encíclicas y la moral familiar prevista en el diseño confesional original. Era la sociología radicalizada por la estela de Camilo Torres, atravesada por la ruptura marxista de 1968-1970, comprometida con el cogobierno y con una idea de universidad crítica que la institución no reconocía como propia. Cerrar la carrera fue, en este plano, disciplinamiento intelectual: retirar la licencia académica a un saber que había dejado de ser gobernable.

En el segundo plano, la decisión de la Javeriana no fue aislada. De los ocho programas de sociología cerrados en Colombia durante los años setenta, la mayoría pertenecía a universidades privadas dirigidas por comunidades religiosas. La ola sugiere una lógica estructural de repliegue del sector universitario confesional ante la radicalización estudiantil: no una directriz coordinada desde una jerarquía única, sino un conjunto de reacciones convergentes de congregaciones distintas —jesuitas, dominicos, franciscanos— ante el mismo fenómeno. La Javeriana fue el caso de mayor notoriedad, pero fue caso, no excepción.

Los dos planos convergen sin coordinación explícita. El Estado colombiano desplegaba toques de queda, detenciones masivas y arrestos administrativos contra el movimiento estudiantil, y sentaba las bases del aparato represivo que desembocaría, ya bajo Julio César Turbay Ayala, en el Estatuto de Seguridad de 1978. Las universidades confesionales cerraban por dentro lo que el Estado reprimía por fuera. La sociología marxista y el cogobierno estudiantil eran percibidos como la misma amenaza, y a esa amenaza se respondía con clausuras confesionales de un lado y con toques de queda del otro.

Las causas: estructurales y detonantes

Las causas estructurales son legibles con claridad. La primera es la contradicción irresoluble entre la matriz doctrinal de la sociología confesional colombiana —doctrina social de la Iglesia, Cáritas, encíclicas, moral familiar— y el contenido efectivo del saber sociológico que se practicaba en Colombia desde 1959. La sociología nacida en la Universidad Nacional bajo el impulso de Fals Borda y con la participación de Camilo Torres había fijado, desde el inicio, la investigación empírica de la realidad colombiana como su horizonte: la violencia, la estructura agraria, la desigualdad. Cuando las universidades católicas abrieron sus propios programas entre 1965 y 1968, importaron el saber sin poder controlar su deriva. Cinco años después, ese saber había virado hacia el marxismo. La doctrina social —diseñada en el siglo XIX y actualizada tímidamente por el Vaticano II— no ofrecía instrumentos para contenerlo.

La segunda causa estructural es la crisis interna de la Iglesia colombiana postconciliar. Las deserciones masivas del sacerdocio entre 1962 y 1970, la crisis de vocaciones, la sensación de una formación pensada para una "sociedad obsoleta" y la ausencia de directivas claras del Vaticano II para los problemas del subdesarrollo dejaron a la institución sin capacidad de arbitrar internamente sus propios conflictos. El Concordato de 1888 había concedido a la Iglesia pleno control sobre la educación nacional, autonomía de gobierno, fuero eclesiástico y ventajas fiscales. Un siglo después, esa alianza estructural entre Iglesia y Estado seguía operando, pero ya no podía contener las tensiones internas que el propio catolicismo, atravesado por el personalismo de Mounier y por la figura de Camilo Torres, había generado.

La tercera causa estructural es el desequilibrio del sistema universitario colombiano en 1970-1975. La universidad privada crecía a ritmo acelerado; la pública se estancaba. Las clases medias ingresaban de manera creciente a la universidad oficial. Las élites percibían el aula pública como un espacio de disputa política. El sector privado confesional se convirtió, en ese cuadro, en refugio institucional de un orden que la universidad pública ya no garantizaba. Una carrera como Sociología en la Javeriana, si reproducía adentro los mismos conflictos, perdía su razón de ser dentro del proyecto institucional.

Los detonantes son más directos. El primero fue la organización del Movimiento Cataluña como forma articulada de agencia estudiantil y docente dentro del programa. El segundo fue la coincidencia con el ciclo nacional de 1971 y el Programa Mínimo, que dio a las demandas de Cataluña un marco político mayor y las convirtió, a ojos de las directivas, no en un asunto interno sino en la reproducción intramuros de un conflicto que el Estado reprimía con toques de queda. El tercero fue la doctrina del enemigo interno, que en el tránsito hacia el Estatuto de Seguridad fue redefiniendo lo que las instituciones colombianas —públicas y privadas, civiles y religiosas— entendían como saber tolerable.

Las consecuencias: inmediatas y de largo plazo

En lo inmediato, el cierre suprimió una comunidad académica: docentes, estudiantes matriculados, líneas de investigación en curso, redes intelectuales tejidas al amparo del programa. La reapertura de la Facultad de Sociología de la Javeriana quedó incorporada como demanda explícita del movimiento estudiantil en los años siguientes, y siguió apareciendo en los pliegos de reclamos durante las movilizaciones que se extendieron hasta el inicio del período de Crisis, Narcotráfico y Apertura (CNA), entre mediados de los ochenta y comienzos de los noventa, marcado por el auge del narcotráfico, el escalamiento de la violencia paramilitar y la apertura económica que precedió a la Constitución de 1991.

En el sistema universitario, el cierre de Sociología de la Javeriana fue el emblema —por notoriedad institucional, por el peso simbólico de la Compañía de Jesús, por la ubicación bogotana— de la ola más amplia de ocho cierres de programas de sociología en universidades privadas religiosas durante la década. Esa ola redujo la oferta confesional en sociología, concentró la formación en las universidades públicas —Nacional en Bogotá, Antioquia en Medellín, Valle en Cali— y en algunas privadas laicas, y modificó el mapa institucional del campo. La sociología colombiana entró en los años ochenta con un perfil más marcadamente público y con una identidad crítica más nítida, precisamente porque el sector confesional había expulsado a los programas que no podía disciplinar.

En el plano más amplio del disciplinamiento intelectual, el cierre de la Javeriana funcionó como precedente. Cuando en 1978 el gobierno de Turbay Ayala expidió el Estatuto de Seguridad, y cuando en los años siguientes se sucedieron los juicios verbales de guerra contra estudiantes y profesores acusados de ser enlaces guerrilleros, las torturas, las desapariciones y los cierres de universidades y colegios oficiales, la lógica ya estaba probada en escala menor: el saber crítico podía ser suprimido por vía administrativa desde dentro de las propias instituciones académicas, sin necesidad de intervención militar directa.

La escala de la violencia contra la universidad se dispararía en los años siguientes. Entre 1984 y comienzos de los noventa se registraron al menos 339 crímenes contra universitarios en Colombia, con 1988 como año más letal: 58 casos en un solo año. En el 33% de esos casos el responsable se desconoce; en el 20%, los responsables fueron paramilitares. Detrás de ese porcentaje aparecen nombres concretos: la Triple A, activa desde los años setenta, y el Movimiento Muerte a Secuestradores (MAS), constituido a partir de 1982, identificados en varias de esas acciones. Lo que en los setenta había sido acto administrativo se prolongó, una década después, como acción criminal encubierta masificada contra el pensamiento crítico universitario.

Entre el cierre administrativo de un programa de sociología en 1972-1975 y los asesinatos sistemáticos de universitarios en los ochenta hay una distancia enorme en escala y en naturaleza. Pero hay también una continuidad de fondo: la percepción compartida —por instituciones eclesiales, empresariales, estatales y paramilitares— de que la sociología crítica, el marxismo académico y la organización estudiantil autónoma eran manifestaciones del enemigo interno, y de que debían ser contenidos por los medios que cada institución tuviera a mano. La Compañía de Jesús clausuró una carrera; el Estado decretó toques de queda; los grupos paramilitares mataron. Cada uno operó en su registro; los tres, contra el mismo horizonte.

Por qué importa

La historia de la sociología colombiana suele contarse desde la fundación de la Nacional en 1959, la figura de Fals Borda, el itinerario de Camilo Torres y el desarrollo posterior de la Investigación-Acción Participativa. Es una historia luminosa, protagonizada por el saber que resistió y produjo obra. Deja en la sombra su reverso: los programas que no resistieron, las carreras cerradas, las comunidades académicas disueltas desde dentro por las mismas instituciones que las habían creado. El cierre del programa de Sociología de la Javeriana entre 1972 y 1975 es el episodio central de ese reverso.

Lo que el caso permite ver, y que el relato canónico oculta, es que la Javeriana no fue objeto de intervención estatal: fue sujeto activo de una decisión propia, tomada por sus directivas jesuitas contra su propio cuerpo docente y estudiantil. La misma Iglesia que había participado en la fundación de programas de sociología al amparo de Cáritas, la misma que había formado a Camilo Torres, la misma que había recibido el impacto del personalismo de Mounier y de la doctrina social renovada por el Vaticano II, terminó cerrando los programas que su propia dinámica interna había hecho posibles. No hubo un traidor externo: hubo una institución dividida contra sí misma, que resolvió su división por la vía de la clausura. La reapertura del programa se hizo esperar más de treinta años, en una decisión sostenida y renovada por sucesivas administraciones que hizo de la ausencia una política de largo plazo.

Ese detalle —la clausura como acto administrativo civil, sin sangre y sin uniforme— es el que ilumina el resto. El disciplinamiento intelectual que se ejerció en Colombia durante los años setenta y ochenta —contra sociólogos, historiadores, economistas críticos, dirigentes estudiantiles, docentes universitarios— no fue nunca obra exclusiva del aparato militar. Fue una red de acciones convergentes en la que participaron instituciones civiles, empresariales, religiosas, estatales y paraestatales, cada una operando en su propio registro pero contribuyendo al mismo efecto. En el registro civil y confesional, ese efecto tuvo la forma sobria de un acto administrativo: el saber crítico, contenido; la comunidad académica, disuelta; la carrera, suprimida. Con todo el resultado.