La violentología colombiana

La violentología colombiana

En 1962, cuando la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional publicó como Monografía N° 12 el primer tomo de La violencia en Colombia, firmado por Monseñor Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, no se inauguraba solo un libro: se inventaba un objeto. La violencia bipartidista de los años cincuenta, narrada hasta entonces desde el partido, la memoria o la denuncia, pasó a ser materia de ciencia social. De ese gesto —clasificar muertos, mapear municipios, entrevistar campesinos, nombrar el fenómeno con mayúscula— derivó medio siglo después un campo entero: la violentología, con sus revistas, sus comisiones estatales, sus centros de memoria y sus disputas paradigmáticas. Queda por ver cómo leer ese campo sin repetir sus propios reflejos.

¿Y si preguntamos por el saber antes que por la violencia?

La primera tentación es preguntar qué causó la violencia colombiana. La segunda, más productiva, es preguntar cómo se produjo el saber que llamamos causal sobre ella: qué instituciones lo financiaron, qué categorías importó del clima intelectual internacional, qué regiones puso bajo el microscopio, cuáles dejó fuera del foco. Cuatro marcos organizan la respuesta provisional: el sociologismo dramático de la Comisión de 1958, el estructuralismo marxista de los sesenta y setenta, el institucionalismo tecnocrático inaugurado en 1987 y el giro memorial posterior a la Ley de Justicia y Paz. Cada uno respondió al clima ideológico internacional y a la geografía académica andinocéntrica del país tanto como a los hechos que decía procesar.

Los diagnósticos académicos no fueron ejercicios contemplativos: alimentaron políticas de seguridad, procesos de paz, leyes de víctimas, currículos escolares y sentencias de tribunales. Cuando el ministro del Interior Fernando Cepeda encargó en 1987 a diez investigadores un diagnóstico de los factores de violencia, el informe Colombia: violencia y democracia, coordinado por Gonzalo Sánchez y publicado por el IEPRI de la Universidad Nacional, no describió simplemente un fenómeno: legitimó una manera de intervenirlo. Cuando la Ley 1448 de 2011 fijó las funciones misionales del Centro Nacional de Memoria Histórica, un aparato estatal quedó habilitado para producir verdad histórica con consecuencias reparativas. Un campo así no puede leerse sin sociología del conocimiento: sus paradigmas son a la vez lentes analíticas y dispositivos institucionales.

¿Dónde estaban los muertos y dónde los sociólogos?

Entre 1965 y 2013, las incursiones guerrilleras se concentraron en Antioquia, Caquetá, Arauca, Chocó, Nariño, Putumayo y Meta, es decir, en la periferia. Entre 1980 y 1988, las tres regiones de mayor expulsión de desplazados fueron Urabá, Magdalena Medio y Alto Sinú-San Jorge, coincidentes con el boom del narcotráfico y la génesis paramilitar. Hacia 1990, sin embargo, el 65% de la población colombiana vivía en el núcleo andino y apenas el 2,8% en los Llanos y la Amazonía. La geografía humana del conflicto y la de sus intérpretes no coincidieron: los muertos estaban en las periferias, los sociólogos en Bogotá y Medellín. Esa asimetría estructural, más que cualquier mala fe individual, moldeó lo que se pudo pensar.

¿Qué se pensó en 1958 y qué quedó impensado?

El primer marco, el de la Comisión y su libro fundacional, fue un sociologismo dramático: la Violencia entendida como catástrofe humana —muertos, mutilaciones, destrucción de bienes— documentada con detalle etnográfico pero sin adentrarse en sus determinantes estructurales. Fue concebida, bajo el Frente Nacional, para auscultar las entrañas del campesinado, tratando a población, Estado, partidos e Iglesia como entes separados y dejando en segundo plano la responsabilidad de estos últimos. Esa arquitectura conceptual —el campesinado como paciente, las instituciones como observadoras externas— no fue neutral: hacía pensable el diagnóstico bajo la condición de no interrogar la coalición bipartidista que había pacificado el país repartiéndoselo.

Contra ese marco reaccionaron, desde mediados de los sesenta, los jóvenes académicos formados en el clima marxista y defraudados por el Frente Nacional. Usaron el trabajo científico como instrumento para conocer un país al que ya no consideraban gobernable por sus élites. Los primeros ensayos, como el de Diego Montaña Cuéllar, se quedaron todavía en el registro descriptivo de masacres y resistencia campesina; fue Francisco Posada, en el último capítulo de su síntesis histórica, quien inauguró propiamente el tratamiento estructural, ligando la Violencia al atraso social, económico y político y al subdesarrollo. Los grandes temas de la generación —el problema agrario, el papel del bipartidismo, las posibilidades del desarrollo económico— fijaron la agenda del campo por casi dos décadas. El Pledes de la Universidad Nacional entre 1965 y 1969, con su interés en proyectos desarrollistas regionales, encarnó institucionalmente ese momento.

El paradigma de una generación tecnocrática

El tercer marco cristalizó en la Comisión de Estudios sobre la Violencia de 1987. El giro no fue solo intelectual: fue sociológico. Rafael Pardo, economista con estudios en los Países Bajos y profesor de los Andes, fue nombrado en 1986 consejero del presidente Barco sin capital político previo. Su trayectoria ilustra el ascenso de una élite tecnocrática cuya legitimidad se apoyaba en la experticia académica. Un mismo director podía ocupar sucesivamente Fedesarrollo, el CEDE, una cátedra en los Andes, el Ministerio de Minas, Planeación Nacional y la subgerencia del Banco de la República: la circulación entre centros de investigación económica y aparato estatal fijó los límites de lo pensable.

En este clima, la violencia dejó de ser síntoma de estructuras injustas y se convirtió en falla institucional: incapacidad del Estado para regular comportamientos sociales, pobre legitimidad del sistema político, cultura de tolerancia con la ilegalidad. Armando Montenegro, Carlos Esteban Posada y Mauricio Rubio dieron en los noventa la versión más neoliberal del marco, midiendo la violencia como distorsión de mercados y desviación institucional. ¿Descubrimiento empírico o adecuación al Consenso de Washington? Ambas cosas, y esa ambigüedad es el problema.

¿Qué se gana y qué se pierde con el giro memorial?

El cuarto marco se inauguró con la Ley de Justicia y Paz de 2005 y se consolidó con la Ley 1448 de 2011. El Grupo de Memoria Histórica adscrito a la CNRR comenzó documentando casos emblemáticos —Trujillo en 2008, El Salado en 2009, Bojayá, La Rochela y Bahía Portete en 2010, La tierra en disputa en 2011—; el Centro Nacional de Memoria Histórica extendió la metodología hacia sujetos victimizados con denominadores comunes de vulnerabilidad: mujeres, indígenas, comunidades LGBTI. La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas publicó en 2015 sus doce ensayos bajo el título Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, y la Comisión de la Verdad estructuró después su análisis territorial en once unidades regionales con temporalidades diferenciales. Aquí el eje ya no es explicar sino reconocer: la víctima desplaza al desmovilizado, el testimonio compite con la estructura, la reparación simbólica se vuelve la moneda del campo.

Aterrizajes forzosos: los préstamos internacionales

El paradigma greed versus grievance de Paul Collier y Anke Hoeffler llegó como oferta explicativa importada, y llegó acompañado. Nazih Richani propuso en 2002, con Systems of Violence: The Political Economy of War and Peace in Colombia, un análisis sistémico donde la política operaba como continuación de la guerra por otros medios; a su alrededor circularon los trabajos sobre microdinámica de guerras civiles de Stathis Kalyvas, Jeremy Weinstein y Zachariah Mampilly. Marco Palacios, en 2000 y 2001, leyó la violencia colombiana como efecto de la ausencia de populismo y de las inclusiones factuales y simbólicas que este promueve, comparando el país con Venezuela; Fernán González, en 2014, la articuló con el proceso conflictivo de construcción del Estado en el largo plazo. Desde otras latitudes teóricas, la necropolítica de Achille Mbembe y el estatocentrismo de Theda Skocpol operaron como categorías tensionadas por los hechos colombianos.

Pocos sobrevivieron intactos al aterrizaje. El paradigma Collier-Hoeffler mostró sus costuras rápido: las guerrillas revolucionarias fueron codiciosas, algunas bandas del narcotráfico expresaron agravios sociales y demandas políticas, y con la persistencia de la guerra la insurgencia se criminalizó mientras los criminales imitaron formas políticas. La desmovilización de las FARC concentra la tensión: la organización no podía reducirse a un cartel narco puro —pues su desmovilización misma resultaría inexplicable desde esa lógica—, pero tampoco encarnaba una guerra altruista, dado que las guerrillas fueron simultáneamente políticas y depredadoras. Las versiones más finas de la economía política del conflicto terminaron admitiendo que una organización subversiva que busca el poder valora los beneficios económicos futuros del control político, y por eso invierte recursos de depredación en acciones ofensivas para mejorar su posición: racionalidad estratégica de largo plazo antes que codicia o credo. Richani, en ese trayecto, no fue solo importador sino traductor: su enfoque sistémico funcionó como tercera vía entre el culturalismo violentológico y el economicismo del Banco Mundial.

Con el estatocentrismo la tensión es semejante. El marco de Skocpol interpreta el Estado como institución potencialmente autónoma respecto al capitalismo y hace del colapso estatal la condición de la revolución. Colombia exhibe algo distinto: un Estado que nunca alcanzó monopolio pleno de la violencia, cuya precariedad territorial no produjo colapso sino coexistencia con órdenes armados regionales, y cuyas guerrillas prosperaron precisamente en las zonas donde el Estado había llegado tarde y mal. La disyuntiva entre la lectura marxista clásica —Estado ligado intrínsecamente a la clase dominante— y el estructuralismo skocpoliano queda suspendida: ni Estado meramente instrumental ni Estado autónomo, sino Estado en construcción con presencia diferencial en el tiempo y el espacio.

¿Por qué el Pacífico casi no aparece?

Los estudios académicos sobre poblaciones negras se concentraron en el Pacífico colombiano, dejando a San Andrés y Providencia sistemáticamente subrepresentadas. El Pacífico sur está separado del sector andino del Cauca por la cordillera occidental y una espesa selva, condiciones que produjeron aislamiento geográfico, baja gobernabilidad y, correlativamente, subrepresentación epistémica. La violencia se concentró en Antioquia, Caquetá, Arauca, Chocó, Nariño, Putumayo, Meta; los centros de investigación se concentraron en Bogotá, Medellín y Cali.

El patrón centro-periferia tuvo además carácter fractal: dentro de Medellín, la violencia y la pobreza se concentraron en barrios periféricos como Manrique, Popular, San Javier y Santo Domingo, replicando a escala intraurbana la asimetría nacional. La corrección tardía —el CNMH produciendo informes sobre Bajo Putumayo, Tibú-Catatumbo, Buenaventura, El Castillo, Arauca; la CEV desplegando 28 Casas de la Verdad en Quibdó, Florencia, Puerto Asís, Mocoa, Villavicencio, Tumaco— confirma retroactivamente cuánto había quedado fuera del foco durante décadas.

El caso del Eje cafetero es sintomático de la selectividad del campo. Caldas, Quindío y Risaralda experimentaron hechos de conflicto armado documentados por la Comisión de la Verdad en su tomo territorial; sus violencias merecían atención específica que la academia no siempre les prestó, atrapada en una imagen de la región que no coincidía con su experiencia real. Y la centralidad del mito paisa en la interpretación de la modernización colombiana —Antioquia como motor emprendedor, industrial, cultural— no descansa solo en su papel económico sino en una asimetría institucional que privilegió a sus universidades, sus centros de investigación y sus intelectuales frente a las trayectorias del Cauca, Santander o el Caribe, cuyas modernidades quedaron narradas más como excepciones o retrasos que como caminos alternativos.

¿Qué silencios produjo el propio giro memorial?

La Ley 1448 desplazó el énfasis del desmovilizado hacia la víctima, permitiendo reconocer el daño con mayor independencia del proceso penal. El CNMH afirmó su autonomía académica y operativa. Sostuvo, en informes como Justicia y Paz: ¿Verdad judicial o verdad histórica? de 2012, que ambas verdades jamás se identifican plenamente, que el uso de categorías de justicia ordinaria en procesos de Justicia y Paz produjo relatos históricos limitados por marcos jurídicos inadecuados, y que la fragmentación entre reconstrucción histórica, recolección testimonial e investigación criminal relegó el testimonio de la víctima a mero ejemplo moralizante sin validez epistemológica. Y sin embargo el giro reprodujo sus propios silencios: al desplazar la explicación causal hacia el reconocimiento del daño, la memoria como marco privilegió el testimonio individual sobre la estructura, y las preguntas de clase, redistribución y modernización quedaron —de nuevo, aunque por otras razones— fuera del foco central.

¿Qué se sigue de todo esto?

La violentología colombiana no descubrió un objeto preexistente: lo construyó sucesivamente, en diálogo tenso entre determinaciones externas y presiones internas. Sus paradigmas dominantes son síntomas ideológicos y respuestas parcialmente legítimas a problemas reales; sus silencios no son accidentes sino efectos estructurales de una geografía académica andinocéntrica y de una economía política del saber experto que privilegió la interlocución con el Estado sobre la escucha de las márgenes.

El giro institucionalista de los noventa fue reflejo del clima neoliberal —eso es innegable cuando se observa la circulación entre Fedesarrollo, los Andes y el Banco de la República, o la formación holandesa de Pardo en economía del desarrollo—, pero también fue respuesta a un problema real: el marxismo estructural de los setenta había explicado insuficientemente la persistencia y mutación del conflicto, la aparición del narcotráfico, la formación paramilitar y la fragmentación regional del poder armado. El institucionalismo aportó capacidad explicativa nueva. Su límite fue haber operado, con frecuencia, como ideología que naturaliza la inserción transnacional y el papel del capital extranjero, tratando la debilidad estatal como si fuera un dato geológico y no un producto histórico de decisiones sobre distribución.

La equivalencia pobreza-violencia despolitizó el conflicto al desplazar el problema de la exclusión hacia el de la carencia. La corriente que vincula la violencia colombiana con la exclusión social ha sido probablemente la lectura dominante del régimen colombiano, pero al operar sobre variables agregadas —pobreza, desigualdad, país socialmente cerrado— tendió a producir un lector que ya no preguntaba por redistribución sino por asistencia. La consecuencia política favoreció a élites que evitaban discutir reforma agraria o reforma tributaria y aceptaban discutir focalización del gasto social. El lugar común de que nada ha cambiado, presente desde Fals Borda, operó como efecto simétrico y compensatorio: si nada ha cambiado, todo intento reformista es cosmético, y la lucha armada conserva su horizonte de sentido. Ambos dispositivos —el asistencialismo despolitizado y el todo-o-nada revolucionario— empobrecieron el debate.

El giro memorial responde a algo más que a moda internacional o presión de víctimas: responde a una guerra que dejó de ser legible en clave macroestructural. La fragmentación territorial del conflicto —once unidades regionales con temporalidades propias, actores armados que aparecen y desaparecen según la integración de cada región en la vida económica nacional, patrones fractales de violencia intraurbana— desbordó los marcos globales. Cuando la explicación macro deja de funcionar, la reparación micro se convierte en política pública viable. El giro memorial no es rendición epistémica: es adecuación del saber a un objeto que se fragmentó realmente. Pero conserva un flanco: al hacer del testimonio la unidad epistémica privilegiada, redistribuye visibilidad hacia sujetos hasta entonces invisibles y, al mismo tiempo, hace más difícil sostener preguntas de clase y estructura que requieren agregación.

Los préstamos teóricos funcionaron, en el mejor de los casos, como el fracaso productivo de Collier-Hoeffler ante Colombia: los paradigmas importados fueron tensionados, mostrados en sus límites, y devolvieron al debate global una crítica empírica que el propio Norte tardó en incorporar. La necropolítica de Mbembe ilumina aspectos del conflicto —zonas donde la soberanía se ejerce como potestad de matar— pero opaca especificidades que la sociología colombiana capturó mejor con categorías como soberanías en disputa, órdenes armados regionales o Estado en construcción. La cuestión no es elegir entre importación y producción local sino reconocer que el campo colombiano fue laboratorio de refutación y traducción, no simple receptor.

La asimetría regional no se explica por falta neutra de investigadores. La marginalidad académica del Pacífico —y análogamente la de otras periferias— es resultado acumulativo de decisiones institucionales: dónde se abrieron universidades con recursos de investigación, qué idiomas indígenas y afro se enseñaron o no se enseñaron, qué proyectos financiaron los organismos internacionales, qué comisiones estatales convocaron a qué expertos. Es un racismo epistémico en sentido preciso: el silencio sobre el Pacífico no fue silencio sobre datos, fue silencio estructural sobre poblaciones. El predominio del mito paisa —Antioquia como matriz interpretativa privilegiada de lo colombiano— es su cara complementaria: asimetría institucional acumulada más que evidencia concluyente.

¿Qué preguntas quedan?

¿Hasta dónde puede el giro memorial sostenerse sin colapsar sobre el testimonio? La distinción entre verdad judicial y verdad histórica, formulada con lucidez por el CNMH, es más fácil de enunciar que de operar. Cuando los exhortos de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá instruyen investigaciones de memoria, y cuando la ley fija funciones misionales al aparato memorial, la autonomía académica declarada convive con presiones institucionales cuyo poso futuro no está decidido. La verdad histórica producida bajo mandato estatal no es menos legítima, pero tampoco es idéntica a la que produciría una academia sin ese contrato.

¿Qué otras historias de la modernidad colombiana quedaron postergadas? Que un país se pensara a sí mismo predominantemente a través de su violencia durante seis décadas tuvo un costo: la modernización industrial, la urbanización acelerada, la formación de una clase media, las transformaciones del trabajo y del género quedaron subrepresentadas en la narración académica. Recuperar esas historias no significa negar la violencia sino situarla junto a procesos con los que convivió y a los que a veces facilitó, a veces obstaculizó. La violentología, hipertrofiada, ocultó tanto como iluminó.

¿Cómo pensar la reproducción endógena del conflicto? La dicotomía avaricia-injusticia empobreció el debate al obviar el marco institucional y las trayectorias que hacen que un conflicto, una vez desatado, produzca las condiciones de su propia continuación: economías de guerra que benefician a facciones específicas, instituciones jurídicas y de seguridad que se adaptan al conflicto en lugar de terminarlo, culturas políticas moldeadas por décadas de armamento. Una teoría de la reproducción endógena, que integre economía política y análisis institucional sin reducirse a ninguno de los dos, apenas está siendo formulada.

Desde los años dos mil, la pluralidad de puntos de vista se ha ampliado: el campo ya no depende de una sola matriz. Jorge Giraldo Ramírez, en Las ideas en la guerra de 2015, declaró preocuparse más por el futuro que por el pasado, orientado hacia las condiciones de una paz estable. Pero pluralidad no equivale a autonomía: mientras la financiación, las comisiones estatales y las agendas internacionales sigan definiendo qué preguntas son formulables, el campo seguirá siendo, en parte, tributario de su tiempo. Reconocerlo no lo invalida. Lo obliga a aplicarse a sí mismo la clase de sospecha metódica que, en sus mejores momentos, supo aplicar a su objeto.