Violentología

En Colombia se llamó violentología al campo de estudios académicos que hizo de la violencia del país su objeto sistemático de investigación. El nombre, medio irónico y medio serio, cundió en los años ochenta para designar a un grupo de sociólogos, historiadores, economistas y antropólogos que —desde la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, el IEPRI, el CINEP y algunas comisiones estatales— construyeron un vocabulario, unas cifras y unas hipótesis para explicar por qué Colombia era, al mismo tiempo, una democracia electoral con Estado de derecho formal y un país de guerras entrelazadas. La violentología no es la violencia colombiana: es la disciplina que la piensa. Y su historia, que arranca con un libro de 1962 y llega hasta los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, es también la de cómo el Estado colombiano aprendió —cuando aprendió— a mirarse en el espejo de sus propios muertos.

Qué nombra la palabra

Violentólogo fue al comienzo un mote. Los periodistas de los ochenta lo usaron para designar al académico que, entrevistado a propósito de una masacre o de un magnicidio, ofrecía marcos explicativos donde los editorialistas ofrecían indignación. Con el tiempo el término se sedimentó: cubrió tanto a la generación fundadora de los sesenta —Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna— como a la que institucionalizó el campo en los ochenta y noventa alrededor de Gonzalo Sánchez Gómez, Daniel Pécaut, Álvaro Camacho Guizado, Alejandro Reyes Posada, María Victoria Uribe, Fernán González y Carlos Miguel Ortiz Sarmiento.

El campo tiene una particularidad que lo distingue de sus equivalentes latinoamericanos. En Argentina o Chile los estudios sobre violencia política se organizaron alrededor de las dictaduras, con un antes y un después nítidos. En Colombia no hubo ese quiebre: hubo una violencia continua, mutante, con nombres sucesivos —La Violencia bipartidista, la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo— y con un Estado que casi nunca se ausentó pero rara vez controló. La violentología nació para explicar esa anomalía: cómo puede un país invocar el Estado de derecho de manera casi permanente y, al mismo tiempo, sostener durante décadas índices de violencia política y criminal comparables a los de una guerra civil.

El libro de 1962

El punto de partida es un libro y una fecha: La Violencia en Colombia, publicado en 1962 por Ediciones Tercer Mundo dentro de la colección El Hombre —la misma que dio cabida a títulos de Belisario Betancur, Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López Michelsen—. Sus autores fueron un cura, un sociólogo y un jurista: Monseñor Germán Guzmán Campos, párroco que había integrado la Comisión Investigadora creada bajo el gobierno de Alberto Lleras Camargo; Orlando Fals Borda, fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional; y Eduardo Umaña Luna, penalista y profesor. La segunda edición del Tomo I quedó designada como Monografía Sociológica N° 12 de esa Facultad, marca de la certificación académica que el libro traía consigo.

El escándalo fue inmediato. La obra documentaba con nombres, lugares y modalidades la violencia bipartidista de los años cincuenta —los cortes, las masacres campesinas, los pueblos arrasados— y proponía leerla como un fenómeno social, no como el desahogo pasajero de "pasiones desbordadas" y "odios heredados" que había sostenido la historia oficial. Ese mismo año, Miguel Ángel González publicó La violencia en Colombia: Análisis de un libro (Centro de Estudios Colombianos, 1962), señal del ruido que la obra levantó en los sectores que se sintieron aludidos. En 1964, Ediciones Tercer Mundo sacó el Tomo II.

Lo que Fals Borda, Guzmán y Umaña hicieron por primera vez en Colombia fue tratar la violencia como objeto de ciencia social: nombrarla, describirla, tipificarla, buscarle causas estructurales. El gesto era doble. Por un lado, quebraba el silencio pactado que el Frente Nacional había instalado sobre el pasado inmediato —la idea de que hablar de La Violencia era reabrir la herida—. Por otro, dotaba a los sociólogos, historiadores y antropólogos que venían formándose en las nuevas facultades de un objeto legítimo de estudio. Todo lo que vino después es, en algún sentido, hijo de ese libro.

De la denuncia a la ciencia social

La segunda oleada llegó desde varios frentes a la vez. En 1963, Camilo Torres Restrepo —sacerdote y sociólogo, amigo cercano de Fals Borda— publicó La Violencia y los cambios socio-culturales en las áreas rurales colombianas, ensayo que leía el fenómeno como el mayor cambio socio-cultural del campo colombiano desde la Conquista. Su argumento era paradójico: La Violencia habría integrado a las comunidades campesinas en procesos de urbanización sociológica —división del trabajo, movilidad social, socialización— por canales no previstos por las estructuras vigentes. Era una lectura que veía en la sangre una modernización torcida. Fals Borda insistió en la misma línea en Lo sacro y lo violento: Aspectos problemáticos del desarrollo en Colombia (1965).

En paralelo, la mirada internacional se sumó al campo. Eric Hobsbawm había incluido en Primitive Rebels (1959) un capítulo sobre "The Anatomy of the Violence in Colombia" que introducía el caso colombiano en el debate comparado sobre bandolerismo social. Sus categorías sobre la sostenibilidad de las bandas armadas y los mínimos de organización social que necesita una insurrección campesina para durar se volverían, décadas después, herramienta habitual entre los investigadores colombianos. Francisco Posada publicó en 1969 Colombia: Violencia y subdesarrollo, y el sociólogo francés Daniel Pécaut abrió en 1976, con "Reflexiones acerca del fenómeno de la Violencia" en la revista Ideología y Sociedad, una línea de análisis que se prolongaría durante más de tres décadas.

El giro decisivo lo dio Paul Oquist en 1978 con Violencia, conflicto y política en Colombia. La obra de Oquist estimuló los estudios regionales —Antioquia, Tolima, los Llanos, la Costa— que revelaron algo que la mirada nacional había escondido: no había una Violencia sino muchas violencias, con lógicas locales, temporalidades desfasadas y actores heterogéneos. Ese hallazgo, casi geográfico, cambió la agenda: obligó a los investigadores a bajar la escala y a trabajar en archivos parroquiales, actas notariales, prensa provincial.

Toda esta producción se hizo, además, en un clima académico particular. Los programas de sociología colombianos de los sesenta y setenta asumieron un rol crítico y comprometido políticamente, cercano al marxismo, en tensión abierta con las prioridades de la Guerra Fría y desilusionado con el Frente Nacional. Los jóvenes académicos usaron el trabajo científico como instrumento para conocer un país que la historia oficial había recubierto de eufemismos, y concentraron su atención en tres nudos: la cuestión agraria, el bipartidismo y La Violencia. De ese cruce nació la generación que en los ochenta encontraría un Estado dispuesto —por primera vez— a escucharla.

El encargo de 1987

El punto de cristalización institucional del campo se produjo bajo el gobierno de Virgilio Barco, cuando el ministro Fernando Cepeda convocó a la Comisión de Estudios sobre la Violencia. Diez investigadores universitarios —entre ellos Gonzalo Sánchez Gómez, Álvaro Camacho Guizado, Álvaro Guzmán Barney, Jaime Arocha Rodríguez, Darío Fajardo, Carlos Miguel Ortiz Sarmiento— recibieron el encargo de producir un diagnóstico de los factores de violencia en la sociedad colombiana y los lineamientos de una nueva política de seguridad. El informe, editado por Sánchez y titulado Colombia: Violencia y democracia, fue entregado al Ministerio de Gobierno en 1987 y publicado por la Universidad Nacional a través del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI).

El texto propuso una tesis que definiría la agenda del campo durante los quince años siguientes: en Colombia no existía una violencia sino varias violencias entrelazadas —política, cotidiana, criminal, contra las minorías, en las regiones—, y el entrecruzamiento de esas violencias estaba socavando la integridad institucional del país. La formulación era académica pero la advertencia era práctica: si el Estado no rompía el ciclo de reproducción cruzada entre esos fenómenos, terminaría desbordado.

La Comisión fue algo más que una asesoría. Fue el momento en que el saber universitario sobre la violencia se convirtió en dispositivo de política pública. En ese mismo movimiento se incorporaron al Estado nuevas élites tecnocráticas cuyo principio de legitimación no era el capital partidista sino la experticia académica: Rafael Pardo, economista formado en desarrollo en los Países Bajos y profesor de Los Andes, fue nombrado consejero de Barco en 1986 sin ninguna trayectoria política previa, y encarnó ese perfil emergente. La violentología, en esa coyuntura, dejó de ser una comunidad académica dispersa y se volvió un actor con interlocución en los pasillos del Ejecutivo.

Y sin embargo, casi al mismo tiempo, la Comisión fue desbordada por el objeto que pretendía diagnosticar. En 1989 el escalamiento de la violencia se hizo crítico: el asesinato de Luis Carlos Galán, la guerra abierta del Cartel de Medellín contra el Estado, las masacres paramilitares en el Magdalena Medio, la ofensiva de las FARC. El informe había advertido y el país no había podido evitarlo. Esa fractura —entre la lucidez del diagnóstico y la impotencia de la política— marcaría durante mucho tiempo la relación entre la violentología y el poder: el Estado le pedía informes, los leía, los archivaba y seguía improvisando.

Crisis, narcotráfico y apertura

El período que va de 1987 a 1995 fue, para el campo, lo que la Revolución Francesa fue para el liberalismo: la coyuntura donde se puso a prueba todo lo previamente pensado. Tres procesos simultáneos —la crisis de gobernabilidad del Frente Nacional tardío, la escalada del narcotráfico y la apertura económica de César Gaviria— reventaron los marcos explicativos heredados y forzaron a los investigadores a renovar su instrumental.

El narcotráfico fue el catalizador. Hasta comienzos de los ochenta, la violentología había pensado la violencia colombiana con las categorías de la Violencia bipartidista y la guerrilla clásica: conflicto agrario, exclusión política, insurgencia. El Cartel de Medellín, con Pablo Escobar en la cúspide y personajes secundarios como la periodista Virginia Vallejo orbitando la escena pública, obligó a los investigadores a superar el enfoque delincuencial y a inscribir el fenómeno en marcos de economía política, monopolio estatal de la violencia y regulación paraestatal. El narcotráfico no era solo un mercado ilegal: se había convertido en un factor significativo del orden social, económico y político en aquellas comunidades donde formas extra o paraestatales de coerción disputaban al Estado el monopolio de la fuerza. Medellín, Cali, Urabá, el Magdalena Medio —los lugares donde el laboratorio del futuro se estaba montando— se convirtieron en campo obligado de la investigación.

En ese giro, el diálogo con Hobsbawm cobró nuevo sentido. Los análisis sobre la sostenibilidad del bandolerismo, sobre los mínimos de organización que necesita una estructura armada ilegal para subsistir durante largos períodos, se cruzaron con las herramientas de la economía política del conflicto y produjeron los primeros trabajos sobre el paramilitarismo como negocio, sobre las rentas de la coca como sostén de guerra prolongada, sobre las alianzas locales entre élites terratenientes, narcotraficantes y contrainsurgencia. Alejandro Reyes Posada, con sus estudios sobre despojo de tierras, y María Victoria Uribe, con su análisis de la lógica ritual de la masacre —el "matar, rematar y contramatar", la interpretación simbólica de las mutilaciones—, ofrecieron dos vías complementarias: la economía política del territorio y la antropología de la crueldad.

Daniel Pécaut, en esos mismos años, formuló una caracterización que se volvió referencia. La singularidad colombiana, escribió, consistía en la invocación casi permanente del Estado de derecho junto a un sistema de representación pluralista y una orientación económica ortodoxa, en un país con débil expresión nacionalista y grandes desigualdades sociales. Junto con Oquist, Pécaut sentó las bases de una literatura sobre el "Estado débil" que dominaría el campo por décadas. La tesis, en su forma más simple: Colombia no es un Estado fallido sino un Estado eficaz para ciertas cosas —sostener elecciones, honrar deuda externa— e ineficaz para otras —controlar el territorio, monopolizar la violencia, redistribuir—.

En paralelo, el IEPRI de la Universidad Nacional se consolidó como el sello institucional del campo. Bajo su alero se produjeron los trabajos más influyentes de la segunda ola, incluida la obra colectiva Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical Perspective (1992), editada por Charles Bergquist, Ricardo Peñaranda y Gonzalo Sánchez, que llevó el debate colombiano al mundo académico anglosajón. Años después, Mauricio Romero publicaría bajo el mismo sello Paramilitares y autodefensas 1982-2003 (Bogotá, 2003), estudio que fijó la periodización del fenómeno paramilitar.

Fue también en esos años cuando el neologismo "violentología" se popularizó del todo. La nación estaba obsesionada con su propia violencia, y los medios necesitaban intérpretes. El mote se convirtió en credencial.

Cuentas y memorias

Muy pronto, dentro del campo, se abrió una discusión metodológica que sigue viva. ¿Cómo se cuenta la violencia? ¿Cifras o testimonios? ¿Econometría o etnografía? La disputa no es teórica: es una tensión sobre qué significa saber en un país donde denunciar cuesta caro.

Por un lado, se desarrolló una línea cuantitativa de peso creciente. Trabajos econométricos de Fabio Sánchez, Ana María Díaz, Michel Formisano, Jorge Restrepo y Michael Spagat midieron y modelaron la violencia con herramientas propias de la economía del crimen: correlaciones entre presencia estatal, cultivos ilícitos y homicidios; distribución temporal y regional de los eventos; efectos sobre el crecimiento y la inversión. Hernando Calvo Ospina, desde una tradición distinta, recogió cifras que asignaban a los agentes directos del Estado responsabilidades masivas en las muertes violentas de los períodos Barco y Gaviria —13.635 y 14.856 muertes respectivamente, con imputación estatal del 88,9 % en 1994 sobre los casos con autor identificado (un 60 % del total)—. Los números eran útiles y polémicos: dependían de bases de datos con criterios distintos y de definiciones no siempre comparables.

Por otro lado, se organizó una tradición de trabajo con la memoria y el testimonio. El CINEP, bajo la coordinación del padre Javier Giraldo, montó un banco de datos cuyo objetivo declarado no era la estadística sino la memoria: seguir el fenómeno de la violencia política y acompañar a las familias de las víctimas. Colombia Nunca Más se propuso dar consistencia y confiabilidad a la información sobre crímenes de lesa humanidad que las organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos habían venido acumulando. En ambas iniciativas se hacía visible un problema estructural del país: el enorme subregistro provocado por los altos costos de la denuncia y el temor a represalias, obstáculos que hacían imposible una cuantificación exhaustiva y ponían límites a cualquier econometría.

Pécaut planteó la cuestión con una fórmula seca: hay que distinguir memoria e historia. Confundirlas alimenta estereotipos interpretativos. La memoria es del testigo y de la víctima; la historia es del análisis y del contexto. Ambas son necesarias, ninguna reemplaza a la otra. La distinción, aunque teórica, tenía consecuencias prácticas: definía qué podía hacer una comisión de investigación, qué podía hacer un centro de memoria y qué no debía pedírsele a ninguno de los dos.

El puente hacia la memoria

La trayectoria del campo dio, a mediados de los años dos mil, un giro institucional decisivo. El Grupo de Memoria Histórica, coordinado por Gonzalo Sánchez Gómez —el mismo que había editado el informe de la Comisión de 1987—, publicó en 2008 su primer informe, Trujillo. Una tragedia que no cesa, sobre la masacre continuada en ese municipio del Valle. En los años siguientes documentó desplazamiento forzado, despojo de tierras, secuestro, desaparición forzada, violencia de género y afectaciones a grupos étnicos, y estableció un registro provisional de 2.505 masacres con 14.660 víctimas entre 1982 y 2007. La cifra, todavía provisional, era una fotografía cruda del período que la violentología había venido estudiando.

La transformación del Grupo en el Centro Nacional de Memoria Histórica selló la maduración institucional del campo. El CNMH publicó en 2013 ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, bajo la dirección general de Sánchez, informe que se convirtió en referencia obligada del debate público colombiano sobre el conflicto armado. En paralelo, el Centro estableció convenios de investigación con universidades —entre ellos el Convenio Interadministrativo N° 239 de 2013 con el IEPRI, que produjo el informe Tomas y ataques guerrilleros (1965-2013), con Fabio López de la Roche entonces como director del IEPRI—. El Consejo Directivo del CNMH integraba representantes de los ministerios de Cultura, Educación y Justicia, del Departamento para la Prosperidad Social y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas: la memoria se había vuelto política de Estado.

Una encuesta nacional de 2012 dio la medida de esa penetración. El 64 % de la población general declaró haber escuchado hablar de al menos uno de los casos documentados por el Grupo de Memoria Histórica en los cinco años previos; entre los expertos consultados, la cifra subía al 93 %. Nunca antes en Colombia una producción académica sobre la violencia había alcanzado semejante saturación social. Los violentólogos, que habían empezado en los años sesenta como una minoría marginal frente a una historiografía complaciente, terminaron cincuenta años después escribiendo el relato con el que el país oficial se contaba a sí mismo su propio conflicto.

La red

El campo se dejó cartografiar por instituciones, revistas y generaciones. El IEPRI de la Universidad Nacional fue durante décadas el nodo académico principal, con Gonzalo Sánchez Gómez como figura articuladora. La Universidad de los Andes aportó la línea económica y cuantitativa, con Jesús Antonio Bejarano como figura relevante hasta su asesinato en 1999. Las universidades del Valle y de Antioquia sumaron los estudios regionales. El CINEP, con su enfoque de derechos humanos y memoria de las víctimas, ofreció una contraparte crítica al oficialismo académico. Fuera del país, Daniel Pécaut desde París y Hobsbawm desde Londres —presente en la compilación Once ensayos sobre la Violencia (Cerec-Centro Gaitán, Bogotá, 1985)— actuaron como interlocutores permanentes.

Se pueden distinguir tres generaciones superpuestas. La primera, la del libro de 1962, hizo el gesto fundacional: Fals Borda, Guzmán, Umaña, Torres Restrepo. La segunda, la de la Comisión de 1987 y el IEPRI, hizo la institucionalización: Sánchez, Camacho Guizado, Pécaut, Oquist, Reyes Posada, Ortiz Sarmiento, Fernán González, Álvaro Guzmán Barney, Darío Fajardo. La tercera, ya en los dos mil, hizo la profesionalización con las herramientas de la econometría, la antropología cultural y la memoria: María Victoria Uribe, Mauricio Romero, Fabio Sánchez, Jorge Restrepo. Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria fueron los interlocutores presidenciales del campo en su fase institucional: los tres —cada uno a su manera— recurrieron a la asesoría académica en momentos de crisis y ninguno adoptó del todo sus recomendaciones.

La huella

La violentología dejó tres legados desiguales.

Dejó, primero, un vocabulario. Los conceptos que hoy circulan en la conversación pública colombiana —violencias en plural, monopolio estatal fragmentado, economía política del conflicto, memoria histórica, victimario y víctima como categorías analíticas— fueron acuñados o refinados en ese campo. Sin ese léxico no habría sido posible el debate público sobre el conflicto que acompañó al proceso de paz de La Habana entre 2012 y 2016.

Dejó, segundo, un archivo. Entre las investigaciones regionales del IEPRI, los informes del CNMH, las bases de datos del CINEP, los trabajos econométricos de Los Andes y los ensayos comparados de Pécaut y Hobsbawm, Colombia dispone hoy de un cuerpo documental sobre su propia violencia que muy pocos países latinoamericanos igualan. Ese archivo es la base material sobre la que se hicieron los acuerdos con las FARC, sobre la que trabaja la Comisión de la Verdad y sobre la que se litigan las restituciones de tierras.

Dejó, tercero, una ambivalencia productiva. La violentología nunca terminó de resolver la tensión entre su vocación de intervención pública y su autonomía académica. El informe de 1987 fue un encargo estatal, pero también fue una construcción intelectual autónoma; el CNMH es una entidad pública, pero también es la culminación de un campo universitario. Esa ambigüedad ha sido acusada por unos —desde la derecha, como sesgo ideológico; desde la izquierda, como cooptación tecnocrática— y defendida por otros como la condición misma de posibilidad del campo. Sin proximidad al Estado, la violentología no habría tenido recursos ni escala; sin autonomía intelectual, no habría podido decirle al Estado lo que este no quería oír. Vivió, y sigue viviendo, en esa cuerda floja.

Queda una constatación incómoda. La violentología documentó la violencia con lucidez creciente durante más de medio siglo, y la violencia siguió. Los violentólogos advirtieron en 1987 lo que iba a pasar, y en 1989 pasó. Documentaron 2.505 masacres, y las masacres siguieron. Explicaron el paramilitarismo, y el paramilitarismo mutó. La relación entre el saber y la política, en Colombia como en tantas partes, no fue nunca la de la ciencia aplicada: fue la de una lucidez que corría detrás de los hechos y una política que usaba los informes más para legitimarse que para transformarse.

Pero incluso esa impotencia relativa es parte de la huella. Sin la violentología, el país no habría podido, cuando por fin se sentó a negociar el fin de un ciclo de guerra, entender de qué estaba hablando. Los violentólogos no evitaron la violencia. Le dieron, eso sí, un lenguaje con el cual empezar a salir de ella.