Ensayo · Constitución de 1991 · 1991–2002
La Constitución de 1991 y la paradoja del Estado constitucional sin Estado
Colombia vivió entre 1991 y 2002 su experimento democratizador más ambicioso y la degradación más profunda de su conflicto armado. La pregunta es si esa simultaneidad fue una falla de implementación o un rasgo constitutivo del pacto constituyente.
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La respuesta en breve
La Constitución de 1991 amplió genuinamente el reconocimiento jurídico de derechos —tutela, Corte Constitucional, derechos étnicos, restricción del estado de sitio— pero evitó deliberadamente los tres pilares donde el poder rural armado se reproducía: las relaciones civiles-militares, la estructura agraria y los poderes regionales. Esa omisión no fue un déficit de implementación sino una condición del pacto: el diseño permitió que el Estado operara con dos alas arquitectónicamente compatibles, una jurídica y visible en los centros urbanos y otra territorial y armada en la periferia. El caso de las Convivir —más de 400 cooperativas de vigilancia rural sin supervisión efectiva, capturadas por estructuras paramilitares con aval político explícito— ilustra cómo las omisiones constitucionales se convirtieron en habilitaciones activas: la misma Carta que restringió los poderes de emergencia permitió por vía reglamentaria la constitución de un aparato armado paralelo que ejecutaba el trabajo contrainsurgente que la fuerza pública no podía realizar abiertamente.
La lectura celebratoria con matices sostiene que la violencia fue una externalidad heredada ajena al diseño constitucional, y que la tutela, la Corte y la doctrina del estado de cosas inconstitucional —consolidada en la Sentencia T-025 de 2004— son logros reales que permitieron sobrevivir institucionalmente al ciclo. La lectura estructural-crítica invierte la relación: la Carta modernizó el lenguaje del Estado sin alterar la propiedad rural ni el mando militar, y esa modernización desigual abrió nuevas oportunidades para la captura ilegal de rentas; el momento más expansivo del constitucionalismo coincidió con el más degradado del campo no por accidente sino porque el pacto evitó los puntos donde el poder se decidía. La lectura contingente atribuye la degradación a decisiones ejecutivas específicas —el bombardeo a Casa Verde en diciembre de 1990 que endureció a las FARC, la parálisis del gobierno Samper tras el Proceso 8000 en 1994, la zona de distensión del Caguán pactada desde debilidad militar— y no a la arquitectura constitucional. La lectura de agencia autónoma señala que fueron las FARC, las AUC bajo Carlos Castaño y el narcotráfico recompuesto tras la muerte de Escobar el 2 de diciembre de 1993 quienes instrumentalizaron los vacíos disponibles, convirtiendo la Carta en escenario antes que en causa. El nudo irresoluble es si el desfase entre los territorios colectivos del Curvaradó y el Jiguamiandó —titulados en desarrollo del artículo transitorio 55 y simultáneamente despojados bajo protección paramilitar— representa una falla corregible o la lógica interna del pacto.
Ensayo completo
La lectura
¿Fue la Constitución de 1991 una promesa incumplida o funcionó exactamente como fue diseñada?
Entre 1990 y 2002, Colombia atravesó a la vez su experimento democratizador más ambicioso del siglo XX y la degradación más profunda de su conflicto armado interno. La Asamblea Nacional Constituyente instalada el 4 de febrero de 1991 en el salón Elíptico del Congreso —bajo una presidencia colegiada que reunía a Horacio Serpa Uribe por el liberalismo, Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de Salvación Nacional y Antonio Navarro Wolff por la AD M-19— produjo una Carta que reconoció la acción de tutela, creó la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura, restringió los poderes presidenciales de emergencia que habían mantenido el estado de sitio vigente más del 80% del tiempo entre 1958 y 1990, y elevó al rango constitucional los derechos étnicos que darían origen a la Ley 70 de 1993.
Esa misma década produjo cifras que corren en sentido contrario. Entre 1997 y 2000 se registraron más de 250 masacres paramilitares con cerca de 1.700 muertos. El desplazamiento forzado entre 1996 y 2006 sumó cerca de cuatro millones de personas —aproximadamente el 6% de la población—. Las FARC lanzaron la ofensiva más devastadora de su historia contra las Fuerzas Armadas. Y la campaña presidencial de 1994 quedó capturada por dineros del Cartel de Cali.
De ahí la pregunta que ordena todo lo que sigue: ¿cómo pudo la expansión jurídica coexistir tres décadas con la expansión de la violencia? ¿Fue una falla de implementación o un rasgo constitutivo del pacto de 1991?
¿Qué se pone en juego al responder?
La hipótesis que este texto interroga tiene nombre: llamemos Estado constitucional sin Estado a una forma de gobierno que expande el reconocimiento jurídico de los derechos en las zonas donde el conflicto no llega, y delega o tolera la violencia en las zonas donde el conflicto se decide. No un Estado inconcluso al que le faltan piezas: un Estado que funciona con dos alas —una jurídica y visible, otra territorial y armada— arquitectónicamente compatibles entre sí porque cada una opera en su propio dominio sin exigirle nada a la otra. ¿Corresponde la Carta de 1991 a esa figura?
De la respuesta dependen dos maneras opuestas de leer el ciclo largo del constitucionalismo colombiano. Si la simultaneidad entre derechos reconocidos y derechos violados es un problema de implementación —un déficit de capacidad estatal, una brecha entre norma y realidad—, la salida es más Estado, más presencia territorial, más eficacia institucional para llenar el molde constitucional existente. Si, en cambio, esa simultaneidad es constitutiva, si el diseño mismo de 1991 permitió y en cierta medida habilitó la expansión paralela de la violencia al modernizar el lenguaje de los derechos sin tocar la propiedad rural, las relaciones civiles-militares ni los poderes regionales, entonces la Carta no es un edificio inconcluso: es un edificio con dos alas deliberadamente separadas.
¿Por qué no es una cuestión académica? En el momento mismo en que la Corte Constitucional consolidaba, con la Sentencia T-025 de 2004, la doctrina del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado —un aporte que la jurisprudencia internacional reconocería como propio del constitucionalismo colombiano—, los territorios colectivos del Curvaradó y el Jiguamiandó, titulados por el INCORA en desarrollo del artículo transitorio 55 de la Carta, estaban siendo sembrados de palma aceitera bajo la protección de estructuras paramilitares. El mismo Estado que titulaba, no protegía lo titulado. El mismo Estado que reconocía derechos étnicos, delegaba en las Convivir el trabajo contrainsurgente que la fuerza pública no podía ejecutar abiertamente. Entender esa dualidad es entender el país que dejó la década.
¿Cuáles son las respuestas en disputa?
Cuatro lecturas se disputan la explicación.
La primera, celebratoria con matices, sostiene que la Constitución de 1991 fue una ruptura genuina cuyos frutos —tutela, Corte Constitucional, descentralización, reconocimiento étnico— se desplegaron pese al conflicto y no por causa suyo. La violencia sería una externalidad heredada, alimentada por el narcotráfico, las guerrillas y factores ajenos al pacto constitucional, y la Carta habría sido justamente el instrumento que permitió sobrevivir institucionalmente al ciclo. Esta lectura enfatiza que la tutela convenció a los colombianos de que tenían derechos, que la Corte obligó a la burocracia sanitaria a atender a todos los ciudadanos y que la doctrina del estado de cosas inconstitucional convirtió al país en referente jurídico latinoamericano.
La segunda, estructural-crítica, invierte la relación. La Carta modernizó el lenguaje del Estado sin alterar las relaciones de poder territoriales, y esa modernización desigual abrió nuevas oportunidades para la captura ilegal de rentas y la violencia. Reconoció derechos étnicos sobre tierras cuya defensa material no garantizó, descentralizó recursos hacia municipios que los grupos armados aprendieron rápidamente a disputar, y creó una circunscripción nacional para el Senado sin modificar el clientelismo regional que la sostenía. El momento más expansivo del constitucionalismo coincidió así con el más degradado del campo, no por accidente sino porque el pacto constituyente evitó justamente los puntos donde el poder rural se decidía: propiedad de la tierra, mando militar, autoridad regional.
La tercera, contingente, atribuye la simultaneidad a factores coyunturales antes que estructurales. El bombardeo a Casa Verde en diciembre de 1990, mientras se elegían constituyentes, endureció a las FARC y frustró la posibilidad de que la Carta operara como tratado de paz. La crisis de gobernabilidad del gobierno Samper tras el estallido del Proceso 8000 en junio de 1994 paralizó la acción estatal en el peor momento posible: cuando las FARC lanzaban su ofensiva contra las bases de Las Delicias, Patascoy, El Caguán y Mitú. La zona de distensión del Caguán, negociada por Andrés Pastrana, se pactó desde una posición de debilidad militar del Estado. Nada de esto, sostiene esta lectura, estaba escrito en la Constitución; todo pudo haber sido distinto con otras decisiones ejecutivas.
La cuarta, la agencia autónoma de los actores armados, insiste en que ni el diseño constitucional ni las contingencias explican lo esencial: fueron las FARC, convencidas desde 1994 de poder tomar el poder por las armas; las Autodefensas Unidas de Colombia bajo el mando de Carlos Castaño con un proyecto territorial propio; y el narcotráfico recompuesto tras la caída de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993 y el desvertebramiento del Cartel de Cali entre 1994 y 1995, quienes instrumentalizaron los vacíos disponibles. La Carta habría sido un escenario, no una causa.
¿Qué pilares evitó tocar la Asamblea Constituyente?
El material histórico permite pesar estas lecturas contra los hechos. Y los hechos apuntan a que la Asamblea Constituyente evitó precisamente los tres pilares donde el poder rural armado se reproducía: el militar, el agrario y el regional.
En materia militar, la Constitución de 1991 no efectuó cambios sustanciales en las relaciones civiles-militares: solo se modificó uno de los artículos relevantes, y la estructura del gasto —con más del 70% destinado a salarios y beneficios— siguió orientada a la reproducción institucional antes que a una estrategia proactiva de combate. La misma fuerza pública que había sostenido cuatro décadas de estado de sitio permanente entró al nuevo régimen sin reforma doctrinaria, sin depuración, sin control civil efectivo. En 1997, un organismo de derechos humanos de Naciones Unidas manifestó su profunda preocupación por las pruebas de que grupos paramilitares recibían apoyo de miembros de las fuerzas armadas, y advirtió que el decreto que creaba las cooperativas de seguridad rural tendría el efecto de legalizar grupos armados civiles.
En materia agraria, el Pacto de Chicoral de 1972 había dejado intacta la concentración de la tierra en las zonas agrícolas centrales y desplazado a los campesinos hacia la colonización periférica o los barrios subnormales urbanos. La Ley 160 de 1994, invocando el precepto constitucional sobre el acceso progresivo a la propiedad agraria, intentó revertir esa concentración por vía de mercado subsidiado, y fracasó. La estructura dual latifundio-minifundio que había atravesado el siglo XX permaneció en pie. En regiones como la provincia de Medina en Cundinamarca, desde mediados de los noventa se produjeron cambios en la estructura de la propiedad mediante estrategias legales e ilegales articuladas con la presencia paramilitar: compras a precios ventajosos para los compradores, valorización posterior de los predios, y modalidades de legalización del despojo como las ventas sin escrituras.
En materia regional, la descentralización iniciada en 1986 con la elección popular de alcaldes y consolidada en 1991 transfirió recursos y competencias sin transferir capacidad estatal de arbitraje. Los nuevos espacios de participación fueron disputados violentamente por los actores armados. La Constitución creó una circunscripción nacional para el Senado de cien miembros más dos indígenas, e inhabilitó a los propios constituyentes para las elecciones del 9 de diciembre de 1991, pero no tocó las estructuras clientelares que producían los votos en los departamentos.
Sobre estas tres omisiones se desplegó todo lo demás.
¿Cómo se convirtió la omisión en habilitación? El caso Convivir
El caso más nítido de cómo esas omisiones se convirtieron en habilitaciones activas es el de las cooperativas de vigilancia rural. La secuencia normativa importa. El Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, expedido bajo el gobierno de Gaviria, estableció los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada como grupos de civiles armados en apoyo a las Fuerzas Militares. La Resolución 368 del 27 de abril de 1995 los unificó bajo el nombre de Convivir y permitió a los particulares asociados el porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas. Para mediados de la década existían más de 400 Convivir en el país, sin supervisión efectiva durante cerca de tres años de operación.
La delegación es lo que define la figura: el Estado transfirió el uso legítimo de armas de guerra a particulares organizados en cooperativas rurales, bajo un régimen de supervisión de facto inexistente. Y su captura es lo que la vuelve reveladora. Arnubio Triana, alias Botalón, comandante paramilitar de Puerto Boyacá, constituyó la Convivir Carare Opón en Cimitarra para superar el desprestigio social del paramilitarismo. En febrero de 1996, cuando Salvatore Mancuso ya había cometido más de diez masacres, su Convivir recibió una revista de inspección que la encontró "todo en regla". La figura contó con el respaldo político activo del gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez desde 1996.
La consecuencia fue lo que la jurisprudencia denominó violencia por delegación: los grupos paramilitares ejecutaban el trabajo contrainsurgente que la fuerza pública no podía realizar abiertamente por estar sometida al imperio de la ley. Aquí opera la primera contradicción sustantiva de la década: la misma Constitución que había restringido los poderes presidenciales de emergencia, que había puesto fin a la arbitrariedad del estado de sitio permanente, permitió por vía reglamentaria la constitución de un aparato armado paralelo cuya supervisión era, en la práctica, inexistente.
¿Cómo operaban las dos Colombias en simultáneo? Mapiripán y el Bajo Atrato
Entre el 15 y el 20 de julio de 1997, la masacre de Mapiripán —en el Meta, sobre el río Guaviare— marcó el cambio de estrategia paramilitar: del accionar expedicionario al emplazamiento y control territorial permanente. Le siguieron El Aro, La Granja, La Gabarra, El Salado, Chengue, El Naya. En todas fue evidente que los grupos tenían pleno acceso y tránsito por el territorio nacional sin toparse con la fuerza pública. El Estado colombiano reconoció ante instancias interamericanas su responsabilidad parcial en la formación de los paramilitares y en una masacre del Magdalena Medio cuyo objetivo era detener investigaciones judiciales.
La cronología es la que importa. Mientras esto ocurría, la Corte Constitucional extendía el uso de la tutela a la protección de intereses colectivos de comunidades indígenas —el caso Cristiania reconoció que la preservación de la integridad comunitaria era un interés constitucional protegido incluso sin violación de un derecho fundamental individual—, la Sala Plena consolidaba su doctrina sobre derechos sociales, y la jurisprudencia colombiana comenzaba a exportarse como referente internacional.
Dos Colombias operaban en paralelo, cada una con su propio ritmo institucional. En el Bajo Atrato, los territorios colectivos del Curvaradó y el Jiguamiandó, titulados con 46.048 y 54.973 hectáreas respectivamente en desarrollo del artículo transitorio 55, eran sembrados de palma aceitera bajo protección paramilitar; la Defensoría del Pueblo documentó la operación pocos años después. El mismo Estado titulaba y no protegía lo titulado. El mismo derecho que la Corte extendía a las comunidades étnicas se cobraba en el terreno con desplazamiento y despojo.
¿Y si todo hubiera sido contingente?
La lectura estructural no basta, sin embargo, para explicar la intensidad de la degradación. ¿Qué papel jugaron las contingencias?
El bombardeo a la sede del secretariado de las FARC en Casa Verde, en La Uribe, coincidió con las elecciones de constituyentes de diciembre de 1990. Analistas militares lo calificaron como un error estratégico que endureció la posición de esa guerrilla; políticos conservadores como un hecho que frustró la posibilidad de que la nueva Constitución se convirtiera en tratado de paz. Las FARC no participaron en la Asamblea. El EPL entró por la lista de la AD M-19; el Movimiento Armado Quintín Lame buscó representación. Pero la guerrilla más numerosa quedó fuera, y el proceso constituyente perdió su vocación de cierre integral del conflicto armado.
Pablo Escobar se entregó a las autoridades en torno al 4 de julio de 1991, el mismo día en que se promulgó la Constitución, aprovechando la prohibición de extradición que la Carta consagraba y la política de sometimiento a la justicia. Fue recluido en La Catedral, en Envigado, de donde se fugó el 21 de julio de 1992. Su muerte en diciembre de 1993 no cerró el ciclo del narcotráfico: el Cartel de Cali entregó seis millones de dólares a la campaña de Ernesto Samper en 1994, y el escándalo estalló en junio de ese año cuando Andrés Pastrana entregó al presidente saliente César Gaviria las grabaciones que comprometían a los hermanos Rodríguez Orejuela. El Proceso 8000 destapó vínculos del Cartel de Cali con aproximadamente cien políticos nacionales, incluyendo congresistas, los contralores David Turbay y Manuel Francisco Becerra y el procurador Orlando Vásquez, la mayoría del Partido Liberal. En junio de 1996, el Comité de Acusaciones de la Cámara absolvió a Samper.
La consecuencia fue un gobierno paralizado en el momento en que las FARC construían su mayor capacidad militar de la historia. Entre agosto de 1996 y noviembre de 1998, la guerrilla atacó Las Delicias, Patascoy, El Caguán y Mitú, y llegó a creer posible la toma del poder por las armas. Pastrana negoció desde 1998 la zona de distensión del Caguán en cinco municipios de los Llanos Orientales; las FARC negociaban desde una posición de fuerza militar. El ELN había suspendido sus conversaciones en junio de 1995 condicionándolas al esclarecimiento del asesinato de dos de sus dirigentes, supuestamente perpetrado por efectivos de la XX Brigada del Ejército.
Estas contingencias son reales y pesan. Pero no operaron en el vacío: se articularon con las omisiones estructurales del pacto de 1991. La crisis Samper no habría producido el mismo vacío si la Constitución hubiera reformado la fuerza pública; la ofensiva de las FARC no habría encontrado el mismo espacio para las Convivir si el diseño constitucional hubiera controlado la delegación de la violencia; el crecimiento paramilitar no habría hallado la misma base económica si la Ley 160 de 1994 hubiera transformado efectivamente la propiedad rural.
¿Falla de implementación o rasgo constitutivo?
La respuesta más sólida frente a los hechos es la siguiente. La Constitución de 1991 creó las condiciones estructurales para esa coexistencia al dejar intactas las relaciones civiles-militares, la estructura agraria y los poderes regionales, pero esa arquitectura dual no fue un proyecto deliberado ni operó en el vacío. Se articuló con contingencias políticas —el bombardeo a Casa Verde, la crisis Samper, el fracaso de los diálogos con el ELN y las FARC, el crecimiento guerrillero de finales de los noventa— que aceleraron la delegación estatal de la violencia y convirtieron las omisiones constitucionales en habilitaciones activas del despojo.
La Carta no fue, entonces, una promesa incumplida por implementación deficiente. Fue estructuralmente exitosa en sus propios términos: modernizó el lenguaje del Estado, universalizó la retórica de los derechos, creó una arquitectura judicial que llevaría a la Corte Constitucional a declarar en la Sentencia T-025 de 2004 el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado. Una declaración que no habría sido necesaria si el Estado hubiera protegido a los desplazados, y que fue posible precisamente porque no lo hizo. Ese éxito jurídico y ese fracaso territorial no son contradictorios: pertenecen al mismo diseño. Una Constitución que reconoce el derecho colectivo de las comunidades negras en la Ley 70 de 1993, que titula las hectáreas del Curvaradó y el Jiguamiandó, y que simultáneamente permite el despliegue de Convivir en esos mismos territorios y la siembra de palma aceitera de la mano de la violencia paramilitar, no está fallando: está funcionando como fue diseñada, con un ala jurídica y un ala territorial que se ignoran mutuamente.
El concepto de Estado constitucional sin Estado captura esa arquitectura. No se trata de que las capacidades estatales hayan sido insuficientes para llenar el molde constitucional; se trata de que el molde fue diseñado para operar sin exigir esas capacidades donde el conflicto ardía. La tutela protege al ciudadano que puede acudir a un juez, no al campesino desplazado de El Salado —donde el efecto más palpable fue la desaparición del pueblo y sus veredas, no solo en su dimensión física sino como disolución de tramas sociales— mientras el desplazamiento ocurre. La Corte evalúa la política pública de atención al desplazado, no impide el desplazamiento. La Defensoría documenta violaciones, no las previene. El aparato de derechos humanos opera aguas abajo del despojo, no aguas arriba.
¿Significa esto que la Constitución fue un dispositivo cínico de legitimación diseñado por élites para camuflar el despojo? La respuesta corta es no, y la respuesta larga obliga a distinguir intención de resultado. Álvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolff, Horacio Serpa y Manuel José Cepeda no conspiraron para producir esta arquitectura dual. Pero una coalición constituyente heterogénea, urbana en su gravitación e ideológicamente diversa pudo acordar el reconocimiento de derechos precisamente porque no acordó tocar los pilares donde el conflicto se decidía. Esa evasión no fue traición: fue el precio del acuerdo. Y ese precio se cobró en Mapiripán, en El Aro, en La Gabarra, en El Salado, en Chengue, en los territorios colectivos del Bajo Atrato, en las masacres de finales de los noventa, en los casi cuatro millones de desplazados.
¿Qué preguntas quedan abiertas?
¿Cuánto pesó la agencia autónoma de los actores armados? Las AUC formalizadas bajo Carlos Castaño desde 1997 tuvieron proyecto territorial propio, ambiciones económicas propias y capacidad de articular élites regionales que precedían al orden constitucional del 91. Las FARC crecieron desde 1994 por dinámicas internas que no dependían de la Carta. El narcotráfico recompuesto tras la caída de los grandes carteles operó con lógicas de acumulación que atravesaron regímenes políticos distintos. Cuánto de la degradación se explica por la arquitectura constitucional dual y cuánto por la autonomía de esos actores es materia de discusión abierta.
¿Reparó la Corte Constitucional las omisiones del pacto? La T-025 de 2004, las decisiones sobre estados de excepción, la extensión de la tutela a intereses colectivos, la Sentencia T-268 de 2003 que reconoció el desplazamiento intraurbano tras el episodio del barrio El Salado en Medellín en 2002: ¿hasta qué punto la propia Corte reparó, en la práctica, las omisiones del pacto constituyente? Si la respuesta es que las reparó parcialmente, la lectura estructural pierde algo de fuerza; si la respuesta es que las administró sin cerrarlas, la lectura se refuerza. El hecho de que el estado de cosas inconstitucional en desplazamiento siga vigente dos décadas después de declarado inclina la balanza hacia la segunda opción.
¿Habría sido posible otra Constitución? ¿Una que sí tocara la propiedad rural, la fuerza pública y los poderes regionales? La composición de la Asamblea, la coyuntura del bombardeo a Casa Verde, la ausencia de las FARC, la presencia decisiva del liberalismo y del MSN, y la lógica misma de un pacto que buscaba estabilizar antes que refundar, sugieren que no. Pero afirmarlo con certeza excede lo que sabemos.
Queda, sin embargo, el hecho central. Entre 1990 y 2002, Colombia produjo simultáneamente uno de los constitucionalismos más progresistas de América Latina y una de las degradaciones más profundas de su conflicto armado. Esa simultaneidad no fue accidente ni contradicción. Fue el modo específico en que un pacto constituyente resolvió su propia imposibilidad. Modernizó el lenguaje sin tocar la sustancia. Expandió los derechos donde el conflicto no llegaba. Delegó la violencia donde el conflicto se decidía. Esa es la arquitectura. Y esa es la pregunta que cualquier reforma futura tendrá que responder antes de repetirla con otro vocabulario.
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Documentos usados en esta lectura
72 documentos · 83 fragmentos de referencia01Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994Marco Palacios · 2003 · p. 330, 3362 fragmentos
[1]más de medio sig lo transitando esta espiral de cri men-mo vimiento de opinión-represión-crimen. Pero, ya vi- mos, la repr esión no ha funcionado y ello obedece en alguna me- dida a que la población no confia en sus jueces y menos aún en sus po li cías. Si alguna conclusión se deriva de este último medio sig lo, es el…
p. 330
[13]política, creó una circunscripción nacional para elegir un senado de numerus clausus: 100 miembros, más dos indígenas. Antes de esbozar las grandes líneas de la constitución de 1991, conviene subrayar el silencio en relación con el estatuto de los mi- litares y de la policía y sus relaciones con el poder civil. Las…
p. 336
02Desafíos de la gobernabilidad democrática. Reformas político-institucionales y movimientos sociales en la región andinaMartín Tanaka, Francine Jácome · 2010 · p. 491 fragmento
[2]a los ciudadanos. La Constitución de 1991 consolidó el proceso de descentrali- zación política y administrativa que comenzó en el año de 1986 con la refor- ma que permitió la elección popular de alcaldes. Al igual, creó mecanismos de participación directa, como la iniciativa popular, y de comunicación directa con la…
p. 49
03Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 1931 fragmento
[3]el país. A pesar de lo corto del tiempo, su coordinador, Ricardo Santamaría, sostiene que hubo mucho interés, el cual se vio reflejado, por ejemplo, en el Una de las mayores paradojas de la Constitución de 1991 fue que esta nació con base en la controvertida figura del “estado de sitio”. En efecto, el presidente…
p. 193
04Testigos olvidados. Periodismo y paz en ColombiaAndrés Felipe De Pablos, Luisa Fernanda Gómez · 2017 · p. 32 fragmentos
[4]palabras, determinó que la Constituyente no podía quedar sujeta a los temas impuestos por el Gobierno o el poder político. Con este nuevo impulso para los procesos de negociación, el convocó al XII Pleno del Partido Comunista Marxista EPL Leninista los días 18, 19 y 20 de octubre, en el campamento de Labores. “Este…
p. 3
[5]palabras, determinó que la Constituyente no podía quedar sujeta a los temas impuestos por el Gobierno o el poder político. Con este nuevo impulso para los procesos de negociación, el convocó al XII Pleno del Partido Comunista Marxista EPL Leninista los días 18, 19 y 20 de octubre, en el campamento de Labores. “Este…
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05Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013Mario Aguilera Peña · 2013 · p. 1361 fragmento
[6]4.991.887 votos; por el no 226.451. El total de la votación fue de 5.218.338. Véase: “El paso a paso del proceso constituyente”, Semana, abril 7 del 2011. 64 Carlos Alfonso Velásquez, un coronel y analista del conflicto señala que fue una equivocación estratégica que incrementó la “motivación de guerra contra el…
p. 136
06Grandes momentos de ColombiaGustavo Castro Caycedo · 2016 · p. 2831 fragmento
[7]elegir a 70 miembros. El 4 de febrero de 1991, se instaló en el salón Elíptico del Congreso, la Asamblea. Tres constituyentes fueron elegidos como copresidentes: Alvaro Gómez Hurtado, Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa Uribe. El 4 de julio fue proclamada la nueva Constitución, que acentuó temáticamente los derechos…
p. 283
07Memorias dispersasHumberto De La Calle Lombana · 2021 · p. 1461 fragmento
[8]la cuestión ecológica promovida por Misael Pastrana; la Fiscalía de gran tamaño impulsada por Gómez Hurtado, tema en el cual derrotó al Gobierno, y la configuración del Consejo Superior de la Judicatura como un cuerpo de corte jurídico, una alta magistratura, la más importante de todas, me dijo alguna vez Gómez…
p. 146
08Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos. El Movimiento Armado Quintín LameDaniel Ricardo Peñaranda Supelano · 2015 · p. 3241 fragmento
[9]tos de marginarse de las negociaciones por parte de algunos miem bros del Estado Mayor, quienes pretendían elevar el nivel de exi gencias frente al Gobier no, estos inten tos, sin embargo, fueron superados por una visión más pragmática del proceso que al final terminó por imponerse. A partir del mes de agosto el…
p. 324
09No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 248, 2672 fragmentos
[10]en Envigado: La Catedral. La esperanza de Gaviria era que una vez en la prisión se podrían endurecer las condiciones de reclusión de Escobar 728. Hasta ese momento, en teoría el Ejército no estaba en guerra contra las drogas, que era un asunto controlado por la DEA y la Policía. De hecho, Escobar escribió en un…
p. 248
[39]la década tomaron un nuevo auge y Medellín se vería envuelta en una guerra urbana. Los desarmes durante la década de los noventa evidenciaron los claroscuros de pro- mover procesos de desmovilización únicamente concentrados en la desestructuración de organizaciones armadas, sin dedicar esfuerzos políticos, financieros…
p. 267
10Enciclopedia de Colombia - Volumen 2Camilo Calderón Schrader · 2001 · p. 2641 fragmento
[11]y judiciales tales como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura. Además, se puso en marcha la acción de tutela, mecanismo de protección de los derechos funda- mentales. Gobiernos posteriores al Frente Nacional EN Proclamación de la Constitución de 1991. En Pese…
p. 264
11Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 2741 fragmento
[12]firmadas y en parte incumplidas. Muchas de sus normas constitu í an una actualizaci ó n indispensable de una constituci ó n formalista, ya centenaria, convertida en obst á culo a la democracia: reemplaz ó a una constituci ó n que exist í a en buena parte en la medida en que su vigencia se suspend í a, de modo que se…
p. 274
12Una vida, muchas vidasGustavo Petro Urrego · 2021 · p. 1761 fragmento
[14]convenía ni al Gobierno ni al Partido Liberal, porque esa alianza de fuerzas relativamente progresistas iba en contravía de la dimensión neoliberal de la Constitución del 91.· En ese momento, Navarro cometió un error histórico: rom- pió el acuerdo con Gómez sin decirle a nadie y aceptó un almuerzo con López Michelsen…
p. 176
13El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 812 fragmentos
[15]la Acción de Tutela La creación de la Corte Constitucional y la previsión de la ac- ción de tutela son dos de las innovaciones institucionales más im- portantes de la Constitución de 1991, marcando de fi nitivamente el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en los años siguientes en…
p. 81
[16]la Acción de Tutela La creación de la Corte Constitucional y la previsión de la ac- ción de tutela son dos de las innovaciones institucionales más im- portantes de la Constitución de 1991, marcando de fi nitivamente el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en los años siguientes en…
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14Gran Enciclopedia de Colombia. Tomo 7: InstitucionesRoberto Hinestrosa Rey (Director Académico), Sandra Morelli Rico (Coordinación Académica) · 1993 · p. 511 fragmento
[17]hubiese privado desu vivienda en forma injustificada, vul- nerando en una situación concreta el derecho consagrado en el articulo 51, frente al cual el Estado tenía el deber de abstenerse de actuar. El ejemplo concreto lo encontramos er el decreto por medio del cual se eliminaron las residencias femeninas adscritas al…
p. 51
15Mayorías sin democracia. Desequilibrio de poderes y Estado de derecho en Colombia, 2002-2009Mauricio García Villegas, Javier Eduardo Revelo Rebolledo · 2009 · p. 1001 fragmento
[18]funcionó en- tre 1993 y 2001. Este fue tal vez el periodo más tenso entre la Corte y el Ejecutivo. En ese lapso hubo tres gobiernos: el de César Gaviria, el de Ernesto Samper y el de Andrés Pastrana. César Gaviria (1993-1994) El gobierno, que en la Asamblea Constituyente había sido un convencido defensor de la Corte,…
p. 100
16Más allá del desplazamiento: políticas, derechos y superación del desplazamiento forzado en ColombiaCésar Rodríguez Garavito (coord.), Juan Carlos Guataquí, Ana María Ibáñez Londoño, María Mercedes Maldonado Copello, Luis Eduardo Pérez Murcia, Esteban Restrepo Saldarriaga, Héctor Riveros Serrato, Diana Rodríguez Franco, Yamile Salinas Abdala · 2010 · p. 14, 2192 fragmentos
[19]CÓMO S u PE r A r u N ESTADO DE COSAS INCONSTIT u CIONAL César r o D ríguez g arav I to* D OS P r E gu NTAS CENT r ALES SO br E EL ESTADO DE COSAS INCONSTIT u CIONAL La figura del estado de cosas inconstitucional (ECI) ha sido uno de los aportes fundamentales del constitucionalismo colombiano a la jurispru- dencia y…
p. 219
[20]am- plió su campo de acción con respecto a este fenómeno. Mientras en 1997 las órdenes estaban dirigidas a funcionarios y entidades específicas, y las soluciones estudiaban las violaciones de derechos individuales, entre los años 2000 y 2003 el tribunal constitucional profirió algunas sentencias con conceptos que…
p. 14
17Colombia: The Politics of Reforming the StateEduardo Posada-Carbó (editor) · 1998 · p. 1051 fragmento
[21]viewpoint, the Court has rejected tutelas in re- lations in which there was not an inequality of bargaining power (a singer against a record company), or no economic dependency (a father against his self-sufficient wife and children). In addition, even if there is a power inequality, tutela cannot be used when no…
p. 105
18Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 411 fragmento
[22]del Estado pero lo suficiente como para satisfacer los incre- mentos salariales y pensionales de los militares. Más del 60% de la fuer- za 1nilitar está dedicada a la protección de sectores clave de la economía, y casi el 70% del presupuesto de defensa se invierte en salarios y otros beneficios; el resto, en la…
p. 41
19El desplazamiento en Colombia. Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez · 2005 · p. 405, 4182 fragmentos
[23]la Corte en el caso del asentamiento la reliquia en la ciudad de Villavicencio. (Corte Constitucional, 2001c). A NDRÉS C ELIS 418 – La Ley 387 estaría sin reglamentación. Los comités territoriales carecerían de competencias claros y no sería claro el papel de la Red Solidaridad Social como coordinadora del sistema…
p. 418
[64](Corte Constitucional. 2001a). P OLÍTICA PÚBLICA Y DERECHO 405 En el primer caso —la atención humanitaria— la finalidad del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, es atender la situación de emer- gencia que impide a las personas desplazadas asumir temporalmente y por cuenta propia su subsistencia. El límite fijado por la…
p. 405
20El desplazamiento en Colombia: Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez (editoras) · 2005 · p. 405, 4182 fragmentos
[24]la Corte en el caso del asentamiento la reliquia en la ciudad de Villavicencio. (Corte Constitucional, 2001c). A NDRÉS C ELIS 418 – La Ley 387 estaría sin reglamentación. Los comités territoriales carecerían de competencias claros y no sería claro el papel de la Red Solidaridad Social como coordinadora del sistema…
p. 418
[65](Corte Constitucional. 2001a). P OLÍTICA PÚBLICA Y DERECHO 405 En el primer caso —la atención humanitaria— la finalidad del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, es atender la situación de emer- gencia que impide a las personas desplazadas asumir temporalmente y por cuenta propia su subsistencia. El límite fijado por la…
p. 405
21¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 1051 fragmento
[25]fin del narcoterro- rismo. La prohibición constitucional de la extradición abrió el camino para la salida a la guerra del narcotráfico contra el Estado y viabilizó la implementación de la figura jurídica del sometimiento a la justicia como ruta para el desmantelamiento del Cartel de Medellín. Este aspecto será…
p. 105
22Democracia feroz. ¿Por qué la sociedad en Colombia no es capaz de controlar a su clase política?Gustavo Duncan · 2018 · p. 1841 fragmento
[26]del Estado se centraban en neutralizar a Escobar, mientras que desde Estados Unidos y la sociedad colombiana se prefería pasar por alta la evidente infiltración de autoridades civiles y políticas. La depuración del sistema tendría que esperar al final de la guerra contra Escobar. A lo largo del proceso 8000 la…
p. 184
23Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 181 fragmento
[27]extradición y al día siguiente se entregó a la justicia Pablo Escobar Gaviria, cabeza del cartel de Medellín y autor de innumerables asesinatos y varios atentados terroristas en lugares públicos. Su fuga de la cárcel de lujo que había acondicionado con sus propios recursos, seguida por su persecución y muerte a manos…
p. 18
24Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 4291 fragmento
[28]preliminar que, en poco tiempo, podría determinar su absolución. El Departamento de Estado de Estados Unidos y la propia fiscal Janet Reno, colocaron en cuestión el pro- cedimiento. En una misiva fechada el 10 de mayo de 1994, Reno denunció la “negativa” del fiscal general de Colombia, Gustavo De Greiff, “a afirmar la…
p. 429
25Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 2481 fragmento
[29]aprovechada por el cartel de Cali. Esta organización evitó siempre enfrentarse directamente con el Estado; por el contrario, prefirió el dinero y la corrupción para impulsar sus intereses. En 1994, el cartel de Cali entregó seis millones de dólares a la campaña del liberal Ernesto Samper, quien fue electo presidente.…
p. 248
26Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y MéxicoGustavo Duncan · 2014 · p. 2801 fragmento
[30]regulación social impuestos por los narcotraficantes en escenarios donde no estaban dadas las condi ciones para que sus instituciones renunciaran a ejercer su autoridad. En una década, el estado ya había fortalecido sus instituciones, al menos las represivas, para reducir las aspiraciones de control social de las…
p. 280
27Narcotráfico en Colombia: Economía y ViolenciaGustavo Duncan, Ricardo Vargas, Ricardo Rocha, Andrés López · 2005 · p. 471 fragmento
[31]ilícitas en Colombia. Su impacto económico, político y social. Editado por Ariel, PNUD y DNE. 1997. Pp. 279 – 346. 19 Álvaro Camacho Guisado, (2001). “Narcotráfico, Coyuntura y Crisis: Sugerencias Para un Debate”. En Rafael Pardo (Ed.), El Siglo Pasado. Colombia: Economía, Política y Sociedad. Bogotá: Red Multibanca…
p. 47
28Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, CatatumboYamile Salinas Abdala, María Fernanda Pérez Trujillo, Juan Pablo Luque, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 85, 902 fragmentos
[32]entorno, se consolidó el propósito criminal de “erra- dicar: “ la subversión, caracterizada no solo como acciones gue- rrilleras, sino también como toda forma de actividad popular o comportamiento contestatario y muchas veces social”, y de elimi- nar “toda forma de sociedad política populista ”. En esa línea, sindi-…
p. 90
[53]reclama gestionar acuerdos de paz con los Frentes Libardo Mora Toro y Ramón Gilberto Barbosa Zambrano, disidentes del proceso de paz con el EPL, en 1991 67. 67 Ver: Bluradio.com, 2015, Iniciar diálogos con disidencia del EPL, piden personeros del Catatumbo y Verdad Abierta.com, 2014, En Catatumbo reclaman mesa con…
p. 85
29El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 378, 3832 fragmentos
[33]no solo dio vida, sino que apoyó políticamente a las Convivir (ver por ejemplo las declaraciones en este sentido de Carlos Holmes Trujillo en: E l Tiempo, 27 de agosto de 1997b; y E l Tiempo, 29 de octubre de 1997c). 365 C a p í t u l o i o “una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado…
p. 378
[42]paz con las FARC y más sensible a las presio nes internacionales que sus predecesores— que «e desmontaron las Convivir. Pero eso no acabó con los emprendimientos de se guridad legales dirigidos por paramilitares, y orientados a coortli nar a su coalición de apoyos sociales. Las Convivir desaparecieron, pero quedó…
p. 383
30De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC). Informe No. 1Centro Nacional de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga Sarmiento, Anascas Del Río Moncada, Mauricio Barón Villa, Andrea García Hernández, José Alirio Duque Orrego, Edith Garzón Quintero · 2017 · p. 911 fragmento
[34]marco legal a la defensa que hacían los campesinos de sus propias tierras ante la amenaza de los grupos guerrille- ros, permitiéndoles el porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas a los particulares que hicieran parte como asociados de dichas Cooperativas” (Tribunal Superior del 92 DE LOS GRUPOS…
p. 91
31Detrás de la guerra en ColombiaAriel Ávila · 2019 · p. 1441 fragmento
[35]las masacres, los desplazamientos se convirtieron en una de las características de este grupo de paramilitares. Con la crisis de legitimidad y legalidad que vivió el gobierno del entonces presidente Samper, las Fuerzas Militares y gran parte de clase económica regional presionaron por la formación de grupos de…
p. 144
32Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 2671 fragmento
[36]al senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda, en agosto de 1994, justo en aquella época en que a Carlos Castaño le estaban dando el curso acelerado para hacerse político. Aprendió rápido. A comienzos de 1997 ya estaba dándole declaraciones a la prensa sobre la urgencia de encontrarle una salida negociada al…
p. 267
33A las puertas de El UbérrimoIván Cepeda, Jorge Rojas · 2008 · p. 591 fragmento
[37]de la organización paramilitar. "Es más, el 26 de febrero de 1996, cuando, según su propio testimonio, ya había consumado más de 10 masacres, Mancuso recibió una revista de inspección de la Superin- tendencia de Vigilancia que encontró todo en regla, según consta en un acta firmada por un funcionario de esta…
p. 59
34Global Capitalism, Democracy, and Civil-Military Relations in ColombiaWilliam Avilés · 2006 · p. 1301 fragmento
[38]by Gaviria’s civilian-led defense ministry examining the role that citizens could play in counterinsurgency led to the issuance of Decree 356 in February 1994 establishing “special services of vigilance and security” (Richani 2002, 50–51). The decree allowed anyone, with the approval of the Ministry of Defense, to…
p. 130
35Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1251 fragmento
[40]estuvie- ron al servicio de las ACCU, y postula: «Las asociaciones de seguridad privadas, tanto los servicios comunitarios como los servicios especiales de seguridad privada contemplados en el decreto-ley 356 de 1994, creadas por particulares, especialmente entre 1995 y 1998, con el auspicio o el visto bueno de…
p. 125
36Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 8951 fragmento
[41]otras personas. Por su parte, el Decreto Legislativo 2790 de 1990 amplió los tipos de información conducentes a la obtención de recompensas. De esta manera, la participación de civiles continuó siendo un elemento central en la política de defensa y seguridad del Estado. 3199 Con las que el gobierno tenía una relación…
p. 895
37El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 2. Las víctimas y las antesalas de la justicia. Conclusiones y RecomendacionesCentro Nacional de Memoria Histórica · 2016 · p. 1072 fragmentos
[43]Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 1990). 108 El derecho a la justicia como garantía de no repetición 16. En sus observaciones de 1997 el Comité de Derechos Hu- manos manifestó: El Comité está profundamente preocupado por la exis- tencia de pruebas de que grupos paramilitares…
p. 107
[44]Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 1990). 108 El derecho a la justicia como garantía de no repetición 16. En sus observaciones de 1997 el Comité de Derechos Hu- manos manifestó: El Comité está profundamente preocupado por la exis- tencia de pruebas de que grupos paramilitares…
p. 107
38La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestraGrupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez G. (Coordinador), Andrés Fernando Suárez (Relator) · 2009 · p. 2401 fragmento
[45]la crisis de gobernabilidad de la administración Samper había transformado la perspectiva de acceso al poder de las Farc, lo que derivó en una ofensiva militar fuerte y continuada por par- te de estas: entre 1996 y 1998, infligieron duros golpes militares a las fuerzas armadas en distintas partes del territorio…
p. 240
39Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 351 fragmento
[46]1998, en las FARC, seguíamos pensando en tomar el poder por las armas. El secretariado era consciente de ello. De hecho, cuando nos sentamos con Pastrana en el Caguán estábamos cerca del golpe final. Era un diálogo, pues nosotros éramos más fuertes (entrevista personal —EP 1—, mayo de 2015). La violencia se recrudece…
p. 35
40En medio del Magdalena MedioAlfredo Molano Bravo · 2009 · p. 551 fragmento
[47]habían acogido a las negociaciones, re- forzaron su beligerancia. El Gobierno respondió primero con la Guerra Integral que se proponía liquidar la guerrilla en 18 meses autorizado por el Estatuto para la Defensa de la Justicia, y luego abriendo negociaciones con las guerrillas en Caracas y Tlaxcala. Las dos…
p. 55
41Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 6871 fragmento
[48]en que el Ejército reincidió en la violación de la zona de distensión, luego de que en días anteriores ametrallaran y bombardearan a las 13 veredas que la componen, desde 2 aviones bimotores y durante dos horas y media, se comprometió el Gobierno en el incumplimiento de los acuerdos preliminares del proceso de…
p. 687
42Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (documento resumen)Álvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 1121 fragmento
[49]1995 la situación se hizo más tensa entre el gobierno y el ELN. Según denuncia del ELN, fueron asesinados en Bogotá, en estado de indefensión, dos dirigentes suyos por parte de efectivos de la XX Brigada del Ejército. Una de las víctimas era vocero designado por esta guerrilla para el diálogo de paz en preparación.…
p. 112
43Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y VichadaÁlvaro Villarraga Sarmiento (Director general); Centro Nacional de Memoria Histórica · p. 1081 fragmento
[50]Teresa Ronderos se refiere a la negociación entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC en el marco de los “diálogos del Caguán”, en medio de los cuales se otorgó la zona de distensión al grupo guerrillero. El despeje de fuerza pública se dio en cinco municipios de los Llanos Orientales. 109 2.…
p. 108
44Enciclopedia de Colombia - Volumen 3Camilo Calderón Schrader (coordinador), Carmen Astrid Romero Baquero, Néstor Iván Osuna Patiño, José Eduardo Rueda Enciso, Blas Jaramillo Martínez, José Alejandro Rodríguez Ruiz, Henry Luque Muñoz · 2002 · p. 1151 fragmento
[51]institucionalidad se pretendió dar respuesta. En efecto, Colombia padecía desde hacía varios lustros de una larvada guerra civil que en los años ochenta y noventa tomó inusitado vigor. Diversos procesos de pacificación han logrado que algunos de los grupos armados se integren al sistema. No obstante, la guerra civil…
p. 115
45Nos matan y no es noticia. Parapolítica de Estado en ColombiaRicardo Ferrer Espinosa, Nelson J. Restrepo A. · 2010 · p. 771 fragmento
[52]al resto del país. Se reproducía en cada localidad, con la disciplina militar de verdaderos psicópatas organizados. Hecho el ensayo y vistos sus resultados, el modelo de arrasamiento se aplicó luego a otras regiones y goza del silen- cio de la prensa oficial en Colombia. Y del silencio de la prensa en los países con…
p. 77
46Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera · 2018 · p. 1851 fragmento
[54]grupos armados, en especial los paramilitares, construyeron sobre los motivos y fines de sus ac- ciones, como en el caso de la masacre de El Salado. En el informe sobre esa masacre, sus autores contribuyen a desmontar el estigma con el cual la Casa Castaño justificó semejante horror 99. Según el CNRR-GMH, la masacre…
p. 185
47Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Magdalena MedioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1031 fragmento
[55]región. Sobre esta masacre el Estado reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad parcial en la formación de los paramilitares, la planeación y ejecución de la masacre, cuyo objetivo era detener las investigaciones 292. Alias Vladimir confesó que perpetró 286 Entrevista…
p. 103
48Granada: Memorias de guerra, resistencia y reconstrucciónMarta Inés Villa Martínez, Laura Cartagena Benítez, Fernando Valencia Rivera · 2016 · p. 1771 fragmento
[56]cometidas por paramilitares, el 17, 3 por ciento por guerrillas, el 7, 9 por ciento fuerza pública en acciones conjuntas y 0, 4 por cien- to otros grupos (CNMH, 2012, página 47). Según el Banco de da- tos de Cinep (2003) en la subregión del oriente antioqueño hubo 58 masacres entre 1988 y 2005; cada uno de estos…
p. 177
49Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 351 fragmento
[57]que no empezó ni acabó en el corregimiento El Salado (municipio de El Carmen de Bolívar) sino que se extendió a los corregimientos Canutal, Canutalito y Flor del Monte (municipio de Ovejas, en Sucre) y la vereda La Sierra (municipio de Córdoba, en Bolívar); masacre de Mampuján, acontecida en el corregimiento Mampuján…
p. 35
50Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoFrancisco Barbosa Delgado · 2018 · p. 1091 fragmento
[58]hacen en la dignidad de las víctimas y la cobardía de los victimarios (CNMH, 2010b, página 88), otros en la inocencia de las víctimas (CNMH, 2010b, página 90). Contrario sensu, las memorias de los victimarios se centran más en interpretaciones que en hechos, están llenas de silencios y ha- cen énfasis en situaciones…
p. 109
51Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 901 fragmento
[59]cuando empezó el registro oficial. Una nación desplazada periodiza el desplazamiento contemporá- neo en cuatro periodos: • 1980-1988: desplazamiento silencioso en el escalamiento del con- flicto armado. • 1989-1996: continuidad del desplazamiento en el nuevo pacto social. • 1997-2004: gran éxodo forzado en la Colombia…
p. 90
52Pueblos arrasados: Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión (relatores) · 2015 · p. 2541 fragmento
[60]masivo gota a gota 82 que dio lugar al vaciamiento de las veredas y centros poblados. 82 Se ha denominado así ya que aunque el RUV la mayoría de desplazamientos aparecen como individuales, lo cierto es que las veredas y centros poblados experimentaron el fenómeno del vaciamiento en el transcurso de unos pocos meses.…
p. 254
53Pueblos arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión · 2015 · p. 2541 fragmento
[61]y atentados contra la integridad personal (Defensoría del Pueblo, 2003). Para la fecha del informe de riesgo, ya existían los campa- mentos paramilitares ubicados en Puerto Esperanza y Brisas de Yamanes, algunas comunidades se habían tenido que confinar en las escuelas, y otros moradores se movían entre veredas o…
p. 254
54Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte (Editores) · 2009 · p. 3981 fragmento
[62]se estimó que el número total de desplazados desde 1996 hasta el 2006 fue de 3’911.782 (Granada, Restrepo y Sadinle, 2008). Utilizando la menor de estas cifras, el porcentaje de la población colombiana que había estado en condición de desplazamiento para ese entonces alcanza aproximadamente el 6%, lo cual evidencia la…
p. 398
55Cruzando la frontera: Memorias del éxodo hacia Venezuela. El caso del río AraucaCentro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 251 fragmento
[63]de refugiado está restringida a aquellas personas que migra- ron forzadamente “como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 º de enero de 1951 ”. 26 Cruzando la frontera: memorias del éxodo hacia Venezuela. El caso del río Arauca masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que hayan perturbado…
p. 25
56Desplazamiento forzado en la Comuna 13: La huella invisible de la guerraLuz Amparo Sánchez, Marta Inés Villa, Pilar Riaño · 2011 · p. 2311 fragmento
[66]al municipio de Bello. Entonces el funcionario me dice: “negra, ¿qué venís a pedir?” “A pedir no, yo no vengo a pedir, yo vengo a traerle este derecho de petición. Acuérdese, vengo a reclamar mis derechos y a mí no me trate como una mendiga que no lo soy” (Testimonio de mujer adulta, lideresa desplazada, 2010) A unque…
p. 231
57Los retos de la Colombia contemporánea. Miradas disciplinares diversas en las ciencias socialesMauricio Nieto Olarte (edición académica y compilación), Luis Javier Orjuela, Alix Catalina Rojas, Carlos Felipe Cantor, Juan Carlos Rodríguez, Andrés Guhl, Sandra Borda G., Mateo Morales, Ángela Iranzo Dosdad, Alejandro Castillejo Cuéllar, Juan Ricardo Aparicio, Alhena Caicedo, Pablo Jaramillo, Carlos A. Manrique, Laura Quintana · 2017 · p. 292 fragmentos
[67]36 (López Pumarejo) y 1. ª del 68 (Lleras Restrepo), mediante la adjudicación de la propiedad al aparcero o arrendatario, después de diez años de trabajo sobre ella 3. Así, mediante la Ley 6. ª se evitaba la redistribución de la tierra. Esta relación de aparcería, que incluso podía obligar al campesino a pres - tarle…
p. 29
[68]36 (López Pumarejo) y 1. ª del 68 (Lleras Restrepo), mediante la adjudicación de la propiedad al aparcero o arrendatario, después de diez años de trabajo sobre ella 3. Así, mediante la Ley 6. ª se evitaba la redistribución de la tierra. Esta relación de aparcería, que incluso podía obligar al campesino a pres - tarle…
p. 29
58Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistasRocío Londoño (coord.), Carolina Castro, Álvaro Delgado, Jaime Landinez · 2016 · p. 1841 fragmento
[69]de reforma agraria anteriores (Ley 135 de 1961 y Ley 30 de 1988), excepto en dos propósitos nuevos: el de promover y ga- rantizar la paz, y el de incluir a las mujeres y a los indígenas como sujetos de la nueva reforma agraria. Artículo 1o.- Inspirada en el precepto constitucional según el cual es deber del Estado…
p. 184
59Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena. Los casos de las parcelaciones de El Toco, El Platanal y Santa FeYamile Salinas Abdala, María Paula Hoyos, Ana María Cristancho · 2018 · p. 371 fragmento
[70]a procesos de desalojos adelan- tados por alcaldes y policías 55, y a grupos armados conformados por vigilantes que desplazaron campesinos de las fincas. Tal es el caso de Rodríguez Fuentes que con apoyo de autoridades evitó la toma de su finca Nueva Dicha, antes de la incursión paramilitar en Agustín Codazzi (URT,…
p. 37
60La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Esbozo de una memoria institucionalAbsalón Machado Cartagena · 2013 · p. 821 fragmento
[71]adheridos para hacer uso productivo de los suelos, como el agua. 6. El débil apoyo institucional y la escasa participación comunitaria. Se heredó un sesgo procedimental que generó serias distorsiones en los logros; los grupos de consulta o comités técnicos no operaron y el Incora siguió teniendo una influencia…
p. 82
6125 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000Mauricio Archila Neira, Álvaro Delgado G., Martha Cecilia García V., Esmeralda Prada M. · 2002 · p. 1461 fragmento
[72]el 44.63% de la superficie ocupada 37 • Esto muestra que se fragmentó la pequeña propiedad y que los pequeños y medíanos campesinos perdíeron control sobre la tierra. mientras los gran- des propietarios lo aumentaron. Por otra parte, las leyes de reforma agraria han tenido escasos resulta- dos: han favorecido la…
p. 146
62Colombia: Essays on Conflict, Peace, and DevelopmentAndres Solimano (Editor) · 2000 · p. 1161 fragmento
[73]equality. Land access is iden- tified as a fundamental element in achieving these objectives. While this has been a recurrent issue, so too has society's failure to make progress in this area. Colombia, unlike many developing countries, did not carry out a process of agrarian reform in time. Perhaps there is no more…
p. 116
63La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 4481 fragmento
[74]venta en cualquier notaría. La otra forma de venta del predio sin intervención del Incora se realizaba sin escrituras; donde el vendedor pro- metía la elaboración de las escrituras y el comprador no desembolsaba la totalidad del pago hasta no tener los papeles de propiedad del predio. Estos tipos de irregularidades en…
p. 448
64Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. De la colonia a la creación del Frente NacionalAbsalón Machado Cartagena · 2009 · p. 1271 fragmento
[75]al proceso de modernización agraria que empezaba a vislumbrarse tímidamente desde los treinta. El debate sobre tierras se acentuó a fines de los años veinte y durante los treinta, a raíz de los conflictos agrarios y las transformaciones socioeconó micas relacionadas con la construcción de obras públicas en los años…
p. 127
65Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Región CentroComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1741 fragmento
[76]se vistieran porque nos teníamos que ir de la finca. [...] Salimos volados en un camión que pasaba en ese momento. Al volver a pasar por La Horqueta ya no había ni sombra de los otros paramilitares, solo quedaban los muertos 575. Unas 200 personas se desplazaron a Bogotá y a otros municipios de la región 576. Este…
p. 174
66Etnización de la negridad: La invención de las 'comunidades negras' como grupo étnico en ColombiaEduardo Restrepo · 2013 · p. 901 fragmento
[77]Obapo y la Ocaba. Entonces hacíamos la propuesta y la llevaba a discutir a otros departamentos. Entonces lo que hacían los otros departamentos era anexar algunos conceptos y validar la propuesta que nosotros llevábamos. Porque tampoco allá habían procesos organizativos […] A raíz del 91, del 93, inician a nacer…
p. 90
67La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 571 fragmento
[78]de organizaciones sociales a través de los consejos comunitarios, para la protección y utilización sustentable de los recursos naturales (Grueso, 2000). Estos consejos comunitarios son las instancias de organización de los pobladores dentro de un área delimitada del terri- torio que han ocupado de acuerdo a sus…
p. 57
68La economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y políticaMauricio Romero Vidal (coordinador y editor), Ariel Fernando Ávila Martínez, Vilma Liliana Franco R., Ángela Olaya, Hernán Pedraza Saravia, Bernardo Pérez Salazar, Juan Diego Restrepo E., Diana Torres · 2011 · p. 2081 fragmento
[79]colectivos y expidió el de Curvaradó, con un área de 46.048 hectáreas, y el de Jiguamiandó, con 54.973 hectáreas." 6. Artículo 1. Capítulo 1. Objeto y Definiciones. Ley 70 de 1993, por e! cual se desarrolla e! artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Ver en Cartilla Consecutiva dela Jurisprudencia y Marco…
p. 208
69Movimientos sociales, Estado y democracia en ColombiaMauricio Archila, Mauricio Pardo (Editores) · 2001 · p. 2571 fragmento
[80]se habían apartado del intento de crear una coordinación nacional del movimiento ne- gro, reticentes a ceder autonomía a grupos de activistas de sede urbana pero carentes de representatividad en el seno de las or- ganizaciones de base. En torno al movimiento negro en Colombia i 337 ] La Ley 70 contiene 8 capítulos y…
p. 257
70Bojayá: La guerra sin límitesGrupo de Memoria Histórica, Martha Nubia Bello Albarracín, Pilar Riaño Alcalá, Gonzalo Sánchez G. · 2010 · p. 1671 fragmento
[81]apoyada por los paramilitares porque garantizaban un cambio en el poblamiento y en el paisaje del Bajo Atrato, acercándolo al modelo del paisaje de Urabá con el monocultivo de banano, que debería permitirles arrebatar definitivamente el control del territorio a la guerrilla de las FARC, en un momento en el que el…
p. 167
71Raza y derechos humanos en Colombia: Informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombianaCésar Rodríguez Garavito, Tatiana Alfonso Sierra, Isabel Cavelier Adarve · 2009 · p. 3201 fragmento
[82]la región del Urabá chocoano sigue siendo una de las zonas más deprimidas en términos sociales y económicos, aún seis años después de haber sido expedida la política pública. 25 El bajo y medio Atrato, por su parte, es una de las zonas en donde el impulso de programas de desarrollo sostenible ha vulnerado los derechos…
p. 320
72Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 671 fragmento
[83]bélicas, atentados y ataques a población, tuvo un auge entre los años 2001, 2006 y 2012 59. La presión sobre las economías legales por parte de las guerrillas, con diferentes violaciones a los derechos humanos, motivó el ingreso de nuevas estructuras paramilitares. En un principio, bajo la modalidad de las llamadas…
p. 67