Mitú

Un lugar antes de ser capital

Mucho antes de que existiera el nombre Mitú, la cuenca del Vaupés era un mosaico de pueblos distribuidos por los ríos según reglas de parentesco, alianza y lengua. Los grupos de la familia lingüística tukano —tukanos propiamente dichos, guananos, taiwanos, kubeos, karapanos, desanos, barasanos, makunas— ocupaban los cauces principales y sus afluentes. Los tukanos se extendían a lo largo del río Vaupés en la franja limítrofe con Brasil; los uananos y tarianos, entre el Vaupés y el Papurí; los kubeos y kidegas, entre la Mesa de Yambí, el propio Vaupés y el río Isana. En regiones alejadas de los ríos, selva adentro, se movían los macú, cazadores especializados a quienes la mayoría de los tucanos orientales trataban como sirvientes y a quienes se ha asociado con procesos de reinstauración de la caza allí donde el suelo antiguo no permitía sostener horticulturas grandes.

Aquella organización, que combinaba exogamia lingüística, redes de intercambio ceremonial y jerarquías internas, se sostenía sobre un territorio que los ojos externos casi nunca miraron. Los suelos del Vaupés son lateríticos, pobres en humus, sometidos a una descomposición química acelerada por el calor y las lluvias permanentes; nada en ellos invita a la agricultura extensiva. La coca ipadu en polvo, mascada por los hombres adultos y algunas mujeres mayores entre los barasana del Pirá-Paraná y otros grupos vecinos, formaba parte de la vida ritual, y una densidad mitológica que apenas empezaba a describirse a mediados del siglo XX organizaba el paisaje: cachiveras, cerros, caños y bocas de río no eran accidentes sino nombres.

Sobre ese sustrato cayó, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, la primera economía extractiva que interesó al mundo exterior: el caucho. La trata de indígenas que la acompañó, ya desde la segunda mitad del XIX, provocó destierros y exterminios de sociedades enteras y desarticuló las redes de intercambio interétnico previas. La Casa Arana y otras casas caucheras extendieron sobre el Putumayo, el Caquetá y el Vaupés un régimen de despojo, expulsión, explotación, asesinato, tortura y exterminio que afectó de manera brutal al pueblo Murui —los uitotos— y dejó huella en todos los grupos ribereños. El sistema operaba por habilitación: el patrón adelantaba mercancías al indígena, que quedaba endeudado y debía pagar con caucho recolectado, a precios fijados por el propio patrón. En los años setenta, cuando entre los andoques del Caquetá el kilo de caucho seguía comprándose a cuatro pesos y las mercancías se liquidaban también al precio del patrono, era evidente que aquel dispositivo había sobrevivido intacto al paso del siglo. Cuando en Bogotá se creó la Comisaría del Vaupés en 1910, segregándola del antiguo territorio del Caquetá por medio del Decreto 1131, lo que se estaba delimitando administrativamente era, en buena parte, un mapa de rutas caucheras.

La fundación como acto de frontera

La primera capital de la Comisaría fue Calamar, hoy en el departamento del Guaviare. Durante un cuarto de siglo el Estado colombiano administró el Vaupés desde ese punto interior, más cerca de los llanos que de la selva profunda, y su presencia efectiva sobre la frontera con Brasil era tenue. En el imaginario andino, aquellas tierras seguían siendo misteriosas y peligrosas: el mapa político de 1931, que ya incluía a Mitú como punto señalado dentro del sistema de intendencias y comisarías, mostraba más una aspiración que una realidad, porque hasta 1936 la capital efectiva siguió siendo Calamar.

El giro llegó con la fundación de Mitú por Miguel Cuervo Araoz en 1935 y con el traslado de la capital al año siguiente. La lógica era estrictamente geopolítica. En esa zona el territorio colombiano se prolonga sobre el brasileño en una saliente de unos dos mil kilómetros cuadrados conocida como la punta del Papurí, delimitada entre los ríos Papurí y Vaupés. Sin población, sin institución, sin bandera visible, esa punta podía convertirse en un renglón de conversación fronteriza; con una capital sobre el Vaupés, aunque fuera hecha de casas con techo de paja, alguna de lata y una pista de arena blanca, había un hecho consumado que exhibir. Mitú nació como argumento diplomático.

Sobre esa base mínima se levantó, durante décadas, una arquitectura institucional lenta. Las leyes 18 de 1963 y 55 de 1977 segregaron del Vaupés las comisarías del Guaviare y del Guainía, reduciéndolo a su configuración actual: un rectángulo de selva de fronteras interiores fluviales cuya cabecera seguía siendo Mitú. La Constitución de 1991 elevó al fin la comisaría al rango de departamento, con lo cual la ciudad pasó a ser, formalmente, capital departamental. Esa progresión jurídica —comisaría, comisaría reducida, departamento— no correspondía a una densificación demográfica ni económica, sino a una consolidación de la idea de que el territorio existía. Mitú fue el nombre que el Estado le dio a esa idea.

La disputa por el gobierno de los indígenas

La otra historia de Mitú, la que corre paralela a la administrativa, es la del gobierno sobre los pueblos indígenas del Vaupés. Desde muy temprano en el siglo XX, tres actores se disputaron ese poder: los caucheros, que necesitaban mano de obra y sistemas de deuda; los misioneros católicos, encargados por el Estado colombiano de la evangelización y la escuela en los territorios nacionales; y los funcionarios de la Comisaría, teóricamente responsables del orden público. Las disputas entre los tres giraban menos alrededor de principios que de una pregunta muy concreta: quién regulaba el trabajo indígena en la industria del caucho.

La Prefectura Apostólica, que en distintos períodos estuvo a cargo de figuras como monseñor Belarmino Correa Yepes, ejerció durante décadas un poder casi total sobre la vida cotidiana de las comunidades: escuelas internas, catequesis, control de matrimonios, prohibición de prácticas rituales, regulación de la vestimenta. Ese poder empezó a agrietarse a mediados del siglo XX y se derrumbó por fases. En 1975, la educación controlada por la Iglesia en el Vaupés fue reemplazada por el Fondo Educativo Regional del gobierno, un cambio que arrancó a la Prefectura misionera su instrumento principal de formación de las nuevas generaciones. En los años siguientes, la Organización Nacional Indígena de Colombia empezó a formar líderes indígenas en la región, la Alcaldía asumió programas juveniles, distintas ONG coparon el campo del desarrollo, y el Ministerio de Salud y el Bienestar Familiar entraron con sus propios funcionarios. El monopolio misional se disolvió en una competencia de actores estatales y no estatales, ninguno de los cuales terminó de ocupar el lugar dejado.

En medio de esa transición ocurrió el acto jurídico más importante de la historia reciente del Vaupés: la constitución del Gran Resguardo del Vaupés en 1982, que reconoció como territorio colectivo indígena una extensión enorme que abrazaba a la propia capital. Mitú, la ciudad artificial fundada para afirmar soberanía nacional, quedaba enclavada en territorio ancestral reconocido por el Estado. Esa paradoja —una capital administrada por funcionarios que llegan de Bogotá, rodeada por resguardo colectivo tukano, con toponimia indígena en cada caño y cachivera— sigue definiendo la ciudad. El Cerro Flechas, el Caño Cuduyarí, la Cachivera de Urania, el Querarí no son atracciones turísticas: son referentes de un territorio que precede a la capital y que la contiene.

Una capital sostenida por el aire

Quien llegaba a Mitú en el siglo XX, y aún hoy en buena parte, llegaba en avión. El vuelo desde Villavicencio o desde San José del Guaviare duraba más de tres horas, y durante casi todo el trayecto no se veían debajo poblaciones, caminos ni accidentes geográficos identificables: solo selva continua. Al principio, aún alcanzaban a distinguirse las carreteras y las haciendas de los llanos; después, nada. Los DC-3 de carga, a veces sin puerta, unieron durante décadas la capital departamental con el resto del país, y los pilotos que las comunidades y los funcionarios apodaron los tres héroes determinaron, con la frecuencia de sus vuelos, cuánto se comía en Mitú cada semana.

El detalle más elocuente de esa dependencia es también el más triste. El río Vaupés fue envenenado con barbasco —una práctica de pesca extensiva que terminó por agotarlo— y a partir de entonces Mitú tuvo que importar el pescado desde Bogotá. Una capital en la orilla de un gran río amazónico comiendo pescado congelado traído en avión desde la sabana andina es una imagen que describe con exactitud lo que la ciudad ha sido: una vida artificial en medio de la selva, existencia dependiente de insumos externos rodeada por una vegetación que no le provee lo que consume. La violencia del clima en el bajo Vaupés impedía almacenamientos mayores; cuando los vuelos fallaban por lluvias o averías, venían los racionamientos. Al viajero recién llegado le podía pasar, y le pasaba, no encontrar dónde desayunar el primer día, y descubrir en el chiste local del racionamiento la primera lección sobre el sitio.

A comienzos de la década de 1930, la presencia colombiana en los territorios de frontera era tenue y la población andina seguía viendo la Amazonía como una tierra misteriosa y peligrosa. A finales de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta, cuando Richard Evans Schultes recorrió el Vaupés en busca de plantas medicinales y alucinógenas, y cuando el zoólogo Federico Medem trabajaba en la región, Mitú era todavía poco más que un nombre en el mapa: un grupo de casas con techo de paja, alguna de lata, la pista de arena blanca. Aquel Mitú lo conocieron pocos, casi todos científicos, misioneros o funcionarios; el país lo ignoraba. Durante décadas, esa invisibilidad protegió a la ciudad de la guerra que ya recorría otras zonas de Colombia. Cuando la guerra llegó, llegó de golpe.

La toma del 1 de noviembre de 1998

En la ofensiva estratégica que las FARC-EP desarrollaron entre 1996 y 1998, Mitú fue el objetivo más ambicioso. La organización, comandada por Manuel Marulanda Vélez y con Víctor Julio Suárez —alias Jorge Briceño o Mono Jojoy— al mando de las operaciones militares, había desarrollado desde 1996 una nueva forma de operar: abandonaba la lógica de la emboscada y buscaba copar al enemigo en sus propias posiciones, concentrando columnas cada vez mayores. Los grupos que empezaron siendo de cincuenta a cien guerrilleros crecieron hasta permitir ataques con varios cientos de combatientes coordinados. La cadena de golpes fue larga y sonora: Las Delicias en 1996, Patascoy en diciembre de 1997, El Billar en marzo de 1998, Miraflores en 1998. En la cúpula de las FARC se instaló un estado de ánimo triunfalista: se consideraba factible la toma del poder por las armas. La crisis de gobernabilidad del gobierno de Ernesto Samper, atravesado por el Proceso 8.000, hacía del Estado un adversario debilitado.

Mitú era, en ese escenario, el objetivo perfecto: una capital departamental, con toda la carga simbólica del término, defendida apenas por una estación de policía y sostenida por una pista de aterrizaje. Al amanecer del 1 de noviembre de 1998, unos mil quinientos guerrilleros del Bloque Sur y del Bloque Oriental, bajo el mando general del Mono Jojoy, atacaron simultáneamente los puntos neurálgicos de la ciudad. El combate más largo se libró alrededor de la estación de Policía, que resistió durante aproximadamente doce horas antes de que los uniformados fueran sometidos. Al mismo tiempo, otro golpe de las FARC caía sobre Miraflores, en el Guaviare, con cerca de mil doscientos combatientes: la ofensiva era, en realidad, doble.

El saldo humano fue devastador para las fuerzas de seguridad y para la población civil. Al menos doce policías, veinte militares y cuatro civiles murieron en los combates. Sesenta y dos policías fueron secuestrados y trasladados a la selva, entre ellos el entonces coronel Luis Herlindo Mendieta, comandante de la Policía en el Vaupés, cuya figura terminaría por representar, en la memoria pública colombiana, todo el drama de aquel día. Mitú, la única capital departamental completamente tomada por la guerrilla en la historia del conflicto colombiano, quedó bajo control de las FARC.

La retoma y sus costos

El control guerrillero fue breve. La Fuerza Aérea colombiana reaccionó bombardeando y desembarcando tropas por la vía más lógica disponible, que era también la única: el aire, tras haber recuperado o improvisado plataformas de operación en San José del Guaviare y otros puntos. Las FARC, que habían tomado la ciudad, no pudieron sostenerla. La asimetría aérea las obligó a replegarse hacia la selva llevándose consigo a los secuestrados. Ese repliegue marcó, en clave estratégica, un punto de inflexión. La organización guerrillera había demostrado su capacidad de tomar una capital, pero también sus límites: no podía sostenerla, no podía enfrentar a una Fuerza Aérea que empezaba a modernizarse, no podía repetir la operación fuera del suroriente sin exponerse al aniquilamiento. La toma de Mitú fue, a la vez, el punto culminante de su ofensiva estratégica y el detonante de la reestructuración de las Fuerzas Militares colombianas, con mejoramiento de la aviación, profesionalización de tropas e inversión en inteligencia. A partir de ahí, la capacidad de las FARC de mover grandes columnas en zonas abiertas se contrajo rápidamente y comenzó un decaimiento constante.

La retoma tuvo, sin embargo, un costo del que se habló menos. Los bombardeos aéreos y los combates para recuperar la ciudad no distinguieron entre guerrilleros y civiles. Una docente habitante de Mitú resumió el trauma con una frase que se volvió referencia: la retoma fue más violenta que la toma. Hubo muertes en el municipio y en comunidades aledañas, daños en viviendas y desplazamientos internos de familias indígenas hacia caseríos vecinos y hacia la propia selva. En un territorio que ya cargaba condiciones delicadas de orden público, infracciones al derecho internacional humanitario y violaciones sistemáticas de derechos humanos, el 1 de noviembre lo agudizó todo, y lo hizo de manera desproporcionada sobre las comunidades indígenas del Gran Resguardo, que eran quienes vivían en las orillas de esa capital de utilería y quienes menos margen tenían para ponerse a salvo.

Los pueblos tukano, guanano, kubeo, desano y otros vecinos de Mitú vivieron el día como la irrupción de una guerra que hasta entonces les había pasado por los lados. Después de la retoma, la militarización creció, las tropas se establecieron con guarniciones permanentes, y los desplazamientos internos entre comunidades del Cuduyarí, del Querarí, del Yavaraté y de las zonas cercanas a Carurú se sumaron a los muchos que la historia extractiva ya había producido.

Una red de nombres

Alrededor de Mitú y del episodio de 1998 se organizó, con los años, una red de figuras públicas cuya sola enumeración cuenta parte de la historia territorial colombiana. Luis Mendoza Ovalle, empresario y político costeño con presencia en asuntos de los territorios nacionales, y Mario Calderón Rivera, banquero y observador de largo aliento de la Amazonía colombiana, forman parte del reducido grupo de figuras andinas que a lo largo del siglo XX prestaron atención sostenida a la región. Alfonso López Michelsen, presidente entre 1974 y 1978, había sido comisario del Vaupés antes de su carrera política nacional, y esa experiencia temprana en el bajo río marcó su mirada sobre las fronteras y las regiones olvidadas del país. Monseñor Belarmino Correa Yepes encarna la larga presencia misional que administró la vida indígena durante décadas.

En el otro extremo, la operación militar guerrillera del 1 de noviembre respondió al liderazgo político-militar de Manuel Marulanda Vélez y a la ejecución operacional del Mono Jojoy, que dirigió la ofensiva. Del lado de las víctimas, la figura que quedó grabada en la memoria pública es la del general Luis Herlindo Mendieta —coronel al momento de su captura—, cuyo cautiverio en las selvas del suroriente duró once años, siete meses y trece días. Fue rescatado el 13 de junio de 2010 por el Ejército colombiano en la Operación Camaleón y después ocupó la agregaduría de policía de la Embajada de Colombia en España. Su regreso, transmitido en vivo, se inscribió en la misma memoria del secuestro que hospedaba los nombres de Íngrid Betancourt y de otros cautivos de alto perfil, aunque el suyo tenía la particularidad de venir asociado a un lugar y una fecha exactos: Mitú, 1 de noviembre de 1998.

En los territorios de la propia región, la red se completa con nombres fluviales: el río Vaupés como eje, el Papurí como frontera interior, el caño Cuduyarí, el Querarí, las cachiveras que marcan tramos innavegables. Cerca de Mitú se encuentran pequeñas agrupaciones humanas como Teresita y Monfort, en la vecindad de la punta del Papurí; corriente abajo, ya fuera del departamento, La Pedrera; corriente arriba y hacia el occidente, Carurú y, más allá, la frontera con el Guaviare y su capital San José. Aguas abajo del Vaupés, del lado brasileño, la aldea de Yavaraté conecta con las mismas redes tukano que atraviesan la frontera política sin reconocerla.

Memoria, resguardo y presente

La huella de Mitú en la historia de Colombia es doble. Por un lado, la ciudad es un caso de escuela sobre la manera en que el Estado colombiano administró las fronteras amazónicas en el siglo XX: por decreto, por avión, por delegación misional, por presencia militar mínima; nunca por integración económica ni por construcción sostenida de infraestructura. Ese modelo, que tuvo su acta de nacimiento en la fundación de 1935 y en el traslado de la capital al año siguiente, sigue explicando la fragilidad estructural de la vida urbana en el bajo Vaupés. Por otro lado, la toma del 1 de noviembre de 1998 quedó fijada como uno de los acontecimientos definitorios del conflicto armado colombiano en la segunda mitad de los noventa: el momento en que las FARC llegaron más lejos y el momento a partir del cual empezaron a retroceder.

En 1999, en el contexto de las tomas guerrilleras y de los secuestros masivos de soldados y policías —Patascoy en 1997; Mitú, Miraflores, La Uribe y Pavarandó en 1998; Puerto Rico y Aranda en 1999; otras en Norte de Santander en 2000, con un total aproximado de cuatrocientos uniformados cautivos—, nació la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros, Asfamipaz. La asociación desplegó campañas de cabildeo nacional e internacional, vigilias, marchas y conversatorios, y llevó a los espacios públicos los nombres de los secuestrados de Mitú y de las demás tomas. Durante más de una década mantuvo el tema en la agenda, y la fecha del 1 de noviembre entró en el calendario informal de conmemoraciones del conflicto, junto con las de los otros episodios ocurridos entre 1998 y 2002, período de mayor escalamiento del enfrentamiento armado.

Para las comunidades indígenas del Vaupés, la memoria del 1 de noviembre convive con otras memorias más largas y más silenciadas. La del caucho y sus casas exterminadoras. La de las escuelas misionales que prohibieron lenguas y ceremonias durante generaciones. La del envenenamiento del río, que dejó a la ciudad dependiendo de un pescado que llega en avión. La del Gran Resguardo del Vaupés, constituido en 1982, que reconoció formalmente lo que siempre había sido cierto: que la capital estaba en territorio ancestral, no lo contrario. La reconstrucción de Mitú tras la retoma incorporó, con lentitud, algunas de esas voces, y las organizaciones indígenas del departamento —CRIVA entre ellas— fueron ganando espacio en las decisiones sobre educación, salud y desarrollo local, aunque el modelo básico de ciudad-enclave siguió intacto.

Hoy Mitú es una capital departamental con población que ronda los pocos miles de habitantes, con presencia militar consolidada, con vuelos regulares que la conectan con Villavicencio y con Bogotá, y con una vida urbana que sigue dependiendo, en lo esencial, del transporte aéreo. Los suelos lateríticos siguen siendo pobres; el clima, exigente. Alrededor de la ciudad, en el resguardo, las malocas, las chagras, las cachiveras y los caños siguen organizando la vida cotidiana de los pueblos tukano y makú. La toponimia indígena convive con los nombres oficiales, y algunos, como el propio Mitú, son ya inseparables: se cree que el nombre viene del ave mitú, común en la región.

La lección que Mitú deja a la historia colombiana no es una sola. Es la de un país que aprendió tarde a mirar sus fronteras amazónicas y que, cuando lo hizo, las miró como argumentos diplomáticos antes que como territorios habitados. Es la de una guerrilla que confundió su capacidad militar máxima con la cercanía del poder y descubrió, el día siguiente de su mayor golpe, que había marcado también el inicio de su declive. Es la de unas comunidades indígenas que sobrevivieron a la cauchería, a las misiones, a la Comisaría, a la departamentalización y a la guerra, y que siguen habitando un territorio cuyas capas superpuestas ninguna administración ha terminado de reconocer del todo. Y es la de una ciudad que sigue existiendo, contra toda lógica geográfica, porque el Estado la nombró y el nombre —como en tantas otras partes de Colombia— resultó ser, al final, lo más duradero.