Julio César Arana

La semblanza

Arana no fue un hacendado clásico ni un caudillo de frontera al modo decimonónico. Fue un empresario moderno que entendió antes que nadie tres cosas: que el caucho silvestre amazónico, disparado en su valor por la vulcanización de Goodyear (1839) y el neumático de Dunlop (1888), era la mercancía global del momento; que en los ríos que unían el Putumayo con Iquitos y Manaos no había Estado real que pusiera límites; y que un sistema de trabajo basado en deuda perpetua y terror físico podía extraer volúmenes que ningún contrato salarial permitiría. Sobre esa lectura levantó una empresa que hacia 1907 operaba siete lanchas de vapor de entre 40 y 120 toneladas, disponía de un arsenal capaz de reducir tribus enteras a una obediencia basada en el terror, empleaba a más de trescientos peruanos armados en La Chorrera, había entrenado a unos cuatrocientos jóvenes indígenas como vigilantes y había importado desde Barbados a doscientos súbditos británicos como capataces.

Ese conglomerado no operaba en Perú: operaba entre los ríos Caraparaná, Igaraparaná y Campuyá, afluentes del Putumayo, en territorio que Colombia reclamaba como propio. La empresa se consideraba a sí misma dueña absoluta de las selvas, indígenas y comercio de esa región. Y lo era, en el sentido más literal: los jueces de paz locales eran sus empleados, el cónsul peruano en Manaos hacía gestiones diplomáticas coordinadas con ella, y el cónsul colombiano en Iquitos —Juan Bautista Vega— aparecía vinculado a una de sus casas comerciales, Arana Vega & Cía.

El caso Arana no es, por eso, la historia de un criminal excepcional. Es la historia de cómo un particular pudo constituir un poder soberano paralelo sobre un territorio que dos Estados se disputaban en el papel y ninguno gobernaba en la práctica.

Los orígenes

Arana nació en Rioja, en la selva alta del San Martín peruano, en 1864. La biografía temprana está oscurecida por la propia leyenda que él y sus voceros construyeron después; lo que sí se documenta es su entrada al negocio cauchero al final de la década de 1880. En 1889 o 1890 compró una estrada cauchera cerca de Yurimaguas, sobre el río Huallaga, para explotarla como productor y no ya como intermediario comercial. Ese paso —del comercio a la extracción directa— marcó su método.

Para reclutar mano de obra, Arana y su cuñado Pablo Zumaeta viajaron a Ceará, en el nordeste brasileño castigado por la sequía, y contrataron a unos veinte flagelados. Cada uno llegó al Huallaga ya endeudado con Arana en treinta libras por el pasaje. Ese fue el mecanismo germinal de todo el sistema posterior: el trabajador no recibe salario, recibe aprovisionamiento; el aprovisionamiento se contabiliza en libros de la empresa a valores muy superiores a los reales; la deuda crece más rápido de lo que se paga; la sujeción es indefinida. Antes de que hubiera un solo huitoto encadenado en el Putumayo, la maquinaria ya funcionaba en pequeño en Yurimaguas.

Hacia comienzos de la década de 1890, Arana movió su operación al Putumayo, la región donde el caucho era más denso y donde el Estado —peruano o colombiano— era más tenue. Allí encontró un terreno ya roturado por caucheros colombianos que operaban desde 1880, entre ellos Benjamín Larrañaga, fundador de La Chorrera, el enclave sobre el río Igaraparaná que sería después la capital del imperio de Arana. Los Larrañaga habían abierto caminos, contactado poblaciones indígenas, montado los primeros galpones. Arana no los sustituyó de golpe: los absorbió, los desplazó, los eliminó.

La suerte de esa familia es indicativa del método. Benjamín Larrañaga murió con síntomas de envenenamiento por arsénico. Su hijo y heredero fue encarcelado en Iquitos y luego desapareció, supuestamente entre los indios. El cauchero Gutiérrez, su esposa y varios trabajadores fueron asesinados por indios boras en un episodio del que Rafael Larrañaga se aprovechó para apoderarse de sus productos y mercaderías y trasladarlos a La Chorrera. Al final del proceso, La Chorrera y sus sucursales quedaron bajo el control absoluto de Arana, y los pocos colombianos que aún permanecían empleados allí fueron expulsados hacia el Amazonas mientras más de trescientos peruanos, respaldados por tropas del gobierno de Lima, se concentraban en el enclave.

La trayectoria

La consolidación del imperio ocurrió entre 1900 y 1907. En 1904 Arana dio un paso decisivo: reclutó en Barbados a unos doscientos trabajadores con contratos de dos años para reforzar la vigilancia. Eran súbditos británicos, dato que él probablemente no pesó y que resultó fatal para la impunidad del sistema. Cuando algunos intentaron abandonar el servicio y llegar a Manaos, el vicecónsul británico no halló cláusula de escape en sus contratos y la policía brasileña los devolvió río arriba bajo escolta armada. La escena resume la época: un empresario peruano, en territorio en disputa con Colombia, hace que la policía de Brasil devuelva por la fuerza a súbditos ingleses a un régimen de esclavitud. Nadie objetó nada.

Sobre esa base logística, Arana montó el sistema del terror. Los agentes obligaban a los indígenas a extraer caucho día y noche, dándoles solo el alimento mínimo para mantenerlos vivos, y les robaban cosechas, mujeres e hijos. Los azotes dejaban los huesos al descubierto. La quema de personas con parafina o gasolina se ejecutaba como espectáculo. Los agentes usaban a indígenas como blancos de tiro. Rafael Calderón, agente de unos veintidós años, dio cincuenta latigazos a un niño huitoto por robar un pan; su lema declarado era matar a los padres primero y después gozar de las vírgenes. Armando Norman envolvía a las mujeres que se negaban a acostarse con sus hombres en una bandera peruana impregnada en gasolina y les prendía fuego. José Fonseca, agente principal en Último Retiro, celebró la Pascua de 1906 matando a tiros desde su cabaña a unos ciento cincuenta indios; a los heridos los apilaron, los rociaron con gasolina y los quemaron. El cauchero Crisóstomo Hernández decapitó a un grupo de huitotos, incluidos niños de pecho, alegando que practicaban el canibalismo. Los testimonios orales indígenas señalan además que el propio Arana abusaba de las mujeres consideradas más atractivas.

El sistema producía. Y, sobre todo, se blindaba. Los jueces de paz locales eran, simultáneamente, empleados de las casas Arana Vega & Cía. y J.C. Arana & Hermanos. En agosto de 1907, cuando el denunciante Benjamín Saldaña Rocca solicitó al juzgado constituirse en La Chorrera para hacer una visita ocular antes de que desaparecieran las osamentas de los millares de indias asesinadas, el sumario reconoció con inusual franqueza que todos eran culpables y pidió que los jueces fueran trasladados a otra jurisdicción porque ninguna diligencia podía encomendárseles. No pasó nada.

El siguiente movimiento de Arana fue el más audaz. En 1909, la empresa Arana y Compañía comenzó a operar bajo la razón social The Peruvian Amazon Company Limited, constituida en Londres con capital británico. La operación era brillante en el papel: un negocio peruano, en territorio en disputa con Colombia, pasaba a estar amparado por la Corona británica. En la práctica, esa ingeniería jurídica transnacional se convirtió en el hilo que deshizo el ovillo. Los trabajadores barbadenses eran ahora, formalmente, empleados de una compañía inglesa. El Foreign Office no podía seguir mirando hacia otro lado.

En 1907 y 1908, Benjamín Saldaña Rocca, periodista peruano, publicó en Iquitos sus primeras denuncias. Poco después, el ingeniero estadounidense Walter Hardenburg, que había atravesado la región y sido retenido por hombres de Arana, llevó el caso a Londres, donde la revista Truth publicó el 6 de octubre de 1909 un artículo demoledor que hablaba de la enorme responsabilidad del gobierno peruano y de la junta directiva de la Peruvian Amazon Company. En 1908, el ex cónsul británico en Iquitos, David Cazes, ya había informado en Londres al periodista Paternoster sobre lo que ocurría en el Putumayo.

En 1910, el Foreign Office envió al Amazonas a Roger Casement, el cónsul irlandés que años antes había documentado los crímenes coloniales del Congo belga. Casement viajó al Putumayo, recogió testimonios sistemáticos de los barbadenses —protegidos por su condición de súbditos británicos— y llevó un diario detallado del viaje. El gobernador de Barbados envió a John Brown a acompañarlo desde Pará. El informe resultante, publicado bajo el título Correspondence Respecting the Treatment of British Colonial Subjects and Native Indians Employed in the Collection of Rubber in the Putumayo District, fijó ante la opinión internacional lo que había sucedido. Casement escribió también, resumiendo un informe del juez peruano Rómulo Paredes, sobre una forest sickness, una enfermedad de montaña que él interpretó como una dolencia moral y espiritual para explicar el atavismo criminal de los caucheros. Sus notas guardan un parentesco literario evidente con El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad: Armando Norman como un Kurtz de carne y hueso.

El escándalo internacional destruyó a la Peruvian Amazon Company entre 1911 y 1913. No destruyó a Arana. La compañía se disolvió; el hombre permaneció.

La red

Para entender por qué Arana no cayó con su empresa hay que mirar la red que había tejido a ambos lados de la frontera. En Perú se convirtió en actor político de primer orden: fue elegido senador y lideró desde el Congreso peruano la oposición al Tratado Lozano-Salomón, firmado el 24 de marzo de 1922 entre el ministro plenipotenciario colombiano Fabio Lozano Torrijos y el canciller peruano Alberto Salomón. Ese tratado —ratificado por Colombia el 30 de octubre de 1925, por Perú el 20 de diciembre de 1927, con canje de ratificaciones el 19 de marzo de 1928— reconoció a Colombia el trapecio amazónico que hoy incluye Leticia, y era profundamente impopular en Perú porque se creía que Estados Unidos había presionado al presidente Augusto Leguía a firmarlo como compensación por la pérdida de Panamá.

Arana no aceptó esa cesión. En 1922, mediante influencias directas ante el Ministerio de Fomento peruano, obtuvo un título de propiedad sobre un lote denominado Putumayo de más de cinco millones setecientas mil hectáreas en ambas márgenes del río Putumayo. La concesión era, desde el punto de vista colombiano, doblemente nula: violaba la soberanía colombiana sobre la orilla norte y contravenía la propia ley peruana de terrenos de montaña vigente, que imponía límites a las adjudicaciones por denuncio. Colombia protestó. La concesión, en cualquier caso, cumplía su función política: convertía a Arana en el propietario titular del territorio que el tratado cedía, y sembraba la base jurídica de una futura revisión.

La red diplomática de Arana operaba también en Brasil. La Casa Arana y el cónsul general del Perú en Manaos actuaban conjuntamente ante la cancillería brasileña para impedir que se expidiera exequátur a nuevos cónsules colombianos en la región amazónica, obstaculizando así cualquier presencia diplomática colombiana capaz de investigar los abusos o de reclamar el territorio.

Del lado colombiano, la red que debía haber contenido a Arana estaba, sencillamente, ausente o comprometida. Manuel Espinosa, desde el Consulado de Colombia en Iquitos, emitió en 1899 una comunicación al Ministro de Gobierno cuyo contenido preciso permanece en el Archivo General de la Nación. Años después, el propio cónsul colombiano Juan Bautista Vega aparecía asociado a una razón social de la que Arana era socio, y ordenó la expulsión de los últimos colombianos que quedaban empleados en La Chorrera. El Estado colombiano no tenía en la región ni fuerza militar, ni presencia administrativa, ni consulado independiente. Cuando en 1911 tropas peruanas ocuparon La Pedrera, sobre el Caquetá, el contingente militar que Bogotá envió a responder tenía más apariencia de banda de gitanos que de militares, estaba desprovisto de lo básico y no contaba con aliados. El acuerdo del 23 de octubre de 1911 obligó a los peruanos a retirarse, pero el episodio dejó en evidencia lo que ya era obvio para Arana: entre él y la soberanía colombiana no había interlocutor real.

La red también incluye a quienes intentaron romperla desde Colombia. José Eustasio Rivera llevó al Congreso colombiano denuncias sobre las prácticas esclavistas de los caucheros amazónicos y encontró indiferencia parlamentaria. De esa frustración —de la certeza de que sus informes, cartas y alegatos dormirían para siempre en los archivos del Congreso— nació La vorágine (1924), concebida como el vehículo que haría trascender la denuncia más allá de los expedientes muertos. La novela es simultáneamente denuncia, diario de poeta, libro de aventuras, crónica de viaje y novela terrígena; su capa de denuncia es solo una de varias, pero es la que fijó en la memoria nacional colombiana la existencia del infierno cauchero. Rivera proyectaba una segunda novela, Mancha negra, contra los abusos de la explotación petrolera estadounidense; no alcanzó a escribirla. La línea la retomaría César Uribe Piedrahita en Mancha de aceite (1935).

Y está la red indígena, la más importante y la menos considerada por ambos Estados. Los pueblos huitoto (murui), bora, andoque y ocaina no fueron simple materia prima del proceso: fueron sujetos de decisiones extremas. Testimonios de mujeres murui narran cómo sus abuelos subieron por el Caquetá huyendo de la cauchería y de las violencias de Arana, y cómo hicieron las paces con los koreguaje, con quienes habían sido enemigos de vieja data. Esa reconciliación forzada por el terror —dos pueblos que se odiaban aliándose para sobrevivir a un tercero— es una de las reconfiguraciones étnicas más profundas de la historia amazónica reciente, y no ocurrió por diplomacia de Estado sino a pesar de ella.

La huella

La Peruvian Amazon Company se disolvió; el sistema no. En 1932, cuando el tratado Lozano-Salomón ya había sido ratificado y canjeado por ambos países, tropas peruanas invadieron el trapecio amazónico y tomaron Leticia. Comenzaba la guerra colombo-peruana. Perú buscaba obligar a Colombia a aceptar la revisión del tratado; Colombia se negó. El conflicto se resolvió en 1934 por vía diplomática, con la mediación de la Sociedad de Naciones y la confirmación de la frontera pactada en 1922. Leticia quedó colombiana.

Arana, para entonces, era un anciano derrotado en el papel y ganador en muchos otros sentidos. Nunca fue juzgado por los crímenes del Putumayo. Ningún tribunal peruano lo condenó; ningún tribunal británico llegó a él; ningún tribunal colombiano tuvo jurisdicción. Murió en Lima en 1952, en la cama, a los 88 años, cuando ya se hablaba de una segunda fiebre del caucho por la guerra y de nuevas bonanzas amazónicas —pieles, madera, petróleo, coca— que repetirían con variaciones el patrón que él había perfeccionado.

La huella territorial es visible en el mapa. El trapecio amazónico colombiano, con Leticia como capital, existe porque el escándalo del Putumayo obligó a Colombia a mirar hacia una frontera que había ignorado, y porque el propio Arana, al ocupar de facto ese territorio como empresa peruana con capital británico, hizo insostenible seguir sin definirlo. Sin Casement, sin los barbadenses, sin la contabilidad británica que hizo visibles los crímenes ante la opinión europea, es difícil imaginar que Bogotá hubiera desplegado la voluntad diplomática y militar que finalmente desplegó. La frontera amazónica colombiana no se ganó por proyecto soberano: se ganó, en gran medida, por reacción tardía a un escándalo internacional.

La huella demográfica y cultural sobre los pueblos indígenas es incalculable y aún dolorosamente presente. Los murui, boras, andoques y ocainas sobrevivieron como pueblos, pero fragmentados, desplazados, con líneas genealógicas rotas y territorios recompuestos. La retirada de la Casa Arana al Perú al final de la guerra de 1932-1933 no significó el fin del sufrimiento de esas comunidades: dio paso a un segundo escenario, el del proyecto evangelizador de las misiones católicas —amparadas desde 1887 por el Concordato y por la Ley 89 de 1890— que continuaron su labor entre los sobrevivientes con métodos de imposición cultural respaldados por el Estado. Los propios pueblos étnicos han insistido en que el conflicto armado contemporáneo es solo una expresión más de un repertorio de violencias desplegado sobre sus territorios desde hace varios siglos: la cauchería, para ellos, no es un capítulo cerrado sino la matriz de la que salieron todas las capas posteriores.

La huella jurídica y política es más ambigua. El caso Arana estableció, por primera vez en la historia sudamericana, que una compañía privada podía ser responsabilizada internacionalmente por crímenes contra pueblos indígenas: el informe de Casement y el debate parlamentario británico que le siguió fueron un antecedente reconocible de los tribunales internacionales del siglo XX. Pero también mostró los límites de esa responsabilidad: la compañía se disolvió, ninguno de los agentes principales fue juzgado, y el propio Arana rehízo su fortuna y su posición política en Perú.

Y está la huella literaria, que es la forma que ha tomado la memoria del caso en Colombia. La vorágine de José Eustasio Rivera es hoy, para la mayoría de los colombianos, la puerta de entrada al Putumayo cauchero: más que los informes de Casement, más que los sumarios de Saldaña Rocca, más que los archivos del Congreso que Rivera denunciaba. Que la memoria de un episodio tan brutalmente documentado dependa en última instancia de una novela dice algo sobre la relación de Colombia con su propia Amazonía: es un territorio que el país conoce, cuando lo conoce, por vía literaria.

Julio César Arana entendió, mejor que los Estados que se disputaban el territorio en el que operaba, que la Amazonía de finales del siglo XIX era un espacio de soberanía disponible para quien tuviera capital, armas y método. Construyó allí un poder privado que no cabe en la categoría de empresa ni en la de gobierno: fue las dos cosas a la vez. Colombia lo enfrentó tarde, mal y a medias, y cuando finalmente aseguró su frontera amazónica lo hizo empujada por un escándalo internacional que ella no había provocado. Esa es la razón por la que un empresario peruano nacido en Rioja pertenece a la historia territorial colombiana: no porque Colombia lo derrotara, sino porque su figura obligó al país a existir en un territorio del que se había ausentado. La lección incómoda del caso Arana no es que la soberanía se pierde cuando un actor privado la usurpa. Es que esa usurpación solo es posible cuando el Estado, primero, decide no estar.