Ensayo · Constitución de 1991 · 1991–2002
La paradoja del 91: Constitución garantista y expansión paramilitar en Colombia
Colombia promulgó en 1991 la Constitución más progresista de la región y en los quince años siguientes registró la peor escalada paramilitar de su historia. La pregunta es si garantismo formal y violencia organizada fueron procesos contradictorios o complementarios de un mismo arreglo de poder.
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La respuesta en breve
La Constitución de 1991 produjo modernización jurídica real —tutela, Corte Constitucional, prohibición de la desaparición forzada— pero dejó intactas las estructuras militares, agrarias y territoriales que producían violencia. El garantismo no fue interrumpido por la expansión paramilitar: la convivió y en parte la facilitó, pues el mismo Estado que consagraba derechos expedía el Decreto 356 de 1994 y legalizaba las Convivir, delegando la seguridad en actores privados que los tribunales identificarían como cantera paramilitar. El resultado fue una democracia formal en el centro y un régimen paraestatal en las periferias, articulados por decretos, silencios constitucionales y omisiones deliberadas sobre el estatuto militar.
La lectura celebratoria sostiene que la Carta del 91 fue una ruptura genuina con el autoritarismo del 86 y que las violaciones masivas posteriores son fallas de implementación, no del pacto mismo. La lectura crítica replica que el proceso constituyente se convocó mediante decretos de estado de sitio, guardó silencio sobre las relaciones civil-militares, tuvo escasa base social rural y fue contemporáneo —no anterior— a la arquitectura legal que permitió las Convivir; que la titulación colectiva afrocolombiana señalizó territorios que la violencia paramilitar arrasó; y que la prohibición constitucional de la desaparición forzada (art. 12) produjo un lenguaje sofisticado para denunciarla sin generar un Estado capaz de detenerla, como evidencian los más de cien mil procesos registrados por la Fiscalía para 2015. Entre ambas posiciones, una tercera sostiene que apertura constitucional y expansión paramilitar fueron complementarias: una legitimó simbólicamente al Estado ante la comunidad internacional mientras la otra resolvía por vía violenta la disputa territorial en el Magdalena Medio, Urabá, los Montes de María y el Pacífico.
Ensayo completo
La lectura
La paradoja del 91: Constitución garantista y expansión paramilitar en Colombia, 1991-2005
En julio de 1991, Colombia promulgó una Constitución que la comunidad jurídica latinoamericana saludaría como la más progresista de la región: un catálogo extenso de derechos fundamentales, una Corte Constitucional con dientes, la acción de tutela al alcance de cualquier ciudadano, el reconocimiento de los pueblos indígenas y afrocolombianos, la prohibición expresa —en el artículo 12— de la desaparición forzada, la tortura y los tratos crueles. En los quince años siguientes, ese mismo país registró casi catorce mil víctimas de masacres, con un año cumbre —el 2000— que dejó más de doscientas sesenta masacres y cerca de mil quinientos muertos. Más de cuatrocientas asociaciones Convivir legalizaron la delegación de la seguridad en manos privadas, y una expansión paramilitar arrasó veredas en Chucurí, Mapiripán, El Salado, Bahía Portete, La Gabarra y el Bajo Atrato. El Estado que consagraba los derechos más amplios de su historia fue, al mismo tiempo, incapaz —o poco dispuesto— a impedir que se violaran a una escala sin precedentes en el hemisferio.
¿Fue la Constitución del 91 un catálogo simbólico sin sustento estatal-territorial, una vitrina destinada a legitimar al régimen ante la comunidad internacional y los centros urbanos mientras el territorio se abandonaba a otros ordenadores? ¿O acaso garantismo formal y violencia organizada operaron como procesos complementarios de un mismo arreglo de poder, en el que la retórica de derechos y la tercerización paraestatal de la seguridad se necesitaban mutuamente? Y si fueron piezas encajadas —el garantismo cubriendo el flanco simbólico mientras las Convivir, las alianzas militares y las masacres resolvían por vía paralela la disputa territorial—, ¿no encubre entonces la celebración liberal del 91 una arquitectura de doble registro?
Entre 1991 y 2005, en Colombia no coexistieron un Estado democrático imperfecto y una violencia externa que lo desbordaba: coexistieron una democracia formal en el centro y un régimen paraestatal en las periferias, articulados por decretos, resoluciones y silencios constitucionales.
La lectura celebratoria —dominante en la academia jurídica y en la memoria institucional— sostiene que la Carta del 91 constituyó una ruptura genuina con el orden autoritario del 86. Su argumento tiene peso: la Asamblea Constituyente, presidida colegiadamente por Álvaro Gómez Hurtado del Movimiento de Salvación Nacional, Horacio Serpa Uribe del liberalismo y Antonio Navarro Wolff de la Alianza Democrática M-19, rompió por primera vez el monopolio bipartidista; el texto restringió el uso presidencial de los estados de excepción, práctica vigente en más del 80% del período 1958-1990; creó la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura; y, sobre todo, dotó a los ciudadanos de la tutela, una acción de amparo veloz que la Corte Constitucional convirtió en el instrumento más democratizador del acceso a la justicia en la historia del país. Bajo esta lectura, las violaciones masivas posteriores son fallas de implementación: el pacto era bueno; el problema fue no ejecutarlo.
¿Pero puede sostenerse esa ruptura si se atiende al origen mismo del proceso? La Constituyente se convocó por decretos de estado de sitio expedidos al amparo del artículo 121 de la Carta del 86 —uno del gobierno Barco y otro del de César Gaviria—, es decir, mediante la misma figura de excepción que se decía superar. La Constitución guardó silencio sobre las relaciones entre el poder civil y las fuerzas armadas, dejando intacto el estatuto militar y la autonomía castrense en el manejo del orden público. El electorado rural y popular tuvo presencia marginal en el proceso, y el pacto nació con escaso margen de apoyo social. Y apenas tres años después de promulgada la Carta garantista, el mismo gobierno Gaviria firmaba el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994, marco jurídico del cual derivarían las Convivir: la tercerización legal de la seguridad en manos de particulares armados.
Entre ambas lecturas se abren posiciones intermedias. Una sostiene que la Constitución democratizó el centro urbano pero no tocó las periferias, donde la privatización de la seguridad amplificó el conflicto en lugar de contenerlo. Otra plantea que la apertura constitucional, al crear activos territoriales formalizados —títulos colectivos afrocolombianos, resguardos indígenas—, elevó el valor del despojo y aceleró la violencia contra las comunidades que la Carta pretendía proteger. Otra más señala que la modernización jurídica fue real pero coexistió con un escalamiento territorial que prueba los límites de cualquier cambio puramente institucional sin reforma agraria ni reforma militar.
El caso del Magdalena Medio es paradigmático. Cuando la Constituyente sesionaba en Bogotá, las Autodefensas del Magdalena Medio —con base en Puerto Boyacá y estructuradas alrededor de la ACDEGAM, la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio— llevaban casi una década operando como poder territorial de facto. La ACDEGAM funcionaba como fachada legal: canalizaba recursos, organizaba escuelas, clínicas y centros de comunicación, y daba respaldo explícito e implícito a los grupos armados. En Chucurí, las Autodefensas de San Juan Bosco de La Verde —Los Sanjuaneros— venían operando desde 1981 como modelo paramilitar; tras la muerte de Isidro Carreño Estévez, alias Isnardo, en 1991, el grupo se reorganizaba bajo la denominación ACC. En Barrancabermeja, la Red 07 de Inteligencia de la Armada Nacional era señalada por perseguir sistemáticamente a sindicalistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos en colaboración con estructuras paramilitares. El nuevo pacto constitucional no interrumpió nada de esto: convivió con ello.
En 1994, tras la muerte de Ariel Otero, las estructuras del Magdalena Medio se fragmentaron. Ramón Isaza conservó el control de la porción antioqueña; Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, tomó Cimitarra, Bolívar, Landázuri, El Carmen de Chucurí y una franja de municipios que se extendía hasta Puerto Boyacá, financiándose con extorsiones a ganaderos, impuestos al narcotráfico y hurto de combustible. Esa reorganización coincide con el mes exacto en que se expedía el Decreto 356.
¿Puede leerse como coincidencia la sincronía entre marco jurídico y expansión paramilitar? El Decreto 356 no usó el nombre, pero creó el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada que serviría de base legal. Un año después, el 27 de abril de 1995 —ya bajo el gobierno de Ernesto Samper—, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada asignó formalmente la denominación Convivir y unificó bajo ella los servicios especiales y comunitarios. Fernando Botero Zea, entonces Ministro de Defensa, fue el principal promotor institucional, impulsando la ampliación de prerrogativas para que operaran en territorios específicos en colaboración con el Ejército. En 1995 se posesionó como gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, que autorizó la creación de 67 Convivir en su departamento y las defendió públicamente como organizaciones legítimas de cooperación con la fuerza pública. Entre 1994 y 1998 se crearon más de 400 en todo el país, concentradas principalmente en Antioquia y Santander.
Los tribunales terminaron nombrando lo que la retórica de cooperación ciudadana ocultaba. Sentencias de Justicia y Paz concluirían que las Convivir fueron una cantera de los grupos paramilitares y un mecanismo para encubrir su actividad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló la responsabilidad del Estado colombiano en las violaciones vinculadas a esa figura, indicando que su creación sin mecanismos adecuados de control había generado las condiciones que facilitaron su uso indebido. Las Convivir operaron como violencia por delegación: los grupos paramilitares ejecutaban acciones que la fuerza pública no podía realizar abiertamente, amparados en una figura legal insuficientemente supervisada. Entre 1995 y 1998, la estructura sirvió como pieza central de la expansión de las ACCU, con el auspicio o visto bueno de gobiernos departamentales, fuerza pública y organismos de inteligencia.
Sobre esa base institucional se desplegó la ola de masacres. La de Mapiripán, en julio de 1997, marcó el paso del paramilitarismo expedicionario al emplazamiento territorial. Le siguieron El Aro, La Holanda, La Gabarra, El Salado —sesenta asesinados en el Carmen de Bolívar en febrero de 2000 por el Bloque Norte y el Bloque Héroes de los Montes de María— y el Naya en abril de 2001. La incursión de mayo de 1998 en Barrancabermeja, cuando unos cincuenta paramilitares entraron a barrios controlados por el ELN, asesinaron a una decena de personas y desaparecieron a veinticinco, fue leída como el aviso de llegada a la ciudad símbolo del sindicalismo petrolero. En el Caribe, más del sesenta por ciento de los asesinatos selectivos fueron atribuidos a fuerzas paramilitares y apenas una fracción marginal a guerrillas. Cesar y Magdalena acumularon en conjunto cerca de quince mil víctimas, y la región compuesta por Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato registró entre 1991 y 2002 más de un millón cien mil víctimas, en su inmensa mayoría desplazadas.
La evidencia sobre los derechos étnicos es especialmente elocuente. El artículo transitorio 55 de la Constitución ordenó reconocer a las comunidades negras del Pacífico el derecho a la propiedad colectiva sobre las tierras que venían ocupando; la Ley 70 de 1993 lo desarrolló, estableciendo que esos territorios serían inalienables, imprescriptibles e inembargables. El INCORA tituló al Consejo Comunitario de Curvaradó más de cuarenta y seis mil hectáreas y al de Jiguamiandó cerca de cincuenta y cinco mil. En paralelo, y sobre exactamente esos territorios, el cultivo de palma aceitera avanzó de la mano de la violencia paramilitar, invadiendo los títulos colectivos y generando desplazamiento forzado y despojo. La Defensoría del Pueblo documentó formalmente esa violación en junio de 2005. La titulación no protegió; en cierto sentido, señalizó. El Estado que reconocía la propiedad colectiva no fue el mismo Estado —o no en el mismo lugar, o no con la misma fuerza— que impidió que fuera arrasada.
La violencia contra las mujeres muestra la misma disociación. En Bahía Portete, abril de 2004, el Frente Contrainsurgencia Wayúu del Bloque Norte de las AUC seleccionó conscientemente a mujeres wayúu por su rol de liderazgo, comercio e intermediación comunitaria. En El Placer, Putumayo, los paramilitares regulaban horarios, vestimenta y reglas familiares de las mujeres. Sobre las trabajadoras sexuales imponían horarios, lugares permitidos, número de clientes y castigos físicos públicos —caminar descalzas, exposición desnuda al sol—. La violencia sexual dejaba secuelas psíquicas duraderas, con episodios depresivos recurrentes y tratamientos psiquiátricos prolongados. Todo esto ocurría bajo una Constitución que consagraba la igualdad, la dignidad y la libertad de las mujeres, y coincidía con el florecimiento de organizaciones femeninas de resistencia. Los ataques contra la población LGBTI se ejercieron con saña, en línea de continuidad antes y después de la desmovilización de las AUC, sin que los dispositivos gubernamentales y estatales fueran suficientes para contrarrestarlos.
El artículo 12 ofrece el contraste más agudo. Antes de 1991, la desaparición forzada no había sido tipificada exitosamente como delito en Colombia; la Carta la elevó a derecho fundamental de aplicación inmediata. La tipificación penal solo llegó nueve años después, en 2000, con la ley que ordenó crear el Registro Único de Personas Desaparecidas, el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Comisión Nacional de Búsqueda. Para 2015, la Fiscalía General registraba más de cien mil procesos por desaparición forzada, con un número de víctimas asociadas todavía mayor, la gran mayoría en las etapas más tempranas del proceso judicial. El Mecanismo de Búsqueda Urgente enfrentaba obstáculos: desconocimiento de los funcionarios encargados de activarlo, desinformación de las familias no organizadas y —lo más grave— connivencia de funcionarios y miembros de la fuerza pública con los perpetradores. En regiones, los funcionarios podían decidir discrecionalmente que un hecho no correspondía a una desaparición forzada, impidiendo el ingreso del caso al sistema y bloqueando la búsqueda. La prohibición constitucional produjo un lenguaje sofisticado para denunciar la desaparición; no produjo un Estado capaz de detenerla.
La Corte Constitucional no fue cómplice de esta arquitectura. Al contrario: la denunció desde temprano. Su primer fallo sobre desplazamiento forzado, en 1997, tuteló los derechos de comunidades campesinas desplazadas por paramilitares de la Hacienda Bellacruz. Un pronunciamiento del año 2000 señaló la falta de reglamentación de la Ley 387 de 1997, la ausencia de competencias claras de los comités territoriales y la ambigüedad del papel de la Red Solidaridad Social. En 2004, la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento, y sus autos de seguimiento exigieron atención diferencial para niños, mujeres jefas de hogar y minorías étnicas desproporcionadamente afectadas. Años después extendería a las víctimas de desaparición los mecanismos de protección legal. La tutela y la Corte hicieron lo que podían: nombrar el vacío. No podían llenarlo.
¿Cómo pesar entonces las dos escenas? La Constitución del 91 no fue únicamente una vitrina simbólica: esa lectura minimiza el impacto real de la tutela, de la jurisprudencia de la Corte y de las herramientas de las que se han valido comunidades étnicas, mujeres, desplazados y familiares de desaparecidos para nombrar y en algunos casos revertir violaciones. Pero tampoco fue un pacto celebratorio interrumpido por una violencia externa: la violencia estuvo dentro del pacto, en sus omisiones y en su ejecución. Entre 1991 y 2005, la Constitución garantista y la expansión paramilitar operaron como procesos funcionalmente complementarios, aunque no siempre deliberadamente diseñados como tales.
Complementarios, primero, en la división del trabajo simbólico: la Carta legitimó al Estado colombiano ante la comunidad internacional y las clases urbanas en el momento exacto en que —vía Convivir y alianzas militar-paramilitares— se tercerizaba la disputa territorial en las periferias. Complementarios, además, en la selección de omisiones: el silencio constitucional sobre las relaciones civil-militares no fue neutral; dejó intactas las estructuras que canalizarían la violencia por delegación. Complementarios, por último, en la producción cruzada de valor y despojo: los títulos colectivos, los resguardos y los derechos étnicos crearon activos territoriales formalizados sobre los que se desplegó, sin freno estatal efectivo, la acumulación paramilitar vinculada a la palma, la ganadería y las rutas del narcotráfico.
Que la complementariedad no fuera plenamente arquitectónica —que hubiera también incapacidad crónica, captura regional y fragmentación de proyectos paramilitares con lógicas locales propias, desde Los Sanjuaneros en Chucurí hasta el Frente Contrainsurgencia Wayúu— no la vuelve accidental. Un Estado que declara derechos y simultáneamente firma decretos que legalizan la delegación armada de la seguridad; que crea la Fiscalía y la Defensoría en el centro y permite que la Red 07 de la Armada opere en Barrancabermeja; que titula colectivamente Curvaradó y Jiguamiandó y no impide que sean arrasados por la palma; que consagra en el artículo 12 la prohibición de la desaparición forzada y tarda nueve años en tipificarla, ese Estado no está simplemente fallando en implementar su Constitución. Está operando bajo dos registros que funcionan a la vez y que se sostienen mutuamente.
Decirlo así no niega la Constitución; la sitúa. La Carta del 91 fue una modernización jurídica genuina y, a la vez, un dispositivo de legitimación que coexistió con un estado de excepción paralelo, no declarado formalmente pero funcionalmente operante en Chucurí, en el Magdalena Medio, en el sur de Bolívar, en el sur del Cesar, en los Montes de María, en Urabá, en el Bajo Atrato, en La Guajira, en el Catatumbo. La celebración liberal del 91 —que la trata como umbral democrático puro— omite las condiciones violentas de su implementación, y no lo hace por descuido. Recuperarlas es la única manera de entender por qué la Constitución más progresista de la región coincidió con el período más letal de la historia reciente del país. Colombia, entre 1991 y 2005, fue simultáneamente el país de la Corte que declaró el estado de cosas inconstitucional y el país de El Salado. Cualquier historia honesta del pacto constitucional tendrá que sostener las dos frases en la misma página, sin absolver a la primera con el argumento de que la segunda pertenece a otro relato.
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[17]ternacional que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, el dere- 18 El derecho a la justicia como garantía de no repetición cho a la libertad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometido a torturas ni a otras penas o tratos crueles,…
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16Balance de la acción del Estado colombiano frente a la desaparición forzada de personas. Tomo IVCentro Nacional de Memoria Histórica; Luz Marina Monzón Cifuentes (relatora); Carlos Miguel Ortiz (coordinador) · 2014 · p. 711 fragmento
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17Los retos de la justicia transicional en Colombia. Percepciones, opiniones y experiencias 2008. Panorama cualitativo y cuantitativo nacional, con énfasis en cuatro regionesIris Marín Ortiz · 2009 · p. 1601 fragmento
[20]desaparición forzada. A pesar de las dificultades que se enfrentaron para que en su momento se expidiera, la Ley 589 de 2000 tipificó la desaparición forzada como delito; or- denó la creación del Registro Único de Personas Desaparecidas; dispuso la crea- ción del mecanismo de búsqueda urgente de personas…
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18Más allá del desplazamiento: políticas, derechos y superación del desplazamiento forzado en ColombiaCésar Rodríguez Garavito (coord.), Juan Carlos Guataquí, Ana María Ibáñez Londoño, María Mercedes Maldonado Copello, Luis Eduardo Pérez Murcia, Esteban Restrepo Saldarriaga, Héctor Riveros Serrato, Diana Rodríguez Franco, Yamile Salinas Abdala · 2010 · p. 141 fragmento
[21]am- plió su campo de acción con respecto a este fenómeno. Mientras en 1997 las órdenes estaban dirigidas a funcionarios y entidades específicas, y las soluciones estudiaban las violaciones de derechos individuales, entre los años 2000 y 2003 el tribunal constitucional profirió algunas sentencias con conceptos que…
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19El desplazamiento en Colombia: Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez (editoras) · 2005 · p. 4181 fragmento
[22]la Corte en el caso del asentamiento la reliquia en la ciudad de Villavicencio. (Corte Constitucional, 2001c). A NDRÉS C ELIS 418 – La Ley 387 estaría sin reglamentación. Los comités territoriales carecerían de competencias claros y no sería claro el papel de la Red Solidaridad Social como coordinadora del sistema…
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20El desplazamiento en Colombia. Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez · 2005 · p. 4181 fragmento
[23]la Corte en el caso del asentamiento la reliquia en la ciudad de Villavicencio. (Corte Constitucional, 2001c). A NDRÉS C ELIS 418 – La Ley 387 estaría sin reglamentación. Los comités territoriales carecerían de competencias claros y no sería claro el papel de la Red Solidaridad Social como coordinadora del sistema…
p. 418
21Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 941 fragmento
[24]notificó a las Oficinas de Registro para evitar los traspasos de propiedad (CNMH, 2015b, página 104). 95 6 Desplazamiento, abandono y despojo de tierras La Corte Constitucional dictó varios autos de seguimiento a la Sentencia T-025, que en general denunciaban la falta de políticas y resultados en la protección de los…
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22Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, CatatumboYamile Salinas Abdala, María Fernanda Pérez Trujillo, Juan Pablo Luque, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 85, 902 fragmentos
[25]entorno, se consolidó el propósito criminal de “erra- dicar: “ la subversión, caracterizada no solo como acciones gue- rrilleras, sino también como toda forma de actividad popular o comportamiento contestatario y muchas veces social”, y de elimi- nar “toda forma de sociedad política populista ”. En esa línea, sindi-…
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[85]reclama gestionar acuerdos de paz con los Frentes Libardo Mora Toro y Ramón Gilberto Barbosa Zambrano, disidentes del proceso de paz con el EPL, en 1991 67. 67 Ver: Bluradio.com, 2015, Iniciar diálogos con disidencia del EPL, piden personeros del Catatumbo y Verdad Abierta.com, 2014, En Catatumbo reclaman mesa con…
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23El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 378, 3912 fragmentos
[26]no solo dio vida, sino que apoyó políticamente a las Convivir (ver por ejemplo las declaraciones en este sentido de Carlos Holmes Trujillo en: E l Tiempo, 27 de agosto de 1997b; y E l Tiempo, 29 de octubre de 1997c). 365 C a p í t u l o i o “una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado…
p. 378
[36]intereses especiales.318 Esto se activa como un mecanismo dt respuesta a la intensidad de preferencias. Como vimos en el capítulu 318. Esto incluye también la designación de representantes de dichos intereses ni agencias claves del Estado. 3 7 4 CliN TK ISM O Y REPRESIÓN HOMICIDA EN COLOM BIA: l a s C o n v i v i r, l…
p. 391
24Detrás de la guerra en ColombiaAriel Ávila · 2019 · p. 1441 fragmento
[28]las masacres, los desplazamientos se convirtieron en una de las características de este grupo de paramilitares. Con la crisis de legitimidad y legalidad que vivió el gobierno del entonces presidente Samper, las Fuerzas Militares y gran parte de clase económica regional presionaron por la formación de grupos de…
p. 144
25De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC). Informe No. 1Centro Nacional de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga Sarmiento, Anascas Del Río Moncada, Mauricio Barón Villa, Andrea García Hernández, José Alirio Duque Orrego, Edith Garzón Quintero · 2017 · p. 911 fragmento
[29]marco legal a la defensa que hacían los campesinos de sus propias tierras ante la amenaza de los grupos guerrille- ros, permitiéndoles el porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas a los particulares que hicieran parte como asociados de dichas Cooperativas” (Tribunal Superior del 92 DE LOS GRUPOS…
p. 91
26Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 2671 fragmento
[30]al senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda, en agosto de 1994, justo en aquella época en que a Carlos Castaño le estaban dando el curso acelerado para hacerse político. Aprendió rápido. A comienzos de 1997 ya estaba dándole declaraciones a la prensa sobre la urgencia de encontrarle una salida negociada al…
p. 267
27Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 1291 fragmento
[31]conglomerados empresariales, así como otras estructuras criminales. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, uno de los grandes hitos para el nuevo auge del paramilitarismo no se entiende sin la creación de las conocidas como Convivir. Las Convivir, creadas al final de la presidencia de César Gaviria —Decreto 356 de…
p. 129
28Grupos Armados Posdesmovilización (2006 - 2015). Trayectorias, rupturas y continuidadesTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera Ramírez, Carlos Andrés Hoyos, Javier Benavides Torres, Jefferson Corredor Uyaban, Mateo Morales · 2016 · p. 2661 fragmento
[32]Como resultado, los grupos paramilitares terminaron por con fi gurarse en un poderoso actor político, social y militar. Al menos cuatro factores organizacionales fueron fundamen- tales para el despegue y consolidación de la coalición que soportó a los grupos paramilitares en la región: los Comandos Populares y el…
p. 266
29Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 1051 fragmento
[33]políticos clandestinos en las ciudades a través de milicias urbanas y acciones de incidencia social y comunitaria desde el Movimiento Bolivariano, proyecto político que las FARC-EP presentaron el 29 de abril de 2000 desde la zona de distensión del Caguán. Alianzas entre narcotraficantes, paramilitares y políticos El…
p. 105
30El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 2391 fragmento
[34]Según el informe de labores de la estatal Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada del año 1996, Mancuso se dotó de abundante y poderoso armamento de uso privativo de las Fuerzas Militares creando cooperativas. El entonces gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, fue de los principales…
p. 239
31Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 821 fragmento
[35]constituidas con el propósito altruista de interrelacionar la población civil con las autoridades legalmente constituidas y crear entre la ciudadanía de bien, una conciencia de cola- boración con las instituciones del Estado, encargadas de velar por la vida, honra y bienes de los ciudadanos, para que estas puedan…
p. 82
32Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 1701 fragmento
[37]de la lucha contra el trá fi co de drogas. Hijo del célebre artista homónimo, Botero era miembro de la élite social de Bogotá; había sido el jefe de campaña del nuevo presidente y había obtenido el apoyo fi nanciero y político de los más ricos y poderosos contribuyentes del Partido Liberal. El presidente terminó por…
p. 170
33Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 2591 fragmento
[38]cometidas en articulación con la fuerza pública y grupos paramilitares. De acuerdo con sentencias de Justicia y Paz, las Convivir «fueron una fuente o cantera de los grupos paramilitares y un mecanismo para encubrir su actividad […], [donde] participaron amplios sectores del Estado y la sociedad civil, con la…
p. 259
34Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1251 fragmento
[39]estuvie- ron al servicio de las ACCU, y postula: «Las asociaciones de seguridad privadas, tanto los servicios comunitarios como los servicios especiales de seguridad privada contemplados en el decreto-ley 356 de 1994, creadas por particulares, especialmente entre 1995 y 1998, con el auspicio o el visto bueno de…
p. 125
35Global Capitalism, Democracy, and Civil-Military Relations in ColombiaWilliam Avilés · 2006 · p. 1301 fragmento
[40]by Gaviria’s civilian-led defense ministry examining the role that citizens could play in counterinsurgency led to the issuance of Decree 356 in February 1994 establishing “special services of vigilance and security” (Richani 2002, 50–51). The decree allowed anyone, with the approval of the Ministry of Defense, to…
p. 130
36Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo I. Bloque Central Bolívar: origen y consolidaciónCentro Nacional de Memoria Histórica, Alberto Santos Peñuela · 2021 · p. 47, 802 fragmentos
[41]todos los lí- deres de la movilización campesina. Se denunciaron las amenazas contra líderes del éxodo y defensores de derechos humanos que participaron en las negociaciones con el gobierno, toda vez que los paramilitares reiteraron su consideración de “objetivos militares” a las personas y organizaciones…
p. 80
[42]fases se pueden identificar con claridad en Barrancabermeja. Una primera relacionada con la persecución a líderes y sin- dicalistas, de la que es acusada como responsable la Red 07 de Inteligencia de la Armada Nacional; otra que involucra dos aspectos: la migración de per- sonas provenientes de regiones controladas…
p. 47
37Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoFrancisco Barbosa Delgado · 2018 · p. 1011 fragmento
[43]de la tregua entre el Gobierno y las FARC. Las elites y los militares de la región compartían una ideología anticomunista y el propósito de erradicar a las guerrillas, junto con otros factores, como la falta de recursos de las unidades militares, hacía que se comprometieran con los intereses de las minorías de la zona…
p. 101
38La Rochela: Memorias de un crimen contra la justiciaGrupo de Memoria Histórica, Iván Orozco Abad (Relator), Gonzalo Sánchez G. (Coordinador) · 2010 · p. 2791 fragmento
[44]por militares y paramilitares santuario de las FARC, describe la represión a la que era sometida la población en 1983: « Nosotros decimos que eso puede ser cosa, será de ga- naderos, esos señores del Mas quieren estas tierras, porque no se justifica que ellos nos ataquen en la región sin estar haciendo nosotros nada;…
p. 279
39Revolutionary Social Change in Colombia: The Origin and Direction of the FARC-EPJames J. Brittain · 2010 · p. 1371 fragmento
[45]works), peasant organizers and even dissidents from the Liberal Party. [President] Belisario Betancur himself visited the region in 1985 (at the invitation of Luis Alfredo Rubio Rojas, Pablo Guarín and the president of ACDEGAM) and highly praised the people of the Magdalena Medio, particularly General Yanine Díez, for…
p. 137
40Nororiente y Magdalena Medio, Llanos Orientales, Suroccidente y Bogotá DC. Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento (coordinador), Alberto Santos Peñuela, Lukas Rodríguez Lizcano, Luisa Fernanda Hernández Mercado, Juanita Esguerra Rezk · p. 241 fragmento
[46]Rione - gro, Matanza, Suratá y El Playón, mediante el Frente Ramón Gil - berto Barbosa Zambrano (Vicepresidencia de la República, 2001b, páginas 5-8). Este Frente como tal actuó hasta 1991, cuando se suscribió el pacto de paz entre el EPL y el Gobierno nacional, pero quedó activa en esa región una fracción disidente…
p. 24
41En medio del Magdalena MedioAlfredo Molano Bravo · 2009 · p. 931 fragmento
[47]para poder sostener una guerra cada día más costosa debido a la elevación del presupuesto militar y represivo del Estado y, sobre todo, a la compra de la alta tecnología bélica. El 16 de mayo de 1998 los paramilitares asesinaron siete pobladores del puerto de Barrancabermeja y desaparecieron 25. Fue la última etapa de…
p. 93
42El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 162 fragmentos
[48](Autodefensas de Puerto Boyacá), Autodefensas de Henry Pérez o Acdegam (Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio) como la estructura que operó desde 1983 hasta 1991, por cuanto sería impreciso incluirla en las siglas anteriores y es predecesora de ambos. Asimis- mo, se incluyó a Los Sanjuaneros…
p. 16
[49](Autodefensas de Puerto Boyacá), Autodefensas de Henry Pérez o Acdegam (Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio) como la estructura que operó desde 1983 hasta 1991, por cuanto sería impreciso incluirla en las siglas anteriores y es predecesora de ambos. Asimis- mo, se incluyó a Los Sanjuaneros…
p. 16
43El modelo paramilitar de San Juan Bosco de La Verde y ChucuríÁlvaro Villarraga Sarmiento, Camilo Ernesto Villamizar Hernández · 2019 · p. 282 fragmentos
[50]29 de noviembre) Posterior a la masacre de Llana Caliente, ocurrida en mayo de 1988, se utiliza la denominación Comando Coronel Rogelio Correa Campos, en “homenaje” 30 EL MODELO PARAMILITAR DE SAN JUAN BOSCO DE LA VERDE Y CHUCURÍ a este oficial del Ejército, aliado de los grupos paramilitares en esta región y…
p. 28
[51]29 de noviembre) Posterior a la masacre de Llana Caliente, ocurrida en mayo de 1988, se utiliza la denominación Comando Coronel Rogelio Correa Campos, en “homenaje” 30 EL MODELO PARAMILITAR DE SAN JUAN BOSCO DE LA VERDE Y CHUCURÍ a este oficial del Ejército, aliado de los grupos paramilitares en esta región y…
p. 28
44Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Magdalena MedioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 941 fragmento
[52]cuentas por la guerra contra el cartel de Medellín, otras que lo mató el Cartel de Cali por incumplir un negocio de armas y algunas más que fueron sus propios subalternos por negociar con el gobierno sin consultarles. Tras la muerte de Otero, las ACMM se reorganizaron. Las pujas por el poder llevaron a Isaza a…
p. 94
45Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte · 2009 · p. 4481 fragmento
[53]final de la toma del Magdalena Medio por parte de los paramilitares, quienes por medio de las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar (ausac) y del Bloque Central Bolívar (bcb), “ya habían consolidado su poderío en gran parte del Magdalena Medio y realizaban incursiones esporádicas en la ciudad, prepa- rando…
p. 448
46Una Colombia que nos quedaLinsu Fonseca · 2007 · p. 1721 fragmento
[54]década de 1990 y que intensificaron en 1998. Yolanda Becerra Vega Una Colombia que nos queda 174 “La masacre del 16 de mayo de 1998 fue el aviso de llegada de los paramilitares, después de haberse tomado poco a poco todo el Magda lena Medio. Ese día, un grupo de 50 paramilitares ingresó al sector noroccidental de la…
p. 172
47Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 76, 842 fragmentos
[55]masacres se hicie- ron costumbre en el territorio nacional. El país entró en los años más sanguinarios del conflicto armado y los grupos paramilitares fueron los primeros responsables (en algunos de los casos, en complicidad con agentes del Estado). Las intenciones de hostigar y controlar comunidades se mezclaron con…
p. 76
[57]entre 136 Centro Nacional de Memoria Histórica, Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH, 185-186. 137 González, Bolívar y Vásquez, Violencia política en Colombia: de la nación fragmentada a la construcción del Estado. Centro Nacional de Memoria Histórica, La masacre de El Salado. 138 En ellas fueron…
p. 84
48La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestraGrupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez G. (Coordinador), Andrés Fernando Suárez (Relator) · 2009 · p. 2561 fragmento
[56]en la historia contemporánea de la guerra en Colombia fue el 2000, cuando se registraron 260 masacres y 1.577 víctimas. La oportunidad que generó la estigmatización de un pueblo como guerrillero en medio de esa coyuntura nacional crítica, en la cual se construyó un odio contra las Farc por su falta de volun- tad en el…
p. 256
49Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 1421 fragmento
[58]considerarlas representativas debido a un factor común: fueron ejecutadas conjuntamente entre las ACCU (desde 1998 Bloque Centau- ros), las ACC y las ACMV, y no solo por uno o dos de ellos a la vez. 68 Estas cinco masacres hacen parte de un conjunto de dieciocho masacres posteriores a la de Mapiripán, todas ellas…
p. 142
50More Terrible Than Death: Drugs, Violence, and America's War in ColombiaRobin Kirk · 2003 · p. 2861 fragmento
[59]it? It was, after all, only the ambassador's line on an em- bassy map. As far as I knew (and despite Jesus's musings about Cas- tano's relationship with the CIA), Castano had not been granted the privilege of an embassy briefing. The "pressure of events" was con- trolled not by the U.S. Congress or even Proconsul…
p. 286
51The Colombia Reader: History, Culture, PoliticsAnn Farnsworth-Alvear, Marco Palacios, Ana María Gómez López · 2017 · p. 5901 fragmento
[60]to Leahy’s position. This week, discussions over Plan Colombia will reach the Appropriations Committee of the United States Senate. Committee member Senator Pat- rick Leahy, author of an amendment that prohibits the U.S. military from training human rights violators. Together with Senator Edward Kennedy, Leahy…
p. 590
52Enciclopedia de ColombiaCamilo Calderón Schrader (Coordinador) · 2002 · p. 2521 fragmento
[61]soldados retenidos en Las Delicias. Masacre de 30 campesinos en Mapiri- pán, a manos de los parami- litares, y de 14 campesinos de Mutatá, por las FARC. 1998 Asesinado Fernando Landázabal, ex ministro de Defensa. Muerte del cura Manuel Pérez Martínez, del ELN. Andrés Pastrana, elegi- do. presidente. «Despeje» de los…
p. 252
53Género y memoria histórica. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoLina María Céspedes-Báez · 2018 · p. 481 fragmento
[62]en los demás estudios. El primer informe que publicó el CNMH al respecto marcó la pauta en torno a la relevancia de establecer el contexto para comprender el origen y empleo de la violencia basada en géne- ro. La Masacre de Bahía Portete, ocurrida en el mes de abril de 2004, hubiera podido ser entendida simplemente…
p. 48
54Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1291 fragmento
[63]más azotados con esta modalidad fueron Cesar y Magdalena, con 7.419 y 7.384 víctimas. Los datos del CNMH indican que un 61,84 % de los casos de asesinatos selectivos implicaron a fuerzas paramilitares y un 5,75 % a las diferentes guerrillas, con las FARC-EP como el mayor responsable (807 asesinatos). Se desconoce el…
p. 129
55Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1181 fragmento
[64]en Córdoba. 296 Entrevista 077-PR-00130. Coronel (r) del Ejército y catedrático universitario.; «Urabá: laboratorio de guerra y paz.», 19 de marzo de 2021. entre la violencia masiva y la resistencia (1991-2002) 119 Antioquia, el sur de Córdoba y el Bajo Atrato: entre 1991 y 2002, esta cifra ascendió a 1.103.385…
p. 118
56La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 571 fragmento
[65]de organizaciones sociales a través de los consejos comunitarios, para la protección y utilización sustentable de los recursos naturales (Grueso, 2000). Estos consejos comunitarios son las instancias de organización de los pobladores dentro de un área delimitada del terri- torio que han ocupado de acuerdo a sus…
p. 57
57Representaciones y epistemes locales sobre la naturaleza en el Pacífico sur de ColombiaCarlos Enrique Osorio Garcés · 2018 · p. 681 fragmento
[66]parque naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Artículo 70. El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los…
p. 68
58Bojayá: La guerra sin límitesGrupo de Memoria Histórica, Martha Nubia Bello Albarracín, Pilar Riaño Alcalá, Gonzalo Sánchez G. · 2010 · p. 1541 fragmento
[67]2009. Sobre el despojo de tierras, ver: Machado, Absalón, et al. 2009. El Despojo de Tierras y Territorios: aproximación conceptual. Bogotá D.C.: Línea de Investigación Tierra y Conflicto, Área de Memoria Histórica, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación - CNRR -. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones…
p. 154
59La economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y políticaMauricio Romero Vidal (coordinador y editor), Ariel Fernando Ávila Martínez, Vilma Liliana Franco R., Ángela Olaya, Hernán Pedraza Saravia, Bernardo Pérez Salazar, Juan Diego Restrepo E., Diana Torres · 2011 · p. 2081 fragmento
[68]colectivos y expidió el de Curvaradó, con un área de 46.048 hectáreas, y el de Jiguamiandó, con 54.973 hectáreas." 6. Artículo 1. Capítulo 1. Objeto y Definiciones. Ley 70 de 1993, por e! cual se desarrolla e! artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Ver en Cartilla Consecutiva dela Jurisprudencia y Marco…
p. 208
60Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 1351 fragmento
[69]de tierras, tierras robadas a campesinos, indígenas y comunidades negras para el exclusivo sembrado de la palma con el total apoyo de la Presidencia de la República. A principios del 2003 la plantación ilegal de la palma de aceite o africana, avanzaba en el norte de Colombia en las regiones próximas al Darién,…
p. 135
61Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 1351 fragmento
[70]de tierras, tierras robadas a campesinos, indígenas y comunidades negras para el exclusivo sembrado de la palma con el total apoyo de la Presidencia de la República. A principios del 2003 la plantación ilegal de la palma de aceite o africana, avanzaba en el norte de Colombia en las regiones próximas al Darién,…
p. 135
62Raza y derechos humanos en Colombia: Informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombianaCésar Rodríguez Garavito, Tatiana Alfonso Sierra, Isabel Cavelier Adarve · 2009 · p. 3201 fragmento
[71]la región del Urabá chocoano sigue siendo una de las zonas más deprimidas en términos sociales y económicos, aún seis años después de haber sido expedida la política pública. 25 El bajo y medio Atrato, por su parte, es una de las zonas en donde el impulso de programas de desarrollo sostenible ha vulnerado los derechos…
p. 320
63Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 3711 fragmento
[72]de Restitución de Tierras (URT), para 2021 se adelantaba la documentación de 117 casos, de los cuales solo 30, ubicados principalmente en las regiones del Pacifico y el Caribe 835, se han llevado ante los jueces de restitución de tierras despojadas; el 50% de las demandas del Pacífico corresponde a tierras del…
p. 371
64Becoming Black Political Subjects: Movements and Ethno-Racial Rights in Colombia and BrazilTianna S. Paschel · 2016 · p. 2031 fragmento
[73]law.” The only silver lining has been Colombia’s record on land titling of black rural communities, which is impressive, especially when you compare it to Brazil, where efforts to recognize collective titles have largely been crip- pled. In the mid-1990s, Colombia began to aggressively title indigenous and black…
p. 203
65Etnización de la negridad: La invención de las 'comunidades negras' como grupo étnico en ColombiaEduardo Restrepo · 2013 · p. 2851 fragmento
[74]predominante de gente negra, se encuentran desde hace varias décadas asentamientos exclusivamente de chilapos, aunque también chilapos y paisas han formado parte de asentamientos mayoritariamente negros. Aunque los paisas no parecen haber tenido mayor papel en la gestación y consolidación de la Ocaba, los chilapos sí…
p. 285
66Movimientos sociales, Estado y democracia en ColombiaMauricio Archila, Mauricio Pardo (Editores) · 2001 · p. 2571 fragmento
[75]se habían apartado del intento de crear una coordinación nacional del movimiento ne- gro, reticentes a ceder autonomía a grupos de activistas de sede urbana pero carentes de representatividad en el seno de las or- ganizaciones de base. En torno al movimiento negro en Colombia i 337 ] La Ley 70 contiene 8 capítulos y…
p. 257
67Gente negra en Colombia. Dinámicas sociopolíticas en Cali y el PacíficoOlivier Barbary, Fernando Urrea · 2004 · p. 641 fragmento
[76]años ha tenido lugar en un contexto geográfico, socioeconómico e institucional profundamente modificado por la veloz integración de los llamados territorios afrocolombianos del Pacífico a la economía global, bajo modalidades económi- cas nacionales e internacionales y la expansión de los diferentes consumos cultu-…
p. 64
68Sujetos victimizados y daños causados: Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoLina Rondón Daza, Liliana Cortés Gamba · 2018 · p. 861 fragmento
[77]el posicionamiento de la otredad estigmatizada, que les quitó el lugar de ser vistas y escuchadas. Los paramilitares regularon el ejercicio de las trabajadoras se- xuales: les establecieron horarios, lugares, número de personas y castigos, que transformaron su ejercicio cotidiano, porque al convertirse en las “otras”,…
p. 86
69Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 4552 fragmentos
[78]distintos informes- por lo regular ha sido la mayor o una de las mayores responsabilidades la que recayó en el paramilitarismo, y la que aún recae en los grupos posacuerdos con las AUC. Así, en general la actuación de este tipo de grupos continua - ba comprometida con la actuación violenta contra las mujeres, ataques…
p. 455
[79]distintos informes- por lo regular ha sido la mayor o una de las mayores responsabilidades la que recayó en el paramilitarismo, y la que aún recae en los grupos posacuerdos con las AUC. Así, en general la actuación de este tipo de grupos continua - ba comprometida con la actuación violenta contra las mujeres, ataques…
p. 455
70Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 3231 fragmento
[80]los actores en armas 19. A partir del anterior panorama, se colige 17 Díaz, Sofía (2001), Memorias Audiencia Pública de las Mujeres. Economía y empleo, Bo- gotá: Red Nacional de Mujeres, pp. 3 y 133. 18 Ejemplo de esto son la Marcha del 25 de noviembre de 2003 al Putumayo, en el marco del día de la No Violencia contra…
p. 323
71Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armadoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1461 fragmento
[81]ese hecho yo estuve un año en una clínica psiquiátrica, tomando toda clase de medicamentos: haloperidol, amitriptilina, clozapina, fluoxetina, bueno, todos los medicamentos psiquiátricos [...]. Yo seguí en tratamiento hasta 2006, pero un día cualquiera dije: “No, yo no voy a tomar más medicamentos, no necesito de un…
p. 146
72El Placer: Mujeres, coca y guerra en el Bajo PutumayoMaría Clemencia Ramírez, María Luisa Moreno R., Camila Medina A. · 2012 · p. 2072 fragmentos
[82]horarios, la forma de vestirse y las reglas de cuidado para toda la familia. Todos estos cambios dan cuenta del temor de las mujeres hacia la imagen de ese hombre guerre- ro, imagen que se construyó alrededor de las prácticas cotidianas de los armados que rápidamente se difundieron por la población. Esas prácticas…
p. 207
[83]horarios, la forma de vestirse y las reglas de cuidado para toda la familia. Todos estos cambios dan cuenta del temor de las mujeres hacia la imagen de ese hombre guerre- ro, imagen que se construyó alrededor de las prácticas cotidianas de los armados que rápidamente se difundieron por la población. Esas prácticas…
p. 207
73Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 1501 fragmento
[84]afectando el 60 por ciento de los mu- nicipios del territorio nacional (ver Mapa 4). Al analizar la magnitud del desplazamiento a nivel regional, tres regiones sobresalen como las mayores expulsoras y represen- tan más de la mitad de los éxodos registrados en este periodo: Urabá; Magdalena Medio; y Alto Sinú y San…
p. 150
74Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo II. Bloque Central Bolívar: violencia pública y resistencias no violentasAlberto Santos Peñuela (coordinador del informe y correlator), Luis Miguel Buitrago Roa, Juan Guillermo Jaramillo Acuña, Nicolás Otero González, Rodrigo Torrejano Jiménez · 2021 · p. 491 fragmento
[86]por la sala del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá. De acuerdo con la información consignada en la sentencia, en el municipio de Chiscas, provincia de Gutiérrez en el departamento de Boyacá, se generaron desplazamientos tras la incursión armada del Frente Patriotas de Málaga. En esta acción fueron asesinados 4…
p. 49
75Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)Federico Andreu-Guzmán (relator); Carlos Miguel Ortiz (coordinador); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2014 · p. 261 fragmento
[87]Nacional (Boina)”; la Directiva No. 300 - 28 de 2007 del Minis- terio de Defensa Nacional; y la Directiva No. 10 de 2007. 31 Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston – Adición: Misión a Colombia, A/HRC/ 14 / 24 /Add. 2, de 31 de marzo de 2010, párrafo 3…
p. 26
76Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en ColombiaMartha Nubia Bello Albarracín, Andrés Fernando Suárez, Mónica Márquez Ramírez · 2016 · p. 401 fragmento
[88]1949 y el artículo 4. 2 del Protocolo II de 1977 26 adicional a dicho convenio -las normas más importantes del derecho humani- tario aplicables a con fl ictos armados no internacionales-, prohíben los atentados contra la vida, la integridad personal y la dignidad personal de las personas que no participan directamente…
p. 40
77Caquetá: una autopsia sobre la desaparición forzadaHelka Quevedo Hidalgo · 2018 · p. 821 fragmento
[89]en las regiones, bajo criterio de un funcionario, los hechos no “co- rresponden a una desaparición forzada”, por lo que ni siquiera se ingresan al Sirdec y tampoco se busca la persona. Aquí se presenta un vacío respecto a la recepción, análisis y calidad de información, tanto en el reporte de quien ha desapa- recido…
p. 82
78Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Liz Yasmit Arévalo Naranjo, Andrés Prieto Ruiz · 2017 · p. 361 fragmento
[90]de 2015, en sus sistemas de información SIJUF (Sistema de Información Judicial que se implementó a partir de 1998, y reúne casos bajo la Ley 600 de 2000 y anteriores) y SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio que se implementó en 2005, e in- cluye casos bajo la Ley 906 de 2004 y la Ley 1098 de 2006), se en- cuentran un…
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