Vera Grabe

Vera Grabe Loewenherz

Vera Grabe Loewenherz (Bogotá, 1951) es una de las figuras que mejor condensa la trayectoria singular del M-19: la de una intelectual de origen europeo que atraviesa la lucha armada urbana, la desmovilización pactada de 1990 y, después, la construcción académica y diplomática de una cultura de la paz en Colombia. Miembro de la primera dirección del movimiento desde 1973, asignada desde el origen al grupo político y nunca al operativo, Grabe encarna un tipo de guerrillera atípico en el país: la que llega a la insurgencia desde la universidad, opera en las ciudades y termina convertida en negociadora, congresista, doctora en paz y directora de un observatorio dedicado a estudiar aquello que su generación no logró resolver por las armas.

Una guerrillera venida de la clase media ilustrada

Hija de inmigrantes alemanes, Grabe pertenece a una generación bogotana que no coincide con la imagen convencional del guerrillero colombiano. El M-19, del que fue cofundadora, no nació en el monte ni entre campesinos alzados, como las FARC, sino en las ciudades, en el ambiente universitario, entre una clase media ilustrada cuyas familias tenían raíces profundas en el sistema que decían querer derrocar. Ese fue su medio.

La formación política de esa generación tuvo un perfil particular. En la Universidad Nacional, entre 1960 y 1965, apenas había tres profesores marxistas, y quienes se reclamaban del socialismo leían menos a Marx que textos originados en la revolución cubana y manuales soviéticos. Era una izquierda de referencias políticas inmediatas más que de doctrina rigurosa, permeable a la creatividad simbólica, atraída por los operativos de alto impacto antes que por la construcción prolongada de un ejército popular. El M-19 recogería esa marca: cosmopolita, urbano, con familias que lo miraban desde adentro del país que quería sacudir.

El nombre mismo del movimiento fija su origen. El 19 de abril de 1970, en las elecciones presidenciales, los primeros datos favorecían a Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la Anapo, pero se proclamó ganador al oficialista Misael Pastrana. Para los fundadores del M-19, aquello fue el fraude que cerró la vía electoral y justificó la vía armada. Sobre esa lectura —discutida, pero fundacional para ellos— se construyó todo lo demás.

La primera dirección: 1973, Cali

En 1973, en Cali, unas veinticinco personas se reunieron en la primera conferencia del M-19. De allí salió la primera dirección del movimiento, integrada por Jaime Bateman Cayón, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad, Hélmer Marín, Andrés Almarales y Vera Grabe, entre otros. Ella tenía veintidós años.

La dirección funcionaba como un buró dividido en un grupo operativo y un grupo político. Grabe quedó asignada al grupo político y no intervino nunca en las operaciones armadas. Esa asignación temprana marcaría toda su trayectoria: la construcción de discurso, la interlocución con otros sectores, la reflexión sobre lo que el movimiento hacía. Las decisiones se tomaban por consenso, sin jefe formal, en reuniones celebradas aproximadamente cada quince días. Era un modelo horizontal que combinaba la ambición revolucionaria con hábitos de deliberación más propios de un colectivo universitario que de una cadena de mando militar.

Conviene detenerse en el lugar que Grabe ocupó ahí. Que una mujer de veintidós años estuviera en la primera dirección de una guerrilla urbana era, en el contexto colombiano, excepcional. Y sin embargo, su confinamiento al ala política —lejos del combate— se lee en dos claves que conviven. Por un lado, es una vocación intelectual coherente con toda su vida posterior: la escritura, la negociación, la academia. Por otro, refleja las barreras culturales que atravesaban a las mujeres en las organizaciones insurgentes colombianas, donde incluso los grupos que construyeron un discurso de igualdad de género mantenían, en la práctica, una masculinidad hegemónica que las subordinaba a funciones específicas. La agencia de Grabe fue real; el marco que la posibilitaba, restringido.

Del asalto simbólico al desastre: 1974-1985

El M-19 se dio a conocer al país en enero de 1974, precedido por una campaña publicitaria en prensa que anunciaba, sin explicarlo, la llegada de algo llamado M-19. El golpe que reveló el sentido de la sigla fue el robo de la espada de Simón Bolívar de la Quinta de Bolívar, en Bogotá. Nada podía ser más elocuente sobre el ADN del movimiento: no un asalto a un banco ni una emboscada rural, sino la sustracción de un objeto cargado de mito nacional, convertido en manifiesto. La operación decía, sin palabras, que aquella guerrilla iba a disputar los símbolos de la patria antes que sus territorios.

Los años siguientes profundizaron esa vocación de impacto. Entre finales de 1978 y comienzos de 1979, el movimiento construyó un túnel bajo un depósito militar en el norte de Bogotá y robó más de cinco mil armas del Ejército colombiano. Fue una hazaña logística que humilló a las Fuerzas Armadas y proyectó al M-19 como una amenaza capaz de operar bajo las narices del poder. En febrero de 1980, un comando tomó la embajada de la República Dominicana en Bogotá y retuvo durante aproximadamente dos meses a entre catorce y dieciséis embajadores, entre ellos los de Estados Unidos y el Vaticano. La negociación terminó con salvoconducto a Cuba y el pago de un rescate de un millón de dólares. Grabe pertenecía al grupo político, no al operativo, pero era parte de la dirección que trazaba la estrategia dentro de la cual se inscribían esas acciones.

El 6 y 7 de noviembre de 1985, el M-19 tomó el Palacio de Justicia, en Bogotá. El asedio dejó once magistrados de la Corte Suprema muertos, además de numerosos civiles, empleados y personal de seguridad. Fue el punto de inflexión: lo que había sido una guerrilla de golpes espectaculares y respaldo simpatizante en las ciudades quedó marcada por una tragedia que aún hoy no ha terminado de esclarecerse. El hostigamiento militar en los núcleos urbanos se hizo implacable y el M-19 se replegó al suroccidente colombiano, principalmente a Caquetá, Huila y Cauca. Del proyecto revolucionario quedaban, cinco años después, unos 900 combatientes.

La mesa: 1988-1990

Cualquier lectura honesta de la desmovilización debe partir de esa cifra. El M-19 no llegó a negociar desde la fuerza, sino desde una debilidad estratégica que lo obligaba a buscar una salida. La cuestión —y aquí importa mucho el papel de figuras como Grabe— fue cómo se convirtió esa contingencia adversa en un argumento normativo sobre la paz que sobrevivió al propio movimiento.

El proceso empezó a moverse en 1988. El 2 de abril de ese año, el M-19 declaró un cese unilateral del fuego, abriendo formalmente la puerta a las negociaciones con el gobierno liberal de Virgilio Barco. Poco después, entre mayo y julio de 1988, el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado por el propio movimiento —un episodio contradictorio, mezcla de presión y provocación— empujó inesperadamente al gobierno hacia la mesa. Las Conversaciones de Usaquén, promovidas por el M-19 y sin asistencia oficial del Ejecutivo, dieron pie a la iniciativa de paz de septiembre de 1988, que solo tomaría vuelo un año después, tras el asesinato de Luis Carlos Galán. En enero de 1989 se retomaron formalmente las conversaciones.

La propuesta central del M-19 fue, en el fondo, sorprendentemente modesta para una guerrilla que había cargado sobre sí el peso de la revolución: integrarse con plenitud de derechos a la vida política del país. No una transformación estructural del Estado, no la socialización de los medios de producción, no el poder popular. Reconocimiento, garantías, participación. Ese desplazamiento —de la revolución a la ciudadanía— es la clave política del proceso, y Grabe, desde el ala política, fue una de sus arquitectas conceptuales.

Cuando la reforma constitucional que Barco había propuesto se frustró en el Congreso, el M-19 en transición a la legalidad convocó a rehacer el pacto de paz directamente con el pueblo, mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Fue una jugada decisiva: en lugar de aceptar el fracaso de la reforma institucional, la guerrilla desmovilizada propuso saltarse el Congreso e ir a un poder constituyente originario. Ese fue el hilo que llevó, por vía indirecta, a la Constitución de 1991.

El 9 de marzo de 1990, en Santo Domingo, Cauca, aproximadamente 900 guerrilleros del M-19 dejaron las armas en el marco del Acuerdo de Corinto. El comandante Carlos Pizarro Leongómez depositó su pistola calibre 45 envuelta en una bandera de Colombia. Firmaron el acuerdo el presidente Barco, el consejero presidencial Rafael Pardo, Pizarro como Comandante General y Antonio Navarro Wolff como Comandante del M-19, con la Iglesia Católica como tutora moral y la Internacional Socialista como testigo. Vera Grabe fue parte de esa transición desde la política interna del movimiento.

La Alianza Democrática M-19 y la Constituyente

El M-19 se transformó en la Alianza Democrática M-19, o AD M-19. En las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, en diciembre de 1990, obtuvo el 22,5% de los votos —una cifra extraordinaria para un movimiento recién desarmado, apenas meses después de que su candidato presidencial Carlos Pizarro fuera asesinado en abril de ese año, en pleno vuelo, tras haber ya dejado las armas—. El asesinato de Pizarro fue una de las provocaciones armadas contra la dirigencia del movimiento en transición, y anunciaba el precio que la nueva vida civil iba a cobrar.

La Constituyente se reunió durante el primer semestre de 1991 y la nueva Constitución fue sancionada el 4 de julio de 1991. Grabe formó parte de esa generación de exguerrilleros que pasaron, en cuestión de meses, de la clandestinidad a la redacción de la Carta que reorganizaría el país. Fue Representante a la Cámara por la AD M-19. Algunos compromisos de reforma política y electoral acordados con el gobierno Barco se adoptaron por vías legales; otros, por la Constituyente. El efecto democratizador se derramó sobre el conjunto del sistema político colombiano, más allá del propio M-19.

El movimiento, en cambio, no logró sostener el impulso. En las elecciones legislativas de 1991, la AD M-19 se desplomó del 22,5% de la Constituyente al 3%. Las lecturas críticas atribuyen la caída a un percibido acomodamiento político de la dirigencia. Circuló, entre esas críticas, la denuncia de que Antonio Navarro Wolff habría incluido en la lista de la Constituyente a un representante vinculado a las autodefensas del Magdalena Medio bajo el argumento de "buscar la paz incluyente", sin informarlo a la base del movimiento. Los detalles son contestables, pero la percepción de una pérdida de horizonte pesó. El puente entre las armas y la política, tendido con audacia en 1990, resultó, en términos electorales, frágil y de corta duración.

Grabe atravesó esa curva descendente sin refugiarse en la nostalgia. Su respuesta fue el desplazamiento hacia la academia y la escritura.

La escritura: memoria y argumento

Grabe pertenece a una generación de mujeres exguerrilleras colombianas que, junto con María Eugenia Vásquez y otras, produjo una escritura testimonial notable. En un momento en que buena parte de la academia latinoamericanista había empezado a considerar el testimonio como un género en declive —arrinconado, se decía, por el neoliberalismo y la política de identidades posmoderna—, Colombia siguió produciendo memoria testimonial vinculada al conflicto armado. Grabe fue una de las voces centrales de esa persistencia.

Su obra escrita cumple varias funciones a la vez. Es memoria personal: la reconstrucción de una vida atravesada por la clandestinidad, la militancia, el amor y la política dentro del M-19. Pero es también argumento. La paz se define allí no como victoria militar ni como simple decreto o firma de acuerdo, sino como la recuperación del reconocimiento de los derechos humanos para los cincuenta millones de colombianos y colombianas. Esa fórmula es más que un lema: es la traducción teórica de la apuesta que el M-19 hizo en 1990 al integrarse con plenitud de derechos en lugar de exigir una transformación estructural del Estado. La paz como reconocimiento —no como derrota ni como refundación total— es la doctrina que Grabe ha construido y defendido durante décadas.

Su escritura también recoge, con honestidad, la dimensión de género de la experiencia insurgente. Las mujeres desempeñaron múltiples funciones tanto en las estructuras urbanas como en las guerrilleras, pero las barreras culturales condicionaron pesadamente su acceso a posiciones de igualdad con los hombres en el terreno de la política y la guerra. En el EPL, una excombatiente percibía que la incorporación de mujeres respondía más al equilibrio interno de una fuerza masculina que a una reivindicación genuina. En las FARC y el ELN, el discurso formal de igualdad convivió con prácticas de masculinidad hegemónica que dejaron a mujeres campesinas, niñas y adolescentes en condiciones de subordinación y violencia. Grabe ha sido parte de un esfuerzo por nombrar esa contradicción sin usarla para deslegitimar la propia militancia.

La constructora de paz

El tercer acto de la vida de Grabe —después de la militancia y de la política electoral— ha sido el de la construcción de paz como oficio. Doctora en paz, conflictos y democracia, ha convertido la reflexión sobre lo vivido en una disciplina académica y en un servicio público. Ha dirigido el Observatorio para la Paz, ha participado en foros internacionales, ha sido consultada en procesos de negociación posteriores. Su presencia en esos espacios no es la de la exguerrillera reciclada en experta, sino la de alguien que trajo desde adentro una gramática de la negociación que después se universalizó.

La influencia es concreta. Cuando el presidente Juan Manuel Santos decidió, en 2012, no abordar el tema del cese al fuego al inicio de las negociaciones con las FARC-EP sino dejarlo para el final, aplicó una lección aprendida de procesos anteriores donde ese punto había imposibilitado avances. La memoria acumulada de negociadores del M-19 —Grabe entre ellos— era parte de ese depósito de aprendizajes. El Consejo Nacional de Paz, creado por la Ley 434 de 1998, institucionalizó la participación de sectores sociales en la política de paz, en una arquitectura que reconocía que la paz no es asunto exclusivo del Estado.

El costo humano de esa continuidad ha sido alto. Asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, atentados y amenazas han sido métodos empleados sistemáticamente para obstruir los procesos de diálogo y romper acuerdos en Colombia. Las provocaciones contra la dirigencia del M-19 en transición y el asesinato de Carlos Pizarro tras su desmovilización son casos documentados de esa lógica. Grabe ha construido su obra sobre ese suelo minado, sin renunciar a la premisa de que la desmovilización pactada es preferible a cualquiera de sus alternativas.

La red

La vida de Grabe se entreteje con una red de nombres que definen el M-19 y la política colombiana del último medio siglo. Jaime Bateman Cayón, el fundador carismático, muerto en un accidente aéreo en 1983. Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina, comandantes sucesivos, ambos muertos en los años ochenta. Carlos Pizarro Leongómez, el comandante que firmó el Acuerdo de Corinto y fue asesinado semanas después como candidato presidencial. Antonio Navarro Wolff, el sobreviviente político por excelencia, compañero suyo de dirección y luego cabeza de la AD M-19 tras la muerte de Pizarro. Afranio Parra, otro cuadro del movimiento asesinado tras la desmovilización.

Más allá del propio M-19, la red se extiende a la generación que ese movimiento incubó y que llegaría al poder décadas después. Gustavo Petro, militante del M-19 en su juventud, alcalde de Bogotá y luego presidente de Colombia desde 2022, es la prueba más visible de que la apuesta de 1990 —integrarse con plenitud de derechos— produjo, en el largo plazo, resultados que el propio movimiento no alcanzó a ver en sus años de existencia electoral. La conversación de Grabe con esa herencia ha sido crítica y comprometida a la vez: participante y observadora, arquitecta original y testigo lúcida de sus transformaciones.

La red incluye también los lugares. Bogotá como escenario central: la Quinta de Bolívar, la embajada de la República Dominicana, el Palacio de Justicia. Cauca y Corinto como el territorio de la desmovilización. La Habana como refugio negociado tras la embajada dominicana y, décadas después, como sede de las conversaciones con las FARC. Alemania como el país de origen familiar, ese trasfondo europeo que hizo de Grabe una figura particular en el paisaje colombiano.

Huella

Medir el peso histórico de Vera Grabe exige distinguir entre lo que hizo como militante y lo que dejó como pensadora y negociadora. En el balance del M-19, su papel operativo fue nulo —por asignación y por vocación— y su papel político estuvo siempre dentro de una dirección colectiva donde otros ocupaban la primera línea. Si se juzga por los estándares habituales de la historia guerrillera, su figura queda en un segundo plano frente a los comandantes carismáticos.

Pero ese es el juicio equivocado. El aporte más duradero de Grabe no fue militar sino epistémico-político. Desde el ala política de una guerrilla urbana, contribuyó a construir una cultura de la negociación que primero permitió al M-19 pasar de las armas a la mesa en condiciones de reconocimiento —no de rendición— y después migró hacia la academia, los foros de paz y los procesos posteriores. La desmovilización de 1990, con sus limitaciones y sus muertos, se convirtió en un modelo colombiano de transición por reconocimiento de derechos que otras guerrillas observaron con atención y que reaparecería, con adaptaciones, en negociaciones posteriores.

Hay que decirlo con matiz. El M-19 llegó a la mesa porque estaba diezmado; sin el Palacio de Justicia y el hostigamiento militar posterior, quizá nunca habría negociado. La cultura de la negociación fue, en parte, la racionalización de una derrota. Pero fue también algo más: la vocación política de Grabe y de otros era anterior al colapso militar, estaba en el ADN del movimiento desde 1973. Cuando la derrota llegó, había un lenguaje disponible para traducirla en un pacto. El mérito intelectual real de Grabe está en haber convertido una contingencia adversa en un argumento normativo sobre la paz que sobrevivió al hundimiento electoral de la AD M-19 y se instaló, como una capa más, en la cultura política colombiana.

Su huella se reparte en varios registros. En el institucional: la Constitución de 1991, a cuya génesis contribuyó la maniobra del M-19 desmovilizado por convocar la Constituyente cuando la reforma congresual fracasó. En el biográfico: la propia vida de Grabe como demostración de que se puede atravesar la guerra sin quedarse en ella, y de que la escritura de la memoria es una forma de política de largo aliento. En el doctrinal: la paz definida como recuperación del reconocimiento de derechos, formulación que atraviesa su obra y que ha influido en la manera en que Colombia habla —cuando habla bien— de sus procesos de paz. Y en el generacional: haber contribuido a que un movimiento de origen urbano, de clase media ilustrada, con familias enraizadas en el sistema que quería derrocar, encontrara al final una fórmula que no era la revolución que había prometido pero tampoco la simple rendición, sino una tercera cosa —la ciudadanía plena— que después otros pudieron habitar.

Vera Grabe sigue escribiendo, enseñando y hablando. En un país donde la paz se ha firmado varias veces y ha vuelto varias veces a estar en riesgo, su voz opera como memoria viva de que en 1990 se cruzó una frontera difícil, y de que hacerlo de nuevo, con otras guerrillas y otros gobiernos, es posible aunque nunca fácil. Esa insistencia, más que la espada de Bolívar o el túnel del Cantón Norte, es lo que la historia del país terminará por reconocerle.