Cultura ciudadana y transformación de Bogotá (1995–2003)

Cultura ciudadana y transformación de Bogotá (1995-2003)

Entre enero de 1995 y diciembre de 2003, Bogotá se convirtió en una anomalía. Mientras el Estado colombiano se hundía en el peor tramo de su guerra interna —narcocasetes, masacres, secuestros masivos, colapso del sistema hipotecario, desplazamiento forzado creciente—, la capital redujo sus homicidios a un tercio, saneó sus finanzas, construyó un sistema de transporte masivo, recuperó espacio público arrasado por décadas de degradación y produjo, casi de contrabando, una gramática política nueva: la cultura ciudadana. Ese arco cubre tres alcaldías —Antanas Mockus Šivickas (1995-1997), Enrique Peñalosa Londoño (1998-2000), Mockus otra vez (2001-2003)— y un breve interregno del filósofo Paul Bromberg. No fue milagro ni epifanía cívica: fue una ingeniería política deliberada, apoyada en herramientas institucionales que el país había labrado poco antes —la Constitución de 1991 y el Estatuto Orgánico de Bogotá de 1993— y que en la capital encontraron un terreno donde pudieron desplegarse. Su alcance, sin embargo, fue estructuralmente selectivo: operó con eficacia sobre la ciudad ya integrada al proyecto modernizador y muy poco sobre las periferias adonde llegaban, todos los días, los expulsados de la guerra.

La ciudad que Mockus recibió

La Bogotá de 1994 era una ciudad rebasada por sí misma. Había pasado de unas 400 manzanas a finales del siglo XIX a 2.400 en 1950 y a 27.000 en 1980: un crecimiento explosivo que desbordó los perímetros legales y la zonificación funcional, dejando franjas enormes de urbanización ilegal donde el Estado apenas asomaba. La informalidad no era una excepción de borde sino la manera dominante en que la ciudad se hacía.

El país donde estaba enclavada esa ciudad vivía su peor década de violencia. La tasa nacional de homicidios había subido de 15 por cada 100.000 habitantes en 1974 a 92 en 1995. Entre 1980 y 1994 se registraron 255.000 homicidios en Colombia, más que los 179.000 ocurridos entre 1948 y 1966, el período que la historiografía había bautizado como La Violencia. En comparación internacional, las tasas colombianas de aquel quinquenio —entre 51 y 78 por 100.000 en promedio— superaban con holgura las de Europa, Estados Unidos, Canadá, el Caribe, el resto de América Latina y Asia. Bogotá no era la ciudad más violenta del país, pero sí una capital donde matar y morir violentamente se había vuelto rutinario, y donde la llamada limpieza social —asesinatos selectivos de indigentes, jóvenes de barrios populares, consumidores de droga— aparecía con regularidad en las páginas rojas y en los hallazgos periódicos de cadáveres.

A esa violencia estructural se sumaban dos hechos institucionales que hoy explican mucho de lo que vino después. Primero, la Constitución de 1991 había redefinido el pacto territorial: elecciones directas de alcaldes, autonomía fiscal reforzada, transferencias garantizadas, un lenguaje de derechos que llegaba hasta el nivel local. Segundo, el Estatuto Orgánico de Bogotá, expedido por el Decreto 1421 de 1993 durante la alcaldía de Jaime Castro Castro, le había dado a la capital una arquitectura administrativa propia: separación de competencias entre alcalde y Concejo, presupuesto plurianual, herramientas de disciplina fiscal, mayor libertad tributaria. Castro entregó una ciudad todavía caótica pero con caja de herramientas. Mockus la recibió y la usó.

El experimento: norma, cultura y ley

Mockus llegó a la Alcaldía en enero de 1995 desde un lugar improbable: había sido rector de la Universidad Nacional, filósofo y matemático de formación, y su fama pública se debía casi por completo a un gesto —el pantalón bajado ante un auditorio de estudiantes— convertido en escándalo y renuncia. No tenía partido, no tenía maquinaria, no tenía experiencia administrativa. Lo que sí tenía era un aparato conceptual que había venido puliendo en la academia y que en el gobierno se volvería método: la idea de que el comportamiento humano en sociedad se rige por tres sistemas reguladores —la ley, la moral y la cultura— que pueden estar en armonía o en divorcio, y que buena parte de los males colombianos provenían justamente de ese divorcio. Cuando la ley prohíbe algo que la cultura celebra, o cuando la moral individual justifica lo que la ley castiga, la sociedad se vuelve inmanejable. Reconciliar los tres sistemas era el proyecto.

El diagnóstico se sintetizaba en un concepto que Mockus y su equipo elevaron a categoría central: la cultura del atajo. Humberto De la Calle la ha descrito como la manía de salir adelante mediante la artimaña o la habilidad individual, en contraposición a la acción colectiva y el trabajo en equipo. Sus expresiones políticas eran el populismo —en sus variantes paternalistas y clientelistas— y la propensión a los métodos expeditos de enriquecimiento. Su expresión extrema era la guerra: la resolución del conflicto por aniquilamiento total del adversario. En el otro polo, y no menos peligroso, quedaba el pacifismo ingenuo, que renuncia a la crítica, cede en los principios y no ofrece resistencia. En este mapa, la cultura del atajo se alimentaba de una constelación de comportamientos y afectos característicos del país: el estigma del sapo que castigaba a quien colaborara con la autoridad, el miedo existencial a las represalias de agentes violentos no estatales, el cálculo de corto plazo, un resentimiento larvado hacia el Estado por una injusticia percibida como estructural.

Contra esa cultura, la alcaldía desplegó un dispositivo de pedagogía urbana que combinaba lo lúdico y lo normativo. Los mimos que corregían a peatones imprudentes y conductores infractores en las intersecciones. Las tarjetas ciudadanas con una cara verde para aprobar y una roja para desaprobar el comportamiento ajeno en el espacio público. La Hora Zanahoria, que cerraba los bares a la una de la madrugada y produjo, medida a medida, una caída significativa en las muertes violentas asociadas al alcohol nocturno. El Día sin Carro, que en febrero de 2000 —durante la administración Peñalosa, pero como continuidad de la lógica mockusiana— sacó de circulación a los vehículos particulares y devolvió por unas horas la ciudad a peatones y ciclistas. La campaña de vacunación contra la violencia, en la que ciudadanos hacían fila para recibir simbólicamente una vacuna contra la agresión doméstica. Las estrellas negras pintadas en el asfalto donde había muerto un peatón. El agua como bien escaso durante el racionamiento de 1997: Mockus apareció en televisión bañándose y cerrando la llave mientras se enjabonaba, y el consumo bajó por convicción cívica antes que por sanción tarifaria.

Todo aquello, tan fácil de caricaturizar como circo pedagógico, era en realidad un dispositivo de gobierno en sentido riguroso. Se trataba de orientar la conducta de una población mediante saberes expertos, técnicas simbólicas y programación de comportamientos: una forma de gubernamentalidad que reclutaba al propio ciudadano como agente de regulación de sus pares. La ciudad se ofrecía como aula. Y el aula tenía una historia larga. A principios del siglo XX, Bogotá ya había producido manuales y códigos de urbanidad orientados a eliminar los atavismos rurales de los recién llegados, a regular el uso de ropas, modales e higiene, a formar al ciudadano que el proyecto modernizador requería. La Sociedad de Embellecimiento de Bogotá, activa desde comienzos de siglo, había fomentado el civismo mediante concursos y premios —incluidos los otorgados al mejor inspector de policía y a los obreros que mantuvieran sus casas en impecable limpieza— y había creado en 1923 la Medalla del Civismo. Aquella sociedad, integrada por miembros de las élites, sostenía además un principio que reaparecerá con fuerza setenta años después: el apoliticismo administrativo, la idea de que los servicios municipales debían ser dirigidos por hombres que prescindieran de las luchas de la política activa. Mockus, apartidista militante, hereda sin saberlo esa tradición y la lleva a una versión democrática, masiva y técnicamente sofisticada. La cultura ciudadana de los años noventa no es originaria: es la refundición, con lenguaje foucaultiano y herramientas modernas, de un impulso civilizatorio de larga duración en la historia urbana colombiana.

Ese componente pedagógico, sin embargo, no habría funcionado sin un cambio material que suele quedar en la penumbra: el saneamiento fiscal.

La caja del Distrito

La transformación de Bogotá se sostuvo en dinero propio. Y ese dinero no cayó del cielo ni de las transferencias nacionales: se construyó. La tributación municipal en Colombia pasó de 0,8% del PIB en 1987 a 2% del PIB en 2005, un salto que tuvo a Bogotá y Medellín como protagonistas. Detrás de esa cifra hay decisiones administrativas concretas: la actualización del catastro, la implantación del autoavalúo, el aumento del censo de predios, la sobretasa a la gasolina. Bogotá conservaba —junto con Medellín y el departamento de Antioquia— una oficina de catastro propia, independiente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi al que se habían adscrito las demás dependencias catastrales del país. Esa autonomía técnica, sumada a la actualización catastral de 1983 que había fortalecido la base del impuesto predial, le permitía al Distrito capturar valor urbano con una precisión que los demás municipios envidiaban.

La primera administración Mockus profundizó esa lógica. Amplió el autoavalúo, cruzó bases de datos, persiguió la evasión, subió la tarifa efectiva sin subir nominalmente la tarifa legal —el truco técnico de actualizar los avalúos con arreglo a la realidad del mercado inmobiliario— y consiguió algo que hasta entonces parecía imposible: que un número creciente de bogotanos pagara impuestos porque quería, no porque temía. La campaña 110% con Bogotá, que invitaba a los contribuyentes a pagar voluntariamente un 10% adicional sobre el predial, fue el símbolo de esa nueva relación. Que decenas de miles de personas lo hicieran no era anecdótico: era la evidencia empírica de que el divorcio entre ley, moral y cultura podía cerrarse, al menos en el estrato de la ciudad ya integrada al circuito formal.

El contexto nacional agrandaba la excepción bogotana. Los años noventa fueron de crisis fiscal generalizada de las entidades territoriales: el gasto creció más rápido que las transferencias, y muchas alcaldías y gobernaciones quedaron técnicamente quebradas. El desbarajuste obligó a dos correcciones nacionales severas: la Ley 617 de 2000, que impuso programas de ajuste fiscal territorial, y el Acto Legislativo 1 de 2001, que creó el Sistema General de Participaciones desvinculando las transferencias de los ingresos corrientes de la Nación y atándolas a la inflación causada más un crecimiento real fijo. Bogotá enfrentó ese apretón desde una posición de fuerza: con caja propia, con calificación de crédito internacional, con capacidad de endeudamiento. El Distrito se financiaba a sí mismo cuando el Estado nacional negociaba con el Fondo Monetario Internacional los términos de su propia contención. La independencia fiscal no era una virtud abstracta: era la condición material de que la política local funcionara mientras la nacional no.

Peñalosa: la obra dura

Cuando Mockus renunció a mediados de 1997 para lanzarse —fallidamente— a la Presidencia, Paul Bromberg completó el período con bajo perfil y en enero de 1998 asumió Enrique Peñalosa Londoño. Había perdido la alcaldía frente a Mockus en 1994 y perdería la Presidencia también; pero en su turno bogotano se propuso hacer lo que la primera Mockus, más ocupada en los símbolos, había dejado pendiente: transformar el espacio físico de la ciudad.

Peñalosa venía del urbanismo militante. Su tesis era que la ciudad democrática se construye en el espacio público, y que la calidad de ese espacio —andenes, parques, ciclorrutas, alamedas, transporte masivo— es la forma más literal de igualdad urbana, porque es lo único que ricos y pobres comparten. Con esa convicción impulsó TransMilenio, el sistema de buses articulados por carriles exclusivos inspirado en el modelo de Curitiba. El aporte público consistió en la infraestructura vial y los paraderos, mientras la operación quedó en manos de capital privado. Se construyeron ciclorrutas por decenas de kilómetros. Se recuperaron andenes invadidos por vehículos parqueados. Se ampliaron parques. Se construyeron megabibliotecas —Virgilio Barco, El Tintal, El Tunal— pensadas como equipamientos culturales para los barrios populares.

Y hubo un gesto que resume la ambigüedad de esa administración: la recuperación de El Cartucho, la zona degradada del centro histórico donde durante décadas se había concentrado un microecosistema de habitantes de calle, expendios de bazuco, comercio de reciclaje y economías del crimen. El área fue expropiada, demolida y convertida en el Parque Tercer Milenio. El 19 de diciembre de 2000 se inauguró allí la escultura Pórtico, de Eduardo Ramírez Villamizar, en la Avenida Caracas con calle 6, como parte de la entrega de un conjunto de ocho esculturas monumentales concebidas para dar sentido de pertenencia a la ciudad. El gesto era claro: convertir un espacio de estigma en un espacio de arte cívico, restituir al centro su condición de lugar común.

La operación tuvo un costo humano que la narrativa oficial nunca terminó de asumir. Los habitantes de calle de El Cartucho no desaparecieron: migraron hacia otras zonas —la que después se llamaría El Bronx entre ellas— y reprodujeron el problema en escala menor pero con la misma miseria. La lógica peñalosista de recuperación del espacio público supuso, en la práctica, el desplazamiento de poblaciones vulnerables cuya presencia obstaculizaba la reconstrucción del centro. Años después, Gustavo Petro caracterizaría ese modelo como neoliberalismo salvaje, contrastándolo con la visión mockusiana de construcción de ciudadanía. El diagnóstico es interesado, pero apunta a una tensión real: entre la ciudad como aula pedagógica que educa a todos sus habitantes y la ciudad como obra dura que recupera el espacio removiendo a quienes no encajan en la nueva estética.

Peñalosa y Mockus, hacia afuera, se presentaban como opuestos. Hacia adentro, encarnaban dos caras complementarias de un mismo proyecto: la refundación del contrato urbano bogotano. Uno puso los símbolos y la norma; el otro puso el cemento y la infraestructura. Que la ciudad los haya recibido consecutivamente —y que en 2001 Mockus haya vuelto a ganar la Alcaldía y en 2016 Peñalosa la haya recuperado— sugiere que los bogotanos, con más lucidez que los ideólogos de uno y otro bando, entendieron que ambos se necesitaban.

La segunda Mockus y el país en llamas

En enero de 2001 Mockus volvió al Palacio Liévano, esta vez tras haber derrotado en las urnas a Carlos Moreno de Caro, personaje folclórico y populista cuya sola presencia en la contienda le daba a la elección un aire de plebiscito sobre la cultura ciudadana. Ganó con holgura. El país que rodeaba a la ciudad era, sin embargo, otro.

La presidencia de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) había estado dominada por el escándalo de los narcocasetes —las grabaciones que probaban el ingreso de dineros del cartel de Cali a la campaña presidencial— y por la parálisis institucional que se derivó de él. Fernando Botero, ministro de Defensa y confidente del presidente, había ido a la cárcel. Los rumores de renuncia o golpe se repitieron durante meses. Joe Toft, director de la DEA, había calificado a Colombia de narcodemocracia al abandonar el país poco después de la posesión de Samper. La deslegitimación externa e interna del gobierno se combinaba con una escalada del conflicto armado: en 1997 las FARC asesinaron a 14 campesinos en Mutatá y los paramilitares masacraron a 30 en Mapiripán, dos hitos que anunciaban lo que vendría.

Andrés Pastrana Arango asumió en agosto de 1998 con la promesa de una salida negociada. La zona de despeje del Caguán, entregada a las FARC como territorio para negociar, se convirtió en la escenografía de un fracaso público prolongado. Mientras tanto, 1999 fue un año miserable: la guerrilla impuso las pescas milagrosas en carreteras y pueblos, secuestró un avión de Avianca, asesinó al humorista Jaime Garzón y al ex consejero Jesús Antonio Bejarano. En paralelo, colapsó el sistema UPAC de crédito hipotecario: el 16% de los usuarios dejaron de pagar y entregaron más de seis mil inmuebles como dación de pago. Las tasas de interés habían desbordado la capacidad de las familias. La clase media urbana, que había apostado su patrimonio a la vivienda financiada, perdió la casa.

En ese país, Mockus tomó una posición que causó ruido y que ilustra bien su lógica moral. Cuando se planteó la posibilidad de un acuerdo humanitario que canjeara guerrilleros presos por civiles secuestrados, sostuvo que hacerlo equivalía a validar el secuestro y a incentivar a los grupos ilegales. La posición, anclada en principios de institucionalidad, generó una fricción amarga con familiares de secuestrados y con quienes veían en el canje la única esperanza inmediata. Fue una expresión pura del mockusismo: la coherencia normativa por encima del atajo humanitario. Que se pudiera sostener esa posición desde el gobierno de la capital y no desde la Presidencia era, otra vez, la señal de que Bogotá se había vuelto un lugar desde el cual pensar el país sin cargar con la responsabilidad de gobernarlo.

Su segunda administración consolidó lo hecho. La tasa de homicidios en Bogotá siguió bajando. Las finanzas se mantuvieron ordenadas. Se profundizaron programas de convivencia, se amplió TransMilenio, se sostuvo la línea. Cuando Mockus entregó la Alcaldía a Luis Eduardo Garzón en enero de 2004, Bogotá era, comparada con la ciudad que él mismo había recibido nueve años antes, otro lugar.

La ciudad que no fue tocada

Aquí conviene bajar el tono. La historia oficial de la transformación bogotana tiende a suponer que la cultura ciudadana llegó a todos los bogotanos por igual y que la mejora del espacio público benefició por igual al norte y al sur. No fue así. Bogotá siguió siendo, durante todo el período, una de las principales ciudades receptoras de desplazados del conflicto armado —junto con Cali, cuyo distrito de Aguablanca cumplía función análoga— y esos desplazados llegaban a Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Tunjuelito, Kennedy y al municipio vecino de Soacha. La ciudad informal siguió creciendo por los bordes, con la misma lógica de ranchos precarios, servicios ausentes, ilegalidad urbanística y estigma.

A partir de 1995 el desplazamiento forzado comenzó a ser tratado como problema de orden nacional con respuesta estatal formal, aunque las cifras oficiales subregistraron sistemáticamente el fenómeno. Se estimó para ese año un promedio de 195 personas desplazadas por día, integrantes de 47 hogares diarios, en su mayoría mujeres y niños del campo, empujados por paramilitares, guerrilleros, fuerza pública y otros actores. Una parte importante de ese éxodo terminaba en Bogotá. Ciudad Bolívar, que ya en 1993 recibía tanto desplazados de otras regiones como migrantes intraurbanos, se consolidó como el emblema de la periferia empobrecida: en el censo de 2005, el 76% de sus hogares fue categorizado en situación de pobreza y el 25% en pobreza extrema.

En las comunidades urbanas pobres estudiadas en aquellos años —Embudo, 14 de Febrero, Jericó—, la violencia aparecía como el principal problema comunitario, mencionada por entre el 49% y el 63% de los participantes en grupos focales. El uso de drogas era el segundo problema en Embudo (16%) y 14 de Febrero (18%); en Jericó lo superaba la inseguridad (21% frente al 6% del consumo). Para el habitante de la periferia, la ciudad de la cultura ciudadana era, en el mejor de los casos, un rumor. La Hora Zanahoria podía cerrarle el expendio a la una, pero el asesinato de un vecino a las tres de la madrugada seguía siendo la escena repetida. Las estrellas negras pintadas en el asfalto de la Séptima no se pintaban en los senderos de tierra de Altos de Cazucá.

Las estadísticas de seguridad ciudadana refuerzan el matiz. Para el período 2003-2008, ya salida Mockus, Bogotá presentaba el mayor nivel absoluto de lesiones comunes entre las trece principales ciudades colombianas y ocupaba el séptimo lugar en tasa de lesiones por 100.000 habitantes y el cuarto en tasa de crecimiento de lesiones respecto a 2007. En hurto a personas encabezaba también los niveles absolutos. Los homicidios bajaron; la conflictividad cotidiana y patrimonial, no tanto. Y las estadísticas de violencia intrafamiliar y social, sujetas a un subregistro reconocido, apenas asomaban en los tableros de indicadores.

La cultura ciudadana como dispositivo de gobierno operó, entonces, con la eficacia mayor sobre los espacios y las poblaciones ya integrados al proyecto urbano formal: la ciudad de los andenes, los parques, los bares con horario, los conductores educables por el mimo, los contribuyentes voluntarios del 110%. Sobre la ciudad informal, la de los ranchos y los expendios y las viviendas construidas de noche sobre laderas ilegales, la pedagogía llegaba distorsionada o no llegaba. Aquella periferia siguió gobernada más por la precariedad, las economías del rebusque y los actores armados —bandas, milicias, redes de control barrial— que por la norma-cultura-ley del proyecto mockusiano. Reconocerlo no invalida el logro: lo pone en su escala real.

Lo que dejó, lo que después vino

El período 1995-2003 dejó tres herencias que resistieron el paso de las administraciones siguientes. Primero, una arquitectura fiscal robusta: Bogotá aprendió a financiarse a sí misma, y esa autonomía la ha protegido de los ciclos políticos nacionales. Segundo, una capacidad técnica de gestión urbana —planeación, catastro, transporte, hacienda— que sobrevivió a los cambios de alcalde. Tercero, un capital simbólico difícil de medir: la idea, instalada en los bogotanos, de que la ciudad podía ser gobernada, de que la norma podía cumplirse, de que el otro en el espacio público no era un enemigo.

Lo que vino después probó la resistencia de esa herencia. Luis Eduardo Garzón (2004-2007), del Polo Democrático, hizo una administración que no asumió una izquierda radical y dio continuidad a políticas de sus antecesores en materia financiera y de movilidad urbana; salió con altos índices de favorabilidad. Lo sucedió Samuel Moreno Rojas (2008-2011), también del Polo, cuya gestión terminó envuelta en el escándalo de comisiones multimillonarias en licitaciones de obra pública —el llamado carrusel de la contratación— por el que fue enviado a la cárcel. Gustavo Petro (2012-2015) llegó proponiendo una Bogotá Humana distinta tanto del neoliberalismo peñalosista como de la idea mockusiana de construcción de ciudadanía en singular, y del propio Polo del que venía; su período estuvo marcado por la turbulencia administrativa y por su destitución y reintegro. Peñalosa volvió a ganar en 2015, en parte por agotamiento de los proyectos alternativos, y retomó viejas ideas —incluida la del metro, ahora en modalidad elevada similar al de Medellín.

El realineamiento político hizo cosas curiosas. En 2009, tras salir del Polo, Garzón coincidió con Mockus y Peñalosa en un mismo partido. Los tres alcaldes que habían gobernado la ciudad entre 1995 y 2007, con proyectos que la retórica pública presentaba como enfrentados, terminaron siendo compañeros de sigla. Ese detalle, casi cómico, dice más sobre la naturaleza del proyecto bogotano que muchas páginas de análisis: por debajo de las diferencias de estilo, había un consenso técnico y de gestión que unía a personajes públicamente contrastados.

Por qué sigue importando

La experiencia bogotana de 1995-2003 se ha vuelto exportación colombiana: consultores, académicos y ex funcionarios han llevado la marca cultura ciudadana a México, Sao Paulo, Kingston, ciudades del sur global que quieren replicar el modelo. La palabra ha entrado al léxico internacional de la gobernanza urbana. Ese éxito narrativo tiene, sin embargo, un riesgo: convertir en fórmula lo que fue proceso histórico, y borrar de la fórmula tanto las condiciones institucionales previas —la Constitución del 91, el Estatuto de 1993, la autonomía catastral, la capacidad fiscal— como los límites reales del alcance: Ciudad Bolívar sigue siendo Ciudad Bolívar.

Bogotá 1995-2003 importa porque demuestra tres cosas incómodas. Primera, que en un Estado en crisis las mejores respuestas pueden venir del nivel local, siempre que el nivel local tenga músculo institucional y fiscal para responder. La descentralización constitucional colombiana no fue retórica: en Bogotá produjo resultados medibles. Segunda, que la pedagogía cívica funciona, pero funciona sobre poblaciones que ya están mínimamente integradas al circuito formal: no reemplaza a la política social ni a la presencia del Estado en la periferia, y creer lo contrario es cargar a la cultura ciudadana con un peso que no puede llevar. Tercera, que las transformaciones urbanas duraderas requieren tiempo, continuidad técnica y un consenso mínimo entre administraciones sucesivas, aunque el consenso se disfrace de enfrentamiento retórico.

En el país en guerra que rodeaba a la capital durante aquellos años, Bogotá funcionó como excepción y como laboratorio. La excepción no salvó al país. Pero mostró que otra política urbana era posible incluso cuando la política nacional se derrumbaba, y dejó instaladas —en su arquitectura fiscal, en sus rutinas administrativas, en la memoria cívica de sus habitantes— piezas que la ciudad todavía usa. Que dos décadas después los bogotanos sigan discutiendo si tal alcalde es más Mockus o más Peñalosa es la prueba, quizá involuntaria, de que aquel experimento fijó los términos del debate. Reconstruir un contrato ciudadano en medio de la guerra fue una tarea de ingeniería política. Y la ingeniería, cuando queda bien hecha, se ve poco: solo se advierte cuando alguien intenta desmontarla.