Genocidio de la Unión Patriótica

Genocidio de la Unión Patriótica

Entre marzo de 1986 y marzo de 1990, en Colombia se ejecutó una operación sostenida de aniquilación contra un partido político legal. La Unión Patriótica, nacida de los Acuerdos de La Uribe como el brazo civil que debía permitir a las FARC transitar de las armas a la política, irrumpió en las elecciones de 1986 con 14 congresistas, 18 diputados, más de 300 concejales y una votación presidencial cercana al 5%. Los tres presidentes que dirigieron el movimiento en esos años —Jaime Pardo Leal, José Antequera en su condición de dirigente y Bernardo Jaramillo Ossa— fueron asesinados en menos de tres años. Con ellos cayeron senadores, representantes, diputados, alcaldes, concejales, sindicalistas y militantes de base, en un patrón que el registro histórico documentaría después con 1.598 víctimas identificadas entre 1984 y 1997, y una cifra total que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2023, terminaría calificando como genocidio. Este es el arco decisivo de esa clausura: el momento en que la apertura democrática ofrecida por Belisario Betancur se cerró a bala, y en el que la palabra "genocidio" tuvo que ampliarse para nombrar lo que había ocurrido.

La tregua que trajo el partido

El 28 de marzo de 1984, en un caserío del piedemonte llanero llamado La Uribe, en el Meta, el gobierno de Belisario Betancur y las FARC firmaron el Acuerdo de Cese al Fuego, Tregua y Paz. Eran once puntos, y su núcleo consistía en desactivar la guerra: alto el fuego bilateral, una Comisión de Verificación y —en el lenguaje que las FARC dejaron consignado— el propósito de desmovilizar paulatinamente su estructura militar para transitar hacia un movimiento político legal.

Betancur había preparado el terreno desde su posesión en 1982. Ese mismo año, el Congreso aprobó a iniciativa suya la Ley 35 del 19 de noviembre, una amnistía por delitos políticos que operó como gesto inaugural hacia los alzados en armas. Poco después creó la Comisión de Paz para dialogar con el M-19 y las FARC-EP, en el marco de una política que hizo algo poco común en el país: reconoció que la violencia guerrillera tenía causas objetivas. En el primer año de gobierno, Alberto Rojas Puyo sostuvo contactos secretos con la dirigencia de las FARC que fueron construyendo la confianza mínima para el acuerdo formal.

De ese proceso brotó la Unión Patriótica. Concebida en el marco de La Uribe como frente político amplio y legal, la UP fue impulsada por las FARC-EP y el Partido Comunista Colombiano y hecha pública el 11 de mayo de 1985 con una Plataforma de Lucha de veinte puntos. El documento la definía como una convergencia abierta a "liberales, conservadores, socialistas, personas sin partido, obreros, campesinos, intelectuales, artistas, estudiantes y en general toda la gente colombiana que quisiera cambios en el país". No era un partido de cuadros comunistas: era un frente. El Congreso Constitutivo Nacional se celebró entre el 14 y el 16 de noviembre de 1985 en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.

La tregua nunca gozó de consenso. Mandos militares, gremios económicos, poderes locales y sectores enteros de la clase política resistieron el proceso desde el principio: para ellos, negociar con las FARC era rendirle armamento ideológico al enemigo. Esa resistencia sería, a la postre, uno de los combustibles del exterminio. Pero había otro combustible, interno al proyecto: mientras se firmaba La Uribe y se lanzaba la UP, las FARC no soltaban las armas. En su VII Conferencia de 1982 habían decidido convertirse en un "movimiento guerrillero auténticamente ofensivo" y trazaron un Plan Estratégico Político Militar para rodear Bogotá y tomar el poder en ocho años. Durante el propio gobierno Betancur pasaron de 27 a 48 frentes. Al mismo tiempo, el PCC mantenía como doctrina desde 1966 la "combinación de todas las formas de lucha", una fórmula que permitía coexistir bajo una sola casa la acción electoral legal y la guerra. La UP nació dentro de esa ambigüedad.

La irrupción de 1986

Las elecciones de marzo de 1986 fueron para la UP un debut mayor. A nombre propio eligió dos senadores y tres representantes a la Cámara; en coalición sumó cuatro senadores más y varios representantes adicionales, para un total nacional de nueve senadores y quince representantes. En las asambleas departamentales obtuvo 29 diputados —17 propios y 12 en coalición—. En los concejos municipales, cientos de curules a lo largo del país. En mayo, en las presidenciales, Jaime Pardo Leal obtuvo 328.752 votos, cerca del 5% del total, cuatro veces la votación de su antecesor, el Frente Democrático. Al año siguiente, con la primera elección popular de alcaldes bajo el gobierno de Virgilio Barco, el partido accedió a entre 23 y 24 alcaldías por su peso en los concejos municipales.

Los mapas de esa votación cuentan una historia. En Arauca, en coalición con el Movimiento Liberal Orticista Independiente, la UP obtuvo el 53% de los votos y la única curul disponible a la Cámara. En Antioquia consiguió 30.518 votos en los comicios locales, un diputado a la Asamblea y 59 concejales en 28 municipios; en 1986 se hizo con cinco alcaldías —Apartadó, Mutatá, Segovia, Remedios y Yondó—, un resultado que El Espectador calificó como un "fenómeno político". En la región Centro obtuvo las alcaldías de Cabrera en el Sumapaz cundinamarqués, Palestina y Villavieja en Huila, y Coyaima en Tolima, además de la mayoría en los concejos de treinta municipios.

La geografía electoral coincidía con la geografía del conflicto. La UP prendió con fuerza en el Meta, Guaviare, Tolima, Sumapaz, Cundinamarca, Huila, la costa Caribe, el Magdalena Medio y el Caquetá; ganó terreno en las regiones escasamente pobladas al oriente de los Andes, esas zonas de colonización que comprenden casi la mitad del territorio nacional y donde el Estado había llegado tarde, mal o solo con uniforme. Ahí, organizaciones campesinas y sindicatos agrícolas encontraron por primera vez un vehículo electoral para tramitar demandas agrarias históricas. Líderes locales forjados en los movimientos sociales de los años setenta jugaron un papel organizativo central. Al frente amplio se sumaron sectores independientes de los partidos Liberal y Conservador, el Nuevo Liberalismo Independiente, la Convergencia Liberal y organizaciones regionales como el Movimiento Camilo Torres.

Había, en ese éxito, una zona oscura. En Arauca las FARC-EP aprovecharon su control territorial para intervenir en el desarrollo de las campañas, y en varias regiones el proselitismo armado —tomas guerrilleras en las que se reunía a los pobladores para promover candidaturas del partido— tensó la ambigüedad estructural del proyecto. La UP era, a la vez, un movimiento que canalizaba entusiasmos populares genuinos —el fervor con que fue recibida en el sur de Bolívar, Sucre o Magdalena quedó registrado en testimonios posteriores— y, en algunos territorios, la sombra civil de una guerrilla que no había dejado de crecer.

Esa ambigüedad no explica el exterminio, pero fue el pretexto ideológico que sus perpetradores utilizarían para justificarlo.

La arquitectura del exterminio

Los asesinatos empezaron antes de la posesión de los primeros congresistas. En agosto y septiembre de 1986, apenas cinco meses después de las elecciones, fueron muertos dos parlamentarios electos: Leonardo Posada Pedraza, representante a la Cámara por Santander, asesinado el 30 de agosto en Barrancabermeja, y Pedro Nel Jiménez, senador por el Meta, asesinado un día después, el 1 de septiembre. Ninguno alcanzó a posesionarse plenamente. Octavio Vargas Cuéllar, representante vinculado a la UP en el Guaviare, sería asesinado en ejercicio de sus funciones.

No fueron crímenes aislados. La violencia contra la UP funcionó desde el principio como una operación coordinada, con arquitectura interna y actores identificables. En el Magdalena Medio, Henry Pérez y su padre habían consolidado desde comienzos de la década un aparato paramilitar que se articuló pronto con el narcotráfico: hacia 1987 y 1988 compraron tierras en Urabá y coordinaron con Fidel Castaño la ejecución de las primeras masacres en la zona bananera; las autodefensas del Magdalena Medio protegieron también los laboratorios de cocaína de Gonzalo Rodríguez Gacha en los Llanos del Yarí. Los hermanos Castaño, desde su enclave en el alto Sinú, dirigían un ejército paramilitar —los llamados "tangueros"— cuya doctrina interna consideraba a los militantes de la UP como "agentes de las FARC disfrazados de civiles", una fórmula que servía a la vez de diagnóstico y de licencia para matar.

La documentación posterior identificó al menos cinco planes formales de exterminio articulados a lo largo del ciclo: la Operación Cóndor (1985), el Plan Baile Rojo (1986), el Plan Esmeralda (1988), el Plan Golpe de Gracia (1992) y el Plan Retorno (1993). Baile Rojo, Cóndor y Golpe de Gracia habrían apuntado a socavar la dirección nacional y a asesinar o secuestrar a los dirigentes elegidos a corporaciones públicas; Esmeralda y Retorno se orientaron a desaparecer las seccionales de la UP en Meta, Caquetá y Urabá. El Plan Esmeralda, en particular, fue denunciado desde 1987 y 1988 por la dirigencia del partido: consistía en la persecución y asesinato sistemático de militantes en los llanos orientales y en Caquetá, con omisiones documentadas de la fuerza pública ante los ataques paramilitares.

La complicidad de sectores del Ejército y la Policía atraviesa todo el período. La masacre de Segovia, en noviembre de 1988, fue planificada en instalaciones del Batallón Bomboná, donde se elaboraron los panfletos que la anunciaron; las autoridades militares y policiales presentes en el municipio no impidieron la matanza. El asesinato de Pardo Leal contó con logística de los servicios de inteligencia del Batallón de la Escuela de Caballería, comandado entonces por el teniente coronel Alfonso Plazas Vega. La infraestructura paramilitar en Urabá se consolidó con tolerancia y apoyo de las fuerzas armadas y con vínculos concretos con propietarios bananeros.

Las Fuerzas Militares operaban bajo una doctrina que hacía de la UP un blanco legítimo. El manual Conozcamos a nuestro enemigo, de 1985, señalaba a los sindicatos y a las organizaciones sociales como fachadas de la subversión. Esa lectura —el movimiento social como extensión civil de la guerrilla— convergía punto por punto con la de los Castaño en el Sinú, y en esa convergencia doctrinal, más que en un plan único centralizado, hay que buscar la eficacia mortífera de la operación.

Los tres presidentes

El asesinato sucesivo de los tres máximos dirigentes de la UP entre octubre de 1987 y marzo de 1990 constituye el núcleo simbólico y estratégico del exterminio: una decapitación en tres actos.

Jaime Pardo Leal, magistrado, líder sindical de la judicatura y candidato presidencial de la UP en 1986, había denunciado públicamente la campaña de exterminio en la que estaban implicados militares, narcotraficantes y la organización MAS. El 11 de octubre de 1987, cuando regresaba con su familia de una finca a las afueras de Bogotá por la vía La Mesa-Bogotá, fue asesinado por los hermanos William y Olivera Acuña Infante, sicarios formados en la escuela paramilitar Las Galaxias, propiedad de Rodríguez Gacha. Las investigaciones señalaron que el crimen contó con apoyo logístico de la inteligencia del Batallón de la Escuela de Caballería. La convergencia narcoparamilitar-militar que Pardo Leal había denunciado en vida terminó ejecutándolo.

El 3 de marzo de 1989, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, fue asesinado José Antequera, dirigente del Partido Comunista y de la UP. Antequera saludaba en ese momento al precandidato presidencial liberal Ernesto Samper Pizano, quien resultó gravemente herido en el atentado. El editorial de El Espectador al día siguiente registró que en los tres primeros meses de 1989 las mafias del narcotráfico habían asesinado a 291 personas —muchas de ellas por causas políticas— y que Antequera era la víctima número 721 de la UP. La aritmética del exterminio, apenas tres años después de la irrupción electoral, ya se contaba en cientos.

Tras el asesinato de Antequera, el presidente del partido, Bernardo Jaramillo Ossa, salió del país declarando que solo regresaría cuando el gobierno le diera garantías de seguridad. En los meses que le quedaron de vida, Jaramillo hizo algo que dentro de la izquierda colombiana equivalía a una herejía: cuestionó abiertamente la táctica de la combinación de todas las formas de lucha, el papel del PCC como vanguardia revolucionaria y la subordinación política de la UP a la lógica de las FARC. Abogaba por una inclinación genuina hacia la negociación y por una autonomía real del movimiento respecto de la guerrilla. Fue asesinado el 22 de marzo de 1990 en el mismo aeropuerto El Dorado donde había caído Antequera un año antes.

Tres presidentes en menos de tres años, dos de ellos abatidos en la misma terminal aérea de la capital. La coreografía de esos crímenes —su reiteración en escenarios de máxima visibilidad, su ejecución sobre líderes de proyección nacional, la impunidad estructural que los rodeó— no admite lectura como violencia dispersa o coyuntural. Fue una operación que se movía por objetivos jerarquizados y que sabía, con precisión, a quién eliminar.

El año de las masacres

Entre esos tres crímenes centrales, la violencia contra la base social del movimiento escaló hasta convertir 1988 en lo que la memoria posterior llamaría "el año de las masacres".

El 21 de febrero de 1988, paramilitares asesinaron a 14 simpatizantes de la UP en Piñalito, corregimiento de Vistahermosa, en el Meta. El 4 de marzo, hombres encapuchados asesinaron a 17 trabajadores sindicalizados en la finca La Honduras, en Currulao, Turbo, y a otros 4 en la finca La Negra. La infraestructura paramilitar en Urabá contaba con tolerancia militar y con vínculos económicos con propietarios bananeros. Un mes después, otra masacre de campesinos ocurrió en Córdoba, en la zona de influencia directa de los Castaño.

El 11 de noviembre de 1988 se produjo la masacre de Segovia, en el Nordeste antioqueño, presentada por sus perpetradores como reacción a los resultados electorales favorables a la UP en marzo de ese año. Fue planificada, como se dijo, con la participación de personal del Batallón Bomboná. La fuerza pública destacada en el municipio no impidió la matanza.

Estas masacres tenían una función distinta a la de los asesinatos selectivos de dirigentes. Los magnicidios buscaban decapitar; las masacres, aterrorizar y desplazar. El desplazamiento forzado se convirtió en la segunda violación más frecuente contra la UP después de los homicidios, con al menos 2.722 víctimas identificadas: un mecanismo de expulsión territorial que desarticuló la dinámica social del movimiento y que para muchos sobrevivientes fue el primer trayecto de un viaje que terminó en el exilio.

Barco: la mano tendida y la impunidad

Virgilio Barco asumió la presidencia en agosto de 1986, cinco meses después de la irrupción electoral de la UP. Su política de paz llegó con un lema —"Mano tendida y pulso firme"— y con una arquitectura institucional que reemplazó las comisiones ciudadanas del gobierno Betancur por una Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación, dependiente directamente de la Presidencia. Tenía dos frentes: la desmovilización guerrillera y la participación política, por un lado; y el Plan Nacional de Rehabilitación, que buscaba llevar Estado a las zonas marginadas, por otro.

La tregua con las FARC ya no funcionaba en la práctica desde tiempo atrás. En junio de 1987 se hizo explícito su fin formal. Y mientras el gobierno intentaba mantener abiertos los canales de negociación, el ciclo de asesinatos contra la UP alcanzaba su punto más alto. Barco intentó dar respuestas: nombró 23 alcaldes de la UP en municipios donde el partido había obtenido las mayores votaciones locales —municipios que, no por coincidencia, coincidían en buena parte con zonas de influencia guerrillera— e intentó desmontar el marco jurídico del paramilitarismo mediante la derogación de la Ley 48 de 1968. Pero la derogación llegó tarde: el paramilitarismo ya estaba implantado, con dinero, tierras y armas, en el Magdalena Medio, el Sinú, Urabá y los Llanos.

La respuesta institucional al recrudecimiento de la violencia terminó de tomar forma en 1988. Ante la incapacidad de contener los asesinatos, Barco cerró la posibilidad de un plebiscito reformador que había considerado y pactó con los partidos tradicionales un Estatuto Antiterrorista, impulsado por su ministro José Manuel Arias Carrizosa. Se volvía, en la práctica, a la salida represiva.

El diagnóstico del propio gobierno sobre el aparato de justicia era demoledor: solo el 20% de los crímenes llegaban al conocimiento de las autoridades y, de esos, únicamente el 4% obtenía sentencia. Entre 1979 y 1991, 290 personas fueron asesinadas en el ejercicio de funciones judiciales. Sobre esa infraestructura de impunidad —incapaz de procesar el 96% de los crímenes que llegaba a conocer— se montó, sin obstáculo real, la maquinaria del exterminio.

Causas: estructura y decisión

Explicar el genocidio de la UP exige separar lo que la lengua cotidiana tiende a confundir. No fue un exceso individual, ni una serie de asesinatos convergentes por acumulación, ni una consecuencia mecánica de la guerra. Fue una operación deliberada, y su explicación se sostiene sobre tres pilares.

El primero es estructural. Colombia ingresó a la segunda mitad de los ochenta con un Estado incapaz de monopolizar la violencia y con un sistema judicial paralizado por su propia debilidad. El paramilitarismo, protegido por la Ley 48 hasta que fue tardíamente derogada, había echado raíces económicas y territoriales; el narcotráfico había construido un aparato militar propio —escuelas de sicarios como Las Galaxias, ejércitos privados como los tangueros de los Castaño o los Masetos de Rodríguez Gacha— con capacidad operativa superior a la de muchas guarniciones oficiales. En ese vacío, la eliminación física de adversarios políticos era una posibilidad técnicamente disponible.

El segundo es ideológico y militar. Las Fuerzas Armadas colombianas operaban desde una doctrina que asimilaba movimiento social a subversión y, por extensión, a la UP como brazo civil de las FARC. El manual Conozcamos a nuestro enemigo codificó esa asimilación en 1985. Sobre esa base doctrinal, la colaboración con estructuras paramilitares —planeación conjunta en el Batallón Bomboná, apoyo logístico del Batallón de la Escuela de Caballería, omisiones sistemáticas en Meta y Caquetá— no era una desviación de la institucionalidad militar: era coherente con ella.

El tercero, y aquí hay que ser preciso, es la propia ambigüedad estratégica del PCC y las FARC. La combinación de todas las formas de lucha, aprobada por el PCC en 1966 y sostenida bajo la fachada retórica de la UP, generó una tensión irresoluble: mientras la UP recogía votos, las FARC crecían en frentes y ejecutaban proselitismo armado en nombre del partido. Esa ambigüedad no justifica el exterminio —ningún proyecto político puede ser aniquilado físicamente por sus contradicciones internas—, pero explica por qué el Estado colombiano toleró o facilitó la operación en lugar de proteger a quienes ejercían derechos políticos legítimos. La UP fue percibida como coartada civil de la guerrilla por sus enemigos, y esa percepción convergía con una realidad parcial que los propios líderes del movimiento, encabezados por Bernardo Jaramillo en sus últimos meses, terminarían denunciando desde dentro. Jaramillo murió, entre otras cosas, por intentar romper esa amalgama.

Los tres pilares se articularon en una alianza operativa entre paramilitares, narcotraficantes y sectores de las Fuerzas Militares. Los Castaño en Córdoba y Urabá, Rodríguez Gacha con sus escuelas de sicarios y sus laboratorios de coca protegidos por autodefensas, Henry Pérez en el Magdalena Medio, agentes de inteligencia militar en Bogotá: los nodos de esa red pueden nombrarse, y sus conexiones fueron probadas después en sede judicial nacional e internacional.

Consecuencias

El efecto inmediato del exterminio fue la clausura práctica de la apertura democrática ofrecida en 1984. La UP siguió existiendo formalmente durante años, pero como movimiento nacional con capacidad electoral quedó desarticulada: la mayoría de sus dirigentes fueron asesinados, exiliados o desplazados; sus bases regionales, arrasadas por masacres y expulsiones. El registro documentado alcanzaría las 1.598 víctimas identificadas entre 1984 y 1997 —cifra recogida en el libro Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido— y las estimaciones estadísticas posteriores, elaboradas conjuntamente por la JEP, la Comisión de la Verdad y el HRDAG, apuntan a totales considerablemente mayores por el subregistro estructural del período.

El efecto sobre el conflicto armado fue el opuesto al buscado por La Uribe. La lección práctica que las FARC extrajeron del exterminio —la vía política legal no es viable en Colombia para una izquierda vinculada a la insurgencia— alimentó su convicción de mantener y expandir la lucha armada durante las tres décadas siguientes. La política de paz de Betancur, en ese sentido, no solo fracasó: fue derrotada de forma que hizo pedagógicamente imposible su repetición en las condiciones originales.

El efecto sobre las categorías jurídicas fue lento pero acumulativo. Las víctimas y sobrevivientes de la UP reclamaron durante más de veinticinco años que el crimen colectivo cometido contra ellos fuera tipificado como genocidio político. El obstáculo era conceptual: la definición internacional clásica de genocidio, contenida en la Convención de 1948, excluía la persecución por motivos políticos. El caso de la UP forzó una reelaboración de la categoría desde la jurisprudencia interamericana. La Corte IDH, en el caso Manuel Cepeda Vargas contra Colombia —sentencia del 26 de mayo de 2010—, retomó y profundizó el análisis del conjunto de las victimizaciones e identificó como eje común la pertenencia a la UP: por primera vez, la instancia judicial reconoció formalmente que las víctimas habían sido atacadas en tanto miembros de una colectividad política. Ese fallo se apoyó en el informe de la Defensoría del Pueblo de 1992 y en decisiones nacionales previas, y consolidó la sistematicidad y generalidad como criterios que unificaban el conjunto de crímenes a través del tiempo.

En paralelo, sentencias de la Corte IDH entre 2005 y 2012 declararon la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el involucramiento de agentes estatales en desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias, masacres y torturas, y por la existencia de marcos jurídicos que facilitaron, promovieron, apoyaron y toleraron la actuación de grupos paramilitares. Esas sentencias reescribieron, desde el derecho, la historia oficial del paramilitarismo: no fue un actor emergente ajeno al Estado, sino un dispositivo cuya conformación, promoción y falta de desmantelamiento comprometen la responsabilidad activa del propio Estado.

El Centro Nacional de Memoria Histórica conservó, en el título de su informe sobre el caso, la palabra "genocidio" como reconocimiento explícito al reclamo de las víctimas. Y en 2023, la Corte IDH terminó de cerrar el arco: reconoció el caso como genocidio, extendiendo formalmente la categoría a la persecución sistemática por motivos políticos. La UP, aniquilada como partido, sobrevivió como argumento jurídico que reformuló el derecho internacional.

Por qué todavía pesa

El genocidio de la UP ocupa un lugar central en la historia colombiana reciente por al menos tres razones que no admiten relativización.

Primero, porque estableció el precedente empírico de que en Colombia una fuerza política de izquierda con éxito electoral podía ser físicamente aniquilada, y de que esa aniquilación podía ejecutarse con la participación activa u omisiva de sectores del Estado, con impunidad prolongada y sin ruptura del orden institucional. Ese precedente marcó las tres décadas siguientes de negociaciones de paz —desde el M-19 hasta el Acuerdo de La Habana de 2016— y explica la centralidad de las garantías de seguridad para excombatientes en todo diseño posterior de tránsito de la guerra a la política.

Segundo, porque el caso obligó a expandir la categoría de genocidio. La definición canónica, forjada en 1948 con la memoria de la Shoah, excluía deliberadamente la persecución política. La UP fue el caso que, desde el sur, hizo insostenible esa exclusión: la sistematicidad, generalidad y coordinación del exterminio no cabían en ninguna otra categoría jurídica disponible. Que la Corte IDH terminara reconociéndolo así, en 2023, no fue una concesión retórica sino la constatación de que el derecho internacional debía adaptarse a formas del crimen colectivo que no eran étnicas ni religiosas, pero que operaban con la misma lógica de aniquilación de un grupo por su identidad.

Y tercero, porque en el corazón del caso hay una pregunta que Colombia no ha terminado de responder. Cuando Bernardo Jaramillo, semanas antes de ser asesinado en El Dorado, cuestionó desde dentro la combinación de todas las formas de lucha y reclamó autonomía política plena para la UP, estaba diciendo lo que las víctimas de base habían sabido siempre: que el precio del exterminio lo pagaba la gente que había apostado, con votos y militancia, por una salida democrática, mientras la guerra continuaba en otras manos y con otra lógica. Jaramillo murió intentando desatar ese nudo. La deuda del país con quienes ejercieron derechos políticos legítimos y fueron asesinados por hacerlo —senadores, alcaldes, sindicalistas, concejales de pueblo— no se salda con sentencias, aunque las sentencias importen. Se salda cuando la vía política que se les cerró a bala vuelve a estar, para cualquier ciudadano y cualquier proyecto, plenamente abierta.