Pedagogías paramilitares de adoctrinamiento y giro bolivariano de las FARC (1993–2002)

Pedagogías paramilitares de adoctrinamiento y giro bolivariano de las FARC (1993–2002)

Entre 1993 y 2002, mientras la Constitución del 91 prometía refundar la nación y el conflicto se desbordaba territorialmente, los dos actores armados que marcarían la década se ocuparon de una tarea menos visible pero igual de decisiva: fabricar combatientes. No basta con reclutar hombres y darles fusiles; hay que producir un tipo de sujeto capaz de matar, obedecer, resistir el hambre y sostener una identidad político-militar frente a la deserción, la delación y la duda. En esos años, las FARC-EP —después de la VIII Conferencia de 1993— y las estructuras que confluirían en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, formalizadas en 1997) desplegaron dispositivos pedagógicos sistemáticos: escuelas de entrenamiento con instructores extranjeros y exmilitares, adoctrinamiento diario mañana y tarde, rituales de degradación corporal, aprendizaje del umbral de violencia infligida, reciclaje de símbolos nacionales, propaganda mediática. El escalamiento del conflicto en esos nueve años no fue solo territorial ni solo militar: fue también un proceso de ingeniería cultural sobre los cuerpos y las conciencias de quienes lo libraban.

Antecedentes: tres capas sedimentadas

En 1989 se derrumbó el bloque soviético y con él la gramática ideológica que había sostenido, al menos formalmente, a la insurgencia colombiana durante tres décadas. Las FARC, fundadas como brazo armado de un comunismo campesino y marulandista, quedaban sin el andamiaje simbólico exterior que las anclaba a un proyecto mundial. En paralelo, en Colombia se acumulaban tres capas de sedimentos decisivas para lo que vino después.

La primera fue la del entrenamiento paramilitar del Magdalena Medio. Desde 1982, oficiales y exoficiales del Ejército colombiano se pusieron al frente de escuelas de instrucción militar para civiles paramilitares en la región, un paso silencioso pero decisivo en la naturalización de los grupos de autodefensa. A esa base se sumaría, entre enero y marzo de 1988, la llegada del excoronel de las Fuerzas de Defensa Israelíes Yair Klein, dueño de la empresa de seguridad Punta de Lanza. Klein dictó cursos en Puerto Boyacá con financiación del narcotráfico, en particular de Gonzalo Rodríguez Gacha y del cartel de Medellín. En la escuela Las Galaxias, que operó al menos entre 1987 y 1988, se entrenó a escoltas de Rodríguez Gacha en manejo de armas, limpieza y orden cerrado. Tras Klein llegó un grupo de mercenarios británicos liderado por David Tomkins, especialistas en explosivos, contratados para preparar un ataque contra la dirigencia de las FARC en Casa Verde: misión nunca concretada, pero indicativa de hasta dónde llegaba la ambición del proyecto.

La segunda capa fue la formación de los propios jefes. A mediados de 1983, Fidel Castaño Gil envió a su hermano Carlos a Israel, donde cursó aproximadamente un año en una escuela militar privada en Tel Aviv. Cuando en los años noventa Castaño asumió el liderazgo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y luego de las AUC, traía consigo no solo una experiencia militar sino una idea de qué debía ser un combatiente: disciplinado, entrenado, con doctrina.

La tercera fue la mutación interna de la guerrilla. En la VIII Conferencia de 1993, las FARC-EP reformularon su discurso: sin abandonar el marco marxista-leninista, ampliaron el registro simbólico hacia el bolivarianismo. Simón Bolívar entraba al centro del panteón interno como figura capaz de sustituir la orfandad soviética por una genealogía nacional. El nombre mismo de las "milicias bolivarianas" y de la ulterior fachada política, el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, expresaba esa operación: reciclar el símbolo republicano por antonomasia para reanclar el proyecto insurgente a un imaginario propio. Ya en la región del Duda, en su etapa de estructuración temprana, las FARC habían adoptado un reglamento interno con estatutos, régimen disciplinario, normas de comando y tácticas operacionales. Pero lo esencial ocurrió en los noventa: la organización se pensó a sí misma como una escuela permanente.

De esas tres capas —narcoescuelas del Magdalena Medio, jefes formados en el exterior, giro doctrinal fariano— sale la pedagogía armada de la década siguiente.

La fábrica del combatiente fariano

Para las FARC-EP, formar un guerrillero era un proceso trifásico establecido en el artículo 15 de su estatuto. Una primera fase de resistencia física: ejercicio intensivo, carga de peso, marchas prolongadas, orientadas a forjar un cuerpo capaz de sostener la vida en el monte. Una segunda de manejo, conocimiento y mantenimiento de armas. Una tercera de estrategia de combate: orden abierto y cerrado, obediencia, toma de decisiones bajo fuego. El curso básico tenía una duración variable —entre quince días y tres meses según el frente y el contexto— y su cotidianidad era intensa: ejercicio matutino y charlas de adoctrinamiento dos veces al día, en la mañana y en la tarde.

Ese tercer componente —las charlas— es el corazón de la operación. Laura, reclutada a los trece años, lo describió con precisión: se trataba de aprender las normas internas y "empaparse" de la doctrina revolucionaria para convertirse, en sus propias palabras, en "una revolucionaria". El adoctrinamiento no era un complemento sino la operación central: mientras el cuerpo se forjaba con marcha y carga, la conciencia se moldeaba con doctrina bolivariana, historia del comunismo, estudio del régimen interno. Esa dupla —cuerpo endurecido y mente formateada— produce el sujeto guerrillero.

El manejo de armas era obligatorio para todos, sin excepciones. Una mujer reclutada a los quince años en Tolima manifestó resistencia inicial y fue coaccionada con un argumento circular pero eficaz: quien no supiera usarlas moriría a manos del enemigo. La negativa no era una opción. El discurso de igualdad de género —que las FARC-EP y el ELN proclamaban formalmente en su adoctrinamiento, con hombres y mujeres presentados como sujetos de deberes y derechos equivalentes— servía aquí como argumento pedagógico: la revolución no exceptuaba a nadie del combate. En la práctica, ese discurso convivía con jerarquías de género que atravesaban toda la organización, y las obligaciones formales no se traducían en una homogeneidad real de trato.

El régimen disciplinario interno funcionaba como el otro brazo de la pedagogía. Trabajos forzados —fabricación de trincheras, cavado de letrinas, recolección de leña, brillada de ollas— eran constantes en la vida guerrillera y operaban como sanción cotidiana. El objetivo declarado del régimen era evitar las llamadas "tres d", conductas que amenazaban la cohesión interna. Pero el aparato disciplinario no se aplicaba de manera uniforme: en la práctica hubo tratos diferenciados, privilegios, caprichos, mezquindades, prejuicios. Lo que la organización llamaba "justicia" convivía con arbitrariedades y castigos físicos contra los propios combatientes. Algunos milicianos incurrieron en abusos incluso contra personas cercanas a la organización —exigencia periódica de dinero para consumo personal, por ejemplo—, y las milicias bolivarianas generaron tensiones internas que las normas escritas no lograban contener.

La Zona de Distensión concedida por el gobierno de Andrés Pastrana entre 1998 y 2002, con epicentro en San Vicente del Caguán y extendida hasta la Serranía de La Macarena, fue utilizada por las FARC-EP como espacio de entrenamiento a gran escala de nuevos reclutas. Lo que en la mesa de negociación se presentaba como territorio de diálogo funcionaba también como una escuela ampliada donde el modelo trifásico —cuerpo, armas, doctrina— se replicaba sin interferencia estatal.

La fábrica del combatiente paramilitar

Del lado paramilitar, la pedagogía tuvo una arquitectura distinta: menos codificada estatutariamente, más apoyada en la transferencia de saberes externos y en rituales de iniciación violenta. Su columna vertebral fueron las escuelas de entrenamiento, replicadas por todo el país al ritmo de la expansión de las ACCU y luego de las AUC. Los cursos de Klein en 1988 habían establecido un modelo; en los años noventa ese modelo se multiplicó.

En los espacios de formación del Bloque Mineros —Barro Blanco, entre otros— se privilegiaba como instructores a integrantes con trayectoria militar previa en el Ejército, la Policía o incluso grupos guerrilleros desertores. Los cursos de reentrenamiento para comandantes incluían la participación de militares retirados. Esa continuidad entre el aparato estatal y el paramilitar no era anecdótica: era la infraestructura misma de la pedagogía.

En 1999, un contingente de más de treinta personas del Tolima fue enviado a la escuela La Acuarela —también conocida como La 35— en el Urabá antioqueño, financiada por Carlos Castaño. Allí recibieron instrucción militar durante aproximadamente dos meses antes de conformar el Bloque Tolima de las AUC. La escuela producía no solo combatientes sino unidades enteras que luego se desplegarían en territorio.

La instrucción incluía una "semana de cautiverio" que constituye uno de los dispositivos más reveladores de la pedagogía paramilitar. Durante esos días los reclutas eran tratados como secuestrados: raciones mínimas —una zanahoria y un pedazo de panela para varios—, estiércol arrojado encima, comida tirada al suelo, chozas precarias, desmayos, vómitos. La lógica declarada era doble: entrenar la resistencia física en condiciones extremas y ubicar al futuro combatiente en el lugar de sus futuras víctimas para desactivar la empatía. La degradación funcionaba como pedagogía negativa: quien había sido humillado hasta ese punto quedaba habilitado para humillar.

El componente más siniestro fueron las llamadas "escuelas de descuartizamiento" o "escuelas de la muerte". Los reclutas debían cortar partes del cuerpo de cadáveres —manos y pies— y desaparecer los restos al día siguiente. Alias El Médico confesó ante la Fiscalía haber canalizado venas, aplicado anestesia local y enseñado a suturar heridas practicando sobre una víctima viva ante un grupo de aproximadamente diez alumnos. En la base La Danta, en Palos Verdes, un desmovilizado estimó que entre cien y doscientas personas habrían sido desaparecidas, incluidas víctimas muertas durante los propios ejercicios de entrenamiento. Las muertes de reclutas en los cursos eran frecuentes y generaban cohesión por miedo. La tortura fue un elemento constitutivo del proyecto: el 6,8% de los asesinatos selectivos paramilitares (1.123 de 16.340) y el 12,3% de las masacres (244 de 1.982) registradas entre 1980 y 2012 incluyeron sevicia.

El aprendizaje del umbral de violencia fue explícito. Los entrenamientos incluían instrucción sobre cómo infligir dolor para obtener información. Combinado con la exposición temprana a cadáveres, torturas y ejecuciones, ese aprendizaje producía un combatiente cuyo umbral de aversión al horror quedaba desplazado hacia territorios que la vida civil difícilmente contempla. Un exparamilitar describió cómo el entrenamiento con financiación del narcotráfico y la instrucción por mercenarios extranjeros generaban en el combatiente una sensación de "mayor nombre, fuerza y capacidad".

Símbolos, magia y economía moral

Formar un combatiente no fue solo cuerpo y técnica; fue también universo simbólico. Y aquí aparece una de las tensiones más reveladoras del período: la pedagogía deliberada convivió con creencias y prácticas que ninguna estructura organizó explícitamente pero que operaron como marcos de sentido para los combatientes.

Del lado fariano, el reciclaje bolivariano cumplió la función que en otras insurgencias del siglo XX habían cumplido los símbolos del internacionalismo comunista. Simón Bolívar —figura consagrada por el Estado, por el Ejército, por la escuela pública— fue apropiado como emblema de una lucha que se presentaba como continuidad de la independencia inacabada. Si Bolívar era del Ejército, también podía ser de los frentes guerrilleros. El adoctrinamiento diario en las charlas de mañana y tarde reponía esa genealogía y la fundía con la memoria fundacional de Marquetalia y con el marxismo campesino de las primeras décadas.

Del lado paramilitar, el universo simbólico fue menos codificado y más heterogéneo. Exparamilitares de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) y de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (ACPB) describieron a ciertos combatientes como poseedores de "pactos con el diablo" y capacidades sobrenaturales. Los llamados monicongos —objetos rituales— eran portadores de poder: podían transformar a quien los llevaba y obligarlo a matar. Un testimonio lo formuló con crudeza: "si él me pedía que matar a una persona, tenía que matarla". Se mencionaron también tablas ouija y otros artefactos, asociados con combatientes considerados "muy malos" dentro del grupo. La muerte de un compañero con estas prácticas podía interpretarse como manifestación póstuma de su maldad: "Quedó todo torcido. La maldad que tenía. Los espíritus que le habían puesto al man…".

Estas creencias no formaban parte del diseño institucional de las ACCU/AUC —no eran doctrina como sí lo era el bolivarianismo fariano—, pero operaron espontáneamente como economía moral: proveían un lenguaje para procesar los propios actos, para diferenciar a los "muy malos" del resto, para explicar la muerte, para dar contorno a la identidad del combatiente extremo. La violencia no se legitimaba solo por el discurso contrainsurgente de las jefaturas; en la ranchería y en el campamento se traducía en categorías demonológicas, ritos y objetos.

Adoctrinamiento cotidiano y construcción del enemigo

Producir un combatiente exige producir también un enemigo. La pedagogía interna trabajó ese punto con recursos distintos según el bando, pero con lógica análoga.

Para las FARC-EP, el enemigo era el Estado oligárquico, el imperialismo, la burguesía y, cada vez más, el propio paramilitarismo. Las charlas diarias reponían ese esquema con material doctrinal y con el estudio de las normas internas. La conversión del recluta en "revolucionario" —en los términos de Laura— pasaba por la interiorización de esa cartografía moral.

Para los paramilitares, el enemigo era la guerrilla y su presunta base social. Un reclutado forzado por las Autodefensas Campesinas del Meta y Vichada (ACMV) en la Altillanura recordó que, durante su retención en una finca, se le impartieron charlas iniciales en las que se justificaba la lucha del grupo señalando que combatían a la guerrilla. Ese discurso —difundido públicamente por Carlos Castaño y por otros jefes— reivindicaba un supuesto "derecho a la autodefensa" frente a la incapacidad y el abandono estatal, y circulaba dentro y fuera de las filas.

Las charlas sobre Derecho Internacional Humanitario y derechos humanos aparecieron en estructuras como el Bloque Élmer Cárdenas años después del origen paramilitar, no como principio fundacional. Su llegada estuvo vinculada a nuevas realidades políticas —particularmente la presión que ejercería una eventual negociación—, y su trascendencia práctica en el terreno fue limitada. La pedagogía paramilitar no incluyó desde el comienzo una educación en límites humanitarios; los introdujo tardíamente y por necesidad estratégica de imagen, no por convicción doctrinal.

Reclutamiento, engaño, coacción

Formar un combatiente empieza antes del entrenamiento formal: empieza en el modo en que se ingresa a las filas. Y aquí también los mecanismos fueron sistemáticos.

Las FARC-EP reclutaron a menores de edad de manera sostenida en la década. Los casos de Laura, ingresada a los trece años, y de la joven tolimense reclutada a los quince, muestran que el aparato pedagógico no distinguía por edad: todos pasaban por el ciclo trifásico, todos recibían adoctrinamiento diario, todos aprendían a manejar armas bajo coacción argumentativa.

Las ACMV usaron retenes como mecanismo de captación en la Altillanura: interceptaban personas, las sometían a interrogatorios en los que se cuestionaba su pertenencia guerrillera, y las obligaban a incorporarse o a trabajar para el grupo. Un mecanismo consistía en retener a alguien, hacerlo trabajar en fincas durante semanas y someterlo a adoctrinamiento ideológico. El ingreso, en muchos casos, no fue voluntario: fue el resultado de un proceso pedagógico que combinaba coacción física, disciplina laboral y charlas.

El ELN operó en paralelo con lógicas convergentes: en el Caribe colombiano, el Frente 6 de Diciembre utilizó el engaño y la seducción como mecanismo de reclutamiento, prometiendo a los jóvenes que "se pasaría bien" y que ganarían dinero, llegando a reclutar incluso a todos los hijos varones de una misma familia.

En todos los casos, el ingreso no era un acto puntual sino la puerta a un dispositivo pedagógico que empezaba a operar de inmediato.

Género, sexualidad y masculinidad armada

Formar el combatiente fue, mayoritariamente, formar un hombre armado. Los perpetradores de violencia sexual identificados por las víctimas eran en su enorme mayoría hombres jóvenes y adultos, combatientes y comandantes de todos los actores armados, y su acción reflejaba jerarquías cruzadas de género, raza, clase, sexualidad y edad.

Del lado paramilitar, las principales acciones de violencia sexual estuvieron asociadas a la regulación y control del género, al castigo público y a la tortura contra el enemigo. La violencia sexual en los territorios se concentró sobre los cuerpos de trabajadoras sexuales y de personas LGBT, como práctica regulatoria de carácter patriarcal y heterosexista. En El Placer, en el Putumayo, el temor de las mujeres hacia la figura del hombre guerrero paramilitar —construida alrededor de prácticas cotidianas de carácter sexual que se difundieron rápidamente entre la población— se tradujo en cambios de horarios, vestimenta y reglas de cuidado familiar. La pedagogía del combatiente producía efectos sobre el afuera: reorganizaba la vida cotidiana de comunidades enteras a partir de la reputación sexual de los armados.

La composición misma de las filas confirma esa masculinización. Aproximadamente solo el 6% de las personas desmovilizadas colectivamente por grupos paramilitares entre 2003 y 2006 eran mujeres, según el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Universidad Nacional. Del lado fariano, el discurso formal de igualdad de género elevó la participación femenina, pero en la práctica esa proclamación convivió con obligaciones y jerarquías que no se homogeneizaron nunca del todo.

La pedagogía hacia afuera: Castaño ante las cámaras

Mientras los reclutas aprendían a matar en La Acuarela o en Barro Blanco, Carlos Castaño construía una pedagogía distinta pero complementaria: la dirigida a las élites, a los medios y a la opinión pública. En eso se diferenció radicalmente de su hermano Fidel, que rehusó ser fotografiado y evitó las entrevistas.

El 9 de agosto de 2000, Castaño concedió una entrevista televisada en el programa La Noche de RCN, presentado por Claudia Gurisatti. La aparición formaba parte de una estrategia comunicacional más amplia: la creación de una página electrónica de las autodefensas, la recepción sistemática de delegaciones políticas, gremiales y académicas para explicar los objetivos del movimiento, y en 2001 la publicación del libro Mi confesión, basado en entrevistas con el periodista Mauricio Aranguren Molina. En ese libro Castaño enlazó su historia personal —el asesinato de su padre, la venganza fundacional, la trayectoria de los Castaño en Córdoba— con la narración del conflicto armado, combinando verdades y mentiras en una sofisticada estrategia propagandística.

El objetivo era doble. Hacia afuera, se trataba de lavar la imagen de una organización que la evidencia vinculaba con el narcotráfico y con masacres sistemáticas, presentándola como respuesta legítima al abandono estatal frente a la guerrilla. Hacia adentro, esa vocería pública consolidaba la figura del jefe, dotaba al combatiente raso de un relato con el que identificarse, y proyectaba al proyecto paramilitar hacia una eventual mesa de negociación como interlocutor político.

Esa pedagogía externa —televisiva, editorial, digital— fue tan decisiva como la interna. Sin ella, las AUC habrían quedado en el imaginario público como carteles armados; con ella, se instalaron como actor con pretensión política, lo que abriría la puerta a la negociación de Ralito iniciada en 2003.

Cierre: una maquinaria heterogénea que funcionó

La imagen del combatiente colombiano como bandido improvisado, campesino desesperado, muchacho reclutado a la fuerza, es cierta en muchos casos pero insuficiente como explicación. Lo que la década de los noventa muestra es una fabricación deliberada, y esa fabricación no fue nunca uniforme ni completa. El régimen disciplinario fariano se aplicó con arbitrariedades y privilegios. Las charlas de DIH paramilitares llegaron tarde y por presión externa. Los monicongos y los pactos demoníacos operaron como marco espontáneo, no como diseño institucional. Y aun así, la maquinaria funcionó: cerró horizontes de salida, produjo identidades reconocibles, sostuvo el conflicto en el terreno durante casi una década. Cuando en 2002 se rompió el Caguán y comenzó otra fase de la guerra, los cuerpos y las conciencias formados en esos nueve años ya estaban en el monte, listos para pelearla.