Las FARC: ¿injerto cubano o sedimentación agraria?

¿Fueron las FARC un injerto cubano o la sedimentación de una cuestión agraria irresuelta?

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fundadas formalmente en 1966 en la región de El Pato con unos 350 combatientes surgidos del Bloque Sur, son el producto sedimentado de una cuestión agraria irresuelta que Colombia acumuló durante cuarenta años: desde las ligas campesinas del Sumapaz y el Tequendama en los años veinte hasta la colonización armada de la posguerra bipartidista. Su longevidad, medida en más de medio siglo, en seis frentes iniciales que se volvieron más de cuarenta, en ochenta hombres que llegaron a ser treinta mil, se explica menos por la geopolítica de la Guerra Fría que por ese anclaje endógeno en un campesinado colono y aparcero que llevaba décadas resistiendo al hacendado, al chulavita y al Estado ausente. Pero la organización que salió cercada de Marquetalia en 1964, con un programa agrario y quinientas armas, y la maquinaria que gestionó rentas cocaleras desde los años ochenta son dos animales políticos distintos. Confundir su continuidad institucional con una continuidad de naturaleza es un error de método.

¿Por qué importa el origen?

De la respuesta depende qué tipo de conflicto se piensa que Colombia vivió, y por lo tanto qué tipo de salida se considera pensable. Si las FARC fueron un proxy soviético o cubano, un injerto foráneo en un país de otro modo pacificable, la solución es esencialmente militar y policial: contener, aislar, derrotar. Si fueron, en cambio, la cristalización armada de una estructura agraria que nunca se reformó y de un régimen político que sistemáticamente cerró las puertas a la disidencia legal, la salida pasa por lo que nunca se hizo: redistribuir la tierra, abrir el sistema político, reparar el despojo. La lectura geopolítica no es neutral. Al desplazar la mirada de la hacienda cafetera de Cundinamarca a la Sierra Maestra, borra la matriz de despojo que hizo posible que un grupo de campesinos armados durara donde ninguna otra guerrilla del hemisferio duró.

Hay además una segunda cuestión, incómoda para la propia narrativa guerrillera: si las FARC nacieron de la cuestión agraria, ¿siguieron siendo eso mismo hasta el final? La continuidad simbólica entre Marquetalia y las columnas cocaleras de los años noventa es una operación política, no un hecho evidente. Interrogarla no debilita la genealogía endógena; al contrario, permite verla en su justa dimensión y evita que la simpatía por el origen contamine el juicio sobre lo que la organización terminó siendo.

¿Cuáles son los términos del debate?

La lectura geopolítica, dominante durante décadas en la prensa internacional, en los círculos militares y en buena parte del discurso oficial estadounidense, construye a las FARC como emanación de la revolución cubana. El razonamiento es cronológicamente seductor. Castro se declara marxista-leninista en diciembre de 1961, Colombia rompe relaciones con Cuba el 9 de ese mismo mes, y en 1964 el ejército colombiano ataca Marquetalia. Las FARC serían, en esta lectura, la aplicación tropical del foquismo guevarista, con Manuel Marulanda como Fidel de tierra caliente y Jacobo Arenas como su ideólogo. La secuencia es limpia; el problema es que ignora todo lo que ocurrió antes de 1959.

Frente a ella, la lectura endógena sostiene con evidencia acumulada que las FARC son producto de la violencia bipartidista y del conflicto agrario colombiano, no réplica cubana. Su cronología no arranca en 1959 sino en los años veinte, y su geografía no es la de un desembarco sino la de una sedimentación en el arco cafetero central del país y en las fronteras de colonización que lo bordean. Es una historia lenta, hecha de aparcería y colonos, no de barbudos bajando de la sierra.

Entre esas dos lecturas hay una tercera, que no niega la primera ni celebra la segunda: la contrainsurgencia kennedyana, encarnada en la visita del general William P. Yarborough y en el Plan Lazo de 1962-1966, no creó el conflicto pero lo cristalizó. Al atacar a autodefensas campesinas que habían sobrevivido a La Violencia como comunidades armadas territorialmente ancladas, las convirtió en guerrilla móvil de vocación nacional. El conflicto fue, en este sentido, co-producido: matriz endógena, catalizador exógeno.

¿Qué muestra la larga cadena agraria?

La primera pieza es la conflictividad agraria de los años veinte y treinta. En el Tequendama, en el Sumapaz y en el sur del Tolima, aparceros y colonos se enfrentaron a hacendados por el acceso a la tierra. Las tácticas fueron precisas. En las haciendas cafeteras, los aparceros sembraban café en sus parcelas de subsistencia, un desafío económico y simbólico que los propietarios intentaron impedir por todos los medios. En el oriente del Tolima, los colonos invocaban el decreto de colonización de 1928 para justificar la ocupación de tierras que consideraban baldías no cultivadas, cuestionando títulos que a menudo se apoyaban en cadenas dudosas de escrituración colonial y republicana.

Esta conflictividad produjo organización política. Erasmo Valencia fundó el Partido Agrario Nacional, centrado en la defensa de los colonos del Sumapaz y en la cuestión de los baldíos, con bases sólidas entre el campesinado de esa región; fue elegido a la Asamblea de Cundinamarca en 1935. Junto a él, Juan de la Cruz Varela consolidó una tradición de liderazgo campesino que atravesaría toda la primera mitad del siglo. El Partido Comunista Colombiano organizó ligas campesinas con estrategias diferenciadas según el tipo de región. En zonas de frontera empujaba la ocupación de baldíos; en zonas ya tituladas como el Tequendama, donde no había tierras vacantes desde la Colonia, promovía la siembra de café en parcelas de subsistencia y la negativa a trabajar los cafetales del patrón. La Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo fue burguesa pero no democrática: no proyectó una redistribución real de la tierra al campesinado. La cuestión quedó abierta, y esa apertura no fue accidental sino estructural: el reformismo liberal se detuvo justo donde empezaba el latifundio.

La segunda pieza es La Violencia bipartidista de 1946-1958, que no fue solo una guerra civil entre liberales y conservadores. Fue también, en las regiones cafeteras del centro, una revancha terrateniente contra las luchas campesinas de los veinte y los treinta. Los desplazamientos y la pérdida de parcelas se ensañaron precisamente con las zonas donde el campesinado había construido organización agraria. La coincidencia geográfica no admite ser leída como azar. Los chulavitas, grupos de matones adscritos a la policía y al ejército conservador tras la derrota liberal de 1946, ejercieron una violencia que sacerdotes del Tolima, Antioquia y los Llanos, en documentos recogidos por monseñor Guzmán Campos, identificaron como el principal factor que empujaba a los campesinos hacia las guerrillas: incendio de casas, robo de animales, asesinatos, violaciones. La guerrilla, en ese contexto, no era opción ideológica sino refugio físico.

Ante el intento de Mariano Ospina Pérez de imponer la ley marcial a fines de 1949, el Partido Comunista Colombiano ordenó a sus miembros alzarse en armas para defenderse, llamado que fue imitado por líderes liberales. En el sur del Tolima emergieron dos vertientes guerrilleras: las liberales, organizadas por hacendados como Gerardo Loaiza y Leopoldo García en Rioblanco, y las comunistas, formadas en torno a la Liga Campesina de Chaparral y lideradas por Isauro Yosa, el Mayor Lister. En agosto de 1952 la I Conferencia Nacional Guerrillera planteó una alianza entre ambas corrientes que naufragó ante el escepticismo de la élite liberal, profundizando la ruptura entre limpios y comunes.

Aquí aparece el detalle decisivo para desmontar la lectura foquista. Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo, y el Mayor Ciro militaron inicialmente bajo las toldas liberales, participaron en las disputas entre limpios y comunes, y solo con el tiempo se alinearon con la corriente comunista. Su conversión al comunismo no fue el resultado de una lectura de Marx en la juventud ni de un curso en La Habana: fue producto de la guerra prolongada y de la persecución. El adoctrinamiento vino después, no antes; la militancia fue efecto, no causa. Toda la arquitectura del argumento cubano se derrumba en este dato biográfico.

La tercera pieza es la amnistía de Rojas Pinilla en 1953. Las guerrillas liberales entregaron en su mayoría las armas; los grupos comunistas se acogieron a la pacificación pero no se desarmaron efectivamente. La ofensiva militar de 1955 contra Villarrica y el oriente del Tolima, que incluyó bombardeos aéreos contra la colonia agraria comunista, produjo el desplazamiento de familias campesinas armadas hacia regiones de colonización. Ese desplazamiento, a veces descrito como marchas de población civil bajo protección armada, fue el mecanismo que trasladó a la frontera agraria a comunidades que en las décadas siguientes serían llamadas repúblicas independientes.

La cuarta pieza es la exclusión política. El Frente Nacional pactado en 1958 entre liberales y conservadores institucionalizó el bipartidismo como reparto de cargos y excluyó explícitamente a los dirigentes comunistas del poder compartido. Hacia 1960, unos pocos cientos de guerrilleros vivían en comunas agrícolas dispersas en regiones remotas. Estas comunidades desarrollaron estructuras autónomas que combinaban autodefensa armada, distribución agraria y organización social: un líder comunitario con poderes ejecutivos, un parcelador que distribuía tierra y arbitraba conflictos, un secretario de información. No era el embrión de un Estado revolucionario a la cubana; era el sedimento organizativo de veinte años de resistencia campesina.

La Ley 135 de 1961 creó el INCORA con el mandato original de redistribuir la propiedad rural. En la práctica, desde su fundación priorizó la colonización de baldíos y la ampliación de la frontera agraria. La adjudicación de tierras en las décadas siguientes multiplicó varias veces la superficie titulada respecto de todo el período republicano anterior, pero sin tocar el latifundio existente: la reforma agraria se convirtió en válvula de escape que empujó al campesino sin tierra hacia la selva. En lugar de resolver el conflicto por la tierra, lo desplazó hacia la Amazonía y la Orinoquía, sembrando las condiciones para que la insurgencia se reprodujera en cada nueva frontera de colonización. Hubo, ya en 1960, quien propuso resolver la presión rural mediante la generación de empleo urbano y la migración a las ciudades, no mediante redistribución. Alberto Lleras Camargo rechazó formalmente esa vía por incompatible con los compromisos de la Alianza para el Progreso, pero su lógica terminó imponiéndose por vía de los hechos.

La quinta pieza es la contrainsurgencia importada. El general Yarborough, vinculado al Centro de Guerra Especial en Fort Bragg, visitó Colombia en el marco de la política contrainsurgente de la administración Kennedy y produjo un informe cuyo suplemento secreto recomendaba crear una estructura civil y militar clandestina para ejecutar "actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas contra conocidos proponentes del comunismo", respaldada por Estados Unidos. Desde 1959, equipos de asesores estadounidenses, veteranos de Filipinas y Corea, habían evaluado los métodos del ejército colombiano y abogado por una red extensa de participación directa. El Plan Lazo, desplegado entre 1962 y 1966, articuló tres fases: guerra psicológica y acción cívico-militar; bloqueo económico y militar del territorio; agresión punitiva. Su metáfora operativa era feroz en su simplicidad: "el guerrillero es como pez en el agua; hay que quitarle el agua". La frase merece ser retenida, porque describe con exactitud lo que vendría después: no una lucha contra combatientes, sino una guerra contra las comunidades que los sostenían.

El senador conservador Álvaro Gómez Hurtado, desde el Congreso, denunció la existencia de las llamadas repúblicas independientes y presionó por su intervención militar. Transmitía las quejas de latifundistas y miembros del clero que no habían logrado apoderarse de tierras colonizadas por campesinos. Su discurso construyó el objetivo político que el Plan Lazo convirtió en objetivo militar. La cadena es transparente: hacendado desposeído, tribuna parlamentaria, doctrina contrainsurgente, ofensiva militar.

La sexta pieza es Marquetalia. En mayo de 1964, bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, el ejército colombiano lanzó una ofensiva contra la comunidad campesina liderada por Marulanda. Más de dieciséis mil soldados, aproximadamente un tercio del ejército, con apoyo estadounidense en equipamiento, contra un grupo guerrillero numéricamente muy inferior. La desproporción es en sí misma un dato político: revela que el objetivo no era neutralizar una amenaza militar sino demostrar una capacidad de aniquilación. Jacobo Arenas, enviado por el Partido Comunista en los primeros días de abril, había llegado a reforzar la presencia política del partido ante la inminencia del ataque. El 20 de julio de 1964, en medio de los combates, se proclamó el Programa Agrario de los Guerrilleros: un documento que declaraba a las FARC "el espíritu de un movimiento revolucionario en construcción desde 1948", trazando la línea de continuidad que la organización adoptaría como identidad. El programa presentaba el recurso a las armas como respuesta defensiva a una agresión externa, no como iniciativa propia.

Los combatientes rompieron el cerco y migraron hacia el suroriente. En 1965, la I Conferencia del Bloque Sur unificó los destacamentos dispersos. Un año después, la II Conferencia Guerrillera adoptó el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con Marulanda como comandante y Ciro Trujillo entre los principales mandos. Todos los comandantes fundadores eran de origen campesino; la única excepción era Jacobo Arenas, de clase obrera urbana. La composición social del núcleo dirigente confirma, por sí sola, la naturaleza del proyecto.

¿Injerto o sedimentación?

La evidencia permite sostener con claridad una posición: las FARC son producto endógeno de la cuestión agraria colombiana, no injerto foráneo de la Guerra Fría. La genealogía es demasiado precisa para atribuirla a un contagio ideológico. Cuando Fidel Castro entra a La Habana en 1959, Marulanda lleva casi una década alzado en armas, Erasmo Valencia lleva dos décadas defendiendo colonos, y las ligas del Sumapaz llevan una generación disputando tierra. Los cuadros campesinos que fundaron las FARC no leyeron a Marx antes de tomar las armas: tomaron las armas para defenderse de los chulavitas y del hacendado, y solo después, empujados por la guerra, por la persecución, por la orientación del PCC y por el enviado Jacobo Arenas, acabaron nombrando su lucha en términos marxistas.

Esto explica dos cosas que la lectura geopolítica no puede explicar. La primera es la excepcional longevidad. Ninguna guerrilla latinoamericana duró tanto como las FARC porque ninguna otra se apoyaba en un tejido territorial y familiar tan sedimentado. El foquismo guevarista postulaba que un pequeño núcleo armado podía crear las condiciones subjetivas de la revolución; las FARC, en cambio, no crearon nada: heredaron. Heredaron ligas campesinas de los años veinte, autodefensas de los cuarenta, columnas de marcha de los cincuenta, colonias comunistas de los sesenta. Ese anclaje explica por qué el ejército pudo tomar Marquetalia en 1964 pero no pudo extinguir la organización: la comunidad se movía y volvía a asentarse en otra frontera, reproduciendo el mismo tejido. Aniquilar a las FARC habría requerido aniquilar al campesinado colono que las sostenía, y eso, en escala industrial, es lo que en las décadas siguientes ensayó el paramilitarismo.

La segunda es la dificultad histórica de una salida negociada. Las guerrillas foquistas del hemisferio, cuando fueron derrotadas o negociaron, entregaron cuadros; las FARC habrían tenido que entregar territorios, familias, generaciones de identidad política construida sobre la defensa de la tierra. La excepcionalidad hemisférica de su terminación negociada tiene una raíz simple: la excepcionalidad hemisférica de su origen agrario.

Ahora bien, la matriz endógena no basta. La contrainsurgencia kennedyana no fue mero espectador: fue coproductora activa del conflicto en su forma específica. Sin Yarborough, sin Plan Lazo, sin el ataque a Marquetalia, las autodefensas comunistas del sur del Tolima probablemente habrían seguido siendo lo que eran: comunidades armadas defensivas, territorialmente ancladas, con horizonte político limitado a la protección de sus parcelas. Fue la agresión estatal la que las transformó en guerrilla móvil, con vocación nacional y programa político, y la que produjo el mito fundacional que sostuvo su cohesión durante décadas. La lectura geopolítica, en este sentido, no está enteramente equivocada. Subestima la matriz endógena pero acierta al identificar que la forma final del conflicto fue moldeada por decisiones tomadas en el Pentágono y en Fort Bragg. El conflicto es co-producido: sedimentación local, cristalización externa.

¿Fueron siempre las mismas FARC?

Aquí aparece la fractura interna que la propia narrativa guerrillera ocultó. La organización que salió cercada de Marquetalia en 1964, campesina, defensiva, territorial, con quinientos hombres y un programa agrario, y la organización que la VII Conferencia de 1982 refundó como FARC-EP, militarista, ofensiva, con Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia y proyecto de urbanización del conflicto, son cualitativamente distintas. Entre 1966 y 1982 las FARC tuvieron una existencia marginal, ruralista, con actividad periférica en la política nacional. Financiadas desde el comienzo por extorsión y secuestro ante la falta de respaldo social amplio, sobrevivieron pero no crecieron. Lo que cambió después de 1982 no fue la política: fue la economía.

El cultivo de coca se introdujo y expandió en el Caquetá, Putumayo, Guaviare y Catatumbo entre finales de los años setenta y mediados de los ochenta, coincidiendo con la colonización intensa de esas zonas de frontera. Las FARC actuaron inicialmente como reguladores del mercado cocalero: impusieron impuestos a todos los actores del tráfico, ofrecieron protección, gobernaron sociedades locales. Los narcotraficantes controlaban la parte más lucrativa del ciclo; las FARC gravaban el resto. Esa renta permitió el salto de decenas a decenas de miles de combatientes, y de un puñado de frentes a más de cuarenta en los años noventa. La coca hizo posible el modelo militarista adoptado en 1982; sin coca, la VII Conferencia habría sido letra muerta. La revolución no vino financiada por Moscú ni por La Habana, sino por el mercado global de cocaína, y esa procedencia dejó huella en la organización.

La ecuación política cambió. La organización campesina de 1964 defendía tierra que era suya; la organización cocalera de los años noventa gravaba una economía ilegal que había desplazado los cultivos tradicionales de maíz y arroz y que reproducía, en cada nueva frontera, la misma estructura de despojo que las FARC habían nacido para combatir. La legitimidad originaria se convirtió en capital simbólico, el mito de Marquetalia, el Programa Agrario de 1964, la iconografía campesina, al servicio de una lógica rentista-militar que ya no respondía a la cuestión agraria sino que la instrumentalizaba.

Reconocer esta mutación no niega la matriz endógena: la refina. Las FARC nacieron de la cuestión agraria y sobrevivieron por su anclaje campesino, pero la organización que negoció en La Habana medio siglo después no era ya la misma que resistió el cerco en Marquetalia. La continuidad institucional, el mando de Marulanda hasta su muerte, la referencia constante al Programa Agrario, la simbología campesina, fue una operación política eficaz precisamente porque tenía una base histórica real. Pero la eficacia simbólica no debe confundir al analista.

Un episodio confirma, por contraste, la centralidad de la cuestión agraria y política, no de la Guerra Fría, en la reproducción del conflicto: el exterminio de la Unión Patriótica. Entre 1984 y 2000, al menos 4.153 militantes y simpatizantes fueron asesinados o desaparecidos. En 2012 los jueces de Justicia y Paz reconocieron los hechos como genocidio político; en 2016 Juan Manuel Santos admitió la responsabilidad del Estado. La UP había sido concebida como plataforma amplia para la participación electoral, incluyendo sectores más allá de la órbita directa de las FARC. Su exterminio, coordinado desde Puerto Boyacá hacia Urabá, los Llanos Orientales y el Nordeste Antioqueño, con Gonzalo Rodríguez Gacha en complicidad con la Brigada VII y el Batallón 21 Vargas, cerró la vía política que se había entreabierto. Militantes que no eran guerrilleros terminaron en el monte porque el monte era el único lugar donde no los mataban. La clausura violenta de la alternativa legal, no la ideología cubana, fue el mecanismo que reprodujo la insurgencia.

Que las FARC no fueron proxy cubano está claro; que la contrainsurgencia estadounidense contribuyó a producirlas en su forma final, también; que la organización de los años noventa había dejado de ser la de 1964 sin dejar de invocarla, también. Aceptar la mutación sin traicionar la genealogía, reconocer que la cuestión agraria fue real sin absolver a la organización que la instrumentalizó, es lo que exige el archivo cuando se lo lee sin coartadas. Y mientras el latifundio siga intacto y la frontera de colonización siga produciendo campesinos sin título, el asunto no es un ejercicio de memoria: es una urgencia del presente que se seguirá cobrando en cuerpos, en desplazamientos y en organizaciones armadas todavía por venir.