Álvaro Valencia Tovar

La semblanza

El sujeto histórico Valencia Tovar es difícil de encasillar. No fue solo un general operativo, aunque comandó tropa en Corea y en el Tolima; no fue solo un doctrinario, aunque redactó cátedras y libros; no fue solo un memorialista, aunque en la vejez se convirtió en la voz de referencia del Ejército sobre su propio pasado. Fue las tres cosas a la vez, y esa acumulación es lo que le da peso: pocos oficiales colombianos combinaron con tanta densidad la experiencia de fuego, la elaboración conceptual y la producción de la memoria institucional posterior.

Su centralidad no reside en un hecho aislado sino en su presencia sistemática en los nudos del período: participó en el bautismo de fuego del Batallón Colombia en Corea, fue coautor de un estudio pionero sobre La Violencia que le costó una controversia política mayúscula, sirvió como jefe operativo en el teatro donde se ejecutó el Plan Lazo y llegó a la comandancia del Ejército cuando la doctrina de seguridad nacional se consolidaba como marco mental hegemónico. Su recorrido dibuja, punto por punto, la transformación de las Fuerzas Militares colombianas entre 1951 y los años setenta.

Los orígenes: Popayán, la Escuela Militar y la formación de un oficial

Valencia Tovar pertenecía a la generación de oficiales que ingresó al Ejército en los años treinta y cuarenta, cuando la institución todavía cargaba con las secuelas de la interrupción provocada por la Guerra de los Mil Días. La profesionalización castrense colombiana había arrancado formalmente con la ley 177 de 1886, que ordenó crear una escuela militar, pero el proyecto naufragó con la guerra civil de fin de siglo. Fue bajo el gobierno de Rafael Reyes cuando se retomó el impulso profesionalizador, con la contratación de misiones militares extranjeras que buscaron dotar al oficialismo colombiano de una formación técnica moderna. Valencia Tovar es, en ese sentido, hijo tardío de aquel proyecto: uno de los primeros oficiales que pudo pensarse a sí mismo como profesional del arma y no como soldado de un partido.

Ese origen importa. La institución en la que se formó era todavía una fuerza de prestigio débil y existencia precaria, subordinada a los directorios liberal y conservador, y humillada entre 1948 y 1953 por el uso partidista de sus tropas durante los años más duros de La Violencia. La generación de Valencia Tovar recibió esa herencia con incomodidad. Cuando llegó su turno de mandar, buscó una identidad institucional distinta: menos guardia pretoriana, más cuerpo profesional con doctrina propia.

Corea: el bautismo de fuego y el vínculo con Estados Unidos

En 1951, el gobierno colombiano envió a Corea el Batallón Colombia, primera y única contribución latinoamericana en tropa terrestre a la guerra que enfrentó al bloque occidental con las fuerzas comunistas de Corea del Norte y China. La unidad operaba bajo el paraguas formal de Naciones Unidas, pero en la práctica quedaba integrada al mando del Ejército de Estados Unidos. Fue allí, en las trincheras coreanas, donde el joven capitán Valencia Tovar entró en combate por primera vez.

La primera misión de combate del Batallón Colombia empezó el 6 de agosto: llegada a la línea de trincheras al anochecer, combate iniciado a las siete de la mañana siguiente, objetivo tomado a las ocho. La operación estuvo comandada por Valencia Tovar y las bajas infligidas al enemigo superaron a las propias. Ese amanecer estableció una relación duradera entre el oficial y la doctrina estadounidense: aprendió sobre el terreno la lógica de la guerra limitada, la coordinación con aviación y artillería, y la subordinación operativa a un mando extranjero que impartía procedimientos y evaluaba resultados.

El saldo total de la participación colombiana fue de 163 muertos en combate, 448 heridos, 28 prisioneros canjeados y 47 desaparecidos. Pero el saldo institucional fue mayor. En 1952, un año después del despliegue, Colombia firmó con Washington un acuerdo bilateral bajo el Military Assistance Program que abrió la puerta a un flujo continuo de armas, equipos y entrenamiento. Corea no fue solo un episodio: fue la matriz donde se anudó, para el resto del siglo, la relación entre el Ejército colombiano y el aparato militar norteamericano. Décadas después, cuando el historiador estadounidense Bradley Lynn Coleman escribió su estudio sobre el Batallón Colombia, mantuvo correspondencia con Valencia Tovar en enero de 2001. El viejo general seguía siendo, en su vejez, la fuente primaria del episodio que lo había formado.

El Frente Nacional y el marco de la autonomía militar

El pacto entre liberales y conservadores aprobado por plebiscito en diciembre de 1957 —el mismo que inauguró el voto femenino en Colombia— fijó las reglas del juego dentro de las cuales Valencia Tovar haría su carrera decisiva. El Frente Nacional (1958-1974) alternaba la presidencia cada cuatro años y repartía en partes iguales todos los cargos públicos entre los dos partidos históricos, dejando sin representación legal a cualquier otra fuerza política. Fue una salida negociada al ciclo de violencia partidista, pero también un dispositivo de exclusión que mantendría fuera del sistema a comunistas, populismos independientes y movimientos sociales emergentes.

Ese marco produjo un efecto lateral decisivo para la historia militar. Bajo el estado de sitio permanente y la noción elástica de orden público, los oficiales colombianos ganaron una autonomía operativa que no habían tenido antes. El primer gobierno del Frente Nacional, presidido por Alberto Lleras Camargo entre 1958 y 1962, intentó restringir el poder castrense y afianzar el mando civil, pero chocó con la desconfianza de las guerrillas ante las amnistías ofrecidas y con la resistencia de sectores disidentes de ambos partidos. En ese vacío táctico, el Ejército empezó a pensarse distinto.

La Doctrina de Seguridad Nacional, difundida por la Escuela de las Américas en Panamá y por cursos impartidos en Georgia, Texas y Carolina del Norte, ofrecía a los militares latinoamericanos un marco intelectual completo: identificaba un enemigo interno —el comunismo y sus supuestas ramificaciones civiles—, encuadraba el conflicto en la lógica bipolar de la Guerra Fría y justificaba una participación militar activa en la vida política, económica y social. Para el Ejército colombiano, todavía cargando la humillación de haber sido instrumento de los partidos entre 1948 y 1953, esa doctrina fue una oportunidad. Le permitía pasar de institución de prestigio débil a garante de la seguridad del Estado. Valencia Tovar entendió ese tránsito antes que muchos de sus contemporáneos y contribuyó a articularlo.

1962: el estudio sobre La Violencia y el enfrentamiento con el Senado

El primer episodio que reveló la nueva conciencia castrense —y, con ella, la agencia intelectual de Valencia Tovar— ocurrió antes de Marquetalia. Como coronel, participó en la elaboración del estudio pionero sobre La Violencia en Colombia, obra que analizaba las raíces del ciclo de matanzas partidistas iniciado en la década anterior. El trabajo, incómodo para las élites políticas por señalar responsabilidades bipartidistas en la sangre derramada, provocó una reacción airada: sectores del Senado colocaron a los autores "en situación de reos" in absentia, un procedimiento inusitado que buscó castigar públicamente a los oficiales que se habían atrevido a pensar por escrito.

La reacción de la prensa fue reveladora. La Nueva Prensa interpretó el incidente como señal de que el Ejército tomaba conciencia de sí mismo y se negaba a repetir la experiencia de 1948-1953, cuando era manejado a antojo de los directorios. La lectura era generosa —una interpretación periodística, no una prueba de deliberación institucional formal—, pero capturaba algo real: por primera vez en décadas, un cuerpo de oficiales reclamaba el derecho a analizar la realidad política del país sin pedir permiso a los partidos. Valencia Tovar quedó marcado por ese choque. Su carrera posterior confirmaría que entendía la relación civil-militar como un equilibrio negociado, no como subordinación pasiva.

El Plan Lazo y la doctrina contrainsurgente colombiana

Cuando el general Alberto Ruiz Novoa puso en marcha el Plan Lazo en 1962, coincidiendo con el inicio del gobierno de Guillermo León Valencia, el Ejército colombiano ya contaba con los insumos doctrinales necesarios para intentar una guerra contrainsurgente moderna. La influencia estadounidense era evidente: asesores militares llegaban al país desde 1959, oficiales colombianos rotaban por cursos en la Escuela de las Américas y la comisión encabezada por el general William Yarborough, vinculado al centro de Fuerzas Especiales en Fort Bragg, había redactado un informe con un anexo secreto donde se recomendaba a las autoridades colombianas desarrollar estructuras civiles y militares capaces de ejecutar "actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas contra conocidos proponentes comunistas".

Ruiz Novoa sostuvo siempre que el Plan Lazo no era una copia. Afirmaba que había surgido del estudio directo de la realidad colombiana, aunque otras versiones lo asocian con un diseño estadounidense conocido como Latin American Security Operation. La discusión sobre la paternidad importa menos que el contenido: el plan articuló, por primera vez en Colombia, una filosofía contrainsurgente completa. Su lema operativo era "quitarle el agua al pez": aislar a la guerrilla de su base de apoyo campesino, considerando la acción cívico-militar más importante que el combate directo.

El dispositivo era ambicioso. Se crearon los Comités de Coordinación Cívico-Militar, encargados de seleccionar, organizar y adoctrinar unidades de autodefensa legal integradas por militares y policías retirados y por civiles confiables a quienes se les entregaba armamento. Se pusieron en marcha programas de ayuda a campesinos para ganar simpatía, redes de espionaje, fuentes de inteligencia y censos de población. Se abandonó el esquema clásico de puestos fijos y se adoptó el patrullaje móvil, con planeación centralizada y ejecución descentralizada, buscando rapidez operacional. Se aumentó el servicio militar obligatorio a dos años, se reorganizó la Escuela Militar de Cadetes para elevar su enseñanza al nivel universitario y se fundó la Cátedra de Filosofía Militar para explicar a los cuadros el sentido y la misión de las Fuerzas Armadas.

La doctrina que sustentaba todo esto era ecléctica. Se nutría de la experiencia colonial francesa en Vietnam, Indochina y Argelia, incorporaba lecturas revisadas por estrategas norteamericanos con base en las campañas de Filipinas, Malasia y Kenia, y se filtraba a los oficiales colombianos a través de las aulas de la Escuela de las Américas. Valencia Tovar, ya con experiencia coreana y con el prestigio intelectual del estudio sobre La Violencia, encajaba perfectamente en ese entorno doctrinal. No fue el único artífice del Plan Lazo —esa autoría corresponde a Ruiz Novoa—, pero fue uno de los oficiales que mejor tradujo sus principios al lenguaje operativo del Ejército y, sobre todo, al pensamiento institucional posterior.

Marquetalia y la operación contra las repúblicas independientes

En el Congreso, el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado había acuñado la expresión "repúblicas independientes" para nombrar aquellas regiones —Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz, Planadas— donde, según su denuncia, los habitantes no permitían el control estatal y desafiaban la soberanía de las Fuerzas Armadas. La expresión hizo carrera y proporcionó al Ejército una justificación política para actuar. Bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, estrechamente aliado con Washington, se decidió recuperar por la fuerza esos enclaves.

La Operación Soberanía sobre Marquetalia arrancó el 13 de mayo de 1964. Ese día, aviones a reacción y artillería pesada bombardearon y ametrallaron las posiciones guerrilleras del Tolima, antes de que la infantería iniciara el cerco terrestre. Las cifras del despliegue son disputadas: fuentes cercanas a la guerrilla hablaron de una fuerza equivalente a un tercio del Ejército colombiano y de un costo superior a 17 millones de dólares —una suma que, medida en valores actuales, se aproximaría a los 3.000 millones—, mientras que otras versiones apuntan a efectivos militares y combatientes guerrilleros considerablemente menores. Lo cierto es que la operación se planeó como un despliegue masivo contra un núcleo relativamente pequeño de campesinos armados dirigidos por Manuel Marulanda Vélez.

Valencia Tovar estuvo en el teatro. Como oficial superior en la zona de operaciones, participó en el diseño y ejecución de las llamadas columnas de marcha que rastrearon las trochas y hostigaron a los combatientes en retirada. La versión oficial, expuesta por Ruiz Novoa, sostenía que la operación se había apoyado en cuidadosas acciones psicológicas y en la información de antiguos guerrilleros liberales convertidos en informantes, y que se entró al territorio sin evacuar previamente a los campesinos. Del lado guerrillero, Jacobo Arenas —dirigente comunista enviado a Marquetalia por el Partido Comunista Colombiano en los primeros días de abril de 1964— documentaría toda la operación en su Diario de la resistencia de Marquetalia.

El resultado militar fue paradójico. Marulanda y la mayoría de sus hombres escaparon del cerco por trochas hacia Riochiquito, donde comenzarían a preparar la Primera Conferencia del Bloque Sur. La operación desalojó el territorio pero no aniquiló al enemigo. Peor aún, produjo el efecto contrario al buscado: la Primera Conferencia, celebrada en Riochiquito en 1965, unificó los destacamentos de Riochiquito, Natagaima, El Pato, Guayabero y la propia Marquetalia con unos cien combatientes; la Segunda Conferencia Guerrillera, celebrada en El Pato en 1966, adoptó el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y reunió ya a unos 350 combatientes. Marquetalia, concebida como golpe final contra un puñado de bandoleros, se convirtió en el mito fundacional de las FARC, fijado simbólicamente por la organización en torno al 27 de mayo de 1964, aunque la propia guerrilla señalaría también el 18 de mayo como fecha del inicio oficial de la operación militar.

La reacción pública tampoco fue la esperada. En octubre de 1964, la Cámara de Representantes debatió las denuncias de fusilamientos y torturas con corriente eléctrica presentadas por Carlos Restrepo Arbeláez y Gerardo Bernal. Hubo marchas y mítines estudiantiles, comunicados obreros y campesinos. La operación pensada para restaurar la soberanía estatal terminó consolidando una crítica nacional al modelo contrainsurgente y una guerrilla que sobreviviría medio siglo.

El decreto 3398 y la arquitectura legal de las autodefensas

Un año después de Marquetalia, el gobierno expidió, bajo estado de sitio, el Decreto Legislativo 3398 de 1965. Su lenguaje era amplio: definía la defensa nacional como "la organización y previsión del empleo de todos los habitantes y recursos del país, desde tiempo de paz, para garantizar la independencia nacional y la estabilidad de las instituciones", establecía en su artículo 3° que "todos los colombianos están obligados a participar activamente en la defensa nacional, cuando las necesidades públicas lo exijan", y obligaba en su artículo 4° a todas las personas naturales y jurídicas a cooperar en esa defensa, supeditando sus actividades a los fines de ella.

El decreto no fue una improvisación. Continuó y legalizó la lógica que ya operaba en los Comités de Coordinación Cívico-Militar del Plan Lazo: la incorporación de civiles armados al esfuerzo contrainsurgente bajo tutela militar. Al amparo de ese marco actuaron en años posteriores grupos como el de José Adalid Hoyos, alias El Patón, en San Luis, Antioquia, dentro del esquema de autodefensa legal institucionalizada. El decreto 3398 fue el eslabón jurídico que conectó la doctrina de los sesenta con las prácticas paramilitares de las décadas siguientes.

La agencia de Valencia Tovar en la redacción específica del decreto no está documentada, pero su lugar en el entorno doctrinal que lo produjo era central. Formaba parte de una generación de oficiales que había asumido plenamente la doctrina del enemigo interno y que veía en la movilización de la sociedad civil confiable un instrumento legítimo del Estado. Esa convicción, alimentada por lecturas norteamericanas y por experiencias directas en Corea y en Marquetalia, se convirtió en herencia institucional.

La comandancia del Ejército y las tensiones con el poder civil

En la primera mitad de los años setenta, Valencia Tovar alcanzó la comandancia del Ejército Nacional. Llegó a la cúspide de una institución que había cambiado profundamente respecto a la que él conoció como cadete. Los cuadros habían pasado por la Cátedra de Filosofía Militar, por cursos en Panamá, Georgia y Carolina del Norte, y por la experiencia operativa de una década de contrainsurgencia. El Ejército ya no era la guardia pretoriana de los partidos: se pensaba a sí mismo como garante técnico de la seguridad estatal.

Pero la autonomía institucional que Valencia Tovar y su generación habían buscado se tradujo, en la práctica, en una relación tensa con los presidentes civiles. Las Fuerzas Armadas hasta mediados de los setenta seguían una trayectoria más contenida que otros ejércitos latinoamericanos, lo que moderó por un tiempo la radicalización de sus métodos: el ELN y el EPL estaban al borde de la desaparición por golpes militares directos, las FARC registraban estancamiento y eran consideradas la menor amenaza. Esa relativa eficacia contrainsurgente reforzó la autoconfianza institucional y, con ella, la disposición de los mandos a discrepar públicamente del poder civil cuando lo consideraban necesario.

El propio Valencia Tovar experimentaría esa tensión. Su paso por la comandancia lo dejó con la convicción, luego expresada por escrito, de que las Fuerzas Militares debían tener voz propia en el debate sobre la seguridad nacional y que los sectores civiles críticos de su actuación no siempre reflejaban objetivamente lo que la institución hacía. Esa convicción alimentaría su labor posterior como columnista e historiador.

La red: aliados, mandos y adversarios

La trayectoria de Valencia Tovar solo se entiende dentro de una red densa de figuras que compartieron su generación y sus dilemas. Alberto Ruiz Novoa, su superior en los años del Plan Lazo, fue el mando que articuló la doctrina y que después sería desplazado del gobierno por sus propias ambiciones políticas. Gabriel París Gordillo, Gerardo Ayerbe Chaux y Hernando Currea Cubides formaron parte del alto mando que administró la transición hacia el modelo contrainsurgente. José Joaquín Matallana fue nombre recurrente en las operaciones del Tolima y regiones aledañas.

Del lado civil, sus interlocutores y adversarios fueron los presidentes del Frente Nacional —Alberto Lleras, Guillermo León Valencia—, los senadores conservadores como Álvaro Gómez Hurtado que le prestaron al Ejército el lenguaje político de las "repúblicas independientes" y los cuadros liberales que oscilaban entre la desconfianza y la delegación. Julio César Turbay Ayala, cuya presidencia posterior consolidaría la lógica del estado de sitio, encarnó una fase en la que la autonomía militar dejó de ser reclamo institucional para convertirse en delegación explícita del poder civil.

Del lado guerrillero, sus adversarios directos fueron Manuel Marulanda Vélez —Tirofijo, el campesino armado que sobrevivió a Marquetalia y fundó las FARC— y Jacobo Arenas, el ideólogo comunista que llegó al Tolima semanas antes del ataque y salió de allí para convertirse en dirigente insurgente. El ELN, fundado en 1965 —o en 1962 según otras versiones— por campesinos y estudiantes formados en Cuba, incorporó a finales de ese año al sociólogo y ex sacerdote Camilo Torres Restrepo, muerto en febrero de 1966 en la acción de Patio Cemento. Contra esos nombres se libraría la guerra que Valencia Tovar ayudó a diseñar.

La huella: columnista, historiador y disputa por la memoria

En sus últimas décadas, Valencia Tovar se convirtió en algo relativamente raro en la vida pública colombiana: un general retirado que escribía. Sus columnas y libros fueron durante años referencia obligada para entender la versión castrense de la historia del conflicto. Fue consultado como fuente primaria por historiadores académicos extranjeros —el caso de Bradley Lynn Coleman es solo el más documentado— y sus escritos alimentaron la construcción de una memoria institucional que buscaba corregir lo que él y otros mandos consideraban un relato sesgado en contra de las Fuerzas Militares.

Esa preocupación no fue solo suya. Un comandante general de las Fuerzas Militares reconoció, en años posteriores, que la construcción de memoria histórica institucional era una debilidad estructural del Ejército, y bajo su mando se creó primero una dirección y luego una jefatura específica de memoria histórica en el Comando General, elevada al nivel de general de la República. La percepción de que existían sectores adversos a las Fuerzas Militares que no reflejaban objetivamente su actuación institucional motivó ese esfuerzo. Valencia Tovar fue, en vida, uno de los precursores intelectuales de esa política de memoria.

Su huella, sin embargo, es más ambigua de lo que sugiere la lectura oficial. La doctrina que ayudó a introducir en Colombia —la del enemigo interno, la de la seguridad nacional filtrada por la Escuela de las Américas— produjo efectos que trascendieron los objetivos militares originales. La misma lógica que justificó Marquetalia condujo, décadas después, a la persecución sistemática de la Unión Patriótica, identificada como enemigo desde su nacimiento por sectores del estamento castrense que habían construido su identidad en torno al anticomunismo. Oficiales como el mayor Alirio Urueña, vinculado a la Masacre de Trujillo, recibieron entrenamiento estadounidense en 1976 y entre 1988 y 1989, ilustrando la continuidad de una transferencia doctrinal que empezó cuando Valencia Tovar era todavía coronel.

Esa es la tensión final del personaje. Fue un militar profesional que reclamó para su institución autonomía frente a los partidos, dignidad intelectual y voz propia en el debate público, y en muchos sentidos lo consiguió. Pero la doctrina que le permitió construir esa nueva identidad castrense —el enemigo interno, la reducción del conflicto social a subversión comunista, la militarización de la respuesta a la desigualdad rural— produjo el efecto que ninguno de sus arquitectos previó: consolidó a la guerrilla que Marquetalia debía liquidar, alimentó la persecución de organizaciones civiles legales y legó un marco jurídico —el decreto 3398, los comités cívico-militares— que se transformaría en las décadas siguientes en el sustento legal del paramilitarismo. Valencia Tovar murió en Bogotá en 2014, a los noventa y cuatro años, habiendo visto todo eso ocurrir y habiendo escrito sobre casi todo. Su vida es el retrato más completo disponible de lo que significó pensar y ejecutar la guerra desde el uniforme colombiano durante la segunda mitad del siglo XX.