La pluralidad guerrillera colombiana (1964-1990)

La pluralidad guerrillera colombiana (1964-1990)

¿Por qué Colombia produjo cinco guerrillas irreductibles y no una sola, como el resto de América Latina?

Entre 1964 y 1984, Colombia vio nacer cinco guerrillas que jamás lograron unificarse: las FARC, de raíz campesino-comunista, en las selvas del sur del Tolima; el ELN, foquista y cristiano, en San Vicente de Chucurí; el EPL, maoísta, escindido del comunismo prosoviético; el M-19, urbano y nacionalista, hijo de un fraude electoral; y el Movimiento Armado Quintín Lame, indigenista, forjado en los resguardos del Cauca. Ninguna otra nación latinoamericana produjo semejante policromía insurgente. Nicaragua tuvo un FSLN; El Salvador acabó fundiendo cinco organizaciones en el FMLN; Guatemala unificó las suyas en la URNG; Perú se dividió entre Sendero Luminoso y el MRTA, pero Sendero absorbió sin competencia la escena maoísta. Colombia, en cambio, sostuvo durante medio siglo un campo guerrillero incapaz de hablar con una sola voz, y esa incapacidad no fue accidente de personalidades ni fracaso táctico: fue la consecuencia previsible de un cruce histórico entre el cierre del Frente Nacional, la fractura del comunismo internacional y una cuestión agraria de larga duración que había depositado, a lo ancho del país, tradiciones radicales sin base social ni horizonte político comunes.

Si Colombia hubiera producido una guerrilla unificada en los años setenta —una URNG andina, un FMLN tropical—, la historia posible del conflicto habría admitido un desenlace negociado en la coyuntura centroamericana de 1990-1996, cuando el fin de la Guerra Fría abrió ventanas de salida política en toda la región. Lo que Colombia negoció entre 1989 y 1991 fue solo una franja del campo insurgente: el M-19, el EPL mayoritario de Bernardo Gutiérrez, el PRT y el Quintín Lame se desmovilizaron y entraron a la Asamblea Nacional Constituyente. Las FARC y el ELN, junto con la fracción minoritaria del EPL encabezada por Francisco Caraballo, se quedaron en armas otro cuarto de siglo. Esa asimetría —una paz parcelada frente a una guerra que se prolongó hasta 2016, y más allá en el caso del ELN— es el hecho histórico que exige explicación.

Suele apelarse a dos culpables: la geografía —selvas, cordilleras, un territorio ingobernable— y la debilidad estatal periférica. Ambas variables son reales y operan. Pero ninguna explica por qué Colombia produjo cinco guerrillas y no una, ni por qué esas cinco fueron irreductibles entre sí. La geografía era igualmente hostil en Guatemala; la debilidad estatal periférica era comparable en Nicaragua rural. La singularidad colombiana está en otro plano: en la composición interna del campo insurgente, en su ADN heterogéneo, y en la imposibilidad estructural que esa heterogeneidad impuso a cualquier conducción común.

Tesis y contratesis

La lectura más simple sostiene que la insurgencia colombiana no fue un fenómeno unitario sino la convergencia de tradiciones radicales heterogéneas que coexistieron y disputaron territorio en zonas como el Magdalena Medio. Esa lectura invalida las versiones reduccionistas que atribuyen toda la insurgencia colombiana al influjo cubano o a la Guerra Fría: si eso bastara, habríamos tenido un ELN grande y nada más.

De ahí se desprende la tesis central: la pluralidad ideológica —a diferencia de Nicaragua o El Salvador— impidió una conducción unificada y prolongó el conflicto por décadas. Con un matiz: la pluralidad no prolongó el conflicto directamente; lo prolongó al bloquear las condiciones de posibilidad de una negociación en bloque cuando esa negociación aún era viable, antes de que el narcotráfico reconfigurara las prioridades de FARC y ELN.

Otras lecturas rondan el problema desde ángulos parciales. Una lee la pluralidad como síntoma del cierre político del Frente Nacional: al clausurar el sistema institucional a toda opción distinta del bipartidismo liberal-conservador, empujó al radicalismo por canales heterogéneos que en Venezuela o Ecuador, con sistemas más abiertos, se habrían drenado por vías legales. Es una lectura potente pero incompleta: Venezuela también tuvo un Pacto de Punto Fijo comparable, y produjo guerrilla, aunque de vida más corta. Otra atribuye la prolongación del conflicto a la fragmentación crónica y a la escisión temprana del M-19 respecto de las FARC como marcador del divorcio entre lo urbano y lo rural. Otra más argumenta que Colombia, siendo en los sesenta el terreno menos prometedor —con un capitalismo más desarrollado que Nicaragua, un Estado más consolidado, un movimiento obrero comparativamente institucionalizado—, terminó siendo el único país donde sobrevivieron guerrillas hasta el siglo XXI, por una constelación de cultura política violenta, debilidad estatal periférica y dependencia cognitiva de La Habana. Otra cruza la fragmentación del comunismo global (ruptura chino-soviética, foco cubano, teología de la liberación) con disputas agrarias regionales no resueltas. Y una última subraya el carácter persistentemente campesino de las FARC —a diferencia de los liderazgos urbano-intelectuales del M-26 cubano, el FMLN, el FSLN o Sendero— como reflejo de una ruralización inconclusa del capitalismo colombiano.

Ninguna de estas lecturas es falsa; todas iluminan un flanco. La tarea es pesar cuál organiza mejor las demás.

Cinco guerrillas, cinco genealogías

Las FARC no nacieron el 27 de mayo de 1964 —esa es la fecha mítica, la del ataque a Marquetalia bajo Guillermo León Valencia—, sino que se hicieron FARC en 1966, en la II Conferencia Guerrillera, cuando el Bloque Sur adoptó ese nombre. Lo que había antes, y lo que persiste como base social, es más antiguo: autodefensas campesinas comunistas nacidas de los rezagos de La Violencia liberal-conservadora de los años cincuenta, orientadas por el Partido Comunista Colombiano, arraigadas en enclaves como Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero y Sumapaz. Los comandantes fundadores fueron todos campesinos, con Manuel Marulanda Vélez y Ciro Trujillo a la cabeza. La única excepción, significativa, fue Jacobo Arenas, cuadro obrero urbano enviado por el partido: la mano política del PCC en el mundo rural. Esa composición no cambió sustancialmente en décadas. Aún en los años noventa, apenas el 30% del reclutamiento de las FARC provenía de ciudades grandes y clase media baja; el resto era rural o campesino.

El ELN es otra historia. Nace en 1964 en Santander, entre San Vicente de Chucurí y Simacota, no de campesinos armados sino de estudiantes universitarios radicalizados, algunos de los cuales habían viajado a Cuba en 1962 y regresaron con la matriz foquista de Fidel Castro y la lectura del Che. La Habana proveyó formación, organización y armamento. Al foquismo se le sumó, hacia 1965, la teología de la liberación cristiana, encarnada en el sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo, capellán de la Universidad Nacional, que se sumó al ELN a finales de 1965 y murió en combate en Patio Cemento en febrero de 1966. Su base social fue urbana e industrial —sindicatos petroleros de Barrancabermeja, sectores del catolicismo radical—, no campesina. Tras la muerte de Torres, la organización entró en un ciclo de purgas internas, "ajusticiamientos" y paranoia colectiva que casi la aniquiló. Solo se recuperó en los años ochenta, cuando quintuplicó sus combatientes —de poco más de un centenar a más de seiscientos— financiándose con la extorsión al oleoducto Caño Limón-Coveñas.

El EPL nace hacia 1967 como brazo armado del Partido Comunista Colombiano Marxista-Leninista, escisión maoísta del PCC producida por la ruptura chino-soviética. Su matriz es explícitamente china —la guerra popular prolongada—, aunque en la práctica operó también como foco. Su territorio de implantación, en el Alto Sinú, el Alto San Jorge y Urabá, coincidió con zonas de colonización campesina y agroindustria bananera; su tamaño siempre fue modesto en comparación con FARC y ELN.

El M-19 es el más distinto de todos. No sale del comunismo internacional ni del campesinado: nace del supuesto fraude electoral del 19 de abril de 1970 contra Gustavo Rojas Pinilla y la ANAPO. Su fundación formal es de 1973; su primera aparición pública, una campaña en prensa en enero de 1974; su primer acto simbólico, el robo de la espada de Bolívar. Sus fundadores —Jaime Bateman Cayón entre ellos— provenían del Partido Comunista y de las FARC, pero rompieron con el dogmatismo marxista y adoptaron un lenguaje bolivariano, nacionalista y democrático. Su repertorio fue urbano y espectacular: la toma de la embajada dominicana, el robo del arsenal del Cantón Norte, la toma trágica del Palacio de Justicia. Sus referentes externos no fueron La Habana ni Pekín sino los Tupamaros uruguayos y los Montoneros argentinos.

El Movimiento Armado Quintín Lame es el último en aparecer y el más específico. Se funda el 29 de noviembre de 1984 en el páramo de Las Moras, resguardo de Mosoco, Cauca, detonado por el desalojo violento de comunidades indígenas en López Adentro el 9 de noviembre y el asesinato del sacerdote nasa Álvaro Ulcué Chocué al día siguiente. Toma su nombre del caudillo indígena Manuel Quintín Lame, que había movilizado a paeces y pijaos por la recuperación de resguardos entre 1922 y 1945. Es una guerrilla étnica, autodefensiva, ligada a las comunidades indígenas del norte del Cauca, y su horizonte no es la toma del poder sino la protección territorial y política de los pueblos originarios.

Cinco guerrillas, cinco genealogías: campesino-comunista, estudiantil-cristiana-foquista, obrero-maoísta, urbano-nacionalista, indígena-defensiva. Ninguna es reducible a otra. Sus bases sociales no se solapan. Sus horizontes ideológicos son incompatibles en varios puntos. Sus repertorios de acción difieren. Y todas coexistieron —a veces disputándose el mismo territorio, como en el Magdalena Medio, donde ELN y FARC operaban en paralelo con lógicas distintas— sin que ninguna lograra absorber, dirigir o siquiera coordinar establemente a las demás.

Cierre institucional, fractura comunista, cuestión agraria

Conviene desagregar el cruce en sus tres componentes y ver cómo cada uno aporta un tipo distinto de causalidad.

El primero es el Frente Nacional (1958-1974). Al establecer la alternancia bipartidista entre liberales y conservadores y el reparto paritario del gabinete y la burocracia, el pacto refrendado por plebiscito cerró el sistema político a cualquier opción distinta del bipartidismo. Alfonso López Michelsen —él mismo presidente entre 1974 y 1978 y protagonista del "desmonte"— lo caracterizó como una especie de régimen de partido único sin oposición real, donde ninguna propuesta era pensable sin consenso bipartidista. El clientelismo se disparó: los partidos se convirtieron en federaciones de caudillos locales que usaban el presupuesto público como instrumento electoral, en detrimento de toda contienda programática. Ese cierre no causó, por sí mismo, la insurgencia, pero clausuró los canales institucionales por los que, en otros contextos, disensos ideológicos heterogéneos habrían podido drenarse. Venezuela, con un Pacto de Punto Fijo estructuralmente similar, produjo guerrilla pero también absorbió, hacia fines de los sesenta y comienzos de los setenta, a las FALN y el MIR mediante desmovilizaciones con garantías bajo Raúl Leoni y Rafael Caldera. Colombia no ofreció esa vía: cerró la puerta institucional en el momento exacto en que el radicalismo global ofrecía múltiples puertas paralelas.

El segundo factor es la fractura del comunismo internacional. La ruptura chino-soviética de comienzos de los sesenta partió al movimiento comunista mundial en al menos tres corrientes —prosoviética ortodoxa, maoísta, castrista-foquista— a las que hay que sumar, en América Latina, la teología de la liberación cristiana que emerge tras el Concilio Vaticano II y Medellín 1968. En Nicaragua, esa fragmentación fue superada por el FSLN a punta de una síntesis en torno a la figura de Sandino y una dirección tricefálica que unificó las tendencias. En El Salvador, se resolvió mediante la fusión de cinco organizaciones en el FMLN en 1980. En Guatemala, por la URNG. En Colombia, no se resolvió: cada corriente global encontró aquí su vehículo local. La prosoviética ortodoxa dio las FARC, con el PCC como cerebro político. La foquista-castrista dio el ELN, con formación en Cuba y matriz cristiana. La maoísta dio el EPL, escindido del PCC por la ruptura chino-soviética. Y cuando esas tres se mostraron insuficientes para canalizar el descontento urbano y nacionalista de los setenta, apareció una cuarta, extra-comunista: el M-19. La lógica de multiplicación operó porque el país llegó tarde a un comunismo internacional ya fracturado, y porque el cierre bipartidista negaba salida legal a cualquiera de las corrientes que en otros países convivieron con partidos legales de izquierda.

El tercer factor es la cuestión agraria, y aquí conviene detenerse porque es la variable que aporta profundidad histórica y que —por sí sola— habría producido insurgencia con o sin Frente Nacional. La colonización de la frontera agrícola colombiana desde el siglo XIX generó dinámicas recurrentes de migración, tala de selva, conflicto con grandes compradores que concentraban propiedad para ganadería extensiva, desplazamiento del colono y nueva colonización más lejos. Esa lógica reproductora depositó en el piedemonte amazónico, los Llanos Orientales, el Magdalena Medio, el sur del Tolima, el norte del Cauca y el Urabá una población campesina crónicamente insatisfecha, con memoria de despojo y capacidad de organización armada. La respuesta del Estado a los reclamos —obras públicas, presencia institucional, titulación— fue primordialmente militar. Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero fueron atacados en 1964 no porque ejercieran violencia ofensiva sino porque el senador Álvaro Gómez Hurtado los había etiquetado como "repúblicas independientes" y esa etiqueta, resonando con la doctrina de Seguridad Nacional y las presiones anticomunistas de la Guerra Fría, precipitó una operación militar que empujó a comunidades campesinas hasta entonces defensivas hacia una guerrilla móvil con proyecto político. Sin la agresión de 1964, probablemente no habrían nacido las FARC. Los campesinos de Marquetalia que rompieron el cerco migraron hacia las selvas del suroriente y se unieron a decenas de miles de colonos que huían de La Violencia: esa fue la base social original.

El punto crítico es que estos tres factores no operaron por separado, y menos aún como alternativas. Operaron juntos, y su convergencia es la que produjo la pluralidad. El cierre bipartidista quitó canales institucionales; la fractura comunista multiplicó los canales ideológicos; la cuestión agraria proveyó el territorio, la base social y el sustrato de violencia acumulada. Sin cierre bipartidista, los disensos ideológicos habrían podido drenarse por la izquierda legal. Sin fractura comunista, un solo canal ideológico habría absorbido el disenso, como ocurrió con Sendero en Perú, que barrió con el resto del maoísmo peruano. Sin cuestión agraria, no habría existido la base rural que sostuvo a las FARC durante medio siglo. La singularidad colombiana está en la simultaneidad de las tres condiciones.

La comparación centroamericana y la trampa unificadora

La comparación con Nicaragua, El Salvador y Guatemala aclara por contraste. En Nicaragua, el FSLN emergió en julio de 1961 con tres fundadores —Noel Guerrero, Tomás Borge, Mayorga— sobre un país que el análisis marxista de la época describía como de "inmadurez" extrema del desarrollo capitalista, casi sin proletariado industrial. Esa homogeneidad de subdesarrollo produjo, paradójicamente, homogeneidad insurgente: un solo enemigo —la dinastía Somoza—, una sola matriz ideológica sandinista con acomodo interno de tendencias, y una victoria en 1979. En El Salvador, el FMLN unificó cinco organizaciones y ejecutó operaciones militares de gran envergadura, como la destrucción del 70% de la Fuerza Aérea Salvadoreña en Ilopango sin bajas propias, hasta llegar a los acuerdos de paz de Chapultepec en 1992. En Guatemala, la URNG unificó, negoció y firmó paz en 1996.

En Colombia, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar —el intento tardío, en los ochenta, de darle unidad al campo insurgente— se fracturó a la primera prueba: cuando el gobierno abrió negociaciones, la CGSB se partió en una "Tripartita" compuesta por FARC, UCELN y la fracción del EPL de Francisco Caraballo, que decidió seguir en armas, y por otro lado el EPL mayoritario de Bernardo Gutiérrez, el PRT y el Quintín Lame, que optaron por negociar. Esa fractura, en plena coyuntura constituyente de 1990-1991, no fue coyuntural: fue la manifestación de una heterogeneidad genética que nunca se había resuelto. El EPL maoísta, el M-19 nacionalista y el Quintín Lame indigenista podían aceptar la Constituyente como horizonte político porque su matriz ideológica no exigía la toma del poder por vía revolucionaria; las FARC y el ELN, con matrices marxistas-leninistas más ortodoxas y con bases sociales campesinas menos permeables al gesto constituyente, no podían.

Objeciones y contrapuntos

La objeción más seria a la tesis de la policromía como causa central de la prolongación del conflicto viene del narcotráfico. Podría argumentarse —y hay razón para hacerlo— que la persistencia de FARC y ELN después de 1991 se explica mejor por la captura de rentas de la coca que por la heterogeneidad ideológica originaria. Entre 1977 y 1987, Putumayo, Caquetá y Guaviare vivieron un auge de colonización asociado al cultivo de coca; desde los años ochenta, el narcotráfico se volvió fuente central de financiamiento para las FARC-EP, y las FARC crecieron de 80 combatientes iniciales a más de 30.000 en menos de dos décadas. La VII Conferencia de 1982 —cuando la organización agregó a su nombre "Ejército del Pueblo" y pasó de una lógica defensiva a una ofensiva de toma del poder— es indisociable de esa nueva economía. Consolidado el flujo de rentas cocaleras, la continuación de la guerra dejó de depender del proyecto político original y pasó a ser también una opción de economía criminal.

La objeción golpea fuerte pero no derriba la tesis: la desplaza a otro plano. La policromía explica por qué no hubo negociación unificada en 1989-1991, cuando aún era viable. El narcotráfico explica por qué, perdida esa ventana, FARC y ELN encontraron condiciones materiales para prolongarse indefinidamente. Son causas encadenadas, no rivales. Si la CGSB hubiera podido negociar en bloque como el FMLN o la URNG, la coca no habría bastado para reactivar una guerra ya concluida políticamente. Fue la fragmentación previa la que dejó dos actores en armas justo cuando aparecía el combustible que los haría inmortales.

La segunda objeción viene por el lado de la contingencia. La Operación Marquetalia de mayo de 1964 —decisión puntual del gobierno de Valencia, alimentada por el discurso de Álvaro Gómez Hurtado sobre las "repúblicas independientes"— fue el detonante sin el cual probablemente no habrían nacido las FARC. Eso sitúa la agencia estatal por encima de la estructura institucional. Es cierto, pero la contingencia opera dentro de la estructura: si el Frente Nacional no hubiera cerrado los canales institucionales, la respuesta a las "repúblicas independientes" habría podido ser política y no militar; si la Guerra Fría no hubiera fracturado el comunismo, el enclave campesino habría tenido un único vehículo ideológico para expresarse. La contingencia detona lo que la estructura ya había preparado.

Lo que queda abierto

La pluralidad guerrillera colombiana no fue accidente sino producto reconocible de un cruce de condiciones que ningún otro país latinoamericano reunió simultáneamente. Y esa pluralidad —y no la geografía ni la debilidad estatal por sí solas— es la variable que mejor explica la imposibilidad estructural de una negociación en bloque cuando aún era posible, entre 1989 y 1991.

Queda abierto hasta dónde la variable agraria, por su cuenta, habría bastado. Si el capitalismo colombiano hubiera completado su ruralización —si la reforma agraria del Frente Nacional hubiera sido efectiva y no meramente instrumental—, ¿habría habido guerrilla campesina? Probablemente sí, pero más pequeña, más rápidamente derrotada, sin las condiciones territoriales para sostenerse medio siglo. La persistencia del carácter campesino de las FARC —único caso latinoamericano de guerrilla de larga duración con liderazgo y base rural, en contraste con los liderazgos urbano-intelectuales del M-26, el FMLN, el FSLN y Sendero— es el indicio más claro de que Colombia arrastró hacia el siglo XXI una cuestión agraria del siglo XIX. Esa herencia, más que ninguna otra, es la que hizo posible que el cierre bipartidista y la fractura comunista, condiciones coyunturales de los sesenta, se convirtieran en un conflicto medio secular.

Si la policromía era evitable es una pregunta que la historia no zanja. Lo que sí zanja es esto: una vez cristalizada en cinco guerrillas irreductibles entre 1964 y 1984, la unificación tardía era imposible, la negociación en bloque también, y el conflicto quedó condenado a resolverse por partes, en tiempos distintos, con actores que se quedaron en armas mucho después de que su matriz ideológica original hubiera dejado de tener sentido en el mundo. Un comunismo internacional que se fracturó antes de que aquí terminara de arraigar, un bipartidismo que seguía cerrando puertas mientras el radicalismo global abría muchas, y una cuestión agraria que ningún gobierno del siglo XX se atrevió a tocar en serio: en ese desfase de tres tiempos se jugó la guerra colombiana.