Guerra sucia contra la UP y los defensores de derechos humanos (1986–1990)

La guerra sucia contra la Unión Patriótica y el movimiento de derechos humanos (1986–1990)

Entre 1986 y 1990, Colombia ejecutó el exterminio sistemático de una fuerza política legal y de la generación de defensores de derechos humanos, sindicalistas, académicos y jueces que habían empezado a nombrar en voz alta las violencias del Estado y de sus aliados irregulares. La Unión Patriótica —el partido nacido del proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur— perdió en cuatro años a un candidato presidencial, a un presidente del partido, a congresistas electos, a alcaldes, concejales, diputados y a miles de militantes de base. En paralelo cayeron médicos salubristas, profesores universitarios, jueces de instrucción, dirigentes sindicales agrarios y bananeros. No fue una racha de excesos ni una suma de crímenes desconectados: convergieron la doctrina contrainsurgente del Ejército, los intereses territoriales de ganaderos y bananeros, los recursos y la capacidad operativa del narcotráfico, y una impunidad estructural garantizada por el fuero militar y por un estado de sitio que se prolongó siete años. El resultado fue la práctica desaparición de la izquierda legal y la desarticulación del movimiento social en amplias regiones del país.

El pacto que nació con el enemigo enfrente

La Unión Patriótica surgió de los Acuerdos de La Uribe, firmados en 1984 entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur. Obtuvo vida jurídica el 28 de enero de 1985, presentó su plataforma programática en mayo y celebró su primer Congreso Nacional en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, que concluyó el 16 de noviembre de ese año. Fue concebida como un frente amplio: no solo militantes de las FARC y del Partido Comunista Colombiano, sino también liberales y conservadores disidentes, campesinos, estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales de base. La apuesta era abrir un espacio de participación política legal para sectores que hasta entonces habían estado excluidos —o se habían excluido a sí mismos— del sistema electoral colombiano.

Los asesinatos empezaron antes de que el partido pudiera consolidarse. Para noviembre de 1985, cuando concluyó el primer Congreso Nacional, sicarios ya habían matado al menos a 70 militantes. Para septiembre de 1986, la cifra ascendía a aproximadamente 300 víctimas. La UP se estaba organizando bajo fuego.

Y sin embargo, el crecimiento electoral fue rotundo. En marzo de 1986 obtuvo dos senadores y tres representantes a la Cámara a nombre propio, más varias curules adicionales en coalición. A nivel local, sumó entre 335 y 351 concejales en cerca de 187 municipios. Consiguió también entre 18 y 29 diputados departamentales y unas 23 o 24 alcaldías. El candidato presidencial Jaime Pardo Leal —que había reemplazado al inicialmente propuesto Jacobo Arenas— alcanzó 328.752 votos en mayo de 1986, un 4,5% del total, resultado sin antecedentes para la izquierda colombiana. El gobierno entrante de Virgilio Barco terminaría nombrando a los alcaldes de la UP en los municipios donde el movimiento había obtenido mayores votaciones.

Ese éxito electoral marcó al partido. Donde la UP ganaba —desplazando estructuras clientelares afianzadas durante décadas por liberales y conservadores— la violencia arreciaba. Municipio a municipio, victoria a victoria, la ecuación se repetía.

El primer año: los electos que no llegaron a posesionarse

El 30 de agosto de 1986, en Barrancabermeja, sicarios asesinaron a Leonardo Posada Mendoza, representante a la Cámara electo por Santander y líder del movimiento popular en el puerto petrolero. Al día siguiente, 1 de septiembre, cayó Pedro Nel Jiménez, senador electo por el Meta, en Villavicencio. Ninguno de los dos había alcanzado a posesionarse. En dos días, la UP había perdido a un senador y a un representante de las catorce curules que había obtenido en el Congreso.

La reacción del gobierno fijó el tono de los siguientes cuatro años. El ministro de Gobierno Raúl Orejuela Bueno calificó los atentados como un "complot contra la democracia y el proceso de paz", una fórmula que abstraía los crímenes de sus autores concretos y los presentaba como sabotajes de fuerzas anónimas. El Partido Comunista, en cambio, acusó al presidente Barco de complicidad y pasividad. Fue el primer choque de un patrón que se repetiría: el gobierno leyendo la violencia como amenaza externa al pacto democrático; las víctimas leyéndola como producto interno del propio Estado.

En 1987 cayó Jaime Pardo Leal, excandidato presidencial y profesor de la Universidad Nacional. Las investigaciones señalaron a sicarios al servicio de Gonzalo Rodríguez Gacha, con logística del batallón de la Escuela de Caballería del Ejército, comandado entonces por el teniente coronel Alfonso Plazas Vega. Era la primera vez que un excandidato presidencial de la izquierda legal caía por bala pagada por un capo del narcotráfico con apoyo operativo militar. No sería la última.

José Antequera y el aeropuerto que se convirtió en escenario

El 3 de marzo de 1989, dentro del aeropuerto El Dorado de Bogotá, sicarios acribillaron a José Antequera, dirigente del Partido Comunista y de la UP. Un año y diecinueve días después, el 22 de marzo de 1990, mataron en el mismo aeropuerto al nuevo presidente de la UP. El escenario repetido era en sí mismo un mensaje: los principales terminales de la capital no eran territorio seguro para la dirigencia sobreviviente, y las medidas de seguridad estatal —o su ausencia— habían permitido que el crimen se ejecutara dos veces en el mismo lugar.

En el Meta, la persecución tenía otra textura. María Mercedes Méndez, exalcaldesa de El Castillo por la UP, y William Ocampo, alcalde electo del mismo municipio, cayeron en la masacre de Caño Sibao junto con otros tres funcionarios municipales, horas después de haber solicitado protección a la Séptima Brigada del Ejército en Villavicencio. La secuencia —solicitud formal de protección seguida de asesinato horas después— dice más sobre la relación entre víctimas y guarniciones que cualquier declaración institucional.

Entre 1986 y 1990 fueron asesinados más de mil líderes y miembros de la UP. Entre 1984 y 2000, la campaña de exterminio dejó por lo menos 4.153 personas asesinadas o desaparecidas.

Puerto Boyacá: la fábrica del exterminio

El aparato que ejecutó el exterminio se armó en el Magdalena Medio, y su centro nervioso fue Puerto Boyacá. Allí operaba la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), organización de ganaderos y finqueros de la región que canalizó los recursos necesarios para el acondicionamiento de centros de entrenamiento, el pago de sueldos, la adquisición de armas y municiones para las estructuras paramilitares. Acdegam fue, en la práctica, la fachada civil que administraba la logística del proyecto contrainsurgente regional.

Su origen tuvo padres militares. El alcalde militar de Puerto Boyacá, Óscar Echandía, testimonió que el coronel Jaime Sánchez Arteaga, del Batallón Bárbula, organizó la reunión en la que se creó el grupo paramilitar de Puerto Boyacá; participaron Gonzalo y Henry Pérez, Nelson Lesmes, Luis Suárez, Rubén Estrada, Carlos Loaiza y sus hijos, entre otros. En diciembre de 1983, el general Farouk Yanine Díaz fue nombrado comandante de la XIV Brigada, con jurisdicción sobre ese batallón. Yanine Díaz era un exponente enérgico de la doctrina contrainsurgente de la época, en un contexto en que militares y autodefensas de Henry Pérez operaban en estrecha relación en la región.

El punto de quiebre llegó a finales de 1984. Fuerzas paramilitares bajo el mando de Henry Pérez interceptaron un cargamento de cocaína de Gonzalo Rodríguez Gacha cerca de Puerto Boyacá. El incidente derivó en una alianza: Rodríguez Gacha proveería armamento a las autodefensas a cambio de protección para sus laboratorios contra las FARC y el ELN. La entrada del narcotráfico como patrocinador produjo un salto cualitativo en la capacidad operativa y armamentística del proyecto paramilitar; los aportes previos de ganaderos y del Ejército resultaban insuficientes para sostener la expansión que empezaba a proyectarse.

La coalición terminó articulando tres intereses convergentes: las élites económicas —ganaderos e industriales que defendían su patrimonio a través de Acdegam—; los narcotraficantes —que protegían laboratorios y rutas frente a la presión guerrillera—; y los militares —que aplicaban la doctrina de seguridad nacional contra la guerrilla y contra el "enemigo civil interno". Ninguno de los tres controlaba el conjunto. Ninguno era prescindible.

Con Pablo Escobar y Rodríguez Gacha invirtiendo masivamente en tierras del Magdalena Medio, hubo un distanciamiento parcial del grupo paramilitar respecto a sus promotores originales, y la influencia narco creció dentro del proyecto. Aun así, la mayoría de las primeras masacres y actividades criminales siguieron siendo dirigidas por ganaderos y miembros del Ejército, no por jefes de la mafia. Esa mezcla —militares en la conducción, ganaderos en la financiación local, narcos en el armamento y en la escalada— definió el carácter descentralizado y sin embargo funcional del aparato.

La expansión: de Puerto Boyacá al mapa

Cuando el aparato paramilitar exterminó o desterró a la dirigencia de izquierda de Cimitarra, Puerto Boyacá y Puerto Berrío —donde en el período 1984–1991 dejó 11 víctimas entre asesinados y desaparecidos—, el genocidio de la UP se coordinó desde el Magdalena Medio hacia las regiones donde el partido había alcanzado mayor fuerza representativa: Urabá, los Llanos Orientales y el Nordeste Antioqueño. En Puerto Nare, Yondó y Barrancabermeja, en el mismo período, se registraron 44 víctimas. Barrancabermeja concentró aproximadamente 900 homicidios entre 1980 y 1995; desde 1988 se registraba allí un asesinato diario.

Hacia 1987, Henry Pérez y su padre compraron tierras en Urabá. En 1988 asesoraron y coordinaron con Fidel Castaño la ejecución de las primeras masacres en la zona bananera. El 4 de marzo de 1988, en dos plantaciones bananeras de Currulao, en Turbo, los paramilitares acribillaron a 28 trabajadores afiliados a Sintagro. La investigación judicial reveló vínculos entre el aparato narco-paramilitar, el Ejército y los propietarios bananeros. En Urabá, los grupos paramilitares —las ACCU y la casa Castaño— y agentes del Estado fomentaron artificialmente discordias entre la UP y el movimiento Esperanza, Paz y Libertad como estrategia para agilizar el genocidio político de la UP.

El propio paramilitar HH lo formuló con brutal claridad años después: la única forma de sacar a la UP de Urabá era llegar al genocidio, porque el partido estaba muy arraigado en la región; para acabarlo había que infundir terror mediante descuartizamientos. En Urabá se ejecutó el llamado Plan Retorno, diseñado para recuperar el poder político que la UP había arrebatado a los partidos tradicionales.

En los Llanos Orientales se desplegaron dos planes documentados: el Baile Rojo y el Plan Esmeralda, este último de alcance regional en llanos y Caquetá, denunciado en su momento por el congresista Henry Millán. Las autodefensas provenientes del Magdalena Medio hicieron presencia en los Llanos del Yarí —Caquetá, Meta y Guaviare—, en Putumayo y en Nariño, orientadas primordialmente a proteger los laboratorios de cocaína de Rodríguez Gacha. La geografía del exterminio se calcaba sobre dos mapas superpuestos: el del éxito electoral de la UP y el de la infraestructura del narcotráfico.

En el Alto Nordeste Antioqueño, la UP fue objetivo de violencia sostenida. La masacre del 11 de noviembre de 1988 en Segovia se produjo como reacción ante los resultados electorales de marzo de ese mismo año, que habían favorecido al partido en el municipio. El vínculo entre las urnas y las balas era directo y explícito.

El perfil sociológico de las víctimas confirma el objetivo: el 41% de las víctimas de la UP sobre las que se registró ocupación eran campesinos, trabajadores o administradores de finca. La concentración geográfica —Urabá, Tolima, Meta, Caquetá, Magdalena Medio— era la de la frontera agrícola, la del sindicalismo agrario de Sintragrim y de Fensuagro, la del campesinado que había hecho de la UP su vehículo electoral.

El otro frente: médicos, jueces, defensores

En paralelo al exterminio partidario cayó el activismo en derechos humanos y el mundo académico y sindical que le daba respaldo. En julio de 1987 asesinaron en Medellín al médico Pedro Luis Valencia, profesor de la Universidad de Antioquia. Un mes después, cuando salían de rendir homenaje a Valencia, otro comando mató al médico Héctor Abad Gómez —defensor de derechos humanos y figura pública de la salubridad antioqueña— y a su colega Leonardo Betancur. En 1988 asesinaron también al vicerrector Luis Fernando Vélez.

Los crímenes contra la Universidad de Antioquia fueron descritos como una operación sistemática contra médicos salubristas por parte de sectores de ultraderecha; con el tiempo, la autoría se diversificó. El efecto sobre el mundo de los derechos humanos en Medellín fue devastador. La muerte de Abad Gómez generó entre defensores y activistas la sensación de que no había condiciones para seguir resistiendo. Algunos redujeron su perfil público; otros abandonaron la ciudad o el país. El exilio se convirtió en respuesta razonable —a veces la única— de líderes sociales, sindicalistas, académicos y operadores de justicia amenazados por servicios de inteligencia o por represalias vinculadas a investigaciones sobre relaciones entre sectores económicos, militares y narcotráfico.

El movimiento sindical fue blanco paralelo. El manual Conozcamos a nuestro enemigo, que circuló en 1985 en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, señalaba a los sindicatos como fachadas de la subversión y como estructuras de "dependencia directa" de las guerrillas. Esa doctrina se tradujo en asesinatos concretos: sicarios mataron a Oliverio Molina, presidente de Sintrainagro —la organización sindical de los proletarios agrícolas del banano—, en marzo de 1993, después de que conociera un plan de exterminio contra dirigentes de la UP. Su caso conectaba explícitamente los dos frentes: sindicalismo agrario y militancia política de izquierda.

La justicia también fue blanco. Entre 1979 y 1991, 290 personas en cumplimiento de funciones judiciales fueron asesinadas en Colombia. Una encuesta de 1987 registró que el 25,4% de los jueces y juezas del país había sido objeto de amenazas directas o contra sus familiares en razón de su trabajo. El 18 de enero de 1989, un comando armado ejecutó la masacre de La Rochela contra una comisión de funcionarios judiciales que investigaba, entre otros hechos, la desaparición forzada de 19 comerciantes. El propio Estado colombiano reconoció posteriormente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad parcial en la formación de los paramilitares y en la planeación y ejecución de esa masacre, cuyo objetivo era detener las investigaciones judiciales en curso.

Doctrina: cómo se enseña a matar civiles

Nada de esto ocurrió al margen de una elaboración previa. El general y ministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes formuló explícitamente que la contrainsurgencia debía dirigirse no solo contra las organizaciones armadas sino también contra la "dirección política" del movimiento subversivo. Esa frase, aparentemente técnica, autorizaba conceptualmente el blanco civil: sindicalistas, dirigentes campesinos, militantes de partidos legales, profesores universitarios, defensores de derechos humanos.

Los manuales militares tradujeron la doctrina en instrucciones. El Manual de Contraguerrillas de 1979, el Manual de Combate contra Bandoleros o Guerrilleros aprobado por la Resolución 0014 de 1982 y, ya bien entrada la década, el Reglamento de Combate de Contraguerrillas EJC 3-10/87 contemplaban explícitamente la organización de juntas de autodefensa con personal civil seleccionado, en coordinación con tropas, para acciones de combate antisubversivo. Desde comienzos de los años ochenta, sectores del Ejército en el Magdalena Medio establecieron con finqueros y ganaderos una relación en la que las brigadas y batallones facilitaban a los civiles la adquisición de armamento a cambio de que estos organizaran grupos armados, sirvieran de informantes y colaboraran con el Ejército. El paramilitarismo no fue un desvío de la doctrina: fue su aplicación.

La consecuencia práctica se vio sobre el terreno. Durante años, los grupos paramilitares operaron con alta dependencia de las Fuerzas Militares. El Ejército toleró y en ocasiones asistió acciones paramilitares, incluidas masacres y otras graves violaciones a derechos humanos. La delegación de la violencia fue implícita pero funcional.

La coartada institucional: fuero militar y estado de sitio

El dispositivo se sostuvo sobre una arquitectura de impunidad que el propio Estado construyó. El estado de sitio decretado en abril de 1984 mediante el Decreto 1038 —tras el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla— se mantuvo hasta el 4 de julio de 1991. Siete años de anormalidad constitucional se caracterizaron por el creciente otorgamiento de competencias judiciales a la Jurisdicción Penal Militar, estructuralmente ubicada en el poder ejecutivo, en desplazamiento de la jurisdicción ordinaria, incluso para el juzgamiento de civiles.

El resultado sobre los procesos contra militares fue previsible. El Tribunal Disciplinario trasladó a la Jurisdicción Penal Militar todos los procesos contra militares acusados de pertenecer al MAS —la primera gran alianza narco-paramilitar de comienzos de los ochenta—, al considerar que los delitos cometidos por militares en servicio activo se cometían "en relación con el servicio". La fórmula convertía la investigación penal en revisión disciplinaria interna, y la sanción efectiva en un horizonte remoto.

Los expedientes abiertos por la Procuraduría y por jueces instructores sobre crímenes cometidos por victimarios paramilitares no avanzaron mucho en la recolección y evaluación de pruebas, dejando a los victimarios en la impunidad. Las cifras generales confirman el patrón: según estimativos del propio gobierno de Virgilio Barco, solo el 20% de los crímenes llegaba al conocimiento de las autoridades, y de ese 20% solo el 4% obtenía sentencia. La probabilidad estadística de que un asesinato terminara en condena era, en la práctica, marginal.

El caso del coronel Álvaro Velandia Hurtado, comandante de Inteligencia del Batallón Charry Solano, ilustra la textura interna del aparato. Según el testimonio del suboficial Garzón Garzón, Velandia Hurtado tuvo conocimiento y aprobó la determinación de asesinar a Nidia Erika Bautista tras varios días de tortura; su cuerpo apareció el 27 de julio de 1990 enterrado como NN en un pequeño cementerio a dos horas de Bogotá. La situación provocó una orden de destitución. Que un oficial de inteligencia participara personalmente en la decisión de asesinar a una detenida, y que el hecho llegara a proceso, no fue excepcional: fue una de las pocas veces que llegó a documentarse.

Barco: la reacción tardía

En el despacho presidencial de la Casa de Nariño, entre 1986 y 1990, se recibieron los cables y los partes con los que se documentaba, en tiempo real, la caída de los militantes de la UP. Virgilio Barco Vargas, presidente durante el período en que el exterminio alcanzó su clímax, osciló entre la denuncia diplomática y la incapacidad estructural para desmontar el aparato. Casi todas las medidas para enfrentar la violencia se inscribieron en el marco del estado de sitio, es decir, en la lógica de justicia de excepción que ya había demostrado no proteger a las víctimas.

Ante el recrudecimiento paramilitar, Barco derogó la Ley 48 de 1968 mediante los decretos 813 y 814 de 1989. Los grupos paramilitares —promoverlos, financiarlos, apoyarlos o conformarlos— quedaron por fin penalizados. La firma llegó tarde: los grupos ya estaban implantados en decenas de municipios, con financiación autónoma proveniente del narcotráfico y con anclaje social en las élites ganaderas y bananeras que los sostenían. La ley cerraba formalmente el marco jurídico que había amparado la creación de las autodefensas dos décadas antes, pero no tocaba un solo laboratorio, no removía un solo comandante regional, no desmontaba un solo batallón comprometido con las estructuras irregulares.

En materia de derechos humanos, las políticas del gobierno Barco se orientaron esencialmente a certificar ante la comunidad internacional la buena fe del gobierno colombiano. Los delegados colombianos viajaban a Ginebra y a Washington con cifras, actas y compromisos; en el Magdalena Medio y en Urabá, entre tanto, los mandos medios del Ejército comprometidos con el proyecto contrainsurgente conservaban sus destinos y sus tropas. Cuando la política de paz mostró sus límites, el gobierno recurrió a la salida represiva: el ministro José Manuel Arias Carrizosa impulsó el Estatuto Antiterrorista de 1988, que cerró la posibilidad de un plebiscito reformador que Barco había abierto previamente.

El costo humano acumulado del período habla por sí solo. En el contexto simultáneo de la guerra sucia contra la izquierda y el terrorismo del narcotráfico cayeron destacadas personalidades de la vida pública, incluidos candidatos presidenciales. La UP perdió más de mil líderes y militantes en cuatro años.

El silenciamiento del sujeto político

El asesinato selectivo de líderes comunitarios y políticos fue una estrategia deliberada para instalar el miedo, retirar al sujeto político de la esfera pública y desestructurar las apuestas colectivas. No se buscaba solo eliminar personas: se buscaba clausurar la posibilidad de una oposición legal de izquierda.

La consecuencia inmediata fue el desplazamiento forzado y el vaciamiento de comunidades rurales enteras. Veredas quedaron despobladas durante décadas; hay habitantes que refieren no haber regresado en catorce o veinte años. El terror fragmentó comunidades, impuso silencio colectivo y generó desconfianza interna entre vecinos y familias, inmovilizando la acción política y social durante años. La violencia continuada contra la UP entre 1984 y 2002 produjo una desestructuración grave de sus apuestas políticas y de su capacidad organizativa, con efectos severos sobre su presencia en el panorama político colombiano.

En 1994, la Unión Patriótica perdió su personería jurídica por no cumplir los requisitos electorales de la Ley 130 de ese año, sin que se tomara en cuenta que la falta de votación se fundaba en el exterminio sistemático de sus candidatos y dirigentes. La legalidad electoral colombiana clausuró formalmente al partido por no haber sobrevivido a su propio exterminio.

La desarticulación alcanzó a sectores enteros: sindicalismo agrario, salubridad pública en Antioquia, defensores de derechos humanos en Medellín, operadores de justicia. Fue efecto directo de la violencia selectiva. La violencia no debilitó operativamente a las guerrillas, que continuaron su ciclo expansivo; sí eliminó a la izquierda no armada y al activismo civil que podía disputarles el espacio político y ofrecer una alternativa institucional al conflicto.

El nombre del hecho

En septiembre de 2016, en un acto en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente la responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio de la Unión Patriótica. Admitió que "el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha". La declaración llegó veintiséis años después del final del período aquí reconstruido y treinta después de los primeros asesinatos de congresistas electos.

Los planes tenían nombre propio: Baile Rojo, Plan Esmeralda, Plan Retorno. Los perpetradores tenían apellido, uniforme, hacienda o laboratorio.

Colombia salió de esos cuatro años con la izquierda legal prácticamente eliminada, con el movimiento de derechos humanos herido en Medellín y en las regiones periféricas, y con un aparato paramilitar consolidado que se expandiría en la década siguiente. La guerra sucia contra la UP y contra los defensores de derechos humanos no fue una desviación del proyecto democrático de la transición: fue la forma que tomó el Estado —o parte del Estado, junto con sus aliados irregulares— para clausurar la ampliación democrática que el proceso de paz de 1984 había prometido.