Guerra sucia contra la UP y los defensores de derechos humanos (1986–1990)
Entre 1986 y 1990, una coalición de paramilitares, narcotraficantes y sectores del Ejército ejecutó el exterminio sistemático de la Unión Patriótica y del movimiento de derechos humanos, sindicalistas, jueces y académicos que denunciaban las violencias del Estado y sus aliados irregulares. El resultado fue la práctica desaparición de la izquierda legal y la desarticulación del movimiento social en amplias regiones del país.
Ficha del acontecimiento
Síntesis
- Cuándo
- 1986–1990 (proceso iniciado desde 1985 y extendido hasta 2000)
- Dónde
- Urabá, Magdalena Medio, Puerto Boyacá, Meta, Caquetá, Bogotá, Medellín, Barrancabermeja, Santander, Villavicencio, Segovia, Remedios
- Protagonistas
- Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Héctor Abad Gómez, Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Escobar, Henry Pérez, Unión Patriótica (UP), José Antequera, Leonardo Posada Mendoza, Pedro Nel Jiménez, María Mercedes Méndez, William Ocampo
Lectura causal
Causas, hecho y consecuencias
Causas
- La doctrina contrainsurgente del Ejército colombiano, que identificaba a la izquierda legal, los sindicatos y los defensores de derechos humanos como extensiones civiles de la subversión y objetivos legítimos de eliminación.
- La alianza estructural entre élites ganaderas y bananeras, sectores militares y narcotraficantes —articulada en torno a Acdegam y al Batallón Bárbula en Puerto Boyacá— que convergió en la defensa de intereses territoriales, rutas de cocaína y estructuras clientelares amenazadas por el éxito electoral de la UP.
- El ingreso del narcotráfico —Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha— como patrocinador de las autodefensas del Magdalena Medio, que produjo un salto cualitativo en la capacidad operativa y armamentística del proyecto paramilitar.
- El éxito electoral de la UP en 1986 —más de 300 concejales, alcaldías, diputados y curules en el Congreso— que desplazó estructuras clientelares afianzadas durante décadas en regiones como Urabá, Magdalena Medio y los Llanos Orientales, convirtiendo cada victoria electoral en detonante de violencia.
- La impunidad estructural garantizada por el fuero militar y por un estado de sitio prolongado durante siete años, que impidió la investigación y sanción de los crímenes y alentó su continuación.
Consecuencias
- El asesinato o desaparición de al menos 4.153 miembros y líderes de la UP entre 1984 y 2000, incluyendo un candidato presidencial (Jaime Pardo Leal), el presidente del partido (Bernardo Jaramillo Ossa), congresistas electos, alcaldes, concejales y miles de militantes de base.
- La práctica desaparición de la izquierda legal como fuerza electoral y la desarticulación del movimiento social —sindical, campesino, académico y de derechos humanos— en amplias regiones del país.
- El exilio forzado de líderes sociales, sindicalistas, académicos y operadores de justicia amenazados, que redujo drásticamente la capacidad organizativa de la sociedad civil en zonas de conflicto.
- La consolidación del paramilitarismo como proyecto político-militar de alcance nacional, con expansión desde el Magdalena Medio hacia Urabá, los Llanos Orientales y el Nordeste Antioqueño, sentando las bases del fenómeno que se institucionalizaría en los años noventa.
- El reconocimiento posterior por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad de que el exterminio de la UP constituyó un genocidio político, con responsabilidad estatal por acción y omisión.
La clave interpretativa
Por qué importa
El exterminio de la UP y del movimiento de derechos humanos entre 1986 y 1990 no fue una suma de crímenes aislados sino el resultado de una política de eliminación de la oposición legal que involucró al Estado, a sus fuerzas militares y a sus aliados irregulares, cerrando por la vía del terror el espacio político que los Acuerdos de La Uribe habían intentado abrir. Demostró que en Colombia la participación electoral de la izquierda podía ser respondida con genocidio sin consecuencias penales para sus organizadores, y que la impunidad de esos crímenes condicionaría durante décadas la posibilidad de una paz negociada. Su legado persiste en la desconfianza estructural de los movimientos sociales y guerrilleros hacia las garantías del Estado para la reincorporación política.
Desarrollo histórico
La historia completa
La guerra sucia contra la Unión Patriótica y el movimiento de derechos humanos (1986–1990)
Entre 1986 y 1990, Colombia ejecutó el exterminio sistemático de una fuerza política legal y de la generación de defensores de derechos humanos, sindicalistas, académicos y jueces que habían empezado a nombrar en voz alta las violencias del Estado y de sus aliados irregulares. La Unión Patriótica —el partido nacido del proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur— perdió en cuatro años a un candidato presidencial, a un presidente del partido, a congresistas electos, a alcaldes, concejales, diputados y a miles de militantes de base. En paralelo cayeron médicos salubristas, profesores universitarios, jueces de instrucción, dirigentes sindicales agrarios y bananeros. No fue una racha de excesos ni una suma de crímenes desconectados: convergieron la doctrina contrainsurgente del Ejército, los intereses territoriales de ganaderos y bananeros, los recursos y la capacidad operativa del narcotráfico, y una impunidad estructural garantizada por el fuero militar y por un estado de sitio que se prolongó siete años. El resultado fue la práctica desaparición de la izquierda legal y la desarticulación del movimiento social en amplias regiones del país.
El pacto que nació con el enemigo enfrente
La Unión Patriótica surgió de los Acuerdos de La Uribe, firmados en 1984 entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur. Obtuvo vida jurídica el 28 de enero de 1985, presentó su plataforma programática en mayo y celebró su primer Congreso Nacional en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, que concluyó el 16 de noviembre de ese año. Fue concebida como un frente amplio: no solo militantes de las FARC y del Partido Comunista Colombiano, sino también liberales y conservadores disidentes, campesinos, estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales de base. La apuesta era abrir un espacio de participación política legal para sectores que hasta entonces habían estado excluidos —o se habían excluido a sí mismos— del sistema electoral colombiano.
Los asesinatos empezaron antes de que el partido pudiera consolidarse. Para noviembre de 1985, cuando concluyó el primer Congreso Nacional, sicarios ya habían matado al menos a 70 militantes. Para septiembre de 1986, la cifra ascendía a aproximadamente 300 víctimas. La UP se estaba organizando bajo fuego.
Y sin embargo, el crecimiento electoral fue rotundo. En marzo de 1986 obtuvo dos senadores y tres representantes a la Cámara a nombre propio, más varias curules adicionales en coalición. A nivel local, sumó entre 335 y 351 concejales en cerca de 187 municipios. Consiguió también entre 18 y 29 diputados departamentales y unas 23 o 24 alcaldías. El candidato presidencial Jaime Pardo Leal —que había reemplazado al inicialmente propuesto Jacobo Arenas— alcanzó 328.752 votos en mayo de 1986, un 4,5% del total, resultado sin antecedentes para la izquierda colombiana. El gobierno entrante de Virgilio Barco terminaría nombrando a los alcaldes de la UP en los municipios donde el movimiento había obtenido mayores votaciones.
Ese éxito electoral marcó al partido. Donde la UP ganaba —desplazando estructuras clientelares afianzadas durante décadas por liberales y conservadores— la violencia arreciaba. Municipio a municipio, victoria a victoria, la ecuación se repetía.
El primer año: los electos que no llegaron a posesionarse
El 30 de agosto de 1986, en Barrancabermeja, sicarios asesinaron a Leonardo Posada Mendoza, representante a la Cámara electo por Santander y líder del movimiento popular en el puerto petrolero. Al día siguiente, 1 de septiembre, cayó Pedro Nel Jiménez, senador electo por el Meta, en Villavicencio. Ninguno de los dos había alcanzado a posesionarse. En dos días, la UP había perdido a un senador y a un representante de las catorce curules que había obtenido en el Congreso.
La reacción del gobierno fijó el tono de los siguientes cuatro años. El ministro de Gobierno Raúl Orejuela Bueno calificó los atentados como un "complot contra la democracia y el proceso de paz", una fórmula que abstraía los crímenes de sus autores concretos y los presentaba como sabotajes de fuerzas anónimas. El Partido Comunista, en cambio, acusó al presidente Barco de complicidad y pasividad. Fue el primer choque de un patrón que se repetiría: el gobierno leyendo la violencia como amenaza externa al pacto democrático; las víctimas leyéndola como producto interno del propio Estado.
En 1987 cayó Jaime Pardo Leal, excandidato presidencial y profesor de la Universidad Nacional. Las investigaciones señalaron a sicarios al servicio de Gonzalo Rodríguez Gacha, con logística del batallón de la Escuela de Caballería del Ejército, comandado entonces por el teniente coronel Alfonso Plazas Vega. Era la primera vez que un excandidato presidencial de la izquierda legal caía por bala pagada por un capo del narcotráfico con apoyo operativo militar. No sería la última.
José Antequera y el aeropuerto que se convirtió en escenario
El 3 de marzo de 1989, dentro del aeropuerto El Dorado de Bogotá, sicarios acribillaron a José Antequera, dirigente del Partido Comunista y de la UP. Un año y diecinueve días después, el 22 de marzo de 1990, mataron en el mismo aeropuerto al nuevo presidente de la UP. El escenario repetido era en sí mismo un mensaje: los principales terminales de la capital no eran territorio seguro para la dirigencia sobreviviente, y las medidas de seguridad estatal —o su ausencia— habían permitido que el crimen se ejecutara dos veces en el mismo lugar.
En el Meta, la persecución tenía otra textura. María Mercedes Méndez, exalcaldesa de El Castillo por la UP, y William Ocampo, alcalde electo del mismo municipio, cayeron en la masacre de Caño Sibao junto con otros tres funcionarios municipales, horas después de haber solicitado protección a la Séptima Brigada del Ejército en Villavicencio. La secuencia —solicitud formal de protección seguida de asesinato horas después— dice más sobre la relación entre víctimas y guarniciones que cualquier declaración institucional.
Entre 1986 y 1990 fueron asesinados más de mil líderes y miembros de la UP. Entre 1984 y 2000, la campaña de exterminio dejó por lo menos 4.153 personas asesinadas o desaparecidas.
Puerto Boyacá: la fábrica del exterminio
El aparato que ejecutó el exterminio se armó en el Magdalena Medio, y su centro nervioso fue Puerto Boyacá. Allí operaba la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), organización de ganaderos y finqueros de la región que canalizó los recursos necesarios para el acondicionamiento de centros de entrenamiento, el pago de sueldos, la adquisición de armas y municiones para las estructuras paramilitares. Acdegam fue, en la práctica, la fachada civil que administraba la logística del proyecto contrainsurgente regional.
Su origen tuvo padres militares. El alcalde militar de Puerto Boyacá, Óscar Echandía, testimonió que el coronel Jaime Sánchez Arteaga, del Batallón Bárbula, organizó la reunión en la que se creó el grupo paramilitar de Puerto Boyacá; participaron Gonzalo y Henry Pérez, Nelson Lesmes, Luis Suárez, Rubén Estrada, Carlos Loaiza y sus hijos, entre otros. En diciembre de 1983, el general Farouk Yanine Díaz fue nombrado comandante de la XIV Brigada, con jurisdicción sobre ese batallón. Yanine Díaz era un exponente enérgico de la doctrina contrainsurgente de la época, en un contexto en que militares y autodefensas de Henry Pérez operaban en estrecha relación en la región.
El punto de quiebre llegó a finales de 1984. Fuerzas paramilitares bajo el mando de Henry Pérez interceptaron un cargamento de cocaína de Gonzalo Rodríguez Gacha cerca de Puerto Boyacá. El incidente derivó en una alianza: Rodríguez Gacha proveería armamento a las autodefensas a cambio de protección para sus laboratorios contra las FARC y el ELN. La entrada del narcotráfico como patrocinador produjo un salto cualitativo en la capacidad operativa y armamentística del proyecto paramilitar; los aportes previos de ganaderos y del Ejército resultaban insuficientes para sostener la expansión que empezaba a proyectarse.
La coalición terminó articulando tres intereses convergentes: las élites económicas —ganaderos e industriales que defendían su patrimonio a través de Acdegam—; los narcotraficantes —que protegían laboratorios y rutas frente a la presión guerrillera—; y los militares —que aplicaban la doctrina de seguridad nacional contra la guerrilla y contra el "enemigo civil interno". Ninguno de los tres controlaba el conjunto. Ninguno era prescindible.
Con Pablo Escobar y Rodríguez Gacha invirtiendo masivamente en tierras del Magdalena Medio, hubo un distanciamiento parcial del grupo paramilitar respecto a sus promotores originales, y la influencia narco creció dentro del proyecto. Aun así, la mayoría de las primeras masacres y actividades criminales siguieron siendo dirigidas por ganaderos y miembros del Ejército, no por jefes de la mafia. Esa mezcla —militares en la conducción, ganaderos en la financiación local, narcos en el armamento y en la escalada— definió el carácter descentralizado y sin embargo funcional del aparato.
La expansión: de Puerto Boyacá al mapa
Cuando el aparato paramilitar exterminó o desterró a la dirigencia de izquierda de Cimitarra, Puerto Boyacá y Puerto Berrío —donde en el período 1984–1991 dejó 11 víctimas entre asesinados y desaparecidos—, el genocidio de la UP se coordinó desde el Magdalena Medio hacia las regiones donde el partido había alcanzado mayor fuerza representativa: Urabá, los Llanos Orientales y el Nordeste Antioqueño. En Puerto Nare, Yondó y Barrancabermeja, en el mismo período, se registraron 44 víctimas. Barrancabermeja concentró aproximadamente 900 homicidios entre 1980 y 1995; desde 1988 se registraba allí un asesinato diario.
Hacia 1987, Henry Pérez y su padre compraron tierras en Urabá. En 1988 asesoraron y coordinaron con Fidel Castaño la ejecución de las primeras masacres en la zona bananera. El 4 de marzo de 1988, en dos plantaciones bananeras de Currulao, en Turbo, los paramilitares acribillaron a 28 trabajadores afiliados a Sintagro. La investigación judicial reveló vínculos entre el aparato narco-paramilitar, el Ejército y los propietarios bananeros. En Urabá, los grupos paramilitares —las ACCU y la casa Castaño— y agentes del Estado fomentaron artificialmente discordias entre la UP y el movimiento Esperanza, Paz y Libertad como estrategia para agilizar el genocidio político de la UP.
El propio paramilitar HH lo formuló con brutal claridad años después: la única forma de sacar a la UP de Urabá era llegar al genocidio, porque el partido estaba muy arraigado en la región; para acabarlo había que infundir terror mediante descuartizamientos. En Urabá se ejecutó el llamado Plan Retorno, diseñado para recuperar el poder político que la UP había arrebatado a los partidos tradicionales.
En los Llanos Orientales se desplegaron dos planes documentados: el Baile Rojo y el Plan Esmeralda, este último de alcance regional en llanos y Caquetá, denunciado en su momento por el congresista Henry Millán. Las autodefensas provenientes del Magdalena Medio hicieron presencia en los Llanos del Yarí —Caquetá, Meta y Guaviare—, en Putumayo y en Nariño, orientadas primordialmente a proteger los laboratorios de cocaína de Rodríguez Gacha. La geografía del exterminio se calcaba sobre dos mapas superpuestos: el del éxito electoral de la UP y el de la infraestructura del narcotráfico.
En el Alto Nordeste Antioqueño, la UP fue objetivo de violencia sostenida. La masacre del 11 de noviembre de 1988 en Segovia se produjo como reacción ante los resultados electorales de marzo de ese mismo año, que habían favorecido al partido en el municipio. El vínculo entre las urnas y las balas era directo y explícito.
El perfil sociológico de las víctimas confirma el objetivo: el 41% de las víctimas de la UP sobre las que se registró ocupación eran campesinos, trabajadores o administradores de finca. La concentración geográfica —Urabá, Tolima, Meta, Caquetá, Magdalena Medio— era la de la frontera agrícola, la del sindicalismo agrario de Sintragrim y de Fensuagro, la del campesinado que había hecho de la UP su vehículo electoral.
El otro frente: médicos, jueces, defensores
En paralelo al exterminio partidario cayó el activismo en derechos humanos y el mundo académico y sindical que le daba respaldo. En julio de 1987 asesinaron en Medellín al médico Pedro Luis Valencia, profesor de la Universidad de Antioquia. Un mes después, cuando salían de rendir homenaje a Valencia, otro comando mató al médico Héctor Abad Gómez —defensor de derechos humanos y figura pública de la salubridad antioqueña— y a su colega Leonardo Betancur. En 1988 asesinaron también al vicerrector Luis Fernando Vélez.
Los crímenes contra la Universidad de Antioquia fueron descritos como una operación sistemática contra médicos salubristas por parte de sectores de ultraderecha; con el tiempo, la autoría se diversificó. El efecto sobre el mundo de los derechos humanos en Medellín fue devastador. La muerte de Abad Gómez generó entre defensores y activistas la sensación de que no había condiciones para seguir resistiendo. Algunos redujeron su perfil público; otros abandonaron la ciudad o el país. El exilio se convirtió en respuesta razonable —a veces la única— de líderes sociales, sindicalistas, académicos y operadores de justicia amenazados por servicios de inteligencia o por represalias vinculadas a investigaciones sobre relaciones entre sectores económicos, militares y narcotráfico.
El movimiento sindical fue blanco paralelo. El manual Conozcamos a nuestro enemigo, que circuló en 1985 en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, señalaba a los sindicatos como fachadas de la subversión y como estructuras de "dependencia directa" de las guerrillas. Esa doctrina se tradujo en asesinatos concretos: sicarios mataron a Oliverio Molina, presidente de Sintrainagro —la organización sindical de los proletarios agrícolas del banano—, en marzo de 1993, después de que conociera un plan de exterminio contra dirigentes de la UP. Su caso conectaba explícitamente los dos frentes: sindicalismo agrario y militancia política de izquierda.
La justicia también fue blanco. Entre 1979 y 1991, 290 personas en cumplimiento de funciones judiciales fueron asesinadas en Colombia. Una encuesta de 1987 registró que el 25,4% de los jueces y juezas del país había sido objeto de amenazas directas o contra sus familiares en razón de su trabajo. El 18 de enero de 1989, un comando armado ejecutó la masacre de La Rochela contra una comisión de funcionarios judiciales que investigaba, entre otros hechos, la desaparición forzada de 19 comerciantes. El propio Estado colombiano reconoció posteriormente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad parcial en la formación de los paramilitares y en la planeación y ejecución de esa masacre, cuyo objetivo era detener las investigaciones judiciales en curso.
Doctrina: cómo se enseña a matar civiles
Nada de esto ocurrió al margen de una elaboración previa. El general y ministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes formuló explícitamente que la contrainsurgencia debía dirigirse no solo contra las organizaciones armadas sino también contra la "dirección política" del movimiento subversivo. Esa frase, aparentemente técnica, autorizaba conceptualmente el blanco civil: sindicalistas, dirigentes campesinos, militantes de partidos legales, profesores universitarios, defensores de derechos humanos.
Los manuales militares tradujeron la doctrina en instrucciones. El Manual de Contraguerrillas de 1979, el Manual de Combate contra Bandoleros o Guerrilleros aprobado por la Resolución 0014 de 1982 y, ya bien entrada la década, el Reglamento de Combate de Contraguerrillas EJC 3-10/87 contemplaban explícitamente la organización de juntas de autodefensa con personal civil seleccionado, en coordinación con tropas, para acciones de combate antisubversivo. Desde comienzos de los años ochenta, sectores del Ejército en el Magdalena Medio establecieron con finqueros y ganaderos una relación en la que las brigadas y batallones facilitaban a los civiles la adquisición de armamento a cambio de que estos organizaran grupos armados, sirvieran de informantes y colaboraran con el Ejército. El paramilitarismo no fue un desvío de la doctrina: fue su aplicación.
La consecuencia práctica se vio sobre el terreno. Durante años, los grupos paramilitares operaron con alta dependencia de las Fuerzas Militares. El Ejército toleró y en ocasiones asistió acciones paramilitares, incluidas masacres y otras graves violaciones a derechos humanos. La delegación de la violencia fue implícita pero funcional.
La coartada institucional: fuero militar y estado de sitio
El dispositivo se sostuvo sobre una arquitectura de impunidad que el propio Estado construyó. El estado de sitio decretado en abril de 1984 mediante el Decreto 1038 —tras el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla— se mantuvo hasta el 4 de julio de 1991. Siete años de anormalidad constitucional se caracterizaron por el creciente otorgamiento de competencias judiciales a la Jurisdicción Penal Militar, estructuralmente ubicada en el poder ejecutivo, en desplazamiento de la jurisdicción ordinaria, incluso para el juzgamiento de civiles.
El resultado sobre los procesos contra militares fue previsible. El Tribunal Disciplinario trasladó a la Jurisdicción Penal Militar todos los procesos contra militares acusados de pertenecer al MAS —la primera gran alianza narco-paramilitar de comienzos de los ochenta—, al considerar que los delitos cometidos por militares en servicio activo se cometían "en relación con el servicio". La fórmula convertía la investigación penal en revisión disciplinaria interna, y la sanción efectiva en un horizonte remoto.
Los expedientes abiertos por la Procuraduría y por jueces instructores sobre crímenes cometidos por victimarios paramilitares no avanzaron mucho en la recolección y evaluación de pruebas, dejando a los victimarios en la impunidad. Las cifras generales confirman el patrón: según estimativos del propio gobierno de Virgilio Barco, solo el 20% de los crímenes llegaba al conocimiento de las autoridades, y de ese 20% solo el 4% obtenía sentencia. La probabilidad estadística de que un asesinato terminara en condena era, en la práctica, marginal.
El caso del coronel Álvaro Velandia Hurtado, comandante de Inteligencia del Batallón Charry Solano, ilustra la textura interna del aparato. Según el testimonio del suboficial Garzón Garzón, Velandia Hurtado tuvo conocimiento y aprobó la determinación de asesinar a Nidia Erika Bautista tras varios días de tortura; su cuerpo apareció el 27 de julio de 1990 enterrado como NN en un pequeño cementerio a dos horas de Bogotá. La situación provocó una orden de destitución. Que un oficial de inteligencia participara personalmente en la decisión de asesinar a una detenida, y que el hecho llegara a proceso, no fue excepcional: fue una de las pocas veces que llegó a documentarse.
Barco: la reacción tardía
En el despacho presidencial de la Casa de Nariño, entre 1986 y 1990, se recibieron los cables y los partes con los que se documentaba, en tiempo real, la caída de los militantes de la UP. Virgilio Barco Vargas, presidente durante el período en que el exterminio alcanzó su clímax, osciló entre la denuncia diplomática y la incapacidad estructural para desmontar el aparato. Casi todas las medidas para enfrentar la violencia se inscribieron en el marco del estado de sitio, es decir, en la lógica de justicia de excepción que ya había demostrado no proteger a las víctimas.
Ante el recrudecimiento paramilitar, Barco derogó la Ley 48 de 1968 mediante los decretos 813 y 814 de 1989. Los grupos paramilitares —promoverlos, financiarlos, apoyarlos o conformarlos— quedaron por fin penalizados. La firma llegó tarde: los grupos ya estaban implantados en decenas de municipios, con financiación autónoma proveniente del narcotráfico y con anclaje social en las élites ganaderas y bananeras que los sostenían. La ley cerraba formalmente el marco jurídico que había amparado la creación de las autodefensas dos décadas antes, pero no tocaba un solo laboratorio, no removía un solo comandante regional, no desmontaba un solo batallón comprometido con las estructuras irregulares.
En materia de derechos humanos, las políticas del gobierno Barco se orientaron esencialmente a certificar ante la comunidad internacional la buena fe del gobierno colombiano. Los delegados colombianos viajaban a Ginebra y a Washington con cifras, actas y compromisos; en el Magdalena Medio y en Urabá, entre tanto, los mandos medios del Ejército comprometidos con el proyecto contrainsurgente conservaban sus destinos y sus tropas. Cuando la política de paz mostró sus límites, el gobierno recurrió a la salida represiva: el ministro José Manuel Arias Carrizosa impulsó el Estatuto Antiterrorista de 1988, que cerró la posibilidad de un plebiscito reformador que Barco había abierto previamente.
El costo humano acumulado del período habla por sí solo. En el contexto simultáneo de la guerra sucia contra la izquierda y el terrorismo del narcotráfico cayeron destacadas personalidades de la vida pública, incluidos candidatos presidenciales. La UP perdió más de mil líderes y militantes en cuatro años.
El silenciamiento del sujeto político
El asesinato selectivo de líderes comunitarios y políticos fue una estrategia deliberada para instalar el miedo, retirar al sujeto político de la esfera pública y desestructurar las apuestas colectivas. No se buscaba solo eliminar personas: se buscaba clausurar la posibilidad de una oposición legal de izquierda.
La consecuencia inmediata fue el desplazamiento forzado y el vaciamiento de comunidades rurales enteras. Veredas quedaron despobladas durante décadas; hay habitantes que refieren no haber regresado en catorce o veinte años. El terror fragmentó comunidades, impuso silencio colectivo y generó desconfianza interna entre vecinos y familias, inmovilizando la acción política y social durante años. La violencia continuada contra la UP entre 1984 y 2002 produjo una desestructuración grave de sus apuestas políticas y de su capacidad organizativa, con efectos severos sobre su presencia en el panorama político colombiano.
En 1994, la Unión Patriótica perdió su personería jurídica por no cumplir los requisitos electorales de la Ley 130 de ese año, sin que se tomara en cuenta que la falta de votación se fundaba en el exterminio sistemático de sus candidatos y dirigentes. La legalidad electoral colombiana clausuró formalmente al partido por no haber sobrevivido a su propio exterminio.
La desarticulación alcanzó a sectores enteros: sindicalismo agrario, salubridad pública en Antioquia, defensores de derechos humanos en Medellín, operadores de justicia. Fue efecto directo de la violencia selectiva. La violencia no debilitó operativamente a las guerrillas, que continuaron su ciclo expansivo; sí eliminó a la izquierda no armada y al activismo civil que podía disputarles el espacio político y ofrecer una alternativa institucional al conflicto.
El nombre del hecho
En septiembre de 2016, en un acto en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos reconoció públicamente la responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio de la Unión Patriótica. Admitió que "el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha". La declaración llegó veintiséis años después del final del período aquí reconstruido y treinta después de los primeros asesinatos de congresistas electos.
Los planes tenían nombre propio: Baile Rojo, Plan Esmeralda, Plan Retorno. Los perpetradores tenían apellido, uniforme, hacienda o laboratorio.
Colombia salió de esos cuatro años con la izquierda legal prácticamente eliminada, con el movimiento de derechos humanos herido en Medellín y en las regiones periféricas, y con un aparato paramilitar consolidado que se expandiría en la década siguiente. La guerra sucia contra la UP y contra los defensores de derechos humanos no fue una desviación del proyecto democrático de la transición: fue la forma que tomó el Estado —o parte del Estado, junto con sus aliados irregulares— para clausurar la ampliación democrática que el proceso de paz de 1984 había prometido.
La época alrededor
Este hecho no ocurrió solo
Conexiones del archivo
Personas, lugares e ideas
Archivo documental
Documentos y fragmentos citados
01Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002Vladimir Melo Moreno (Relator); Andrés Fernando Suárez, Carmen Andrea Becerra (Correlatores); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2018 · p. 18, 3642 citas
[1]sin detenerse, dirigidos en específico contra sus militantes debido a su identidad política. Fue genera- lizada porque se presentó en gran magnitud en todo el territorio nacional, con énfasis donde la dinámica de participación política de la UP fue más exitosa y en un extenso periodo de tiempo com- prendido entre 1984…p. 18
[26]sábanas. En esa sábana llevaba el número, el nombre de la persona, el sitio donde falleció, donde lo mataron o lo desa- parecieron, la fecha. Eso era lo que contenían las sábanas. De ese día recuerdo que cuando mataron a José Antequera, él estaba en el aeropuerto porque venía de dar una entrevista a la Revista Semana…p. 364
02Medellín: memorias de una guerra urbanaMarta Inés Villa Martínez, Ana María Jaramillo Arbeláez, Jorge Giraldo Ramírez, Manuel Alberto Alonso Espinal, Sandra Arenas Grisales, Pablo Bedoya Molina, Luz María Londoño Fernández · 2017 · p. 118, 1752 citas
[2]La izquierda: entre la política y las armas Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se produjo un hecho inesperado que iba en contravía de las predicciones de la izquier- da con respecto a un mayor endurecimiento del régimen político. In- mediatamente después de asumir la Presidencia el 7 de agosto de…p. 118
[59]había caso seguir resistiendo y que había que salir, sobre todo por la muerte de Héctor Abad Gómez y de Leonardo [Betancur]. Después de esto dijimos “aquí no hay nada, sálvese quien pueda”. En ese año, el 87, todo lo que era la Universidad de Antioquia fue muy duro, porque MEDELLÍN: MEMORIAS DE UNA GUERRA URBANA 176…p. 175
03Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 42, 4782 citas
[3]pública lo retoma también a la fuerza. Mueren 103 personas, entre ellas, casi todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Mayo Producto de los acuerdos de las Farc con el gobierno, crean un nuevo movimiento político llamado la Unión Patriótica. 1986 Marzo La Unión Patriótica y aliados ganaron 14 curules en…p. 478
[45]comandante del Ejército a ministro. Una muestra de cómo el pensamiento del general reflejaba la época es el «Manual de combate contra bandidos y guerrilleros», que él aprobó estando al mando de Ejército y que recomendaba a los militares «crear juntas civiles de autodefensa» que guiaran las operaciones militares,…p. 42
04Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 201 cita
[4]el Estado y el establecimiento, era la enorme corrupcion que se percibía en las capas gobernantes de la región, predominantemente liberales. El 28 de enero de 1985, como fruto de los mismos acuerdos de paz, se dio vida jurídica y política a la UNION PATRIOTICA. Su primer congreso finalizó el 16 do noviembre 1985 con…p. 20
05Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 201 cita
[5]el Estado y el establecimiento, era la enorme corrupcion que se percibía en las capas gobernantes de la región, predominantemente liberales. El 28 de enero de 1985, como fruto de los mismos acuerdos de paz, se dio vida jurídica y política a la UNION PATRIOTICA. Su primer congreso finalizó el 16 do noviembre 1985 con…p. 20
06Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 5411 cita
[6]conocer el 11 de mayo un documento propuesta de veinte puntos llamado “Plataforma de lucha de la Unión Patriótica”, en el que anunció la decisión de mantenerse provisionalmente como Comando Nacional hasta la realización del primer Congreso Nacional de la UP, que tuvo lugar en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá,…p. 541
07Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 224, 2622 citas
[7]política y guerrillas: más allá de la llamada combinación de todas las formas de lucha En su gobierno, el presidente Belisario Betancur (1982-1986) puso en marcha un proceso de paz que reconoció las causas objetivas de la violencia, impulsó el diálogo con las guerrillas y admitió la necesidad de importantes reformas…p. 224
[34]organismos de seguridad e inteligencia tenían como objetivo la contrainsurgencia, en un espectro difuso entre lo «militar» y aquello que consideraban como «quitarle el agua al pez». Por su parte, los políticos regionales tenían el interés de eliminar a los actores que amenazaban con arrebatarles el poder que…p. 262
08Testigos olvidados. Periodismo y paz en ColombiaAndrés Felipe De Pablos, Luisa Fernanda Gómez · 2017 · p. 142 citas
[8]otros periodistas a una reunión de las. Estaban FARC haciendo el evento de lanzamiento de la. Entonces, yo aproveché que iba a estar en la mañana de ese día en el UP campamento de las y grabé un mensaje de ‘Manuel Marulanda’ hablando sobre la. Lo grabé porque en la tarde en FARC UP Bogotá, cuando yo regresara, iba a…p. 14
[9]otros periodistas a una reunión de las. Estaban FARC haciendo el evento de lanzamiento de la. Entonces, yo aproveché que iba a estar en la mañana de ese día en el UP campamento de las y grabé un mensaje de ‘Manuel Marulanda’ hablando sobre la. Lo grabé porque en la tarde en FARC UP Bogotá, cuando yo regresara, iba a…p. 14
09La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 87, 1972 citas
[10]militantes y simpatizantes, que no eran miembros de las FARC-EP –antes del Acuerdo de La Uribe, Meta, en 1984–, agraviados, desesperados e indignados por el exterminio que estaba sufriendo este partido y la falta de garantías para hacer política de oposición y 350 La Unión Patriótica fue concebida inicialmente como…p. 197
[60]huida de líderes sociales y políticos, destacados miembros del sector académico, exguerrilleros y sus familias, sindicalistas y también operadores de justicia que llevaban procesos relacionados con los vínculos entre sectores económicos y militares, así como del paramilitarismo y narcotráfico. 115 El hecho devela…p. 87
10Pueblos arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión · 2015 · p. 79, 872 citas
[11]y el PC, a la UP se unieron liberales, conservadores, campe- sinos, estudiantes, organizaciones sindicales, sociales y populares y muchas otras personas sin adhesiones partidistas, que se sintieron identificados con su apuesta programática. Los esfuerzos políticos de este movimiento se volcaron sobre las regiones…p. 79
[31]a quien Carranza le pagó diecisiete millones de pesos para sacar cuarenta salvoconductos de treinta y seis pistolas nueve milímetros y cuatro ametralladoras UZI”. (Sobrevivientes del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta y otros, 1997). 87 Democratización violenta y arrasamiento de la izquierda (1984-2001) y…p. 87
11Revolutionary Social Change in Colombia: The Origin and Direction of the FARC-EPJames J. Brittain · 2010 · p. 2251 cita
[12]middle-class residents who felt excluded from the elite politics of the Liberals and Conservatives” (Rochlin, 2003: 113). Contrary to conventional political structures of centralized power, the UP proved most prominent at the local level. It was here where “the UP’s gains were more significant,” as “entire areas of…p. 225
12Pueblos arrasados: Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión (relatores) · 2015 · p. 80, 1972 citas
[13]naciente movimiento se difundió y le permitió conquistar nuevos militantes. Surgió, de esta manera, un “frente amplio de convergencia democrática” que permitió a sec- tores tradicionalmente excluidos del sistema político incursionar en la democracia y vincularse a la actividad política legal (Cam- pos, 2008). En El…p. 80
[85]de líderes y lideresas La persecución, el desplazamiento y el asesinato de líderes po- líticos y comunitarios generaron un daño colectivo que se expresa en la desestructuración de las apuestas políticas, pero también de la capacidad organizativa de la comunidad. En la medida en que el terror se convirtió en el medio…p. 197
13Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1131 cita
[14]Socialista de los Trabajadores (PST), que se agruparon en torno a la idea de construir una propuesta política extra institucional y en oposición a los métodos que ellos mismos consideraban conciliatorios, como los diálogos de paz. Para mayor información revisar el caso sobre la persecución, estigmatización y…p. 113
14Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Región CentroComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1301 cita
[15]estos por Cundinamarca; en convergencia, fueron elegidos otros seis, entre estos, Julio Enrique Ortiz Cuenca por el Huila (Movimiento de Convergencia Liberal y UP) y Alfonso Gómez Méndez por el Tolima (Movimiento Político Tolima Libre, Liberal Oficial-U, Nuevo Liberalismo, Movimiento Amplio y Democrático-Rescatemos el…p. 130
15Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)Federico Andreu-Guzmán (relator); Carlos Miguel Ortiz (coordinador); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2014 · p. 59, 1222 citas
[16]para el período 1986 - 1990. Para 1986, cuando la UP obtuvo 328. 752 votos en la elección a la Presidencia de la República, en Antioquia se registraron 30. 515 sufragios en favor de ese movimiento político de oposición. Es- tas cifras eran signi fi cativas, pues en las pasadas elecciones pre- sidenciales su antecesor,…p. 122
[66]paramilitares contra los miembros de las Fuerzas Ar- madas y la Policía Nacional señalados en el Informe de la Procura- duría General de la Nación. Poco después, todos los procesos con- tra los uniformados pasarían a la Jurisdicción Penal Militar, por decisión del Tribunal Disciplinario, el órgano judicial encargado…p. 59
16Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 1211 cita
[17]58,3% de la votación total, mientras que su principal adversario escasamente alcanzó un 35,8%. Es importante, igualmente, destacar la votación obtenida por el candidato de la Unión Patriótica, Jaime Pardo, quien obtuvo unos resultados sin antecedentes hasta ese entonces en la historia de la participación electoral de…p. 121
17Colombia: las razones de la guerraJorge Orlando Melo González · 2021 · p. 1461 cita
[18](quien pronto sería elegido a la Cámara de Representantes como suplente de Gilberto Vieira, el secretario del PC) hablaron a nombre de la UP, y la presentaron como la proyección política de las FARC, quienes conservaban sus armas. Los grupos paramilitares de todo el país no estaban dispuestos a permitirlo, así que…p. 146
18Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 2671 cita
[19]lo grar que jefes guerrilleros participaran en pol í tica y fueran elegidos al Congreso y otras corporaciones, buscaban crear un canal para simpatizantes y militantes civiles, muchos de ellos influidos por el curocomunismo, que cre í an que el ambiente pol í tico y la fatiga con la violencia favorec í an la acci ó n…p. 267
191989María Elvira Samper · 2019 · p. 48, 522 citas
[20]de un hecho inicuo que tiene que conmover a toda la sociedad colombiana y llamar a la solidaridad en momentos de crisis”. El ministro de Gobierno, Raúl Orejuela Bueno, sostiene que se trata de un “complot contra la democracia y el proceso de paz del Gobierno”, y el PC protesta por lo que considera la pasividad del…p. 52
[82]y desmoralizar a comunidades enteras. Entre 1984 y 2000, la campaña exterminio adelantada por narcoparamilitares con la complicidad de agentes del Estado, deja por lo menos 4.153 personas asesinadas o desaparecidas, sin contar a las víctimas de tipos de violencia no letal. En diciembre de 2012, dentro del proceso de…p. 48
20Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 84, 2152 citas
[21]de los más ilustrativos al respecto. Un líder de este partido le dijo a la Comisión: «Allí se produjeron matanzas horribles. Allí fue asesinado el alcalde de Tibú, Tirso Vél ez […], el candidato más opcionado a la Gobernación de Santander […]. En la ciudad de Barrancabermeja, fue asesinado Leonardo Posada Pedraza,…p. 215
[86]señalado a los habita ntes como guerrilleros y auxiliadores de la guerrilla 192. Sometieron a toda la población, eligieron a un miembro de la comunidad y lo sentenciaron. «Aquí les voy a mostrar cómo se mata un guerrillero», dijo uno de los paramilitares, de acuerdo con el testig o. A la persona señalada, la…p. 84
21Enciclopedia de Colombia - Volumen 2Camilo Calderón Schrader · 2001 · p. 2611 cita
[22]permiso para la ejecución discreta de alla- namientos, confiscaciones y capturas en todo el país, se desencadenó una guerra sucia que alcanzó su clímax en el gobierno Barco. En principio, fue- ron asesinados más de mil líderes y miembros de la Unión Patriótica (UP), grupo político creado como resultado de los acuerdos…p. 261
22No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 211, 2142 citas
[23]jeep del Ejército sin esconderse, ya no 630 Entrevista 001-VI-00007. Mujer, Líder de la Unión Patriótica, víctima. 631 Centro Nacional de Memoria Histórica, «Todo pasó». 632 Centro Nacional de Memoria Histórica, 58. la búsqueda de la democracia y la guerra sucia (1978-1990) 215 se escondían, y desde allí los vecinos…p. 214
[62]1990. Aguilera Peña y Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Colombia), El orden desarmado, 385. 621 Los principales dirigentes de la ATCC fueron asesinados en 1990 en Cimitarra, Santander, junto a la periodista Silvia Duzán. Año 50 40 30 20 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Paros…p. 211
23El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 175, 1794 citas
[24]de drogas [...]” 9. El tratar de menospreciar a las víctimas, difamar de su vida personal y atacar su dignidad para justificar vulgarmente el crimen, se volvió algo rutinario. Y los grandes medios lo multiplicaban. Las investigaciones fueron demostrando que a Pardo Leal lo habían matado sicarios del narcotraficante…p. 179
[25]de drogas [...]” 9. El tratar de menospreciar a las víctimas, difamar de su vida personal y atacar su dignidad para justificar vulgarmente el crimen, se volvió algo rutinario. Y los grandes medios lo multiplicaban. Las investigaciones fueron demostrando que a Pardo Leal lo habían matado sicarios del narcotraficante…p. 179
[69]La decisión provocó la orden de destitución del comandante de la Tercera Brigada de Cali, Álvaro Velandia Hurtado, que en ese entonces era comandante de Inteligencia del Charry Solano. Garzón Garzón precisó: “Naturalmente todo lo que hacíamos lo sabía él [...] Él tuvo conocimiento de eso y aprobó la determinación”, de…p. 175
[70]La decisión provocó la orden de destitución del comandante de la Tercera Brigada de Cali, Álvaro Velandia Hurtado, que en ese entonces era comandante de Inteligencia del Charry Solano. Garzón Garzón precisó: “Naturalmente todo lo que hacíamos lo sabía él [...] Él tuvo conocimiento de eso y aprobó la determinación”, de…p. 175
24Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1111 cita
[27]del Estado como su patrimonio natural» 373. El llamado «Baile Rojo» 374 y el «Plan Esmeralda» –este último desarrollado en la región–, tuvieron «la finalidad de perseguir y dar muerte a los miembros de la UP en los llanos orientales y Caquetá» 375, como lo denunció el asesinado congresista Henry Millán. La lucha…p. 111
25Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 941 cita
[28]municipios predominantemente campesinos. El campesinado fue una parte importante de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica. Como se puede evidenciar en el mapa 5, los asesinatos de militantes de este partido se cometieron en zonas alejadas de las grandes ciudades capitales y en los límites de la…p. 94
26Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 702, 7082 citas
[29]los sobrevivientes nos tocó volarnos de Puerto Berrío– la mayor parte de militantes [...] llegamos aquí a Barrancabermeja huyendo» 2404. La reconstrucción de la violencia contra la UNO presentada a la Comisión permite establecer que ocurrieron violaciones de derechos humanos contra sus integrantes en por lo menos 23…p. 702
[33]y el encarcelamiento judicial de los 2423 Prensa Cajar, «Masacre de Caño Sibao». 2424 Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Reiniciar), «Base de datos, Víctimas identificadas UP 1984-2006». 2425 Testimonio de Carlos Alfonso Velázquez, coronel (r) del Ejército y catedrático universitario…p. 708
27Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 86, 952 citas
[30]sí fue contra nosotros como UP[…]. »El alcalde que me reemplazó cuando fui detenido fue asesinado, y ese se lo adju- dicó El Alemán. En Riosucio lo cogieron, le cortaron las manos y lo mostraron por todo el pueblo; él se llamaba Benjamín Arboleda, era de la dirección ejecutiva de la UP […]. »El objetivo [conocido como…p. 95
[49](Acdegam) en 1982 187 y las autodefensas de la Casa Castaño en Córdoba y Urabá a mediados de la década de 1980. Otros grupos de seguridad privada ilegal se armaron en el suroeste, norte, nordeste, Bajo Cauca y Oriente antioqueño. La primera generación paramilitar del norte de Antioquia y el sur de Córdoba siguió el…p. 86
28Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 64, 1032 citas
[32]y una finca que era de su propiedad fue bombardeada. Antes de su muerte, Cañón fue a la Gobernación en Villavicencio para solicitar dos escoltas y una camioneta debido a los problemas de seguridad que sufría. El gobernador le propor- cionó un escolta y Cañón tuvo que desplazarse hacia Vistahermosa en bus de transporte…p. 103
[38]de Puerto Boyacá, así como con figuras de la historia del paramilitarismo como Henry Pérez y Gon- zalo Rodríguez Gacha (CNMH, 2019), que con el grupo identificado por la sigla MAS o Muerte a Secuestradores, creado en 1981 por miembros de las mafias del narcotráfico. 16 La contribución realizada por un exintegrante del…p. 64
29Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoFrancisco Barbosa Delgado · 2018 · p. 1011 cita
[35]de la tregua entre el Gobierno y las FARC. Las elites y los militares de la región compartían una ideología anticomunista y el propósito de erradicar a las guerrillas, junto con otros factores, como la falta de recursos de las unidades militares, hacía que se comprometieran con los intereses de las minorías de la zona…p. 101
30¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 951 cita
[36]crecimiento del conflicto armado dalena medio, el 18 de enero de 1989. 94 Ante esta masacre, el Gobierno impartió una orden al DAS para que investigara la estructura criminal de los grupos paramilitares en esa región. Igualmente, derogó la Ley 48 de 1968, a través de los decretos 813 y 814 de 1989, que penalizaban la…p. 95
31Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 491 cita
[37]protección de bienes y tierras de los ganaderos, entre los cuales resaltan Evelio Monsalve, Alberto Villegas, John Yepes, Ignacio López y Carlos Salazar (Fiscalía Dossier ACMM, s. f.). Otros de los ganaderos reconocidos en la región que vivían entre La Estación Cocorná y Las Mercedes eran Gabriel Echeverry, Misael…p. 49
32El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 33, 1894 citas
[39]y mapas, así como la colaboración con el proceso de edición. Al igual que con todos los informes de esta serie, a la Dirección Técnica de la DAV le correspondió la dirección general en términos de orientación, acompañamiento y revisión detallada del conjunto del texto y de su proceso de consolidación y edición. Álvaro…p. 33
[40]y mapas, así como la colaboración con el proceso de edición. Al igual que con todos los informes de esta serie, a la Dirección Técnica de la DAV le correspondió la dirección general en términos de orientación, acompañamiento y revisión detallada del conjunto del texto y de su proceso de consolidación y edición. Álvaro…p. 33
[46]lo que fuera UP, fuuu. Había que golpearlos. (CNMH, CV, Sepúlveda, 2016, 21 de junio) Exterminada o desterrada la dirigencia de la izquierda en Cimitarra, Puerto Boyacá y Puerto Berrío, el genocidio de la UP se coordina desde Puerto Boyacá hacia las zonas en los que ese partido adquirió alguna presencia y fuerza…p. 189
[47]lo que fuera UP, fuuu. Había que golpearlos. (CNMH, CV, Sepúlveda, 2016, 21 de junio) Exterminada o desterrada la dirigencia de la izquierda en Cimitarra, Puerto Boyacá y Puerto Berrío, el genocidio de la UP se coordina desde Puerto Boyacá hacia las zonas en los que ese partido adquirió alguna presencia y fuerza…p. 189
33Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 1442 citas
[41]Carranza y Molina quienes lo presentaron al grupo de traficantes de Medellín. Para mediados de los años ochenta, Rodríguez Gacha actuaba como una espe- cie de intermediario entre el cartel de Medellín y la mafia de las esmeraldas. 77 Esto resultó importante para Rodríguez Gacha cuando sus instalaciones de producción…p. 144
[42]Carranza y Molina quienes lo presentaron al grupo de traficantes de Medellín. Para mediados de los años ochenta, Rodríguez Gacha actuaba como una espe- cie de intermediario entre el cartel de Medellín y la mafia de las esmeraldas. 77 Esto resultó importante para Rodríguez Gacha cuando sus instalaciones de producción…p. 144
34Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 1641 cita
[43]armas, uniformes y alimentos), y las inversiones para consolidar una base social (droguerías, clínicas, escuelas y brigadas de salud). Los aportes de los ganaderos y las armas proveídas por el Ejército no bastaban para cubrir este esfuerzo de expansión. Poniéndolo en términos simples, había más necesidades que dinero.…p. 164
35Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 1711 cita
[44]decir que no, pero ante un magistrado ustedes no van a salir con cuentos raros, no se los va a creer nadie”. Yo les digo así en la versión, esto no se lo cree nadie, que usted sea comandante y no… es su problema, el proceso es suyo”. 340 Capítulo 2 341 JUSTICIA Y PAZ: ¿Verdad judicial o verdad histórica? crimen…p. 171
36La Rochela: Memorias de un crimen contra la justiciaGrupo de Memoria Histórica, Iván Orozco Abad (Relator), Gonzalo Sánchez G. (Coordinador) · 2010 · p. 293, 2972 citas
[48]Eduardo Ramírez, 95 Hacia 1987 el paramilitarismo del Magdalena Medio comenzó a perturbar re- giones de Córdoba y Urabá. La expansión del grupo paramilitar comandado por Gonzalo y Henry Pérez a territorios que transcendían al Magdalena Medio tuvo cierta semejanza con el proceso de enquistamiento que años atrás…p. 297
[53]del Magdalena Medio por asesinarlo. Hubo ocasiones en que los paramilitares acorralaron a Escobar pero logró salvarse porque patrullas militares se enfrentaron con ellos para permitir 86 «Luego que se voló de la cárcel, Escobar se corrió para el Río Claro, cruzando Río Claro era de Escobar y del otro lado era mío, él…p. 293
37At the Margins of the Global Market: Making Commodities, Workers, and Crisis in Rural ColombiaPhillip A. Hough · 2022 · p. 2021 cita
[50]county of Apartadó will not only have a Communist county executive appointed by the Governor (and removable by him), but one directly elected for a period of two years... not subject to any kind of supervision. These men [the elected of fi cials of the UP] have to proceed in accordance with a philosophy, a doctrine…p. 202
38Violent Democratization: Social Movements, Elites, and Politics in Colombia's Rural War Zones, 1984-2008Leah Anne Carroll · 2011 · p. 1081 cita
[51]as well as Arboletes and Necoclí in the north of Urabá. In the same year several mass graves were discovered on Castaño’s properties in Urabá, and a deserter from his organization reported that between January 1989 and April 1990 he had witnessed ninety-five executions. 106 A number of notorious examples indicate that…p. 108
39Detrás de la guerra en ColombiaAriel Ávila · 2019 · p. 781 cita
[52]táctica de los grupos paramilitares fue la utilización y asistencia de la fuerza pública para sus operaciones. Sin bien los grupos paramilitares mantienen autonomía financiera respecto a la fuerza pública y algunas instituciones del Estado, su dependencia operativa fue durante años alta. Tal situación de asistencia de…p. 78
40Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 1982-1997Centro Nacional de Memoria Histórica; Ronald Edward Villamil Carvajal, Vladimir Melo Moreno (relatores); Tatiana Rincón Covelli, Andrés Fernando Suárez (correlatores) · 2014 · p. 1821 cita
[54]adulto y desplazado), N° 14 (Hombre, adulto y desplazado); Equipo Nizkor & Derechos Human Rights, Tomo I, Op. Cit. 238 Base de Datos de Información Electoral para el Alto Nordeste Antioqueño (1978−1998), CNMH. 180 Silenciar la democracia. Las masacres de remedios y segovia 1982–1997 Línea de Tiempo N°. 7 Preferencias…p. 182
41Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 2441 cita
[55]el pueblo que sea de izquierda (...). yo me salí. Y... porque... a la familia donde yo vivía, la sacaron... la fueron a buscar. Ya le habían matado a un hermano, porque era de la UP. Y iban [sic] por el resto de las personas, entonces tocó salir en la noche, disfrazados de mujeres en una lanchita pa’ [Nueva] Colonia.…p. 244
42En medio del Magdalena MedioAlfredo Molano Bravo · 2009 · p. 591 cita
[56]de inteligencia militar, se crearon las brigadas móviles, se ordenó a la infantería de marina combatir a la guerrilla en el río Magdale- na y se intentó crear, sin conseguirlo, la figura de Zona de Orden Público (ZOP). El epicentro del ensayo de la ZOP fue San Vi- cente de Chucurí. Los paramilitares construyeron una…p. 59
43La MANE y el movimiento estudiantil en Colombia. Agendas, luchas y desafíosAndrés Felipe Mora Cortés (compilador), Mauricio Archila Neira, Laura Isabel Buitrago Rodríguez, José Abelardo Díaz Jaramillo, Paulina Andrea Farfán Trujillo, Paola Alejandra Galindo García, Martha Lucía Gutiérrez Bonilla, Andrea Lopera Lombana, Jairo Andrés Rivera Henker · 2020 · p. 531 cita
[57](Torres, 1982, p. 34). Protestas estudiantiles en Colombia: una mirada histórica, 1908 -2015 | 59 mismo centro universitario y de otros en el país, lo que reforzó la lucha por la vigencia de los derechos humanos (Cote, 2011, pp. 295-296). 31 Aunque hubo otros hechos similares en esos años, lo ocurrido en la…p. 53
44Caminos de guerra, utopías de paz (Colombia: 1948-2020)Gonzalo Sánchez Gómez · 2021 · p. 3031 cita
[58]mantener en reserva esa situación. El inicio de esta cadena fue el siguiente: el primer profesor asesinado fue el médico de la Universidad de Antioquia Pedro Luis Valencia, en julio de 1987. Un mes más tarde fueron asesinados dos de los asistentes a su entierro, los también profesores Leonardo Betancourt y el…p. 303
4525 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000Mauricio Archila Neira, Álvaro Delgado G., Martha Cecilia García V., Esmeralda Prada M. · 2002 · p. 27, 902 citas
[61]una marcha de prolesta por el asesinato de 46 tampesinos y dos concejales por el grupo P3familitar Muerle a Secueslfadores (MAS) y amenazas conua dos l)a11ocos. En oclubre del 83. habitanles de San tados. Guame y Medellin marcharon en repudio al asesinalo del dirigenle de Comité Pro Defensa de Usuarios de Energla, que…p. 90
[65]pareciera oposición. Ello significó la práctica desaparición de la izquierda no ar- mada y de uno de los pocos logros tangibles de los acuerdos de paz 32. Así. para junio de 1987 se hizo explícito el fin de la tregua con las Farc, que de tiempo atrás no funcionaba en la práctica. Ante el recrudecimiento de la ·•guerra…p. 27
46A las puertas de El UbérrimoIván Cepeda, Jorge Rojas · 2008 · p. 391 cita
[63]1982-2003,p. 139. 32 José Félix LAfaurie Rivera, presidente de Fedega/l, discurso de inauguración del XXX Congreso Nacional de Ganaderos, noviembre de 2006. 41 IV ÁN CEPEDA Y JORGE ROJAS Patriótica, de candidatos al concejo, sindicalistas, maestros, indígenas y profesores, no lesionó la capacidad de los grupos…p. 39
47Regiones y conflicto armado. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoClara Inés García · 2018 · p. 2901 cita
[64]del conflicto armado. Los reclamos por inversión estatal en bienes públicos (infraestructura, salud, educación, vías) acompañaban sus denuncias de violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). En el plano ru- ral fue la movilización cívica y regional las claves en la…p. 290
48El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 16, 364 citas
[67]denominado estado de sitio. El periodo que va de 1985 a 1990 es una clara prueba de ello. El estado de sitio se decretó en abril de 1984 (Decreto 1038 / 1984), luego del asesinato del ministro de Justicia Rodri- go Lara Bonilla, y se mantuvo hasta el 4 de julio de 1991, con ocasión de la adopción de la nueva…p. 36
[68]denominado estado de sitio. El periodo que va de 1985 a 1990 es una clara prueba de ello. El estado de sitio se decretó en abril de 1984 (Decreto 1038 / 1984), luego del asesinato del ministro de Justicia Rodri- go Lara Bonilla, y se mantuvo hasta el 4 de julio de 1991, con ocasión de la adopción de la nueva…p. 36
[75]la violencia y sus actores. Según los estimativos del gobierno de Virgilio Barco Vargas, solo el 20 por ciento de los crímenes llegaban al co- nocimiento de las autoridades, y de estos solo el 4 por ciento obtenía una sentencia (Tirado, 1989, páginas 66 - 67). Se trata- ba, además, de un sistema asediado él mismo por…p. 16
[76]la violencia y sus actores. Según los estimativos del gobierno de Virgilio Barco Vargas, solo el 20 por ciento de los crímenes llegaban al co- nocimiento de las autoridades, y de estos solo el 4 por ciento obtenía una sentencia (Tirado, 1989, páginas 66 - 67). Se trata- ba, además, de un sistema asediado él mismo por…p. 16
49La dimensión moral del conflicto armado en Colombia. Una lectura a partir de Theodor W. AdornoTulia Almanza Loaiza · 2022 · p. 2741 cita
[71]Una lectura a partir de Theodor W. Adorno los hechos de violencia fueron explicados como acciones defensivas o retaliativas contra activistas o “auxiliadores y promotores de la ideología subversiva del proscrito movimiento” de ELN, apreciación que obedece a los presuntos nexos de las víctimas con el grupo guerrillero.…p. 274
50Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 1321 cita
[72]que, en las condiciones de auge del narcotráfico, dio bríos a un paramilitarismo de segunda generación, de la cual el narco- paramilitarismo de las auc fue una de sus variantes más siniestras y exitosas. A partir de las premisas de la doctrina contrainsurgente y de la guerra de baja intensidad, también conocidas en la…p. 132
51El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 3781 cita
[73]no solo dio vida, sino que apoyó políticamente a las Convivir (ver por ejemplo las declaraciones en este sentido de Carlos Holmes Trujillo en: E l Tiempo, 27 de agosto de 1997b; y E l Tiempo, 29 de octubre de 1997c). 365 C a p í t u l o i o “una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado…p. 378
52Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y MéxicoGustavo Duncan · 2014 · p. 2721 cita
[74]problema era que al tiempo que la guerrilla amedrentaba a la clse política tradicional, secuestraba a empresarios y terratenien tes délas regiones y combatía a la fuerza pública, su brazo político participaba en las elecciones. Más grave era que muchos de los líderes del PC, la UP y de la izquierda en movimientos…p. 272
53Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Magdalena MedioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1031 cita
[77]región. Sobre esta masacre el Estado reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad parcial en la formación de los paramilitares, la planeación y ejecución de la masacre, cuyo objetivo era detener las investigaciones 292. Alias Vladimir confesó que perpetró 286 Entrevista…p. 103
54Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 1392 citas
[78]cional Electoral, en las cuales se comunica que dejan de existir algunos partidos entre ellos el de la Unión Patriótica. Estos partidos políticos pierden su perso- nería jurídica por no cumplir con los requisitos de la Ley 130 de 1994, dentro de los cuales está el no haber tenido votaciones suficientes en Senado,…p. 139
[79]cional Electoral, en las cuales se comunica que dejan de existir algunos partidos entre ellos el de la Unión Patriótica. Estos partidos políticos pierden su perso- nería jurídica por no cumplir con los requisitos de la Ley 130 de 1994, dentro de los cuales está el no haber tenido votaciones suficientes en Senado,…p. 139
55Autodefensas de Cundinamarca. Olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo MagdalenaCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Rodrigo Arturo Triana Sarmiento, León Felipe Rodríguez Hernández, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 811 cita
[80]y Vargas, 2016). “Los expedientes abiertos por la Procuraduría y por un grupo de jueces instructores no avanzaron mucho en la recolección y evaluación de pruebas y dejaron a todos los victimarios en la impunidad” (Noche y Niebla, 2004, página 227). 83 2. ORÍGENES 1981ó1991’ Tabla 4. Votación obtenida por partidos de…p. 81
56Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 1891 cita
[81]de relegitimación pudieron ser capitalizadas en los escenarios internacionales, sobre todo en las cuestiones ligadas a las conversaciones de paz con la guerrilla. De esta manera, los derechos humanos aparecieron, en parte, ligados a una estrategia de “extraversión” (Bayart, 1999), es decir, de uso de los recursos…p. 189
57Presidentes de Colombia 1810-1990Ignacio Arizmendi Posada · 1989 · p. 2811 cita
[83]Liberalismo y el 71.0 de los liberales. Lo cual refleja las diferencias perceptivas de los colombianos hacia un hecho tan común a todos como es el mando de la nación. Por otro lado, el 13 de marzo de 1988 se efectuaron las primeras elecciones para designa- ción de todos los alcaldes del país por votación popular, de…p. 281
58Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 4431 cita
[84]13.000 en 1987. 9 8. Juan Gabriel Tokatlian “La política exterior de Colombia hacia los Estados Unidos, 1978- 1990” en Carlos Gustavo Arrieta et al. (1991). Narcotráfico en Colombia. Dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales. Bogotá: Tercer Mundo, 321-322. El sistema de radares fue aceptado por…p. 443
59Cuando los pájaros no cantaban: historias del conflicto armado en ColombiaAlejandro Castillejo-Cuéllar · 2022 · p. 2791 cita
[87]un tiempo y ahora aparece así como de la nada». Como que de repente me convertí en una especie de enemigo interno. Así que dije: «Bueno, esto es una situación que ya no puedo soportar», y me fui a trabajar en el ámbito de colegios para ahorrar plata y tomar la decisión de salir huyendo del país. Volumen Testimonial…p. 279