Body count

En la jerga militar colombiana, body count nombra una cosa muy precisa: el cómputo administrativo de bajas enemigas como métrica de éxito operacional. No es sinónimo de guerra ni de combate; es una manera de leerlos. Convertida en pilar de la evaluación castrense entre 2002 y 2008, esa contabilidad —tableros por compañía, días sin muertos, bonificaciones, condecoraciones, permisos— dejó de ser un indicador entre otros para volverse el indicador, y con ello reconfiguró la conducta de miles de oficiales, suboficiales y soldados. Su expresión extrema, los llamados "falsos positivos" —el asesinato de civiles presentados como guerrilleros abatidos—, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional los calificó, por su magnitud y método, como un ataque generalizado y sistemático contra la población civil: un crimen de lesa humanidad. La ficha que sigue reconstruye el body count como categoría burocrática: de dónde vino, cómo se instaló, qué produjo y por qué su procesamiento en la Jurisdicción Especial para la Paz sigue siendo uno de los capítulos abiertos del conflicto armado colombiano.

Qué nombra el body count

El body count no es simplemente contar muertos. Es un dispositivo administrativo que convierte cadáveres en indicadores de desempeño, y esos indicadores en decisiones institucionales: ascensos, licencias, bonos, cambios de mando, asignación de recursos. Su premisa operativa es que, en una guerra irregular sin frentes ni territorios claramente disputados, el número de enemigos abatidos sirve como aproximación al avance militar. Su premisa cultural es que la honorabilidad del oficial se mide por producción de bajas.

Aplicado al Ejército colombiano en el conflicto interno, el sistema tomó formas visibles y cotidianas. En los centros de operaciones tácticos había tableros que sumaban muertos por compañía y contabilizaban los días transcurridos sin combates ni bajas. Un testimonio atribuido a un oficial de alto rango sostiene que el general Mario Montoya Uribe, siendo comandante del Ejército, instruyó a subordinados a recompensar con quince días de licencia y un millón de pesos en efectivo a cada soldado de una patrulla que reportara una baja, financiados con gastos reservados de inteligencia. Lo que en la superficie parecía administración normal de una fuerza militar era, en el fondo, la aplicación de una economía moral inversa: cuanto más bajas, más ascendía la carrera; cuantos menos días sin muertos, más funcionaba la unidad.

El punto crítico no es que existiera esa contabilidad —los ejércitos las llevan—, sino que se volviera el eje excluyente de la evaluación. Cuando la métrica sustituye a la misión, produce lo que mide.

Genealogía: del Plan Lazo al enemigo interno

El body count colombiano no nació en 2002. Es el sedimento de más de cuatro décadas de reelaboración doctrinaria en las Fuerzas Militares, en diálogo estrecho con la política militar estadounidense y con la Doctrina de Seguridad Nacional que circuló por Suramérica a lo largo de la Guerra Fría.

El primer antecedente sustantivo es el Plan Lazo de los años sesenta, la estrategia contrainsurgente con la que el Estado buscó desmontar las llamadas "repúblicas independientes" asociadas al Partido Comunista. El plan preveía tres fases: guerra psicológica y acción cívico-militar —censos, redes de espionaje, programas de ayuda campesina apoyados por el Cuerpo de Paz, CARE y Cáritas—; bloqueo económico y militar; y, finalmente, agresión punitiva con tropas y armamento moderno. La metáfora rectora era "quitarle el agua al pez": separar al guerrillero de la población que lo sostiene. Ya en esa lógica estaba el núcleo del problema posterior: el campesinado como terreno disputado y ambiguo, susceptible de ser leído como aliado o como enemigo según el criterio del oficial en el terreno.

Sobre esa arquitectura se acumularon capas normativas. El Decreto Legislativo 3398 de 1965 y el Decreto 1667 de 1966, elevados a normas permanentes por la Ley 48 de 1968, autorizaron al Ministerio de Guerra a conformar grupos de civiles armados destinados a actividades de contrainsurgencia, vigilancia y protección rural y barrial: la base legal —luego repudiada— sobre la que crecerían las autodefensas. Entre 1969 y 1987 las Fuerzas Militares emitieron varios manuales contrainsurgentes; el Consejo de Estado ha señalado que el Ejército ha producido más de treinta de estos documentos. En ellos se fue codificando una identidad institucional cada vez más orientada hacia el "enemigo interno": no un ejército enemigo, no un poder rival, sino una porción de la propia población presuntamente permeada por la subversión.

Ese giro tuvo consecuencias epistemológicas más que tácticas. Si el enemigo es interno y clandestino, no lleva uniforme, no ocupa un frente y no puede identificarse por sus armas: la señal de que se le está derrotando deja de ser el territorio recuperado y pasa a ser el cuerpo abatido. La lógica del body count queda inscrita en la propia definición del enemigo.

Entre 1978 y 1990, Colombia se adhirió con firmeza a la Doctrina de Seguridad Nacional promovida por Estados Unidos, en cuyo marco se articuló también la guerra contra las drogas. Ya entonces la práctica de presentar civiles muertos como guerrilleros era conocida: entre 1994 y 1999 se documentaron 634 ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las Fuerzas Armadas de Colombia, un problema tan grave que en 1997 el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos abrió oficina permanente en el país. Ese mismo año, con Colombia como referente, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Leahy, que prohíbe la asistencia militar a unidades extranjeras creíblemente acusadas de violaciones graves de derechos humanos.

El body count, entonces, ya estaba latente antes de la Seguridad Democrática. Faltaba el marco político que lo escalara.

La Seguridad Democrática y el marco de resultados

La Política de Defensa y Seguridad Democrática fue introducida por Álvaro Uribe Vélez poco después de su llegada a la Presidencia en agosto de 2002. Su documento guía fijó como objetivos estratégicos la consolidación del control estatal del territorio, la protección de la población y la eliminación del narcotráfico. La ambición era mensurable: derrotar militarmente a las guerrillas —FARC y ELN— tras décadas en las que ninguna administración había planteado la victoria como horizonte creíble.

El andamiaje legal se montó con velocidad. El Decreto 2002 del 9 de septiembre de 2002 creó las "zonas de rehabilitación y consolidación" en áreas afectadas por la violencia armada y autorizó a las Fuerzas Militares a realizar capturas, allanamientos, registros domiciliarios e interceptaciones de comunicaciones —facultades de las que la Corte Constitucional declararía inexequibles varias disposiciones en noviembre de ese año—. El Plan Meteoro, lanzado en agosto de 2002, buscó incorporar civiles como informantes voluntarios en tareas de seguridad e inteligencia, con una meta declarada cercana al millón de participantes.

Pero lo decisivo para la lógica del body count fue algo menos visible que los decretos: el desplazamiento del eje de evaluación castrense hacia los "resultados operacionales". La política de estímulos —recompensas económicas, condecoraciones, permisos, ascensos— empezó a girar en torno a las bajas enemigas. La práctica no fue inventada; la existente se amplificó. El Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Philip Alston, tras su misión a Colombia lo diría con precisión: el incremento de los falsos positivos se debió a la continua demanda de resultados a los militares y a una política de estímulos según cifras operacionales.

La combinación era explosiva. Un enemigo definido como interno, clandestino, indistinguible del campesinado; una métrica que premiaba producir cuerpos identificados como enemigos; y un discurso presidencial que celebraba las bajas como termómetro del avance. El coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, comandante del Batallón La Popa desde 2002, fue elogiado públicamente por el entonces comandante del Ejército, general Carlos Alberto Ospina, por operaciones que después se revelarían como falsos positivos, y era citado por el general Montoya como ejemplo de alta producción de bajas. La señal desde el mando era inequívoca.

Anatomía de un procedimiento

La modalidad estándar del falso positivo tenía una coreografía. Un captador civil —a veces un desmovilizado, a veces un miembro de redes informales de reclutamiento— ofrecía trabajo a un joven pobre en una ciudad o cabecera municipal. El joven aceptaba, viajaba con el captador a un lugar alejado de su residencia —a veces cientos de kilómetros— y allí era entregado a una unidad militar. Se lo asesinaba, se le cambiaba la ropa, se le colocaba un uniforme, se le ponía en la mano un arma —fusiles AK47 aparecen con frecuencia en los relatos, precisamente porque no eran de dotación oficial— y se reportaba una baja en combate.

El engranaje tenía un nombre en la propia jerga: kit de legalización. Uniformes, armas no convencionales, material adicional destinado a montar la escena. El procedimiento se enseñaba desde la Escuela Militar, antes de que los oficiales llegaran a unidades operativas: no era un desliz de campaña sino un saber institucional transmitido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó la mecánica: víctimas ejecutadas por miembros del Ejército, alteración de la escena del crimen, cambio de vestimentas, todo con el objetivo de reclamar incentivos económicos y profesionales.

La responsabilidad, cuando se rastrea, se ramifica. Comandantes que fijaban metas y presionaban por resultados. Jueces penales militares que asumían competencia sobre casos que debían ir a la justicia ordinaria. Agentes de inteligencia que aportaban información sobre víctimas potenciales y coartadas. Al menos un caso —el del mayor (r) Mauricio Cujar— muestra la disputa jurídica: fue procesado por prevaricato activo por insistir en avocar competencia militar sobre el caso del coronel Plazas Vega, y en abril de 2013 una Sala de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá se pronunció sobre esa insistencia.

Geografía y víctimas

Los falsos positivos no ocurrieron uniformemente. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, las ejecuciones extrajudiciales alcanzaron al menos el 56 % de los municipios del país en los últimos treinta años del conflicto armado. Departamentos como Antioquia, Meta, Casanare, Norte de Santander, Cesar, Sur de Bolívar y regiones como el Catatumbo y el Urabá aparecen recurrentemente en los expedientes.

El Meta era el departamento con la mayor cifra de ejecuciones bajo jurisdicción del Bloque Centauros de las autodefensas, cuyos mandos coordinaron con oficiales del Ejército la entrega de bajas. En el oriente antioqueño —Granada, San Luis, Cocorná— las ejecuciones fueron atribuidas principalmente a unidades militares específicas, con veintiún casos reportados solo para el Batallón de Caballería Mecanizada No. 4 "Juan del Corral".

El perfil de las víctimas es difícil de reducir a una sola categoría. Aparecen jóvenes reclutados con promesas de empleo, campesinos de zonas de operación, consumidores de droga y personas socialmente marginadas, y al menos un caso documentado de una persona con discapacidad cognitiva presentada como combatiente. El denominador común no era ideológico ni militar: era la indefensión. Se elegían cuerpos cuya desaparición no produjera —o produjera con lentitud— una reacción social capaz de romper la coartada.

Soacha: el nombre que rompió el silencio

En 2008, dieciséis jóvenes de Soacha —el enorme suburbio obrero al sur de Bogotá— desaparecieron tras ser reclutados con promesas de trabajo por captadores civiles que operaban para el Ejército. En septiembre de ese año, pruebas de ADN identificaron sus cuerpos: habían sido presentados por unidades militares como guerrilleros muertos en combate a aproximadamente 480 kilómetros de sus casas, pocos días después de su desaparición.

Lo que hizo estallar el caso no fue solo la magnitud numérica —el registro de CINEP contabilizó para 2008 unos 95 incidentes con 175 víctimas, cifra menor que los 149 casos de 2007 pero superior a los 68 de 2006—, sino su geografía y su método. La distancia entre Soacha y Ocaña, en Norte de Santander, hacía inverosímil cualquier reclutamiento voluntario en la guerrilla; el intervalo brevísimo entre desaparición y muerte volvía imposible el entrenamiento; los expedientes forenses mostraban patrones incompatibles con un combate.

Las madres de Soacha —figura que se volvería central en la memoria pública del conflicto— fueron construyendo su unión sin conocerse previamente, a partir de la búsqueda paralela de sus hijos, las coincidencias en los informes de Fiscalía y Medicina Legal, y la información que llegaba por vecinos, radio y noticias. Las unió, según ellas mismas, el absurdo de las explicaciones oficiales.

La respuesta institucional fue veloz y reveladora. En octubre de 2008, el presidente Uribe destituyó a veintisiete oficiales militares, incluidos tres generales. A comienzos de noviembre, el general Mario Montoya renunció como comandante del Ejército. En el primer semestre de 2009, las acusaciones de falsos positivos cayeron a entre dos y siete casos según CINEP, y a uno solo según el Ministerio de Defensa, frente a los 106 registrados por CINEP en todo 2008. La discrepancia entre cifras oficiales y no oficiales seguía siendo enorme, pero la magnitud de la caída era inequívoca.

Ese descenso brutal es uno de los datos más incómodos de todo el expediente. Muestra que la práctica podía frenarse. Que no era una fatalidad estructural inmodificable, sino una conducta sensible a la voluntad política de los mandos superiores. Lo que las destituciones de octubre y la renuncia de Montoya interrumpieron no fue el conflicto armado ni la doctrina contrainsurgente: fue la permisividad activa que había hecho posible el pico de 2006-2008. Ese es también el argumento de quienes sostienen que la lógica burocrática, por sí sola, no explica el fenómeno; requería una tolerancia consciente en la cúspide para operar a escala de crimen de lesa humanidad.

El general Montoya y la responsabilidad de mando

El período de mando del general Mario Montoya Uribe como comandante del Ejército —marzo de 2006 a noviembre de 2008— coincide con el mayor aumento porcentual en ejecuciones extrajudiciales bajo cualquier comandante en el período analizado: un 144 %. Montoya había sido ascendido con apoyo de Estados Unidos para comandar la Fuerza de Tarea del Sur en el arranque del Plan Colombia en 2000. Su carrera, hasta la crisis de Soacha, había sido la crónica del oficial exitoso del nuevo modelo: alta producción de bajas, prestigio operacional, respaldo político.

En octubre de 2018, Montoya se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales. Ante la JEP negó haber cometido delitos y rechazó reconocer responsabilidad penal, con un argumento notable: hacerlo, dijo, equivaldría a admitir que comandó una organización criminal, y que el Ejército lo era. El abogado Germán Romero señaló que durante su comandancia se registran más de dos mil falsos positivos.

La postura de Montoya condensa el nudo jurídico y moral. Reconocer los hechos exige aceptar que las estructuras de mando eran conocedoras y responsables; negarlos exige sostener que miles de asesinatos ocurrieron en simultáneo, con procedimientos coincidentes, sin instrucciones ni tolerancia desde arriba. La primera lectura es incompatible con la autoimagen del oficial; la segunda, con la evidencia acumulada.

Complicidades: paramilitares, jueces, civiles

El body count no fue una empresa exclusivamente militar. Su funcionamiento a escala requirió una red que involucraba a paramilitares, funcionarios judiciales y civiles.

La colaboración paramilitar tomó formas concretas y documentadas. El coronel Cabuya presionaba y extorsionaba a grupos paramilitares pidiéndoles personas que pudiera presentar como guerrilleros para "demostrar que era el que más resultados daba en ese batallón"; en una ocasión exigió "tres muchachos y tres fusiles" bajo amenaza de captura. Alias Chatarro —Luis Alex Arango Cárdenas, del Bloque Centauros— declaró que la entrega de integrantes propios de las autodefensas al Ejército servía para que los militares mostraran resultados a sus superiores, apoyándose además en la cobertura noticiosa. La transacción era mutua: los militares producían bajas, los paramilitares reducían presión operativa sobre sus estructuras.

En el plano judicial, la Justicia Penal Militar fue identificada como una figura jurídica que profundizó la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos, con efectos perversos de legitimación social. Cuando el propio aparato encargado de investigar y sancionar a militares operaba con criterios de fuero y corporativismo, el sistema de incentivos podía funcionar sin fricción externa. La ampliación posterior del fuero militar, aprobada por el Congreso, fue denunciada por víctimas y organizaciones de derechos humanos como una profundización de esa impunidad.

La red civil incluyó captadores que reclutaban jóvenes con ofertas de empleo, informantes remunerados o voluntarios de programas como el Plan Meteoro, y funcionarios locales que tuvieron distintos grados de conocimiento o colaboración. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones nacionales han señalado que la práctica exigió complicidad de algunos agentes de la Fiscalía y la Justicia, sin cuya inacción la coartada del combate no habría podido sostenerse.

Contar los cuerpos: la disputa por las cifras

Uno de los rasgos más ilustrativos del body count es que hasta su propia cuantificación es objeto de disputa. Las fuentes divergen: CINEP —que trabaja con testimonios de familiares, relatos de unos sesenta grupos locales de derechos humanos y revisión de prensa— reportó para 2008 un total de 106 casos; el Ministerio de Defensa manejó cifras significativamente menores. Para el primer semestre de 2009, CINEP registró inicialmente dos acusaciones que luego revisó a siete; el Ministerio, solo una.

La brecha no es solo estadística. Refleja tensiones metodológicas serias. Las bases construidas exclusivamente sobre prensa tienden a subestimar víctimas en regiones con poca población y mucha violencia. Las bases oficiales, por su parte, dependen de denuncias formales que rara vez llegan cuando los perpetradores son agentes del Estado y las víctimas son personas empobrecidas y aisladas. Investigaciones como la de Ariel Ávila han buscado escapar del binomio cruzando más de catorce millones de datos estadísticos de partes de guerra guerrilleros y militares, bases de la Fiscalía, entrevistas y notas de prensa.

La Comisión de la Verdad elaboró su mapa de víctimas de falsos positivos por departamento con base en una base de datos específica sobre asesinatos presentados como bajas en combate por agentes del Estado. El resultado, aunque las cifras absolutas varíen entre fuentes, dibuja tendencias sólidas: concentración en el período 2002-2008, epicentros en departamentos con fuerte presencia militar en zonas de conflicto, y una caída abrupta tras las destituciones de Soacha.

Cuando el análisis se robustece con miradas de largo plazo e identificación de tendencias espaciales y temporales, la imprecisión cuantitativa se vuelve menos crucial. Los patrones aguantan; los totales absolutos se debaten. Y el debate sobre totales, si se adelanta en medio de la coyuntura, puede desviar la atención de las amenazas reales.

Dimensión internacional

El body count colombiano no fue un fenómeno hermético. Se desarrolló bajo la mirada —y en parte con recursos y entrenamiento— de la política exterior estadounidense.

El Plan Colombia, iniciado en 2000, y su continuación en el Plan Patriota —diseñado desde el Comando Sur de EE. UU. y con participación de decenas de militares experimentados y contratistas en planeación y soporte logístico— aportaron equipos, inteligencia y presión política por resultados. Algunos oficiales colombianos entrenados en instituciones militares estadounidenses figuran en registros de América Watch vinculados a casos específicos de detenciones ilegales, tortura y asesinatos.

Del otro lado, mecanismos como la Ley Leahy y las observaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos —cuya oficina permanente en Colombia data de 1997— buscaron condicionar la ayuda y visibilizar las violaciones. El informe intermedio de la Corte Penal Internacional de 2012 fue el más contundente: en su párrafo 110, la Fiscal calificó la práctica de los falsos positivos, dada su magnitud y carácter metódico, como equivalente a un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.

Esa calificación —crimen de lesa humanidad— tuvo consecuencias jurídicas y políticas. Colocó al Estado colombiano frente a la posibilidad de una intervención de la CPI si no procesaba domésticamente los casos, y volvió la judicialización de los responsables un asunto de credibilidad internacional del propio proyecto de paz.

La JEP y el Macrocaso 03

El Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR), articulado en torno a tres mecanismos principales: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

En ese entramado, la JEP abrió el Macrocaso 03, denominado "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado". El nombre técnico es en sí una operación de precisión: no habla de "falsos positivos" —eufemismo militar que sugiere un error de puntería— sino de asesinatos disfrazados. La categoría acoge, hasta donde el proceso ha avanzado, miles de casos y compromete a decenas de oficiales, suboficiales y soldados, además de a mandos como el propio Mario Montoya.

El diseño de la JEP privilegia el reconocimiento de responsabilidad a cambio de sanciones alternativas. Quien reconoce puede acceder a penas restaurativas; quien niega, si es hallado responsable, enfrenta condenas ordinarias más severas. Esa arquitectura explica la postura de Montoya y la de otros altos oficiales: negar los hechos preserva la autoimagen y protege a las cadenas de mando, aunque a costa de sanciones potencialmente mayores; reconocer abre la puerta a la justicia restaurativa pero exige asumir una verdad institucional demoledora.

La mayoría de los casos, sin embargo, permanece en la impunidad. Datos parciales sistematizados por organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad y la Comisión de Justicia y Vida de la Diócesis de Quibdó muestran que, en contextos como el de Bojayá entre 1997 y 2002, apenas cerca del 15 % de los casos de violencia contaban con investigaciones formales iniciadas. La cifra no es directamente extrapolable a los falsos positivos, pero indica el orden de magnitud del problema: la brecha entre denuncia y proceso judicial ha sido, y sigue siendo, la infraestructura silenciosa sobre la que se sostuvo el body count.

Las madres de Soacha y las organizaciones de víctimas se convirtieron, en el proceso transicional, en actores centrales. El propio diseño del SIVJRNR sitúa a las víctimas y sobrevivientes como eje, y su participación ha sido presentada internacionalmente como un rasgo innovador del modelo colombiano.

Herencia

El body count deja varias herencias entrelazadas, ninguna resuelta.

La primera es jurídica. Los procesos ante la JEP siguen abiertos, las sanciones alternativas aún se están definiendo caso por caso, y la ampliación del fuero militar aprobada posteriormente por el Congreso ha sido denunciada como una regresión que profundiza la impunidad. La calificación de la CPI como crimen de lesa humanidad mantiene al Estado colombiano bajo escrutinio internacional mientras el procesamiento doméstico avanza.

La segunda es doctrinaria. La lógica del enemigo interno —la que hace del campesinado un terreno sospechoso y del cuerpo abatido la métrica del éxito— no ha sido pública y explícitamente desmontada de los manuales y prácticas de las Fuerzas Militares. El descenso abrupto de casos tras 2008 muestra que la voluntad política del mando puede modular la práctica, pero no equivale a una reforma estructural de la doctrina.

La tercera es memorial. La categoría "falsos positivos" se ha instalado en el vocabulario público colombiano como uno de los emblemas del horror del conflicto, comparable en peso a "desplazamiento forzado" o "masacre". Las madres de Soacha se han vuelto figuras reconocibles de la lucha por la verdad, y el 6 de octubre —fecha vinculada a la conmemoración de las víctimas— es una jornada que atraviesa el calendario cívico. Al mismo tiempo, sectores políticos importantes siguen disputando la caracterización de los hechos, presentándolos como excesos individuales antes que como un fenómeno sistémico, en una batalla por el sentido que se libra en medios, tribunales y campañas electorales.

La cuarta es analítica, y quizás la más incómoda. El body count colombiano muestra cómo una racionalidad burocrática —tableros, incentivos, métricas de desempeño— puede, en contextos de conflicto armado interno, doctrina de enemigo interno y presión política por resultados, producir un crimen masivo sin necesidad de una ideología genocida explícita. No hubo una orden única de matar civiles; hubo un sistema que hacía racional, desde el punto de vista de la carrera individual y la evaluación institucional, producir cuerpos y presentarlos como enemigos. Esa lección —que la administración eficiente de una guerra irregular puede desembocar en el asesinato sistemático de la propia población que se dice proteger— es la que el archivo del body count aporta, más allá de Colombia, a la historia contemporánea de la violencia estatal.

Y es también la razón por la que el sujeto sigue vivo, en el doble sentido de la palabra: como cicatriz que la sociedad colombiana no termina de suturar, y como advertencia sobre lo que puede volver a ocurrir si las métricas del combate vuelven a sustituir a la misión de proteger.