Justicia restaurativa

En Colombia, la justicia restaurativa dejó de ser una categoría académica para convertirse, entre 2016 y 2018, en la arquitectura misma del acuerdo que puso fin a más de medio siglo de guerra con las FARC-EP. No sustituye al castigo: lo complementa, lo condiciona, lo reconfigura. Su premisa es sencilla y difícil de digerir: la verdad y la reparación importan tanto como la sanción, y sin el reconocimiento de los responsables no hay reconstrucción posible de la vida en común. Sobre ese principio se erigió el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), que articula tres instituciones complementarias: la Jurisdicción Especial para la Paz juzga, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad esclarece y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas rastrea a quienes faltan. Ese engranaje es el ensayo de justicia transicional más exigente del hemisferio, y también uno de los más disputados. La justicia restaurativa colombiana no es un injerto foráneo ni una invención de La Habana: es la respuesta acumulada a los fracasos concretos de un experimento anterior, la Ley de Justicia y Paz de 2005, cuyos límites obligaron a rediseñar el pacto entre víctimas, victimarios y Estado.

Qué nombra la justicia restaurativa en Colombia

En su formulación técnica, la justicia restaurativa pone énfasis en atender las necesidades de las víctimas y en brindar a los responsables la oportunidad de reconocer sus actos y emprender acciones de reparación. No es una alternativa blanda al derecho penal: es un modelo que redistribuye el peso de la respuesta al crimen entre tres actores —víctima, victimario y comunidad— y desplaza la centralidad exclusiva del Estado como agente sancionador. En contextos de transición, su lógica se vuelve especialmente potente: donde el conflicto ha involucrado a miles de responsables y millones de víctimas, la sola punición retributiva colapsa por su propia escala.

Colombia adoptó este marco con una torsión particular. El Acuerdo Final de 2016 estableció, como orientación política, que las víctimas debían estar en el centro de la salida negociada, y esa consigna atravesó todo el diseño institucional posterior. El modelo restaurativo, en su versión colombiana, abre además una dimensión que la sanción penal no alcanza: permite conocer la verdad en voz de los propios responsables, contempla la reintegración social de quienes participaron en la violencia y ofrece a las políticas de reparación una doble función —recompensar pérdidas y restaurar el buen nombre de los difamados, pero también trabajar por un ideal de inclusión democrática que trate a los otros como iguales.

La reparación en Colombia no se piensa únicamente como transferencia material a víctimas individuales: se concibe como una operación política sobre la comunidad, un intento de recomponer la ciudadanía en un país donde el conflicto armado destruyó vínculos básicos entre regiones, clases y comunidades. La justicia restaurativa, en ese sentido, es también una hipótesis sobre la democracia colombiana.

La herencia de Justicia y Paz: aprender del fracaso

Antes de 2016, Colombia ya había ensayado un modelo transicional. La Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, fue aprobada por el Congreso en julio de ese año para regular la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, tras los diálogos adelantados en Santa Fe de Ralito, en Tierralta, Córdoba. El marco previo —la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 782 de 2002— solo permitía amnistía e indulto para delitos políticos y conexos, sin ofrecer salida jurídica a quienes estuvieran implicados en crímenes de lesa humanidad. La Ley 975 llenó ese vacío con un régimen de penas alternativas condicionado, en teoría, a la colaboración con la verdad y a la entrega de bienes para reparar.

El proyecto inicial había sido criticado por concentrarse en los victimarios y carecer de mecanismos de reparación. La ley aprobada incorporó garantías para las víctimas, pero las organizaciones de derechos humanos la calificaron desde el principio como una "ley de impunidad". Esa denuncia detonó una nueva ola de movilización política que colocó a las víctimas como sujetos activos del debate público. Los principales activistas de derechos humanos habían manifestado su oposición desde agosto de 2003, y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia se pronunció sobre el asunto. El derecho internacional —la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos vs. Perú (2001), el Estatuto de Roma— entró de lleno en el debate jurídico colombiano para fijar los límites de las amnistías por crímenes graves.

La singularidad del caso ya era visible entonces: Colombia aplicaba mecanismos propios de la justicia transicional sin cambio de régimen y sin terminación del conflicto armado. El resultado práctico de Justicia y Paz, sin embargo, fue mucho más problemático que su ambición normativa. Más de 31.000 personas se registraron como exparamilitares desmovilizados, cifra que superaba con creces los aproximadamente 15.000 integrantes reales de las AUC; el excedente incluía personas cercanas, familiares y presuntas vinculaciones irregulares. La zona de negociación de Ralito se convirtió en escenario de crisis de credibilidad cuando la revista Semana denunció la libertad y disposición con que los jefes paramilitares se movilizaban en vehículos de lujo.

Las cifras del proceso, con corte al 1 de diciembre de 2012, dibujan el vacío: 2.199 postulados habían confesado 39.546 hechos, de los cuales 3.551 —el 8,97%— correspondían a desaparición forzada. Las versiones libres, sin embargo, produjeron poca verdad efectiva: los postulados tendieron a presentarse de forma alejada de la realidad. La desaparición forzada, tortura y homicidio de Simón Efraín González Ramírez, entre otros casos, nunca fueron objeto de una investigación conforme a los estándares internacionales por parte de la Fiscalía de Justicia y Paz. Comandantes extraditados a Estados Unidos, como Tovar (alias 'El Toro'), siguieron negando responsabilidad plena y presentándose como combatientes políticos. Varios exintegrantes acogidos a la Ley 975 se rearmaron: un "ex 975" recibió esquema estatal de protección que habría sido utilizado para delinquir; en la región del Magdalena, la zona fue disputada con La Oficina Caribe.

Los jefes de las AUC, por su parte, consideraron incumplidos los acuerdos: esperaban reintegración política y social, apoyo económico, garantías de seguridad para sus familias y, sobre todo, evitar la extradición. Nada de eso se cumplió como imaginaban.

Ese balance —poca verdad, reparación marginal, reincidencia, ausencia de investigación seria— fue el material del que se aprendió. Cuando en 2012 se firmó el Acto Legislativo 001 —el Marco Jurídico para la Paz— y comenzaron los diálogos con las FARC en La Habana, el diseño del nuevo modelo transicional se construyó, en buena medida, para no repetir esos errores.

De La Habana al SIVJRNR: la arquitectura del posconflicto

El Marco Jurídico para la Paz de 2012 sentó las bases para reconfigurar el modelo transicional colombiano con un objetivo doble: facilitar la terminación del conflicto y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación en el mayor nivel posible. En las negociaciones de La Habana, encabezadas por Humberto de la Calle como jefe negociador del gobierno de Juan Manuel Santos, con Sergio Jaramillo en la conceptualización estratégica, y del lado de las FARC-EP por Iván Márquez y Rodrigo Londoño ("Timochenko"), los juristas buscaron alcanzar el máximo de justicia sin sacrificar la paz, respetando los tratados internacionales y la Constitución colombiana.

El Acuerdo Final de 2016 tradujo esa fórmula en un sistema integral. La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y comenzó a operar en 2018. El 15 de enero, el presidente Santos posesionó a treinta magistrados y magistradas y al Director de la Unidad de Investigación de la JEP, en un acto que su primera presidenta, Patricia Linares, calificó como el hecho que sellaba la primera etapa del proceso de creación. Junto a la JEP se pusieron en marcha la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Los tres componentes se pensaron como piezas complementarias del SIVJRNR: funciones distintas, información compartida, esfuerzos coordinados.

La JEP se estructuró alrededor del Tribunal para la Paz, órgano de cierre integrado por veinte magistrados y cuatro amicus curiae con función consultora. El sistema contempla la eventual creación de una Sección de Estabilidad y Eficacia encargada de garantizar el cumplimiento de las decisiones. Su lógica de trabajo es la macrocriminalidad: investigar patrones, redes y contextos antes que responsabilidades individuales aisladas, un giro metodológico que apunta directamente a corregir el fraccionamiento y las limitaciones del enfoque anterior. Los macrocasos priorizados incluyen el Caso 01 sobre secuestro cometido por las FARC-EP, el Caso 02 sobre la situación territorial de Nariño, el Caso 03 sobre los mal llamados "falsos positivos" —las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate— y el Caso 04 sobre la situación territorial de Urabá, entre otros.

El diseño resolvió jurídicamente una cuestión que en Justicia y Paz había quedado abierta: la relación entre beneficios penales y colaboración efectiva. En el nuevo modelo, la gradación de sanciones depende del momento y la profundidad del reconocimiento de responsabilidades. Santos defendió públicamente que esto no constituye impunidad sino un régimen sancionatorio especial para la transición, con penas de entre 15 y 20 años según el grado de colaboración. Las sanciones propias —las restaurativas— exigen trabajos, obras o actividades con contenido reparador, sujetos a verificación, y se aplican solo a quienes reconocen verdad plena y responsabilidad temprana. Quienes no colaboren enfrentan penas ordinarias.

Ese aprendizaje respecto a Justicia y Paz también aparece en el papel central de las víctimas. La Ley 1448 de 2011 —conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras— había desplazado ya el énfasis del desmovilizado a la víctima, ofreciendo mecanismos institucionales para identificar y reparar los daños. El Acuerdo de 2016 recogió esa evolución y reconoció, además, el impacto diferenciado del conflicto sobre pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, población LGBT, personas desplazadas, defensores de derechos humanos y sindicalistas.

Los encuentros: verdad, silencio y humanidad redimida

Lo que distingue radicalmente al modelo restaurativo colombiano de los procesos anteriores es la práctica del encuentro cara a cara entre víctimas y responsables. La Comisión de la Verdad acompañó en los territorios veinticinco procesos de reconocimiento voluntario de responsabilidades, en los que se desarrollaron diálogos privados y públicos sobre los daños causados. Esos encuentros no fueron rituales cerrados: fueron espacios donde la Comisión pudo comprender cómo el conflicto armado modificó la cotidianidad de familias y comunidades.

El material que quedó de esos diálogos es incómodo y revelador. Se evidenciaron silencios cargados de vergüenza de los responsables. Tensión ante las preguntas sobre los porqués de la barbarie. Ausencia de respuestas cuando quienes las conocían habían muerto en la guerra. La verdad, en la práctica, no llegó como confesión limpia sino como fragmento, contradicción, evasiva y ocasional epifanía. Hubo, en algún encuentro, la "humanidad redimida" de un perpetrador que emprendió por cuenta propia una labor de memoria y contrición. Ese hallazgo —raro, no generalizable, pero real— es lo que la justicia restaurativa persigue: no la simulación del arrepentimiento sino su emergencia efectiva, con las cicatrices que trae.

En el Caso 01, la Sala de Reconocimiento remitió al Tribunal para la Paz a exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC-EP por el secuestro, y aprobó el proyecto de sanción presentado por los comparecientes, elaborado a partir de propuestas de las víctimas, con consideraciones sobre justicia restaurativa y enfoques diferenciales. El detalle es significativo: son las víctimas quienes proponen las líneas de reparación, y son los responsables quienes deben ejecutarlas bajo verificación. La sanción deja de ser un tiempo pasado en cárcel para convertirse en un trabajo activo sobre el daño causado.

La Comisión de la Verdad, por su parte, reconoció desde su marco conceptual que sus verdades son fragmentarias y condicionadas —afirmaciones sobre la hipótesis que mejor explica los hechos, no verdades forenses ni judiciales—, pero sostuvo que aun así exigen decisiones éticas y políticas plasmadas en recomendaciones de no repetición. Su informe final, entregado en 2022, reúne un amplio conjunto de textos y materiales que constituyen hoy el archivo más denso sobre lo ocurrido en Colombia. La Unidad de Búsqueda, en paralelo, enfrenta un desafío inmenso: la búsqueda de personas desaparecidas supera los 110.000 casos y se extiende por lo menos desde 1982. El fenómeno de "los desaparecidos que se vuelven a perder" —cuando se interrumpe el diálogo entre familiares e instituciones encargadas— es la amenaza permanente sobre ese trabajo.

La raíz territorial: prácticas restaurativas antes del Acuerdo

Sería un error leer la justicia restaurativa colombiana como un dispositivo puramente institucional descendente. Antes de La Habana, y muchas veces al margen de las políticas nacionales, comunidades de todo el país habían ensayado formas propias de reparación, convivencia y paz local. El SIVJRNR se apoya en ese sustrato aunque no siempre lo reconozca del todo.

La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), en Santander, constituyó desde los años ochenta una opción de paz territorial frente a la imposición del orden paramilitar: se organizó comunitariamente y sostuvo formas autónomas de vida digna al margen de los circuitos económicos impuestos por los armados. Los paramilitares respondieron con el asesinato sistemático de sus líderes. La violencia contra la ATCC dejó claro que estas experiencias no eran ornamentales: eran amenazas concretas al proyecto de dominación armada, y por eso se las combatía como tales.

Las Escuelas de Perdón y Reconciliación, iniciadas en el año 2000 por el padre Leonel Narváez en catorce ciudades, se propusieron no olvidar la violencia sino "recordar con ojos diferentes": una práctica interpersonal y comunitaria que anticipó, en clave espiritual y pedagógica, muchas de las ideas que después institucionalizaría el SIVJRNR. En paralelo, experiencias como el territorio de paz de Samaniego (Nariño) o la Asamblea Constituyente de Mogotes (Santander) en 2004 mostraron los límites y las tensiones de la democracia comunitaria frente a la representación institucional formal.

El caso de El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar en los Montes de María, condensa esa gramática de la reparación desde abajo. Tras la masacre del año 2000 —una de las más atroces del conflicto—, los sobrevivientes volvieron a habitar los espacios públicos marcados por el terror: restituyeron las fiestas patronales y, en 2009, las fiestas de San Juan, con carreras de caballos y cabalgatas. El cineclub itinerante "La Rosa Púrpura del Cairo", del proyecto "Cinta de Sueños" del Colectivo de Comunicaciones Siglo XXI, proyectó películas en la cancha del corregimiento tras el retorno de 2002, y se convirtió en uno de los emprendimientos más importantes de rehabilitación simbólica del territorio. Bajo esa misma lógica se promovieron acuerdos de convivencia y buen vivir en varios lugares del país; el Pacto Juvenil por la Verdad del Meta y los "diálogos de improbables" en Sucre, donde el 27 de julio de 2021 se reunieron once familias de jóvenes asesinados y presentados ilegítimamente como bajas en combate, forman parte del mismo tejido.

Estas iniciativas comparten un patrón: son vibrantes durante un tiempo y luego pierden intensidad, enfrentando tensiones internas o roces con las estructuras institucionales formales. Su fragilidad no anula su valor. Constituyen la memoria práctica de que la reparación puede pensarse desde abajo, en la escala del vecino y el vecindario, aun cuando el Estado nacional no la garantice.

Una segunda genealogía atraviesa este mismo terreno: la justicia indígena. En la región Wayuu de La Guajira, la comunidad prefiere resolver sus conflictos internamente y percibe su sistema como orientado al aprendizaje y la compensación, en contraste con el sistema nacional que asocian principalmente con el encarcelamiento —tres días en prisión, dicen, no producen cambio porque no hay espacio para reflexionar. Las autoridades locales y la policía reconocen y respetan ese sistema propio, absteniéndose de intervenir en los conflictos internos. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) lista la Justicia Propia como uno de sus programas dentro de la estructura organizativa, y la Guardia Indígena opera dentro del sistema de gobierno propio de los pueblos del Cauca como mecanismo de posicionamiento territorial, cultural y político. Estas experiencias no fueron incorporadas mecánicamente al SIVJRNR, pero conviven con él y le recuerdan que la reparación comunitaria no es una invención de la transición: es una tradición viva en varios pueblos del país.

La disputa política: impunidad, legitimidad, resistencia

Ningún elemento del posconflicto ha sido tan atacado políticamente como la JEP y, con ella, el modelo restaurativo en su conjunto. Álvaro Uribe Vélez declaró públicamente que el Acuerdo de 2016 es de "impunidad total" y sostuvo que viola la Constitución colombiana y normas internacionales como el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa lectura, sostenida por el Centro Democrático y por el gobierno de Iván Duque, no fue un desacuerdo técnico: fue un asalto sistemático a la legitimidad del sistema.

Santos respondió que no hay impunidad sino un régimen sancionatorio especial, con sanciones sujetas al grado de colaboración. Recordó, además, un dato incómodo para sus críticos: en procesos de paz anteriores, guerrilleros desmovilizados recibieron toda clase de beneficios jurídicos e incluso llegaron a altos cargos públicos, mientras militares que los combatieron terminaron pagando largos años de cárcel; el Acuerdo de 2016 buscó corregir esa asimetría. Desde las Fuerzas Militares, argumentos como los del general Nova defendieron un tratamiento especial, simétrico y diferenciado para los miembros de la fuerza pública, una posición que la JEP acogió al incorporar a agentes del Estado en sus macrocasos con el mismo estándar de reconocimiento y sanción.

El uribismo ejerció una presión constante para excluir a la guerrilla desmovilizada de la competencia política, exigiendo cárcel antes que curules. El Centro Democrático, con el respaldo del presidente Duque, lanzó una doble campaña: señalar a los miembros de la guerrilla como violadores en masa de niños e imponer penas drásticas —cadena perpetua o pena de muerte en algunas versiones— a los violadores de menores. El mensaje que vinculaba ambas campañas era deliberadamente legible. Sufrieron reveses parciales asociados a la impopularidad del presidente, pero no fueron abandonadas.

El caso de Jesús Santrich —Seuxis Peucos Hernández Solarte— ilustró la fragilidad institucional del sistema frente a estas presiones. La Sección de Revisión del Tribunal debía verificar si los hechos imputados ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016; si eran posteriores, el caso debía remitirse a la jurisdicción ordinaria sin excluir la extradición. El procedimiento, técnicamente impecable, se convirtió en un frente político de erosión permanente.

El gobierno Santos había adoptado, en la negociación misma, una actitud selectiva frente al régimen internacional de derechos humanos: sin rechazarlo, hizo públicos los puntos de desencuentro y solicitó tratamiento diferenciado, especialmente frente al papel de la Corte Penal Internacional en el diseño del esquema de justicia transicional. Esa selectividad —imprescindible para cerrar la negociación— dejó al modelo expuesto a la crítica de quienes lo leyeron como excepción indebida al derecho internacional. Y a la crítica de sentido contrario: el sistema judicial colombiano ha sido acusado de negarse reiteradamente a investigar los crímenes de agentes directos e indirectos del Estado como crímenes de lesa humanidad, en violación del Derecho Internacional Consuetudinario. Entre esas dos presiones opuestas —para la derecha, exceso de blandura; para las organizaciones de víctimas, insuficiencia estructural— se ha movido la implementación del modelo.

Pese a todo, las críticas ideológicas de derecha no impidieron que la CEV y la JEP cumplieran sus objetivos y tareas principales. La convergencia social es más amplia de lo que sugiere el ruido político: amplios sectores encuestados en Colombia coinciden en la primacía de los derechos de las víctimas, la importancia del esclarecimiento, la necesidad de impartir justicia ante graves violaciones y el rechazo a las formas más graves de violencia. Sobre ese consenso silencioso —no militante pero real— se sostiene el sistema.

Lo que queda, lo que falta

La justicia restaurativa colombiana es, hoy, la síntesis institucional más elaborada que ha producido el país para tramitar su conflicto. Aprendió de los déficits de Justicia y Paz, adoptó el enfoque de macrocriminalidad, articuló verdad, justicia y búsqueda de desaparecidos en un sistema coordinado, y absorbió con desigual éxito tradiciones comunitarias e indígenas de reparación que la precedían. Logró, además, algo poco frecuente: que un actor armado del tamaño de las FARC-EP se sometiera voluntariamente a un tribunal capaz de imponerle sanciones y publicar sus responsabilidades.

Los déficits, sin embargo, no son marginales. La disposición real de los responsables a la verdad plena sigue siendo voluntaria y parcial: los silencios cargados de vergüenza, la ausencia de respuestas sobre los porqués, la tendencia autoexculpatoria que ya se había visto en Justicia y Paz, reaparecen ahora en escala mayor. La reparación efectiva —material, simbólica, comunitaria— avanza con lentitudes que las víctimas registran con desesperación. La búsqueda de más de 110.000 desaparecidos, en cementerios, laderas y fosas comunes, sigue siendo una carrera contra el tiempo, la muerte biológica de los testigos y el desmantelamiento institucional. El SIVJRNR sobrevivió al gobierno de Duque, pero las presiones no cesaron. Y las prácticas restaurativas territoriales siguen expuestas a la violencia de nuevos actores armados y a la fatiga de las comunidades que las sostienen.

Se ha solicitado a la JEP la apertura de un caso nacional sobre violencias de género que arroje sanciones y active mecanismos de verdad, justicia y reparación para mujeres y personas LGBTIQ+, en reconocimiento de una dimensión del conflicto que ha permanecido en penumbra. Se ha recomendado que la Unidad de Búsqueda cuente con autonomía presupuestal y organizativa, que sus requerimientos sean vinculantes para otras instituciones, que pueda operar regionalmente. Estas discusiones abiertas son la evidencia de que el modelo sigue vivo: se le pide más porque se cree que puede dar más.

La justicia restaurativa en Colombia no cerró el conflicto ni resolvió sus causas. Tampoco hizo justicia plena ni evitó el rearme parcial. Lo que hizo fue cambiar el lenguaje con el que un país se pregunta qué hacer con su propia guerra: instalar que la verdad —aunque fragmentaria, aunque incómoda, aunque insuficiente— es una obligación política y no un lujo. Ni perdón total ni castigo retributivo pleno: un híbrido incómodo cuya fragilidad explica sus límites y cuya novedad explica su alcance. Cerró, con costuras visibles, un conflicto largo y con múltiples responsables; dejó al descubierto, en el mismo gesto, lo poco que estaba resuelto antes y lo mucho que queda por resolver todavía.