El plebiscito del 2 de octubre de 2016

El plebiscito del 2 de octubre de 2016

¿Por qué una sociedad que había padecido más de medio siglo de conflicto armado rechazó por vía democrática el acuerdo que ponía fin a esa guerra?

El 2 de octubre de 2016, Colombia hizo algo que ninguna otra sociedad había hecho antes: sometió a votación popular el acuerdo que terminaba con su propia guerra. Ganó el No por 50,2% contra 49,8%, una diferencia de poco más de cincuenta mil votos con abstención cercana al 73%, la más alta en veintidós años. El resultado sorprendió a las encuestadoras, al gobierno de Juan Manuel Santos y a la propia campaña del No, que no esperaba ganar. Aquella noche quedó suspendido —y de algún modo lo sigue estando— un enigma que se ha vuelto pregunta fundacional de la Colombia contemporánea. Entre las operaciones de mayo de 1964 contra Marquetalia y la firma en Cartagena unos días antes del plebiscito median cinco décadas de guerra; en la urna, sin embargo, ganó el rechazo. La pregunta no admite respuesta única. Admite una anatomía de las causas concurrentes y una jerarquía razonada entre ellas.

Responderla no es un ejercicio arqueológico. La forma en que se conteste determina qué se cree posible en materia de paz negociada, qué papel se le atribuye a la deliberación ciudadana en decisiones de gran calado y qué diagnóstico se emite sobre la sociedad colombiana. Si el rechazo fue un accidente comunicativo —desinformación, mala pedagogía, un texto de casi 300 páginas ilegible para el ciudadano promedio—, la lección es técnica y reparable. Si fue la victoria de los afectos del odio sobre el cálculo estratégico, la conclusión es más sombría: la deliberación racional que supone la democracia liberal encuentra un límite en las emociones movilizadas de sociedades polarizadas. Si fue una fractura estructural entre la Colombia que padeció la guerra y la que la observó desde lejos, el problema es de larga duración y desborda el ciclo 2012-2016. Si fue la incompatibilidad entre las expectativas ciudadanas de castigo y los modelos internacionales de justicia restaurativa, el diagnóstico apunta a una tensión no resuelta en el propio derecho global de posconflicto. Cada lectura carga con una teoría implícita del país. Y cada una encuentra apoyo empírico.

Al menos siete lecturas compiten por explicar el resultado, y ninguna es completamente falsa. Hay una que sitúa el peso en los afectos: en sociedades polarizadas, la paz se decide más por sentimientos hacia el adversario que por el contenido del acuerdo, y la campaña del No, según las herramientas que ella misma exhibió, se organizó alrededor de la exasperación del rencor, el estímulo de la revancha, la exigencia del castigo y la divisa de que el fin justifica los medios. Otra lectura pone el acento en la política religiosa-cultural: redes conservadoras y evangélicas se movilizaron con eficacia contra el enfoque de género del Acuerdo, imponiendo una agenda moral sobre el cálculo estratégico de paz. Una tercera detecta una incompatibilidad estructural entre las expectativas ciudadanas de castigo retributivo —cárcel efectiva, pérdida de derechos políticos— y los modelos de justicia restaurativa consagrados en el sistema pactado en La Habana. Otra advierte que una negociación elitista, tramitada en Cuba durante cuatro años sin pedagogía territorial, produjo un acuerdo con alta legitimidad técnica pero frágiles bases sociales. Una quinta lee el rechazo como reiteración de un patrón histórico: las salidas al conflicto colombiano se han decidido desde centros urbanos que no lo padecen, replicando el divorcio entre la Colombia rural y la urbana. Una sexta reformula esa fractura en clave de sufrimiento: la guerra fue soportada por una minoría rural mientras la mayoría urbana operó con cálculos morales abstractos, lo que cuestiona la idea intuitiva de que padecer la violencia produce apoyo automático a la paz. Y hay una séptima, más específica, que argumenta que la negación discursiva del conflicto en regiones como el Eje Cafetero —el mito del "remanso de paz", el clientelismo, la influencia uribista consolidada— predispuso al rechazo del Acuerdo incluso allí donde la guerra había estado más cerca de lo que la memoria regional admitía.

Detrás de estas lecturas se juega otra más incómoda, que las atraviesa: la coalición del No no fue solo una movilización emocional o cultural, sino la expresión política de intereses estructurales concretos. El Centro Democrático, sectores del Partido Conservador, franjas del gran empresariado industrial, organizaciones rurales de grandes propietarios y liderazgos religiosos conservadores encontraron en la campaña un vehículo para bloquear un acuerdo cuyo punto 1 —sobre reforma rural integral— evocaba el patrón histórico de resistencia al reordenamiento de la tierra que ya había desactivado la reforma de Alfonso López Pumarejo en 1936 y la de Carlos Lleras Restrepo en los sesenta, revertida esta última por el Pacto de Chicoral. Los mecanismos de la desinformación funcionaron porque había una infraestructura política, empresarial e institucional dispuesta a activarlos.

La tesis del predominio afectivo tiene a su favor la propia estrategia declarada del No. Cuando Juan Carlos Vélez Uribe, gerente de la campaña, reveló públicamente en octubre de 2016 los métodos empleados —incluida la calibración del mensaje según el nivel de indignación buscado en cada segmento—, Álvaro Uribe lo reprendió, pero el daño reputacional ya estaba hecho: la campaña había admitido operar sobre emociones, no sobre argumentos. El Consejo de Estado, en diciembre de 2016, habló de "engaño generalizado". Circularon en redes sociales fórmulas breves diseñadas para el reflejo, no para la deliberación: la más citada, la que aseguraba que cada guerrillero recibiría 1.800.000 pesos mensuales, cuando el Acuerdo estipulaba el 90% del salario mínimo durante 24 meses condicionado a no tener empleo. Las cifras se inflaban maliciosamente en cada reenvío. El resultado sorpresivo —menos de una hora después del cierre de las urnas ya había datos parciales que hundieron el ánimo del Sí— sugiere que las encuestas no captaron la magnitud del rechazo emocional acumulado, quizás porque ese rechazo no se articulaba en el lenguaje del cálculo político sino en el de la indignación moral.

La tesis religioso-cultural encuentra soporte en la composición misma de la coalición del No: junto al Centro Democrático y a sectores empresariales, se articularon organizaciones sociales y religiosas de ideología conservadora y antisubversiva. La ofensiva contra el enfoque de género del Acuerdo —presentado como "ideología de género" que amenazaba la familia tradicional— movilizó pastorados evangélicos y sectores católicos conservadores encabezados por figuras como Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez. Es significativo, sin embargo, que en la renegociación posterior estos temas fueran rápidamente abandonados por los propios voceros del No, mientras se concentraban en justicia transicional y participación política. La agenda religioso-cultural fue eficaz para movilizar votos pero secundaria en la jerarquía real de intereses de la coalición: arma de campaña, no núcleo programático.

La tesis de la incompatibilidad estructural entre castigo y justicia restaurativa se apoya en el propio argumento central del No, articulado por Uribe: no oponerse a la paz, sino a la impunidad. La justicia entendida como castigo retributivo era, en esa lectura, precondición de la paz. Uribe y sus seguidores rechazaban cualquier forma de sanción que no implicara cumplir penas en establecimientos carcelarios estatales. Las FARC-EP, por su parte, habían aceptado en el Acuerdo Final un sistema de justicia restaurativa que garantizaba amnistía por delitos no constitutivos de lesa humanidad, declaraciones exhaustivas de verdad y presencia en el Congreso. Ambas posiciones se cimentaban, de manera notable, en el mismo ordenamiento jurídico transnacional antiimpunidad: el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, la Convención Americana, la Corte Interamericana. Sí y No citaban los mismos textos para conclusiones opuestas. Una encuesta sobre Justicia y Paz reveló que mientras el 71% de los expertos apoyaba rebajas de penas condicionadas a verdad y reparación, las víctimas organizadas y la población general estaban mucho más divididas. La distancia entre la sensibilidad técnica del derecho transicional y la intuición ciudadana sobre lo que "hace" la justicia era real, no fabricada.

La tesis del elitismo negociador tiene evidencia contundente. El proceso de La Habana se diseñó como una mesa reservada entre delegaciones —encabezadas por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo del lado gubernamental, y por Iván Márquez del lado de las FARC—, con acompañamiento internacional pero sin participación ciudadana directa. La ciudadanía recibió un texto de casi 300 páginas, cargado de tecnicismos, en un país cuyo lector promedio consume 1,9 libros al año. El Kroc Institute lo evaluaría después como el acuerdo más integral del mundo, el que ofrecía mayor probabilidad de gestar una paz sostenible. Pero esa legitimidad técnica no se traducía en legitimidad política. Un interlocutor cercano a Santos reconocería después que convocar el plebiscito fue un error: se apostó todo a una votación popular cuando existían vías alternativas de ratificación. La motivación declarada del presidente había sido otorgar al Acuerdo máxima legitimidad democrática frente a la oposición uribista; el efecto fue el opuesto.

La tesis de la fractura territorial se sostiene en el mapa electoral. El Sí ganó donde la guerra había estado: en el Cauca, Nariño, Putumayo, Chocó, en municipios del Urabá antioqueño, en Bojayá —escenario en 2002 de una de las masacres emblemáticas del conflicto—, en los Montes de María, en el Caquetá y el Meta, en las zonas donde las FARC habían operado y donde la población había padecido secuestros, desplazamientos, minas antipersonal y hostigamientos. El No ganó en los grandes centros urbanos que decidieron el resultado y en regiones como el Eje Cafetero, donde la narrativa oficial regional había cultivado durante décadas el mito de ser un "remanso de paz" ajeno al conflicto, narrativa desmentida por la presencia real de actores armados en Caldas, Quindío y Risaralda pero eficaz para desactivar la solidaridad regional con las víctimas del resto del país. La paradoja regional es doble: la zona cafetera sí había padecido presencia de frentes de las FARC, corredores de narcotráfico, presencia paramilitar y desplazamientos internos, pero la memoria pública organizada por élites regionales, medios locales y estructuras clientelares con fuerte influencia uribista negaba esa historia. Esa negación operó políticamente contra los intereses de las propias víctimas locales, que quedaron sin representación en el discurso dominante. La correlación es demasiado nítida para ser accidente: quienes habían visto a las FARC de cerca votaron por terminar la guerra; quienes las habían visto por televisión votaron por castigarlas.

La tesis de la larga duración conecta el resultado con la trayectoria del país. Desde el fracaso del Caguán en 2002 y el ascenso electoral de Uribe ese mismo año —construido explícitamente sobre la promesa de aniquilamiento militar de las FARC—, una parte significativa de la sociedad colombiana había interiorizado la ecuación de que solo la derrota total del enemigo constituía paz legítima. Los golpes militares de 2010 y 2011 a la cúpula de las FARC, la muerte de Alfonso Cano, el debilitamiento estratégico de la guerrilla y el fortalecimiento del Estado alimentaron la percepción de que negociar era ceder cuando se podía ganar. El uribismo no inventó ese sentimiento: lo canalizó. Pero al canalizarlo, lo institucionalizó como corriente política estable, con peso en las estructuras del poder social y económico superior al que reflejaban las urnas y los sondeos.

Ninguna de estas lecturas basta por sí sola, pero no todas pesan igual. Lo que mejor explica el 2 de octubre es la convergencia entre una fractura territorial de larga duración y una coalición política articulada por el uribismo, en la que los intereses estructurales de élites opuestas al Acuerdo —empresariales, rurales, políticas— encontraron resonancia masiva en una sociedad urbana cuyo régimen moral hacía genuinamente incomprensible la justicia restaurativa. La desinformación y la campaña afectiva fueron el puente entre esas dos capas, no su motor autónomo. La pedagogía territorial fallida fue síntoma, no causa: no habría bastado, aunque hubiera sido perfecta, para reconciliar expectativas de castigo con un modelo transicional cuya lógica exige, por definición, renunciar al castigo pleno a cambio de verdad, reparación y no repetición.

El plebiscito no se perdió el 2 de octubre. Se perdió antes, en la acumulación de procesos que confluyeron en la urna: la construcción de una cultura política del aniquilamiento, sedimentada desde 2002 y con raíces más antiguas en la incapacidad histórica de la sociedad colombiana para distinguir entre victoria militar y solución política del conflicto; el peso persistente de una geografía política que separa a la Colombia rural que padece la guerra de la Colombia urbana que la decide, patrón visible desde la Violencia (1948-1958) y sus transformaciones en los años sesenta, cuando la aparición de nuevos actores como la clase media urbana bajo influencia de la Revolución Cubana amplió el conflicto sin cerrar la fractura territorial original; y el diseño mismo de un proceso de paz que, por razones defendibles —proteger la negociación de la interferencia política doméstica—, se tramitó lejos del país al que iba a transformar, con la esperanza de que un plebiscito final lo legitimara desde arriba.

Sobre esa base estructural, la coalición del No hizo lo que las coaliciones políticas hacen: convertir sentimientos difusos en votos duros mediante mensajes calibrados. La política religiosa-cultural aportó una tropa movilizada por convicción y no por cálculo. La política afectiva aportó un lenguaje —el del rencor, la revancha, el castigo— que resonaba en sectores urbanos alejados del conflicto pero saturados de la narrativa uribista sobre las FARC. Los intereses estructurales aportaron la financiación, la infraestructura mediática y la coordinación institucional. El resultado no fue el triunfo de una causa, sino la coincidencia eficiente de varias, en un país donde el gobierno había subestimado sistemáticamente la magnitud de lo que enfrentaba.

Hay que decir algo más sobre la tesis del sufrimiento y el apoyo a la paz, porque es contraintuitiva pero decisiva. La idea intuitiva —quien más ha sufrido la guerra más debería querer terminarla— resultó parcialmente falsa. Fue verdadera en el sentido territorial: los municipios que padecieron el conflicto directamente votaron Sí. Fue falsa en el sentido nacional: la mayoría del país, que no padeció la guerra en carne propia sino a través de los medios y del discurso político, operó con cálculos morales abstractos que resultaron más severos que los de las propias víctimas directas. En La Habana, un sector reducido de víctimas de la guerrilla se marginó del proceso por considerar que debían tener trato privilegiado sobre otras víctimas. Pero la participación plural y diversa de víctimas en el proceso fue mayoritariamente favorable al Acuerdo. Fueron los que no habían perdido a nadie quienes exigieron más castigo. Esa inversión —observadores más punitivos que víctimas— matiza gravemente cualquier teoría lineal sobre la relación entre experiencia del daño y disposición a la paz.

Tras la derrota se abrió una ronda de renegociación con los voceros del No en la que, significativamente, los temas de la campaña se recompusieron. La ideología de género, movilizadora en las urnas, desapareció rápidamente de la agenda. Tomaron fuerza, en cambio, la justicia transicional y la participación política de excombatientes acusados de crímenes graves: los intereses reales de la coalición articulada por el uribismo. El acuerdo modificado fue sometido al Congreso, no a un nuevo plebiscito, por la vía del procedimiento legislativo especial para la paz —el llamado fast track—, cuya primera prueba fue la Ley de Amnistía. Humberto de la Calle defendería después que el sistema plebiscitario había funcionado: el primer acuerdo fue rechazado y modificado de fondo, y por eso no hubo engaño al ratificar el segundo por vía legislativa.

El año 2017 sería descrito como el más tranquilo vivido en Colombia en medio siglo. Pero la paz no fue pacífica: en los primeros cinco años tras la firma, más de 300 excombatientes de las FARC-EP fueron asesinados, y continuaron los asesinatos de líderes sociales y defensores del territorio. El posconflicto heredó las mismas tensiones que el plebiscito había hecho visibles: una sociedad dividida entre quienes rechazaban los términos de justicia y participación política acordados y quienes los respaldaban como instrumento de transformación.

Quedan flancos abiertos. Uno se refiere al peso relativo de los factores identificados: la evidencia sostiene la explicación combinada aquí propuesta, pero no permite precisar con exactitud cuánto pesó cada componente en el margen de cincuenta mil votos que definió el resultado. Otro lo abre la comparación internacional: si en Sudáfrica la Comisión de la Verdad y la Reconciliación operó sin el filtro plebiscitario, si en Irlanda del Norte el Acuerdo de Viernes Santo se ratificó por referendo pero con las partes construyendo pedagogía territorial durante meses, si en Guatemala los acuerdos de 1996 no fueron sometidos a votación popular, la pregunta sobre si Colombia debió incluir un plebiscito sigue siendo válida y sin respuesta cerrada. Un tercero: el vínculo entre las FARC y el narcotráfico, que desde 1993 las había inscrito en la fase de la guerra alejándolas de sus motivaciones revolucionarias originales, deterioró su legitimidad política de forma tal que ningún acuerdo, por generoso que fuera con las víctimas, podría haberla restituido a los ojos de la Colombia urbana. Cuánto pesó esa deslegitimación previa —acumulada durante dos décadas— en el voto del 2 de octubre es una pregunta que la evidencia no permite dirimir con precisión.

El 2 de octubre de 2016 mostró que una sociedad puede padecer más de medio siglo de conflicto armado y, al ser convocada a decidir sobre su terminación, decidir mayoritariamente en contra —por márgenes estrechos, con abstención masiva, pero decidir en contra—. Ese resultado no invalida la paz negociada ni desmiente la posibilidad de la transición: el Acuerdo modificado se implementó por vía legislativa y ha producido efectos verificables. Pero obliga a revisar el supuesto de que la información suficiente y la pedagogía adecuada bastan para que un pueblo elija racionalmente lo que le conviene. En Colombia, ese supuesto encontró sus límites. La paz no se firma solamente: se sedimenta, o no se sedimenta, en el terreno lento de los marcos morales compartidos. Ese terreno, en Colombia, sigue disputado.