Colonización armada y frontera agraria (1958–1974)

Colonización armada y frontera agraria (1958–1974)

Entre el final de La Violencia y el Pacto de Chicoral, Colombia hizo con su territorio lo que no supo hacer con su tierra: en vez de repartir las hectáreas fértiles del interior andino, empujó a los campesinos expulsados por la guerra bipartidista hacia los baldíos del piedemonte amazónico, la altillanura, el Magdalena Medio y el Sarare. Esa expansión de la frontera agraria fue, a la vez, política agraria de facto, salida demográfica y política contrainsurgente por omisión. En sus zonas más densas —Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero, Sumapaz— la apertura del monte se hizo con hacha y con fusil: colonos que huían de la violencia bipartidista se organizaron en autodefensas campesinas de orientación comunista, y el Estado, incapaz de redistribuir tierra y decidido a recuperar soberanía sobre lo que un senador llamó "repúblicas independientes", respondió con la Operación Marquetalia de 1964. De ese cruce entre colonización, despojo reiterado y guerra contrainsurgente nacieron las FARC, y también algo más ancho: un modo de poblar el país en el que la frontera producía simultáneamente campesinado y grupos armados. Cuando el Pacto de Chicoral, en enero de 1972, cerró la puerta a la reforma agraria redistributiva, esa maquinaria quedó funcionando sola durante las décadas siguientes.

La Violencia fue una hemorragia demográfica antes que una guerra política. Entre 1946 y 1958, el enfrentamiento entre liberales y conservadores dejó más de 200.000 muertos y desplazó a cerca de dos millones de personas. Las parcelas agrarias abandonadas o arrebatadas llegaron a 393.648, concentradas en el Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima, el Antiguo Caldas y Norte de Santander —el corazón cafetero del país—. A las cifras de muerte hay que sumarles las de fuga: hasta 1961, alrededor de 800.000 colombianos habían cambiado de residencia dentro del país huyendo del conflicto, y otros 150.000 habían cruzado la frontera hacia Venezuela.

Aquello no fue solo violencia política. En las zonas cafeteras se produjo una revancha terrateniente: una represalia diferida contra las luchas agrarias de los años veinte y treinta, en las que el Partido Comunista Colombiano había organizado a colonos y arrendatarios en Sumapaz, el sur del Tolima y el oriente cundinamarqués. Las muertes y los desplazamientos se intensificaban en época de cosecha; notarios y especuladores participaban activamente en las ventas forzadas; el robo de cultivos y animales acompañaba al despojo. La guerra bipartidista funcionó, en muchos lugares, como el instrumento con el que la propiedad rural se reconcentraba.

El país que salía de esa hemorragia estaba, además, urbanizándose a marchas forzadas. Para 1958, Bogotá y Medellín superaban los dos millones de habitantes, Cali y Barranquilla el millón. Los campesinos expulsados no cabían todos en las ciudades: engrosaron tugurios, filas guerrilleras y oleadas de colonización espontánea hacia las zonas de frontera. Entre 1947 y 1962, la Amazonia occidental colombiana recibió uno de los flujos migratorios más importantes de su historia. Miles de campesinos del interior andino atravesaron la cordillera para abrir monte en el Caquetá, el Putumayo, el Ariari, el Guayabero y el piedemonte llanero. Allí, en tierras que el Estado consideraba baldíos y que llevaban décadas siendo escenario de colonizaciones informales, empezaron a instalarse comunidades enteras cuya historia previa era el desalojo.

La primera gran prueba de que esa colonización llevaba impresa una dimensión bélica ocurrió en 1955, cuando el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla lanzó la ofensiva militar conocida como la "guerra de Villarrica" contra los núcleos de resistencia campesina del oriente del Tolima. La operación no exterminó a los combatientes: los empujó. De Villarrica salieron columnas de marcha organizadas —campesinos armados con sus familias, sus mulas y sus semillas— que descendieron por las vertientes de la cordillera Oriental hasta fundar colonias en el río Guayabero, el Ariari y El Pato. Parte de los desplazados regresó; otra parte se quedó abriendo trocha en lo que sería, durante las tres décadas siguientes, el corazón geográfico del conflicto colombiano.

Ese proceso —fuga militar convertida en apertura de frontera agrícola— es lo que se conoce como colonización armada. Nicolás Buenaventura, intelectual del PCC, anticipó el concepto en 1962 al escribir que "la colonización y la lucha de autodefensa armada se han entrelazado multitud de veces". La fórmula describía con precisión un hecho: en ciertas zonas de frontera, la comunidad campesina que abría el monte, sembraba yuca y plátano y construía trochas hacia el mercado más cercano era también la comunidad que organizaba turnos de guardia, escondía armas y respondía militarmente a las incursiones del Ejército y a las razias de los pájaros conservadores.

Con la instalación del Frente Nacional en 1958, la mayoría de las guerrillas liberales entregó las armas —Guadalupe Salcedo lo había hecho ya en los Llanos en 1953—, pero las guerrillas comunistas no se desmovilizaron. El PCC orientó a sus grupos hacia una modalidad de autodefensa campesina anclada a las zonas de colonización, con la premisa de que la lucha armada debía ser defensiva mientras la situación política nacional no exigiera lo contrario. Entre 1949 y 1964, esa política osciló cíclicamente entre autodefensa territorial y guerrilla móvil, según las coyunturas. Manuel Marulanda Vélez —nacido Pedro Antonio Marín y bautizado Tirofijo por la prensa—, Jacobo Prías Alape Charro Negro y Ciro Trujillo encarnaron esa transición en el sur del Tolima. Juan de la Cruz Varela hizo lo propio en Sumapaz. Sus núcleos no eran ejércitos revolucionarios: eran comunidades campesinas armadas, con cultivos, escuelas rudimentarias y asambleas, que gobernaban de facto pequeños territorios donde el Estado colombiano no entraba.

En el discurso oficial de los años sesenta, esas comunidades se convirtieron en un escándalo de soberanía. Álvaro Gómez Hurtado, líder del ala doctrinaria del conservatismo e hijo del expresidente Laureano Gómez, denunció desde el Senado la existencia de "repúblicas independientes" —Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero— que escapaban al control del Estado. La fórmula era políticamente eficaz: convertía enclaves campesinos de pocos cientos de habitantes en amenazas a la nación y presionaba al gobierno a actuar militarmente. La denuncia coincidía con el clima ideológico de la Guerra Fría en América Latina, en el que la Revolución Cubana había reorientado las doctrinas de seguridad hacia el combate del "enemigo interno".

El Plan Lazo fue la respuesta. Combinaba acción cívico-militar, guerra psicológica y operaciones militares en tres fases. Primero, ganar corazones y mentes y recopilar inteligencia. Luego, bloquear económica y militarmente el territorio. Al final, golpear con tropa y armamento moderno. Con esa estrategia se redefinió la misión de las Fuerzas Armadas colombianas: de la defensa de las fronteras externas pasaron a intervenir en los ámbitos político, económico y social del país, abandonando el apoliticismo institucional que había caracterizado buena parte del siglo XX.

La primera aplicación mayor del plan fue la Operación Marquetalia, en mayo de 1964, durante el gobierno conservador de Guillermo León Valencia. Fuerzas del Ejército y la Fuerza Aérea entraron a la región del sur del Tolima donde Marulanda y sus hombres habían consolidado un núcleo de autodefensa. La operación no exterminó al grupo: Marulanda escapó al cerco militar con la mayoría de sus combatientes. Ese fracaso operacional fue, paradójicamente, el acto fundacional de lo que vendría. Los campesinos armados, ahora sin territorio propio, redactaron el Programa Agrario de los Guerrilleros y constituyeron el Bloque Sur. Un año después, en 1965, celebraron su I Conferencia en Riochiquito, Cauca, unificando destacamentos de Riochiquito, Natagaima, El Pato, Guayabero y Marquetalia con cerca de cien combatientes. En 1966, en la región de El Pato en el Caquetá, la II Conferencia adoptó formalmente el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Marulanda comandaba, Ciro Trujillo era su primer lugarteniente, Jacobo Arenas aportaba la conducción política. Los combatientes eran, entonces, alrededor de trescientos cincuenta.

El propio Arenas admitiría años después que, sin la agresión a Marquetalia, probablemente las FARC no habrían nacido. Desde el punto de vista estrictamente militar, en 1964 se inventó al enemigo en nombre de una respuesta continental. La ofensiva contrainsurgente no destruyó una guerrilla: la creó como guerrilla nacional. Lo que había sido un núcleo campesino sedentario, con lógica defensiva y horizonte local, se transformó en una organización móvil con proyecto político y voluntad de crecimiento territorial. El ataque le entregó, además, un mito fundacional durable: no habían iniciado la guerra, la habían recibido.

Marquetalia no fue una excepción. Fue un caso denso de una lógica más amplia. Las zonas de colonización que en los años sesenta se consolidaron como frentes de la frontera agraria colombiana compartían una geografía y una economía. El Caquetá, el piedemonte llanero, el Sarare araucano, el Ariari, el Magdalena Medio: en todos ellos, la ganadería extensiva y el latifundio dominaban la economía formal, dentro del patrón extractivo característico de las fronteras colombianas. En el Amazonas y el Putumayo la dinámica era otra —el caucho y la quina habían marcado la explotación previa—, pero el resultado era comparable: la tierra abierta por el trabajo campesino terminaba, casi siempre, en manos ajenas.

El mecanismo era estructural, no accidental. Los colonos iniciales tumbaban monte, sembraban rozas y construían mejoras: potreros, corrales, casas, senderos. Esas mejoras eran la mercancía real de su trabajo, porque la tierra seguía siendo baldío de la nación mientras no se titulara. Un contratista o finquero llegaba y compraba las mejoras a bajo precio; consolidaba varias parcelas; y en un tercer momento un gran terrateniente adquiría el conjunto para montar hacienda ganadera o ampliar una existente. Los cronistas rurales llamaron a esa secuencia la ley de tres pasos, y describía con precisión el ciclo que empujaba al colono, arruinado, a vender y a intentar abrir monte más adentro, o a regresar derrotado a su lugar de origen. En algunas variantes, el colono era contratado verbalmente por el propio terrateniente para dejar el terreno sembrado en pastos a cambio de una o dos cosechas: trabajaba directamente para quien iba a quedarse con la tierra.

La razón económica del ciclo era doble. Por una parte, las zonas de frontera eran marginales para el mercado nacional: los costos de transporte e insumos las hacían inviables como economía campesina competitiva, salvo para productos de muy alto valor por peso. Por otra, la ganadería extensiva —que necesitaba grandes extensiones y poca inversión— era el único negocio rentable en esas condiciones, y solo estaba al alcance de quienes pudieran acumular tierras y esperar años a que se valorizaran con la llegada de caminos. Los colonos abrían el monte por muy poco dinero para los terratenientes; ese subsidio invisible del trabajo campesino a la gran propiedad ganadera fue el motor silencioso de la expansión de la frontera agraria colombiana en el siglo XX.

Los Llanos Orientales, con sus 253.000 kilómetros cuadrados, y la Amazonia, con sus enormes extensiones aún por incorporar, concentraban hacia 1980 apenas el 2,8% de la población nacional. El país que en el interior andino se urbanizaba a ritmo latinoamericano seguía siendo, en su periferia, un territorio semivacío donde las instituciones llegaban tarde o no llegaban. En ese vacío, las autodefensas campesinas comunistas y más tarde las FARC encontraron algo que no era solo un santuario militar: una demanda social por regulación del orden, mediación de conflictos y protección frente al despojo. Donde el Estado no titulaba, ellas reconocían derechos entre colonos; donde no había juez, ellas mediaban; donde el terrateniente amenazaba con desalojo violento, ellas armaban resistencia.

La política oficial de esos años no ignoró el problema. La Ley 135 de 1961, expedida durante el gobierno liberal de Alberto Lleras Camargo, fue presentada como reforma agraria y celebrada por su promotor como el momento culminante de su administración. Creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria —el INCORA—, contempló créditos y asistencia técnica, previó la titulación de baldíos y, en zonas como Arauca, se planteó incluso la conexión vial entre las intendencias periféricas y el centro del país.

En el papel, la ley admitía dos caminos: redistribuir tierras ya productivas en el interior andino, expropiando latifundios inadecuadamente explotados, o colonizar tierras baldías más allá de la frontera agrícola. En la práctica, el INCORA hizo lo segundo. Su actividad se concentró en el piedemonte oriental de la cordillera Oriental, el Magdalena Medio, la altillanura entre Meta y Vichada, el sur de Córdoba, el bajo Cauca antioqueño, el nordeste antioqueño y el Urabá. Los terratenientes, con eficacia política probada, cabildearon en la burocracia del instituto para que la agencia se orientara a proyectos que no perturbaran la tenencia existente. La colonización dirigida —abrir baldíos, titularlos a colonos, dotarlos de infraestructura básica— sustituyó a la redistribución como acción principal.

El resultado cuantitativo fue una operación mínima. Entre 1962 y 1978, menos del 1% de la superficie total de tierras del país fue afectada por la reforma. Hacia 1970, solo el 2% del total de tierras agrícolas había sido expropiado, y de ese porcentaje apenas una pequeña porción llegó efectivamente a manos campesinas. El INCORA se dedicó, sobre todo, a reconocer derechos de propiedad sobre baldíos que ya estaban ocupados por colonos de oleadas anteriores. El grado de concentración de la propiedad rural aumentó entre 1960 y 1970 a pesar de la legislación agraria: las explotaciones menores de diez hectáreas disminuyeron en número y en superficie, mientras los estratos medio-alto y alto crecieron. La ley fue, como tantas reformas colombianas, una reforma legal sin aplicación real.

Hay algo peor que el fracaso redistributivo: la superposición desordenada. En muchas zonas escogidas por el INCORA como baldíos por colonizar ya vivían colonos que llevaban años, a veces décadas, abriendo monte sin título. La llegada de los programas oficiales introducía tensiones entre los recién llegados y los antiguos ocupantes, tensiones que la agencia rara vez tenía capacidad de resolver. La colonización dirigida no reemplazó a la espontánea: se sumó a ella, y en muchos casos legalizó tardíamente lo que la iniciativa campesina y la violencia bipartidista ya habían hecho por su cuenta.

En el Magdalena Medio, las oleadas migratorias venidas de Tolima, Caldas, Antioquia, Boyacá y Santander se intensificaron con los desplazamientos de La Violencia y encontraron economías extractivas y un aislamiento institucional que dejaba amplios márgenes al poder privado. En los Llanos Orientales, en el Guaviare y el Caquetá, el patrón se repitió: los colonos iniciales que desmontaban selva eran progresivamente desplazados por grandes compradores de mejoras que concentraban propiedad para ganadería a medida que los caminos se acercaban. La política estatal, en lugar de revertir el ciclo, lo aceitó: la titulación de baldíos servía muchas veces menos al colono que la ejecutaba que al comprador que la adquiriría después.

Entre 1966 y 1970, la administración de Carlos Lleras Restrepo intentó reactivar la vía redistributiva. Lleras fortaleció el INCORA, adoptó en 1968 una ley de arrendatarios y aparceros que ordenaba inscribirlos como beneficiarios de la reforma, y orientó formalmente la política hacia los latifundios inadecuadamente explotados. Su innovación política más duradera, sin embargo, fue otra: la organización de los campesinos como sujeto colectivo. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, fue creada por decreto y se constituyó oficialmente en julio de 1970 con cerca de 845.000 usuarios inscritos —algunas cuentas hablan de casi un millón—. Su lógica era clara: si la élite terrateniente bloqueaba la reforma desde el Congreso y la burocracia, un movimiento campesino organizado podía sostenerla desde abajo.

La idea rectora de Lleras era ver al campesinado no como enemigo del orden sino como aliado del Estado desarrollista. La ANUC debía ser el canal institucional para procesar demandas agrarias sin que se desbordaran hacia las guerrillas. El problema fue que ese cálculo político dependía de una redistribución efectiva de tierras que nunca ocurrió con la profundidad prometida. El Congreso resistió, los gremios empresariales presionaron, el INCORA operó bajo captura burocrática, y la reforma llerista no logró cristalizar. Cuando Lleras dejó el poder en agosto de 1970, la ANUC ya era un movimiento con vida propia y con la impaciencia acumulada de un campesinado que había recibido promesas y muy pocos títulos.

Bajo Misael Pastrana Borrero, elegido en las controvertidas elecciones de 1970, el sector radical de la ANUC rompió con el gobierno. Aprobó el Mandato Campesino, adoptó la consigna "la tierra para el que la trabaja" y se declaró independiente del poder oficial. Para las élites políticas, ese documento fue leído como programa de toma del poder; para la dirigencia campesina, como proclama de modernización agraria. En el fondo era la evidencia de que el pacto original —campesinado como aliado del Estado a cambio de tierra— se había roto por incumplimiento estatal.

El 9 de enero de 1972, en el municipio de Chicoral, Tolima, el gobierno de Pastrana Borrero firmó con voceros de los gremios agropecuarios el pacto que cerraría el ciclo redistributivo abierto once años antes por la Ley 135. El Acuerdo de Chicoral no fue una reversión disimulada: fue una contrarreforma explícita. La reforma agraria dejó de ser prioridad y la política oficial se orientó hacia la modernización capitalista del campo por vía de la gran propiedad, en una convergencia de intereses entre la burguesía industrial —que quería alimentos y materias primas baratas— y los terratenientes —que querían garantía de tenencia—.

La ANUC quedó, en el mediano plazo, dividida y debilitada. El movimiento campesino que había sido diseñado como aliado del Estado en la reforma se convirtió, según la lectura de la nueva coalición, en un factor de subversión potencial. La política agraria de la primera mitad de los setenta consolidó una vía terrateniente de desarrollo agrario en la que la colonización de la frontera siguió operando como válvula de escape demográfica: los campesinos sin tierra en el interior no encontrarían tierra en el interior. Debían seguir viajando hacia el monte.

Chicoral fue la clausura política de una posibilidad. Durante una década, entre 1961 y 1971, el país había mantenido —al menos discursivamente— la promesa de que el problema agrario podía resolverse por vía institucional, redistribuyendo tierras en las regiones ya integradas al mercado. A partir de enero de 1972, esa vía quedó cerrada. Los conflictos agrarios no resueltos, la movilización campesina que no encontraba interlocutor y la violencia ejercida por Fuerzas Militares y Policía contra invasiones de tierras y protestas rurales conformaron el ambiente en el que la segunda mitad de los setenta empujaría al país hacia dos procesos ya en gestación: la expansión de las guerrillas en las zonas de colonización y la aparición de una economía de la cocaína que encontraría en esas mismas zonas su base social.

Lo que dejó el período 1958-1974 no fue un capítulo cerrado sino una máquina en marcha. La colonización armada había puesto en movimiento, en un mismo territorio y con las mismas personas, dos procesos: la expansión de la frontera agrícola —con su ciclo estructural de despojo y refronterización— y la consolidación de organizaciones armadas campesinas que, al ser atacadas por el Estado, se transformaron en guerrillas nacionales. Cuando Chicoral cerró la puerta a la reforma redistributiva, esa máquina quedó operando sin contrapeso institucional.

Los actores que la habitaban se autoinstitucionalizaron. Las FARC, nacidas con cerca de trescientos cincuenta combatientes en 1966, empezaron una década de crecimiento lento y difícil, con pérdidas importantes en sus primeros enfrentamientos y una estrecha dependencia del PCC. Pero su geografía estaba ya establecida: el Ariari, el Guayabero, El Pato, Riochiquito, el sur del Tolima, el piedemonte caqueteño. En esos mismos años se agregaron otras dinámicas —el ELN en el Magdalena Medio y Santander desde 1964, el EPL en el noroccidente desde 1967— que dieron al mapa de la insurgencia colombiana el carácter policéntrico que mantendría durante décadas. Y en 1965, con el Decreto Legislativo 3398 —convertido en norma permanente por la Ley 48 de 1968—, el Estado autorizó al Ministerio de Guerra a conformar grupos civiles armados para actividades de contrainsurgencia y protección rural, sentando la base legal de lo que después serían las estructuras paramilitares.

En las zonas de colonización, la relación entre guerrillas y campesinos cocaleros que empezaría a consolidarse a finales de los setenta ya tenía su base social preparada. Cuando la coca llegó al Caquetá, al Guaviare y al Putumayo, encontró un tejido en el que los colonos vivían en tierra sin titular, sin acceso a crédito ni a mercados formales, con instituciones estatales lejanas o inexistentes, y con organizaciones armadas que llevaban una década ejerciendo funciones de regulación territorial. El arreglo pragmático —tributos a las guerrillas a cambio de protección del mercado ilícito y regulación del orden— fue menos una invención de los ochenta que una prolongación natural de estructuras construidas en los sesenta y setenta.

El conflicto armado colombiano posterior a 1980 tiene su matriz en el ciclo que se cerró con Chicoral. La colonización armada de 1958-1974 estableció la geografía, la base social y los actores. La geografía: las regiones que serían los principales escenarios de la guerra hasta el siglo XXI se poblaron y se armaron en ese período. La base social: los colonos empujados hacia la frontera por La Violencia, por la ofensiva contra Villarrica, por la ausencia de reforma agraria en el interior, y luego expulsados de nuevo por el ciclo de despojo en la propia frontera, formaron el campesinado disponible para las organizaciones armadas. Los actores: las FARC como guerrilla nacional, el Estado como fuerza contrainsurgente asesorada por la doctrina de seguridad hemisférica, los terratenientes como bloque político capaz de bloquear cualquier redistribución significativa.

Pero la estructura no basta para explicar la guerra. Si las FARC nacieron fue también porque el Estado atacó Marquetalia en mayo de 1964 en lugar de dejar que las autodefensas siguieran su curva descendente natural, y porque en enero de 1972 firmó Chicoral en lugar de negociar con la ANUC una reforma agraria de mediana ambición. Fueron decisiones políticas contingentes las que cristalizaron lo que la estructura hacía posible. La colonización de frontera podía haber sido lo que fue en otros países latinoamericanos —una expansión demográfica dolorosa pero sin guerrilla nacional— si el Estado colombiano hubiera respondido de otra manera a las demandas campesinas de esos años.

Lo específico de Colombia fue la combinación: una frontera agraria que reproducía estructuralmente el despojo, un Estado que optó por la vía militar frente a organizaciones campesinas comunistas y por la vía contrarreformista frente a la movilización agraria, y unas élites terratenientes con capacidad probada para bloquear cualquier salida institucional. En esas tres condiciones, entre 1958 y 1974, se fabricó simultáneamente el campesinado que poblaría las regiones periféricas del país y la guerra que las convertiría en escenarios de conflicto durante los cincuenta años siguientes. La frontera no fue el margen del conflicto: fue su fábrica.