Falsos positivos (2002-2008)

¿Por qué el Estado colombiano mató a 6.402 civiles entre 2002 y 2008 y los presentó como guerrilleros?

Entre 2002 y 2008, agentes del Estado colombiano ejecutaron al menos 6.402 civiles para presentarlos como guerrilleros muertos en combate. La cifra, establecida por la Jurisdicción Especial para la Paz en su Macro Caso 03, concentra en seis años el 78% de todas las ejecuciones extrajudiciales registradas a lo largo del conflicto armado colombiano. La práctica se extendió por 31 departamentos, con un modus operandi replicable —captación con ofertas de trabajo, traslado a zonas lejanas, ejecución y "kit de legalización" con fusil AK47 y ropa de camuflado—, incentivada por directivas ministeriales, coproducida con estructuras paramilitares y encubierta por funcionarios de la Fiscalía y la Justicia Penal Militar. Los llamó "falsos positivos" el propio léxico burocrático que los produjo; la Fiscal de la Corte Penal Internacional los calificó, por su magnitud y carácter metódico, como un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, es decir, un crimen de lesa humanidad. La pregunta que sigue no es si ocurrieron, sino qué tipo de causalidad los explica.

¿Y por qué importa dar con esa causalidad? Frente al fenómeno circulan tres grandes explicaciones, y no son intercambiables. La primera —la más cómoda para el gobierno de Álvaro Uribe Vélez cuando estalló el escándalo en septiembre de 2008— es la teoría de las "manzanas podridas": mandos medios corruptos y tropa desviada que traicionaron una política sana. La segunda, más ambiciosa, sostiene que el crimen fue el efecto previsible de una arquitectura gerencial de incentivos —la Directiva Permanente n.º 29 de 2005 del Ministerio de Defensa, la tabla de recompensas, los días de descanso, los permisos, las condecoraciones vinculadas a bajas— aplicada sobre una tropa presionada por resultados cuantitativos. La tercera argumenta que los incentivos apenas activaron una lógica de larga duración: la doctrina del enemigo interno, sedimentada desde el Frente Nacional, el Plan Lazo y la Doctrina de Seguridad Nacional, articulada con una alianza estructural entre Fuerza Pública y paramilitarismo que nunca fue desmontada.

Lo que se juega en la respuesta no es académico. Si fueron manzanas podridas, basta con condenar oficiales y calibrar controles. Si fueron el efecto de incentivos mal diseñados, hay que rediseñar el sistema de estímulos militares. Si fueron la realización lógica de una doctrina, la reforma exige tocar la formación, los manuales, la cultura institucional y la relación histórica entre Ejército, política y paramilitares. Cada diagnóstico prescribe una intervención distinta —y una responsabilidad política distinta— sobre lo que ocurrió.

¿Qué tiene a su favor cada hipótesis? La lectura gerencial-weberiana se apoya en una coincidencia temporal difícil de descartar. La Política de Defensa y Seguridad Democrática, inaugurada por Uribe en 2002, desarrolló desde el segundo semestre de 2003 un marco normativo orientado a obtener resultados cuantitativos en combatientes dados de baja. La Directiva Permanente n.º 29 de 2005, firmada bajo el Ministerio de Defensa que dirigía Camilo Ospina, estableció una tabla de recompensas económicas por el abatimiento o captura de cabecillas de organizaciones armadas ilegales; el sistema se complementó con beneficios no económicos —días de descanso, permisos, condecoraciones— vinculados a resultados operacionales. La lógica del "conteo de cadáveres" que Estados Unidos había ensayado en Vietnam reapareció, esta vez como métrica gerencial de eficiencia militar. Los propios funcionarios de la época, entre ellos Juan Manuel Santos cuando fue ministro de Defensa, reconocerían después que la presión por bajas había producido un incentivo perverso: en un contexto de amplios recursos militares y de repliegue estratégico de las FARC-EP tras 2004, las bajas empezaron a fabricarse.

La lectura doctrinaria-estructural señala que los incentivos, por sí solos, no bastan para explicar por qué se mataron civiles en lugar de simplemente inflar reportes. Su punto de partida es 1946, año en que los historiadores modernos sitúan el inicio de un ciclo ininterrumpido de violencia. La Violencia de 1946-1959 exterminó a sectores del gaitanismo y a militantes liberales y comunistas, y dejó una experiencia de matanza sistematizable. Desde finales de los años cincuenta, misiones militares estadounidenses integradas por veteranos de Filipinas y Corea empezaron a asesorar al Ejército colombiano; sus informes recomendaron una extensa red de asesores, participación directa en operaciones contrainsurgentes, registro masivo de civiles con huellas digitales y fotografías, y técnicas de interrogatorio con pentotal sódico y polígrafo. Sobre esa base se montó el Plan Lazo, con su doctrina de "quitarle el agua al pez" y sus operaciones contra las llamadas "repúblicas independientes" —Marquetalia entre ellas—. La Doctrina de Seguridad Nacional, con su tesis anticomunista y su concepción del enemigo interno, permeó los organismos militares y extendió el calificativo de enemigo a cualquier sospechoso de vínculos con el comunismo o la guerrilla. Un manual militar colombiano de 1979 definió a la "población civil insurgente" como una masa heterogénea unificada por actividad psicológica, e identificó a los movimientos sindicales, estudiantiles y campesinos como instrumentos de la subversión. El Estatuto de Seguridad de 1978, bajo Julio César Turbay Ayala, facilitó el deslinde entre acción militar legítima y violación de derechos humanos. Nada de esa arquitectura doctrinaria fue desmontado antes de 2002; la Seguridad Democrática la heredó.

¿Y la coproducción con paramilitares? En al menos 49% de los hechos verificados del Bloque Calima hubo participación de la Fuerza Pública, según la Fiscalía en audiencia ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá el 4 de junio de 2014. El Bloque Norte, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, coordinó operaciones con el Batallón La Popa del coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez en el Cesar. El coronel alias Cabuya presionaba y extorsionaba a paramilitares del Bloque Centauros pidiéndoles "tres muchachos y tres fusiles" para fabricar falsos positivos, según testimonio de alias Don Mario. La colaboración no era anecdótica: era una división del trabajo. Los paramilitares aportaban víctimas —sacadas de bares, retenidas bajo presión, secuestradas—; los militares aportaban la escena de combate, el reporte oficial y el reclamo del incentivo.

Si las hipótesis se sostienen o caen según la evidencia empírica, conviene bajar el análisis al terreno donde el fenómeno dejó marcas medibles: la escala y la geografía. Los 6.402 casos se distribuyen en 31 departamentos, pero con concentraciones reveladoras. En el oriente antioqueño, el Batallón de Infantería Bajes n.º 4 acumula 41 víctimas atribuidas en los municipios de Granada, San Luis y Cocorná; el Batallón de Caballería Mecanizada n.º 4 "Juan del Corral" suma 21 casos. En el Eje Cafetero —Caldas, Quindío, Risaralda—, un territorio sin presencia guerrillera intensa, la JEP registra 452 víctimas, de las cuales 300 murieron entre 2006 y 2008; los batallones de la Octava Brigada, dependiente de la Quinta División, aparecen señalados en una muestra de 55 casos documentados, con 17 atribuidos al Batallón Cisneros de Armenia. Que la práctica floreciera con esa intensidad donde apenas había guerrilla contra la cual pelear es el dato que más daño le hace a la lectura militarista defensiva: los cadáveres no eran subproducto de operaciones legítimas fallidas, sino producto principal de una economía de resultados.

El caso del Cesar es especialmente elocuente sobre la anterioridad y la profundidad de la coproducción paramilitar. Publio Hernán Mejía Gutiérrez asumió el mando del Batallón La Popa en 2002, el mismo año en que Uribe inauguraba la Seguridad Democrática. En octubre de ese año, Mejía reportó guerrilleros del ELN muertos en combate en una operación elogiada públicamente por el general Carlos Alberto Ospina, entonces comandante del Ejército. Jorge 40 ordenó matar a alias Treintainueve —un comandante paramilitar díscolo— coordinando con integrantes del Ejército desde el Batallón La Popa hasta la base de Treintainueve en la Finca El Mamón; los muertos fueron presentados como bajas guerrilleras. No fue una desviación local: fue un modelo. Estableció, en el primer año de la Seguridad Democrática, que la línea entre "combate exitoso" y "coproducción con paramilitares" ya se había cruzado.

¿Cómo funcionaba la maquinaria en detalle? El caso Soacha permite verla en su procedimiento típico. Entre 2007 y 2008, jóvenes de Soacha y Ciudad Bolívar fueron captados en Bogotá con ofertas de trabajo, trasladados a Ocaña en Norte de Santander —a más de 600 kilómetros de sus casas—, ejecutados, vestidos con camuflado y presentados como guerrilleros muertos en combate. En septiembre de 2008, cuando el Ejército reportó que once de esos jóvenes eran bajas legítimas en Santander y Norte de Santander, la versión colapsó ante las autopsias oficiales. Las madres empezaron a reunirse en la Personería Municipal de Soacha en octubre-noviembre de 2008; en cada encuentro se sumaba una más. En doce meses, la cobertura mediática del fenómeno creció exponencialmente. Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa, promovió una comisión interna encabezada por el general Carlos Suárez para investigar las anomalías en los reportes de combate. Ese mismo año fue nombrado jefe de la dirección de derechos humanos del Ejército el general Rodríguez Clavijo, que había comandado la Décima Brigada Móvil bajo cuya jurisdicción se reportaron 61 ejecuciones extrajudiciales entre 2005 y 2008. La respuesta institucional convivió con la promoción de responsables.

¿A quién se mató, y por qué a ellos? El perfil de las víctimas revela el filtro social del crimen. Jóvenes de barrios populares, personas en situación de calle, afrocolombianos, campesinos: la práctica no seleccionó al azar. Escogió cuerpos previamente marcados como prescindibles por el discurso de seguridad, por la estigmatización territorial y por la ausencia de redes que exigieran explicaciones inmediatas. En el Putumayo, la CIDH documentó la ejecución de un joven afrocolombiano reportado como guerrillero, práctica insertada en un patrón donde se alteraban las escenas del crimen para reclamar incentivos. En Guaduas, un paramilitar sacaba personas de bares y arrojaba los cuerpos al río. La estigmatización se prolongaba post mortem: los cadáveres se presentaban públicamente como guerrilleros en periódicos y emisoras, obligando a las familias a librar dos batallas simultáneas —recuperar el cuerpo y recuperar el nombre—.

Los incentivos formales operaron sobre ese sustrato. La Directiva 29 no inventó la práctica —los cables diplomáticos de la embajada estadounidense en Bogotá documentaban desde 1990 casos de civiles presentados como bajas en combate—, pero cambió su escala. Con recompensas económicas, condecoraciones, días de descanso y ascensos vinculados a resultados cuantitativos, el sistema convirtió un delito ocasional en una carrera. El Relator Especial de Naciones Unidas Philip Alston, en su visita a Colombia en 2009, y sucesivos comunicados del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, señalaron esos incentivos como motor institucional del crimen. En algunos casos, la Escuela Militar habría enseñado directamente el uso del "kit de legalización"; la práctica se transmitía con vocabulario propio, protocolo compartido y complicidad ascendente.

El cierre del ciclo criminal exigió una tercera pieza: la impunidad organizada. En varios casos operaron aparatos criminales con distribución de funciones, que se sirvieron de la complicidad de paramilitares y civiles y contaron, para el encubrimiento, con la colaboración de funcionarios de la Fiscalía y de la Justicia Penal Militar. Sin ese entramado de encubrimiento —tan constitutivo del fenómeno como la ejecución misma—, la escala habría sido imposible.

Entonces, ¿cuál de las tres hipótesis responde la pregunta? Ninguna sola. Las tres capturan un fragmento del mecanismo, pero ninguna, por sí sola, explica la escala. La respuesta que mejor sustenta la evidencia no es una elección entre las tres, sino su articulación jerarquizada.

La doctrina del enemigo interno y la alianza fuerza pública-paramilitarismo aportaron el marco permisivo y los operadores. Sin la sedimentación doctrinaria que, desde el Plan Lazo hasta el manual de 1979, había convertido al civil sospechoso en enemigo militar legítimo, los soldados no habrían disparado sin resistencia moral contra jóvenes captados con ofertas de trabajo. Sin la trayectoria de coproducción con paramilitares —consolidada al menos desde los años ochenta, articulada en operaciones como la Orión en Medellín en 2002, facilitada por figuras como el general Mauricio Santoyo— no habrían existido proveedores de víctimas ni redes de intercambio de cuerpos por cuota. Sin la estigmatización estructural de la pobreza urbana y del campesinado, no habría existido el filtro social que hizo posible matar a estas víctimas y no a otras.

Pero fue la arquitectura gerencial de la Seguridad Democrática la que convirtió esas condiciones latentes en un patrón generalizado. La coincidencia temporal entre la Directiva 29 de 2005, el sistema de bonos y permisos, y la explosión de casos entre 2006 y 2008 traza una curva demasiado ajustada para leerla como coincidencia. La distribución geográfica en zonas sin guerrilla activa —el Eje Cafetero es el caso más limpio— muestra que el motor no era la necesidad operacional, sino la métrica. Sin incentivos formalizados, la práctica habría persistido en su escala anterior, la de los cables de 1990: crimen recurrente, pero acotado. Con incentivos, se multiplicó por un factor que la vuelve, en la evaluación de la Fiscal de la CPI, un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.

Lo decisivo es la secuencia. Un incentivo formal activó una doctrina permisiva que ya había construido a la víctima potencial como enemigo, mientras una alianza previa con estructuras paramilitares proveía los cuerpos y una red de encubrimiento institucional garantizaba la impunidad. Ninguna pieza aislada produce el fenómeno; el ensamblaje sí. Y ese ensamblaje fue puesto en marcha por decisiones de política pública tomadas en la Casa de Nariño y en el Ministerio de Defensa, ejecutadas por una cadena de mando que operó con conocimiento, sobre una tropa formada en manuales que jamás habían dejado de considerar al pobre rural como sospechoso.

Esta lectura descarta, por insuficiente, la tesis de las manzanas podridas: no explica los 31 departamentos, la replicación del modus operandi ni la complicidad de la Fiscalía. Descarta también, por incompleta, la lectura puramente doctrinaria: no explica el pico de 2002-2008 después de décadas de doctrina intacta con niveles mucho más bajos de ejecución. Y descarta la lectura puramente gerencial: no explica por qué el incentivo produjo asesinatos en Colombia y no en otros países con esquemas similares. Lo que explica el fenómeno es la combinación específica de un incentivo weberiano moderno aplicado sobre una infraestructura doctrinaria y paramilitar de larga duración, en un contexto de repliegue guerrillero que hizo escasa la baja legítima y abundante la presión de mostrar resultados.

Conviene nombrar aquí lo que estuvo en juego: el Estado colombiano, entre 2002 y 2008, gestionó la vida y la muerte de sus ciudadanos pobres como variables administrativas de una política de seguridad. La producción de cadáveres funcionó como métrica de éxito institucional, y no como daño colateral. Pero esa constatación no reemplaza la reconstrucción del mecanismo: lo que ocurrió en estos años no fue una racionalidad abstracta, sino un ensamblaje trazable de directivas ministeriales, batallones concretos, intermediarios paramilitares con nombre propio y funcionarios judiciales que archivaron expedientes. La modernización gerencial del Estado bajo Uribe no fue un contrapeso a esa lógica: fue su acelerador. La eficiencia weberiana y el enemigo interno no se cancelaron mutuamente; se sumaron.

¿Qué queda sin responder? Tres flancos merecen ser nombrados sin disolverlos en falsa certeza.

El primero es el grado de centralización de la responsabilidad. La distribución del fenómeno en decenas de brigadas con perfiles distintos —desde La Popa hasta Cisneros, desde Bajes hasta la Cuarta Brigada— es compatible tanto con una orden implícita descendente como con una convergencia de decisiones autónomas de mandos medios que respondían al mismo sistema de incentivos. La JEP, en el desarrollo del Macro Caso 03, viene precisando responsabilidades individuales. Qué tanto de la práctica corresponde a una arquitectura ordenada desde arriba y qué tanto a la agencia descentralizada de coroneles y mayores que interpretaron correctamente las señales, es una pregunta que sólo el conjunto de las decisiones judiciales terminará de responder. Nombres como el del general Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército durante el pico de casos, o el del general Jaime Lasprilla, están en el centro de ese esclarecimiento.

El segundo flanco es la especificidad colombiana. Otros países latinoamericanos aplicaron doctrinas contrainsurgentes de origen estadounidense —Perú, México, los del Cono Sur bajo dictadura— sin producir un fenómeno de falsos positivos de la escala colombiana. Que la combinación de doctrina, incentivos y paramilitarismo haya dado en Colombia este resultado sugiere una variable adicional: la profundidad histórica de la alianza fuerza pública-paramilitar, sedimentada al menos desde el Decreto 3398 de 1965, que dio marco legal a la organización de civiles armados por el Estado. Sin esa infraestructura de coproducción, no habría habido proveedores de cuerpos a la escala requerida. La comparación regional queda como agenda pendiente.

El tercer flanco es el subregistro. La cifra de 6.402 víctimas entre 2002 y 2008, establecida por la JEP, no captura la totalidad. El proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG, con métodos de estimación estadística, sugiere que el total de homicidios del conflicto —incluyendo combatientes y todas las tipologías— podría acercarse a las 800.000 víctimas. Cuánto de ese subregistro corresponde específicamente a ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate es imposible de determinar hoy; el número podría ser considerablemente mayor. Cada nuevo caso reconocido en la JEP amplía el mapa.

Queda la pregunta del después. Los falsos positivos empezaron a decrecer tras el escándalo de Soacha en 2008, con el llamado a calificar servicios a decenas de oficiales, la remoción de mandos y una política declarada de respeto a los derechos humanos. Pero el marco doctrinario, la alianza histórica con estructuras armadas ilegales y la estigmatización de la pobreza no fueron desmontados por decreto. Que la magnitud haya caído no significa que la infraestructura haya sido desactivada: significa que se retiraron los incentivos más groseros. Si la lectura correcta del fenómeno es la que aquí se sostiene, la pregunta política del presente es qué tan lejos ha llegado la reforma sustantiva de la doctrina, la formación y las relaciones institucionales que hicieron posible que un Estado moderno, bajo un gobierno con altísima aprobación, matara a 6.402 civiles pobres en seis años y los presentara ante el país como enemigos. Y la respuesta es una sola: las condiciones que produjeron el fenómeno siguen en pie.