Urbanización colombiana del siglo XX

Colombia urbana: ¿la hicieron la violencia o la industria?

En 1938, tres de cada diez colombianos vivían en una cabecera municipal. En 2005, la proporción era de casi nueve de cada diez. En dos generaciones, un país mayoritariamente campesino se convirtió en uno de los más urbanizados de América Latina, con cuatro ciudades —Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla— que absorbieron el grueso del crecimiento y con periferias autoconstruidas que hoy equivalen a una cuarta parte del suelo urbano nacional. La pregunta es aparentemente simple y en el fondo espinosa: ¿esa transformación fue empujada por la violencia rural —la de 1948-1958 y la del conflicto armado contemporáneo entre 1985 y 2016— o fue el desenlace de una transición demográfica y un aparato industrial que venían configurándose desde principios del siglo XX? El volumen y la forma de la Colombia urbana obedecen a lógicas distintas, y confundirlas ha alimentado tanto malas políticas de vivienda como falsos consensos sobre la memoria del conflicto.

Lo que se juega en la pregunta

Detrás del debate hay algo más que una discusión académica. Está en juego la forma en que Colombia se cuenta a sí misma su siglo XX. Si el país se urbanizó porque el campo se modernizaba y las fábricas atraían mano de obra, entonces las periferias precarias, las invasiones y los cinturones de miseria son fallas de gestión —un urbanismo tardío, una política social insuficiente—, no cicatrices de una guerra. Si, por el contrario, la ciudad colombiana fue construida por gente que huía, entonces Ciudad Bolívar, Aguablanca y la Comuna 13 son parte del inventario del conflicto armado, y sus habitantes son sujetos de reparación tanto como los campesinos despojados. La distinción no es retórica: define a quién le corresponde qué del Estado, y define también si la clase media urbana que hoy vota, consume y opina en Bogotá o Medellín es heredera pasiva de una modernización o testigo cercano —aunque distraído— de un desastre rural que la construyó.

También está en juego una explicación causal que atraviesa la política contemporánea. Si la primacía urbana es un producto de largo aliento —transición demográfica, industrialización, migración voluntaria—, entonces el conflicto armado contemporáneo se libró en un país cuya mayoría social ya vivía a distancia moral y geográfica del campo, y la guerrilla ruralista perdió su base social antes de perder la guerra. Si, por el contrario, buena parte de esa mayoría urbana fue producida por la propia guerra, entonces la ciudad y el conflicto no son polos opuestos sino caras del mismo proceso, y la percepción de lejanía que dominó a las clases medias colombianas durante décadas fue una ilusión sostenida por la geografía del desplazamiento, no por su ausencia.

Los términos del debate

Hay una tesis que sostiene que la Colombia urbana es hija de violencias rurales sucesivas. Su argumento más fuerte es cronológico y cuantitativo. Entre 1948 y 1958, La Violencia bipartidista dejó más de cien mil muertos, con epicentros en Tolima, Valle, Antioquia y Caldas —justamente las zonas cafeteras que expulsaron población hacia las cabeceras departamentales y las cuatro grandes ciudades—. Entre 1985 y 2016, el conflicto contemporáneo acumuló más de siete millones de víctimas de desplazamiento forzado, con más de cuatro millones contabilizadas solo entre 1985 y 2007. Si a ese torrente humano se le suma la trayectoria del sur de Córdoba, Urabá, el Magdalena Medio, el Catatumbo y los Montes de María, resulta difícil imaginar cómo se habría llenado el país urbano sin el vaciamiento rural que la guerra provocó.

Otra tesis responde con una cronología distinta. Ya en 1964, cuando el desplazamiento contemporáneo apenas era una silueta lejana y La Violencia recién se apagaba, los colombianos vivían mayoritariamente en ciudades: las cuatro principales concentraban el 22,8% de la población nacional, frente al 15,7% de 1951. Entre esos dos censos, la mayoría de las grandes ciudades duplicaron su tamaño, con el aporte migratorio explicando solo la mitad del crecimiento urbano —la otra mitad era vegetativa, hija de las altas tasas de natalidad y de la caída sostenida de la mortalidad—. En 1870, apenas el 7% de los colombianos vivía en municipios con las principales ciudades; en 1964 esa proporción ya era del 32%. La curva empezó a subir mucho antes del asesinato de Gaitán y siguió subiendo con independencia de los picos de violencia. La industrialización explicaría lo demás: Coltejer, fundada en Medellín a comienzos del siglo XX, se convirtió en emblema de una industria textil antioqueña que arrastró urbanización; el "triángulo de oro" Bogotá-Medellín-Cali se consolidó entre 1958 y 1968; el afianzamiento industrial de Bogotá y Medellín ocurrió entre 1930 y 1950, en un país que estaba sustituyendo importaciones a marchas forzadas por el colapso del comercio internacional.

Una tercera lectura interviene desde un flanco menos explorado. La transición demográfica —el envejecimiento gradual, la caída de la fecundidad, la emergencia de una clase media asalariada urbana— sería la variable que a la larga condenó al modelo guerrillero ruralista, mucho antes que los golpes militares. Un país donde en 2015 Bogotá concentraba el 16,6% de la población nacional y el 25,7% del PIB no podía sostener por mucho tiempo una insurgencia campesina cuya base social se había mudado a las comunas de Medellín o al sur de Bogotá y ya no compartía el imaginario agrarista de Manuel Marulanda Vélez. La derrota de la guerrilla, dice esta lectura, la operó la demografía antes que el ejército.

La tesis más incómoda, y la más política, sostiene que separar analíticamente la migración "voluntaria" de la "forzada" es una operación que invisibiliza el carácter violento del proceso urbano en su conjunto. El campesino que en 1955 salió de Líbano, Tolima, hacia Bogotá porque su vecino conservador incendió su rancho, el arrendatario que en 1962 fue desalojado por un terrateniente amparado por el inspector de policía local, y el peón del Valle expulsado en 1970 por la mecanización cañera no son tres historias distintas: son tres formas de la misma expulsión, y todas tienen sujetos, responsables y víctimas. Distinguir la "atracción industrial" de la "expulsión violenta" sería una forma de blanquear estadísticamente lo que fue una violencia estructural continuada, y de negar reconocimiento reparativo a las víctimas urbanas que la Ley 1448 de 2011 dejó por fuera.

La evidencia

Sobre el peso demográfico e industrial de la urbanización previa a la violencia contemporánea, los números son terminantes. El salto del 31% urbano en 1938 al 67,2% en 1985 ocurrió durante décadas en las que se combinaron industrialización sustitutiva, transición demográfica y desplazamiento —no en las que el desplazamiento operó solo—. Entre 1925 y 1973, la proporción de la población económicamente activa dedicada a la agricultura cayó de manera sostenida. La industria textil antioqueña, la energía hidráulica que localizó las plantas de Medellín, los inmigrantes sirio-libaneses, judíos, alemanes e italianos que montaron los primeros comercios e industrias de Barranquilla, la agroindustria cañera del Valle del Cauca preceden y exceden a La Violencia. Las cuatro ciudades que se consolidaron como cabezas regionales en las primeras décadas del siglo XX lo hicieron antes de 1948, no después. La tasa migratoria más alta hacia las ciudades fue del 3% promedio, un flujo alto pero sostenido, no un cataclismo puntual.

Y sin embargo, el peso de la violencia como aceleradora del proceso se sostiene con la misma solidez. La Violencia bipartidista coincidió con una fuerte aceleración de la migración campo-ciudad: en 1958, el mismo año en que se pactaba el Frente Nacional entre Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, ya había dos ciudades colombianas con más de dos millones de habitantes. El Tolima, epicentro cafetero de la matanza, experimentó un desplazamiento rural-urbano masivo. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 detonó el Bogotazo —saqueos, destrucción del sistema de tranvías, quema de iglesias— y, con él, una década de vaciamiento del campo cafetero.

El ciclo se repitió, con actores nuevos, entre 1985 y 2005. El auge paramilitar en Urabá, el Magdalena Medio y el sur de Córdoba, la ofensiva de las FARC en el sur y oriente, la expansión coca-cocaína y el despojo asociado produjeron más de siete millones de expulsados. Solo en Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién, entre 1994 y 2006, los paramilitares protagonizaron decenas de casos de desplazamiento forzado con miles de víctimas. En el Valle del Cauca, los Bloques Calima y Pacífico de las AUC, formados con asesoría de las ACCU de los hermanos Castaño, fueron responsables de más del 90% del éxodo del período 1999-2002. Ese torrente humano se dirigió mayoritariamente hacia las ciudades intermedias y grandes.

Cuando se examina no el volumen de la urbanización sino su forma, la tesis industrialista pierde capacidad explicativa y la tesis del desplazamiento gana terreno. Los barrios populares autoconstruidos por poblaciones empobrecidas —entre ellas familias desplazadas por la violencia— equivalen a comienzos del siglo XXI a aproximadamente una cuarta parte del área urbana construida del país. El 40% de los predios de las grandes ciudades colombianas carecen de títulos de propiedad. Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, registró en el censo de 2005 que el 76% de sus hogares vivía en pobreza y el 25% en pobreza extrema. Aguablanca en Cali y las comunas de Medellín repiten el patrón.

Estos barrios no fueron construidos por el mercado inmobiliario que acompañó al "triángulo de oro" industrial: fueron levantados, muchas veces en una sola noche, con palos y plásticos, por gente que necesitaba establecer posesión antes de que llegara la policía. El barrio Nuevo Chile en Bosa recibió principalmente población del Tolima, el Quindío y el Huila expulsada por La Violencia; una mujer afrocolombiana desplazada del Chocó terminó vendiendo chontaduro en las calles de Cali. Ciudad Kennedy, planificada para 80.000 personas en su primera fase durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, terminó desbordada y calificada como un desatino urbanístico que, por fuerza de las circunstancias, cambió el curso del desarrollo urbano de Bogotá.

La industria y la demografía llenaron el país urbano, pero el desplazamiento decidió cómo se veía. La primacía cuantitativa de las cuatro ciudades es explicable sin La Violencia; la textura de precariedad, informalidad, autoconstrucción y estigmatización con la que crecieron sus periferias, no.

Hay, además, evidencia sobre las consecuencias posteriores de esa doble determinación. Los barrios receptores de desplazados fueron estigmatizados como "zonas rojas", "repúblicas independientes" o territorios donde "no llega el Estado", una nomenclatura que legitimó tanto la ausencia estatal como la intervención militar sobre esas poblaciones. En la Comuna 13 de Medellín, muchos desplazados que llegaron ya habían experimentado desplazamientos previos desde municipios rurales de Antioquia o del Chocó: el redesplazamiento intraurbano se convirtió en fenómeno cotidiano, y la Ley 1448 de 2011 —al no reconocer los hechos ocurridos en la ciudad como violencias del conflicto armado sino como delincuencia común— consolidó su invisibilización jurídica.

Las estimaciones más citadas sobre La Violencia se acercan a los ciento treinta mil muertos, pero revisiones econométricas posteriores, cruzando censos y tasas de natalidad, rebajan la cifra a menos de la mitad para 1949-1958. La discrepancia importa historiográficamente, aunque para la pregunta que aquí interesa el orden de magnitud del desplazamiento —no el de las muertes— es lo decisivo, y sobre ese punto no hay controversia: las regiones cafeteras se vaciaron.

La respuesta

La primacía urbana colombiana tiene una doble determinación que no se deja reducir: la industrialización sustitutiva, los excedentes cafeteros y la transición demográfica explican el volumen y la jerarquía del sistema urbano desde los años treinta, mientras que los dos grandes ciclos de violencia —1948-1958 y 1985-2005— explican la forma específica de esa urbanización, es decir, su carácter informal, periférico, estigmatizado y atravesado por actores armados. Separar ambas causas produce una imagen falsa del proceso. Sin la industrialización y la caída de la mortalidad, la violencia habría producido campamentos de refugiados, no metrópolis; sin la violencia, Colombia habría sido igualmente urbana, pero con una geografía social radicalmente distinta.

La tesis demográfico-industrial acierta en el punto que más importa estadísticamente: la curva de urbanización arranca antes de La Violencia y se sostiene por su propia inercia durante décadas. En 1964, cuando La Violencia bipartidista se apagaba y el desplazamiento contemporáneo aún no comenzaba, los colombianos ya vivían mayoritariamente en ciudades. Negar esto es forzar la cronología para hacerla encajar en un relato de guerra continua.

Pero la tesis del factor violento acierta en algo que la estadística no captura: la Colombia urbana concreta, la que se puede visitar en Ciudad Bolívar o en Aguablanca, no se parece a la Colombia urbana que habría producido una industrialización pacífica. La extensión de los barrios autoconstruidos, el 40% de predios sin título, las invasiones organizadas en una sola noche, los inquilinatos de las zonas centrales abandonadas por las élites nada de eso es hijo de la industria textil antioqueña ni del ingenio azucarero del Valle. Es hijo de la expulsión.

La lectura demográfica sobre el fin del proyecto guerrillero tiene fuerza en un punto sutil. En 2015, cuando se firmaban los preacuerdos de La Habana, más del 70% de los colombianos vivía en ciudades y solo el 14% de la población desplazada registrada en el RUV se había asentado en las principales ciudades del país —el resto se quedó en los municipios más pobres y vulnerables—. La mayoría social colombiana, la que decidía elecciones y sostenía el consenso público, era urbana, no rural, y no era desplazada. La guerrilla ruralista de Manuel Marulanda perdió representatividad en un país cuyo centro demográfico se había mudado de coordenadas. La demografía ganó una batalla que las armas por sí solas no habrían ganado —aunque la ofensiva militar del gobierno de Álvaro Uribe Vélez desde 2002 y la política de seguridad democrática siguen siendo indispensables para explicar el cierre del ciclo—.

La denuncia de la separación analítica entre migración voluntaria y expulsión violenta tiene razón política aunque no tenga razón contable. Muchos campesinos que aparecen en las estadísticas como "migrantes económicos" fueron en realidad expulsados por procesos que combinaban violencia física, coerción de terratenientes apoyados por funcionarios locales y transformación agraria capitalista —el arroz, el algodón, el sorgo, la caña—. La Ley 1448 dejó fuera del reconocimiento reparativo a víctimas urbanas cuya condición de víctimas es indiscutible. Pero la reivindicación política de reconocer el continuum de violencia que produjo la ciudad no puede llevarse hasta el punto de negar que hubo migración por atracción industrial: en Medellín entre 1907 y 1930, en Barranquilla con los comerciantes sirio-libaneses, en el Cali del "triángulo de oro" entre 1958 y 1968, hubo gente que llegó buscando trabajo, no huyendo de balas. Confundir ambos flujos es tan cuestionable como separarlos por completo.

La Colombia urbana es a la vez producto de una modernización de larga duración y de una guerra prolongada. Ambos procesos operaron simultáneamente y se retroalimentaron: la industria atrajo, la violencia expulsó, y la ausencia de una política pública capaz de anticipar el flujo combinado produjo la periferia autoconstruida como forma dominante del hábitat popular colombiano. La violencia no aceleró un proceso que habría ocurrido igual; le imprimió una textura sin la cual no se entiende ni el urbanismo ni la política de la Colombia contemporánea.

De aquí se derivan tres consecuencias. La primera es la informalidad estructural: cuando una cuarta parte del suelo urbano nacional es autoconstruido y el 40% de los predios de las grandes ciudades carece de títulos, la informalidad deja de ser una anomalía y se vuelve el patrón. La segunda es la fractura urbano-rural: la Colombia urbana miró durante décadas al campo como un lugar ajeno, atrasado y violento —un "territorio nacional", una "zona roja"—, y esa distancia moral, cultivada por la estigmatización de las periferias que recibían campesinos, hizo posible que la guerra rural transcurriera con relativa indiferencia en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla durante décadas. La tercera es la percepción distante de la guerra: la clase media urbana que decidió el plebiscito de 2016 y las elecciones subsiguientes era, en buena parte, descendiente inmediata de campesinos desplazados por La Violencia; sin embargo, había sido educada en un relato que separaba la ciudad de la guerra, como si vivieran en países distintos. Esa amnesia genealógica es, quizás, el precio simbólico más alto que Colombia pagó por la doble determinación de su urbanización.

Lo que queda abierto

Varios flancos no se cierran. El primero es el peso relativo exacto de la expulsión violenta y de la transformación agraria capitalista en cada ciclo migratorio. La generalización de la agricultura empresarial desde 1945, con los cultivos de arroz, algodón, sorgo y azúcar que desplazaron ganadería y campesinado en el Tolima, el altiplano Cundiboyacense, las sabanas del Caribe y el Valle del Cauca, produjo un flujo migratorio continuo que se entrelazó con el flujo violento sin que sea siempre posible distinguirlos. El Plan "Las Cuatro Estrategias" del gobierno de Misael Pastrana Borrero, entre 1970 y 1974, apostó explícitamente por la urbanización como modelo de modernización y funcionó como la otra cara de la contrarreforma agraria. Cuánto de la migración de esos años fue "empujada" por la violencia y cuánto "jalada" por la política pública urbana sigue sin respuesta precisa.

El segundo flanco es el destino de la mayoría de los desplazados contemporáneos. Solo el 14% de la población registrada en el RUV se ubica en las principales ciudades: el resto está en municipios pobres y vulnerables, en un archipiélago de recepción de segundo orden que las estadísticas nacionales apenas iluminan. Buena parte de la conversación pública sobre desplazamiento y ciudad ha girado en torno a Ciudad Bolívar, Aguablanca y la Comuna 13, pero la mayor parte del desplazamiento contemporáneo no llegó ahí.

Queda, finalmente, la pregunta sobre la reparación. Si la ciudad colombiana fue construida en parte importante por víctimas del conflicto —incluso por víctimas cuya condición de víctimas fue producida en la propia ciudad, mediante el redesplazamiento intraurbano—, ¿qué debe la sociedad urbana a esa historia? La Ley 1448 respondió con un criterio restrictivo; otras voces han empujado hacia un reconocimiento más amplio. Ese pulso —entre la contabilidad jurídica de las víctimas y la genealogía material de las ciudades que las recibieron— es la última consecuencia, no resuelta, de haber sido a la vez un país que se industrializó y un país en guerra, sin haber decidido nunca cuál de los dos era.