John F. Kennedy

Un heredero de la aristocracia católica de Boston

Kennedy nació el 29 de mayo de 1917 en Brookline, un suburbio acomodado de Boston, en el seno de una de las familias más ricas y ambiciosas de la costa este estadounidense. Su padre, Joseph P. Kennedy Sr., financiero de origen irlandés, embajador ante el Reino Unido durante la administración Roosevelt y patriarca de un clan proyectado hacia el poder político, dispuso las piezas de la vida de sus hijos con precisión dinástica. La familia pertenecía a la aristocracia católica del noreste, condición que en el paisaje protestante de la política estadounidense era a la vez estigma y capital identitario.

Educado en instituciones de élite y graduado en Harvard en 1940, Kennedy sirvió en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. El hundimiento del PT-109 en el Pacífico y la conducta del joven teniente que salvó a parte de su tripulación fueron construidos, después de la guerra, como núcleo de una mitología heroica que su padre supo administrar. Congresista por Massachusetts desde 1947 y senador desde 1953, escaló hacia la nominación presidencial demócrata en 1960 con la maquinaria familiar detrás y el carisma televisivo delante. En noviembre de ese año derrotó por un margen estrecho al vicepresidente Richard Nixon, en una elección donde los debates televisados —los primeros de la historia estadounidense— consagraron una nueva gramática de la política.

Su llegada a la Casa Blanca en enero de 1961, a los cuarenta y tres años, coincidió con un giro generacional: el más joven presidente electo en la historia del país sustituía al general Dwight Eisenhower, veterano de la Segunda Guerra, en el momento más denso de la Guerra Fría. El discurso inaugural —con su llamado a "pagar cualquier precio" por la libertad— era también un aviso al hemisferio.

Una presidencia bajo la sombra de La Habana

La Revolución Cubana de 1959 reorganizó la política latinoamericana de Washington antes incluso de que Kennedy llegara al Despacho Oval. La constatación de que una insurrección podía triunfar en el Caribe sin auxilio soviético directo funcionó, para las cancillerías del hemisferio y los estados mayores locales, como un campanazo de alerta. Hasta entonces, la política estadounidense hacia América Latina había privilegiado el trato con las élites económicas, políticas y militares; a partir de 1959 se hizo evidente que la sociedad latinoamericana en su conjunto —campesinos sin tierra, poblaciones urbanas empobrecidas, clases medias frustradas— era el nuevo tablero donde se libraría la Guerra Fría continental.

La administración Kennedy heredó de Eisenhower el plan de invasión a Cuba que se materializó en abril de 1961 en el desastre de Bahía de Cochinos. La derrota humillante de la brigada de exiliados frente a las fuerzas de Fidel Castro obligó a rediseñar la estrategia hemisférica en dos direcciones simultáneas: aislar diplomáticamente al régimen de La Habana y ofrecer a los pueblos latinoamericanos una alternativa reformista al modelo revolucionario. Esa segunda dirección tomó el nombre de Alianza para el Progreso.

En octubre de 1962, la crisis de los misiles llevó el pulso al borde de la guerra nuclear. La retirada de los cohetes soviéticos, negociada con Nikita Jrushchov, consolidó dentro del sistema interamericano una postura anticastrista que, en apariencia, dominaba la escena política, mientras artistas e intelectuales de la región —Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Pablo Neruda— sostenían públicamente su admiración por el proceso cubano. Entre esos dos polos se movió la política latinoamericana del gobierno estadounidense hasta el disparo de Lee Harvey Oswald en Dallas, el 22 de noviembre de 1963.

El lanzamiento de la Alianza para el Progreso

La Alianza para el Progreso quedó constituida formalmente el 17 de agosto de 1961 en el balneario uruguayo de Punta del Este, mediante la firma del Acta —o Carta— de Punta del Este por representantes de veintidós países en el marco del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) de la Organización de Estados Americanos. El delegado cubano, Ernesto Che Guevara, no estampó su firma y denunció desde el primer momento la reunión como una maniobra destinada a aislar a Cuba del resto de América.

El programa comprometió cerca de veinte mil millones de dólares en ayuda —principalmente al desarrollo— para América Latina durante la década de 1960. Su objetivo declarado era demostrar que el capitalismo progresista, y no el comunismo, era el medio más efectivo para mejorar las condiciones materiales de vida en el continente. En términos de estrategia interna, buscaba consolidar clases medias que disciplinaran a las oligarquías y pacificaran al campesinado y a la clase trabajadora; en términos hemisféricos, ofrecer una alternativa democrático-capitalista al modelo cubano.

Su arquitectura intelectual descansaba en buena medida sobre el modelo del economista Walt W. Rostow, cuyas etapas del crecimiento económico proponían un tránsito lineal del subdesarrollo a la modernidad y establecían un nexo explícito entre modernización y contrainsurgencia. Kennedy solicitó a dos expresidentes latinoamericanos —Alberto Lleras Camargo, de Colombia, y Juscelino Kubitschek, de Brasil— que formularan propuestas sobre los cambios estructurales necesarios para hacer funcionar el programa. El colombiano Carlos Sanz de Santamaría terminaría presidiendo el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (CIAP), el organismo creado para coordinar la iniciativa.

Puerto Rico aportó a Teodoro Moscoso como coordinador operativo. La administración Kennedy también desplegó, en paralelo, el Cuerpo de Paz: durante la década de 1960, más de mil voluntarios estadounidenses serían enviados a Colombia para trabajar en proyectos de desarrollo comunitario, sobre todo rural.

Colombia, vitrina del hemisferio

Kennedy identificó a Colombia como pieza clave —un "vital link"— de la Alianza para el Progreso y la convirtió en su vitrina, el "showcase" del programa en América Latina. La elección no fue casual ni generosa: recogía una alianza estratégica que venía consolidándose desde la Guerra de Corea, cuando el gobierno de Laureano Gómez había enviado un batallón de infantería y una fragata como parte de la fuerza multilateral de la ONU. Aquella participación había alineado firmemente a Bogotá con Washington y había traído consigo millones de dólares en ayuda militar y entrenamiento de tropas y oficiales.

En 1960, ya bajo la presidencia de Lleras Camargo y en el marco del Frente Nacional, Eisenhower había autorizado el 5 de mayo el uso de fondos del Programa de Asistencia Militar (MAP) para entrenar a militares colombianos en misiones de seguridad interna. Kennedy no inauguró la relación: heredó un vínculo maduro y lo elevó a categoría de emblema.

Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional entre 1958 y 1962, fue el interlocutor privilegiado. Caracterizado como el latinoamericano más dedicado al servicio de la política estratégica de Estados Unidos en el hemisferio durante la primera mitad del siglo XX, impulsó la convocatoria a la reunión del CIES en Punta del Este donde nació la Alianza y suscribió acuerdos de cooperación en el marco del programa y frente a la amenaza que se leía en La Habana. Durante su gobierno, Colombia rompió relaciones diplomáticas con Cuba, sumándose al aislamiento continental que Washington promovía.

A lo largo de la Alianza, Estados Unidos y las agencias internacionales de crédito prestaron a Colombia más de mil millones de dólares —cerca del 11% del financiamiento total del programa—, una proporción extraordinaria para un solo país que confirma la centralidad simbólica y estratégica que Bogotá tenía en el diseño hemisférico.

Diciembre de 1961: el paso por Bogotá

La visita de John y Jacqueline Kennedy a Bogotá se produjo en el marco del despliegue inicial de la Alianza. Fue breve —menos de veinticuatro horas—, pero tuvo un efecto simbólico duradero. La pareja llegó al Aeropuerto El Dorado y fue recibida por Lleras Camargo; hubo actos protocolarios en el Palacio de San Carlos y un encuentro con multitudes que las crónicas registrarían como uno de los momentos de mayor entusiasmo popular hacia una figura estadounidense en el siglo XX colombiano. Jacqueline —hija de familia católica, hispanohablante, con formación en historia del arte— cumplió un papel en la seducción diplomática que las cancillerías supieron aprovechar.

Durante la visita se realizó la fundación del proyecto masivo de vivienda popular Ciudad Techo, en los terrenos del viejo aeropuerto de Techo, planeado para alojar en su primera fase a ochenta mil personas. Tras el asesinato del presidente en Dallas, el barrio sería renombrado Ciudad Kennedy, y con los años se transformaría en una de las localidades más pobladas de Bogotá. Retrospectivamente, algunos críticos lo describirían como un desatino urbanístico y arquitectónico que, por fuerza de las circunstancias, terminó cambiando el curso del desarrollo urbano de la capital.

El detalle importa: los Kennedy estuvieron en Bogotá precisamente la semana en que el Congreso colombiano tramitaba la Ley 135 de reforma agraria, promulgada ese mismo mes. La coincidencia era, por supuesto, deliberada. La Alianza para el Progreso quería mostrar al mundo que en Colombia se estaban produciendo, al mismo tiempo, una intervención estadounidense amistosa y una reforma redistributiva doméstica.

La Ley 135, el INCORA y el Tolima

La Ley 135 de 1961 creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, el INCORA, con el mandato de redistribuir tierras a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. La legislación estableció mecanismos para intervenir la propiedad rural y reguló la titulación de baldíos, exigiendo al cultivador desarrollar al menos dos tercios de la tierra reclamada para obtener título legal, con parcelas ideales de cincuenta hectáreas.

La reforma fue alentada desde la Alianza para el Progreso: encajaba con la lectura de Rostow y con el diagnóstico político según el cual la ausencia de una redistribución mínima de la tierra alimentaba la simpatía campesina hacia la revolución. El escenario central fue el Tolima, donde se buscó ubicar a seiscientas familias campesinas en más de diez mil hectáreas propiedad de treinta y un hacendados. Buena parte de los más de mil millones de dólares de crédito externo asociados a la Alianza respaldó iniciativas del INCORA.

El resultado se estrelló contra la resistencia de los grandes propietarios, aliados naturales del Frente Nacional. Las clases dominantes latinoamericanas aprovecharon su control político para limitar el alcance del programa; los préstamos externos venían, además, condicionados a compromisos de liberalismo comercial que producían ciclos recurrentes de apertura importadora, agotamiento de reservas y posterior reimposición de restricciones. La Alianza no fue diseñada para redistribuir poder estructural sino para pacificar mediante una modernización acotada; el capitalismo progresista que Kennedy prometió nunca amenazó seriamente el orden de propiedad en Colombia.

El otro rostro: contrainsurgencia y misión Yarborough

Mientras la Alianza mostraba su cara desarrollista, en paralelo se desplegaba una arquitectura contrainsurgente que quedaría, durante décadas, en la penumbra. En febrero de 1962, la misión militar estadounidense encabezada por el general William Yarborough visitó Colombia y formuló recomendaciones sobre el desarrollo de estructuras civiles y militares contrainsurgentes. En un anexo secreto de su informe, Yarborough recomendó desarrollar una estructura civil y militar capaz de ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y —textualmente— terroristas contra comunistas conocidos, con respaldo de Estados Unidos.

De esa matriz emergió el Plan LASO (Latin American Security Operation), desplegado en Colombia entre 1962 y 1966. Junto con la Alianza para el Progreso, el LASO buscó influir en las Fuerzas Armadas colombianas mediante una combinación de desarrollismo y acción cívico-militar contrainsurgente. La táctica central era ganar la simpatía de los campesinos mediante obras, crear redes de espionaje, censar a los habitantes y preparar la logística antes de lanzar operativos punitivos. La lógica era la de Rostow puesta al servicio de la guerra: modernizar era también pacificar por las armas.

El propio Lleras Camargo, antes de la llegada de Kennedy, había impulsado un cambio en la misión básica de las Fuerzas Armadas colombianas al reconocer que la principal amenaza al país era interna. La administración Kennedy encontró un terreno preparado y aceleró su reorientación. Bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, sucesor de Lleras entre 1962 y 1966, esa reorientación se consumó.

Marquetalia y el nacimiento de las FARC

En mayo de 1964 —seis meses después del asesinato de Kennedy, pero dentro del ciclo abierto por su presidencia—, el Ejército colombiano lanzó la Operación Soberanía contra el enclave campesino de Marquetalia, en el sur del Tolima. La operación se ejecutó en el marco del Plan LASO y con asesoría directa del gobierno norteamericano. Los conservadores del Congreso habían llamado "repúblicas independientes" a esos territorios dominados por grupos armados de izquierda, mayoritariamente autodefensas comunistas herederas de la Violencia bipartidista.

El operativo movilizó recursos enormes —más de diecisiete millones de dólares y cerca de un tercio del ejército colombiano— y no logró eliminar a Manuel Marulanda Vélez ni desarticular al núcleo guerrillero. Un primer operativo, con cerca de siete mil soldados, había sido respondido con tácticas guerrilleras y levantado al poco tiempo, en lo que quizá fue un ensayo de la operación mayor. El ataque a Marquetalia terminó siendo el hito fundacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyo mando guerrillero se unificó ese mismo año.

La secuencia es reveladora del desfase entre las dos caras de la política de Kennedy hacia Colombia. En 1961, el Partido Comunista había convocado en El Támaro —desde entonces llamado Marquetalia— una conferencia de autodefensas con delegados de El Pato, Natagaima y Guayabero, y su Congreso había adoptado la línea de la "combinación de todas las formas de lucha". A esa deriva insurgente respondió el Plan LASO con la Operación Soberanía. La reforma agraria que la Alianza había alentado no logró desactivar la cuestión campesina; la contrainsurgencia que la Alianza había financiado sí produjo, al chocar contra las autodefensas, el nacimiento de la guerrilla más longeva del hemisferio.

El sistema interamericano y el aislamiento de Cuba

La política de Kennedy en la OEA se articuló en torno a un objetivo doble: legitimar la Alianza para el Progreso e institucionalizar el aislamiento de Cuba. En la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Punta del Este, la OEA declaró que el gobierno cubano se había colocado voluntariamente fuera del Sistema Interamericano por sus actos reiterados, y que la unidad hemisférica debía reconstituirse sobre la base del respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos de la Carta.

La ruptura de relaciones diplomáticas de casi todos los miembros de la OEA con Cuba —Colombia entre ellos, durante el gobierno de Lleras Camargo— dio la impresión de que una postura anticastrista dominaba los ámbitos políticos del hemisferio. Esa impresión era, en buena medida, un producto de gabinete. En las sociedades latinoamericanas, la Revolución Cubana seguía inspirando la convicción de que era posible una revolución socialista sin partido proletario y sin esperar condiciones previas de desarrollo industrial: bastaba, según la tesis del Che Guevara, con hombres dispuestos a tomar las armas y a organizar el descontento popular en zonas agrarias. Esa convicción alimentó a las guerrillas colombianas —FARC, ELN, EPL— en la segunda mitad de la década.

Vínculos con Rómulo Betancourt y el reformismo democrático

Kennedy encontró en Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela entre 1959 y 1964, un segundo aliado clave para el proyecto reformista continental. Junto con Lleras Camargo, Betancourt representaba el modelo político que la Alianza aspiraba a consolidar: gobiernos civiles, anticomunistas, comprometidos con reformas moderadas y opuestos tanto a las dictaduras militares tradicionales como a la revolución socialista. Los tres —Kennedy, Lleras y Betancourt— formaron una suerte de eje reformista democrático que Washington promovió como contramodelo al eje La Habana-Praga-Moscú.

Esa apuesta democrático-burguesa tuvo, sin embargo, límites estrechos. En los años posteriores a la muerte de Kennedy, la sucesión de golpes militares en Brasil (1964), Argentina (1966), Perú (1968) y el Cono Sur en los setenta iría desmontando la ilusión de un continente pacificado por la modernización. La misma doctrina de seguridad interna que Kennedy había financiado terminaría siendo utilizada por los militares latinoamericanos para tomar el poder contra los reformistas civiles que Washington había querido apuntalar.

Dallas, noviembre de 1963

Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, mientras recorría la ciudad en una caravana descubierta. El disparo de Lee Harvey Oswald —cuya autoría única sería después disputada por generaciones de investigadores— truncó su presidencia a menos de tres años de iniciada. El vicepresidente Lyndon B. Johnson asumió esa misma tarde en Air Force One. La conmoción fue mundial y particularmente intensa en América Latina, donde la figura del presidente joven, católico y aparentemente atento al continente había ganado un capital afectivo excepcional.

En Colombia, la reacción fue inmediata y desmesurada. El proyecto Ciudad Techo fue renombrado Ciudad Kennedy; colegios, avenidas, hospitales y estadios adoptaron el nombre del presidente asesinado en Bogotá y en decenas de municipios; retratos suyos entraron en las casas de sectores populares como si se tratara de un santo laico. La Alianza para el Progreso, que ya en 1963 mostraba señales de agotamiento, perdió con la muerte de su patrocinador la energía política que la sostenía. Johnson mantuvo formalmente el programa, pero desplazó el interés estadounidense hacia Vietnam y hacia una política latinoamericana más pragmática y menos reformista.

La huella colombiana: mito, ciudad, contrainsurgencia

La huella de Kennedy en Colombia se lee en tres capas superpuestas. La primera, visible en el paisaje urbano, es Ciudad Kennedy: hoy una de las localidades más pobladas de Bogotá, con más de un millón de habitantes, cuyo nombre es un recordatorio cotidiano del entusiasmo popular que suscitó la visita de 1961. La segunda es la Ley 135 y el INCORA: una reforma agraria que, pese a su modestia y a la resistencia de los propietarios, dejó instalado en el país un aparato institucional para la cuestión de la tierra y un discurso público sobre la necesidad de redistribuirla, discurso que atravesaría todas las políticas rurales subsiguientes.

La tercera capa es la más oscura y la más duradera: la reorientación contrainsurgente de las Fuerzas Armadas colombianas, la doctrina de seguridad interna, las recomendaciones Yarborough sobre estructuras paramilitares con respaldo estadounidense y el Plan LASO. Esa arquitectura, ensamblada bajo el paraguas retórico de la Alianza para el Progreso, definió la relación entre el Estado colombiano y sus guerrillas durante medio siglo. Marquetalia en 1964 fue su primer producto visible; el ciclo posterior de guerrilla, paramilitarismo y guerra sucia se apoyó en el terreno institucional que Kennedy —o más bien, la política estadounidense de la que Kennedy fue rostro— contribuyó a preparar.

La memoria colombiana ha privilegiado, con abrumadora claridad, la primera y la segunda capa. El mito del "gringo bueno" que trajo casas, escuelas y esperanza ha sobrevivido a la evidencia de que el mismo gobierno estaba, al mismo tiempo, financiando la contrainsurgencia. Esa asimetría dice tanto sobre las expectativas modernizadoras que el Frente Nacional supo canalizar como sobre la eficacia de la maquinaria simbólica de la Alianza para el Progreso.

Balance de una presidencia inconclusa

Juzgar a Kennedy en clave latinoamericana exige sostener dos afirmaciones simultáneas. La primera: la Alianza para el Progreso movilizó expectativas populares genuinas de modernización, produjo intervenciones materiales concretas —viviendas, créditos, voluntarios, reformas legales— y quedó incrustada en las biografías de cientos de miles de familias colombianas que asociaron el nombre del presidente asesinado con mejoras tangibles en su vida cotidiana. Reducirla a mera instrumentalización geopolítica ignora la densidad de sus efectos urbanos y agrarios y la agencia de los actores locales que la apropiaron para fines propios.

La segunda: la Alianza fracasó estructuralmente porque las élites colombianas —las mismas que el Frente Nacional protegía— bloquearon las reformas redistributivas de fondo, y porque el gobierno de Kennedy nunca estuvo dispuesto a forzar ese conflicto interno. El capitalismo progresista prometido en Punta del Este nunca amenazó el orden de propiedad. Su legado más duradero no fue el desarrollo sino la contrainsurgencia: la doctrina Rostow, las recomendaciones Yarborough y el Plan LASO reorientaron a las Fuerzas Armadas colombianas hacia una guerra interna que definiría al país por décadas.

Kennedy fue, en esa medida, menos un giro generoso hacia América Latina que la culminación de una alianza estratégica preexistente entre Washington y las élites bipartidistas colombianas. Lo que lo distingue —y lo que explica la resistencia de su mito— es que supo darle a esa alianza un rostro joven, una retórica reformista y una visita bien administrada. En Bogotá, en diciembre de 1961, los Kennedy fueron aclamados por multitudes que no distinguían todavía entre la Ciudad Techo prometida y la Marquetalia por venir. Esa indistinción, en buena medida, sigue vigente.