Ensayo · Frente Nacional · 1958–1974
Reforma agraria del Frente Nacional y el Pacto de Chicoral
Entre la Ley 135 de 1961 y el Pacto de Chicoral de 1972 se despliega el experimento redistributivo más ambicioso del Frente Nacional. La pregunta que permanece abierta es si Colombia tuvo una ventana reformista genuina que fue clausurada, o si la ley nació ya como dispositivo bifronte —contrainsurgente y blindaje del latifundio— cuya contrarreforma era inevitable.
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La respuesta en breve
La evidencia sostiene una respuesta compuesta: la Ley 135 nació con una contradicción estructural entre su vocación redistributiva formal y su arquitectura real —colonización de baldíos en lugar de expropiación de latifundios, captura burocrática del INCORA por los terratenientes, silencio sobre los despojos de La Violencia—, de modo que entre 1962 y 1971 menos del 1% de la superficie total fue afectada y la concentración de la tierra empeoró. Sin embargo, Chicoral no fue un acto redundante: entre 1970 y 1972 existía una presión redistributiva real —invasiones en su cénit, ANUC con cerca de 845.000 afiliados, compras del INCORA en su pico— que las élites terratenientes y ganaderas decidieron cancelar mediante un acuerdo político explícito que blindó el latifundio productivo, revirtió la ruta del aparcero al título y destruyó organizativamente el movimiento campesino más masivo de la historia colombiana.
La tensión historiográfica central enfrenta dos posiciones incompatibles sobre la causalidad del fracaso reformista. La primera, asociada a lecturas como las de Absalón Machado y Orlando Fals Borda, sitúa en Chicoral el pivote decisivo: la reforma tenía margen real de avance en 1971-1972, la ANUC radicalizaba la presión desde abajo, y el pacto entre cúpulas bipartidistas y gremios de la producción clausuró activamente esa posibilidad, sellando la alianza terrateniente-ganadera que alimentaría el paramilitarismo posterior en Córdoba, Urabá y el Magdalena Medio. La segunda posición, más estructuralista, sostiene que la ruta al conflicto estaba sobredeterminada por la concentración histórica de la tierra —Gini de 0,86 en 1970—, la Guerra Fría y el bipartidismo excluyente del Frente Nacional: la Ley 135 fue desde su redacción un dispositivo alineado con la Alianza para el Progreso cuyo objetivo real era desactivar el desafío cubano, no tocar el latifundio productivo, y la captura del INCORA por los terratenientes desde 1962 hacía de Chicoral una ratificación, no una ruptura. Un tercer eje, menos explorado, señala que el Estado redistribuidor fue simultáneamente expoliador —al declarar baldías tierras ancestrales sin título formal de comunidades afrodescendientes como las del Valle del Patía—, lo que desplaza la crítica del momento Chicoral hacia el diseño mismo del instrumento jurídico de 1961. El contrafactual de una ANUC no traicionada y una reforma sostenida permanece abierto: si habría desactivado guerrilla, coca y paramilitarismo, o si la estructura agraria y la Guerra Fría sobredeterminaban la guerra con independencia de las decisiones coyunturales de las élites.
Ensayo completo
La lectura
¿Fue Chicoral el pivote que clausuró la reforma agraria, o la Ley 135 nació ya diseñada para no redistribuir?
La política agraria del Frente Nacional es el nudo donde se decide buena parte del siglo XX colombiano. Entre la sanción de la Ley 135 el 13 de diciembre de 1961 y la firma del Pacto de Chicoral el 9 de enero de 1972 se despliega un experimento reformista que prometía redistribuir la tierra, creó una burocracia especializada —el INCORA— y una organización campesina masiva —la ANUC—, y terminó desmontado por un acuerdo entre las cúpulas bipartidistas y los gremios de la producción. Ese arco de once años concentra la pregunta que sigue abierta: ¿tuvo Colombia una ventana redistributiva genuina que fue clausurada, o la Ley 135 nació ya como un dispositivo bifronte —contrainsurgente hacia afuera, blindaje del latifundio productivo hacia adentro— cuya contradicción interna hacía la contrarreforma inevitable? La respuesta importa porque de ella depende cómo se lee la ruta al conflicto posterior: guerrillas expandidas en las fronteras de colonización, economía cocalera en Caquetá, Putumayo y Guaviare, despojo paramilitar en Urabá, Córdoba y el Magdalena Medio.
La pregunta y lo que se juega en ella
Hay tres modos habituales de contar esta historia, y cada uno reparte responsabilidades distintas. El primero convierte a Chicoral en el gran pivote traicionero: sin ese pacto, la reforma habría avanzado, la ANUC habría consolidado un campesinado con tierra y voz, y el ciclo posterior de guerra habría sido evitable o al menos menos intenso. El segundo, más estructural, sostiene que la ruta al conflicto estaba sobredeterminada por la concentración histórica de la tierra, la Guerra Fría y el bipartidismo excluyente del Frente Nacional: ni la Ley 135 podía redistribuir, ni Chicoral hizo más que ratificar lo obvio. El tercero mira la letra de la ley y ve la trampa desde el origen: un dispositivo diseñado para desactivar el desafío revolucionario cubano, no para tocar el latifundio productivo, cuya arquitectura legal contenía las cláusulas —adjudicación generosa de baldíos, criterios ambiguos de improductividad— que anticipaban su propio desmonte.
Distinguir entre las tres tiene consecuencias políticas concretas. Si Chicoral fue el pivote, el conflicto colombiano tiene un momento decidible, un cruce donde otra política habría producido otro país. Si la sobredeterminación estructural manda, la política agraria del Frente Nacional queda reducida a un episodio menor de un guion escrito por la larga duración del latifundio. Y si la ley nació torcida, la responsabilidad se desplaza de 1972 hacia 1961 y hacia el diseño mismo de la transición pactada de 1958. Las tres lecturas dialogan con la evidencia; ninguna la agota.
La gestación bifronte: 1958-1961
La Ley 135 se sancionó bajo Alberto Lleras Camargo el 13 de diciembre de 1961, después de una tramitación larga y accidentada en el Congreso. Carlos Lleras Restrepo condujo la redacción con delegados del Partido Liberal, el Partido Conservador y la Iglesia Católica, en un procedimiento negociado que ya anticipaba las restricciones del pacto frentenacionalista. El texto final quedó a considerable distancia del propósito inicial de Lleras Restrepo: facciones de oposición liberal y conservadora forzaron modificaciones sucesivas, y el articulado que llegó a sanción combinaba dos lógicas heterogéneas. Por un lado, un régimen legal para la colonización de tierras de frontera —piedemonte oriental, Magdalena Medio, sur de Córdoba, altillanura entre Meta y Vichada, subregiones de Antioquia—. Por otro, reglas más estrictas sobre propiedades existentes, incluida la expropiación pagada de latifundios improductivos.
El contexto internacional pesaba. La Revolución Cubana había reordenado el cálculo hemisférico y la Alianza para el Progreso, impulsada desde Washington, promovía reformas agrarias en América Latina como alternativa democrático-burguesa a la revolución. Colombia se sumó a esos acuerdos durante la administración de Lleras Camargo, y sería miope ignorar que la ley se pensó también como muro de contención frente al desafío cubano. Pero reducirla a un puro dispositivo contrainsurgente simplifica el debate político real que hubo en el Congreso: los grandes propietarios se opusieron activamente, y Lleras Camargo celebró la sanción como el momento culminante de su administración. La reforma fue impopular entre las élites terratenientes precisamente porque, aun mutilada, dejaba abiertas puertas legales que preferían cerradas.
El diseño institucional siguió esa dualidad. El 29 de diciembre de 1961 se constituyó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, dirigido por Enrique Peñalosa Camargo, economista de 31 años formado como asistente de Currie y funcionario del BIRF. La agencia recibió simultáneamente el mandato de colonizar baldíos y el de expropiar latifundios improductivos, dos vocaciones que en la práctica competirían por presupuesto, personal y voluntad política. Los problemas de despojo derivados de La Violencia —transacciones bajo coerción, títulos borrados, ventas forzadas— no fueron abordados por la Ley 135. Solo la Ley 201 de 1959 había adoptado medidas parciales para impedir el aprovechamiento económico de la violencia. La reforma agraria empezó, entonces, sobre un mapa de propiedad ya distorsionado por una década de terror rural que no se propuso corregir.
El INCORA bifronte: colonización dirigida contra redistribución
La primera década del INCORA es el laboratorio donde se decide, en la práctica, qué era la Ley 135. Y lo que se decide es contundente: la agencia se concentró en la colonización dirigida fuera de la frontera agrícola y avanzó muy poco en redistribuir tierras ya aptas. Los terratenientes cabildearon con éxito en la burocracia del instituto para que la actividad se orientara hacia proyectos que no perturbaran la tenencia existente. El resultado es medible. Entre 1962 y 1978, menos del 1% de la superficie total de tierra fue afectada por la reforma agraria, y la mayor parte de lo redistribuido eran baldíos —tierra pública—, no latifundios expropiados. El INCORA compró fincas por 472.470 hectáreas, principalmente en los primeros años setenta, y las entregó a cerca de 30.000 familias. Las expropiaciones propiamente dichas fueron notoriamente escasas.
En cambio, la adjudicación de baldíos se aceleró. Entre 1962 y 1971 el promedio anual subió a 14.562 predios y 521.175 hectáreas por año, frente a promedios de 5.362 predios y 283.572 hectáreas para el largo periodo 1931-1971. Esa aceleración alimentó la colonización dirigida en el piedemonte llanero, el Sarare, el Ariari, Caquetá, Arauca, el Magdalena Medio y el sur de Córdoba. Pero desplazar campesinos hacia fronteras no es redistribuir. Un exfuncionario del INCORA en Montería resumió con crudeza la deriva: las tierras adquiridas por el instituto en sus primeros años se destinaron principalmente a construir distritos de riego con una "mentalidad ingenieril, no social", de modo que no fueron entregadas a campesinos y los grandes beneficiados terminaron siendo los propietarios favorecidos por la infraestructura estatal.
El resultado agregado es demoledor. En cuarenta años de reforma agraria, el gasto total superó los 3.500 millones de dólares, benefició por expropiación a menos de 102.000 familias con 1,5 millones de hectáreas, a un costo promedio superior a 35.000 dólares por familia, sin lograr cambio marginal en la estructura de propiedad. Y la estructura, mientras tanto, se concentró. Entre 1960 y 1970, los predios menores de 10 hectáreas perdieron unas 170.000 hectáreas de superficie total, mientras los predios mayores de 500 hectáreas aumentaron en número —de 6.902 a 8.394— y en superficie —de aproximadamente 27,3 a 31,0 millones de hectáreas—. La Ley 135 se aprobó en 1961 y la concentración empeoró en la década siguiente. Ese hecho, más que cualquier debate teórico, marca el saldo real del experimento.
La reforma no solo dejó intacto el latifundio: en algunos casos operó como agente de despojo. Al declarar baldías tierras ancestrales carentes de título formal, la maquinaria de titulación estatal desconoció posesiones históricas de comunidades campesinas y afrodescendientes, en particular en zonas como el Valle del Patía. El Estado redistribuidor fue también, allí, expoliador. Repartía con una mano lo que arrancaba con la otra, porque el instrumento jurídico —la presunción de baldío sobre tierras sin título registrado— era ciego a las formas de posesión no escritural que sostenían buena parte del campo colombiano.
La ANUC: aprendiz de brujo
El 2 de mayo de 1967, mediante el Decreto 755 y la Resolución 061 del Ministerio de Agricultura que instauró la División de Organización Campesina, el Estado colombiano creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Los objetivos formales eran inscribir arrendatarios y aparceros para hacerlos propietarios, generar propuestas de crédito supervisado y asociativo, y establecer un canal entre los campesinos y el Estado. Detrás del articulado había un cálculo político: responder al ascenso de los movimientos insurgentes y al populismo de la ANAPO articulando corporativamente a la base rural. Era el Frente Nacional descubriendo, tarde y desde arriba, que la exclusión bipartidista había dejado sin representación institucional a un país entero.
El experimento se les fue de las manos con velocidad notable. Para 1970, en torno al Primer Congreso Nacional, la ANUC contaba con cifras de afiliación que las mejores estimaciones sitúan en torno a los 845.000 usuarios inscritos. A mediados de 1971, en el Encuentro Nacional Campesino de Villa del Rosario de Cúcuta, la organización aprobó posiciones que rechazaban la colonización como sustituto de la reforma agraria y exigían la expropiación de latifundios y la adjudicación de tierras invadidas. En agosto de 1971, la Junta Directiva reunida en Fúquene aprobó el Mandato Campesino: la ANUC se declaró autónoma del gobierno, rechazó la colonización como paliativo y exigió expropiación del latifundio. En pocos años, la criatura corporativa se había convertido en la principal fuerza de presión redistributiva del país.
Cuando el corporativismo estatal se despliega sobre contradicciones de clase no resueltas, no las contiene, las libera con estructura. Lleras Restrepo, que había concebido la ANUC como canal moderador de la fracción reformista de la burguesía —una válvula corporativa paralela ante la rigidez excluyente del Frente Nacional—, terminó siendo el aprendiz de brujo cuya invocación desbordó el conjuro. El Frente Nacional no había sido un simple consociativismo entre liberales y conservadores; había sido, además, un intento modernizador-autoritario que necesitó inventar canales paralelos para incorporar lo que el bipartidismo excluía. La ANUC fue ese canal, y su radicalización mostró que los canales corporativos son eficaces precisamente porque organizan a los organizados; el problema surge cuando los organizados quieren cosas distintas de las que sus creadores previeron.
Chicoral: qué se cerró y qué ya estaba cerrado
El Pacto de Chicoral se firmó el 9 de enero de 1972 en Chicoral, Tolima, bajo el gobierno de Misael Pastrana Borrero, con apoyo de sectores de ambos partidos y de los gremios de la producción. Lo acordado se tradujo en dos instrumentos legislativos decisivos. La Ley 4 de 1973 redefinió el concepto de baldío mediante la presunción de propiedad privada sobre los fundos poseídos por particulares —"se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares"—, introdujo nuevos criterios para calificar un predio como "adecuadamente explotado" que dificultaban la expropiación, y estableció una barrera de protección de 160 hectáreas contra la afectación por reforma agraria. La Ley 6 de 1975, de aparcería, eliminó la posibilidad de adjudicación de propiedad al aparcero o arrendatario después de diez años de trabajo, posibilidad que habían contemplado la Ley 36 de López Pumarejo y la Ley 1ª de 1968 de Lleras Restrepo.
Chicoral hizo tres cosas simultáneas. Blindó el latifundio productivo con criterios legales que hacían la expropiación prácticamente inviable. Cerró la ruta del aparcero al título de propiedad, revirtiendo una lógica presente en la legislación desde los años treinta. Y desmovilizó políticamente a la ANUC: el gobierno de Pastrana promovió activamente la escisión de la organización, apoyando la constitución de la Línea Armenia como corriente gobiernista frente a la Línea Sincelejo, autónoma y de izquierda. Las consecuencias organizativas fueron devastadoras: la Línea Sincelejo retuvo unos 300.000 afiliados, la Línea Armenia apenas 10.000, y cerca de 500.000 miembros abandonaron la organización. El movimiento campesino más masivo de la historia colombiana quedó, en cuestión de meses, reducido a fragmentos.
Aquí la pregunta se vuelve exigente. ¿Cerró Chicoral una ventana redistributiva efectivamente abierta, o solo formalizó un statu quo que la captura burocrática del INCORA ya había consolidado desde 1962? Ambas cosas son ciertas y no se anulan. La captura del INCORA había neutralizado la redistribución por vía de inercia burocrática y cabildeo silencioso durante una década. Pero entre 1970 y 1972 hubo un pico real de presión redistributiva: las invasiones de tierras alcanzaron su cénit, el INCORA compró la mayoría de sus 472.470 hectáreas precisamente en los primeros años setenta, y los grandes propietarios emprendieron demandas sistemáticas contra la movilización campesina. Había una presión —acotada, insuficiente, pero real— que ejercía la ANUC radicalizada y que estaba forzando al Estado a actuar más allá de lo que las élites toleraban.
Chicoral fue, por eso, un acto político adicional, no redundante. No cerró una reforma en marcha porque la reforma nunca lo estuvo del todo, pero sí clausuró la ambigüedad legal residual que la Ley 135 había mantenido, canceló la presión organizada de la ANUC, y produjo el marco jurídico que dirigió el excedente campesino hacia fronteras periféricas donde el latifundio ganadero, el narcotráfico y, más tarde, el paramilitarismo convergerían sobre una población despojada de alternativas. La reforma fue bloqueada en dos tiempos con lógicas distintas: la captura burocrática silenciosa de los sesenta, y el sello político explícito de 1972. Suprimir cualquiera de los dos empobrece la explicación.
Los términos del debate: ¿pivote o ratificación?
La tesis que ubica a Chicoral como el pivote estructural del siglo XX colombiano —por encima incluso de 1957 y 1886— tiene apoyo empírico serio. Después de 1972, la cuestión agraria dejó de ser tema prioritario de la política colombiana durante casi dos décadas. La Ley 30 de 1988 intentó retomar parcialmente la redistribución, pero mantuvo el espíritu de la Ley 135 y su carácter marginal. El coeficiente de Gini de concentración de la tierra pasó de 0,86 en 1970 a 0,905 en 2014, y los predios mayores de 1.000 hectáreas aumentaron su participación en el área total en 30,8 puntos porcentuales entre censos. La Costa Caribe, los valles interandinos y los Llanos Orientales —donde en 1971 ocurría el 76,9% de los conflictos por tierra— siguen siendo territorios de propiedad concentrada. Chicoral, en esta lectura, no cerró un episodio: cerró una época.
La tesis rival —la sobredeterminación estructural— es igualmente potente. El coeficiente de Gini de 1970 ya era 0,86: una estructura extremadamente concentrada. La Guerra Fría empujaba a Colombia hacia esquemas contrainsurgentes que subordinaban la reforma agraria a la contención del comunismo. El bipartidismo del Frente Nacional excluía institucionalmente a las terceras fuerzas y garantizaba que ningún proyecto redistributivo llegara al Congreso sin ser negociado con quienes tenían intereses en no aprobarlo. Contra esa combinación —estructura agraria concentrada más geopolítica hemisférica más pacto de élites— cualquier ventana reformista sería, por definición, estrecha. Incluso una ANUC no traicionada habría chocado con un techo que ni siquiera un millón de usuarios podía romper por sí solos.
La tesis del dispositivo bifronte desde el origen se apoya en la letra de la ley y en la práctica del INCORA. Si la Ley 135 autorizaba la adjudicación generosa de baldíos —en algunos casos hasta grandes extensiones— a sociedades mientras exigía criterios difíciles para la expropiación de latifundios, la asimetría estaba escrita en el articulado. Si el INCORA canalizó desde 1962 su actividad hacia la colonización dirigida y no hacia la redistribución, esa deriva no fue accidente sino cumplimiento del diseño. La reforma no fue traicionada: hizo exactamente lo que su arquitectura permitía hacer.
Las tres tesis capturan algo real y hay que sostenerlas en tensión. La estructura agraria y la Guerra Fría fijaron el rango de lo posible; el diseño bifronte de la Ley 135 y la captura del INCORA fijaron lo probable dentro de ese rango; Chicoral y la fractura de la ANUC decidieron lo efectivo. Los tres niveles operaron simultáneamente, y ninguno agota la explicación.
Del cierre agrario al ciclo de guerra
Lo que sigue a Chicoral es, en muchos sentidos, la consecuencia diferida del pacto. El campesinado desplazado hacia colonizaciones periféricas —Caquetá, Putumayo, Guaviare, Magdalena Medio, piedemonte llanero— se instaló en zonas donde el Estado prometía infraestructura, crédito y titulación pero entregaba muy poco. En Arauca la comunicación seguía siendo fluvial y el aislamiento severo. Los programas de crédito no cubrieron las necesidades reales y los colonos terminaron endeudados con insumos costosos, en desventaja competitiva. En Caquetá, un solo propietario llegó a poseer entre 35.000 y 72.000 hectáreas para principios de los sesenta, incluyendo tierras en los llanos del Yarí. La colonización dirigida no revirtió la concentración; en muchas zonas la reprodujo con nuevos actores.
Sobre ese suelo germinó la economía cocalera. Entre 1977 y 1987, el cultivo de coca se expandió en Caquetá, Putumayo y Guaviare, y para miles de campesinos fue la única alternativa económica viable frente a un mundo rural sin oportunidades. La coca no llegó a esas zonas porque los colonos fueran especialmente propensos a la ilegalidad; llegó porque el diseño de la colonización periférica —sin infraestructura, sin crédito real, sin seguridad jurídica— había producido las condiciones exactas en que un cultivo de alto valor por hectárea, adaptable a suelos pobres y con mercado garantizado, se volvía racional. La colonización no fue solo válvula de escape: fue producción activa de un campesinado sin derechos, cuya precariedad se convertiría en materia prima para economías ilegales y para reclutamiento armado.
El paramilitarismo se articuló sobre ese mismo mapa desde finales de los ochenta. En Urabá y Córdoba, la expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá combinó la compra de tierras del Cartel de Medellín —Fidel Castaño invirtió ganancias del narcotráfico en grandes propiedades rurales cordobesas—, la ofensiva contraguerrillera contra el EPL y el apoyo de élites locales resentidas por la actuación guerrillera contra hacendados y ganaderos. La Brigada 11 del Ejército, creada en 1987 en Montería, aparece repetidamente en la documentación como pieza institucional del entramado. Las masacres de El Tomate y Mejor Esquina, ambas de 1988, marcaron el inicio de una violencia sistemática contra campesinos considerados apoyo social de la guerrilla. En el Cesar, líderes de movimientos campesinos y cívicos fueron perseguidos y asesinados como parte de la misma estrategia. Las Convivir, cooperativas de seguridad rural legalizadas en los noventa, ofrecieron a las estructuras paramilitares un fundamento legal renovado para su expansión territorial.
La coincidencia geográfica entre las zonas de mayor conflicto agrario en los setenta —Costa Caribe, Magdalena Medio, Urabá— y las zonas de mayor violencia paramilitar en los noventa no es azarosa. Es continuidad territorial. Los mismos municipios donde la ANUC había invadido tierras a comienzos de los setenta fueron, veinte años después, escenarios de masacres, desplazamientos y consolidación de latifundios ganaderos vinculados al narcotráfico. La contrarreforma de Chicoral resolvió el problema agrario en el papel; su solución en el terreno tomó dos décadas y se escribió con violencia.
Lo que la evidencia permite afirmar
Las tres tesis en disputa se combinan sin diluirse. La Ley 135 de 1961 fue un dispositivo bifronte desde su redacción: contrainsurgente en su motivación externa, moldeada por la Alianza para el Progreso, y blindaje del latifundio productivo en su articulado interno. Su contradicción constitutiva —adjudicar baldíos con generosidad mientras dificultaba la expropiación— fue resuelta a favor de la colonización dirigida por la captura burocrática temprana del INCORA, un proceso silencioso que operó entre 1962 y 1971 sin necesidad de legislación explícita. Chicoral, en 1972, no clausuró una reforma en marcha porque tal reforma no lo estuvo del todo, pero sí fue un pivote real: liquidó la ambigüedad legal residual, desmovilizó la ANUC mediante la escisión gobiernista, y produjo el marco jurídico que canalizó el excedente campesino hacia fronteras donde el ciclo posterior de coca y paramilitarismo encontraría su base social y territorial.
El contrafactual de una ANUC no traicionada probablemente habría alterado la intensidad, no la existencia, del ciclo de guerra. La estructura agraria concentrada y la lógica hemisférica de la Guerra Fría fijaban un rango de lo posible que ninguna organización campesina, por masiva que fuera, podía desbordar por sí sola. Pero dentro de ese rango, las élites colombianas tuvieron un margen de decisión que Chicoral cerró con nombre y apellido. Ese margen importa. Distingue entre lo que era inevitable en el largo plazo y lo que fue decisión política concreta de actores específicos en una fecha específica.
Lo que queda abierto
Quedan flancos sin cerrar. El primero es el peso relativo, entre 1961 y 1972, de la captura burocrática silenciosa frente al bloqueo político explícito: ambos procesos están documentados, pero cuantificar cuánto pesó cada uno exigiría una historia administrativa del INCORA que todavía está por escribirse en detalle. El segundo es hasta qué punto la radicalización de la ANUC en 1971 representaba una fuerza capaz de forzar redistribución real sostenida, o si su cénit fue el punto máximo de una curva que habría descendido por dinámica propia. El tercero es la naturaleza precisa del vínculo entre política agraria y expansión guerrillera: la superposición geográfica entre zonas de colonización dirigida y zonas de presencia insurgente está documentada, pero la causalidad —cuánto empujó el cierre agrario a los colonos hacia las guerrillas, y cuánto las guerrillas se instalaron donde ya había población disponible— continúa sin resolverse.
Lo que no queda abierto es lo esencial. Colombia tuvo entre 1961 y 1972 una política agraria que se anunció redistributiva y no redistribuyó, que produjo la organización campesina más masiva de su historia y la fracturó una década después, que canalizó a los excluidos hacia fronteras donde la coca y el paramilitarismo los encontrarían sin defensas. La Ley 135 y el Pacto de Chicoral son los dos extremos de ese arco. Ninguno de los dos se entiende sin el otro. Y ninguno de los dos se entiende sin la estructura agraria heredada que ambos, cada uno a su manera, dejaron intacta.
Archivo documental
Documentos usados en esta lectura
55 documentos · 73 fragmentos de referencia01Forgotten Peace: Reform, Violence, and the Making of Contemporary ColombiaRobert A. Karl · 2017 · p. 2281 fragmento
[1]reformmonger.” 29 Carlos’s major role directing land reform came in the drafting process, where delegates from the Liberal and Conservative parties, along with the Catholic Church, committed to a program that mixed the two approaches to agrarian reform seen in earlier measures: a new legal regime for frontier…
p. 228
02Nueva Historia de Colombia, Vol. III: Relaciones Internacionales, Movimientos SocialesÁlvaro Tirado Mejía, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Cepeda Ulloa, Rodrigo Pardo García-Peña, Germán Zea Hernández, Luis Vitale, Malcolm Deas, Catherine LeGrand, Mauricio Archila Neira, Rocío Londoño Botero, Pierre Gilhodes, Myriam Jimeno Santoyo · p. 3491 fragmento
[2]oriente del To- lima, fue visto como el preludio a una grave agitación agraria. A pesar de la oposición laureanista dirigida en la Cámara por Hugo Es- cobar Sierra, el proyecto fue aprobado el 23 de noviembre y sancionado por el presidente el 13 de diciembre como ley 135 de 1961, base de toda la polí- tica agraria de…
p. 349
03Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 481 fragmento
[3]se reducía a inyectarles crédito, asisten- cia técnica, etc. para ayudarles a habilitar las propiedades caídas o abandonadas. El problema del despojo de tierras, que era uno de los más urgentes y difíciles de resolver, quedaba por fuera de su ámbito legal” (Sánchez Gómez, 1989, en: Nueva Historia de Colom- bia, página…
p. 48
04Economía y Nación: una breve historia de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1994 · p. 4142 fragmentos
[4]población, por el desem- pleo y la insatisfacción de sus necesidades apremiantes, parecía encontrar en las audaces experiencias de Cuba una solución a sus conflictos vitales". 22 Los norteamericanos, por conducto de la Alianza para el Progreso, y promoviendo políticas de inter- vención económica y de mayor…
p. 414
[5]población, por el desem- pleo y la insatisfacción de sus necesidades apremiantes, parecía encontrar en las audaces experiencias de Cuba una solución a sus conflictos vitales". 22 Los norteamericanos, por conducto de la Alianza para el Progreso, y promoviendo políticas de inter- vención económica y de mayor…
p. 414
05Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 692 fragmentos
[6]g e nealogía del p a ramilitarismo e n C olombia Ilustración 2: El Colombiano 1960 El triunfo de la Revolución Cubana detonó acuerdos con los Estados Unidos enmarcados en la denomina “alianza para el progreso” (Lleras, 1963) que incluía acuerdos militares de cooperación durante el periodo de Alberto Lleras Camargo 70…
p. 69
[7]g e nealogía del p a ramilitarismo e n C olombia Ilustración 2: El Colombiano 1960 El triunfo de la Revolución Cubana detonó acuerdos con los Estados Unidos enmarcados en la denomina “alianza para el progreso” (Lleras, 1963) que incluía acuerdos militares de cooperación durante el periodo de Alberto Lleras Camargo 70…
p. 69
06Territorial Rule in Colombia and the Transformation of the Llanos OrientalesJane M. Rausch · 2013 · p. 89, 1002 fragmentos
[8]excess population from the Departments of Santander, Norte de Santander, and Boyacá was the piedmont region on the eastern side of the Andes, or, in other words, the territories of Caquetá, Arauca, and the Depart- ment of Meta. Lleras Camargo accepted Lebret’s recommendations and began to implement them. 30 The first…
p. 100
[9]that in order to receive legal title, the cultivator of baldíos had to develop at least two-thirds of the land that he or she was claiming and that fifty hectares was the ideal size of such a claim. The aim was to help both those peasants whose EBSCOhost: eBook Collection (EBSCOhost) printed on 4/29/2025 8:29:25 PM…
p. 89
07Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 461 fragmento
[10]Departamentos en los que la ANUC tenía una fuerza muy importante. En aplicación de la Ley 135 de 1961 el Incora dirigió durante los años sesenta la colonización del piedemonte oriental de la cordillera Oriental, el Magdalena Medio, la altillanura entre el oriente del Meta y Vichada, el sur de Córdoba y en varias…
p. 46
08Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 93, 5012 fragmentos
[11]élites terrate - nientes bloquearon la redistribución de tierras, usando la representación directa que tenían en la legislatura, además de la captura de una parte de los funcionarios elegidos, jueces o burócratas, que respondían a la distribución paritaria entre los partidos, y al uso del clientelismo para socavar el…
p. 501
[46]Revolucionario (MOIR), hasta las guerrillas, que emergieron en ese contexto de democracia restringida. Las FARC, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tuvieron influencia en ese amplio y plural campo de la izquierda. Eran tiempos revolucionarios en los cuales la lucha…
p. 93
09Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 30, 312 fragmentos
[12]hecho de que esta región se encuentra de Santander y del inte- rior del país una cadena de 1nontaúas y llanuras y a la baja densi- dad de población aún más el de la guerra Los términos la distribución de tierra eran tan ambiguos que el Ministerio Agricultura tuvo la determinar tierras podían ser Se llegó a este…
p. 30
[22]Aproximadan1ente 76,9% de los conflictos de tierras en 1971 ocu- rrieron en los latifundios de la costa atlántica, en los valles interandinos y en los Llanos Orientales, donde se desarrollaban los grandes latifun- dios ganaderos y el capitalisrno agrario 49. Los restantes conflictos terri- 62 Sistemas de guerra…
p. 31
10Revolutionary Social Change in Colombia: The Origin and Direction of the FARC-EPJames J. Brittain · 2010 · p. 831 fragmento
[13]130,000 people (Lindqvist, 1979: 102; see also INCORA, 1972). Scholars analytically studying Law 135 came to a different conclusion. They discovered that these numbers were not just greatly misleading, they contradicted the real conditions. Tad Szulc (1964: 245) noted that in its first year, the achievements of Law…
p. 83
11Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and BeyondJasmin Hristov · 2014 · p. 951 fragmento
[14]pacifying existing militant peasant and guerrilla groups (Rudqvist 1983). The same law also created the Colombian Institute for Agrarian Reform (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, or INCORA). Mostly in the early 1970s, INCORA bought up farms totalling 472,470 hectares and distributed land to 30,000 families…
p. 95
12Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. De la colonia a la creación del Frente NacionalAbsalón Machado Cartagena · 2009 · p. 218, 2932 fragmentos
[15]y Amazonia sólo se habían adjudicado 6.479 predios, con 317.389 has, predios pequeños para colonos110. O sea que en la primera década de la nueva reforma agraria avanzó significativamente la ad judicación de tierras a colonos, ello se explica en buena parte como resultado de los proyectos de colonización dirigida que…
p. 293
[73]los esfuerzos económicos de toda la comunidad, haciendo más profunda la crisis nacional de materias primas y alimentos. Este era un proceso de fraude a la reforma agraria y a la ancestral aspiración del campesinado a la tierra, ya que el esquema liberal-burgués se orientaba en otra dirección: la incorporación de la…
p. 218
13La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 212, 4012 fragmentos
[16]que el Incora compró en esos primeros años en el gobier- no de Carlos Lleras se compró para construir distritos de riego con una mentalidad ingenieril, no social. Todas las tierras que el Incora había adquirido no se las había entregado a los campesinos porque ese no era [su interés, sino que] era quitarte la tierra a…
p. 401
[31]luz, […] entonces eso es una contradiccion, donde se dice que no pero donde las bases de una u otra forma empiezan a recibir los favores de los políticos tradicionales (Hombres/adultos/ ex dirigentes campesinos/ Sincelejo/ Sucre/ noviembre de 2009). Pero no se puede poner en duda que el gran gestor inicial de la Anuc…
p. 212
14La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Esbozo de una memoria institucionalAbsalón Machado Cartagena · 2013 · p. 781 fragmento
[17]política para realizar las transforma- ciones necesarias o ha escogido medios y estrategias inadecuados para lograr los propósitos de la legislación. En los últimos 40 años no se logró un cambio ni siquiera marginal de la estructura de la propie- dad, ni en la dinámica de la pobreza y la marginalidad rural, pero se…
p. 78
15Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 421 fragmento
[18]El programa de apoyo a la colonización en el Meta contemplaba tambien el apoyo al crédito supervisado a partir de la “Titulación, asistencia técnica y crédito a colonos del Valle del Ariari, municipios de Granada, Fuente de Oro, Acacías, Guamal, San Martín y San Luis de Cubarral. Y construcción CAPÍTULO I ANTECEDENTES…
p. 42
16Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 178, 2492 fragmentos
[19]puertas de crédito para la producción agraria, viéndose obligadas a acelerar los flujos migratorios campo-ciudad y a intensificar la ocupación de nuevos territorios. Machado indica que el grado de concentración de la propiedad aumentó entre 1960 y 1970 a pesar de la prolija legislación agraria promulgada alrededor de…
p. 249
[59]5,15% Tolima: 4,9% Cundinamarca: 5,15% Otros: 4,9% Otros: 4,12% Caquetá: 2,4% Cauca: 3,78% Cundinamarca: 2,4% Caldas: 3,09% Meta 1,6% Quindío: 2,41% Huila 0,8% Boyacá: 2,41% Período de vinculación Período Putumayo Caquetá 1930 - 1946 0,80% 2,90% 1947 - 1967 23,20% 34,60% 1968 - 1977 19,20% 34,60% 1978 - 1986 37,60%…
p. 178
17El Desarrollo de la Agricultura en ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1982 · p. 501 fragmento
[20]arrendatarios. Como se verá más adelante, el grado de concentración de la pro- piedad también aumentó ostensiblemente. Se puede caracterizar así la información censal analizada: la población del campo sufrió profundas modificaciones en su composición, en su número y en su movilidad. Mientras hubo una notoria…
p. 50
18La crisis agraria en Colombia, 1950-1980Santiago Perry · 1983 · p. 911 fragmento
[21]la creciente presencia del capital monopólico internacional, usurero y comprador, configuran los rasgos característicos del semifeudalismo colombiano. 93 Cuadro No. 2. 1 CONCENTRACION DE LA TIERRA EN COLOMBIA 1960 - 1970 0-10 has + 500 has TOTAL 1960 SUPER (miles # EXPLOT. has) 2.403.7 1 1.052 27.337.8 925. 750 6.902…
p. 91
19Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 57, 622 fragmentos
[23]cercano al poder, y quien fuera uno de los más grandes tenedores de tierra del conti- nente, llegó a poseer para principios de la década del sesenta entre 35.000 y 72.000 hectáreas en el Caquetá, incluyendo varias decenas de miles en los llanos del Yarí 139. Un campesino relata: «Coparon prácticamente todo el…
p. 62
[55]El llanto del arpa», 25. 125 Molano, Fragmentos de la historia del conflicto armado, 38. 126 Medina Gallego, FARC-EP y ELN. 127 Entrevista 150-PR-03306. Compareciente. Bloque Sur FARC, Columna Teófilo Forero. 58 fiflćflThffifffj fjfl. flffflfj Tercera oleada: colonización dirigida o institucional Un tercer tipo de…
p. 57
20El desplazamiento en Colombia: Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez (editoras) · 2005 · p. 3321 fragmento
[24]de poder, es decir, las zonas de colonización y las zonas de frontera co- C ODHES 332 lombiana, han tenido una economía propia centrada en la extracción de recursos. En el departamento del Caquetá, y las zonas del piedemonte llanero, el Sarare, el Ariari y el Magdalena medio, por ejemplo, dicha economía estuvo muy…
p. 332
21El desplazamiento en Colombia. Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez · 2005 · p. 3321 fragmento
[25]de poder, es decir, las zonas de colonización y las zonas de frontera co- C ODHES 332 lombiana, han tenido una economía propia centrada en la extracción de recursos. En el departamento del Caquetá, y las zonas del piedemonte llanero, el Sarare, el Ariari y el Magdalena medio, por ejemplo, dicha economía estuvo muy…
p. 332
22Breve historia económica de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 2017 · p. 2681 fragmento
[26]50 a 100 has 2,4 98 5,9 21 100 a 500 has 1,7 99,7 12,6 33,6 500 a 1.000 has 0,2 99,9 4,8 38,4 >1000 has 0,2 100,1 61,2 99,6 Sin contar los territorios étnicos del censo agropecua- rio, el Gini de 2014 se reduce a 0, 905, bastante mayor que el de 1970 que alcanzó 0, 86, reflejo de la concentración de la propiedad que…
p. 268
23El poder de la carne. Historias de ganaderías en la primera mitad del siglo XX en ColombiaAlberto G. Flórez-Malagón (ed.), Luis Guillermo Baptiste, Ingrid Johanna Bolívar, Stefania Gallini, Shawn Van Ausdal · 2008 · p. 341 fragmento
[27]en los años 20, Absalón Machado y otros afirman que Colombia nunca realmente ha tenido una revolución burguesa (únicamente en los años cincuenta, el país comenzó a adoptar el llamado camino junker del desarrollo agrario capitalista desde arriba)"'. En los años 30, apunra Gómez, el latifundio ganadero estaba al frente…
p. 34
24Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Magdalena MedioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 531 fragmento
[28]de tierras y siembra de pastos, forrajes y fumigación de potreros; pequeñas empresas de carne, leche y levante 79. Gracias a estos proyectos que se desarrollaron en la década de 1960, en la región se empezó a configurar un proceso de organización donde las asociaciones de usuarios cam- pesinos tuvieron un rol…
p. 53
25Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 651, 7252 fragmentos
[29]con su hijo y hermano, el 5 de agosto de 1989 2476. Más adelante hubo allanamientos, amenazas y el desplazamiento forzado de la tesorera departamental de Anmucic-Atlántico; amenazas, hostigamien- tos, desplazamiento forzado y secuestro de una de la lideresa indígena de Anmucic-La Guajira en 2003; y amenazas,…
p. 725
[45]que fue un pañito de agua que se dio con el gobierno de Carlos Lleras. Y ya con el gobierno de Misael Pastrana hubo un reversazo, porque [...] se dio el acuerdo de Chicoral, y en el acuerdo de Chicoral se reversó toda la política de equidad en el campo, de reforma agraria» 2123. Estos antecedentes son clave para…
p. 651
26Historia doble de la Costa. Tomo 4: Retorno a la tierraOrlando Fals Borda · 2002 · p. 2501 fragmento
[30]la rutina teórica que ha surgido de los estudios generales de la Violencia y se adelanta en la comprensión de sus factores y condiciones reales. Puede ser que continúe esta saludable tenden- cia de regionalizar el estudio de tan importante proceso. Cf. Russell W. Ramsey, "Critical bibliography on La Violencia in…
p. 250
27Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos. El Movimiento Armado Quintín LameDaniel Ricardo Peñaranda Supelano · 2015 · p. 1391 fragmento
[32]un énfasis en la dotación de tierras a los arrendata - rios y aparce ros, y la profun dización de la reforma por medio de la organiza ción de los campe sinos. Esta última medida condujo a la creación de la Asocia ción Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), que constituía una osada respuesta al ascenso de los movi…
p. 139
28No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 94, 1232 fragmentos
[33]de julio de 1970, a un mes de que se terminara el gobierno de Lleras, se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Para entonces, había casi un millón de hombres y mujeres afiliados a las asociaciones campesinas, y un empoderamiento que se reflejaba en las palabras del líder agrario sucreño Francisco…
p. 123
[72]la tierra: «Hicieron del Tolima el escenario de la reforma agraria del país, que se encontraba 230 Tomo Colombia adentro. Relatos territoriales del conflicto armado, del Informe Final, volumen Valle y Norte del Cauca. 231 Serje de la Ossa, El revés de la nación: territorios salvajes, 19. 232 Villamil Chaux, La reforma…
p. 94
29Tierra y carbón en la vorágine del Gran Magdalena. Los casos de las parcelaciones de El Toco, El Platanal y Santa FeYamile Salinas Abdala, María Paula Hoyos, Ana María Cristancho · 2018 · p. 291 fragmento
[34]que se tradujo en la institucionaliza- ción del movimiento campesino bajo el lema “la tierra pa’l que la trabaja” (Archila, 2005, página 97). Con base en el Decreto 755 de 1967, el Ministerio de Agricultura realizó un “empadronamiento masivo de usuarios reales y potenciales de servicios agropecuarios estatales”…
p. 29
30Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 69, 872 fragmentos
[35]pequeño paso para la organización campesina, pero un gran salto para reformar con equidad la estructura agraria del país. La dureza del discurso del presidente Lleras no era nueva. Tampoco gratuita. En 1968, durante la entrega de títulos de propiedad a antiguos terrajeros y aparceros del bajo Sinú, dejaba un vehemente…
p. 69
[69]los muchachos, a decirles que allá sí se pasaba bien, que allá iban a ganar plata... Muchos vecinos de allá huyeron, muchachos se fueron con ellos. Hubo una familia, ellos eran muy conocidos de mi abuelo. Tenían siete hijos. Todos los siete muchachos se fueron con la guerrilla, con el Frente 6 de Diciembre del ELN. El…
p. 87
31Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistasRocío Londoño (coord.), Carolina Castro, Álvaro Delgado, Jaime Landinez · 2016 · p. 538, 5422 fragmentos
[36]los programas de colonización del INCORA (como sustituto de la reforma agraria redistributiva) y pidieron la reducción del plazo exigido para que la tierra inculta en manos privadas volviera al dominio del Estado para su entrega a los cam- pesinos sin tierra. Adicionalmente, aprobaron estas peticiones: que los…
p. 538
[39]rechazo a las políticas agrarias del gobierno de Pastrana Borrero, acorda- ron seguir promoviendo la recuperación de tierras y debatieron cuál de las siguientes consignas era más adecuada para el movimiento campesino: “Tierra para quien la trabaja” o “Tierra sin patrones”. Finalmente, el Comité Ejecutivo de la ANUC…
p. 542
32The Agrarian Question and the Peasant Movement in Colombia: Struggles of the National Peasant Association, 1967-1981Leon Zamosc · 1986 · p. 114, 2902 fragmentos
[37]207- 8; agrarian reform central issue raised by, 66-9; archive on, 6, 228n; in areas of agrarian capitalism, 61, 91-3, 140-1, 143-5, 203, 204-7; in areas of coloniza- tion, 61, 93-4, 102, 106, 174, 179-80, 273 274 Index ANUC (cont.) 192, 204-7, 231n; in areas of latifundia, 61, 91-3, 107, 204-7, 231n; in areas of…
p. 290
[41]the original leaders remained, many of whom were Liberal and Conservative affluent peasants who agreed that ANUC should be independent as a trade union, supported the demands of the landless peasants of other areas, but also insisted on maintaining the link with the state and keeping their own activity within legal…
p. 114
33Tierras. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoAlejandro Reyes Posada · 2018 · p. 401 fragmento
[38]la ANUC. En ellos la Asociación rechazaba la colonización como substituto de la reforma agraria, exigía la extinción del domi- nio de tierras privadas incultas y la expropiación del latifundio, ade- más de los apoyos estatales para elevar el nivel de vida campesino. El Mandato Campesino de la ANUC, aprobado por la…
p. 40
34At the Margins of the Global Market: Making Commodities, Workers, and Crisis in Rural ColombiaPhillip A. Hough · 2022 · p. 233, 2402 fragmentos
[40]activity. The ANUC-Caquetá branch of the national movement was one of its most vibrant since its inception. At fi rst, the bulk of their energies were dedicated to squatting on unused public and private lands. However, over time their actions expanded to civic strikes and occupations of local state agencies to demand…
p. 240
[57]largest and most competitive agribusinesses, reformers like World Bank President Robert S. McNamara had come to believe that an emphasis should also be placed on promoting the productivity of the rural poor. Higher productivity should therefore be combined with state interventions to stimulate job growth,…
p. 233
35Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 661 fragmento
[42]para seguir defendiendo nuestro territorio ancestral». 146 Informe 262-CI-00390. Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) y Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), «El genocidio silencioso del puebo Embera Chamí de Caldas». de las guerrillas liberales a la efervescencia social (1958-1977)…
p. 66
36¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 831 fragmento
[43]y 1975; la mayoría de ellas entre 1970 y 1973, cuando el movimiento 130 INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica el representante a la cámara Israel Santamaría, el senador Carlos Toledo Plata y un grupo de guerrilleros urbanos encabezados por Jaime Bateman Cayón, escindidos de las FARC, en 1974 conformaron…
p. 83
37Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 3571 fragmento
[44]departamentos de Tolima, Antioquia, Huila, Cauca, Valle y Cundinamarca. Muy poco tiempo después, el gobierno de Pastrana iniciaría la contrarreforma agraria con la Declaración de Chicoral, un pacto bipartidista sobre el proyecto de modificación de la Ley de Reforma Agraria que fomentó la división del movimiento…
p. 357
38Patía, de la tierra de nadie a las grandes haciendasCarlos Daniel Quiñonez Rodríguez, Carlos Enrique Osorio Garcés · 2024 · p. 1821 fragmento
[47]y el Gobierno nacional frenó los intentos de la redistribución de baldíos en el territorio colombiano (Villaveces y Sánchez 2015). Por tal motivo, los propietarios de los grandes latifundios emprendieron un proceso sistemático de demandas, el cual tuvo como resultado la expedición de la Ley 4 de 1973, finiquitada en…
p. 182
39Historia económica de ColombiaJosé Antonio Ocampo Gaviria (compilador), Germán Colmenares, Jaime Jaramillo Uribe, Hermes Tovar Pinzón, Jorge Orlando Melo González, Jesús Antonio Bejarano Ávila, Joaquín Bernal Ramírez, Mauricio Avella Gómez, María Errázuriz Cox, Carmen Astrid Romero Baquero · 2017 · p. 524, 5372 fragmentos
[48]1961 y 1971, el Instituto adecuó 178.000 ha. Solo el 35% de los beneficiarios de estos programas lo eran también de la reforma agraria, 50% minifundistas privados y 15% propietarios medianos y grandes. Con el Acuerdo de Chicoral, se inició el desmonte de la reforma agraria y el diseño de una política alternativa de…
p. 537
[53]la de crear canales de comunicación apropiados entre el sector privado y el Estado. Estos canales incluyeron la defensa de los intereses de los afiliados, sirviéndose de los medios de comunicación y de negociaciones directas con las entidades estatales. La ANDI tuvo (con la oposición de Fenalco en muchos momentos) un…
p. 524
40Los retos de la Colombia contemporánea. Miradas disciplinares diversas en las ciencias socialesMauricio Nieto Olarte (edición académica y compilación), Luis Javier Orjuela, Alix Catalina Rojas, Carlos Felipe Cantor, Juan Carlos Rodríguez, Andrés Guhl, Sandra Borda G., Mateo Morales, Ángela Iranzo Dosdad, Alejandro Castillejo Cuéllar, Juan Ricardo Aparicio, Alhena Caicedo, Pablo Jaramillo, Carlos A. Manrique, Laura Quintana · 2017 · p. 292 fragmentos
[49]36 (López Pumarejo) y 1. ª del 68 (Lleras Restrepo), mediante la adjudicación de la propiedad al aparcero o arrendatario, después de diez años de trabajo sobre ella 3. Así, mediante la Ley 6. ª se evitaba la redistribución de la tierra. Esta relación de aparcería, que incluso podía obligar al campesino a pres - tarle…
p. 29
[50]36 (López Pumarejo) y 1. ª del 68 (Lleras Restrepo), mediante la adjudicación de la propiedad al aparcero o arrendatario, después de diez años de trabajo sobre ella 3. Así, mediante la Ley 6. ª se evitaba la redistribución de la tierra. Esta relación de aparcería, que incluso podía obligar al campesino a pres - tarle…
p. 29
41Memorias dispersasHumberto De La Calle Lombana · 2021 · p. 2651 fragmento
[51]olvidar la necesidad de incorporar a grandes masas campesinas a una vida digna y productiva, en un marco de respeto a la propiedad privada. Como se dijo, bajo el Gobierno conservador de Misael Pastrana, con apoyo de sectores liberales y de gremios de la producción, se suscribió el Pacto de Chicoral, que en la práctica…
p. 265
42Gran Enciclopedia de Colombia - Economía 2José Antonio Ocampo (Dirección Académica); Patricia Correa, Luis Nelson Beltrán, Roberto Steiner S. y otros (autores de capítulos) · 2007 · p. 1571 fragmento
[52]man- tuvo el espiritu de la ley 135 de 1961, por lo cual la reforma siguié siendo marginal. Con la ley 30 se trataba de modificar los obstaculos | gales y pro- cedimentales que hacian impracticable la reforma de los anos sesenta. No se trataba, pues, de una concepcién diferente en cuanto a su contenido y alcance. La…
p. 157
43Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Frontera nororientalComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 511 fragmento
[54]El proceso de colonización fue asumido por el Incora 66. Entre 1961 y 1973 se adjudicaron en la intendencia de Arauca 85.830 hectáreas 67, con el propósito de incor- porarlas a la producción agropecuaria nacional 68. Aparte de brindar asistencia técnica y créditos a los pequeños productores campesinos, la ley incluía…
p. 51
44Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 52, 622 fragmentos
[56]frontera agrícola. Para ello, desde 1958, el Estado estimuló la creación de las Juntas de Acción Comunal (JAC), como escenarios de organización y participación para las comu- nidades. Estas reforzaron los procesos que eran cotidianos y autónomos desde la 94 Villamil, La reforma agraria del Frente Nacional.…
p. 52
[58]colonización cultural y territorial, que implicaron formas de violencia tanto físicas como simbólicas. 128 Becerra, «Las relaciones entre misioneros», 17. presentación 63 De la crisis de la economía campesina a la economía de la cocaína (1972—1980) 64 fiflćflThffan nexosfl. nThnflon P ara la década del 70, la promesa…
p. 62
45Historia contemporánea de Colombia (1920-2010)José Ricardo Arias Trujillo · 2011 · p. 1631 fragmento
[60]el deporte, los medios de comunicación, la banca, miembros del Ejército y miles de campesinos y de comerciantes. La corrupción del narcotráfico llegó a tal nivel que, incluso, un presidente de la República (Ernesto Samper) fue acusado de recibir enormes cantidades de dinero del cartel de Cali para financiar su campaña…
p. 163
46Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 501 fragmento
[61]clientelismo, colonizaciones inte riores y contrabando) que contribuyeron a mantener y enredar el conflicto. A mediados de 1980 se había formado el tejido apropiado para que el despe gue de la economía de la droga implicara grandes dosis de violencia; ofrecía oportunidades a las farc, el m -19, el e pl y el e l n, a…
p. 50
47Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUC. Región Caribe, Departamento de Antioquia, Departamento de ChocóÁlvaro Villarraga Sarmiento, Alberto Santos Peñuela, Priscila Zúñiga Jiménez, Margarita Jaimes Velásquez, Lukas Rodríguez Lizcano, Gisela Andrea Aguirre García, Camilo Villamizar Hernández · 2014 · p. 241 fragmento
[62]por Fidel Castaño en el sur de Córdoba y Urabá, en los últimos años ochenta, de manera que su despliegue se relaciona con la compra de tierras e instalación de infraestructura del nego - cio ilegal de la coca por parte de reconocidos miembros del Car - tel de Medellín y por los propios Castaño, con la fuerte ofensiva…
p. 24
48Paramilitarismo. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera · 2018 · p. 731 fragmento
[63]Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares (CNMH, 2012c), Romero (1995 y 2003), Dun- can (2006) y Ronderos (2104) resaltan cómo la denominada Casa Castaño fue central en la transición entre la primera generación y la segunda generación paramilitar, mediante la conformación de las ACCU, a mediados de…
p. 73
49The Para-State: An Ethnography of Colombia's Death SquadsAldo Civico · 2016 · p. 1141 fragmento
[64]for being a guerrilla nest, a pueblo guerrillero. Their spectacular violence was an act of purification and reeducation. The violence was performed by paramilitary groups, which had turned into powerful and well-organized regional armies. Their development and expansion were the result of the leadership and initiative…
p. 114
50Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 491 fragmento
[65]conflictos campesinos por la tierra han tenido mayor intensidad en la costa Caribe y el Magdalena medio y, en menor extensión, en el norte del Huila, Cauca y el sur del Tolima. En la costa Caribe las regiones de mayor conflicto agrario han sido Urabá, Córdoba, Sucre, norte de Bolívar, sur del Magdalena y Cesar. En…
p. 49
51Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 1211 fragmento
[66]GRUPOS PARAMILITARES, 1978-2016 EL ORIGEN DEL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA El paramilitarismo va a surgir, al igual que la guerrilla, en enclaves bajo una importante ausencia del Estado, si bien, a diferencia de la naturaleza guerrillera, en Colombia solo se puede interpretar el paramilitarismo, no como un hecho…
p. 121
52Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 3491 fragmento
[67]gobierno lo básico: servicios públicos, escuelas, carreteras transitables. Jóvenes educados de Valledupar que querían cambiar las cosas y hacer una sociedad más justa, hicieron Causa Común con ellos. Ese fue el nombre que le pusieron a su movimiento que buscaba reemplazar a la dirigencia del Cesar por una más…
p. 349
53A las puertas de El UbérrimoIván Cepeda, Jorge Rojas · 2008 · p. 471 fragmento
[68]49 • La organización paramilitar que funcionaba en las fincas de Córdo- ba dirigida por la familia Castaño Gil estaba apoyada por los ganaderos de la región, por jefes políticos y por capos del narcotráfico. Contaba igualmente con el respaldo de los mandos militares de la brigada 11 del 47 Córdoba. No todo está…
p. 47
54La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 681 fragmento
[70]ya entrada la década de los noventa, sirvieron como plataforma para el posicionamiento, a nivel nacional, de los hermanos Castaño, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); y en la dimensión regional, de los grupos paramilitares en el sur del Chocó y su costa…
p. 68
55La tierra en ColombiaEstanislao Zuleta, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) · 1973 · p. 1171 fragmento
[71]al pro pio tiempo que la demanda para su producción se encontraba asegurada ya que, tratándose de un pro ceso de industrialización por sustitución de impor taciones, contaba con una demanda tradicional insa tisfecha, acrecentada por el ascendente volumeñ de población que se incorporaba a las actividades ur banas. De…
p. 117