Magnicidios y crisis del bipartidismo (1989–1990)
Entre agosto de 1989 y abril de 1990, tres candidatos presidenciales —Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez— fueron asesinados en Colombia, mientras el narcotráfico perpetraba atentados masivos y el exterminio de la Unión Patriótica alcanzaba su punto más visible. La acumulación de magnicidios y la crisis de legitimidad del régimen bipartidista detonaron la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
Ficha del acontecimiento
Síntesis
- Cuándo
- 18 de agosto de 1989 – 26 de abril de 1990
- Protagonistas
- Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro, César Gaviria, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Castaño, Virgilio Barco, Julio César Turbay, Fidel Castaño, Alfonso Plazas Vega, Miguel Maza Márquez
Lectura causal
Causas, hecho y consecuencias
Causas
- El cierre institucional del bipartidismo heredado del Frente Nacional impidió cuatro intentos sucesivos de reforma constitucional entre 1978 y 1989, bloqueando canales legítimos de transformación política y acumulando una crisis de legitimidad sin salida institucional.
- El exterminio planificado de la Unión Patriótica desde 1985, articulado por la alianza entre narcotraficantes, grupos paramilitares del Magdalena Medio y sectores de la fuerza pública, eliminó sistemáticamente la opción de integración política de la izquierda.
- La ofensiva terrorista del Cartel de Medellín, motivada en parte por la amenaza de extradición y por la decisión de Galán de enfrentarlo públicamente, convirtió la campaña electoral en un campo de exterminio.
- La impunidad estructural del sistema judicial —donde solo el 4% de los crímenes terminaba en sentencia y uno de cada cuatro jueces había sido amenazado— anuló la capacidad del Estado de contener la violencia mediante la ley.
- La complicidad documentada entre altos mandos militares, políticos regionales y narcotraficantes-paramilitares creó un entramado de protección mutua que el Estado no quiso o no pudo desmantelar.
Consecuencias
- La acumulación de magnicidios generó una sensación de crisis límite que movilizó a estudiantes y ciudadanos a impulsar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, elegida en diciembre de 1990 y que produjo la Constitución de 1991.
- César Gaviria, ungido candidato liberal en reemplazo de Galán, ganó las elecciones de 1990 y convocó la Constituyente, en la que la Alianza Democrática M-19 —partido del candidato asesinado Pizarro— obtuvo una representación significativa.
- La Asamblea Constituyente de 1991 prohibió constitucionalmente la extradición, lo que permitió a Pablo Escobar negociar su rendición y recluirse en la prisión de La Catedral, poniendo fin temporal a la guerra del narcotráfico contra el Estado.
- El exterminio de la Unión Patriótica fue reconocido por instancias judiciales y de memoria histórica como crimen de lesa humanidad y genocidio político, dejando más de mil militantes asesinados o desaparecidos y clausurando por décadas la posibilidad de una izquierda legal con arraigo territorial.
- El proceso de paz con el M-19, aunque culminó en la desmovilización del 9 de marzo de 1990, quedó marcado por el asesinato de Pizarro, evidenciando que la reinserción política no ofrecía garantías de seguridad frente a la alianza narco-paramilitar.
La clave interpretativa
Por qué importa
Los magnicidios de 1989–1990 no fueron crímenes aislados sino el punto de colapso visible de tres pactos simultáneos: el bipartidismo cerrado, la promesa de reinserción guerrillera y la contención del narcotráfico. Su importancia radica en que la crisis que desencadenaron fue tan profunda que obligó a refundar el orden constitucional, pero también en que el exterminio de la Unión Patriótica —crimen de Estado con participación documentada de la fuerza pública— quedó en gran medida impune, sentando un precedente sobre los límites reales de la transición democrática que la Constitución de 1991 prometía inaugurar.
Desarrollo histórico
La historia completa
Magnicidios y crisis del bipartidismo (1989–1990)
Entre el 18 de agosto de 1989 y el 26 de abril de 1990, en un lapso de ocho meses, fueron asesinados tres candidatos a la presidencia de Colombia: Luis Carlos Galán Sarmiento, del Nuevo Liberalismo; Bernardo Jaramillo Ossa, de la Unión Patriótica; y Carlos Pizarro Leongómez, del recién desmovilizado M-19. A esa cadena hay que sumar el atentado que en noviembre de 1989 destruyó en pleno vuelo el avión de Avianca 203 con 107 personas a bordo, en un intento fallido de matar a un cuarto candidato, César Gaviria Trujillo. En ese intervalo colapsaron, casi simultáneamente, los tres pactos que habían sostenido el orden político colombiano desde el Frente Nacional: el bipartidismo liberal-conservador, incapaz de reformarse por vía institucional después de cuatro fracasos constitucionales sucesivos; la promesa de reinserción de las guerrillas, respondida con exterminio planificado; y la contención del narcotráfico, hecha añicos cuando el Estado demostró que ni podía extraditar ni podía proteger a sus jueces. La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, elegida en diciembre de 1990, fue la salida a la que se aferró una clase política desacreditada para sobrevivir al vacío que ella misma había contribuido a crear.
El mundo que se agotaba: bipartidismo cerrado, apertura fallida
El régimen que entró en crisis en 1989 llevaba tres décadas cerrándose sobre sí mismo. El Frente Nacional (1958-1974) había estabilizado al país tras la Violencia mediante la alternación pactada entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, pero al precio de anular la competencia política, estimular el clientelismo y negarles espacio a nuevos grupos y movimientos. Cuando la coalición formal terminó, sus efectos persistieron: los partidos siguieron siendo maquinarias electorales sin vocación de mediar entre el Estado y una sociedad civil que se había transformado aceleradamente. Al finalizar los años ochenta, el sistema político seguía atado a la Constitución de 1886, mientras el país que debía gobernar era otro.
Cuatro intentos sucesivos de reforma constitucional fracasaron en menos de una década. En 1978, la Corte Suprema declaró inconstitucional la convocatoria a una constituyente hecha por Alfonso López Michelsen. En 1981, la Corte volvió a tumbar la reforma que había tramitado el Congreso bajo Julio César Turbay Ayala. En 1988, Virgilio Barco Vargas abrió la posibilidad de un plebiscito reformador para las elecciones de ese año, pero él mismo la cerró con un acuerdo bipartidista plasmado en el Estatuto Antiterrorista, y el Consejo de Estado terminó de sepultar la iniciativa. A finales de 1989, un cuarto intento se hundió en el Congreso, arrastrado por la disputa sobre si debía o no incluir la prohibición de la extradición. Cada fracaso confirmaba lo mismo: el sistema no podía reformarse desde adentro.
Sobre ese cierre institucional se acumulaban dos violencias paralelas. La del narcotráfico, que desde el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984 y del director de El Espectador Guillermo Cano Isaza en 1986 había dejado claro que los cárteles no aceptarían la extradición ni el escrutinio judicial. Y la de los grupos paramilitares del Magdalena Medio, que operaban con financiación del narcotráfico y complicidad de sectores del Ejército, la Policía y políticos regionales, y que desde 1985 tenían un blanco preferente: la Unión Patriótica, el partido nacido del proceso de paz de Belisario Betancur con las FARC. En diciembre de 1986, la Corte Suprema declaró inexequible la Ley 27 de 1980 que ratificaba el tratado de extradición con Estados Unidos; Barco respondió con la Ley 68 de ese mismo mes para mantener el mecanismo vivo, pero la extradición dejó de aplicarse en la práctica desde entonces, salvo excepciones. Los grandes narcotraficantes seguirían invocándola, sin embargo, como justificación de todo lo que estaba por venir.
La cadena de asesinatos: de Soacha al Puente Aéreo
El sábado 18 de agosto de 1989, hacia las ocho y media de la noche, Luis Carlos Galán Sarmiento subía a la tarima de la plaza principal de Soacha, en la periferia sur de Bogotá, para dar un mitin de campaña. Era el candidato liberal con mayores probabilidades de ganar las elecciones de 1990. Su discurso contra el narcotráfico y a favor de la extradición lo había convertido en el enemigo público número uno de Pablo Escobar Gaviria. Los sicarios, encabezados por Jaime Eduardo Rueda Rocha, dispararon en medio de la multitud. Uno de los fusiles usados, un Galil con número de serie 7-1721058, pertenecía al arsenal traído clandestinamente desde Israel para armar a los hombres de Acdegam, la asociación de ganaderos y productores del Magdalena Medio que servía de fachada al paramilitarismo de Puerto Boyacá. En un solo tiro convergían el narcotráfico y la alianza narco-paramilitar: la autoría intelectual se atribuye a Escobar, pero el brazo ejecutor venía de la coalición contrainsurgente del Magdalena Medio.
La respuesta del gobierno Barco fue inmediata en el gesto y débil en la sustancia. Se decretó el estado de sitio, se reactivó la extradición por vía administrativa —mecanismo que la Corte Suprema respaldaría— y se anunciaron cuerpos especiales que no llegaron a existir: la Comisión Antisicarial se reunió una sola vez y no dejó rastro, y el Cuerpo Élite de Lucha contra el Sicariato nunca se materializó. Estados Unidos aprobó una ayuda de emergencia de 65 millones de dólares en helicópteros artillados y armamento, sobre los cuales el propio director de la Policía, el general Gómez Padilla, advirtió que no eran adecuados para combatir el narcotráfico. Para proteger a los aproximadamente 1.600 jueces amenazados de muerte se asignaron 2,5 millones de dólares. El Estado tenía dinero para la guerra; no para la justicia.
Galán fue reemplazado apresuradamente por César Gaviria Trujillo, su jefe de debate, ungido candidato liberal en las semanas siguientes al entierro. Fue contra él que Escobar dirigió el siguiente golpe. El 27 de noviembre de 1989, el vuelo 203 de Avianca despegó de Bogotá con destino a Cali. Una bomba estalló en el aire minutos después. Murieron 107 pasajeros y tripulantes. Gaviria, alertado por sus escoltas, no había abordado. Dos semanas más tarde, el 6 de diciembre, un camión bomba estalló frente a la sede del DAS en Bogotá: unos 52 muertos y más de 1.000 heridos. El objetivo era el director del organismo, el general Miguel Maza Márquez, que ya había sobrevivido a un primer atentado con carro bomba el 30 de mayo de ese año, en el que murieron siete personas. La ciudad se acostumbró en pocos meses a los cordones de seguridad, los operativos de retén y la rutina del duelo.
En medio de esa ofensiva, el 15 de diciembre de 1989, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano —socio mayor de Escobar en el Cartel de Medellín y financista clave del paramilitarismo del Magdalena Medio y de los llanos—, fue abatido por la Policía en Tolú, en la costa Caribe. Su muerte fue presentada como un triunfo, pero no alteró la lógica del enfrentamiento: la maquinaria de terror seguía funcionando.
El nuevo año trajo el segundo magnicidio. El 22 de marzo de 1990, hacia el mediodía, Bernardo Jaramillo Ossa esperaba en el Puente Aéreo de Bogotá un vuelo a Santa Marta, donde tenía previsto descansar unos días con su familia. Un sicario adolescente le disparó a quemarropa. Jaramillo era el presidente de la Unión Patriótica y su candidato presidencial, el segundo en encabezar la fórmula tras el asesinato en años anteriores de Jaime Pardo Leal, ejecutado por sicarios de Rodríguez Gacha con logística atribuida a los servicios de inteligencia del batallón de la Escuela de Caballería que comandaba el teniente coronel Alfonso Plazas Vega. Su asesinato no era una sorpresa: era la culminación previsible de un exterminio que llevaba cinco años en curso. Fidel Castaño, jefe paramilitar de Urabá y Córdoba, había sido apodado Dos Mil por Pablo Escobar en referencia al número de miembros de la UP que se estimaba había matado, y era señalado por el propio Escobar como el principal responsable de la violencia contra el partido, por encima incluso de Rodríguez Gacha.
Un mes y cuatro días después, el 26 de abril de 1990, Carlos Pizarro Leongómez, comandante desmovilizado del M-19 y candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19, abordó un vuelo doméstico. Un sicario se sentó detrás de él, fue al baño a sacar una metralleta oculta y descargó el cargador entero sobre el candidato. Pizarro había depositado su pistola calibre 45 envuelta en la bandera de Colombia el 9 de marzo anterior, en Santo Domingo, Cauca, en la ceremonia de entrega de armas de unos 900 combatientes del M-19. Dos días después ya era candidato a la Alcaldía de Bogotá, donde obtuvo la tercera votación; luego lanzó la candidatura presidencial. El sicario que lo mató estaba vinculado al paramilitarismo: la reinserción, ofrecida como camino, fue clausurada con una ráfaga a 30.000 pies de altura.
El exterminio como política: la Unión Patriótica y el modelo del Magdalena Medio
Ninguno de estos asesinatos puede entenderse aislado. Detrás de la cadena de magnicidios operaba una alianza estable —no una conspiración puntual— entre el narcotráfico, los grupos paramilitares del Magdalena Medio y sectores de la fuerza pública. Su laboratorio había sido la persecución sistemática a la Unión Patriótica desde 1985.
La UP había nacido como uno de los pocos resultados tangibles del proceso de paz de Betancur con las FARC. Su lanzamiento formal en 1985 abrió, en teoría, un canal institucional para la izquierda armada. En la práctica, se convirtió en una lista de nombres a eliminar. Dos planes de exterminio articularon la ofensiva: el Baile Rojo y el Plan Esmeralda, este último desarrollado desde 1987 en los llanos orientales y en Caquetá. En ambos convergían actores hasta entonces dispersos. Del lado militar, las brigadas XIV y V del Ejército, la inteligencia de la Armada en Barrancabermeja y la Policía en Puerto Boyacá. Del lado civil armado, los grupos paramilitares de Acdegam y los sicarios pagados por Rodríguez Gacha y los Castaño. Las víctimas identificadas eran mayoritariamente campesinos, trabajadores y administradores de finca —cerca del 41% del total registrado con ocupación conocida—, y la concentración territorial de los homicidios en Urabá, Tolima, Meta, Caquetá y Magdalena Medio delataba la lógica agraria y contrainsurgente de la ofensiva. Las cifras totales, aunque varían, hablan de más de mil líderes y militantes asesinados o desaparecidos, con estimaciones regionales que llegan al orden de 1.167 víctimas hacia 1991. Los hechos han sido calificados como crímenes de lesa humanidad y, en algunos casos, como genocidio político.
En 2010, el paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias Negro Vladimir, declaró ante la Fiscalía que la política de exterminio de la izquierda se originó en el propio Estado. Relató una reunión en el Magdalena Medio con políticos nacionales —entre ellos Julio César Turbay Ayala y Alberto Santofimio Botero— en la que se pactó el apoyo para combatir a la izquierda. Dijo haber recibido 200 millones de pesos del general Farouk Yanine Díaz, entregados en un maletín a las afueras de la XIV Brigada en Puerto Berrío, para llevar a cabo una masacre. Y aseguró que Rodríguez Gacha y Escobar habían enviado 1.500 millones de pesos al comandante paramilitar Henry de Jesús Pérez como agradecimiento. El relato provenía de un perpetrador y su carga incriminatoria era manifiesta, pero encajaba con la geografía y la mecánica de las masacres que ya estaban documentadas.
La más elocuente fue la de La Rochela. El 18 de enero de 1989, doce miembros de una comisión judicial que investigaba la desaparición de diecinueve comerciantes —en la que estaban involucrados altos oficiales del Ejército— fueron asesinados por un grupo paramilitar conocido como los Masetos. El mensaje fue inequívoco: quienes intentaran documentar la alianza entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares serían silenciados. Entre 1979 y 1991 fueron asesinadas 290 personas en cumplimiento de funciones judiciales, y el promedio anual pasó de 2 muertes entre 1979 y 1982 a 10,5 entre 1985 y 1988. En una encuesta de 1987, uno de cada cuatro jueces manifestó haber sido objeto de amenazas directas o contra sus familiares. Según estimativos del propio gobierno Barco, solo una quinta parte de los crímenes llegaba al conocimiento de las autoridades, y de estos apenas un 4% terminaba en sentencia. La impunidad no era una imperfección del sistema: era su modo de funcionamiento.
Detrás del entramado del Magdalena Medio operaba también una ambición política. Los paramilitares intentaron proyectar su influencia a través del movimiento Morena, con Pablo Emilio Guarín Vera como principal referente, en un ensayo tempranero de lo que dos décadas después se llamaría parapolítica. La justificación era la lucha contrainsurgente, pero el efecto real fue otro: la extradición amenazada empujó a los narcotraficantes a pagar protección a autoridades civiles y militares, fortaleciendo un sistema de complicidades regionales que anclaba al Estado, en amplias zonas del país, en el lado equivocado de la ley.
A principios de 1989, tanto el DAS como la Policía tenían información de inteligencia que demostraba la relación del Cartel de Medellín con altos mandos militares, altos funcionarios del gobierno y políticos. La purga que ese informe hubiera requerido no ocurrió. Los indicadores de derechos humanos recogidos por la Comisión Interamericana —asesinatos políticos, desapariciones, muertes en combate, secuestros— registraron promedios anuales más altos bajo Barco que bajo Betancur. La imagen del Estado fuerte que había enarbolado el gobierno frente al terrorismo del narcotráfico convivía con un Estado cada vez más incapaz de controlar a sus propios agentes.
La paz que se agotó: el M-19 y el hundimiento de la reforma
El proceso de paz con el M-19 se inauguró con un cese unilateral del fuego declarado el 2 de abril de 1988. Las conversaciones avanzaron durante 1988 y comienzos de 1989: en marzo de 1989, Rafael Pardo, representante del gobierno Barco, se reunió con la dirigencia del M-19 en el hotel Camino Real de Ciudad de México. El acuerdo político —que preveía la incorporación de los desmovilizados a la vida civil bajo garantías constitucionales— dependía crucialmente de una reforma constitucional que estaba siendo tramitada en el Congreso.
A finales de 1989, esa reforma se hundió. El motivo inmediato fue la extradición: sectores del Congreso pretendieron incluir su prohibición en el articulado, en una operación que respondía tanto a la presión del narcotráfico como al cálculo político de un legislativo que no quería asumir el costo de mantenerla. El acuerdo con el M-19 quedó suspendido en el vacío. Se emitieron órdenes de captura contra dirigentes de la guerrilla, renunció el ministro de Gobierno Carlos Lemos Simmonds —quien había participado en las negociaciones— y el país entró en las semanas en que un candidato liberal había sido asesinado, un avión de pasajeros había sido volado en el aire, la sede del DAS estaba en ruinas y el pacto con la guerrilla más urbana del país amenazaba con desbaratarse.
El acuerdo se rescató, contra todo pronóstico, en los primeros meses de 1990. El M-19 aceptó desmovilizarse el 9 de marzo, en la ceremonia de Santo Domingo, apostando a que la reforma constitucional se lograría por otras vías. Dos días después, Pizarro era candidato a la Alcaldía de Bogotá. En seis semanas sería candidato presidencial. En menos de dos meses estaría muerto.
El asesinato de Pizarro cerró simbólicamente una posibilidad y abrió otra. Cerró la idea de que la desmovilización, por sí sola, ofrecía garantías: un candidato ya reincorporado, con inmunidad política y proyección electoral, había sido eliminado con la misma facilidad que Galán o Jaramillo. Y abrió, sin embargo, el camino que su sucesor Antonio Navarro Wolff tomaría al asumir el liderazgo del movimiento: en lugar de retornar a las armas, la Alianza Democrática M-19 continuó su participación electoral, se presentó a las elecciones presidenciales de 1990 y, en diciembre, obtuvo aproximadamente un tercio de la votación para la Asamblea Nacional Constituyente. Navarro sería copresidente de esa Asamblea. El éxito relativo del M-19 —primero en desmovilizarse en el nuevo modelo de negociación parcelada— antecedió las desmovilizaciones del EPL, el PRT y el Quintín Lame en los meses siguientes.
Causas: por qué colapsaron los tres pactos a la vez
Que los tres pactos —bipartidismo reformable, reinserción de la izquierda armada, contención del narcotráfico— se rompieran simultáneamente no fue coincidencia. Cada uno se sostenía sobre supuestos que los otros estaban socavando.
El bipartidismo había sobrevivido al fin formal del Frente Nacional porque monopolizaba la representación electoral. Ese monopolio dependía de que no aparecieran fuerzas políticas alternativas con capacidad real de disputar el poder. La eliminación física de la Unión Patriótica —el único experimento significativo de izquierda legal en dos décadas— no fue un accidente colateral de la guerra contra las guerrillas: cumplía una función política precisa dentro del sistema, y por eso fue tolerada, y en parte diseñada, por sectores del Estado. Pero al eliminar la alternativa que hubiera permitido oxigenar el régimen sin necesidad de reformarlo, la alianza narco-paramilitar-Estado dejó al bipartidismo sin válvula de escape.
La reinserción presuponía que el Estado podía ofrecer garantías creíbles a quienes dejaran las armas. La destrucción de la UP demostraba lo contrario: quien apostaba por la vía institucional era asesinado con mayor eficiencia que quien seguía en el monte. Los magnicidios de 1990 confirmaron esa lección de manera terminal.
La contención del narcotráfico se sostenía sobre la premisa de que el Estado tenía el monopolio legítimo de la fuerza y de la justicia. La declaratoria de inexequibilidad del tratado de extradición en 1986, el asesinato sistemático de jueces, la masacre de La Rochela, la evidencia sobre las complicidades entre el Cartel de Medellín y altos mandos militares y políticos, y la impotencia demostrada frente a las bombas de Escobar borraron esa premisa. La extradición, que los narcotraficantes presentaban como la causa de la violencia, era —según el propio Rafael Pardo— una falsa premisa: no se aplicaba realmente desde 1986. Lo que estaba en juego era otra cosa: reconocimiento económico y político, sometimiento negociado, control territorial.
Los detonantes de la crisis final fueron cuatro y encadenados: el asesinato de Galán en agosto de 1989, el hundimiento de la reforma constitucional a finales de ese mismo año, el asesinato de Jaramillo en marzo de 1990 y el asesinato de Pizarro en abril. Los tres primeros eliminaron sucesivamente las salidas convencionales; el cuarto certificó que ninguna alternativa dentro del sistema estaba viva.
Sobre esas causas estructurales y coyunturales pesó también la dimensión internacional. Desde la administración de Misael Pastrana Borrero, en los primeros años setenta, se había consolidado un patrón: Estados Unidos presionaba sus políticas antidrogas y los gobiernos colombianos intentaban satisfacer esas demandas, con ocasionales desacuerdos. Los 65 millones de dólares en helicópteros artillados aprobados después del asesinato de Galán ilustraron la lógica: el aparato de guerra crecía, pero la protección a jueces era irrisoria, y el propio director de la Policía admitía que el equipo no servía para lo que decía servir. La sospecha era que la ayuda militar buscaba menos suprimir el narcotráfico que fortalecer la capacidad contrainsurgente del Ejército.
La salida constituyente
La convocatoria a una asamblea constituyente no surgió como un proyecto nuevo. La idea circulaba desde 1988, cuando Barco intentó el plebiscito frustrado. Lo que cambió entre agosto de 1989 y marzo de 1990 fue la percepción de que ninguna otra salida quedaba en pie.
El movimiento estudiantil que impulsó la llamada Séptima Papeleta encontró en el asesinato de Galán su detonante emocional. Alrededor de octubre de 1989, un grupo estudiantil lanzó la campaña Plebiscito para el plebiscito, que proponía introducir en las urnas de las elecciones de marzo de 1990 una papeleta adicional pidiendo la convocatoria a una constituyente. El grupo se escindió pronto —del núcleo original surgió el Movimiento Estudiantil por la Constituyente—, pero la iniciativa prosperó. En marzo de 1990, la Séptima Papeleta se depositó en un número suficiente de urnas como para constituir un hecho político. El gobierno Barco recogió la señal y convocó formalmente una consulta popular mediante decreto de estado de sitio. La Corte Suprema avaló el mecanismo. En agosto de 1990, ya bajo la presidencia de César Gaviria, un nuevo decreto de estado de sitio formalizó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente cuyas elecciones se celebrarían en diciembre.
La lectura habitual —la Constituyente como triunfo de la movilización ciudadana— es correcta pero incompleta. La misma cadena de decretos, avales judiciales y coordinación entre presidencias muestra un proceso gestionado desde arriba. Fue Barco quien había abierto y cerrado la posibilidad plebiscitaria en 1988. Fue Gaviria quien la convocó definitivamente. Cuando llegaron las elecciones constituyentes de diciembre de 1990, las listas de origen estudiantil apenas obtuvieron el 2,5% de la votación. La Alianza Democrática M-19 —el partido de los recién desmovilizados, con Navarro Wolff al frente— consiguió alrededor de un tercio de los votos, en una demostración de que la crisis del bipartidismo era real. Pero el liberalismo y sectores conservadores encabezados por Álvaro Gómez Hurtado retuvieron una porción decisiva del cuerpo constituyente. La reforma fue simultáneamente una respuesta al colapso y una operación de relegitimación de una élite que necesitaba sobrevivir a él.
El precio de esa relegitimación se pagó, entre otras cosas, con la prohibición constitucional de la extradición, aprobada por la Asamblea en 1991. Poco después, Pablo Escobar negoció su rendición y aceptó cumplir su condena en una prisión construida a su medida en las afueras de Medellín, conocida como La Catedral. La guerra contra el Estado, al menos en su fase narcoterrorista, se detuvo temporalmente. Los muertos de Avianca 203, del DAS, de los magistrados asesinados y de los tres candidatos no se recuperaron.
Consecuencias
Las consecuencias inmediatas se leen en el mapa político de 1990. Gaviria ganó las elecciones presidenciales de mayo con una candidatura que había sido de reemplazo, y las ganó al frente de un liberalismo que la muerte de Galán le había dejado en herencia. El M-19 se convirtió, en tiempo récord, en la tercera fuerza electoral del país. La Unión Patriótica, tras el asesinato de Jaramillo, entró en una fase de práctica desaparición como opción electoral, en la que combinaron el hostigamiento paramilitar sostenido y el desamparo institucional del partido. El bipartidismo tradicional sobrevivió al susto, pero ya no como sistema cerrado: la Constituyente incorporó a los desmovilizados, a los indígenas y a fuerzas alternativas en una arquitectura institucional distinta, con circunscripciones especiales y mecanismos de representación que la Constitución de 1886 nunca había contemplado.
A más largo plazo, la Constitución de 1991 amplió los derechos, creó la Corte Constitucional, la Fiscalía General, la tutela y los mecanismos de participación ciudadana; sin ella, buena parte de la vida institucional posterior sería impensable. Pero la alianza narco-paramilitar que había perpetrado los magnicidios y el exterminio de la UP no fue desmontada: se reconfiguró. En mayo de 1991, con recomendaciones de asesores militares estadounidenses, el Ministerio de Defensa expidió la Orden Ministerial 200-05-91, que autorizaba al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a establecer redes de inteligencia bajo supervisión del Estado Mayor conjunto. Sobre esa arquitectura se tejerían las complicidades de la década siguiente. Fidel Castaño y su hermano Carlos consolidaron su poder en Córdoba y Urabá, con el modelo de Puerto Boyacá replicado y perfeccionado en zonas donde el Estado apenas disputaba el territorio. El paramilitarismo no desapareció con la muerte de Rodríguez Gacha: mutó hacia la forma federada que, a mediados de los años noventa, adoptaría el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia.
La justicia, además, no alcanzó a esclarecer plenamente ninguno de los grandes magnicidios de aquellos meses. Los sicarios materiales fueron identificados en varios casos; las cadenas de mando, apenas parcialmente. El propio general Maza Márquez, jefe del DAS durante los atentados, terminaría años después condenado por su participación en el crimen de Galán, en un giro que dio la medida del alcance de las complicidades que en 1989 no se pudieron —o no se quisieron— nombrar. La sensación de impunidad estructural que había motivado la Constituyente sobrevivió a ella.
Hubo, además, un residuo específico de aquellos ocho meses: los magnicidios establecieron un umbral. La política colombiana aprendió, en 1989 y 1990, que ningún cargo, ninguna popularidad, ninguna promesa de campaña ofrecía protección real frente a la alianza que había matado a Galán, Jaramillo y Pizarro. Ese aprendizaje modeló durante la década siguiente las decisiones de una generación completa de dirigentes: qué candidaturas se lanzaban, qué temas se evitaban en campaña, qué acuerdos con la fuerza pública se aceptaban sin discutir. La violencia no solo eliminó a los tres candidatos concretos; recalibró el rango de lo políticamente posible.
Por qué sigue importando
Los ocho meses que separan a Galán de Pizarro concentran el momento en que Colombia dejó de ser el país de la Constitución de 1886 y todavía no era el de la Constitución de 1991. Ese intervalo hizo visible la relación entre tres procesos que la historiografía suele contar por separado: la crisis de un régimen político incapaz de reformarse, la existencia de una alianza estable entre narcotráfico, paramilitarismo y sectores del Estado, y la presión internacional de una guerra contra las drogas cuyas prioridades no coincidían con las del país que las libraba. La cronología obliga a leerlos juntos porque ocurrieron juntos.
La apertura prometida desde el proceso de paz de Betancur, la que debía dar espacio a la izquierda legal y modernizar el régimen, terminó cerrándose bajo el signo del exterminio político. Lo que la Constitución de 1991 restauró por escrito ya se había perdido en la práctica: la posibilidad de que un candidato de izquierda hiciera campaña presidencial sin morir en el intento. Los nombres de Galán, Jaramillo y Pizarro —a los que hay que sumar los de Pardo Leal, Low Murtra asesinado poco después, y los más de mil militantes anónimos de la UP— quedaron inscritos en la fundación del nuevo orden. No como mártires simbólicos, sino como prueba de que la arquitectura constitucional de 1991 se levantó sobre un capítulo que ella misma no cerró: el de una alianza criminal-institucional que, tres décadas después, sigue apareciendo, con otros nombres, en cada nuevo ciclo de violencia contra líderes sociales.
La época alrededor
Este hecho no ocurrió solo
Conexiones del archivo
Personas, lugares e ideas
Archivo documental
Documentos y fragmentos citados
011989María Elvira Samper · 2019 · p. 135, 1672 citas
[1]a Galán que me dejara ganar con ese grupo y que después mirábamos qué hacer, porque en política uno puede perder o ganar pero no perder a sabiendas. Yo cumplo años el 16 de agosto y a él lo mataron el 18, todavía guardo la tarjeta de cumpleaños que me mandó. Días antes, cuando se salvó de un atentado en Medellín, el 4…p. 167
[24]masacres, 1990 será el de los secuestros que ordena Escobar como seguro de vida y para presionar una negociación y el de la campaña presidencial más violenta de la historia, también será el de la desmovilización del M-19, el EPL y el Quintín Lame, y el de la Convocatoria de la Asamblea Constituyente, el sueño que el…p. 135
02Historia concisa de Colombia 1810-2017Michael J. LaRosa, Germán Mejía · 2017 · p. 1591 cita
[2]cien dólares por asesinar a alguien, incluidos políticos y policías. La guerra entre el Estado y el cartel de Medellín, liderado por Escobar, se intensificó entre 1989 y 1990, periodo al que el historiador Marco Palacios se refiere como “de fuego cruzado”. 34 En agosto de 1989, mientras hacía campaña por la…p. 159
03Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 641 cita
[3]lo que sería un nuevo paramilitarismo que llegaría a su pico una década después. El principio del fin de las Autodefensas de Henry Pérez comenzó ese 18 de agosto de 1989, cuando sicarios, encabezados por Jaime Eduardo Rueda Rocha, nacido en Yacopí, Cundinamarca, en el Magdalena Medio, y entrenado en las escuelas de…p. 64
04Colombia: A Concise Contemporary HistoryMichael J. LaRosa, Germán R. Mejía · 2023 · p. 1221 cita
[4]of about one hundred dollars to assassinate people, including police officers and politicians. The war intensified from 1989 to 1990, a period that historian Marco Palacios refers to as “the free fire zone.” 9 In August 1989, Luis Carlos Gal á n, while campaigning for the presidency in Soacha, just outside of Bogot…p. 122
05Memorias dispersasHumberto De La Calle Lombana · 2021 · p. 361 cita
[5]diversas concausas, una serie de resortes políticos y emocionales que condujeron inicialmente a grupos de estudiantes, y luego a escritores y algunos dirigentes políticos, a promover la idea, y a buena parte de la población a aceptarla con alborozo. Sin duda la muerte de varios candidatos presidenciales, entre ellos…p. 36
06Walking Ghosts: Murder and Guerrilla Politics in ColombiaSteven Dudley · 2004 · p. 172, 1812 citas
[6]While he was happy to collect some of the proceeds, directly and indirectly, he didn’t like the trouble that came with them: the police, the U.S. Drug Enforcement Administration, and the squabbles over money and drug routes. One of his fellow commanders told me that the few who disobeyed his order with regard to the…p. 172
[14]instance, of the fact that the DAS had sent two agents to the airport earlier that morning to check for anything suspicious. Because of the mixture of people and confined areas, airports were tricky places at which to provide security and arguably the most dangerous part of these trips. Just a year earlier, assassins…p. 181
07Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 2512 citas
[7]Escobar. Escobar sostuvo que el verdadero problema de la UP no era tanto Rodríguez Gacha, como Fidel Castaño. Agregó que era poco lo que podía hacer para influir sobre el líder paramilitar, a quien Escobar llamaba Dos Mil, por el número de miembros de la UP que estimaba había matado Castaño. 48 A pesar de la…p. 251
[8]Escobar. Escobar sostuvo que el verdadero problema de la UP no era tanto Rodríguez Gacha, como Fidel Castaño. Agregó que era poco lo que podía hacer para influir sobre el líder paramilitar, a quien Escobar llamaba Dos Mil, por el número de miembros de la UP que estimaba había matado Castaño. 48 A pesar de la…p. 251
08El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 179, 2054 citas
[9]de drogas [...]” 9. El tratar de menospreciar a las víctimas, difamar de su vida personal y atacar su dignidad para justificar vulgarmente el crimen, se volvió algo rutinario. Y los grandes medios lo multiplicaban. Las investigaciones fueron demostrando que a Pardo Leal lo habían matado sicarios del narcotraficante…p. 179
[10]de drogas [...]” 9. El tratar de menospreciar a las víctimas, difamar de su vida personal y atacar su dignidad para justificar vulgarmente el crimen, se volvió algo rutinario. Y los grandes medios lo multiplicaban. Las investigaciones fueron demostrando que a Pardo Leal lo habían matado sicarios del narcotraficante…p. 179
[25]de Galán Sarmiento empezó una increíble cacería de brujas, donde miles de inocentes la pasaron mal o caye- ron asesinados. En tres meses 11 mil personas fueron detenidas en el Magdalena Medio, Urabá, y Medellín, ciudad que además fue copada militarmente. La casi totalidad de ellas debieron de ser libe- radas al no…p. 205
[26]de Galán Sarmiento empezó una increíble cacería de brujas, donde miles de inocentes la pasaron mal o caye- ron asesinados. En tres meses 11 mil personas fueron detenidas en el Magdalena Medio, Urabá, y Medellín, ciudad que además fue copada militarmente. La casi totalidad de ellas debieron de ser libe- radas al no…p. 205
09The Colombia Reader: History, Culture, PoliticsAnn Farnsworth-Alvear, Marco Palacios, Ana María Gómez López · 2017 · p. 4501 cita
[11]left dozens wounded and one dead; second, the bombing of Avianca flight 203 in November, which was an attempt to kill then presidential candidate César Gaviria but instead ended the lives of 107 passengers and crew; third, the early December bombing of the das, or Departamento Administrativo de Seguridad (Colombia’s…p. 450
10¿Otra historia de Colombia? De tiempos prehispánicos a hoy: lo fundamental en 12 capítulosFelipe Arias Escobar · 2023 · p. 1011 cita
[12]UP, luego de queJaime Pardo Leal también fuera asesinado; y Carlos Pizarro, excomandante de un M-19 que recogía un respetable apoyo popular tras su conversión en partido político. Al tiempo, el narcotráfico, en alianza con grupos políticos y paramilitares, venía de asesinar a los periodistas Guillermo Cano y Jorge…p. 101
11El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 1121 cita
[13]idea de que solamente así se podría construir un sistema político moderno y le gítimo.96 Fue entonces cuando se acabaron por fin todas las restric ciones institucionales a la competencia política establecidas durante el Frente Nacional (paradójicamente, este era el momento más alto de votación para los partidos…p. 112
12Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 419, 4432 citas
[15]13.000 en 1987. 9 8. Juan Gabriel Tokatlian “La política exterior de Colombia hacia los Estados Unidos, 1978- 1990” en Carlos Gustavo Arrieta et al. (1991). Narcotráfico en Colombia. Dimensiones políticas, económicas, jurídicas e internacionales. Bogotá: Tercer Mundo, 321-322. El sistema de radares fue aceptado por…p. 443
[23]reformas al tratado de extradición y exención por los crímenes cometidos antes de tales reformas; ofrecieron entregar al Estado toda la infraestructura pro- ductiva de la droga, incluso rutas y laboratorios, y abandonar por completo su negocio. Además, hablaron de cancelar la deuda externa de Colombia. Distintos…p. 419
13Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994Marco Palacios · 2003 · p. 286, 3302 citas
[16]legítimos en el de- recho pri va d o. El estigma soc ial hizo aún m ás impenetrable el mi s- terio del la vado de dinero. Un cuadro de tantos matices requería respuestas más inteligen- tes que la mera militarización del conflicto que vino por la vía de la ayuda de lo s Estados Unidos. Los equipos militares aportados…p. 286
[86]más de medio sig lo transitando esta espiral de cri men-mo vimiento de opinión-represión-crimen. Pero, ya vi- mos, la repr esión no ha funcionado y ello obedece en alguna me- dida a que la población no confia en sus jueces y menos aún en sus po li cías. Si alguna conclusión se deriva de este último medio sig lo, es el…p. 330
14Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 120, 138, 1473 citas
[17]carga; de las cocinas o laboratorios químicos, a la venta directa de pasta y del alcaloide o a su trueque por armas. En esta confusa historia se fraguaron alianzas tran- sitorias y guerras locales episódicas entre guerrillas y organizaciones de nar- cotraficantes. Por entonces había llegado a su cénit el modelo…p. 120
[43]con el citado Estatuto de Defensa de la Democracia que calificaba de "terroristas” todas 146 PAZ CUATRIENAL sus acciones. La norma se estrenó con el establecimiento de la Jefatura Mili tar en Urabá, baluarte electoral de la UP y del PC. Al mismo tiempo era escan dalosa la permisividad gubernamental con la expansión…p. 138
[60]los car- teles en el Guaviare y Caquetá y la guerra a muerte que, como se mencionó, estos decretaron contra la UP. Barco y la transición a Gaviria, agosto de 1988-junio de 1994 De mayo a julio de 1988 el M -19 mantuvo en cautiverio al dirigente conserva- dor Álvaro Gómez Hurtado, secuestro que, inesperadamente, puso…p. 147
15Colombia Elites and Organized CrimeHannah Stone · p. 311 cita
[18]Security Department (Departamento Administrativo de Seguridad - DAS). Som e 52 people were killed and over 1,000 injured in the blast. Colombia E lites and Organized Crime www.InSightCrime.org 32 However, the war also took its toll on Escobar and the Medellín Cartel. Escobar's ally, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias "The…p. 31
16Mi vida y mi cárcel con Pablo EscobarVictoria Eugenia Henao · 2018 · p. 3061 cita
[19]horas, Juan Pablo y Nariz armaban modelos a escala de aeronaves o rompecabezas de miles de piezas. Escasamente bajaba a compartir con nosotros durante las comidas y en los horarios de los noticieros de televisión. Él creó su propio mundo en la más absoluta incertidumbre, al no saber cuándo terminaría el encierro…p. 306
17Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 113, 1162 citas
[20]Beatriz Villamizar y Diana Turbay –asesinada en la operación de rescate–; entre muchos otros. La paradoja de estos años fue que, si bien un sector del Estado combatió a los narcotraficantes, otro sector era su aliado con la justificación de los «fines superiores» en la lucha contrainsurgente. Y del mismo modo, un…p. 116
[29]Socialista de los Trabajadores (PST), que se agruparon en torno a la idea de construir una propuesta política extra institucional y en oposición a los métodos que ellos mismos consideraban conciliatorios, como los diálogos de paz. Para mayor información revisar el caso sobre la persecución, estigmatización y…p. 113
18Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 2461 cita
[21]La frase no era cierta: no deseaban ni tumba ni cárcel, su propósito real era vivir en Colombia libremente, disfrutando de sus ganancias, habiendo sometido al Estado a sus dictados. En diciembre de 1986, la Corte Suprema declaró inexequible la Ley 27 de 1980, por la cual se había ratificado el tratado de extradición…p. 246
19No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 226, 2292 citas
[22]plata» 676. De acuerdo con el exministro de Defensa Rafael Pardo, los narcotraficantes logra- ron posicionar el debate de la no extradición bajo la falsa premisa de que le violencia era producto de la aplicación del tratado de extradición, cuando la realidad era que, salvo algunas excepciones, este no había sido…p. 229
[62]los datos de la Comisión Andina de Juristas, mientras que para el periodo 1979-1982 se presentaban en promedio anual dos muertes de funcionarios judiciales, entre 1985 y 1988 este subió a 10,5 665. La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal) calculó, por su parte, 110 asesinatos…p. 226
20Enciclopedia de Colombia - Volumen 2Camilo Calderón Schrader · 2001 · p. 2611 cita
[27]permiso para la ejecución discreta de alla- namientos, confiscaciones y capturas en todo el país, se desencadenó una guerra sucia que alcanzó su clímax en el gobierno Barco. En principio, fue- ron asesinados más de mil líderes y miembros de la Unión Patriótica (UP), grupo político creado como resultado de los acuerdos…p. 261
21Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 267, 2712 citas
[28]lo grar que jefes guerrilleros participaran en pol í tica y fueran elegidos al Congreso y otras corporaciones, buscaban crear un canal para simpatizantes y militantes civiles, muchos de ellos influidos por el curocomunismo, que cre í an que el ambiente pol í tico y la fatiga con la violencia favorec í an la acci ó n…p. 267
[57]a c ó mo ofrecer a los grupos pol í ticos surgidos de la guerrilla condiciones favorables para el ejercicio democr á tico. La negociaci ó n llev ó, a comienzos de 1990, a la fir ma de la paz con el m -19 y otros grupos guerrilleros (el epl, el prt, el ind í gena Movimiento Armado Quint í n Lame), convencidos ya de la…p. 271
22Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 7081 cita
[30]y el encarcelamiento judicial de los 2423 Prensa Cajar, «Masacre de Caño Sibao». 2424 Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Reiniciar), «Base de datos, Víctimas identificadas UP 1984-2006». 2425 Testimonio de Carlos Alfonso Velázquez, coronel (r) del Ejército y catedrático universitario…p. 708
23Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Región CentroComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1301 cita
[31]estos por Cundinamarca; en convergencia, fueron elegidos otros seis, entre estos, Julio Enrique Ortiz Cuenca por el Huila (Movimiento de Convergencia Liberal y UP) y Alfonso Gómez Méndez por el Tolima (Movimiento Político Tolima Libre, Liberal Oficial-U, Nuevo Liberalismo, Movimiento Amplio y Democrático-Rescatemos el…p. 130
24Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1111 cita
[32]del Estado como su patrimonio natural» 373. El llamado «Baile Rojo» 374 y el «Plan Esmeralda» –este último desarrollado en la región–, tuvieron «la finalidad de perseguir y dar muerte a los miembros de la UP en los llanos orientales y Caquetá» 375, como lo denunció el asesinado congresista Henry Millán. La lucha…p. 111
25Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002Vladimir Melo Moreno (Relator); Andrés Fernando Suárez, Carmen Andrea Becerra (Correlatores); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2018 · p. 2821 cita
[33]lado del río Magdalena, que luego se congregaron en las autodefensas de Puerto Boyacá y del Mag- dalena Medio. Esto fue, en parte, producto del escalamiento del conflicto derivado del desdoblamiento de las FARC del Frente 4 en el 11, con una agresiva exacción de recursos y des- pliegue de violencia hacia propietarios…p. 282
26Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Magdalena MedioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 971 cita
[34]estudiantes y, en general, las fuerzas políticas de izquierda. En 2010, el paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias Negro Vladimir, afirmó en declaraciones ante la Fiscalía que existió una política paramilitar de exter- minio de los militantes de izquierda y de organizaciones sociales: La política de combatir la…p. 97
27Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y MéxicoGustavo Duncan · 2014 · p. 2721 cita
[35]problema era que al tiempo que la guerrilla amedrentaba a la clse política tradicional, secuestraba a empresarios y terratenien tes délas regiones y combatía a la fuerza pública, su brazo político participaba en las elecciones. Más grave era que muchos de los líderes del PC, la UP y de la izquierda en movimientos…p. 272
28Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013Mario Aguilera Peña · 2013 · p. 1321 cita
[36]político en la Unión Patriótica (Bogotá: ceja, 2001), 24, 89. 53 Harnecker, Entrevista, 12. 134 Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013 como los del secuestro, la extorsión y el boleteo, practicados por las farc, insinuando que estos se convertían en el pretexto para que la “derecha organizada…p. 132
29Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 871 cita
[37]Sanabria había sido amenazado tanto físicamente como por vía 208 Ibíd., 102. 209 Ibíd. 210 Entrevista 150-PR-00657. Académico de la Universidad de la Amazonía que fue testigo de ese momento en Caquetá. 88 fiflćflThffan nexosfl. nThnflon telefónica, por agentes del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal…p. 87
3025 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000Mauricio Archila Neira, Álvaro Delgado G., Martha Cecilia García V., Esmeralda Prada M. · 2002 · p. 27, 1872 citas
[38]pareciera oposición. Ello significó la práctica desaparición de la izquierda no ar- mada y de uno de los pocos logros tangibles de los acuerdos de paz 32. Así. para junio de 1987 se hizo explícito el fin de la tregua con las Farc, que de tiempo atrás no funcionaba en la práctica. Ante el recrudecimiento de la ·•guerra…p. 27
[83]a Colombia". que impulsó, a partir de octubre del mismo año, la campaña "Plebiscito para el plebiscito" con el fin de que se decidiera la reforma a la Constitu- ción de 1886 y la propuesta de la Séptima Papeleta para las elecciones de marzo de 1990. En ese mes el grupo se escindió y surgió el "Movimiento Estudiantil…p. 187
31Colombia: las razones de la guerraJorge Orlando Melo González · 2021 · p. 1461 cita
[39](quien pronto sería elegido a la Cámara de Representantes como suplente de Gilberto Vieira, el secretario del PC) hablaron a nombre de la UP, y la presentaron como la proyección política de las FARC, quienes conservaban sus armas. Los grupos paramilitares de todo el país no estaban dispuestos a permitirlo, así que…p. 146
32Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 941 cita
[40]municipios predominantemente campesinos. El campesinado fue una parte importante de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica. Como se puede evidenciar en el mapa 5, los asesinatos de militantes de este partido se cometieron en zonas alejadas de las grandes ciudades capitales y en los límites de la…p. 94
33El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 175, 1894 citas
[41]lo que fuera UP, fuuu. Había que golpearlos. (CNMH, CV, Sepúlveda, 2016, 21 de junio) Exterminada o desterrada la dirigencia de la izquierda en Cimitarra, Puerto Boyacá y Puerto Berrío, el genocidio de la UP se coordina desde Puerto Boyacá hacia las zonas en los que ese partido adquirió alguna presencia y fuerza…p. 189
[42]lo que fuera UP, fuuu. Había que golpearlos. (CNMH, CV, Sepúlveda, 2016, 21 de junio) Exterminada o desterrada la dirigencia de la izquierda en Cimitarra, Puerto Boyacá y Puerto Berrío, el genocidio de la UP se coordina desde Puerto Boyacá hacia las zonas en los que ese partido adquirió alguna presencia y fuerza…p. 189
[73]Puerto Rojo, como parte de la campaña a favor de la posibilidad de negociación con el Gobierno nacional y la no extradición a la justicia de EE. UU. de los narcotraficantes colombianos. Lo que evidencia la posición de Pablo Guarín de tratamiento político y no de ruptura frente al narcotráfico, en coherencia con la…p. 175
[74]Puerto Rojo, como parte de la campaña a favor de la posibilidad de negociación con el Gobierno nacional y la no extradición a la justicia de EE. UU. de los narcotraficantes colombianos. Lo que evidencia la posición de Pablo Guarín de tratamiento político y no de ruptura frente al narcotráfico, en coherencia con la…p. 175
34Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 471 cita
[44]personas en la Embajada de la República Dominicana en Colombia (1980) y, sobre todo, la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Un grupo guerrillero que, por todo lo anterior, va a ser severamente hostigado en los núcleos urbanos y obligado a retirarse a los emplazamientos del suroccidente colombiano,…p. 47
35Grandes momentos de ColombiaGustavo Castro Caycedo · 2016 · p. 531 cita
[45]de casi 17 años de lucha, el viernes 9 de marzo de 1990 en Santo Domingo, Cauca, los guerrilleros del M-19, y su comandante Carlos Pizarro León-Gómez, (hijo del almirante Juan Antonio Pizarro), depusieron las armas; él envolvió su pistola en una bandera de Colombia. Nadie mejor que Antonio Navarro Wolf, el único…p. 53
36Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 6281 cita
[46]igual forma, las armas que el M-19 tenía en Bogotá, Medellín y otras partes fueron concentradas en el campamento. A las 16:37 horas de ese jueves, Carlos Erazo, Nicolás, dio una orden perentoria: “Por Colombia, por la paz, dejad las armas”. Con un paso al frente, uno a uno, los combatientes fueron depositando sobre la…p. 628
37Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 1601 cita
[47]acuerdo. Despeja un camino de reconciliación. Afianza unas condiciones para continuar avanzando en el empeño de la pacificación. Ofrece unos procedimientos e instrumentos para ¡mplementar soluciones políticas. Muestra, en fin, cómo mediante una voluntad cierta de paz de las partes involucradas, traducida en hechos con…p. 160
38Testigos olvidados. Periodismo y paz en ColombiaAndrés Felipe De Pablos, Luisa Fernanda Gómez · 2017 · p. 1, 5, 76 citas
[48]en medio de un replanteamiento de su forma de lucha. El 7 de febrero de 1989 se realizó un encuentro de la Dirección Nacional del M-19, para discutir los pasos a seguir con el Gobierno. El movimiento en conjunto manifestó la cohesión con su comandante general, Carlos Pizarro. Los días 3 y 4 de marzo de 1989, en…p. 5
[49]en medio de un replanteamiento de su forma de lucha. El 7 de febrero de 1989 se realizó un encuentro de la Dirección Nacional del M-19, para discutir los pasos a seguir con el Gobierno. El movimiento en conjunto manifestó la cohesión con su comandante general, Carlos Pizarro. Los días 3 y 4 de marzo de 1989, en…p. 5
[55]que se sentó justamente detrás de Pizarro, se levantó de su asiento, fue al cuarto de baño, recogió allí una metralleta y regresó para disparar todo el cargador del arma sobre el dirigente de izquierda” (Lozano, 27 de abril de 1990). De otra parte, por la imposibilidad de encontrar puntos en común frente a la decisión…p. 7
[56]que se sentó justamente detrás de Pizarro, se levantó de su asiento, fue al cuarto de baño, recogió allí una metralleta y regresó para disparar todo el cargador del arma sobre el dirigente de izquierda” (Lozano, 27 de abril de 1990). De otra parte, por la imposibilidad de encontrar puntos en común frente a la decisión…p. 7
[84]63 III. Bienvenidos al futuro (1990-1994) En los últimos días del gobierno de Virgilio Barco ya se habían iniciado diálogos de paz con las guerrillas, y Quintín PRT EPL Lame. Por esta razón, desde la hora cero del gobierno de César Gaviria, se buscó recobrar esos diálogos y reiniciar procesos de desmovilización y…p. 1
[85]63 III. Bienvenidos al futuro (1990-1994) En los últimos días del gobierno de Virgilio Barco ya se habían iniciado diálogos de paz con las guerrillas, y Quintín PRT EPL Lame. Por esta razón, desde la hora cero del gobierno de César Gaviria, se buscó recobrar esos diálogos y reiniciar procesos de desmovilización y…p. 1
399 de marzo de 1990Rafael Pardo Rueda · 2020 · p. 90, 1022 citas
[50]de negociar. 50 — Delgado fue capturado por el Ejército en Cali en enero de 1995. Hernando Pizarro era hermano mayor de Carlos. Apareció asesinado en Bogotá en 1995. 51 — Tomás Concha, Hernán Hernández, Ricardo Polo, Carlos Enrique Garzón y Juan José Fernández, funcionarios del PNR, asumieron esta peculiar función con…p. 90
[52]traste. De nuevo enfrentábamos un bloqueo institucional que había impedido en esta ocasión, por cuarta vez, una reforma a la Constitución de 1886. Ya en 1978, la Corte Suprema había declarado inconstitucional la convocatoria a una constituyente de alcance limitado, presentada por el gobierno de Alfonso López…p. 102
40Una vida, muchas vidasGustavo Petro Urrego · 2021 · p. 161, 1702 citas
[51]para que se privilegiaran las listas únicas. El M-19 pactó con el Gobierno que el acuerdo se volviera ley en el Congreso y que luego se convocaría a un referendo para reformar electoral- mente la Constitución del 86. Pero la mafia actuó por medio de sus congresistas y tumbó el acuerdo con mayorías parlamenta- rias…p. 170
[58]El carro tenía doble tracción, era justo el que necesi- tábamos. El encargado de manejarlo era Gonzalo 'Gordd Suárez, otro viejo anapista que me quería mucho y que había hecho parte del M-19 en Zipaquírá. El Gordo, que murió hace poco, me había colaborado en los días del Bolívar 83. La otra persona que nos acompañaba…p. 161
41Colombia, así en la guerra como en la pazJorge Giraldo Ramírez · 2018 · p. 341 cita
[53]a hacer una oposición seria. Replanteó toda la política de paz, en las que ofrecía garantías para la desmovilización a quien quisiera aceptarla y creó un programa especial destinado a superar las inequidades sociales en las zonas rurales, bajo la esquiva enseña de la rehabilitación. En la periferia colombiana no había…p. 34
42La batalla por la pazJuan Manuel Santos · 2019 · p. 451 cita
[54]los antiguos combatientes regresaron a la vida civil y política, y jugaron de inmediato un papel esencial y constructivo. Su comandante, Carlos Pizarro, fue candidato a la alcaldía de Bogotá el mismo mes de su desmovilización y obtuvo la tercera votación. Luego lanzó su candidatura presidencial, que fue truncada por…p. 45
43Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 711 cita
[59]en el nuevo pacto social (1989 – 1996) El año 1989 fue determinante en el proceso de adopción del nuevo pacto social a partir del fortalecimiento del movimiento por una Asamblea Constituyente. En ese año, el gobierno de Barco continuó con los acercamientos con los grupos subversivos ten- dientes a su desmovilización,…p. 71
44Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos. El Movimiento Armado Quintín LameDaniel Ricardo Peñaranda Supelano · 2015 · p. 2921 cita
[61]presidente Barco, que en líneas gene- rales habría de mantenerse durante el gobierno de César Gaviria (1990 – 1994), tenía como elementos fundamentales el reconoci- miento de la legitimidad del Gobier no, el reconocimiento de los insurgentes como interlocutores válidos, la manifestación expresa de las partes de su…p. 292
45El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 162 citas
[63]la violencia y sus actores. Según los estimativos del gobierno de Virgilio Barco Vargas, solo el 20 por ciento de los crímenes llegaban al co- nocimiento de las autoridades, y de estos solo el 4 por ciento obtenía una sentencia (Tirado, 1989, páginas 66 - 67). Se trata- ba, además, de un sistema asediado él mismo por…p. 16
[64]la violencia y sus actores. Según los estimativos del gobierno de Virgilio Barco Vargas, solo el 20 por ciento de los crímenes llegaban al co- nocimiento de las autoridades, y de estos solo el 4 por ciento obtenía una sentencia (Tirado, 1989, páginas 66 - 67). Se trata- ba, además, de un sistema asediado él mismo por…p. 16
46La Rochela: Memorias de un crimen contra la justiciaGrupo de Memoria Histórica, Iván Orozco Abad (Relator), Gonzalo Sánchez G. (Coordinador) · 2010 · p. 3271 cita
[65]a Gráfica 8. Responsabilidad de los actores no asociados al conflicto en ataques selec- tivos e indiscriminados contra funcionarios judiciales vi. La victimización de funcionarios judiciales en Colombia 1979-2009 329 través de ejercer violencia sistemática contra los funcionarios judi- ciales que han tenido a cargo…p. 327
47Fighting Monsters in the Abyss: The Second Administration of Colombian President Álvaro Uribe Vélez, 2006–2010Harvey F. Kline · 2015 · p. 562 citas
[66]number of human rights violations in Colombia, 1982– 1990, according to the Inter-American Commission on Human Rights President Political Assassinations Disappearances Deaths in Combat Kidnappings Total Murders Betancur 788.25 126.00 286.50 233.00 12,264.50 Barco 2,093.50 168.25 839.25 760.00 21,524.50 Source:…p. 56
[67]number of human rights violations in Colombia, 1982– 1990, according to the Inter-American Commission on Human Rights President Political Assassinations Disappearances Deaths in Combat Kidnappings Total Murders Betancur 788.25 126.00 286.50 233.00 12,264.50 Barco 2,093.50 168.25 839.25 760.00 21,524.50 Source:…p. 56
48Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 1711 cita
[68]decir que no, pero ante un magistrado ustedes no van a salir con cuentos raros, no se los va a creer nadie”. Yo les digo así en la versión, esto no se lo cree nadie, que usted sea comandante y no… es su problema, el proceso es suyo”. 340 Capítulo 2 341 JUSTICIA Y PAZ: ¿Verdad judicial o verdad histórica? crimen…p. 171
49"Falsos positivos" en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010Movimiento de Reconciliación (FOR), Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) · 2014 · p. 281 cita
[69]II División con Sede en Bucaramanga (Cfr. NCOS. El Terrorismo de Estado en Colombia. p. 146). 40 Ver al respecto: Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos-CREDHOS, Hoy, como ayer, persistiendo por la vida Redes de Inteligencia y Exterminio en…p. 28
50Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 1551 cita
[70]Su tratamiento se volvió de competencia de diferentes profesionales de la seguridad, sobre todo de la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para quienes la lucha contra las drogas constituía un vector de autonomía con respecto al Ejército. A pesar de que no es oportuno retomar aquí los detalles…p. 155
51Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 401 cita
[71]los jefes de los escuadrones de la muerte y narcotrafico, que negocian con el gobierno de Uribe, los 'acuerdos de paz' 41 Galeano, Alonso de Jesús Baquero recibió 200 millones de pesos (70 mil euros), por llevar a cabo la masacre, los cuales fueron enviados en un maletín por el general Farouk Yanine Díaz. Galeano…p. 40
52Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 401 cita
[72]los jefes de los escuadrones de la muerte y narcotrafico, que negocian con el gobierno de Uribe, los 'acuerdos de paz' 41 Galeano, Alonso de Jesús Baquero recibió 200 millones de pesos (70 mil euros), por llevar a cabo la masacre, los cuales fueron enviados en un maletín por el general Farouk Yanine Díaz. Galeano…p. 40
53Colombia: The Politics of Reforming the StateEduardo Posada-Carbó (editor) · 1998 · p. 291 cita
[75]that the party had lost touch with the labour unions and the stu- dents. 18 Yet anti-c/ientelista discourses, such as that of Carlos L1eras Restrepo, were never endorsed by the majority of the electorate. Further- more, clientelism had some redistributive functions; according to Miguel Urrutia this would help to…p. 29
54Hacer la guerra y matar la política. Líderes políticos asesinados en Norte de SantanderCarlos Andrés Pallares Rincón · 2014 · p. 1611 cita
[76]y Hernando Barjuch. A primera vista, este tipo de relaciones reflejaría un mínimo de concordia entre contradictores políticos, pero la sostenibilidad de la misma estaba condicionada por la inal- terabilidad del manejo burocrático en lo regional. En 1990, la crisis política producto de la pérdida de legitimidad del…p. 161
55¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 991 cita
[77]la periferia fue la contrarreforma agraria ocurrida en las regiones econó- micas más integradas. Esta trajo consigo una creciente ganaderización, producto de la compra masiva de tierras por parte de los narcotrafican- tes, rasgo particularmente acentuado en la costa caribe, el Magdalena medio y el Meta. 108 La crisis…p. 99
56Las mujeres en la historia de Colombia. Tomo II: Mujeres y SociedadMagdala Velásquez Toro (dirección académica), Catalina Reyes Cárdenas, Pablo Rodríguez Jiménez · 1995 · p. 4971 cita
[78]los partidos por su capacidad para administrar el clientelismo, fenómeno permanente de la política que tomó ribetes dramáticos en Colombia durante el periodo frentenacionalista. El gamonalismo y el clientelismo obnubilaron por completo la contienda programática y la lucha ideológica, los partidos fueron asimilándose y…p. 497
57Los López en la historia de ColombiaÓscar Alarcón Núñez · 2022 · p. 1731 cita
[79]que sirviera para implantar la paz y afrontar el estudio de temas tan críticos como la reforma a la justicia. El estado de sitio dio para todo. Según Alfonso Gómez Méndez, fue reiterado el abuso que se hizo de la figura y “nunca se adelantó juicio de responsabilidad a presidente alguno por esa violación manifiesta y…p. 173
58Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1111 cita
[80]de desarrollo de carácter extractivista y que diezmaban la posibilidad de tener derechos sociales y territoriales. Y en buena parte de la región la defensa de la vida, la memoria y los derechos humanos cobró fuerza ante la arremetida de la violencia política. La denuncia de las desapariciones forzadas, las detenciones…p. 111
59Economía y Nación: una breve historia de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1994 · p. 5392 citas
[81]sin el concierto de los con- servadores. La administración optó por buscar un apoyo indirec- to al adivinar lo que hubieran apoyado sus opositores. El ministro de Gobierno argumentó durante algún tiempo que el es- HACIA EL NUEVO MILENIO 549 cenario natural de la negociación política era el Congreso, y éste vio unos…p. 539
[82]sin el concierto de los con- servadores. La administración optó por buscar un apoyo indirec- to al adivinar lo que hubieran apoyado sus opositores. El ministro de Gobierno argumentó durante algún tiempo que el es- HACIA EL NUEVO MILENIO 549 cenario natural de la negociación política era el Congreso, y éste vio unos…p. 539
60Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 901 cita
[87]determinante para ponerle fin a la guerra y lograr la paz. Primero, con el voto. El Frente Nacional, la Constitución de 1991 y luego con la defensa del Acuerdo de Paz de 2016 en las calles, cuando estuvo en riesgo su implementación. La política, a pesar de su decadencia, sigue siendo para los colombianos (y para el…p. 90
61Of Beasts and Beauty: Gender, Race, and Identity in ColombiaMichael Edward Stanfield · 2013 · p. 2281 cita
[88]and that they valued freedom in the abstract while distrusting 216 Of Beasts and Beauty intrusive government in their private lives, remained unexamined. Instead, for Reagan, the trouble was out there, and “America” was under assault from dastardly foreign evildoers. Reagan’s “City on a Hill” allusions rekindled the…p. 228
62Histories of Perplexity: Colombia, 1970s–2010sLina Britto, A. Ricardo López-Pedreros · 2024 · p. 2181 cita
[89]a series of economic and social reforms, very similar to those pursued at the time by other Latin American governments, including the privatization and liquidation of state compa - nies, the surrender of the health and pension systems to private capital, the dismantling of a protectionist system of import tariffs, and…p. 218