Magnicidios y crisis del bipartidismo (1989–1990)

Magnicidios y crisis del bipartidismo (1989–1990)

Entre el 18 de agosto de 1989 y el 26 de abril de 1990, en un lapso de ocho meses, fueron asesinados tres candidatos a la presidencia de Colombia: Luis Carlos Galán Sarmiento, del Nuevo Liberalismo; Bernardo Jaramillo Ossa, de la Unión Patriótica; y Carlos Pizarro Leongómez, del recién desmovilizado M-19. A esa cadena hay que sumar el atentado que en noviembre de 1989 destruyó en pleno vuelo el avión de Avianca 203 con 107 personas a bordo, en un intento fallido de matar a un cuarto candidato, César Gaviria Trujillo. En ese intervalo colapsaron, casi simultáneamente, los tres pactos que habían sostenido el orden político colombiano desde el Frente Nacional: el bipartidismo liberal-conservador, incapaz de reformarse por vía institucional después de cuatro fracasos constitucionales sucesivos; la promesa de reinserción de las guerrillas, respondida con exterminio planificado; y la contención del narcotráfico, hecha añicos cuando el Estado demostró que ni podía extraditar ni podía proteger a sus jueces. La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, elegida en diciembre de 1990, fue la salida a la que se aferró una clase política desacreditada para sobrevivir al vacío que ella misma había contribuido a crear.

El mundo que se agotaba: bipartidismo cerrado, apertura fallida

El régimen que entró en crisis en 1989 llevaba tres décadas cerrándose sobre sí mismo. El Frente Nacional (1958-1974) había estabilizado al país tras la Violencia mediante la alternación pactada entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, pero al precio de anular la competencia política, estimular el clientelismo y negarles espacio a nuevos grupos y movimientos. Cuando la coalición formal terminó, sus efectos persistieron: los partidos siguieron siendo maquinarias electorales sin vocación de mediar entre el Estado y una sociedad civil que se había transformado aceleradamente. Al finalizar los años ochenta, el sistema político seguía atado a la Constitución de 1886, mientras el país que debía gobernar era otro.

Cuatro intentos sucesivos de reforma constitucional fracasaron en menos de una década. En 1978, la Corte Suprema declaró inconstitucional la convocatoria a una constituyente hecha por Alfonso López Michelsen. En 1981, la Corte volvió a tumbar la reforma que había tramitado el Congreso bajo Julio César Turbay Ayala. En 1988, Virgilio Barco Vargas abrió la posibilidad de un plebiscito reformador para las elecciones de ese año, pero él mismo la cerró con un acuerdo bipartidista plasmado en el Estatuto Antiterrorista, y el Consejo de Estado terminó de sepultar la iniciativa. A finales de 1989, un cuarto intento se hundió en el Congreso, arrastrado por la disputa sobre si debía o no incluir la prohibición de la extradición. Cada fracaso confirmaba lo mismo: el sistema no podía reformarse desde adentro.

Sobre ese cierre institucional se acumulaban dos violencias paralelas. La del narcotráfico, que desde el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984 y del director de El Espectador Guillermo Cano Isaza en 1986 había dejado claro que los cárteles no aceptarían la extradición ni el escrutinio judicial. Y la de los grupos paramilitares del Magdalena Medio, que operaban con financiación del narcotráfico y complicidad de sectores del Ejército, la Policía y políticos regionales, y que desde 1985 tenían un blanco preferente: la Unión Patriótica, el partido nacido del proceso de paz de Belisario Betancur con las FARC. En diciembre de 1986, la Corte Suprema declaró inexequible la Ley 27 de 1980 que ratificaba el tratado de extradición con Estados Unidos; Barco respondió con la Ley 68 de ese mismo mes para mantener el mecanismo vivo, pero la extradición dejó de aplicarse en la práctica desde entonces, salvo excepciones. Los grandes narcotraficantes seguirían invocándola, sin embargo, como justificación de todo lo que estaba por venir.

La cadena de asesinatos: de Soacha al Puente Aéreo

El sábado 18 de agosto de 1989, hacia las ocho y media de la noche, Luis Carlos Galán Sarmiento subía a la tarima de la plaza principal de Soacha, en la periferia sur de Bogotá, para dar un mitin de campaña. Era el candidato liberal con mayores probabilidades de ganar las elecciones de 1990. Su discurso contra el narcotráfico y a favor de la extradición lo había convertido en el enemigo público número uno de Pablo Escobar Gaviria. Los sicarios, encabezados por Jaime Eduardo Rueda Rocha, dispararon en medio de la multitud. Uno de los fusiles usados, un Galil con número de serie 7-1721058, pertenecía al arsenal traído clandestinamente desde Israel para armar a los hombres de Acdegam, la asociación de ganaderos y productores del Magdalena Medio que servía de fachada al paramilitarismo de Puerto Boyacá. En un solo tiro convergían el narcotráfico y la alianza narco-paramilitar: la autoría intelectual se atribuye a Escobar, pero el brazo ejecutor venía de la coalición contrainsurgente del Magdalena Medio.

La respuesta del gobierno Barco fue inmediata en el gesto y débil en la sustancia. Se decretó el estado de sitio, se reactivó la extradición por vía administrativa —mecanismo que la Corte Suprema respaldaría— y se anunciaron cuerpos especiales que no llegaron a existir: la Comisión Antisicarial se reunió una sola vez y no dejó rastro, y el Cuerpo Élite de Lucha contra el Sicariato nunca se materializó. Estados Unidos aprobó una ayuda de emergencia de 65 millones de dólares en helicópteros artillados y armamento, sobre los cuales el propio director de la Policía, el general Gómez Padilla, advirtió que no eran adecuados para combatir el narcotráfico. Para proteger a los aproximadamente 1.600 jueces amenazados de muerte se asignaron 2,5 millones de dólares. El Estado tenía dinero para la guerra; no para la justicia.

Galán fue reemplazado apresuradamente por César Gaviria Trujillo, su jefe de debate, ungido candidato liberal en las semanas siguientes al entierro. Fue contra él que Escobar dirigió el siguiente golpe. El 27 de noviembre de 1989, el vuelo 203 de Avianca despegó de Bogotá con destino a Cali. Una bomba estalló en el aire minutos después. Murieron 107 pasajeros y tripulantes. Gaviria, alertado por sus escoltas, no había abordado. Dos semanas más tarde, el 6 de diciembre, un camión bomba estalló frente a la sede del DAS en Bogotá: unos 52 muertos y más de 1.000 heridos. El objetivo era el director del organismo, el general Miguel Maza Márquez, que ya había sobrevivido a un primer atentado con carro bomba el 30 de mayo de ese año, en el que murieron siete personas. La ciudad se acostumbró en pocos meses a los cordones de seguridad, los operativos de retén y la rutina del duelo.

En medio de esa ofensiva, el 15 de diciembre de 1989, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano —socio mayor de Escobar en el Cartel de Medellín y financista clave del paramilitarismo del Magdalena Medio y de los llanos—, fue abatido por la Policía en Tolú, en la costa Caribe. Su muerte fue presentada como un triunfo, pero no alteró la lógica del enfrentamiento: la maquinaria de terror seguía funcionando.

El nuevo año trajo el segundo magnicidio. El 22 de marzo de 1990, hacia el mediodía, Bernardo Jaramillo Ossa esperaba en el Puente Aéreo de Bogotá un vuelo a Santa Marta, donde tenía previsto descansar unos días con su familia. Un sicario adolescente le disparó a quemarropa. Jaramillo era el presidente de la Unión Patriótica y su candidato presidencial, el segundo en encabezar la fórmula tras el asesinato en años anteriores de Jaime Pardo Leal, ejecutado por sicarios de Rodríguez Gacha con logística atribuida a los servicios de inteligencia del batallón de la Escuela de Caballería que comandaba el teniente coronel Alfonso Plazas Vega. Su asesinato no era una sorpresa: era la culminación previsible de un exterminio que llevaba cinco años en curso. Fidel Castaño, jefe paramilitar de Urabá y Córdoba, había sido apodado Dos Mil por Pablo Escobar en referencia al número de miembros de la UP que se estimaba había matado, y era señalado por el propio Escobar como el principal responsable de la violencia contra el partido, por encima incluso de Rodríguez Gacha.

Un mes y cuatro días después, el 26 de abril de 1990, Carlos Pizarro Leongómez, comandante desmovilizado del M-19 y candidato presidencial de la Alianza Democrática M-19, abordó un vuelo doméstico. Un sicario se sentó detrás de él, fue al baño a sacar una metralleta oculta y descargó el cargador entero sobre el candidato. Pizarro había depositado su pistola calibre 45 envuelta en la bandera de Colombia el 9 de marzo anterior, en Santo Domingo, Cauca, en la ceremonia de entrega de armas de unos 900 combatientes del M-19. Dos días después ya era candidato a la Alcaldía de Bogotá, donde obtuvo la tercera votación; luego lanzó la candidatura presidencial. El sicario que lo mató estaba vinculado al paramilitarismo: la reinserción, ofrecida como camino, fue clausurada con una ráfaga a 30.000 pies de altura.

El exterminio como política: la Unión Patriótica y el modelo del Magdalena Medio

Ninguno de estos asesinatos puede entenderse aislado. Detrás de la cadena de magnicidios operaba una alianza estable —no una conspiración puntual— entre el narcotráfico, los grupos paramilitares del Magdalena Medio y sectores de la fuerza pública. Su laboratorio había sido la persecución sistemática a la Unión Patriótica desde 1985.

La UP había nacido como uno de los pocos resultados tangibles del proceso de paz de Betancur con las FARC. Su lanzamiento formal en 1985 abrió, en teoría, un canal institucional para la izquierda armada. En la práctica, se convirtió en una lista de nombres a eliminar. Dos planes de exterminio articularon la ofensiva: el Baile Rojo y el Plan Esmeralda, este último desarrollado desde 1987 en los llanos orientales y en Caquetá. En ambos convergían actores hasta entonces dispersos. Del lado militar, las brigadas XIV y V del Ejército, la inteligencia de la Armada en Barrancabermeja y la Policía en Puerto Boyacá. Del lado civil armado, los grupos paramilitares de Acdegam y los sicarios pagados por Rodríguez Gacha y los Castaño. Las víctimas identificadas eran mayoritariamente campesinos, trabajadores y administradores de finca —cerca del 41% del total registrado con ocupación conocida—, y la concentración territorial de los homicidios en Urabá, Tolima, Meta, Caquetá y Magdalena Medio delataba la lógica agraria y contrainsurgente de la ofensiva. Las cifras totales, aunque varían, hablan de más de mil líderes y militantes asesinados o desaparecidos, con estimaciones regionales que llegan al orden de 1.167 víctimas hacia 1991. Los hechos han sido calificados como crímenes de lesa humanidad y, en algunos casos, como genocidio político.

En 2010, el paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias Negro Vladimir, declaró ante la Fiscalía que la política de exterminio de la izquierda se originó en el propio Estado. Relató una reunión en el Magdalena Medio con políticos nacionales —entre ellos Julio César Turbay Ayala y Alberto Santofimio Botero— en la que se pactó el apoyo para combatir a la izquierda. Dijo haber recibido 200 millones de pesos del general Farouk Yanine Díaz, entregados en un maletín a las afueras de la XIV Brigada en Puerto Berrío, para llevar a cabo una masacre. Y aseguró que Rodríguez Gacha y Escobar habían enviado 1.500 millones de pesos al comandante paramilitar Henry de Jesús Pérez como agradecimiento. El relato provenía de un perpetrador y su carga incriminatoria era manifiesta, pero encajaba con la geografía y la mecánica de las masacres que ya estaban documentadas.

La más elocuente fue la de La Rochela. El 18 de enero de 1989, doce miembros de una comisión judicial que investigaba la desaparición de diecinueve comerciantes —en la que estaban involucrados altos oficiales del Ejército— fueron asesinados por un grupo paramilitar conocido como los Masetos. El mensaje fue inequívoco: quienes intentaran documentar la alianza entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares serían silenciados. Entre 1979 y 1991 fueron asesinadas 290 personas en cumplimiento de funciones judiciales, y el promedio anual pasó de 2 muertes entre 1979 y 1982 a 10,5 entre 1985 y 1988. En una encuesta de 1987, uno de cada cuatro jueces manifestó haber sido objeto de amenazas directas o contra sus familiares. Según estimativos del propio gobierno Barco, solo una quinta parte de los crímenes llegaba al conocimiento de las autoridades, y de estos apenas un 4% terminaba en sentencia. La impunidad no era una imperfección del sistema: era su modo de funcionamiento.

Detrás del entramado del Magdalena Medio operaba también una ambición política. Los paramilitares intentaron proyectar su influencia a través del movimiento Morena, con Pablo Emilio Guarín Vera como principal referente, en un ensayo tempranero de lo que dos décadas después se llamaría parapolítica. La justificación era la lucha contrainsurgente, pero el efecto real fue otro: la extradición amenazada empujó a los narcotraficantes a pagar protección a autoridades civiles y militares, fortaleciendo un sistema de complicidades regionales que anclaba al Estado, en amplias zonas del país, en el lado equivocado de la ley.

A principios de 1989, tanto el DAS como la Policía tenían información de inteligencia que demostraba la relación del Cartel de Medellín con altos mandos militares, altos funcionarios del gobierno y políticos. La purga que ese informe hubiera requerido no ocurrió. Los indicadores de derechos humanos recogidos por la Comisión Interamericana —asesinatos políticos, desapariciones, muertes en combate, secuestros— registraron promedios anuales más altos bajo Barco que bajo Betancur. La imagen del Estado fuerte que había enarbolado el gobierno frente al terrorismo del narcotráfico convivía con un Estado cada vez más incapaz de controlar a sus propios agentes.

La paz que se agotó: el M-19 y el hundimiento de la reforma

El proceso de paz con el M-19 se inauguró con un cese unilateral del fuego declarado el 2 de abril de 1988. Las conversaciones avanzaron durante 1988 y comienzos de 1989: en marzo de 1989, Rafael Pardo, representante del gobierno Barco, se reunió con la dirigencia del M-19 en el hotel Camino Real de Ciudad de México. El acuerdo político —que preveía la incorporación de los desmovilizados a la vida civil bajo garantías constitucionales— dependía crucialmente de una reforma constitucional que estaba siendo tramitada en el Congreso.

A finales de 1989, esa reforma se hundió. El motivo inmediato fue la extradición: sectores del Congreso pretendieron incluir su prohibición en el articulado, en una operación que respondía tanto a la presión del narcotráfico como al cálculo político de un legislativo que no quería asumir el costo de mantenerla. El acuerdo con el M-19 quedó suspendido en el vacío. Se emitieron órdenes de captura contra dirigentes de la guerrilla, renunció el ministro de Gobierno Carlos Lemos Simmonds —quien había participado en las negociaciones— y el país entró en las semanas en que un candidato liberal había sido asesinado, un avión de pasajeros había sido volado en el aire, la sede del DAS estaba en ruinas y el pacto con la guerrilla más urbana del país amenazaba con desbaratarse.

El acuerdo se rescató, contra todo pronóstico, en los primeros meses de 1990. El M-19 aceptó desmovilizarse el 9 de marzo, en la ceremonia de Santo Domingo, apostando a que la reforma constitucional se lograría por otras vías. Dos días después, Pizarro era candidato a la Alcaldía de Bogotá. En seis semanas sería candidato presidencial. En menos de dos meses estaría muerto.

El asesinato de Pizarro cerró simbólicamente una posibilidad y abrió otra. Cerró la idea de que la desmovilización, por sí sola, ofrecía garantías: un candidato ya reincorporado, con inmunidad política y proyección electoral, había sido eliminado con la misma facilidad que Galán o Jaramillo. Y abrió, sin embargo, el camino que su sucesor Antonio Navarro Wolff tomaría al asumir el liderazgo del movimiento: en lugar de retornar a las armas, la Alianza Democrática M-19 continuó su participación electoral, se presentó a las elecciones presidenciales de 1990 y, en diciembre, obtuvo aproximadamente un tercio de la votación para la Asamblea Nacional Constituyente. Navarro sería copresidente de esa Asamblea. El éxito relativo del M-19 —primero en desmovilizarse en el nuevo modelo de negociación parcelada— antecedió las desmovilizaciones del EPL, el PRT y el Quintín Lame en los meses siguientes.

Causas: por qué colapsaron los tres pactos a la vez

Que los tres pactos —bipartidismo reformable, reinserción de la izquierda armada, contención del narcotráfico— se rompieran simultáneamente no fue coincidencia. Cada uno se sostenía sobre supuestos que los otros estaban socavando.

El bipartidismo había sobrevivido al fin formal del Frente Nacional porque monopolizaba la representación electoral. Ese monopolio dependía de que no aparecieran fuerzas políticas alternativas con capacidad real de disputar el poder. La eliminación física de la Unión Patriótica —el único experimento significativo de izquierda legal en dos décadas— no fue un accidente colateral de la guerra contra las guerrillas: cumplía una función política precisa dentro del sistema, y por eso fue tolerada, y en parte diseñada, por sectores del Estado. Pero al eliminar la alternativa que hubiera permitido oxigenar el régimen sin necesidad de reformarlo, la alianza narco-paramilitar-Estado dejó al bipartidismo sin válvula de escape.

La reinserción presuponía que el Estado podía ofrecer garantías creíbles a quienes dejaran las armas. La destrucción de la UP demostraba lo contrario: quien apostaba por la vía institucional era asesinado con mayor eficiencia que quien seguía en el monte. Los magnicidios de 1990 confirmaron esa lección de manera terminal.

La contención del narcotráfico se sostenía sobre la premisa de que el Estado tenía el monopolio legítimo de la fuerza y de la justicia. La declaratoria de inexequibilidad del tratado de extradición en 1986, el asesinato sistemático de jueces, la masacre de La Rochela, la evidencia sobre las complicidades entre el Cartel de Medellín y altos mandos militares y políticos, y la impotencia demostrada frente a las bombas de Escobar borraron esa premisa. La extradición, que los narcotraficantes presentaban como la causa de la violencia, era —según el propio Rafael Pardo— una falsa premisa: no se aplicaba realmente desde 1986. Lo que estaba en juego era otra cosa: reconocimiento económico y político, sometimiento negociado, control territorial.

Los detonantes de la crisis final fueron cuatro y encadenados: el asesinato de Galán en agosto de 1989, el hundimiento de la reforma constitucional a finales de ese mismo año, el asesinato de Jaramillo en marzo de 1990 y el asesinato de Pizarro en abril. Los tres primeros eliminaron sucesivamente las salidas convencionales; el cuarto certificó que ninguna alternativa dentro del sistema estaba viva.

Sobre esas causas estructurales y coyunturales pesó también la dimensión internacional. Desde la administración de Misael Pastrana Borrero, en los primeros años setenta, se había consolidado un patrón: Estados Unidos presionaba sus políticas antidrogas y los gobiernos colombianos intentaban satisfacer esas demandas, con ocasionales desacuerdos. Los 65 millones de dólares en helicópteros artillados aprobados después del asesinato de Galán ilustraron la lógica: el aparato de guerra crecía, pero la protección a jueces era irrisoria, y el propio director de la Policía admitía que el equipo no servía para lo que decía servir. La sospecha era que la ayuda militar buscaba menos suprimir el narcotráfico que fortalecer la capacidad contrainsurgente del Ejército.

La salida constituyente

La convocatoria a una asamblea constituyente no surgió como un proyecto nuevo. La idea circulaba desde 1988, cuando Barco intentó el plebiscito frustrado. Lo que cambió entre agosto de 1989 y marzo de 1990 fue la percepción de que ninguna otra salida quedaba en pie.

El movimiento estudiantil que impulsó la llamada Séptima Papeleta encontró en el asesinato de Galán su detonante emocional. Alrededor de octubre de 1989, un grupo estudiantil lanzó la campaña Plebiscito para el plebiscito, que proponía introducir en las urnas de las elecciones de marzo de 1990 una papeleta adicional pidiendo la convocatoria a una constituyente. El grupo se escindió pronto —del núcleo original surgió el Movimiento Estudiantil por la Constituyente—, pero la iniciativa prosperó. En marzo de 1990, la Séptima Papeleta se depositó en un número suficiente de urnas como para constituir un hecho político. El gobierno Barco recogió la señal y convocó formalmente una consulta popular mediante decreto de estado de sitio. La Corte Suprema avaló el mecanismo. En agosto de 1990, ya bajo la presidencia de César Gaviria, un nuevo decreto de estado de sitio formalizó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente cuyas elecciones se celebrarían en diciembre.

La lectura habitual —la Constituyente como triunfo de la movilización ciudadana— es correcta pero incompleta. La misma cadena de decretos, avales judiciales y coordinación entre presidencias muestra un proceso gestionado desde arriba. Fue Barco quien había abierto y cerrado la posibilidad plebiscitaria en 1988. Fue Gaviria quien la convocó definitivamente. Cuando llegaron las elecciones constituyentes de diciembre de 1990, las listas de origen estudiantil apenas obtuvieron el 2,5% de la votación. La Alianza Democrática M-19 —el partido de los recién desmovilizados, con Navarro Wolff al frente— consiguió alrededor de un tercio de los votos, en una demostración de que la crisis del bipartidismo era real. Pero el liberalismo y sectores conservadores encabezados por Álvaro Gómez Hurtado retuvieron una porción decisiva del cuerpo constituyente. La reforma fue simultáneamente una respuesta al colapso y una operación de relegitimación de una élite que necesitaba sobrevivir a él.

El precio de esa relegitimación se pagó, entre otras cosas, con la prohibición constitucional de la extradición, aprobada por la Asamblea en 1991. Poco después, Pablo Escobar negoció su rendición y aceptó cumplir su condena en una prisión construida a su medida en las afueras de Medellín, conocida como La Catedral. La guerra contra el Estado, al menos en su fase narcoterrorista, se detuvo temporalmente. Los muertos de Avianca 203, del DAS, de los magistrados asesinados y de los tres candidatos no se recuperaron.

Consecuencias

Las consecuencias inmediatas se leen en el mapa político de 1990. Gaviria ganó las elecciones presidenciales de mayo con una candidatura que había sido de reemplazo, y las ganó al frente de un liberalismo que la muerte de Galán le había dejado en herencia. El M-19 se convirtió, en tiempo récord, en la tercera fuerza electoral del país. La Unión Patriótica, tras el asesinato de Jaramillo, entró en una fase de práctica desaparición como opción electoral, en la que combinaron el hostigamiento paramilitar sostenido y el desamparo institucional del partido. El bipartidismo tradicional sobrevivió al susto, pero ya no como sistema cerrado: la Constituyente incorporó a los desmovilizados, a los indígenas y a fuerzas alternativas en una arquitectura institucional distinta, con circunscripciones especiales y mecanismos de representación que la Constitución de 1886 nunca había contemplado.

A más largo plazo, la Constitución de 1991 amplió los derechos, creó la Corte Constitucional, la Fiscalía General, la tutela y los mecanismos de participación ciudadana; sin ella, buena parte de la vida institucional posterior sería impensable. Pero la alianza narco-paramilitar que había perpetrado los magnicidios y el exterminio de la UP no fue desmontada: se reconfiguró. En mayo de 1991, con recomendaciones de asesores militares estadounidenses, el Ministerio de Defensa expidió la Orden Ministerial 200-05-91, que autorizaba al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a establecer redes de inteligencia bajo supervisión del Estado Mayor conjunto. Sobre esa arquitectura se tejerían las complicidades de la década siguiente. Fidel Castaño y su hermano Carlos consolidaron su poder en Córdoba y Urabá, con el modelo de Puerto Boyacá replicado y perfeccionado en zonas donde el Estado apenas disputaba el territorio. El paramilitarismo no desapareció con la muerte de Rodríguez Gacha: mutó hacia la forma federada que, a mediados de los años noventa, adoptaría el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia.

La justicia, además, no alcanzó a esclarecer plenamente ninguno de los grandes magnicidios de aquellos meses. Los sicarios materiales fueron identificados en varios casos; las cadenas de mando, apenas parcialmente. El propio general Maza Márquez, jefe del DAS durante los atentados, terminaría años después condenado por su participación en el crimen de Galán, en un giro que dio la medida del alcance de las complicidades que en 1989 no se pudieron —o no se quisieron— nombrar. La sensación de impunidad estructural que había motivado la Constituyente sobrevivió a ella.

Hubo, además, un residuo específico de aquellos ocho meses: los magnicidios establecieron un umbral. La política colombiana aprendió, en 1989 y 1990, que ningún cargo, ninguna popularidad, ninguna promesa de campaña ofrecía protección real frente a la alianza que había matado a Galán, Jaramillo y Pizarro. Ese aprendizaje modeló durante la década siguiente las decisiones de una generación completa de dirigentes: qué candidaturas se lanzaban, qué temas se evitaban en campaña, qué acuerdos con la fuerza pública se aceptaban sin discutir. La violencia no solo eliminó a los tres candidatos concretos; recalibró el rango de lo políticamente posible.

Por qué sigue importando

Los ocho meses que separan a Galán de Pizarro concentran el momento en que Colombia dejó de ser el país de la Constitución de 1886 y todavía no era el de la Constitución de 1991. Ese intervalo hizo visible la relación entre tres procesos que la historiografía suele contar por separado: la crisis de un régimen político incapaz de reformarse, la existencia de una alianza estable entre narcotráfico, paramilitarismo y sectores del Estado, y la presión internacional de una guerra contra las drogas cuyas prioridades no coincidían con las del país que las libraba. La cronología obliga a leerlos juntos porque ocurrieron juntos.

La apertura prometida desde el proceso de paz de Betancur, la que debía dar espacio a la izquierda legal y modernizar el régimen, terminó cerrándose bajo el signo del exterminio político. Lo que la Constitución de 1991 restauró por escrito ya se había perdido en la práctica: la posibilidad de que un candidato de izquierda hiciera campaña presidencial sin morir en el intento. Los nombres de Galán, Jaramillo y Pizarro —a los que hay que sumar los de Pardo Leal, Low Murtra asesinado poco después, y los más de mil militantes anónimos de la UP— quedaron inscritos en la fundación del nuevo orden. No como mártires simbólicos, sino como prueba de que la arquitectura constitucional de 1991 se levantó sobre un capítulo que ella misma no cerró: el de una alianza criminal-institucional que, tres décadas después, sigue apareciendo, con otros nombres, en cada nuevo ciclo de violencia contra líderes sociales.