Leonor Zalabata Torres

De Kwakumuke a Naciones Unidas

Nació el 5 de julio de 1954 en Kwakumuke, comunidad arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta vinculada al municipio de Pueblo Bello, Cesar. En su relato autobiográfico sitúa su infancia en Jewrwa, también conocida como La Caja. Estudió durante siete meses en el internado de la Misión Capuchina de Nabusímake, continuó la primaria en Pueblo Bello y luego obtuvo una beca para formarse en odontología social en la Universidad de Antioquia. La documentación usa denominaciones distintas —auxiliar, técnica o tecnóloga— para ese nivel de formación; la coincidencia verificable es que concluyó sus estudios en 1975 y regresó a prestar servicios de salud en la Sierra.

En Nabusímake trabajó en el primer consultorio odontológico oficial de la Secretaría de Salud del Cesar y extendió la atención a comunidades apartadas. Zalabata ha explicado que esa práctica le permitió fortalecer vínculos comunitarios y aprender a relacionar las decisiones de las autoridades arhuacas con las instituciones estatales. Décadas después actuó desde una posición distinta: como funcionaria diplomática. La continuidad entre ambos momentos está en su defensa documentada de la participación, la autonomía y el territorio; afirmar que esa identidad fue la razón exclusiva de su nombramiento sería una inferencia que el decreto de 2022 no hace.

La Sierra Nevada como territorio político

Para el pueblo arhuaco, la Sierra Nevada no es solo un espacio de asentamiento ni una suma de recursos. En un capítulo escrito con Edgar Ricardo Naranjo, Zalabata describe el territorio como base de la cultura, la seguridad espiritual y la continuidad colectiva. Allí explica que las decisiones comunitarias se relacionan con la Ley de Origen, las autoridades tradicionales y los sitios sagrados. Esta es una formulación situada, expresada desde una autora arhuaca; no reemplaza la diversidad de interpretaciones que existen entre los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo.

La defensa de ese territorio se desarrolló en medio de colonización, misiones religiosas, expansión agropecuaria, proyectos extractivos y conflicto armado. Zalabata recuerda que el trabajo organizativo arhuaco se fortaleció mediante asambleas, vínculos con otros pueblos indígenas y negociaciones con autoridades nacionales. Su liderazgo no surgió de un único acontecimiento ni puede separarse de una historia colectiva anterior: entre sus referentes menciona a Dionisia Alfaro, Liberato Crespo, Bienvenido Arroyo, los mamos y Luis Napoleón Torres.

El asesinato de Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel María Torres Arroyo y Antonio Hugues Chaparro Torres, ocurridos después de que los tres fueran secuestrados en noviembre de 1990, fue un punto de inflexión. Zalabata asumió la denuncia nacional e internacional y trabajó con el abogado Eduardo Umaña Mendoza y asesores del pueblo arhuaco. En 1997, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Colombia había violado los artículos 6, 7 y 9 del Pacto respecto de los tres líderes, y los artículos 7 y 9 respecto de José Vicente y Amado Villafañe. Esa decisión estableció responsabilidad internacional del Estado; no equivale a una sentencia penal individual contra todos los militares mencionados en los expedientes.

Constitución, concertación y diplomacia indígena

Antes de la Constitución de 1991, Zalabata ya participaba en asambleas y gestiones del pueblo arhuaco. Su relato incluye la defensa de la Casa Indígena en Valledupar y la recuperación del control comunitario sobre instituciones instaladas por la Misión Capuchina. En 1984 intervino en la negociación que culminó con la salida de los misioneros de Nabusímake. Estos episodios pertenecen a una movilización arhuaca colectiva y no deben confundirse con el origen del movimiento indígena colombiano, cuya historia reúne organizaciones regionales y nacionales diversas.

En 1991, Luis Napoleón Torres la delegó para reemplazarlo en una mesa constituyente local y alimentar la propuesta indígena sobre cultura y territorio. Después del asesinato de Torres, Zalabata continuó la denuncia y asesoró a Lorenzo Muelas, uno de los representantes indígenas en la Asamblea Nacional Constituyente. Las fuentes institucionales resumen ese trabajo diciendo que formó parte de un pequeño grupo indígena que contribuyó a la nueva Constitución; su testimonio permite precisar que no fue constituyente elegida ni autora individual del reconocimiento de la diversidad étnica.

En 1996, organizaciones indígenas ocuparon pacíficamente la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá para exigir garantías territoriales, participación y protección de derechos humanos. Abadio Green y Leonor Zalabata fueron voceros en las negociaciones: él en asuntos territoriales y ella en derechos humanos. Las fuentes difieren sobre la duración —37, 40 o 47 días—, por lo que es más prudente hablar de cerca de seis semanas. El proceso desembocó en los decretos 1396 y 1397 del 8 de agosto de 1996, que crearon la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación.

La Constitución, el Convenio 169 de la OIT —incorporado por la Ley 21 de 1991— y la jurisprudencia colombiana desarrollaron el derecho a la consulta previa cuando medidas o proyectos puedan afectar directamente a pueblos indígenas. Consulta, participación y consentimiento no son sinónimos automáticos: el consentimiento previo, libre e informado se exige en supuestos especialmente intensos definidos por los estándares aplicables. Presentarlo como requisito general para todo plan de desarrollo o inversión ampliaría indebidamente la regla jurídica.

En el plano internacional, Zalabata presentó denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y participó en el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, reuniones del Convenio sobre la Diversidad Biológica y espacios de la OEA. La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada el 13 de septiembre de 2007 después de más de dos décadas de debates. La evidencia revisada acredita su presencia sostenida en foros internacionales, pero no permite afirmar que negociara durante todo ese período, palabra por palabra, el texto de la Declaración.

La Línea Negra tampoco nació jurídicamente en 2018. El reconocimiento estatal tuvo antecedentes en la Resolución 002 de 1973 y la Resolución 837 de 1995. El Decreto 1500 de 2018 actualizó la protección del sistema de espacios sagrados de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, pero el Consejo de Estado lo anuló el 12 de febrero de 2026 por falsa motivación asociada a la falta de cartografía oficial y por no consultar a otras comunidades étnicas directamente afectadas. El Decreto 0514 del 19 de mayo de 2026 volvió a precisar el territorio ancestral y el sistema de espacios sagrados tras un proceso de concertación. La Línea Negra es, por tanto, un reconocimiento declarativo de un sistema territorial y espiritual ancestral, no una frontera imaginaria creada por el Estado ni una prohibición general de toda actividad económica.

El nombramiento diplomático y la agenda multilateral

El Decreto 1875 del 9 de septiembre de 2022 acogió la recomendación unánime de la Comisión Evaluadora de los Méritos, autorizó la compensación de requisitos y nombró a Zalabata embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante la Misión Permanente de Colombia en Nueva York. Presentó sus cartas credenciales al secretario general António Guterres el 6 de octubre. La Cancillería identificó entonces como prioridades la paz total, la justicia ambiental, la inclusión social, un nuevo enfoque sobre drogas y la cooperación con la Misión de Verificación. El acto no dice que el propósito fuera reconstruir la credibilidad del capítulo étnico ni permite reducir el nombramiento a una cuota simbólica.

Como representante permanente, su función fue expresar y negociar las posiciones del Gobierno colombiano ante la ONU, coordinar la misión y participar en órganos multilaterales. Ese marco incluyó el seguimiento internacional al Acuerdo de Paz de 2016 y a la Misión de Verificación, pero también agendas de derechos humanos, población, clima, drogas y participación indígena. La biografía de la embajadora aporta contexto a esas posiciones; no prueba que cada decisión de la misión haya sido una traducción de su identidad arhuaca ni que ella definiera por sí sola la política exterior.

El capítulo étnico del Acuerdo de Paz incorporó salvaguardas y compromisos para pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Su implementación ha sido examinada por comunidades, instituciones colombianas y mecanismos internacionales, mientras la violencia y el desplazamiento han continuado en distintas regiones. Zalabata representó al Estado en parte de ese seguimiento multilateral, pero las fuentes consultadas no la presentan como autora del capítulo ni permiten usar la persistencia de la violencia como medida individual de su gestión.

El 11 de julio de 2024, durante una sesión del Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación, el presidente Gustavo Petro anunció un informe titulado Estado de implementación del Acuerdo de Paz de 2016: elementos para la resignificación. Por instrucciones del Gobierno, Zalabata transmitió el informe mediante una carta fechada el 31 de julio, distribuida el 2 de agosto como documento S/2024/585. La carta oficial señala que el informe quedó en los archivos de la Secretaría; el documento circulado no reproduce su contenido completo.

La firma de Zalabata acredita una función diplomática concreta: transmitir al Consejo un documento del Gobierno colombiano. No demuestra que su perfil se utilizara para reforzar el capítulo étnico ni que la reinterpretación del Acuerdo fuera una iniciativa personal suya. Separar autoría política, trámite diplomático y significado simbólico evita convertir una carta protocolaria en evidencia de motivaciones que el texto no expresa.

Junio de 2026: la presidencia del Consejo de Seguridad

La Asamblea General eligió a Colombia el 3 de junio de 2025 como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para 2026-2027, con 180 votos. En junio de 2026 correspondió al país ejercer la presidencia mensual porque el reglamento la rota según el orden alfabético en inglés de los Estados miembros. Zalabata presidió en calidad de representante de Colombia. Fue un hito personal e institucional, pero no el resultado de una elección separada de la embajadora a la presidencia del órgano.

El programa oficial del mes registra tres eventos emblemáticos: un debate sobre soluciones políticas en Oriente Medio, mediación y diálogo para una paz duradera, los días 10 y 11 de junio; otro sobre mujeres, paz y seguridad, los días 17 y 19; y un debate sobre protección de la educación de niños afectados por conflictos armados, los días 24 y 25. El primero fue presidido por el presidente de Colombia y el segundo por la ministra de Relaciones Exteriores. Zalabata condujo las responsabilidades ordinarias de la presidencia y representó al Consejo en actuaciones protocolarias, pero no presidió personalmente cada sesión de alto nivel.

Mujeres, paz y seguridad fue una línea sostenida de la delegación. Colombia y Dinamarca copresidieron el Grupo Oficioso de Expertos del Consejo sobre esa agenda. El 10 de abril de 2026, representantes de Colombia, Dinamarca y el Reino Unido transmitieron un resumen sobre Sudán; el 5 de mayo hicieron lo mismo respecto de Sudán del Sur. Durante junio, Zalabata también habló ante la prensa en nombre de Estados signatarios de compromisos sobre mujeres, paz y seguridad en la República Centroafricana. Estos documentos acreditan coordinación diplomática; no miden por sí solos efectos sobre las mujeres en los conflictos examinados.

Zalabata hizo además una declaración ante la prensa en nombre de los signatarios de compromisos conjuntos sobre clima, paz y seguridad en África Central. Su trayectoria territorial puede dar contexto a esa intervención, pero el registro audiovisual solo acredita el acto y la representación asumida. No prueba que el clima fuera uno de los tres eventos emblemáticos de la presidencia colombiana ni autoriza a trasladar automáticamente a África Central la experiencia arhuaca en la Sierra Nevada.

Durante el mes participó también en un diálogo con organizaciones de la sociedad civil y ofreció declaraciones sobre intercambios informales del Consejo con candidaturas a la Secretaría General. Son funciones de interlocución y comunicación propias de la presidencia. El material público permite describir quién participó y en qué calidad, pero no demuestra que esos encuentros ampliaran de manera duradera la deliberación del Consejo.

Dos meses antes, Zalabata había encabezado con el representante permanente alterno Raúl Sánchez la delegación colombiana en el 59.º período de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo, celebrado del 13 al 17 de abril de 2026. Colombia defendió integrar población, desarrollo, tecnología y derechos humanos; no hubo consenso para adoptar una resolución final. La Cancillería calificó la participación colombiana como liderazgo regional, una valoración institucional que debe distinguirse del resultado formal de la sesión.

Funciones y alianzas multilaterales

La misión que encabezó trabajó con otras representaciones, secretarías y órganos de la ONU. La copresidencia con Dinamarca del Grupo Oficioso de Expertos y las cartas suscritas con el Reino Unido son ejemplos verificables de coordinación técnica. La reunión del 28 de mayo de 2026 con la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, correspondió a la preparación institucional del mes de Colombia al frente del Consejo. Estas relaciones derivan en buena medida de los cargos de los participantes y no deben describirse automáticamente como alianzas personales.

La ONU presentó a Colombia como socio destacado en su plataforma de consolidación de la paz y la misión permanente sirvió de canal entre el Gobierno y el Consejo de Seguridad. El documento S/2024/585 ilustra esa función; las cartas sobre Sudán y Sudán del Sur ilustran otra. Son productos de una representación estatal y de equipos diplomáticos, aunque lleven la firma o sean presentados por la embajadora.

La etapa de Zalabata al frente de la misión concluyó con el cambio de gobierno en 2026. El 4 de septiembre, la Cancillería informó la posesión de J. Mauricio Gaona Bejarano como nuevo embajador ante la ONU. La lista protocolaria de jefes de misión de la ONU, actualizada ese mismo día, registraba transitoriamente a Francisco Javier Gutiérrez Plata como encargado de negocios. Esa diferencia documental aconseja no inventar una fecha de presentación de credenciales del sucesor ni seguir describiendo a Zalabata como titular actual.

Su experiencia internacional comenzó mucho antes del nombramiento estatal. Las fuentes registran intervenciones ante la Comisión Interamericana, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, el Foro Permanente de la ONU, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y espacios de la OEA. También publicó reflexiones sobre territorio, cambio climático y acuerdos internacionales. Ese recorrido ayuda a explicar su familiaridad con instituciones multilaterales; no convierte todos esos foros en una sola organización ni permite atribuirle el desarrollo completo de sus normas.

Violencia y defensa territorial

Después de llevar a Ginebra la denuncia por el asesinato de los tres líderes arhuacos, Zalabata relata que recibió amenazas en Colombia y que continuó un recorrido internacional por Londres, España y Milán con apoyo de Survival International. Su testimonio dice que esa visibilidad contribuyó a protegerla. No dice que se hubiera exiliado en Norteamérica. El artículo anterior había unido su biografía con el testimonio anónimo de otra lideresa arhuaca recogido por la Comisión de la Verdad; no existe base para identificar a esa persona como Leonor Zalabata.

El dictamen del Comité de Derechos Humanos de 1997 concluyó que agentes estatales habían participado en la desaparición y muerte de Torres, Torres Arroyo y Chaparro, y que los tres fueron torturados. Ordenó garantizar un recurso efectivo, incluida indemnización, y acelerar los procesos penales contra los responsables. La decisión internacional permite hablar de responsabilidad del Estado y de obligaciones de reparación e investigación; no permite afirmar que todos los procesos internos hayan terminado ni que la condición judicial posterior pueda resumirse únicamente con el título de un documental.

La protección territorial sigue siendo una cuestión disputada. El reconocimiento constitucional de la diversidad, la consulta previa y los decretos sobre la Línea Negra conviven con proyectos, jurisdicciones y derechos de otras poblaciones que deben armonizarse. La nulidad del Decreto 1500 mostró que una medida orientada a proteger a cuatro pueblos también debía contar con cartografía oficial y consultar a otras comunidades étnicas directamente afectadas. El Decreto 0514 de 2026 respondió a esos defectos mediante una nueva precisión normativa y un proceso de concertación; su eficacia territorial requiere seguimiento y no puede darse por demostrada solo por la expedición de la norma.

La trayectoria de Zalabata forma parte del fortalecimiento de organizaciones y espacios indígenas de participación, pero compararlo como superior al movimiento campesino, obrero o estudiantil exigiría indicadores que las fuentes no ofrecen. Sus hitos verificables son más concretos: servicio de salud comunitaria, defensa de la autonomía arhuaca, asesoría en 1991, vocería en la concertación de 1996, denuncia internacional, participación en foros y representación diplomática. La distancia entre reconocimiento formal y condiciones territoriales continúa siendo un problema colectivo que no depende de una sola dirigente.

Alcance y límites de la gestión

Su nombramiento en 2022 tuvo un significado institucional verificable: fue la primera mujer indígena en representar a Colombia ante las Naciones Unidas. En junio de 2026 fue, además, la representante del país durante su presidencia mensual del Consejo de Seguridad. Ambos hechos ampliaron la diversidad visible de la diplomacia colombiana. El cargo, sin embargo, era de representación estatal y la presidencia correspondió a Colombia por rotación; describirla como la conducción personal del máximo órgano de seguridad mundial exageraría las competencias de una presidencia de un mes.

Los productos públicos permiten medir actividad: cartas transmitidas, declaraciones, reuniones, debates y participación en grupos técnicos. También permiten identificar agendas sobre paz, mujeres, población, clima y pueblos indígenas. No permiten aislar el efecto individual de Zalabata sobre la implementación del capítulo étnico, la violencia territorial o conflictos examinados por el Consejo. Una evaluación de resultados requeriría metas, decisiones negociadas, seguimiento y evidencia de cambios, no solo visibilidad o número de intervenciones.

La tensión entre representar al Estado y proceder de un pueblo afectado por agentes estatales está documentada en su biografía, pero no tiene una respuesta única. Zalabata denunció internacionalmente el asesinato de autoridades arhuacas y, tres décadas después, representó a Colombia ante la ONU. El Comité de Derechos Humanos estableció responsabilidad estatal en aquel caso; el nombramiento diplomático posterior no borra esa decisión ni demuestra por sí solo una reconciliación institucional completa.

Al cierre de esta revisión, su ciclo como representante permanente había terminado y Colombia continuaba como miembro del Consejo de Seguridad hasta el 31 de diciembre de 2027. La huella documentable de Zalabata reúne trabajo comunitario, creación de espacios de concertación, litigio y denuncia internacional, producción intelectual y servicio diplomático. Quedan abiertas dos evaluaciones distintas: cuánto incidió su gestión en decisiones multilaterales específicas y cuánto de esas decisiones produjo cambios para los pueblos indígenas. Mantenerlas separadas permite reconocer el carácter excepcional de su trayectoria sin convertir el símbolo en prueba de resultados.