Leonor Zalabata Torres

Una autoridad de la Sierra en Manhattan

Zalabata pertenece al pueblo ijka —también conocido como arhuaco—, uno de los cuatro que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta junto con los koguis, los kankuamos y los wiwas o samkas. Ese origen no es un dato ornamental: es la base de su autoridad política. Para los ijkas, la noción de centro —representada en la casa, la labranza o el santuario— tiene una importancia cosmológica extraordinaria, y las casas ceremoniales, las kan kuria, representan las montañas o el centro del universo. La ley de origen arhuaca —así denominan los ijkas su sistema jurídico-cosmológico ancestral, distinto del derecho ancestral kogui, del derecho mayor guambiano o de la ley natural u'wa— expresa derechos fundados en miles de años de historia territorial.

Cuando Zalabata firma una carta al Presidente del Consejo de Seguridad, o toma la palabra a nombre de los signatarios de los Compromisos Conjuntos sobre Clima, Paz y Seguridad en África Central, lo hace desde una doble condición: como representante del Estado colombiano y como portadora de una autoridad indígena reconocida por su pueblo. Esa dualidad no es una casualidad biográfica sino la razón misma de su nombramiento. La Cancillería del gobierno Petro, al designarla en 2022, activó un puente que había tardado medio siglo en construirse: el que va del movimiento indígena colombiano de los años setenta al asiento no permanente que Colombia ocupará en el Consejo de Seguridad durante el bienio 2026-2027.

La Sierra Nevada como territorio político

La Sierra Nevada de Santa Marta ha sido habitada desde épocas precolombinas por civilizaciones muy desarrolladas. Los taironas —vencidos militarmente por los españoles, que destruyeron sus templos— dejaron un sustrato cultural que pervive en las creencias y rituales de los pueblos actuales de la Sierra: voces silenciadas pero nunca aniquiladas del todo. La ubicación estratégica de los poblados serranos permitía pasar en pocas horas del piso térmico cálido al templado y al frío, y acceder a una variedad excepcional de recursos ecosistémicos. Esa geografía vertical estructuró una economía, un calendario ritual y una noción del territorio como cuerpo vivo que los arhuacos siguen defendiendo hoy en foros multilaterales.

La composición social de la Sierra, sin embargo, nunca ha sido homogénea. En los años treinta del siglo XX recibió migrantes del interior para el cultivo del café; en los cincuenta, familias del centro andino que huían de la Violencia bipartidista. Y desde los setenta, sucesivas oleadas del conflicto armado —guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico, presencia militar— convirtieron a los pueblos indígenas de la Sierra en víctimas directas de una violencia que no habían generado. Fue en ese contexto, y no en un vacío pacífico de saberes ancestrales, donde se formó la generación de líderes arhuacos a la que pertenece Zalabata.

El punto de inflexión histórico para su pueblo, y para ella personalmente como referente político, fue el triple asesinato de 1990. Tres líderes arhuacos —Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel María Torres Arroyo y Antonio Hugues Chaparro Torres— fueron asesinados por miembros del Batallón La Popa del Ejército Nacional. La investigación de memoria histórica que sus hijos condujeron veinticinco años después, con acompañamiento del Centro Nacional de Memoria Histórica, quedó recogida en el documental 25 años de impunidad: un título que resume no solo el destino judicial de esos tres crímenes sino la relación estructural entre el Estado colombiano y las autoridades arhuacas durante décadas. A ese homicidio se sumaron torturas y retenciones ilegales contra otras víctimas, y una fumigación con productos químicos —prohibidos en otros países— sobre la Sierra que, según testimonio de un mayor arhuaco, deterioró ecosistemas, afectó la producción agrícola y llevó a la extinción de variedades de seres vivos.

Del CRIC a la Declaración de la ONU

La biografía política de Zalabata se inscribe en la curva más larga del movimiento indígena colombiano, que tiene una fecha fundacional reconocible: 1971, cuando se creó el Consejo Regional Indígena del Cauca, la primera organización indígena moderna del país. El CRIC inauguró en Colombia una participación política indígena canalizada por organizaciones propias y articulada mediante un discurso étnico que demandaba del Estado el reconocimiento de derechos y diferencias.

En los años setenta y ochenta, ese discurso se diversificó. El Movimiento de Autoridades Indígenas —diferenciado de quienes concebían la lucha en términos de clase o de pueblo a pueblo— impulsó el principio de relación de autoridad a autoridad con el Estado colombiano, y consiguió que el presidente Belisario Betancur visitara su territorio y promulgara ese principio. Fue en esa arquitectura política, no en una tradición individual, donde se formó el liderazgo de Zalabata: una noción del vínculo con el Estado en términos de reconocimiento mutuo entre autoridades soberanas, no de tutela paternalista.

El movimiento indígena colombiano, que a comienzos de los años ochenta parecía encaminarse hacia la confrontación abierta con el Estado, derivó hacia una dirección distinta. Los noventa fueron su momento de ascenso institucional. Coincidieron ahí varios factores: el creciente interés de organismos internacionales —la ONU, el Banco Mundial, organizaciones como Survival International— por los derechos de los pueblos indígenas; la creación en 1992 del Fondo Indígena como institución internacional dedicada explícitamente a esa causa; y la Constitución colombiana de 1991, que reconoció por primera vez la naturaleza pluriétnica y multicultural del país. En agosto de 1992, Rosario Epieyú, líder wayúu, fue designada consejera presidencial para Asuntos Indígenas y presentó un diagnóstico ante el Consejo Nacional de Política Indigenista: una señal del nuevo lugar institucional que los pueblos indígenas empezaban a ocupar.

La Corte Constitucional colombiana consolidó jurídicamente ese giro al establecer que, en materia de planes de desarrollo, inversión y explotación de recursos naturales en territorios indígenas, debe obtenerse el consentimiento libre, informado y previo de las comunidades según sus usos, costumbres y tradiciones. La consulta previa como derecho fundamental se convirtió en el eje del litigio étnico colombiano de las tres décadas siguientes.

En el plano internacional, el hito fue el 13 de septiembre de 2007: tras veinte años de debates, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por 143 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. Zalabata había sido, durante esas dos décadas de negociación, una de las voces arhuacas presentes en el proceso: no como funcionaria estatal sino como representante de su pueblo y del movimiento indígena. Esa experiencia acumulada en advocacy transnacional —en Ginebra, en Nueva York, en foros técnicos donde se disputaba palabra por palabra el texto de la Declaración— es lo que la Cancillería colombiana recuperaría quince años después al nombrarla embajadora.

En 2018, ya en el gobierno de Iván Duque, el Estado colombiano reconoció oficialmente la Línea Negra: una frontera imaginaria que demarca el territorio ancestral indígena de la Sierra Nevada, impone restricciones al apetito económico externo y protege ecosistemas y lugares sagrados en tres resguardos y en el territorio ancestral más amplio. La Línea Negra es, en la geografía política arhuaca, el equivalente cartográfico de la ley de origen: un perímetro sagrado que las autoridades indígenas venían defendiendo desde hacía décadas y que el Estado tardó en reconocer.

El nombramiento diplomático: 2022 y la resignificación del Acuerdo

Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia en agosto de 2022, la designación de Zalabata como Representante Permanente ante Naciones Unidas fue una de las primeras señales de su política exterior. La lectura convencional —una cuota étnica en un gabinete diverso— es insuficiente. El nombramiento respondía a una arquitectura más precisa: reconstruir la credibilidad internacional del Estado colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, entonces estancada, particularmente en su capítulo étnico.

El Acuerdo con las FARC-EP se había firmado en noviembre de 2016. En junio de 2017, los monitores de la ONU certificaron que la desmovilización estaba completada, con más de 7.000 combatientes entregando sus armas, y se crearon 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación en distintas zonas del país. Pero la implementación política y territorial tropezó pronto. El plebiscito del 2 de octubre de 2016 ya había mostrado la fragilidad del respaldo social: en el Eje cafetero, el No ganó con márgenes superiores al promedio nacional —60,13% en Quindío, 57,9% en Caldas, 55,69% en Risaralda—. En mayo de 2017, la Corte Constitucional determinó que toda la legislación de implementación debía ser debatida plenamente y no podía aprobarse mediante procedimiento legislativo expedito, decisión que amenazaba con ralentizar significativamente el proceso.

Y sobre todo, tras la firma persistieron en departamentos como Chocó, Cauca, Nariño y Norte de Santander —territorios de alta densidad indígena y afrodescendiente— crímenes que el derecho internacional tipifica como graves: asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, reclutamiento forzado de niños y niñas, uso de minas antipersona. El compromiso étnico del Acuerdo, que la delegación de comunidades había logrado incorporar en las etapas finales de la negociación de La Habana, chocaba con la evidencia de que las poblaciones indígenas y afrocolombianas seguían siendo víctimas centrales del conflicto en su fase de posacuerdo.

Fue en ese contexto donde el gobierno Petro decidió resignificar el Acuerdo ante la comunidad internacional. El 11 de julio de 2024, en la reunión del Consejo de Seguridad convocada para conocer el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia —documento S/2024/509, que cubría el período del 27 de marzo al 26 de junio de 2024—, el propio presidente Petro anunció que su gobierno presentaría un informe titulado Estado de implementación del Acuerdo de Paz de 2016: elementos para la resignificación. Ese informe se transmitió al Presidente del Consejo de Seguridad el 31 de julio de 2024, mediante carta de la Representante Permanente de Colombia, y se circuló formalmente el 2 de agosto de 2024 como documento S/2024/585.

La firmante de esa carta era Zalabata. La operación diplomática —transmitir al órgano de máxima jerarquía del sistema multilateral un documento que reinterpreta el Acuerdo de 2016 desde la óptica del nuevo gobierno— fue canalizada por una embajadora indígena cuyo perfil personal reforzaba precisamente la dimensión étnica del capítulo que la implementación había maltratado. El puente entre autoridad arhuaca y diplomacia multilateral no era retórico: era funcional.

Junio de 2026: la presidencia del Consejo de Seguridad

El punto más alto de esa arquitectura llegó en 2026. Colombia había sido elegida miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio 2026-2027 —una elección que Zalabata confirmó ante la prensa tras el proceso electoral en la Asamblea General a mediados de 2025—. Y en junio de 2026, correspondió al país ejercer la presidencia rotatoria del Consejo. Zalabata la presidió.

El 28 de mayo de 2026, Annalena Baerbock, Presidenta de la Asamblea General, se reunió con ella en su calidad de presidenta entrante del Consejo de Seguridad para junio. Fue el arranque protocolar de un mes que, según reportó la Cancillería colombiana, incluyó debates abiertos de alto nivel sobre Medio Oriente; Mujer, Paz y Seguridad; y Niñez y Conflicto. La agenda estuvo articulada por tres ejes que pueden rastrearse en las intervenciones públicas registradas por UN Web TV.

El primero fue el eje de mujeres, paz y seguridad, sobre el cual Zalabata pronunció una declaración a la prensa en nombre de los Estados signatarios de los Compromisos Compartidos sobre Mujeres, la Paz y la Seguridad en la República Centroafricana. Ese eje no era coyuntural: Colombia y Dinamarca copresiden el Grupo Oficioso de Expertos sobre las Mujeres y la Paz y la Seguridad del Consejo de Seguridad, y desde ese vértice el país había venido participando en reuniones sobre situaciones específicas de conflicto. El 10 de abril de 2026, los representantes permanentes de Colombia, Dinamarca y el Reino Unido firmaron una carta conjunta al Secretario General transmitiendo el resumen de una reunión del Grupo sobre la situación en Sudán. El 5 de mayo de 2026, los mismos tres países firmaron una carta análoga sobre Sudán del Sur, transmitiendo el resumen de una reunión del Grupo celebrada el 25 de marzo, que se circularía formalmente como documento S/2026/399 el 11 de mayo.

El segundo eje fue el de clima, paz y seguridad. Zalabata pronunció una declaración a la prensa en nombre de los signatarios de los Compromisos Conjuntos sobre Clima, Paz y Seguridad en África Central. La articulación entre cambio climático y seguridad —una discusión relativamente reciente en el Consejo, no exenta de resistencia por parte de miembros permanentes— encontraba en la voz de una lideresa arhuaca una legitimidad particular: pocos discursos sobre la relación entre ecosistema y conflicto pueden invocar de forma tan directa la experiencia de un pueblo que ha visto fumigar su territorio sagrado.

El tercer eje fue el diálogo con la sociedad civil. En una actividad registrada por UN Web TV durante junio de 2026, Zalabata participó en un intercambio con representantes de organizaciones sociales, una práctica que amplía el círculo tradicional de deliberación del Consejo. Y en su calidad de Presidenta del Consejo, ofreció declaraciones a la prensa sobre los diálogos informales que los miembros mantuvieron con las candidatas a Secretaria General de la ONU, entre ellas Michelle Bachelet y Rebeca Grynspan: el proceso de sucesión al frente de la Secretaría estaba entonces en fase de audiencias.

Además del cargo diplomático, Zalabata participó como parte de la delegación colombiana en el 59° período de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo, celebrado del 13 al 17 de abril de 2026 bajo el tema Población, tecnología e investigación en el contexto del desarrollo sostenible. Colombia defendió allí un enfoque integral que articulaba población, desarrollo, tecnología y derechos humanos, y ejerció un rol de liderazgo destacado según reportó la Cancillería.

Aliados institucionales y campo transnacional

La operación diplomática de Zalabata no puede leerse sin el mapa de sus interlocutores institucionales. En el Consejo de Seguridad, la copresidencia con Dinamarca del Grupo Oficioso de Expertos sobre Mujeres, Paz y Seguridad constituye el vínculo más estable: los documentos firmados conjuntamente con la representación danesa —y con el apoyo del Reino Unido— son la evidencia procedimental de una alianza técnica sostenida. Con la Presidencia de la Asamblea General bajo Annalena Baerbock, la relación protocolar del ingreso a la presidencia rotatoria en mayo de 2026 abrió una segunda línea institucional.

Hacia adentro del sistema ONU, Naciones Unidas presenta a Colombia como Featured Partner —socio destacado— en su plataforma oficial de consolidación de la paz, un estatus asociado al lanzamiento de un programa colombiano de Cooperación Sur-Sur en esa materia. La misión permanente que Zalabata encabeza funciona como canal formal entre el gobierno colombiano y el Consejo de Seguridad en asuntos del proceso de paz interno: la carta S/2024/585 es el caso documentado más nítido de esa función.

En el plano interno, el nombramiento debe leerse en continuidad con la vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez y las relaciones exteriores del gobierno Duque, que gestionó la implementación temprana del Acuerdo y la política indigenista posterior al reconocimiento de la Línea Negra en 2018; pero también en ruptura con esa etapa, en la medida en que el gobierno Petro reorientó la política exterior hacia una resignificación del Acuerdo cuya autoría discursiva reivindica.

Y hacia atrás, la red de Zalabata se prolonga en el campo transnacional del advocacy étnico-racial que se consolidó en los años noventa: el Fondo Indígena creado en 1992, la programación específica del Banco Mundial para pueblos indígenas, el trabajo de dos décadas que desembocó en la Declaración de la ONU de 2007. Ese campo global es la infraestructura de la que su nombramiento es beneficiario, y a la que a su vez contribuye desde una posición de Estado.

Exilio, violencia y el capítulo étnico irresuelto

La proyección internacional de Zalabata coexiste con una realidad que la contradice y a la vez la explica. El exilio colombiano incluye a lideresas indígenas que se vieron forzadas a salir del país por el conflicto armado, entre ellas al menos una lideresa arhuaca defensora de derechos humanos, exiliada en Norteamérica, cuyo testimonio fue recogido por la Comisión de la Verdad. Esa mujer promovía cambios en su comunidad organizando a las mujeres arhuacas —una línea de trabajo que en la Sierra ha incluido procesos formativos con jóvenes en torno a la justicia propia, la justicia transicional, la historia arhuaca, los conocimientos tradicionales y los conflictos regionales—.

La Comisión de la Verdad advirtió que cuando se desdibuja el lazo entre la persona exiliada y los hechos de su salida forzada, se desfigura también su capacidad de agencia social, política y de defensa de derechos. La observación es especialmente pertinente en el caso arhuaco: la violencia que expulsó a esas lideresas es la misma que asesinó en 1990 a Luis Napoleón Torres Crespo, Ángel María Torres Arroyo y Antonio Hugues Chaparro Torres, y la misma que sigue operando —bajo formas nuevas— en el posacuerdo.

Ahí está la tensión que atraviesa la figura de Zalabata. Su cargo proyecta hacia el sistema multilateral la imagen de un Estado colombiano reconciliado con sus pueblos indígenas y comprometido con la implementación étnica del Acuerdo. Pero a pesar del reconocimiento constitucional de 1991, y a pesar de la Línea Negra de 2018, el Estado colombiano ha seguido tratando a las comunidades indígenas y afrodescendientes como minorías marginales, desconociendo sus relaciones no normativizables con la tierra e imponiendo el derecho occidental sobre sus prácticas ancestrales. Y sobre el terreno, la violencia contra líderes sociales, defensoras de derechos humanos y comunidades étnicas ha continuado alimentando desplazamientos y muertes.

El movimiento indígena colombiano resultó ser, en las últimas décadas, uno de los más fortalecidos de la sociedad civil colombiana, con una capacidad organizativa superior a la del movimiento campesino, obrero o estudiantil. Zalabata es hija de ese fortalecimiento. Pero su presencia en Manhattan no cierra la brecha entre lo alcanzado por la organización indígena en el plano de los derechos formales y lo que las comunidades siguen padeciendo en la Sierra, en el Cauca, en el Chocó. La diplomacia multilateral puede documentar, denunciar y presionar, pero no gobierna sobre los territorios donde persisten los actores armados.

El símbolo y su medida

Evaluar hoy la huella de Zalabata exige distinguir con nitidez dos planos que la retórica oficial suele fundir. En el plano del símbolo, su nombramiento en 2022 y su presidencia del Consejo de Seguridad en junio de 2026 constituyen un salto cualitativo verificable: por primera vez, una autoridad indígena colombiana con trayectoria propia en el litigio internacional de derechos étnicos —no una funcionaria de carrera, no una figura del establecimiento diplomático— accede a la máxima representación exterior del país y a la conducción rotatoria del principal órgano de seguridad global. Esa presencia altera la iconografía diplomática colombiana y proyecta hacia adentro y hacia afuera una definición del Estado que, al menos discursivamente, reconoce a los pueblos indígenas como sujetos políticos plenos.

En el plano de la eficacia, en cambio, el material disponible documenta funciones —cartas firmadas, declaraciones a la prensa, copresidencia de grupos técnicos, presencia en debates temáticos— pero no permite evaluar de forma independiente si esa gestión ha modificado condiciones estructurales sobre el terreno. Las cartas de abril y mayo de 2026 sobre Sudán y Sudán del Sur muestran a Colombia articulando una agenda de mujeres, paz y seguridad en escenarios ajenos al conflicto colombiano; el informe S/2024/585 muestra al gobierno Petro resignificando el Acuerdo de 2016 ante el Consejo de Seguridad; el estatus de Featured Partner muestra el posicionamiento de Colombia en el ecosistema onusiano de consolidación de la paz. Ninguno de esos hechos, por sí solo, prueba que la implementación del capítulo étnico haya avanzado en la Sierra Nevada o en el Cauca.

Ese desajuste no es exclusivo de la gestión de Zalabata: es la condición general de la diplomacia multilateral colombiana en el posacuerdo. Pero su figura obliga a nombrarlo con precisión, porque su biografía convierte la brecha entre proyección internacional y realidad territorial en una pregunta política —no meramente técnica— sobre qué significa que una lideresa arhuaca represente al Estado que, dos generaciones atrás, permitió el asesinato impune de tres autoridades de su pueblo a manos del Batallón La Popa.

La respuesta no está cerrada. Colombia tiene por delante el bienio 2026-2027 como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, y buena parte de su desempeño en ese órgano pasará por la misión que Zalabata encabeza. La medida definitiva de su huella dependerá menos de las conferencias de prensa en Manhattan que de si —en los años que vienen— la ley de origen arhuaca, la Línea Negra reconocida en 2018 y el capítulo étnico del Acuerdo de 2016 encuentran, sobre el territorio, la protección que sobre el papel ya tienen. Ese es el examen histórico al que su figura queda expuesta, y también el criterio con el que la memoria de los tres líderes asesinados en 1990 —que dio inicio al ciclo político del que Zalabata es hoy la culminación institucional— evaluará, sin apuro, lo alcanzado.