Cristina Bautista Taquinás

La mujer elegida en el polideportivo

Cristina Bautista pertenecía al pueblo nasa y estaba vinculada al Movimiento de la Mujer Nasa Hilando Pensamiento, una de las expresiones organizativas que las mujeres indígenas del Cauca habían desarrollado durante décadas para articular su participación política dentro de las estructuras del Consejo Regional Indígena del Cauca. No era una figura desconocida en su comunidad, pero tampoco había construido su vida en torno a una carrera pública. Antes de asumir el cargo que le costó la vida, tenía formación profesional y trayectoria de trabajo en escenarios internacionales; su nombre circulaba en redes de cooperación y derechos humanos.

La escena de su elección tiene la textura precisa de la política nasa. Fue Hilando Pensamiento el que llevó su nombre a una asamblea comunitaria celebrada en un polideportivo. Cristina no estaba allí el día de la selección inicial. Cuando le comunicaron la postulación, aceptó con una fórmula que dice mucho sobre cómo entendía el mandato comunitario: si es la voluntad de Dios, yo quedaré. No era retórica. En ese mismo momento tenía sobre la mesa una oferta de trabajo desde España, vinculada a Naciones Unidas, con una remuneración muy superior a cualquier ingreso posible en el Cauca. Optó por dejar la decisión en manos de la asamblea y de lo que ella llamó la voluntad divina. La comunidad la eligió neehwe'sx —el término nasa para la autoridad tradicional— en una jornada de alta participación.

La escena importa por tres razones que operarían después, todas, en el momento de su muerte. Primero, porque el liderazgo de Cristina Bautista no fue una postulación de aparato: emergió de un movimiento específico de mujeres nasa que llevaba años cualificando su presencia dentro del CRIC y buscando espacios de autoridad propia, no solo de acompañamiento. Segundo, porque su cargo no era simbólico ni administrativo: la neehwe'sx ejerce, en el derecho propio nasa, funciones de justicia, ordenamiento territorial y representación política frente a los actores externos, incluidos los armados. Y tercero, porque su decisión personal condensa el dilema al que se enfrentaban las lideresas del Cauca en los años del posacuerdo: la salida individual estaba disponible, la vía comunitaria implicaba exponerse, y la responsabilidad que se aceptaba era la de encarnar, sin armas, la autoridad de un pueblo en un territorio disputado.

El norte del Cauca después de La Habana

Para entender por qué el cargo que aceptó Cristina Bautista era también una sentencia, hay que ver el terreno sobre el que se movía. Entre la firma del Acuerdo Final de 2016 y su asesinato en 2019, el norte del Cauca vivió una reconfiguración violenta que las autoridades indígenas venían advirtiendo con precisión creciente. Las FARC-EP se replegaron y entregaron armas, pero el Estado colombiano no logró consolidar presencia efectiva en las zonas que aquella guerrilla había controlado durante décadas. En ese vacío entraron, con rapidez, disidencias como la columna Dagoberto Ramos, estructuras del ELN, grupos con vocación paramilitar y redes del narcotráfico, en una disputa que no era ya la de una guerra ideológica sino la del control puro de rentas ilegales: coca, minería, corredores estratégicos hacia el Pacífico.

Las cifras del posacuerdo trazan la magnitud del desplazamiento del riesgo hacia los liderazgos sociales. En 2017 fueron asesinados 207 líderes en Colombia; 298 en 2018; 279 en 2019 —el año de la masacre de Tacueyó—; 310 en 2020; 168 en 2021. Desde 2016, Colombia ocupa el primer lugar mundial en asesinatos de defensores de derechos humanos: en 2020, el país concentró el 53% del total global, con 177 casos de los 331 registrados por Front Line Defenders. A octubre de 2021, cerca de 292 excombatientes de las FARC-EP habían sido asesinados tras la firma del acuerdo. Solo entre 2016 y 2020, en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare, cayeron 113 líderes: promotores del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, dirigentes comunales, autoridades indígenas.

La violencia del posacuerdo tiene una dirección política específica que Cristina Bautista, como neehwe'sx, encarnaba en su cuerpo cotidiano. No se dirige principalmente contra quienes compiten por cargos públicos en la representación electoral, sino contra los representantes de la sociedad civil que sostienen la organización territorial: juntas de acción comunal, defensores ambientales, autoridades indígenas, impulsores de la sustitución de cultivos, promotores de la restitución de tierras. La acusación recurrente de los actores armados es que estos líderes son informantes del enemigo. La función real del asesinato es otra: limitar la organización, impedir la garantía de derechos, entorpecer la implementación del acuerdo. En el norte del Cauca, esa función tenía un blanco natural. El CRIC y sus estructuras habían construido, a lo largo de medio siglo, la única autoridad territorial capaz de disputarle el terreno a los grupos armados sin apoyarse en la fuerza estatal.

Una historia larga de resistencia sin armas

El CRIC fue fundado en 1971, en un momento en el que las luchas por la tierra en el Cauca corrían paralelas a la movilización campesina de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Aunque algunas figuras participaron en ambas organizaciones —Trino Morales, guambiano, fue el primer secretario de Asuntos Indígenas dentro de la ANUC en el Cauca y jugó un papel en el proceso que condujo al CRIC—, el nuevo organismo se afirmó pronto con una identidad propia, indígena y diferenciada, heredera explícita de las luchas de Manuel Quintín Lame en la primera mitad del siglo XX. Su acción se centró en la recuperación de tierras y la preservación cultural, con una vocación política sostenida. En su primera década, el CRIC logró recuperar 30.000 hectáreas de antiguos resguardos y reconstituir cabildos en Caldono, Santander, Miranda, Morales, Corinto y Caloto. En 1974 comenzó a publicar Unidad Indígena, periódico que seguía circulando cuatro décadas después.

Sobre esa base institucional se construyó, con los años, la Guardia Indígena: un organismo ancestral y comunitario que no es policía, no porta armas de fuego y opera bajo mandatos de las asambleas y autoridades tradicionales. Su método es la persuasión y el diálogo; su fuerza, la legitimidad colectiva. La Guardia enfrenta a los actores armados —al ELN, al Comando Coordinador de Occidente, a la Segunda Marquetalia, a estructuras paramilitares, a la delincuencia común y también, cuando corresponde, al ejército y a la policía— exigiendo el cese del accionar militar que desarmoniza el buen vivir en los territorios. La ACIN, la asociación zonal del norte del Cauca, ha pedido a Naciones Unidas su reconocimiento como cuerpo internacional de paz, y la Guardia ha recibido el Premio Nacional de Paz.

La resistencia nasa frente a los actores armados es anterior al posacuerdo por décadas. Entre 2000 y 2002, cerca de un centenar de acciones espontáneas se sucedieron en el norte del Cauca, en las que las comunidades enfrentaron a columnas guerrilleras en Caldono, Coconuco, Puracé, Silvia e Inzá. El 16 de diciembre de 2008, soldados del Ejército asesinaron a José Edwin Legarda Vásquez, compañero de la lideresa Aida Quilcué, vocera de la minga, cerca de Popayán; siete militares fueron acusados de homicidio en persona protegida. En julio de 2012, durante la Minga de Resistencia por la autonomía y el cese de la guerra, los nasa juzgaron a milicianos guerrilleros hallados con explosivos y expulsaron al Ejército del campamento militar del Cerro Berlín, cerro sagrado en el municipio de Toribío. Cuando en mayo de 2013 las FARC respondieron con una carta abierta cuestionando aspectos del gobierno propio indígena, el CRIC ya había fijado su posición: autonomía frente a todos los actores armados, entendida como ausencia de tutelaje y control propio del territorio.

Esta continuidad matiza la lectura fácil según la cual el peligro para las autoridades nasa nació con el acuerdo de 2016. No nació; se reconfiguró. Cambiaron los victimarios —de las FARC-EP a sus disidencias, con el añadido de estructuras nuevas—, pero la lógica que hace de los líderes indígenas la primera línea desarmada frente a economías ilegales lleva medio siglo operando. Lo que el posacuerdo agregó fue una intensificación catastrófica: la retirada de un actor armado dominante sin sustitución estatal efectiva multiplicó el número de disputas, fragmentó las estructuras y aumentó la exposición cotidiana de neehwe'sx y guardias.

Ser mujer nasa y ser autoridad

El liderazgo de Cristina Bautista pertenece a una tradición específica dentro del CRIC. Las mujeres nasa han participado en las luchas de la organización desde su fundación, junto a los hombres, pero también han desarrollado acciones diferenciadas para capacitarse y cualificar su apoyo a las luchas ancestrales. Han estado en la construcción de las estrategias de educación propia y salud indígena; han estado en la recuperación de tierras y en la confrontación con terratenientes, ganaderos y con el aparato represivo del Estado; están inscritas en los puntos mismos de la Plataforma de Lucha del CRIC. En al menos un testimonio que describe a lideresas nasa contemporáneas, la figura evocada como referente es La Gaitana, la cacica del siglo XVI que resistió la conquista española.

La vulnerabilidad de las mujeres lideresas nasa tiene formas propias. Cuando el desplazamiento forzado interrumpe abruptamente su rol comunitario, las consecuencias no son solo personales: comprometen la pervivencia cultural de los pueblos, con el riesgo específico de que los hijos pierdan su identidad. Los procesos de memoria histórica con enfoque étnico y de género —como el documental Mujeres en la resistencia, producido por el Centro Nacional de Memoria Histórica en 2016— han registrado tanto las violencias ejercidas sobre mujeres nasa y misak como sus procesos de resistencia.

El caso de Cristina Bautista añade una capa: fue elegida no solo como mujer nasa en un cargo tradicionalmente disputado, sino específicamente por un movimiento de mujeres, Hilando Pensamiento, que la postuló ante la asamblea. Su cargo era un logro de proceso, no un gesto individual. Asesinarla no fue solo eliminar a una autoridad; fue enviar una señal disuasoria diferenciada sobre las estructuras de liderazgo femenino que las nasa habían construido pacientemente dentro de la arquitectura del CRIC. La lectura del asesinato desde el género no compite con la lectura desde el posacuerdo: la completa. En territorios donde la violencia política reconstruye su mapa, las lideresas cargan simultáneamente los riesgos de la autoridad y los riesgos añadidos de ejercerla desde un cuerpo que otras fuerzas —dentro y fuera de la comunidad— han tratado históricamente de mantener en un segundo plano.

La masacre de Tacueyó

El 29 de octubre de 2019, un vehículo negro con integrantes de la columna Dagoberto Ramos atacó al grupo de la Guardia Indígena que acompañaba a Cristina Bautista en el resguardo de Tacueyó. Murieron cinco personas: la neehwe'sx Cristina Bautista Taquinás y los kiwe thegnas Asdrúbal Cayapu, Eliodoro Fiscué, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto. El CRIC emitió una alerta identificando a la columna Dagoberto Ramos como responsable. En los días siguientes, las comunidades indígenas del Cauca realizaron el sepelio de los cinco fallecidos según sus tradiciones culturales, y la organización denunció que estos crímenes, sumados a la serie sostenida de asesinatos en sus territorios, constituían crímenes de lesa humanidad e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

La masacre no fue un accidente táctico. La disidencia Dagoberto Ramos ejercía control sobre áreas del norte del Cauca y había proferido amenazas colectivas contra sectores de la población. La Guardia Indígena, con Cristina Bautista al frente en su condición de autoridad, era el obstáculo estructural para ese control: cada patrullaje comunitario, cada interceptación de vehículos armados, cada asamblea que juzgaba a milicianos, restaba territorio efectivo a la disidencia. La respuesta armada al liderazgo desarmado tuvo, en Tacueyó, la forma más brutal posible.

El impacto del asesinato desbordó rápidamente el norte del Cauca. La convergencia de factores —una mujer joven, autoridad tradicional, elegida por un movimiento de mujeres, asesinada junto a sus guardias por una disidencia de la guerrilla firmante del acuerdo de paz— hizo del caso un símbolo nacional e internacional del fracaso del posacuerdo. La discusión pública en Colombia, que hasta entonces oscilaba entre la minimización oficial y las cifras acumuladas de líderes asesinados, encontró en Tacueyó una escena concreta imposible de eludir. Las cifras dejaron de ser abstractas. La lógica del asesinato de líderes sociales dejó de poder presentarse como suma de casos locales sin relación estructural con el acuerdo firmado tres años antes.

Las lecturas causales de este desenlace no son únicas. El propio expresidente César Gaviria ha señalado que los conflictos agrarios no resueltos y la exclusión de los llamados terceros civiles de la justicia transicional son factores explicativos del asesinato de líderes en el posacuerdo. Otros análisis subrayan la ausencia de implementación efectiva del capítulo étnico del acuerdo, la debilidad del Programa de Sustitución de Cultivos, la lentitud en la protección colectiva de comunidades. Todos los diagnósticos convergen en un punto: la violencia política del posacuerdo no fue una anomalía imprevista sino una consecuencia de las omisiones y fragilidades específicas del proceso de paz colombiano, y esa violencia tiene una geografía —el norte del Cauca en el centro— y un blanco preferente: los líderes que sostienen la organización territorial en zonas de vacío estatal.

La huella póstuma: memoria como herramienta política

Tras el asesinato, el CRIC y las redes solidarias del pueblo nasa emprendieron un trabajo sostenido de memoria que ha convertido el nombre de Cristina Bautista en referencia internacional. Al primer aniversario de la masacre, en torno a octubre de 2020, la organización convocó a la comunidad en general a un acto conmemorativo por los cinco fallecidos. Como parte de las iniciativas de memoria, se elaboró un minicuento sobre Cristina Bautista, pensado como espejo para que niños y niñas del pueblo nasa reconocieran en su historia las trayectorias de sus madres, abuelas, tías, hermanas, primas y compañeras. La pieza se distribuye gratuitamente en espacios de formación autogestionados, rurales y urbanos, con el objetivo de que su memoria circule dentro y fuera del territorio.

La dimensión internacional de esa memoria es lo más notable, y lo que introduce una tensión política importante en la lectura del caso. En el momento en que se publicó el texto que anunciaba el primer aniversario, el minicuento ya había sido traducido al nasayuwe, kurdo, inglés, portugués y francés. Estaban previstas próximamente traducciones al kichwa, náhuatl, namrik, holandés, italiano, alemán y sueco. Solidarios de lo que las comunidades llaman el mundo mundial contribuyeron mediante trabajo colectivo —minga— a esas traducciones, con la intención de que quienes quisieran pudieran usar el material en sus territorios para acompañar el cuidado de la niñez.

La circulación transnacional del caso Cristina Bautista no fue espontánea. Es el resultado de redes de solidaridad activadas por el CRIC y su articulación con organismos indígenas de América Latina, Europa y el mundo kurdo. La memoria funciona, así, como un instrumento político de presión sobre el Estado colombiano: cada nueva traducción del minicuento amplía el círculo internacional de testigos, y cada aniversario reactiva la conversación pública sobre la implementación del acuerdo. La globalización de la memoria de Bautista no es un fenómeno cultural aparte del posacuerdo; es una respuesta calculada de las comunidades a la insuficiencia de la respuesta estatal, un intento de convertir la denuncia local en un asunto que las instancias multilaterales de derechos humanos no puedan ignorar.

Esta estrategia se apoya en la trayectoria previa del CRIC. La organización ha sido reconocida por su capacidad para articular acciones no violentas de gran alcance, ha sido interlocutor en escenarios como el Laboratorio de Paz del Cauca y Nariño, y sus estructuras zonales han solicitado ante Naciones Unidas el reconocimiento de la Guardia Indígena como cuerpo internacional de paz. Cristina Bautista, precisamente, había sostenido su decisión de asumir el cargo comunitario frente a una oferta laboral internacional vinculada a Naciones Unidas: el círculo de esa biografía tiene, en el trabajo póstumo del CRIC ante la propia ONU, una simetría dolorosa. La mujer que rechazó la vía internacional individual para responder al mandato de su comunidad terminó siendo el nombre con el que su comunidad interpela a las instituciones internacionales.

Lo que Tacueyó dejó dicho

La pregunta que Cristina Bautista Taquinás dejó abierta no es la de su biografía personal, aunque su historia sostenga la fuerza del caso: una mujer joven, formada, elegida por un movimiento de mujeres, que aceptó un cargo de autoridad tradicional en una comunidad expuesta y fue asesinada por una disidencia armada menos de un año después. La pregunta es estructural, y toca los cimientos del proceso de paz colombiano.

El Acuerdo Final de 2016 se firmó sobre el supuesto de que la desmovilización de las FARC-EP abriría espacio para la presencia efectiva del Estado en los territorios donde aquella guerrilla había mandado durante décadas. En el norte del Cauca, ese supuesto no se cumplió. El repliegue de las FARC-EP fue rápido; la llegada del Estado, insuficiente. En el intervalo, disidencias como la columna Dagoberto Ramos, junto a otros actores armados, coparon el vacío. La sustitución de cultivos avanzó de manera desigual; la restitución de tierras encontró resistencias sostenidas; la protección de líderes sociales se quedó en programas fragmentados que no alcanzaron la escala de la amenaza. En ese cuadro, la Guardia Indígena y las autoridades como Cristina Bautista quedaron ejerciendo, sin armas y con recursos comunitarios, una función que ninguna otra estructura podía ejercer: la defensa territorial cotidiana en zonas donde el Estado no llegaba.

La masacre de Tacueyó puso en evidencia esa configuración con una nitidez que ningún informe había logrado. Cinco personas, un vehículo negro, una disidencia identificada, una autoridad indígena elegida por su comunidad y asesinada por sostener el mandato de esa comunidad frente a una economía ilegal. El posacuerdo colombiano tiene muchos nombres que documentan su desenlace violento —cientos, miles, si se suman líderes, excombatientes, defensores—. El de Cristina Bautista, por la convergencia de género, cargo, edad, contexto y respuesta institucional, se volvió el nombre que condensa la pregunta principal: qué significa firmar un acuerdo de paz cuando los territorios más disputados quedan, tras la firma, bajo la responsabilidad desarmada de quienes ya venían sosteniendo el peso de la guerra.

La respuesta que el pueblo nasa ha ofrecido, antes y después de la masacre, es de una coherencia que la historia colombiana difícilmente puede desconocer. El CRIC lleva medio siglo construyendo autoridad propia sin abandonar la resistencia no violenta. La Guardia Indígena sigue patrullando con bastones de mando en territorios donde otros patrullan con fusiles. Las asambleas comunitarias siguen eligiendo neehwe'sx que aceptan cargos sabiendo el riesgo. El minicuento de Cristina Bautista sigue traduciéndose. Y cada año, el 29 de octubre, en algún lugar del norte del Cauca, se recuerdan los nombres de Asdrúbal Cayapu, Eliodoro Fiscué, José Gerardo Soto, James Wilfredo Soto y Cristina Bautista Taquinás. La memoria, en el mundo nasa, no es un ejercicio conmemorativo: es una manera de mantener abierta la disputa por un territorio que el país entero ha aprendido a nombrar solo cuando allí matan a alguien.