El paro nacional de 2021

Entre el 28 de abril y agosto de 2021, Colombia vivió el ciclo de protesta más extenso, geográficamente disperso y letal de su historia reciente. Lo que empezó como rechazo a una reforma tributaria presentada por el ministro Alberto Carrasquilla en plena tercera ola de la pandemia se convirtió, en cuestión de días, en un estallido que llegó a 862 municipios de los 32 departamentos, hizo de Cali "la capital de la resistencia", rebautizó puntos urbanos como Puerto Resistencia o el Portal de la Resistencia, y estableció una relación —discutida pero difícil de eludir— con la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en junio de 2022, el primer gobierno de izquierda en la historia del país. La pregunta que dejó abierta es doble: ¿fue una condensación inédita de agravios tras tres décadas de neoliberalismo, pandemia y traición al Acuerdo de Paz, o un eslabón más en la larga genealogía colombiana de protesta antifiscal-cívica que arranca en El Socorro de 1781? Ambas cosas son ciertas a la vez, pero resolver la tensión exige distinguir con precisión qué se repite y qué muta.

Qué se juega en la pregunta

No es una discusión académica. De cómo se responda depende la interpretación política de un momento fundacional. Si 2021 fue ruptura absoluta —un sujeto nuevo, una gramática nueva, una traducción electoral sin precedente—, entonces el gobierno Petro-Márquez es el comienzo de una era y la calle, por primera vez, se hizo Estado sin las mediaciones históricas que en Colombia siempre desactivaron el impulso popular. Si, en cambio, 2021 fue un eslabón más en la matriz de protesta antifiscal-cívica que va de los Comuneros al Bogotazo, del paro cívico de 1977 al agrario de 2013, entonces la novedad es menor, la victoria de 2022 es coyuntural, y la maquinaria de contención estatal —criminalización, negociación táctica, incumplimiento— seguirá operando como siempre.

La respuesta importa porque Colombia acumula, desde 1781, un patrón que combina intensidad de la protesta con eficacia del bloqueo institucional. Manuela Beltrán rompió el edicto de nuevos tributos el 16 de marzo de 1781 en El Socorro; las Capitulaciones de Zipaquirá se firmaron en junio; el virrey las improbó desde Cartagena alegando que se habían negociado "con amenaza de violencia"; José Antonio Galán fue ahorcado, decapitado y descuartizado el 1 de febrero de 1782, con su cabeza enviada a Guaduas y sus miembros repartidos entre El Socorro, San Gil, Charalá y Mogotes. Ese esquema —presión popular, concesión formal, reversa, escarmiento— retorna, con variaciones, cada vez que la calle desborda al Estado colombiano. Preguntar si 2021 lo rompió o lo repite es preguntar por la naturaleza misma del pacto político nacional.

Los términos del debate

Dos lecturas ordenan la discusión. La primera, la tesis de la ruptura, sostiene que 2021 fue evento articulador: un momento en el que malestares acumulados durante tres décadas de neoliberalismo —regresividad tributaria persistente, informalidad laboral que atrapa a dos tercios de la fuerza de trabajo, movilidad social entre las más bajas del continente— se condensaron en un lenguaje político nuevo, con un sujeto también nuevo. Ese sujeto sería la juventud precarizada de las periferias urbanas, articulada digitalmente, sin mediación sindical ni partidaria, atravesada por reclamos feministas y antirracistas, que en catorce meses tradujo el estallido en voto. Colombia entra a la pandemia como uno de los países más desiguales del planeta, con casi un tercio de la población naciendo y muriendo pobre; el auge de commodities entre 2003 y 2013 había reducido la pobreza por ingresos pero no formalizó el empleo ni cerró la brecha; la pandemia devolvió a millones a la pobreza extrema. Sobre ese fondo, la reforma tributaria de Carrasquilla —que buscaba ampliar la base del IVA en un sistema ya profundamente regresivo, tal como Rafael Uribe Uribe lo denunciaba en 1914— fue la chispa que hizo estallar el barril.

La segunda lectura, la tesis de la continuidad, insiste en que el repertorio de 2021 —paro cívico, bloqueos de vías, agravio tributario como detonante, coalición amplia de sectores heterogéneos— es exactamente el mismo que Colombia viene practicando desde el siglo XVIII. Los Comuneros de 1781 se sublevaron contra las reformas fiscales del regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres: aumento del precio del tabaco y el aguardiente, incremento de la alcabala, nuevos impuestos sobre sal y textiles, y la odiada Armada de Barlovento. El paro cívico nacional de septiembre de 1977 —con la inflación erosionando el salario real— articuló a educadores, estudiantes, juntas comunales, la UNO, la URS, conservadores, antiguos rojaspinillistas y liberales oficialistas, una coalición tan heterogénea como la de 2021. El paro cívico rural del Sarare en febrero de 1972, el paro campesino del nororiente del 7 de junio de 1987 organizado por A Luchar, la minga indígena del Cauca de noviembre de 1999 que bloqueó 23 días la Panamericana, el paro agrario de 2013 que llevó a Daniel Samper Pizano a escribir que "el país descubrió que tenía campesinos, y los campesinos descubrieron que tenían poder": todo eso está en la genealogía. Leer 2021 como ruptura absoluta impide construir una teoría acumulativa de la acción colectiva colombiana y cae en la trampa de considerar cada estallido "sin precedente" cuando en realidad forma parte de una matriz de larga duración.

Lo que sostiene cada lectura

La evidencia de continuidad es abrumadora en el plano del repertorio. El detonante fiscal es el mismo: como en 1781, cuando Manuela Beltrán rompió el edicto; como en 1977, cuando la inflación pulverizó los ingresos reales; como en 2013, cuando la caída de precios y el endeudamiento estrangularon a los pequeños productores de papa, maíz, panela, cacao, leche y frutas; en 2021 fue la reforma tributaria que buscaba ampliar el IVA en plena pandemia. La lógica es idéntica: un ajuste regresivo aplicado en un momento de agotamiento del pacto vigente enciende una coalición amplia y territorialmente dispersa. La forma también se repite: bloqueos de vías, concentraciones urbanas, paro cívico, asambleas. La respuesta estatal, más aún: el Decreto 2004 de 1977 establecía arresto inconmutable de 30 a 180 días para quienes organizaran ceses de actividades; el Decreto 2066 buscaba impedir la difusión del movimiento obrero. Cuatro décadas después, la doctrina del "enemigo interno" persistía: entre 2000 y 2018 se habían abierto más de once mil casos por rebelión o terrorismo contra jóvenes de 15 a 25 años, con solo 491 condenas —el 95% de acusados sin culpabilidad demostrada—. La coalición de élites criollas y autoridades españolas que firmó la sentencia de Galán en 1782 —el corregidor Berbeo, el arzobispo-virrey y criollos poderosos— tiene sus versiones contemporáneas en cada bloque parlamentario que ha desactivado las conquistas de la calle desde 1948.

La evidencia de mutación es igualmente potente cuando se mira la composición del sujeto y la velocidad de la traducción. Los Comuneros de 1781 no proclamaron la independencia: fue una protesta fiscal dentro del marco de lealtad a la Corona. Entre esa sublevación y los primeros movimientos hacia la autonomía criolla pasaron tres décadas, y aun así, como argumenta Orlando Fals Borda, la rebelión "fue sofocada en su cuna sin lograr impacto de entidad en la sociedad colonial". La estratificación permaneció. La gesta comunera quedó marginada historiográficamente durante más de un siglo: el primer texto importante, Los Comuneros de Manuel Briceño, se publicó apenas en 1880. Del Bogotazo del 9 de abril de 1948 —cuando Jorge Eliécer Gaitán, el único líder populista latinoamericano de su generación asesinado, murió y Bogotá ardió— al Frente Nacional pasaron una década de Violencia y otra de pacto bipartidista excluyente. Del paro cívico de 1977 a la Constitución de 1991 pasaron catorce años. Del ciclo agrario de 2013 y la movilización estudiantil que hilvana desde entonces hasta el 21N de 2019 al triunfo de Petro-Márquez, ocho años. Y del 28 de abril de 2021 a la posesión de la fórmula Pacto Histórico, catorce meses. Esa aceleración es un dato histórico duro que ninguna tesis de pura continuidad puede disolver.

La composición también mutó. La coalición de 1977 fue vertical, sindical, partidariamente mediada: la UNO, la URS, las centrales obreras, sectores del bipartidismo. La de 2021 fue horizontal, territorial y generacional: jóvenes de Siloé, de la Loma de la Cruz, del Paso del Comercio en Cali; jóvenes del Portal de la Resistencia en Bogotá; comunidades indígenas que traían la experiencia acumulada de más de diez mingas en veinte años en el Cauca desde 1999; mujeres que introdujeron un lenguaje antipatriarcal ausente en las genealogías previas; afrocolombianos con Francia Márquez —defensora ambiental, ganadora del Premio Goldman en 2018— como figura articuladora. El testimonio de un joven herido de bala el 6 de mayo de 2021 en Cali, cuando un camión con policías vestidos de civil disparó indiscriminadamente, condensa la denuncia estructural: no era una demanda sindical de aumento salarial, era la imposibilidad de acceder a vivienda digna, trabajo estable y oportunidades. El sujeto ya no negocia condiciones dentro del pacto: denuncia la exclusión del pacto mismo.

Hay una tercera capa que ninguna de las dos lecturas simples captura bien: la acumulación específica de agravios del ciclo Duque. Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, más de trescientos excombatientes de las FARC-EP fueron asesinados en los primeros cinco años. En Putumayo, Caquetá y Guaviare cayeron decenas de líderes sociales, muchos de ellos promotores del PNIS de sustitución de cultivos. En los municipios que habían sido territorio de las FARC la tasa de homicidios volvió a subir con fuerza entre 2016 y 2018. El Instituto Kroc documentó una implementación limitada del Acuerdo; la administración Duque se opuso inicialmente a los escaños especiales para víctimas del conflicto y adoptó un enfoque duro frente a los cultivos ilícitos que tensionó el espíritu del pacto de La Habana. En regiones enteras, líderes comunales y ambientales eran acusados de informantes por grupos armados mientras el Estado no llegaba. Sobre ese fondo específico —no sobre la desigualdad estructural genérica— cayó la reforma tributaria de Carrasquilla en pandemia. Sin ese contexto de traición al Acuerdo, la matriz histórica de agravio fiscal no habría producido este estallido en este momento con esta intensidad.

La respuesta

El paro nacional de 2021 fue simultáneamente lo uno y lo otro, pero no en partes iguales. La matriz histórica —el repertorio antifiscal-cívico que va de 1781 a 2013— explica la forma del estallido: por qué una reforma tributaria funcionó como detonante, por qué la respuesta fue paro cívico con bloqueos, por qué la coalición fue heterogénea, por qué el Estado respondió con criminalización y violencia. Esa matriz es real, es antigua, y opera como sedimento cultural que informa la manera colombiana de protestar. Pero no explica la novedad decisiva de 2021, que se juega en tres planos entrelazados.

Primero, la composición del sujeto. Después del Frente Nacional, el movimiento estudiantil colombiano se acercó a los sectores populares en un giro que va aproximadamente de 1972 a 1990; ese trabajo largo de articulación entre universidad y barrio, sumado a las mingas del Cauca desde 1999 y a los ciclos agrarios de 2013-2014, produjo una acumulación de agencia subalterna que en 2021 encontró su forma. El sujeto de 2021 no es el obrero sindicalizado ni el estudiante vanguardista ni el campesino de la ANUC: es una multitud precaria compuesta por jóvenes urbanos de periferias racializadas, comunidades indígenas con experiencia política de dos décadas, mujeres con lenguaje antipatriarcal propio, y trabajadores informales sin mediación organizativa estable. Esa composición es genuinamente nueva en la genealogía colombiana, y funciona sin las jerarquías de vocería que en ciclos anteriores permitieron al Estado sentarse con dos o tres dirigentes visibles y desactivar el conjunto. En 2021 no había con quién firmar Zipaquirá: los interlocutores estaban dispersos en asambleas barriales, en primeras líneas, en colectivos de madres, en resguardos, en cabildos urbanos.

Segundo, la geografía. Los 862 municipios movilizados desbordan cualquier movilización anterior. Y dentro de esa dispersión, el epicentro fue Cali —no Bogotá, no las capitales tradicionales— y dentro de Cali fueron Siloé, Puerto Resistencia, la Loma de la Cruz y el Paso del Comercio: barrios de periferia racializada. El sujeto histórico de la protesta colombiana se desplazó del centro sindical urbano y del corredor cundiboyacense hacia el Pacífico afrocolombiano y las periferias precarizadas de las ciudades intermedias. Esa mutación geográfica es política: reconfigura quién habla en nombre del pueblo y desde qué lugar del mapa. Cali no es una excepción folclórica sino el índice de una recomposición del centro de gravedad simbólico del país, un desplazamiento que la victoria de Márquez —nacida en Suárez, Cauca— confirma en el plano electoral.

Tercero, la aceleración de la traducción electoral. Aquí conviene ser preciso, porque es donde la tesis fácil de la ruptura se equivoca. Petro obtuvo 8.541.617 votos en la primera vuelta del 29 de mayo de 2022 —el 40,34% del total— y ganó en segunda vuelta. Ese triunfo no fue producto del paro de 2021 en un sentido causal directo. Se construyó sobre décadas de movilización negra e indígena, sobre luchas por justicia racial, derechos territoriales y paz que venían madurando desde mucho antes. Francia Márquez llegó a la vicepresidencia —la primera afrocolombiana en el cargo— por su trayectoria de dos décadas como defensora ambiental y de derechos humanos, no por el paro. Lo que 2021 hizo fue volver electoralmente legible esa acumulación previa. Actuó como catalizador, no como causa. El estallido puso a la vista lo que ya estaba pero permanecía institucionalmente invisible: que existía un electorado disponible para una candidatura de izquierda con agenda ambiental, feminista y racial, y que ese electorado tenía masa crítica suficiente para ganar una elección presidencial. Sin el paro, esa masa habría seguido siendo latente durante otro ciclo electoral, quizás más.

De ahí la formulación precisa: la novedad de 2021 no es haber "acortado la mediación" entre calle y urna como si antes esa traducción hubiera existido y ahora fuera solo más rápida. La novedad es haber producido, por primera vez en la genealogía colombiana, la coincidencia entre un repertorio clásico de paro cívico y una candidatura capaz de procesar institucionalmente esa energía sin pasar por el desgaste histórico —tres décadas, catorce años, ocho años— de la mediación sindical o partidaria tradicional. La ruptura no está en la velocidad como variable independiente; está en que emergió una infraestructura política —Pacto Histórico, con Márquez conectando a jóvenes preocupados por la sostenibilidad y a comunidades racializadas históricamente excluidas— capaz de recibir el impulso de la calle sin filtrarlo hasta neutralizarlo.

Lo que queda abierto

Tres flancos permanecen sin cierre definitivo.

El primero es la relación causal misma entre paro y voto. Que Petro ganó en 2022 y que el paro fue en 2021 es indiscutible; que lo primero fue consecuencia de lo segundo es una inferencia razonable pero no una demostración. Colombia había tenido ya el 21N de 2019 sin traducción electoral inmediata; había tenido 1977 sin desembocar en gobierno de izquierda; había tenido el Bogotazo sin producir la revolución que muchos esperaban. La correlación temporal 2021-2022 puede estar mostrando una causalidad real o puede estar ocultando una acumulación mucho más larga —movilización afrocolombiana e indígena, ciclos agrarios, trabajo territorial de dos generaciones— cuya maduración electoral estaba lista y solo necesitaba una coyuntura para expresarse. Probablemente sean las dos cosas, en proporciones difíciles de fijar. Distinguir cuánto pesó el paro y cuánto la acumulación previa importa políticamente: si el paro fue decisivo, la izquierda colombiana depende de que el ciclo movilizador se reactive periódicamente para sostener su base electoral; si lo decisivo fue la acumulación de décadas, entonces 2022 no es un accidente reversible sino un piso nuevo. Los mapas electorales del Pacífico, del Cauca y de las periferias caleñas en la segunda vuelta sugieren lo segundo, pero el ciclo intermedio —elecciones regionales de 2023, con retrocesos notorios para el oficialismo— sugiere lo primero. El debate está abierto, y la respuesta requiere una década de observación.

El segundo flanco es si la mutación del sujeto es durable o si fue un momento excepcional. La composición de 2021 —urbana, joven, racializada, digitalmente coordinada, sin mediación organizativa estable— tiene también una debilidad: la ausencia de estructura permanente. Los sindicatos que sostuvieron 1977 sobrevivieron al gobierno Turbay; las mingas del Cauca sobrevivieron a Pastrana, Uribe, Santos y Duque porque tienen organización territorial de largo aliento. La multitud precaria de Puerto Resistencia y del Portal de la Resistencia ¿tiene equivalentes de estructura? ¿O se disolverá cuando pase el ciclo, como se disolvieron tantas coaliciones amplias antes? La historia colombiana ofrece razones para el escepticismo: el patrón de contención estatal —negociación táctica seguida de incumplimiento, como en Zipaquirá 1781 o con el PNIS post-2016— es notablemente resistente. Pero también ofrece pistas contrarias: los colectivos de primera línea, las asambleas populares que se formaron en Cali, algunos comités barriales del Valle del Cauca han sobrevivido al reflujo y buscan hoy formas de institucionalización comunitaria que no tienen precedente exacto. Si esas microestructuras consolidan territorialidades políticas duraderas —al modo en que el CRIC consolidó una territorialidad indígena en el Cauca desde 1971—, la mutación se sedimenta. Si se disuelven en la desmovilización que suele seguir al triunfo electoral aliado, la novedad de 2021 queda archivada como epifenómeno.

El tercer flanco es el más incómodo: si la continuidad del repertorio antifiscal desde 1781 hasta 2021 revela una tradición de resistencia exitosa o un patrón de derrota reiterada. Galán fue descuartizado. Gaitán fue asesinado. El paro de 1977 fue reprimido con arrestos inconmutables y con el asesinato del exministro Rafael Pardo Buelvas por el grupo ADO como represalia contra la represión del 14 de septiembre. La minga de 2008 encontró a Uribe respondiendo por televisión en lugar de dialogar. Los líderes sociales del PNIS siguen siendo asesinados. Cada gran estallido colombiano ha sido seguido por una reconfiguración del pacto que preserva lo esencial de la desigualdad estructural: sistema tributario regresivo, movilidad social bloqueada, informalidad extendida. Si 2021 termina siendo otra iteración de ese ciclo —protesta intensa, concesión formal, reversa institucional, escarmiento—, la genealogía continúa. Si el gobierno Petro-Márquez logra desmontar aunque sea parcialmente esa matriz —reforma tributaria progresiva, implementación real del Acuerdo, formalización laboral, reconocimiento territorial de comunidades históricamente excluidas—, entonces 2021 sí habrá sido el punto de inflexión que su composición inédita permitía anticipar. Los primeros dos años del gobierno ofrecen señales mixtas: aprobación parcial de una reforma tributaria menos regresiva, pero bloqueo legislativo de la reforma laboral y de la reforma a la salud; avances simbólicos en la política exterior y ambiental, pero continuidad del asesinato de líderes sociales en los mismos territorios de siempre. La matriz de contención está viva y opera, con o sin gobierno afín en la Casa de Nariño.

La pregunta, en última instancia, no se responde en 2022. Se responde en la década siguiente. Lo que puede afirmarse hoy es más modesto pero también más firme: 2021 no fue un eslabón cualquiera. Fue el momento en que la matriz colombiana de protesta antifiscal-cívica, activa desde El Socorro de Manuela Beltrán, se cruzó por primera vez con un sujeto capaz de traducirse electoralmente sin pasar por las mediaciones institucionales largas que históricamente la neutralizaron. Que esa traducción produzca transformación durable o quede archivada como otra concesión formal seguida de reversa es la pregunta abierta que Colombia se está haciendo ahora mismo, con la calle y las urnas todavía discutiendo cuál pesa más.