El Bloque Centauros y la guerra intra-paramilitar en el Casanare (2002–2005)

El Bloque Centauros y la guerra intra-paramilitar en el Casanare (2002–2005)

Entre 2002 y 2005, mientras el gobierno de Álvaro Uribe Vélez avanzaba en la negociación de Santa Fe de Ralito con las Autodefensas Unidas de Colombia, en los Llanos Orientales se libraba una guerra que la mesa fingía ignorar: la del Bloque Centauros contra las Autodefensas Campesinas del Casanare. No era un choque marginal ni un episodio de disciplina interna. Era una guerra abierta entre dos ejércitos privados, con miles de combatientes, apoyos operativos de sectores del Ejército y de la Fuerza Aérea, y un botín concreto —zonas de cultivo y procesamiento de coca, corredores hacia Venezuela por el río Meta, extorsión a contratistas petroleros y contratos públicos en Casanare— que ninguna de las dos organizaciones estaba dispuesta a repartir.

Cuando el Estado colombiano firmó la desmovilización del Bloque Centauros en septiembre de 2005, no pactó con una estructura unificada de las AUC: pactó con tres fragmentos de una organización rota, y legitimó en sede jurídica una captura territorial que la guerra intra-paramilitar había resuelto antes por la fuerza. Este es el episodio que desmonta la ficción de las AUC como federación coherente y muestra el paramilitarismo llanero como lo que fue: un proyecto de soberanía armada regional, inestable desde el origen, que se consumió a sí mismo justo cuando negociaba su blindaje jurídico.

El Llano como frontera paramilitar

El paramilitarismo no llegó a los Llanos Orientales con las AUC. Llevaba dos décadas instalado allí cuando el Bloque Centauros apareció en 1997. Sus dos introductores fueron Víctor Carranza, el zar de las esmeraldas, y Gonzalo Rodríguez Gacha, jefe militar del Cartel de Medellín en el occidente del país. Ambos venían del laboratorio contrainsurgente de Puerto Boyacá y trasplantaron al Llano el modelo del Magdalena Medio: ejércitos privados para defender tierras, ganado y cultivos, imbricados con narcotráfico y con sectores de la fuerza pública. Rodríguez Gacha instauró en la región a Los Masetos, prolongación llanera del MAS —Muerte A Secuestradores— que el Cartel había levantado en 1981. Carranza, por su parte, sostuvo estructuras armadas propias en el eje esmeraldero y agrícola de Boyacá y Meta.

De ese sustrato surgieron dos rasgos que marcarían todo lo posterior. Primero, la funcionalidad dual: el paramilitarismo llanero servía por igual a esmeralderos y a narcotraficantes, más allá de cualquier discurso contrainsurgente, y esa versatilidad económica lo hizo especialmente resistente. Segundo, la ocupación territorial: desde finales de los ochenta se formaron ejércitos privados para imponer control sobre extensas tierras compradas u ocupadas en Cubarral, El Dorado, Vistahermosa y San Martín en el Meta, y en Monterrey y Tauramena en el Casanare. No se trataba de operaciones puntuales de exterminio guerrillero. Era una toma de posesión.

Entre mediados y finales de los ochenta surgieron en el piedemonte casanareño las Autodefensas Campesinas del Casanare, herederas del grupo conocido como los Buitragueños y con apoyo directo de las Autodefensas del Magdalena Medio. Sus mandos serían la familia Buitrago, encabezada finalmente por Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos. Para el cambio de siglo, las ACC controlaban 14 de los 19 municipios de Casanare y habían tejido un régimen de rentas anclado en la extorsión sobre contratos de las administraciones departamentales y municipales, complementado con narcotráfico y con el cobro sobre transportadores y ganaderos.

En julio de 1996, un año antes de la masacre de Mapiripán, 150 hombres armados entraron a la inspección de La Cooperativa, en jurisdicción de Mapiripán, y anunciaron que regresarían. Se presentaron como autodefensas de los Carranceros, del sur de Casanare y de San Martín. Esa frase —esa suma de procedencias— es la fotografía del paramilitarismo llanero de la segunda mitad de los noventa: una constelación de grupos regionales, con financiamiento y mandos propios, todavía sin la marca AUC pero ya operando en red. La masacre de Mapiripán, entre el 15 y el 20 de julio de 1997, cerró esa etapa y abrió otra: la irrupción de la Casa Castaño en los Llanos, con estructuras traídas desde Urabá y Córdoba —los "urabeños", en el vocabulario local— que venían con vocación centralizadora y con una brutalidad ejemplarizante que Carlos Castaño celebraría públicamente.

Arroyave: la franquicia de la muerte

El Bloque Centauros nace en 1997 dentro del proyecto expansivo de las AUC hacia los Llanos, pero su consolidación efectiva ocurre después, cuando Miguel Arroyave asume la comandancia. Arroyave era un empresario del narcotráfico con capacidad financiera y con vínculos estrechos con la Casa Castaño. Su llegada al Llano no fue una designación técnica dentro de una estructura burocrática: fue, en la práctica, la compra de una franquicia. En 2002, Vicente Castaño y Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, habían iniciado la venta de bloques paramilitares a narcotraficantes como Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, y los mellizos Mejía Múnera. Arroyave se inscribe en esa lógica: paga por el mando, lo capitaliza y lo administra como un activo productivo.

Ese origen mercantil marcó el proyecto entero. Bajo Arroyave, el Bloque Centauros se propuso lo que los grupos anteriores no habían intentado: unificar bajo un solo mando la totalidad de las rentas paramilitares del Meta, Casanare y Vichada. Eso implicaba, primero, desplazar a las ACC de Martín Llanos del norte y del sur de Casanare, donde controlaban catorce de los diecinueve municipios; segundo, integrar o someter a los comandantes llaneros criollos que ya operaban en el Meta y el Guaviare, entre ellos Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata, y Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo; y tercero, capturar los puntos de procesamiento de coca del corredor Monterrey–Hato Corozal y las rutas de tráfico por el río Meta hacia la frontera venezolana.

El Bloque Centauros que Arroyave heredó y expandió no era una unidad compacta. Era una federación de frentes con trayectorias e integraciones cambiantes entre 1997 y 2006: Frente Meta, Frente Guaviare, Frente Pedro Pablo González, Grupo Paratebueno, Héroes de San Fernando, Frente Vencedores de Arauca, Héroes del Llano, Frente Alto Ariari, entre otros. Algunos venían de las ACCU de los Castaño; otros habían nacido en la región y respondían a mandos criollos que habían acumulado tropa y base social durante años. Esa dualidad —exógenos y endógenos, urabeños y criollos— fue desde el primer día la falla geológica sobre la que se levantó el edificio, y explica por qué el proyecto de soberanía armada regional de Arroyave nunca llegó a consolidarse. El Bloque Centauros no fue un grupo armado unificado que se rompió: fue una confederación inestable que apenas logró funcionar unos años antes de estallar.

Para financiar la expansión, Arroyave puso bajo sueldo a hombres de la Policía. La captura del territorio requería, además de tropa propia, permeabilidad institucional: información, corredores logísticos, no persecución. La coordinación con el Ejército —singularmente con unidades como el Batallón XXI Vargas y con la Séptima Brigada— y con la Fuerza Aérea sería después reconocida por exparamilitares en escenarios judiciales, y constituye una de las piezas centrales del episodio.

Fuego cruzado en la altillanura: 2002–2004

La guerra entre el Bloque Centauros y las Autodefensas Campesinas del Casanare estalló a finales de 2002 y se extendió hasta 2004. Se libró en un territorio amplio —el piedemonte y la altillanura del Casanare, el norte y el centro del Meta, con proyecciones al Vichada— y produjo una escalada de violencia contra combatientes y contra población civil que reconfiguró demográficamente municipios enteros.

Los detonantes concretos aparecen en versiones distintas, no necesariamente contradictorias. Una señala que Víctor Carranza sugirió a Miguel Arroyave enfrentarse a las ACC. Otra indica que Arroyave exigió a Martín Llanos que le entregara el mando y, ante la negativa, pasó a la ofensiva. Una tercera apunta a que Arroyave se apropió de droga que debía repartirse entre comandantes y que ese hurto rompió la confianza. Una cuarta, más neutra, describe acusaciones mutuas de violación del pacto de delimitación territorial que las dos organizaciones habían suscrito, en un contexto en que Martín Llanos percibía que Arroyave pretendía avanzar sobre el Casanare y desplazar a las ACC del centro del Meta.

Todas estas versiones describen episodios reales; su convivencia sugiere que las causas personales fueron detonantes de una confrontación que la lógica económica del territorio hacía casi inevitable. El acuerdo de delimitación era insostenible mientras ambas facciones competían por los mismos recursos: tierra, cultivos ilícitos, extorsión y renta petrolera. Esos fueron los cuatro motores.

La estrategia de Arroyave fue instigar la guerra para arrebatarle a las ACC los puntos de procesamiento de coca y debilitar su control sobre Casanare y Meta. Para ello necesitaba tropa masiva y rápida. La respuesta fue el reclutamiento forzado industrial: reclutadores pagados a razón de 20.000 pesos por cada joven llevado a filas, personas trasladadas en camiones y volquetas por la altillanura, engrosamiento urgente de una nómina que no siempre alcanzaba a pagar. Un exparamilitar que testificó ante la Comisión de la Verdad describió esa urgencia con crudeza: se necesitaban más combatientes, ya, para los enfrentamientos del momento.

El otro factor decisivo fue el apoyo de la fuerza pública. Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz que existió una coordinación explícita entre el Bloque Centauros, el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana para atacar al Bloque Casanare, con comunicación directa entre pilotos de la FAC y comandantes paramilitares. Su formulación fue precisa: la alianza con el Ejército y la FAC fue determinante para "acabar, someter y atomizar" al Bloque Casanare. Otros testimonios recogidos en la región describen una secuencia operativa recurrente: primero bombardeo aéreo, luego incursión paramilitar, después presencia del Ejército, con participación en algunos casos de la Fuerza de Despliegue Rápido y de unidades de la Séptima Brigada. Existían versiones sobre presuntos apoyos también a las ACC, pero condicionados económicamente y sin el nivel de detalle testimonial que sostiene la coordinación con el BCe. La asimetría del apoyo estatal explica en buena medida el desenlace militar.

El resultado en el terreno fue una progresión geográfica clara. El Bloque Centauros fue tomando el control de los municipios del norte de Casanare que eran bastión de las ACC: Pore, Sabanas de Nunchía, Támara, Hato Corozal, San Luis y Trinidad. Luego cayeron los del sur: Aguazul, Maní, Monterrey, Villanueva y Tauramena. Al final de la guerra, el BCe controlaba el corredor completo desde Monterrey hasta Hato Corozal, donde estaban concentrados los puntos de procesamiento de coca. Martín Llanos, derrotado militarmente, no se desmovilizó; se sustrajo con los remanentes de las ACC y quedaría por fuera del proceso de Ralito, línea que años después alimentaría estructuras posdesmovilización.

El Llano bajo régimen paramilitar

Mientras la guerra intra-paramilitar se libraba, el Bloque Centauros ejercía sobre el territorio una gobernanza armada que iba mucho más allá del enfrentamiento con las ACC o con la guerrilla. Era un régimen: reglas de circulación, autoridad sobre disputas de propiedad, cobro sistemático de rentas, disciplinamiento de la vida civil.

En el Meta, la violencia paramilitar se intensificó tras la ruptura del proceso de paz del Caguán en febrero de 2002. En municipios como El Castillo, en la región del Alto Ariari, se documentaron operaciones conjuntas entre militares y paramilitares: bombardeos aéreos, incursiones paramilitares, presencia posterior del Ejército, ejecuciones extrajudiciales y hechos que aterrorizaron a la población y desataron desplazamientos masivos. La secuencia describía un procedimiento, no una coincidencia. En el mismo período, ejercicios de amenaza y desplazamiento forzado se aplicaron sistemáticamente contra propietarios y cuidanderos de predios en la altillanura, en el marco de la guerra contra las ACC pero con efectos de despojo que rebasaron largamente la disputa entre bloques.

Los desplazados perdían casi todo. Las familias salían con aves, cerdos, ganado bovino o equinos y los perdieron por el camino, y con ellos la soberanía alimentaria que sostenía la vida campesina. En los lugares de recepción, la precariedad se agravaba. A esto se sumaba un problema estructural: buena parte de la población campesina de los Llanos Orientales carecía de títulos de propiedad, de modo que el despojo no dejaba huella registral y los procesos posteriores de restitución tropezarían con la ausencia de documentos.

La llegada de los urabeños de la Casa Castaño escaló la violencia. Con ellos aumentó tanto el número de personas asesinadas como la brutalidad de los métodos. Eso no autoriza a leer a las facciones criollas como un paramilitarismo "amable" —los Masetos, los Carranceros y las ACC habían escrito sus propias páginas de horror—, pero sí describe un cambio de escala y de estética del terror.

En Casanare, el patrón de gobernanza tenía otro componente: la captura de las rentas públicas. Las ACC se financiaban mediante el cobro sobre contratos de las administraciones departamentales y municipales, mecanismo que el Bloque Centauros heredó y expandió al asumir el control territorial. Súmese a eso la extorsión sistemática a la industria petrolera —contratistas, transportadores, empresas prestadoras de servicios— y se obtiene la imagen completa: un régimen fiscal paralelo que gravaba tanto la economía legal como la ilegal, y que hacía del control militar del territorio una operación económicamente rentable de manera continua, no solo en episodios de guerra.

La ruptura: septiembre de 2004

La derrota militar de las ACC no fue el desenlace del Bloque Centauros. Fue el momento en que sus contradicciones internas se hicieron insostenibles. Ganada la guerra externa, la fractura interna resultaba inevitable.

Los comandantes criollos del BCe —Pirata, Cuchillo, alias Chatarro y otros— tenían quejas concretas contra Arroyave. Primero, había hostigado la base social que Pirata había construido durante años en el Meta, lo que carcomía la autoridad territorial del comandante llanero. Segundo, había descuidado provisiones y mantenimiento de la tropa: nóminas atrasadas, pagos incumplidos, tropa desabastecida en pleno esfuerzo militar. Tercero, había arrastrado al grupo a una guerra que respondía a sus intereses personales —capturar rentas cocaleras del Casanare, imponer su mando sobre las ACC— más que a los de los comandantes criollos, que operaban en Meta y Guaviare y no compartían la lógica ofensiva sobre el piedemonte casanareño. La desconfianza entre urabeños y criollos, latente desde el origen, se extendió de las comandancias a la tropa entera.

En septiembre de 2004, Miguel Arroyave fue asesinado. Los presuntos autores fueron alias Cuchillo y alias Pirata. No se trató de un ajuste de cuentas individual sino de una decisión política de los mandos criollos que rompía formalmente la fachada de unidad del bloque. Fue también un acto especialmente escandaloso desde el punto de vista jurídico: ocurrió mientras el BCe, como parte de las AUC, estaba comprometido con el cese de hostilidades pactado en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado el 15 de julio de 2003. Los paramilitares se mataban entre sí mientras negociaban su desmovilización.

La muerte de Arroyave fracturó el Bloque Centauros en tres facciones diferenciadas. La primera, denominada Los Leales o formalmente Bloque Centauros, quedó asociada a los actores exógenos y tuvo a Vicente Castaño como figura visible. La segunda, el Frente Héroes del Llano, quedó bajo el mando de Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata, con base en el Meta. La tercera, el Frente Héroes del Guaviare, quedó bajo el mando de Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo. Tras la ruptura, los miembros provenientes de las ACCU se desplazaron hacia el Casanare —zona vinculada a Los Leales—, mientras los criollos permanecieron en el Meta y el norte del Guaviare. El mapa físico de la fractura reproducía el de la fisura original.

Ralito: la ficción firmada

Cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con Luis Carlos Restrepo como Alto Comisionado para la Paz, avanzó en la fase final de la desmovilización paramilitar, el Bloque Centauros ya no existía como estructura unificada. La ficción de Ralito —una federación coherente que se acoge en bloque a un proceso nacional— exigía tratarlo como si aún lo fuera. La solución práctica fue desmovilizarlo en dos ceremonias separadas, con casi siete meses de distancia y bajo mandos distintos, sin que ese hecho alterara la narrativa oficial del proceso.

El 3 de septiembre de 2005, en cercanías de Yopal, Casanare, se desmovilizaron 1.135 integrantes del grupo Los Leales, formalmente identificados como Bloque Centauros, con Vicente Castaño como figura representativa del acto. El 11 de abril de 2006, en Puerto Lleras, Meta, se desmovilizaron conjuntamente 1.765 miembros de los Frentes Héroes del Llano y Héroes del Guaviare, bajo los mandos de Pirata y Cuchillo respectivamente. Dos ceremonias, tres estructuras, dos localidades distintas, dos figuras de referencia diferentes: el Estado estaba pactando con los pedazos de una organización que había estallado.

La operación jurídica que Ralito ejecutó fue doble. Por un lado, ofreció a los comandantes un tránsito hacia beneficios penales bajo el marco de Justicia y Paz. Por otro, y menos discutido en el momento, blindó las capturas territoriales y económicas consumadas por el Bloque Centauros durante la guerra contra las ACC entre 2002 y 2004. El corredor Monterrey–Hato Corozal, los puntos de procesamiento de coca del piedemonte casanareño, las tierras despojadas en el Meta y el norte del Guaviare, las redes de extorsión sobre contratos públicos y sobre la industria petrolera: todo ese régimen paraestatal quedó congelado en el momento de la desmovilización, con sus beneficios económicos ya trasladados a manos particulares y con la restitución de tierras convertida en un problema jurídico posterior que enfrentaría la ausencia sistemática de títulos formales.

Que el Estado hubiera sido, además, actor cobeligerante en la guerra intra-paramilitar —según la coordinación con Ejército y FAC que Zeus describió ante la JEP— añade una capa incómoda a la lectura de Ralito. La desmovilización no fue el pacto con un actor externo autónomo; fue la formalización de una victoria militar en cuya producción sectores del aparato estatal habían contribuido activamente.

Ecos: el régimen que mutó

La desmovilización no terminó el paramilitarismo llanero. Terminó una de sus fases y abrió otra. Alias Cuchillo, tras desmovilizarse en abril de 2006, rearmó rápidamente estructuras en el Meta y el Guaviare bajo la marca del Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (ERPAC) y siguió operando hasta que fue abatido el 28 de diciembre de 2010 en un operativo de la Policía en Mapiripán, el mismo municipio donde en 1997 se había perpetrado la masacre fundacional del paramilitarismo llanero. El círculo se cerraba sobre la misma tierra. Martín Llanos, que no había entrado a Ralito porque sus ACC ya habían sido militarmente derrotadas, quedó por fuera del marco de Justicia y Paz y sería posteriormente objeto de procesos judiciales por vías ordinarias.

Éver Veloza García, alias HH, comandante de otros frentes de las AUC con presencia en distintas regiones, sería uno de los desmovilizados extraditados a Estados Unidos, y sus versiones aportarían material clave sobre la lógica interna del paramilitarismo. El propio Bloque Centauros dejó tras de sí dos tomos investigativos que documentan su trayectoria con detalle. Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien años después encabezaría el Clan del Golfo, provenía de la genealogía militar de las ACCU y sería la evidencia más elocuente de que el proyecto armado que había buscado capturar los Llanos no había muerto: había mutado.

El caso del Bloque Centauros desmiente la premisa sobre la que trabajó la primera lectura de la desmovilización: que las AUC eran una federación coherente que, negociando en bloque con el Estado, entregaba armas a cambio de un marco de justicia transicional. En los Llanos Orientales fueron otra cosa: una franquicia inestable de proyectos armados regionales con mandos, tropas, bases sociales y economías diferenciadas, atravesada por una tensión estructural entre actores exógenos —los urabeños de la Casa Castaño, con vocación centralizadora— y actores endógenos —los comandantes criollos con arraigo territorial— que nunca fue resuelta. Cuando Miguel Arroyave intentó imponer un proyecto de soberanía armada regional que capturara todas las rentas del Meta, Casanare y Vichada bajo un solo mando, esa tensión estalló en guerra abierta contra las ACC primero y en guerra interna después. La organización se autodestruyó justo en el momento en que negociaba su desmovilización.

Las consecuencias exceden el episodio. Los 2.900 hombres que entre 2005 y 2006 dejaron las armas bajo la marca Bloque Centauros no eran los soldados de un ejército unificado: eran los remanentes fragmentados de una confederación rota. La coordinación entre el BCe, el Ejército y la Fuerza Aérea para atacar a las ACC convierte a la fuerza pública en actor de la guerra intra-paramilitar, no en árbitro externo. Ralito, así, se reencuadra como formalización de una victoria producida en parte por el propio aparato estatal. Y la restitución de tierras posterior enfrentaría no solo la ausencia de títulos formales entre las víctimas, sino el hecho de que las capturas de tierra habían sido consumadas por una organización que al momento del proceso ya no existía como interlocutor unificado y cuyos comandantes tenían pocos incentivos para reconocer despojos concretos.

El Bloque Centauros mostró que el paramilitarismo colombiano en su fase AUC no fue solo criminalidad organizada ni solo contrainsurgencia: fue, en regiones como los Llanos Orientales, un proyecto de gobernanza armada del territorio, con captura sistemática de rentas legales e ilegales, con permeabilidad institucional en fuerza pública y administraciones locales, con desplazamiento y despojo como instrumentos de ordenamiento demográfico y económico. Su fragmentación no impidió que los efectos —captura de tierras, control de corredores, disciplinamiento social, redes económicas ilegales— quedaran instalados en la geografía del Llano por décadas. Cuando Cuchillo reapareció como ERPAC en el mismo territorio y con la misma lógica, no estaba fundando algo nuevo: estaba dando continuidad a un régimen que la desmovilización de Ralito había formalizado pero no clausurado.