El DAS bajo Jorge Noguera y la captura paramilitar del aparato de inteligencia (2002–2005)

El DAS bajo Jorge Noguera y la captura paramilitar del aparato de inteligencia (2002–2005)

Entre agosto de 2002 y octubre de 2005, el Departamento Administrativo de Seguridad —organismo civil de inteligencia adscrito a la Presidencia de la República, con rango ministerial y competencias que iban del espionaje interno y externo al control migratorio y la Policía Judicial— funcionó como una institución dual. En su fachada oficial fue pieza central de la Política de Seguridad Democrática del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En su operación real, según lo estableció la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sirvió al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40: le entregó información reservada, le proporcionó listados de personas señaladas como enemigos, protegió a sus miembros de la persecución judicial, borró antecedentes de narcotraficantes en sus bases de datos y usó su red seccional para consolidar la hegemonía paramilitar en la costa Caribe. El director que orquestó esa doble vida institucional, Jorge Aurelio Noguera Cotes, había sido jefe de la campaña presidencial de Uribe en el Magdalena en 2002. Su caso, cerrado con condena en 2011 y con la liquidación del propio DAS ese mismo año, no documenta una infiltración accidental sino una operación estructural: el aparato civil de inteligencia del Estado colombiano operando, durante tres años, como brazo represivo de una organización armada ilegal.

El Magdalena, la campaña y el nombramiento

El punto de origen del caso no está en Bogotá sino en el Magdalena de los años previos a 2002, cuando el Bloque Norte de las AUC consolidaba control territorial, económico y político en el Caribe colombiano. En ese departamento, la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez fue coordinada por Jorge Aurelio Noguera Cotes, abogado samario integrado a las redes políticas regionales que compartían territorio con las estructuras de Jorge 40. Tras la victoria electoral de mayo de 2002, Uribe designó a Noguera como director del DAS, un cargo con rango de ministro y acceso directo al presidente, a las bases de datos migratorias y de antecedentes penales del país, a la Policía Judicial y a las redes de inteligencia interna e internacional.

El nombramiento se dio en un patrón. Junto a Noguera fue designado Secretario General del DAS Gian Carlo Auque di Silvestre, señalado en denuncias públicas como cercano a los narcoparamilitares de la Costa Atlántica. La jefatura de Informática recayó, poco después, en Rafael García Torres, cuya relación previa con Noguera se documentaría más tarde como pieza operativa del dispositivo. Estos tres nombramientos —dirección, secretaría general, informática— configuraron el núcleo desde el que se ejecutó la reorientación del organismo. En paralelo, coincidió cronológicamente la elección como Procurador General de Edgardo Maya Villazón, casado con Consuelo Araújo, tía del senador Álvaro Araújo Castro, integrante de la clase política costeña ligada a la región donde operaba el Bloque Norte. La coincidencia no equivale a coautoría, pero dibuja el ecosistema institucional en el que el DAS iba a operar sin contrapesos regionales efectivos durante los tres años siguientes.

Bajo esa arquitectura, el primer efecto documentado fue temprano y práctico: los paramilitares utilizaron bases de datos electorales del registro civil, accedidas a través del DAS, para planear y ejecutar fraude en las elecciones de 2002. La captura del aparato no fue, en su primer momento, un asunto de seguridad ni de contrainsurgencia: fue una operación electoral que aseguró la continuidad de la hegemonía político-territorial del paramilitarismo en el Caribe.

La reorientación operativa: contra la guerrilla, nunca contra las AUC

La instrucción central que Noguera imprimió al DAS, según la determinación de la Corte Suprema al examinar su gestión, fue una regla de asimetría operativa: las capacidades de inteligencia, seguimiento, captura y judicialización se dirigirían contra la guerrilla y sus supuestos colaboradores, mientras se evitaban las acciones policiales o judiciales contra los grupos paramilitares. Internamente, Noguera justificó esa contención con el argumento de que las AUC se encontraban en un proceso de paz con el gobierno —las conversaciones que desembocarían en Santa Fe de Ralito— y que actuar contra ellas podía entorpecer la negociación. La coartada de la paz se convirtió así en la cobertura ideológica para inmovilizar al aparato frente a una de las dos partes del conflicto armado.

La reorientación no se limitó a la contención pasiva. La Corte estableció que Noguera transmitió información a los paramilitares y orientó la acción del DAS con el fin explícito de favorecerlos. La designación de directores seccionales fue el mecanismo operativo: en la Costa Atlántica, los directores nombrados favorecieron al Bloque Norte; en Norte de Santander, al Bloque Catatumbo; en Casanare, al Bloque Centauros. No se trató de excepciones regionales sino de un patrón: la red territorial del DAS se convirtió en una prolongación administrativa de la geografía paramilitar del país.

Sobre las bases de datos operó una segunda capa. Rafael García Torres, desde la jefatura de Informática, modificó los sistemas de la entidad y borró órdenes de captura contra un grupo de narcotraficantes —hecho que empezó a filtrarse a la prensa en 2004—. Los paramilitares utilizaron esa capacidad no solo para limpiar sus propios antecedentes y los de sus aliados narcos, sino también para el trabajo inverso: elaborar listas de ciudadanos acusados de ser aliados de la guerrilla que serían posteriormente asesinados. El DAS producía, en simultáneo, dos flujos de información: uno hacia adentro que exculpaba, otro hacia afuera que condenaba.

El caso Alfredo Correa de Andréis: el montaje y el crimen

Ningún caso ilustra con mayor precisión la mecánica dual del DAS bajo Noguera que el homicidio del profesor y sociólogo Alfredo Correa de Andréis. En junio de 2004, Correa fue detenido y acusado de rebelión con base en un expediente construido por el DAS. Los testigos usados para justificar la detención actuaban bajo falsas identidades y, según encontró posteriormente la Fiscalía, habrían podido ver físicamente al profesor dentro de las instalaciones del DAS, lo que les permitió describirlo con precisión —indicio, para la Fiscalía, de un montaje—. Desde su reclusión en la sede del DAS de Bolívar, Correa escribió dos cartas al presidente Uribe, el 20 y el 29 de junio de 2004, pidiendo garantías constitucionales. Las cartas no obtuvieron respuesta efectiva.

En julio de 2004, la Fiscalía revocó la medida de aseguramiento al detectar las incoherencias del expediente y las falsas identidades de los testigos. Correa recuperó su libertad. El 17 de septiembre de 2004, dos meses después, fue asesinado en Barranquilla.

La Corte Suprema estableció con posterioridad que el asesinato fue el producto articulado de dos aparatos. El DAS, a través del funcionario Javier Alfredo Valle Anaya —que actuó en connivencia con el Bloque Norte—, fabricó el montaje que presentaba a Correa como subversivo. El Bloque Norte, con esa marca sobre la víctima, lo ejecutó. En junio de 2007, Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, cabecilla paramilitar del Bloque Norte, admitió en versión libre ante la Fiscalía de Justicia y Paz que el grupo había recibido listados del DAS con personas señaladas de pertenecer o colaborar con la guerrilla, y que había procedido a asesinarlas. La investigación interna del DAS contra Valle Anaya se archivó rápidamente y sin sanción. El expediente sobre Noguera, en cambio, fue remitido a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema, porque para entonces el exdirector del DAS se desempeñaba como cónsul de Colombia en Milán.

En 2011, la Corte Suprema condenó a Jorge Aurelio Noguera Cotes por concierto para delinquir agravado —por integrar una empresa criminal con paramilitares— y como autor mediato del homicidio de Alfredo Correa de Andréis. Fue la primera vez que un exdirector de un organismo de inteligencia colombiano era condenado por articular al Estado con una estructura paramilitar para asesinar a un civil. Juan Carlos Rodríguez de León, ejecutor material vinculado al Bloque Norte, fue condenado a 40 años de prisión por el mismo crimen.

Listas, sindicalistas y defensores de derechos humanos

El caso Correa no fue aislado. La declaración de Don Antonio en 2007 apuntaba a una práctica sistemática: el DAS producía listados y el Bloque Norte los ejecutaba. La sentencia de la Corte Suprema sobre Noguera —dictada en 2017 en un fallo posterior al de 2011— estableció los nexos entre el exdirector y el Bloque Norte, y consolidó la caracterización de que las actuaciones del DAS bajo su mando fueron ilegales, rebasaron los límites de su competencia y estuvieron dirigidas a favorecer a los paramilitares en el marco mismo de la Política de Seguridad Democrática.

Los blancos incluyeron personas señaladas como colaboradoras de la guerrilla, defensores de derechos humanos, sindicalistas y opositores políticos. La caracterización específica de las listas como catálogos de eliminación de sindicalistas y opositores, que ha circulado en la denuncia pública, tiene su base probatoria más firme en la admisión de Fierro Flórez y en la reconstrucción judicial del caso Correa; el patrón, sin embargo, se replicó en múltiples municipios del Caribe donde el Bloque Norte ejerció control territorial durante esos años. La articulación operativa era simple y letal: el DAS aportaba la información y la marca institucional que convertía a un ciudadano en objetivo; el Bloque Norte aportaba la ejecución material.

Esa arquitectura convertía al Estado no en víctima pasiva de la infiltración paramilitar sino en coautor administrativo de la violencia. La distinción es central: infiltrarse supone un cuerpo extraño que penetra una institución sana; lo que la Corte Suprema documentó en el DAS de Noguera fue una fusión funcional donde institución y organización armada compartían objetivos, información y decisiones operativas durante tres años.

El G3, el GONI y la máquina clandestina

La reorientación de la inteligencia contra la guerrilla y la protección a las AUC no agotaron el desvío institucional. Bajo el patrocinio directo de Noguera se creó dentro del DAS el Grupo Especial de Inteligencia G3, una estructura clandestina dedicada a operaciones encubiertas al margen de los procedimientos legales. El G3 no solo hacía interceptaciones y seguimientos: ejecutaba lo que la propia Fiscalía calificaría después como acciones ofensivas —desprestigio, presión, intimidación, amenaza y sabotaje de las personas espiadas y de sus actividades—. La red se sostenía con presupuesto y medios del Estado, tenía estructura jerárquica, coordinación interinstitucional y proyección internacional. Cuando el G3 se hizo insostenible por el desgaste operativo, fue reemplazado por el Grupo de Operaciones Nacionales e Internacionales, el GONI, que continuó las mismas actividades bajo otra sigla.

El catálogo de blancos era amplio y sistemáticamente político. Contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo se ejecutó la Operación Transmilenio, que hizo seguimiento a sus miembros, actividades y fuentes de financiación con el objetivo de restringir su accionar y desprestigiarlo. Otras operaciones —Europa, Extranjeros, Canela, Imprenta, Amazonas, entre las conocidas— se dirigieron contra ONG de derechos humanos, periodistas, partidos políticos de oposición y ciudadanos extranjeros considerados adversarios del gobierno. La Fiscalía terminaría por caracterizar el conjunto como una red criminal al interior de la institución: una unidad clandestina, con presupuesto público, que operaba en distintos países bajo la lógica de neutralizar a quienes se opusieran al gobierno o defendieran los derechos humanos.

Muchas de las operaciones más notorias del G3-GONI —incluidas las chuzadas a periodistas como Daniel Coronell y Gonzalo Guillén, y las interceptaciones a magistrados de la Corte Suprema que investigaban la parapolítica— se ejecutaron o se hicieron públicas después de la salida de Noguera del DAS en 2005. Pero la estructura clandestina que las hizo posibles fue creada bajo su dirección. La continuidad operativa del dispositivo, del G3 al GONI, indica que la salida del director no clausuró la máquina: la reinventó bajo otra sigla, con el mismo personal y las mismas capacidades.

Rafael García, el destape y la reacción del gobierno

El primer resquicio por el que se filtró públicamente la operación fue Rafael García Torres, el propio jefe de Informática del DAS. Investigado a partir de 2004 por la modificación de bases de datos y el borrado de órdenes de captura contra narcotraficantes, García terminó por declarar ante la Fiscalía —y luego públicamente— que Noguera había puesto el DAS al servicio de Jorge 40 y de los paramilitares de la costa Caribe. Sus declaraciones, sostenidas con documentos digitales y con conocimiento operativo directo, se convirtieron en el eje probatorio inicial de las investigaciones contra el exdirector.

Cuando el escándalo estalló públicamente hacia 2005 y 2006, Noguera ya no dirigía el DAS: había sido trasladado al cargo de cónsul de Colombia en Milán. La primera reacción del gobierno de Uribe fue minimizadora. Las denuncias se presentaron como acciones aisladas de manzanas podridas o como intentos de exdetectives resentidos por dañar la reputación de la entidad. Noguera no fue destituido del consulado por decisión gubernamental: renunció por propia voluntad. La cadena de mando que iba de la dirección del DAS al despacho presidencial —Noguera había sido nombrado directamente por Uribe y, por la naturaleza del cargo, respondía ante él— nunca fue tocada por consecuencias políticas inmediatas.

Sobre esa cadena de mando existen dos zonas de tensión que el material judicial no resuelve del mismo modo. Por un lado, la responsabilidad penal de Noguera y de sus colaboradores directos está establecida por sentencia. Por otro, la responsabilidad de Uribe en la operación paramilitar del DAS no ha sido determinada judicialmente: existe evidencia circunstancial —el nombramiento clientelar del jefe de campaña regional, el estilo de microgestión presidencial, la potestad de nombrar y remover al director del DAS, la reacción minimizadora del gobierno ante las denuncias— pero no una prueba de autoría o instrucción directa. Es la línea que separa la connivencia política —el ecosistema que hizo posible la operación— de la coautoría penal, y sobre esa línea el caso Noguera permanece, hasta hoy, abierto.

De las chuzadas a la liquidación del DAS

En 2009, cuando las interceptaciones ilegales del DAS contra magistrados de la Corte Suprema, periodistas y opositores llegaron a la prensa —incluida la divulgación de audios de seguimientos al magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien lideraba la investigación de la parapolítica—, el gobierno cambió de estrategia. La minimización inicial dejó de ser sostenible cuando quedó demostrado que el mismo organismo que había servido al Bloque Norte durante 2002-2005 estaba, cuatro años después, espiando a la rama judicial que investigaba precisamente esos vínculos. El presidente Uribe anunció entonces la liquidación del DAS.

La liquidación se ejecutó a comienzos de 2012, ya bajo el gobierno sucesor de Juan Manuel Santos. En su lugar se creó la Agencia Nacional de Inteligencia de Colombia, la ANIC —conocida después como Dirección Nacional de Inteligencia, DNI—, regulada por el Ministerio de Defensa y bajo la dirección inicial de Álvaro Echandía, excomandante de la armada. La transición absorbió parte del personal: exfuncionarios del DAS fueron transferidos a la ANIC, al Ministerio del Interior, a la Cancillería, a la Policía Nacional y a la Fiscalía. La estructura organizacional se disolvió; la memoria operativa, técnica y humana del organismo se redistribuyó por el aparato del Estado.

Ese detalle —la redistribución— es central para leer el desenlace del caso. La liquidación del DAS fue presentada como desmantelamiento del dispositivo. En rigor, fue la disolución de la sigla y la reasignación del capital humano e institucional a otras entidades del Estado. La pregunta sobre la continuidad efectiva del dispositivo bajo la DNI y bajo las áreas de inteligencia del Ministerio de Defensa quedó abierta al momento del cierre formal, y así permaneció.

Sobre Noguera, la ruta judicial continuó. Al fallo de 2011 por concierto para delinquir agravado y autoría mediata del homicidio de Correa de Andréis se sumó una sentencia posterior, de 2017, que consolidó los nexos con el Bloque Norte y la caracterización de la ilegalidad estructural de su gestión. En procesos conexos aparecen figuras como María del Pilar Hurtado —directora posterior del DAS, prófuga durante años en Panamá antes de su condena—, en un fallo de única instancia del 2 de octubre de 2009 que evidenció que el patrón institucional del DAS no era personal de Noguera sino una lógica de operación sostenida en el tiempo.

Por qué el caso Noguera sigue importando

La primera razón por la que el caso Noguera sigue pesando en la historia colombiana es probatoria. Antes de 2011, la parapolítica se había establecido judicialmente como un fenómeno de captura del Congreso: senadores y representantes de la costa Caribe habían pactado electoralmente con las AUC y habían sido condenados. Lo que la sentencia contra Noguera añadió fue de otra naturaleza. Documentó que la captura paramilitar no se limitó al poder legislativo y al clientelismo electoral: alcanzó el núcleo represivo del Estado, la agencia civil de inteligencia adscrita a la Presidencia, el aparato que produce información sensible y opera la Policía Judicial. El caso movió el mapa: la infiltración no era periférica sino central.

La segunda razón es institucional. La liquidación del DAS en 2011 y la creación de la ANIC-DNI en 2012 constituyen uno de los pocos casos en la historia reciente colombiana en que un organismo del Estado es disuelto como consecuencia acumulada de sus propios escándalos criminales. Como precedente, el caso importa: demuestra que la crisis de legitimidad de una agencia puede desembocar en su desmantelamiento formal. Como límite, también importa: demuestra que el desmantelamiento formal no equivale a un desmantelamiento real, y que la reasignación de personal y capacidades a otras entidades puede preservar el dispositivo bajo otra fachada.

La tercera razón es analítica. El caso Noguera obliga a matizar el vocabulario con que se piensa la relación entre paramilitarismo y Estado en Colombia. La palabra infiltración, que sugiere un cuerpo extraño penetrando una institución sana, resulta insuficiente frente a lo documentado: no un espía dentro del DAS, sino la dirección del DAS operando conscientemente como brazo administrativo del Bloque Norte. La palabra captura, más adecuada, describe la relación institucional pero deja fuera el vector electoral: el nombramiento de Noguera se dio como recompensa política a un jefe de campaña regional cuyo territorio de origen —el Magdalena— era zona de control consolidado del paramilitarismo. La operación no comenzó dentro del DAS; comenzó en la campaña presidencial de 2002 y en la lógica clientelar que trasladó al jefe regional al despacho ministerial. La captura del aparato de inteligencia fue, en ese sentido, la extensión natural de la captura del sistema político costeño.

La cuarta razón, y probablemente la más incómoda, atañe a la cadena de mando presidencial. Sobre la responsabilidad penal de Uribe en la operación paramilitar del DAS no hay pronunciamiento judicial. Sobre las condiciones políticas que la hicieron posible —el nombramiento del jefe de campaña regional como director del organismo, la Seguridad Democrática como cobertura ideológica que justificaba la asimetría operativa contra la guerrilla, la reacción minimizadora del gobierno ante el destape, el traslado de Noguera al consulado en Milán en lugar de una investigación inmediata— la evidencia disponible es abundante. El caso Noguera funciona, por eso, como un lugar de tensión permanente en la historiografía política colombiana: acredita una operación estructural criminal en la cúspide del aparato de inteligencia y, al mismo tiempo, deja abierta la pregunta sobre hasta dónde llegaba el conocimiento y la responsabilidad de la Presidencia que lo nombró.

El profesor Alfredo Correa de Andréis escribió, desde una celda del DAS en junio de 2004, dos cartas al presidente Uribe pidiendo garantías constitucionales. Fue asesinado tres meses después con la marca que el propio DAS había fabricado sobre él. Esa secuencia —el ciudadano que suplica al Estado protección frente al mismo Estado que lo señaló para su ejecución— condensa lo que el caso Noguera dejó documentado: durante tres años, entre 2002 y 2005, el organismo civil de inteligencia de Colombia no protegió a los ciudadanos de la violencia armada ilegal, sino que participó en su producción administrativa. La sentencia de 2011 lo estableció. La liquidación de 2012 clausuró la sigla. Lo que ninguno de los dos actos institucionales resolvió —y esa es la razón última por la que el caso sigue vivo— es si la maquinaria descrita fue una desviación de tres años en la historia de una entidad de 58, o la revelación puntual de una lógica más larga y más ancha entre Estado colombiano y violencia paramilitar.