La frontera colombo-venezolana

Dos mil doscientos diecinueve kilómetros que van desde el faro de Castilletes, en el Cabo de la Vela, hasta las selvas del Guainía, y que en el mapa parecen una línea. En el terreno son otra cosa: tres regímenes distintos —el andino comercial de Cúcuta-Táchira-Maracaibo, el llanero pecuario y guerrillero de Arauca-Apure, y el guajiro wayúu-contrabandista— sobre los cuales las élites de Bogotá y Caracas proyectaron desde 1830 una arquitectura jurídica de tratados, laudos y aduanas que nunca logró desarticular las continuidades coloniales previas. Esa distancia entre la línea trazada y el espacio vivido es la historia real de la frontera: explica el contrabando estructural, los éxodos, la retaguardia armada y los ciclos diplomáticos de apertura y cierre que se prolongan hasta el cierre binacional de 2015 y la crisis migratoria de 2019. Este artículo responde a una pregunta abierta: ¿es la frontera colombo-venezolana una ficción jurídica de élites andinas impuesta sobre un espacio unitario, y esa ficción explica su ingobernabilidad recurrente?

Qué está en juego

De la respuesta depende cómo se entiende un siglo y medio largo de crisis binacionales. Si la frontera es un accidente jurídico sobre un espacio unitario, las políticas de cierre —militarización, expulsiones, estados de excepción— son remedios equivocados que atacan síntomas de una enfermedad estructural. Si, en cambio, la frontera reflejó desde el principio dos comunidades políticas divergentes, la porosidad es un problema de aplicación de la ley que se resuelve con más Estado.

Ninguna de las dos formulaciones puras se sostiene. La disolución de la Gran Colombia en 1830 no fue solo el resultado del vacío dejado por la muerte de Bolívar: durante la década 1821-1831 se impusieron identidades nacionales diferenciadas —la granadina, la venezolana, la ecuatoriana— sobre el proyecto de identidad colombiana unificada, y esa diferenciación fue trabajo activo de las élites capitalinas, no revelación de esencias preexistentes. Pero los espacios que la nueva frontera cortó —el circuito comercial del Catatumbo-Zulia-Maracaibo, los llanos de un solo pasto entre Casanare y Apure, el territorio wayúu de la península— tenían densidades sociales, económicas y étnicas que no desaparecieron por decreto. La frontera es a la vez construcción política y superposición sobre continuidades reales; lo interesante es cómo esos dos planos se han renegociado sin cesar, y por qué en cada tramo lo han hecho de manera distinta.

Los términos del debate

Al menos siete lecturas se disputan la naturaleza de la frontera colombo-venezolana, y conviene enunciarlas antes de pesar la evidencia. La primera sostiene que la diferenciación Colombia-Venezuela fue construcción activa de las élites capitalinas contra continuidades culturales populares: la disolución de 1830 respondió a un cálculo de las oligarquías de Bogotá y Caracas, no a una divergencia identitaria del pueblo fronterizo, que siguió hablando la misma lengua, comerciando los mismos productos y casándose entre sí. La segunda afina el mapa: la frontera es superposición política sobre un espacio económico colonial unitario, particularmente el eje Cúcuta-Mérida-Maracaibo, cuya cuenca del Catatumbo-Zulia funcionaba como sistema integrado desde el siglo XVIII. El propio Bolívar lo reconoció en su carta del 18 de mayo de 1821, cuando propuso crear un departamento Pamplona-Mérida-Maracaibo que respetara esa unidad sociogeográfica por encima de las divisiones administrativas.

Una tercera lectura desplaza el énfasis hacia el uso militar del espacio: la frontera funcionó estructuralmente como retaguardia y reciclador de actores armados —desde las guerrillas liberales de los Llanos en los años cincuenta hasta las FARC, el ELN y las AUC del cambio de siglo—, y ese uso condicionó las relaciones bilaterales más allá de la voluntad de los gobiernos. La cuarta lleva el argumento a los Llanos y ve la frontera como artefacto de élites andinas impuesto sobre un espacio social unitario donde el hato, el llanero y las milicias operaron sin distingo de banderas. La quinta observa a los pueblos indígenas fronterizos —wayúu, motilones, u'wa— que viven en circuitos transfronterizos reales mientras el Estado define un territorio abstracto. La sexta, más filosófica, sostiene que la nación moderna se construye negando las pertenencias múltiples que pueblos como el wayúu encarnan, y que la frontera produce indígenas "ilegales" donde antes había circulación rutinaria. La séptima refina la cuestión guajira: el régimen fronterizo de la Alta Guajira no se reduce ni a soberanía estatal ni a anomia, sino que constituye un orden plural donde lógicas wayúu, contrabandistas y armadas se superponen y entran en conflicto.

Las siete lecturas comparten un núcleo —la frontera como ficción impuesta sobre continuidades— pero divergen en dónde ponen el énfasis explicativo. Cotejadas con la evidencia, unas se sostienen mejor que otras.

La ficción jurídica: de 1830 a los laudos

La disgregación de la Gran Colombia produjo tres Estados que heredaron el problema de trazar sus fronteras sobre territorios de jurisdicciones coloniales imprecisas. El principio invocado fue el uti possidetis juris de 1810, que reconocía los límites administrativos coloniales al momento de la Independencia. En 1833, Lino de Pombo por Colombia y Santos Michelena por Venezuela negociaron un primer tratado en el que la Nueva Granada cedía extensos territorios en la Guajira sin compensaciones de importancia, pese a tener títulos suficientes sobre la totalidad de la península. El Congreso de la Nueva Granada aprobó el acuerdo; el Congreso venezolano lo rechazó en 1836. Se abrió así un siglo de negociaciones intermitentes que solo cerró parcialmente en 1941.

Entre esos dos extremos, la frontera se dibujó a golpes de arbitrajes y tratados frustrados. El Tratado Suárez-Losada Díaz de 1916 fue el último eslabón de una serie de acuerdos fallidos del siglo XIX. La complejidad del litigio —dos mil doscientos diecinueve kilómetros desde La Guajira hasta el Amazonas, atravesando tres regímenes ecológicos y sociales— hizo la resolución mucho más contenciosa que la sostenida con Ecuador.

Lo revelador de este siglo largo de tratados no es su eventual éxito cartográfico, sino que operó como conversación entre élites capitalinas sobre espacios que las élites no habitaban. Bogotá y Caracas se disputaron territorios que las poblaciones de esos territorios cruzaban a diario sin pedir permiso. La propuesta de Bolívar de 1821, que reconocía la unidad de la cuenca Catatumbo-Zulia-Maracaibo, quedó como testimonio de una alternativa desechada: un ordenamiento territorial que respetara la sociogeografía preexistente en lugar de imponerle una línea abstracta. La nación venezolana y la granadina no se separaron en 1830 porque fueran diferentes: empezaron a construirse como diferentes desde 1821. El proyecto de identidad colombiana unificada existía; lo derrotaron las élites que lo encontraban incómodo.

El eje andino: Cúcuta, Táchira, Maracaibo

La cuenca del Catatumbo, del Zulia y del lago de Maracaibo es el laboratorio más nítido de la tesis del espacio económico unitario. Desde el período colonial tardío, la producción agrícola y ganadera del oriente neogranadino —el cacao, el café más tarde— salía por Maracaibo, porque bajar hasta el Magdalena era carísimo y subir la cordillera hasta Bogotá, absurdo. Cúcuta y San Cristóbal crecieron como ciudades gemelas de un mismo sistema comercial cuya salida al mundo era el puerto zuliano.

Ese sistema no se desarticuló en 1830. Continuó funcionando bajo la nueva geografía política, ahora como comercio internacional y contrabando según el capricho de las aduanas. En los años setenta del siglo XX, Maracaibo tenía barrios enteros fundados por colombianos y una vida cultural donde la música colombiana —de Los Corraleros de Majagual a Claudia de Colombia, de Aníbal Velásquez al vallenato del Binomio de Oro— no era importación exótica sino banda sonora cotidiana. La influencia cultural colombiana en el Zulia era, sencillamente, la continuidad audible de un espacio compartido.

El eje andino ofrece así el mejor caso para la segunda tesis. La frontera se superpuso a un espacio económico y cultural que la precedía y que, salvo por las variaciones cambiarias y arancelarias, funcionaba con independencia de ella. Cuando en 2015 el gobierno de Nicolás Maduro cerró la frontera y decretó estados de excepción sobre municipios fronterizos —y luego los extendió en septiembre de ese año—, no clausuró un intercambio; interrumpió por decreto un metabolismo cotidiano que hasta ese momento incluía compras, escolaridad, atención médica y visitas familiares en ambas direcciones. La inversión del flujo escolar —niños venezolanos que empezaron a asistir a escuelas colombianas cuando antes había sido al revés— muestra que la porosidad no dependía de la dirección de la crisis, sino de que hubiera crisis en algún lado.

Los Llanos: frontera interna, guerra crónica

La tesis del artefacto élite sobre un espacio unitario adquiere en los Llanos su forma más dramática, y también más ambigua. Arauca y Apure comparten un solo pasto, un solo río de referencia —el Arauca—, una sola cultura ganadera y, durante mucho tiempo, un solo destino político. La frontera pasa por el río, pero el río se cruza en chalupa, en lancha a motor y por camellones a lo largo de todo su cauce. Los pasos entre Saravena y El Nula, entre Arauquita y La Victoria, entre Arauca y El Amparo de Apure permiten un tránsito permanente que ningún control formal ha logrado interrumpir.

Ese espacio no fue simplemente ingobernado por accidente. La Guerra de Independencia, entre 1810 y 1821, destruyó la prosperidad colonial de los Llanos: al restaurarse la paz solo quedaban cuatro misiones de las existentes antes de la guerra, el ganado había sido diezmado, la economía despoblada, y el caudillismo se había afirmado como forma de mando.

Sobre esa ruina se levantó una jerarquía rígida. Los propietarios de hato visitaban sus fundos una o dos veces al año y delegaban el mando en mayordomos y caporales. Debajo trabajaban vaqueros, caballiceros y vegueros; más abajo aún, los concertados indígenas contratados por temporada. Los vegueros podían poseer algunas reses, pero carecían de título sobre la tierra y dependían de un intercambio comercial desigual con el propietario. La "llanerización" fue proyecto explícito de las élites nacionales y locales para controlar laboralmente a la población indígena, y las milicias casanareñas que participaron en levantamientos consolidaron la imagen del Llano como región conflictiva y proclive a la guerra.

Cuando estalló La Violencia a finales de los cuarenta, los Llanos ya tenían un siglo de acumulación de rencores, veteranos sin tierra, caudillos armados y una frontera porosa por donde pasar. Elíseo Velásquez se alzó a comienzos de los cincuenta frente a la persecución conservadora, y la guerrilla liberal que se formó fue heterogénea: campesinos desplazados, familiares de víctimas del terror oficial, aparceros, vegueros, peones, vaqueros y caporales con función de mando. Guadalupe Salcedo Unda, nacido en Santa Helena de Cusiana, en Casanare, se destacó como el líder más importante, y junto con Eduardo Franco Isaza constituyó el núcleo dirigente del comando guerrillero con sede en Yopal. El movimiento llegó a ser el más numeroso y mejor armado del país durante La Violencia, con presencia en Casanare, Vichada, Meta y Arauca, y capacidad militar para tomar bases como Palanquero, en Cundinamarca, y poblaciones enteras como Orocué.

La fluida relación de esas guerrillas con Venezuela generó en el Gobierno colombiano el temor real de que una parte del territorio pudiera quedar en manos de revolucionarios con vínculos venezolanos. El miedo no era paranoia: el Llano era un espacio social continuo, y una insurrección con retaguardia en Apure era militarmente distinta de una insurrección encerrada en el altiplano.

La pacificación bajo Rojas Pinilla fue posible en parte porque Salcedo persuadió a sus aproximadamente cinco mil guerrilleros de deponer las armas. Pero el bipartidismo retomó el poder tras la caída de Rojas el 10 de mayo de 1957, y Salcedo fue asesinado poco después. Quedó como símbolo del insurrecto amnistiado y traicionado, y su muerte inauguró un patrón: los Llanos como frontera donde el Estado firma paz y luego incumple, y donde las nuevas insurgencias —FARC y ELN a partir de los sesenta— encuentran los mismos caminos, la misma retaguardia venezolana, y las mismas comunidades campesinas sin protección institucional efectiva.

Los Llanos ilustran algo más complejo que la simple imposición de élite. Muestran que la frontera funciona como retaguardia porque el espacio social que atraviesa nunca fue integrado ni de un lado ni del otro, y porque las guerrillas que allí actuaron —desde las liberales hasta el enfrentamiento brutal entre FARC y ELN entre marzo de 2006 y 2010— no operaron al margen del poder central sino en simbiosis con él: hacendados liberales financiaron inicialmente a las guerrillas, y solo se distanciaron cuando el movimiento asumió banderas de defensa de la tierra y los peones.

La Alta Guajira: orden plural

La península de La Guajira es el caso más nítido del carácter plural del régimen fronterizo. Los wayúu constituyen aproximadamente la mitad de la población departamental y son el eje sociocultural regional. La sociedad criolla guajira está fuertemente influida por pautas de control social y usos cotidianos wayúu, especialmente en las actividades comerciales de peso regional. La sociedad wayúu es segmentada, con lealtades y solidaridades que no son primordialmente transversales, y sus organizaciones armadas no se involucraban en la regulación del conjunto de las transacciones sociales. El gobierno colombiano reconoce y permite el uso del sistema de justicia propio wayúu.

Sobre este sustrato étnico opera una economía particular. Los puertos de la Alta Guajira dedicados al contrabando forman parte de entidades territoriales indígenas donde las comunidades tienen autonomía de operación, y el Estado nacional no puede tomar control de ellos ni de sus operaciones. Las mujeres wayúu cumplen un papel central en esa economía: son dueñas de establecimientos de venta de comida, víveres, licores y gasolina, propietarias de vehículos de transporte y arrendadoras de espacios para almacenamiento de mercancía. El contrabando en La Guajira tiene además una legitimidad social larga: se remonta al período colonial, cuando se burlaban los monopolios reales sobre oro, plata y esclavos, y algunos contrabandistas del siglo XX se identificaban con la identidad regional guajira y con el parentesco wayúu para reclamar una posición especial frente a las autoridades. En al menos un episodio documentado, ofrecieron dinero a agentes de aduanas argumentando que en su tierra el contrabando no debía ser confiscado.

La Alta Guajira no es un territorio anómico ni un vacío estatal: es un orden con lógicas propias, donde la autoridad wayúu, la economía del contrabando y la presencia formal del Estado colombiano se superponen en equilibrios inestables. La frontera con Venezuela, en ese contexto, es una línea que la vida cotidiana atraviesa por costumbre. Los vínculos territoriales y familiares de los clanes trascienden la frontera estatal: parte del clan Epiayú, por ejemplo, fue desplazada hacia Venezuela por la violencia. El territorio es el fundamento de la identidad wayúu; sin territorio no hay posibilidad de enterrar a los muertos, practicar la cría de animales ni ejercer la vida cultural del clan.

Ese orden plural fue violentado desde finales de los noventa por la expansión paramilitar. La masacre de Rodeíto El Pozo, el 28 de enero de 2001 en el municipio de Hatonuevo, fue perpetrada por paramilitares que asesinaron a trece personas de la comunidad wayúu; la institucionalidad desestimó inicialmente el hecho atribuyéndolo a conflictos entre clanes, interpretación que fomentó la estigmatización e impunidad, aunque después se demostró la responsabilidad paramilitar.

Tres años más tarde, la masacre de Bahía Portete asesinó a seis personas —entre ellas cuatro mujeres—, profanó el cementerio, quemó casas y torturó a mujeres, provocando desplazamiento forzado. La violencia transgredió normas culturales wayúu fundamentales: el cementerio no es violentado ni por los enemigos, y las mujeres están fuera de las dinámicas bélicas en la normatividad de guerra wayúu. Los paramilitares habían instrumentalizado conflictos entre familias wayúu para penetrar en el territorio, en el marco de la expansión de las AUC como estructura paranarco.

La frontera cumple entonces una función doble. Es refugio —muchas familias wayúu cruzaron a Venezuela huyendo de la violencia paramilitar— y es simultáneamente el corredor por el cual esa misma violencia se moviliza. La tesis del orden plural se sostiene, pero con una advertencia: los equilibrios entre las lógicas wayúu, contrabandista y estatal fueron rotos por un cuarto actor —el paramilitarismo— que no se sometió a ninguna de esas lógicas y las utilizó todas.

La retaguardia armada como estructura

El patrón se repite en cada tramo con variaciones. En el Catatumbo, el Bloque Catatumbo de las AUC inició su dominio a partir de 1999 en el marco de una arremetida apoyada por sectores militares, civiles y económicos, que Carlos Castaño justificó públicamente como confrontación con el ELN, aunque el objetivo era más amplio: control territorial y de rutas. En Arauca, el Bloque Vencedores de Arauca operó como estructura paramilitar inserta en el departamento, primero dentro de las AUC y luego del Bloque Central Bolívar. Entre 2006 y 2010, FARC y ELN libraron una guerra guerrillera brutal entre sí en Arauca y Apure, con el río Arauca como eje de operaciones para ambos.

Sobre esa geografía se montó la economía criminal transfronteriza. Grupos paramilitares se confabularon con personal de Ecopetrol —coordinadores de planta, integrantes del grupo de protección industrial, encargados de seguridad— para robar combustible y evadir controles. La gasolina sustraída en el Magdalena Medio abastecía laboratorios de producción de cocaína en el Sur de Bolívar. El diferencial cambiario entre peso y bolívar incidió en el contrabando de ganado, acentuándose cuando el bolívar se revaluaba, junto con restricciones fitosanitarias y la extensión misma de la frontera. Y las redes históricas de contrabando —los Sanandresitos, las zonas costeras de La Guajira— se articularon con el lavado de activos del narcotráfico: los medios de cambio generados en el mercado internacional de drogas se transformaron en mercancías de consumo masivo importadas sin impuestos, redistribuyendo los excedentes del negocio en la sociedad.

Esta trama sostiene la tercera tesis: la frontera funcionó estructuralmente como retaguardia y reciclador, y condicionó las relaciones bilaterales más allá de la voluntad de los gobiernos. Pero también revela que la ingobernabilidad no es residuo pasivo. Es producto activo de actores que encontraron en la porosidad recursos concretos: los paramilitares se coludieron con funcionarios estatales de Ecopetrol, los contrabandistas negociaron tolerancia con aduanas, las guerrillas usaron el territorio venezolano como retaguardia diplomática. La frontera se mantuvo porosa no solo porque el Estado no pudo cerrarla, sino porque múltiples actores —incluidos agentes del Estado— tenían interés en que siguiera porosa.

La diplomacia del micrófono y sus efectos

Sobre esta estructura de largo plazo se montaron los ciclos diplomáticos de corto plazo. Durante las presidencias de Hugo Chávez y Álvaro Uribe, los mecanismos institucionales de vecindad binacional se paralizaron y fueron sustituidos por la "diplomacia del micrófono": los propios presidentes y altos funcionarios llevaron a los medios sus percepciones sobre seguridad, generando mutuas recriminaciones. En su primer encuentro, ambos habían acordado no caer en ese registro; los canales fallaron y ambos gobiernos recurrieron al micrófono de todas formas. Las tensiones fueron tales que casi desembocaron en un conflicto regional que habría involucrado también a Ecuador. Juan Manuel Santos contribuyó después a normalizar las relaciones con Chávez.

El giro chavista tuvo consecuencias geopolíticas: Venezuela abandonó el Grupo de los Tres con Colombia y México para constituir el ALBA con Cuba, y estableció en 2005 a Petrocaribe como principal instrumento de influencia regional. En julio de 2015, el gobierno de Maduro implementó el Plan de Seguridad N.° 25, la Operación por la Libertad del Pueblo, atribuyendo los problemas de seguridad y desabastecimiento a "fuerzas colombianas de ultraderecha que quieren implantar el modelo paramilitar". En septiembre extendió el estado de excepción en municipios fronterizos. La CIDH señaló en 2016 que en ese contexto se produjeron graves afectaciones a la población colombiana, incluyendo deportaciones y expulsiones.

Estos ciclos muestran que la frontera es también variable dependiente de la política presidencial. Pero aun cuando las coyunturas la abrieron o cerraron, el sustrato estructural persistió: la crisis migratoria posterior a 2015 no creó los circuitos por los cuales dos millones de venezolanos entraron a Colombia; los siguió. Para 2007, Venezuela ya reportaba más de doscientos mil colombianos cruzados, y ACNUR estimaba en 2014 que otros doscientos mil vivían en situación de refugio de hecho en Venezuela, mientras solo 4.340 habían sido reconocidos oficialmente: el 98% de los colombianos en necesidad de protección internacional permanecía invisible. Chávez había otorgado en 2004, mediante decreto, ciudadanía venezolana acelerada a unos doscientos mil extranjeros, en su mayoría colombianos, lo que les concedió derecho al voto y generó controversia interna en Venezuela.

Cuando la crisis venezolana se profundizó, el flujo se invirtió, pero los caminos fueron los mismos. Los retornos se hicieron en condiciones de precariedad: rutas a pie o en camiones hacinados, sin medidas sanitarias, con pagos informales en dólares o gasolina, y sin garantías de seguridad. Durante la cuarentena de la pandemia, el cruce informal se realizó sin rutas seguras, sin uso generalizado de tapabocas, con pagos informales. Los pasos fueron los que ya existían.

La respuesta

La frontera colombo-venezolana es, efectivamente, superposición de una arquitectura jurídica trazada por élites capitalinas sobre tres regímenes socioeconómicos preexistentes que las élites nunca lograron desarticular. La ficción cartográfica del uti possidetis aplicada a la cuenca Catatumbo-Zulia, a los Llanos de Casanare-Apure y a la península wayúu produjo una línea que las poblaciones cruzan por costumbre desde antes de que la línea existiera. Esa distancia entre norma y práctica explica el contrabando estructural, la porosidad migratoria, la función de retaguardia armada y la aceptación social del cruce informal.

La ingobernabilidad, sin embargo, no es inercia colonial ni residuo pasivo: fue reactivada y renegociada permanentemente por actores concretos que encontraron en la porosidad recursos de poder, supervivencia o legitimidad. Los hacendados liberales financiaron guerrillas y luego las traicionaron; el Estado colombiano temió la secesión llanera pero no ocupó los Llanos; el Estado venezolano usó la frontera como palanca diplomática bajo Chávez y como chivo expiatorio bajo Maduro; el pueblo wayúu ejerció autonomía activa sobre sus puertos y su justicia; los paramilitares instrumentalizaron clanes wayúu y funcionarios de Ecopetrol; los contrabandistas negociaron tolerancia con aduanas apelando al parentesco indígena. La estructura importa, pero la sostienen agencias específicas.

Las siete tesis enumeradas al principio no son alternativas excluyentes sino planos de un mismo fenómeno. La construcción activa de la diferenciación por parte de las élites es cierta para el eje andino colonial, es cierta para los Llanos y es cierta para el territorio wayúu. Pero en cada tramo se combina con la agencia de los actores locales —contrabandistas, guerrillas, clanes, paramilitares— que hacen de la frontera una retaguardia funcional y, en el caso guajiro, un orden plural donde varias lógicas se disputan la primacía.

Lo que queda abierto

Quedan flancos que este recorrido no cierra. El primero es cuantitativo: no sabemos con precisión cuántos colombianos hubo en Venezuela en cada década del siglo XX, ni cuánta ganadería atravesó la frontera, ni qué proporción del comercio Cúcuta-Maracaibo circuló como contrabando en cada coyuntura. Las cifras existen a fragmentos. El segundo es jurídico: la autonomía de los puertos wayúu de la Alta Guajira se ejerce de hecho y es reconocida en la práctica, pero el fundamento constitucional específico —la relación entre entidades territoriales indígenas y control estatal de puertos— sigue mereciendo una elaboración más precisa.

Si la frontera es superposición estructural sobre continuidades profundas, los ciclos de cierre y apertura seguirán, porque ninguna élite en Bogotá o Caracas puede clausurar lo que no controla. La política binacional, sin embargo, no está condenada a la impotencia: puede decidir qué actores administran la porosidad, con qué reglas y a costa de quién. La línea del mapa importa mucho menos que ese reparto, y el reparto es donde la historia todavía se juega.